SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0245/2006-R

Sucre, 15 de marzo de 2006

ESTA SENTENCIA CONSTITUCIONAL, REFIRE A QUE LA EXTINCION DE LA ACCION POR DURACION MAXIMA DEL PROCESO DEBE SER FUNDAMENTALMENTE POR QUE EL TIEMPO EXCEDENTE TRANSCURRIDO EN EL PROCESO SE ATRIBUYA A LA FALTA DE DILIGENCIAS ATRIBUIDAS AL ORGANO JUDICIAL Y NO ASI A LAS ACCIONES DILATORIAS QUE REALIZO EL IMPUTADO…

Expediente: 2005-11864-24-RAC
Distrito: Cochabamba
Magistrada Relatora: Dra. Martha Rojas Álvarez

En revisión, la Resolución cursante de fs. 87 a 88, pronunciada el 6 de enero de 2006 por los vocales de la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del recurso de amparo constitucional interpuesto por Sam Lawrence Hayden Ibáñez contra Ángel Villarroel Díaz, Presidente de la Sala Penal Tercera y Gonzalo Peñaranda Taida, Presidente de la Sala Penal Segunda, ambos de la Corte Superior de Cochabamba, respectivamente, alegando la vulneración de sus derechos a la seguridad jurídica, a la defensa y la garantía del debido proceso, previstos en los arts. 7 inc. a) y 16.II y IV de la Constitución Política del Estado.



I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido del recurso

I.1.1.Hechos que motivan el recurso

Por memorial presentado el 10 de mayo de 2005, cursante de fs. 5 a 8 vta., el recurrente refiere que en el año 1999 interpuso querella contra Carmen Jiménez Lozano de García, José Luis Alfredo Cabezas Cuiza, Norah Berna Revollo Campos y otros por los delitos incursos en los arts. 200, 203 y 344 del Código penal (CP), por haber actuado colusivamente dentro del proceso concursal voluntario organizado por la deudora Carmen Jiménez, agraviando sus intereses de acreedor legítimo, quienes habiendo fungido como pseudos acreedores de la precitada deudora, consiguieron aparecer en primer lugar dentro de la sentencia de grados y preferidos, recibiéndose la declaración indagatoria de alguno de los imputados, mientras que a aquellos que no comparecieron, se les declaró rebeldes por Auto de 8 de septiembre de 1999.

Agrega, que con el afán de dilatar la marcha del proceso, los imputados plantearon varios incidentes, entre ellos la solicitud de revocatoria del Auto Inicial de la Instrucción por falta de tipicidad y materia justiciable, incidente que fue rechazado por Auto de 13 de diciembre de 1999; posteriormente, por Auto de 16 de mayo de 2000 se dispuso la acumulación de procesos y la consiguiente regularización de procedimiento, disponiéndose que el proceso sea sustanciado a citación directa, a cuya consecuencia, se señalaron audiencias para la recepción de las declaraciones confesorias de los imputados, pero todas ellas fueron suspendidas por más de dos ocasiones por inasistencia de los imputados. Asimismo, otro de los imputados suscitó cuestión previa de falta de tipicidad, la misma que fue rechazada por Resolución de 2 de marzo de 2000, disponiéndose la prosecución de la causa, y en cumplimiento del Auto de 16 de mayo de 2000, se señalaron nuevas audiencias, las que fueron suspendidas por inasistencia de todos los imputados, quienes maliciosamente coordinaron para no asistir a las mismas por turnos, incurriendo en la misma actuación los abogados defensores; por lo que, por las reiteradas suspensiones de audiencias se dispuso la citación por edictos, y no obstante de esa citación continuaron con su afán de dilatar el proceso, lo que motivó a que se declare la rebeldía de los mismos por Auto de 5 de enero de 2001, pero las nuevas audiencias señaladas por el Juez de la causa, fueron igualmente suspendidas por la incomparecencia de todos los imputados, quienes continuaron planteando incidentes como cuestión previa de falta de tipicidad y declinatoria de competencia y prescripción. Es así que el 8 de noviembre de 2002, después de un largo peregrinar, recién se instaló la audiencia de apertura y prosecución íntegra de la causa.

Indica que el 28 de febrero de 2003 finalmente se pronunció la Sentencia única, y que en apelación fue confirmada por el Juez Segundo de Partido en lo Penal Liquidador a través del Auto de Vista de 28 de mayo de 2003, contra el que tanto la parte civil como uno de los imputados interpuso recurso de casación, radicándose la causa en la Sala Penal Tercera de la Corte Superior, la misma que no se pronunció sobre esos recursos, sino sobre las solicitudes de extinciones planteadas por los imputados y que fueron resueltas por el Auto de 24 de enero de 2005.

Finaliza señalando, que al emitirse la Resolución ahora impugnada, los vocales recurridos transgredieron abiertamente sus derechos, por no obedecer a los lineamientos expuestos en la SC “101/2004” y el AC 79/2004-ECA declarando ilegalmente la extinción de la acción penal, cuando en los hechos no procedía, ya que no consideraron que la dilación del proceso es atribuible a la conducta de los siete imputados, quienes a su manera dilataron el proceso penal seguido por su persona, con su inasistencia injustificada a las numerosas audiencias señaladas al extremo de haberse declarado por reiteradas ocasiones rebeldes y contumaces a la ley, aspectos que no fueron debidamente compulsados por los recurridos, con lo que se ha lesionado su derecho de víctima, al convalidar todas las dilaciones incesantes e indebidas de los imputados.

I.1.2.Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Considera lesionados sus derechos a la seguridad jurídica, a la defensa y a la garantía del debido proceso, previstos en los arts. 7 inc. a) y 16.II y IV de la CPE.

I.1.3.Autoridades recurridas y petitorio

El recurso se interpone contra Ángel Villarroel Díaz, Presidente de la Sala Penal Tercera y Gonzalo Peñaranda Taida, Presidente de la Sala Penal Segunda, ambos de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, respectivamente, solicitando se declare procedente el presente amparo, disponiendo se deje sin efecto el ilegal e incorrecto Auto de 24 de enero de “2004” (sic) y se ordene la prosecución del trámite hasta que el Tribunal de casación dicte o se pronuncie sobre el recurso de casación interpuesto por la parte civil, sea con la condenación en costas.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de amparo constitucional

Efectuada la audiencia pública el 6 de enero de 2006, en cumplimiento del AC 097/2005-RCA, de 12 de diciembre, audiencia que se celebró sin la presencia del representante del Ministerio Público, según consta en el acta de fs. 85 a 86, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación del recurso

El recurrente ratificó y reiteró el contenido de su demanda, señalando que la Resolución impugnada carece de una adecuada fundamentación y motivación, especificando los hechos relevantes en que se basa, por cuanto el Tribunal recurrido sólo se limitó a observar cuándo se inició el proceso y la fecha en que se encontraba en trámite el mismo, dictando de manera mecánica e ilegal la extinción del proceso, sin valorar objetivamente y constatar que la demora en la tramitación del mismo se debió a la actitud dilatoria y maliciosa de los siete imputados. En suma el Tribunal recurrido dictó la Resolución de 24 de enero de 2005 en base a un formato como si se tratara de aplicar fórmulas matemáticas, sin verificar ni realizar un análisis objetivo de los actuados del proceso.

I.2.2.Informe de las autoridades recurridas

En el informe cursante a fs. 58 y vta., y lo señalado en la audiencia, Ángel Oscar Villarroel, Presidente de la Sala Penal Tercera de la Corte Superior de Cochabamba, aseveró lo siguiente: 1) los motivos y fundamentos jurídicos de hecho y de derecho por los que se declaró extinguida la acción penal se encuentran expuestos y desarrollados con toda claridad en la Resolución ahora impugnada, razón por la cual la misma no requiere de ninguna explicación o justificación en el presente recurso; sin embargo, es necesario recordar que los magistrados y jueces son independientes en la administración de justicia y no están sometidos sino a la Constitución y la ley, conforme establece el art. 116.VI de la CPE, y en esa labor deben aplicar la Constitución con preferencia a las leyes y éstas con preferencia a cualquier otra Resolución en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 228 de la CPE. Es así que el Auto de 24 de enero de 2005, dio preferente aplicación a la ley contenida en la Disposición Transitoria Tercera del Código de procedimiento Penal, la que en ninguna de sus partes condiciona la extinción de la acción penal por el transcurso del plazo máximo de duración del proceso al accionar y comportamiento de las partes; 2) cuando una ley es clara y terminante como la Disposición Transitoria Tercera del Código de procedimiento penal, no puede aplicarse por encima de ella una Resolución judicial así emane del Tribunal Constitucional, puesto que así lo ordena el art. 228 de la CPE; 3) el Auto impugnado es de enero de “2004” (sic) y la SC 101/2004 es de septiembre de 2004, por lo que razonablemente el Tribunal que preside no podía dar cumplimiento a una Sentencia Constitucional que al momento de emitirse el Auto impugnado aún no existía.

El correcurrido Gonzalo Peñaranda Taida no asistió a la audiencia ni presentó informe, pese a su legal citación.

I.2.3. Intervención del tercero interesado


Los terceros interesados no asistieron a la audiencia pese a su legal citación.

I.2.4. Resolución

La Resolución de 6 de enero de 2005, cursante de fs. 87 a 88 declaró procedente el recurso y anuló la Resolución de 24 de enero de 2005 ordenando que los recurridos dicten nueva Resolución respecto de la solicitud de extinción de la acción penal, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la SC 101/2004-R, de 14 de septiembre y su Auto complementario, sin responsabilidad por ser excusable. Resolución que fue pronunciada bajo los siguientes fundamentos: a) en el Auto de 24 de enero de 2005, los vocales recurridos fundamentaron su decisión de extinguir la referida acción penal en sujeción a la Disposición Transitoria Tercera de la Parte Final del Código de procedimiento penal, señalando que la causa se inició el 16 de abril de 1999, antes de la publicación de la Ley 1970 por lo que habrían transcurrido 5 años, 9 meses y 8 días. Asimismo, los vocales recurridos expresaron en ese Auto que el desarrollo interpretativo efectuado por el Tribunal Constitucional en la SC 101/2004, y su Auto complementario no constituía ratio decidendi, sino obiter dictum; por lo que dichas autoridades no asumieron la vinculatoriedad de esas resoluciones para decidir la extinción de la acción penal; b) el Tribunal Constitucional mediante la SC 101/2004, declaró por una parte la inconstitucionalidad de la Ley 2683 de 12 de mayo de 2004 con los efectos establecidos por el art. 58 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC) y por otra la constitucionalidad del último párrafo del art. 133 del Código de procedimiento penal (CPP) y segundo párrafo de la Disposición Transitoria Tercera del CPP; únicamente en el sentido establecido en el último párrafo del FJ III.5.2 de la citada Resolución constitucional, es decir que el Juez o Tribunal de oficio o a petición de parte puede declarar extinguida la acción penal cuando la dilación del proceso que dura más allá del plazo máximo establecido y sea atribuible al órgano jurisdiccional y/o al Ministerio Público, bajo parámetros objetivos y no así cuando la dilación del proceso sea atribuible a la conducta del imputado o procesado. Al respecto el art. 44 de la LTC ha establecido que las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional son obligatorios y vinculantes para los poderes del Estado, legisladores, autoridades y tribunales. En ese orden la SC 1082/2005-R, aclaró que el efecto vinculante de la jurisprudencia constitucional significa que la doctrina constitucional creada, así como las subreglas extraídas de las normas implícitas de la Constitución y consignadas en la ratio decidendi de la Sentencia Constitucional, tienen que ser aplicadas obligatoriamente por ese Tribunal y por el resto de los órganos del poder público; c) en el caso de autos, constituye ratio decidendi y no obiter dictum el criterio interpretativo contenido en la SC 101/2004 cuando expresa que el juez o tribunal de oficio o a petición de parte, puede declarar extinguida la acción penal, cuando la dilación del proceso, que dura más allá del plazo máximo establecido, sea atribuible al Órgano Jurisdiccional y/o al Ministerio Público, bajo parámetros objetivos y no así cuando la dilación del proceso sea atribuible a la conducta del imputado o procesado. En consecuencia, los vocales ahora recurridos al no haber asumido como vinculante la referida ratio decidendi de la SC 101/2004 y al haber dictado el Auto de 24 de enero de 2004, extinguiendo la acción penal en base a un mecánico cálculo matemático por el transcurso del tiempo y sin tomar en cuenta si eventualmente la dilación del proceso se debió o no a la inconducta procesal atribuible a los procesados, han vulnerado el principio de seguridad jurídica invocado por el actual recurrente; por lo que corresponde otorgar la tutela solicitada.

II. CONCLUSIONES

Del análisis del expediente y de la prueba aportada, se concluye lo siguiente:

II.1.De acuerdo a lo señalado por el recurrente y no desvirtuado por las autoridades recurridas, dentro del proceso penal seguido por Sam Lawrence Hayden Ibáñez -ahora recurrente- contra Richard Oscar Hurtado Camacho, Nora Berna y otros por la comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica uso de instrumento falsificado y estafa, cuyo Auto de apertura del proceso se dictó el 16 de abril de 1999. El 28 de febrero de 2003, se pronunció la Sentencia única contra los procesados y que en apelación fue confirmada por Auto de Vista de 28 de mayo de 2003, Resolución contra la cual tanto la parte civil como uno de los imputados interpuso recurso de casación (fs. 5-8).

II.2.El coimputado José Luis Alfredo Cabezas Cuiza, mediante memorial de 17 de septiembre de 2004 solicitó la extinción de la acción penal y el consiguiente archivo de obrados, lo que motivó a que los vocales recurridos resolviendo dicha solicitud, por Auto de 24 de enero de 2005, declaren extinguida la acción penal interpuesta por el recurrente disponiendo que el Juez a quo ordene el archivo de obrados (fs. 1-3).

II.3.Contra dicha Resolución el recurrente interpuso el 6 de mayo de 2005, recurso de amparo constitucional contra los vocales recurridos (fs. 5-9) el que en principio fue declarado improcedente por el Tribunal de amparo, mediante Resolución de 10 de junio de 2005 (fs. 62-63) y que venido en revisión mereció el AC 097/2005-RCA, de 12 de diciembre, mediante el cual la Comisión de Admisión de este Tribunal revocó esa Resolución y dispuso que el Tribunal de amparo dicte nueva Resolución sobre el fondo de la problemática planteada, concediendo o denegando la tutela solicitada; en cuyo mérito, se pronunció la Resolución que ahora es objeto de revisión (fs. 73-76).

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO


El recurrente alega la vulneración de sus derechos a la seguridad jurídica, la defensa y la garantía del debido proceso, denunciando que dentro del proceso penal iniciado a querella suya en el año 1999 contra Carmen Jiménez Lozano de García y otros, por la permanente inconcurrencia a las audiencias por parte de los imputados y los frecuentes incidentes que interpusieron con el propósito de dilatar el proceso, recién se dictó Sentencia el 28 de febrero de 2003, la que en apelación fue confirmada por Auto de 28 de mayo de ese año, y no obstante que contra esa Resolución interpuso recurso de casación, los vocales recurridos decidieron resolver la solicitud de extinción de la acción penal presentada por uno de los imputados dictando el Auto de Vista de 24 de enero de 2005, sin pronunciarse sobre su recurso de casación, declarando extinguida la acción penal apartándose de los lineamientos expuestos en la SC 101/2004 y el AC 79/2004-ECA, desconociendo que en los hechos no procedía la extinción de la acción penal, ya que no consideraron que la dilación del proceso es atribuible a la conducta de los siete imputados, quienes a su manera dilataron el proceso penal seguido por su persona. Corresponde, en consecuencia, analizar si tales aseveraciones dan lugar o no a brindar la tutela que otorga el art. 19 de la CPE.

III.1.Para resolver la problemática planteada resulta necesario recordar que por previsión expresa de lo dispuesto en el art. 44.I de la LTC “Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades y tribunales”.

Por su parte, la norma contenida en el art. 4 de la LTC establece que “En caso excepcional de que una ley, decreto, o cualquier género de resolución admita diferentes interpretaciones, el Tribunal Constitucional en resguardo del principio de conservación de la norma adoptará la interpretación que, concuerde con la Constitución.

Los tribunales, jueces y autoridades aplicarán a sus decisiones la interpretación adoptada por el Tribunal Constitucional”.

Sobre la naturaleza del carácter vinculante de las resoluciones constitucionales, este Tribunal ha desarrollado el entendimiento jurisprudencial, que en forma clara y precisa en la SC 58/2002, de 8 de julio, señala que: “(...) la vinculatoriedad de las Sentencias del Tribunal Constitucional, implica que los poderes públicos que sean aplicadores del derecho, se encuentran sujetos a la manera de cómo los preceptos y principios de la Constitución, han sido interpretados por el Tribunal Constitucional. En consecuencia, por la eficacia vinculante de dicha interpretación, los poderes públicos están obligados a seguir la doctrina constitucional que ha resultado de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos constitucionales.

(...) la vinculación alcanza una trascendencia especial, respecto a los jueces y tribunales de la justicia ordinaria, quienes a tiempo de resolver las controversias sometidas a su conocimiento, deberán tener en cuenta la doctrina constitucional, por ser los principales destinatarios de la misma. En el caso de las Sentencias Constitucionales pronunciadas en los recursos de amparo constitucional, se aprecia en revisión si hay una efectiva vulneración de derechos fundamentes, Sentencias que por ser vinculantes, tienen el valor de precedente para casos futuros análogos.

(...) en una Sentencia Constitucional, existe una parte conocida como ratio decidendi que se expresa como un razonamiento lógico de las motivaciones o fundamentos que llevan a la toma de la resolución, el obiter dictum que son los argumentos adyacentes que coadyuvan en mayor o menor medida al fundamento principal del fallo y la decisum que se refiere a la decisión tomada en el caso concreto. Respecto a la vinculatoriedad de las autoridades judiciales, se da en situaciones similares, de las rationes decidendi o fundamentos que son decisivos y relevantes del fallo, por constituir el precedente vinculante y la base de la decisión. Todo en el marco de lo dispuesto por el art. 121.II de la Constitución Política del Estado, norma suprema con la que concuerda la previsión contenida en el art. 44.I de la Ley del Tribunal Constitucional” (las negrillas son nuestras).

Por su parte, la SC 1781/2004-R, de 16 de noviembre, ha señalado que: “El respeto a los precedentes por parte del propio juez o tribunal, como por los demás jueces y tribunales inferiores, preserva la seguridad jurídica y la coherencia del orden jurídico; protege los derechos fundamentales y las libertades ciudadanas evitando variaciones injustificadas o caprichosas de los criterios de interpretación; precautela el valor supremo de la igualdad, impidiendo que casos iguales, con identidad de los supuestos fácticos, sean resueltos de manera distinta; ejerce control de la propia actividad judicial, imponiendo a los jueces y tribunales mínima racionalidad y universalidad, ya que los obliga a decidir el problema que les es planteado de una manera que estarían dispuestos a aceptar en otro caso diferente pero que presente caracteres análogos”.

Consiguientemente, la vinculatoriedad de las resoluciones constitucionales encuentra su fundamento en el hecho de que cuando el Tribunal Constitucional realiza su labor interpretativa de las normas que consagran los derechos fundamentales, contribuye a la unificación y real vigencia de los derechos fundamentales, de ahí nace la exigencia de observar los entendimientos jurisprudenciales que realiza el Tribunal Constitucional en esa labor interpretativa; en consecuencia, las autoridades judiciales, administrativas y funcionarios públicos e incluso los particulares, están obligados a observar la doctrina constitucional que se haga en las sentencias constitucionales, puesto que en ellas están contenidas interpretaciones de las normas, entre ellas, las que consagran los derechos fundamentales, por lo mismo, su incumplimiento, implicaría un desconocimiento de la Constitución misma y de los derechos fundamentales como los de igualdad y la seguridad jurídica, entre otros.

III.2. A fin de ingresar a considerar el fondo del recurso, corresponde señalar que en cuanto a la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, contenida en el art. 133 del CPP, que establece: “vencido el plazo, el juez o tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal”, la SC 0101/2004, realizando una interpretación contextualizada y sistemática de este instituto y sus alcances en el actual régimen penal y en el sistema penal abrogado, en razón a que la Disposición Transitoria Tercera del Código de procedimiento penal dispone que las causas que deben tramitarse conforme al régimen procesal anterior (Código de procedimiento penal de 1972), deberán ser concluidas en el plazo de cinco años, computables desde la publicación del Código de procedimiento penal, declaró la inconstitucionalidad de la Ley 2683 -que modificaba la Disposición Transitoria Tercera del CPP y determinaba que las causas con actividad procesal sujetas al régimen anterior seguirían tramitándose hasta su conclusión-; declarando asimismo, constitucional, el art. 133 último párrafo y segundo párrafo de la Disposición Transitoria Tercera, ambos del CPP, únicamente en el sentido establecido en el último párrafo del Fundamento Jurídico III.5.2 de esa Resolución, al determinar que era preciso interpretar las referidas normas procesales en concordancia con las normas de la Ley Fundamental del Estado, cuyo resultado fue expresado en los siguientes términos: “(…) la Disposición Transitoria Tercera establecía una forma de conclusión extraordinaria del proceso penal, cual es la extinción de la acción penal, que conlleva la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la acción penal, sea pública o privada, por el cumplimiento del plazo máximo fijado por el propio legislador (cinco años) para la culminación de los procesos penales tramitados con el anterior régimen. Consecuentemente, el efecto inmediato de la declaratoria de extinción de la acción penal es la pérdida por parte del Estado de su potestad punitiva; lo que implica que el proceso ya no puede desarrollarse más, extinguiéndose el ejercicio del ius puniendi del Estado”.

“(…) debe tenerse presente que en el sentido de la Constitución, se vulnera el derecho a la celeridad procesal y, dentro de ello, a la conclusión del proceso en un plazo razonable, cuando los órganos competentes de la justicia penal del Estado omiten desplegar, injustificadamente, la actividad procesal dentro de los términos que el ordenamiento jurídico establece; por tanto, en sentido del orden constitucional, no habrá lesión a este derecho, si la dilación del proceso, en términos objetivos y verificables, es atribuible al imputado o procesado. Un entendimiento distinto no guardaría compatibilidad ni coherencia con las exigencias de seguridad jurídica que la Constitución proclama [art. 7 inc. a)] así como el deber del Estado de proteger de manera eficaz, toda lesión o puesta en peligro concreto, de los bienes jurídicos protegidos por el orden penal boliviano”.

Concluyendo que tal extinción sólo puede ser conforme a la Constitución, cuando se constate que la no conclusión del proceso dentro del plazo máximo establecido por ambas disposiciones es atribuible a omisiones o falta de diligencia debida de los órganos administrativos o jurisdiccionales del sistema penal y no a acciones dilatorias del imputado o procesado, aclarando que no habrá vulneración al principio de celeridad procesal “si la dilación del proceso, en términos objetivos y verificables, es atribuible al imputado o procesado”.

Dentro de ese contexto, la misma Sentencia luego de realizar otras consideraciones, determinó que: “En este sentido, como ha quedado establecido precedentemente, las disposiciones legales objeto del presente juicio de constitucionalidad sólo pueden ser compatibles con los preceptos constitucionales referidos, en la medida que se entienda que, vencido el plazo, en ambos sistemas, en lo conducente, el juez o tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal, cuando la dilación del proceso más allá del plazo máximo establecido, sea atribuible al órgano judicial y/o, al Ministerio Público, bajo parámetros objetivos; no procediendo la extinción cuando la dilación del proceso sea atribuible a la conducta del imputado o procesado”.

En el mismo sentido, el Auto complementario de la citada Sentencia, AC 0079/2004-ECA, de 29 de septiembre, entre otras consideraciones, determinó que: “(...) lo que la Constitución persigue `…es evitar que la dilación indebida del proceso, por omisión o la falta de la diligencia debida de los órganos competentes del sistema procesal penal" lesione el derecho que tiene el imputado a la conclusión del proceso dentro de los plazos establecidos en el Código de procedimiento penal; consiguientemente, no habrá lesión a tal derecho, cuando a consecuencia del uso de los distintos medios de defensa y recursos que el sistema legal le dispensa; el imputado, por un exceso de previsión, provoca la dilación del proceso, quien -dada la capacidad de previsión inherente a todo ser humano- asume las consecuencias de sus actos; no correspondiendo, en tal circunstancia, la extinción de la acción penal; al no ser atribuible al órgano judicial o al Ministerio Público la dilación del proceso; únicos supuestos en los que se puede vulnerar el derecho que tiene el procesado a la conclusión del juicio dentro de un plazo razonable”. Consecuentemente, concluyó que la declaración de extinción de la acción penal, o en su caso el rechazo de ella, debe hacérselo por el juez o el tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, “valorando en forma objetiva los antecedentes del proceso; por lo tanto serán esas autoridades las que, en el caso concreto, determinarán si la retardación de justicia se debió al encausado o al órgano judicial y/o Ministerio Público”.

Sobre la base de los fundamentos jurídicos expuestos, corresponde recordar lo establecido en la SC 1042/2005, de 5 de septiembre, cuando señaló que “la referida SC 0101/2004 resolvió declarar la constitucionalidad del art. 133 y la Disposición Transitoria Tercera del Código de procedimiento penal, únicamente en el sentido expuesto; por tal motivo, ha dejado de regir el plazo fatal y fijo, como único criterio para declarar la extinción de las causas tramitadas conforme las normas del anterior Código de Procedimiento Penal, debiendo en el futuro, para dar aplicabilidad a las citadas normas, someter lo actuado en el proceso a un análisis objetivo de las causas que motivaron su dilación o retardación (…)”

“(…) En definitiva, se debe resaltar que la constitucionalidad de la Disposición Transitoria Tercera del Código de procedimiento penal, está supeditada a que en su aplicación se respete la interpretación efectuada por esta jurisdicción constitucional, la que ha determinado que el plazo de extinción del proceso no se opera de manera automática con el solo transcurso del plazo fijado por la disposición procesal, sino que cada caso deberá ser objeto de un cuidadoso análisis para determinar las causas de la demora en la tramitación del proceso penal en cuestión. A ese efecto, a través del AC 0079/2004-ECA, de 29 de septiembre, emitido ante la solicitud de enmienda y complementación a la SC 0101/2004, este Tribunal Constitucional ha señalado que serán las autoridades jurisdiccionales competentes que al conocer y resolver la solicitud de extinción del proceso penal que: “(...) en el caso concreto, determinarán si la retardación de justicia se debió al encausado o al órgano judicial y/o el Ministerio Público; no siendo posible, a través de la presente Resolución establecer criterios para el análisis de cada caso”.

III.3.
En esta línea de razonamiento, este Tribunal se ha pronunciado a través de sus diferentes fallos, además de las condiciones materiales para declarar la extinción de la acción penal, sobre la oportunidad, forma, trámite y efectos de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso. Es así que sobre el procedimiento que debe darse a la solicitud de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, con relación a las causas sometidas al anterior régimen procesal, el referido AC 0079/2004-ECA, determinó que: “(…) la extinción de la acción penal, es una forma de conclusión extraordinaria del proceso, asimilable, en el sistema anterior, a las cuestiones previas establecidas en el art. 186 del Código de procedimiento penal de 1972 (CPP.1972), cuyo trámite está regulado por los arts. 187 y 188 del mismo Código”, las que son de previo y especial pronunciamiento, conforme prescriben dichas disposiciones legales.

Ahora bien, en cuanto al estado en el que puede ser declarada la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y quién es el juez o tribunal competente para declararla, la SC 0036/2005, de 16 de junio, determinó que: “al tratarse de la toma de una determinación en la que resulta obvio que tiene efectos liberatorios, la misma puede ser formulada ante los tribunales competentes para sustanciar y resolver los medios impugnativos previstos por Ley, pues, la prosecución del proceso penal, eventualmente podría dar lugar incluso a la imposición de una sanción en un proceso en el que el Estado ha perdido legitimidad”. (…) “la declaratoria de extinción de la acción, no puede ser atributo -como pretende el actor- del Juez o Tribunal que conoce el plenario (fase esencial del proceso de acuerdo con el art. 224 del CPP.1972), o el Tribunal de apelación, sino al Juez o Tribunal que estando en conocimiento de los antecedentes del proceso deba pronunciarse, bajo parámetros objetivos, aun de oficio, sobre cuestiones que afectan a la extinción de la acción”, pudiendo presentarse, en consecuencia, ante el Tribunal de casación. Concluyendo la citada Sentencia que: “(…) si se trata de declarar la extinción de la acción penal y el proceso se encuentra en trámite, debe dictarse la misma de acuerdo con los presupuestos que rigen el ordenamiento penal y la interpretación que de ella hizo este Tribunal, en cualquier estado del proceso puesto que una causal extintiva como la anotada impide definitivamente toda actividad de los órganos jurisdiccionales una vez que estén acreditados los extremos de la motivación a cuyo fin deberá confrontarse con los antecedentes que informan el proceso, sea por el Juez de la causa, de apelación o, de casación o nulidad en su caso, según donde esté radicada la tramitación de la causa”.

Asimismo, respecto a la oportunidad en la que debe solicitarse o declararse la extinción de la acción penal, la SC 105/2005-R, de 1 de febrero, determinó que ésta debe tramitarse antes de que exista Sentencia condenatoria ejecutoriada con calidad de cosa juzgada. Al respecto, dicha Sentencia señaló que: “(…) en cuanto a la extinción de la acción penal, la SC 1968/2004-R, de 17 de diciembre, ha desarrollado que: “desde el punto de vista procesal, (…) para interponer (…) la extinción de la acción de retardo procesal, (…) es necesario que el proceso se encuentre en trámite y se hayan sobrepasado los plazos establecidos por ley para su conclusión, correspondiendo en este caso a la parte afectada invocar la extinción de la acción penal por ese motivo durante su sustanciación, resultando en consecuencia inoportuna y extemporánea su formulación cuando el proceso haya concluido y por existir una Sentencia firme, con calidad de cosa juzgada, que de ser condenatoria supone la imposición de una pena por la autoridad jurisdiccional, que debe ser ejecutada (…)”.

Finalmente, la SC 1365/2005-R, de 31 de octubre, desarrolló entendimientos claros y precisos, sobre la oportunidad y forma de resolver la cuestión previa de extinción de la acción penal, así como la obligación que tiene el juzgador de motivar adecuadamente el pronunciamiento de estas resoluciones, al señalar lo siguiente: “III.1.1. Oportunidad de resolver una cuestión previa. En el sistema procesal anterior, regido por el Código de procedimiento penal de 1972, que es de aplicación a la problemática planteada, las cuestiones previas, se encuentran previstas en las normas del art. 186 del citado Código; encontrándose entre ellas, la de prescripción. La naturaleza de las referidas excepciones y su procedimiento están regulados por las normas previstas por los arts. 187 y 188 del CPP.1972, que disponen en primer término que son de previo y especial pronunciamiento, pues otras excepciones serán resueltas con la causa principal. Asimismo, disponen que deberán ser resueltas por los mismos jueces y tribunales en lo penal, que conozcan del asunto principal, pudiendo las partes apelar del fallo que las resuelva. En cuanto a los efectos de las resoluciones que las declaren probadas, las mismas normas disponen que darán lugar a que se declare extinguida la acción penal y se ordene el archivo de obrados.

Del referido contexto normativo, se establece que las referidas cuestiones, deben ser resueltas con anterioridad a resolverse la causa principal por la naturaleza de las mismas, pues su objetivo es que se declare extinguida la acción penal, de manera que sería contrario al principio de economía procesal y a las normas del debido proceso, resolverlas con la causa principal, si al final se llegará a la conclusión de que la acción debe declararse extinguida, pues está situación ya existía al momento de plantear la acción y no se opera al momento de resolverse la causa en el fondo (…)”. Entendimiento reiterado en la SC 18/2006-R, de 9 de enero.

III.4.
En el marco de las normas procesales citadas y los entendimientos jurisprudenciales glosados, es posible concluir que: a) la determinación de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso debe responder a una cuidadosa apreciación, en cada caso concreto, y no se opera de manera automática con el sólo transcurso del plazo previsto por ley sino también por la conducta de las partes que intervienen en el proceso y la conducta y accionar de las autoridades competentes; b) la declaratoria de la extinción puede ser realizada de oficio o a petición de parte; c) puede ser dictada en cualquier estado del proceso, hasta antes de que exista Sentencia condenatoria ejecutoriada con calidad de cosa juzgada; d) la autoridad competente para declararla es el juez o tribunal que esté en conocimiento del mismo; o lo que es lo mismo, donde esté radicada la causa; e) al ser una forma de conclusión extraordinaria del proceso, asimilable en el sistema anterior, a las cuestiones previas, son de previo y especial pronunciamiento, lo que implica, que deben ser resueltas con anterioridad a la causa principal por la naturaleza de las mismas, pues su objetivo es que se declare extinguida la acción penal.

III.5.
Efectuadas las precisiones doctrinales y jurisprudenciales que anteceden, corresponde examinar y resolver la problemática planteada. A ese efecto, en el caso que se examina el recurrente, impugna el Auto de 24 de enero de 2005, pronunciado por las autoridades recurridas, que resolvió la solicitud de extinción de la acción penal presentada por uno de los imputados dentro del proceso penal que el ahora recurrente, Sam Lawrence Hayden Ibáñez, en su calidad de querellante interpuso contra Richard Oscar Hurtado Camacho, y otros por la comisión de los delitos de falsedad material e ideológica y otros con el argumento de que el proceso instaurado por su persona data del año 1999; empero, por la permanente inconcurrencia a las audiencias por parte de los imputados y los frecuentes incidentes que interpusieron con el propósito de dilatar el proceso, recién se dictó Sentencia el 28 de febrero de 2003, la que en apelación fue confirmada por Auto de 28 de mayo de ese año, y no obstante que contra esa Resolución interpuso recurso de casación, los vocales recurridos decidieron resolver la solicitud de extinción de la acción penal presentada por uno de los imputados dictando el Auto de Vista de 24 de enero de 2005, sin pronunciarse sobre su recurso de casación, declarando extinguida la acción penal apartándose de los lineamientos expuestos en la SC 101/2004 y el AC 79/2004-ECA, desconociendo que en los hechos no procedía la extinción de la acción penal, ya que no consideraron que la dilación del proceso es atribuible a la conducta de los siete imputados, quienes a su manera dilataron el proceso penal seguido por su persona.

La Resolución pronunciada por las autoridades recurridas, dictada el 24 de enero de 2005, resolviendo con carácter previo la solicitud de extinción de la acción penal presentada por José Luis Alfredo Cabezas Cuiza, declaró extinguida la acción penal seguida por el recurrente disponiendo que el Juez a quo ordene el archivo de obrados, bajo los siguientes fundamentos: “III. En síntesis se arriba a la conclusión de que la extinción de la acción penal, en función a la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 1970 debe operarse de la siguiente manera: 1) con relación a las causas que se encontraban en trámite hasta antes de la publicación de la ley 1970 los jueces y tribunales, de oficio o a pedido de parte y previa Vista Fiscal, sin más trámite deben declarar extinguida la acción penal y archivar la causa, toda vez que el referido plazo venció en fecha 31 de mayo de 2004. 2) Con referencia a las causas que se iniciaron a partir de la publicación de la Ley 1970 hasta el 31 de mayo de 2001, fecha de su vigencia plena, el plazo de los cinco años, en cada caso, debe computarse a partir de la iniciación del proceso, concretamente desde la fecha del auto inicial de la instrucción o de apertura de proceso; de manera que, en estos casos, los jueces y tribunales, de oficio o a pedido de parte y previa Vista Fiscal deben constatar el transcurso de este plazo y cuando corresponda declararán extinguida la acción penal y archivarán la causa, ejemplos: a) si el proceso se inició en fecha 15 de octubre de 1999, el plazo de cinco años para la conclusión del mismo venció en fecha 15 de octubre de 2004 y siendo esto así, el juez o tribunal de la causa no le queda sino declarar la extinción de la acción penal y archivar la causa; y, b) En cambio si la causa se inició en fecha 29 de mayo de 2001, el plazo de cinco años para su conclusión, recién vencería en fecha 29 de mayo de 2005. En todos estos casos, si la parte procesada o el Ministerio Público solicita la extinción de la acción penal al amparo de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 1970, los jueces y tribunales deben rechazar la misma por no haber transcurrido y vencido el referido plazo (…) V. Finalmente, el desarrollo e interpretación que hace el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 101/2004 de 14 de septiembre y su Auto complementario, sobre los principios de legalidad, celeridad, favorabilidad y otros, propiamente no constituyen la ratio decidendi de dichas resoluciones sino simplemente obiter dictum, de manera que, en el caso examinado, el desarrollo e interpretación de dichos principios, no son vinculantes, sobre todo porque el recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad interpuesto por el Diputado Nal. Oscar Octavio Claros, fue para declararse la inconstitucionalidad de la Ley 2683 y no así para interpretar dichos principios y menos la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 1970. VI. Ahora bien, con relación a la extinción de la acción penal por el transcurso del plazo máximo del proceso que debe operarse de oficio o a pedido de parte, conforme establece la Disposición Transitoria Tercera de la Parte Final de la Ley N° 1970, se declara que este Tribunal tiene competencia al efecto en función a la previsión del artículo 26 del Código de procedimiento penal abrogado (D.L. 10426) que a este fin establece: (Competencia Plena) 'el Juez o Tribunal que fuere competente para conocer de un proceso, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se suscitaren en el curso de su tramitación, así como para …'. En la especie de la revisión de antecedentes se evidencia que la presente causa se inició el 16 de abril de 1999, es decir antes de la publicación de la Ley N° 1970 conforme acredita el auto inicial de la instrucción de la misma fecha de fs. 315, y que desde la citada publicación hasta el presente han transcurrido 5 años, 9 meses y 8 días y no ha concluido la misma; en consecuencia, de conformidad a la citada Disposición Transitoria Tercera, corresponde declarar la extinción de la acción penal”.

Del análisis de los fundamentos expresados en la referida Resolución y los antecedentes que informan el legajo, corresponde señalar que si bien es evidente que las autoridades recurridas actuaron en el marco de su competencia al resolver la solicitud de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso presentada por uno de los coimputados y que conforme manda el procedimiento resolvieron con carácter previo dicha solicitud y por ende, antes de pronunciarse sobre el recurso de casación que interpuso el recurrente, al tratarse de una cuestión de previo y especial pronunciamiento, conforme se ha establecido; sin embargo, no es menos cierto, que las autoridades recurridas a tiempo de declarar la referida extinción se apartaron indebida y discrecionalmente del entendimiento jurisprudencial establecido por la SC 101/2004 y su Auto complementario, cuando sostienen que la referida Sentencia no les es vinculante para resolver la solicitud de extinción de la acción penal presentada dentro del proceso que sigue el recurrente, con el argumento de que “el desarrollo e interpretación que hace el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 101/2004 de 14 de septiembre y su Auto complementario, sobre los principios de legalidad, celeridad, favorabilidad y otros, propiamente no constituyen la ratio decidendi de dichas resoluciones sino simplemente obiter dictum, de manera que, en el caso examinado, el desarrollo e interpretación de dichos principios, no son vinculantes, sobre todo porque el recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad interpuesto por el Diputado Nal. Oscar Octavio Claros, fue para declararse la inconstitucionalidad de la Ley 2683 y no así para interpretar dichos principios y menos la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 1970. VI”. Esta forma de razonar de los vocales recurridos, desconoce que cuando el Tribunal Constitucional en su labor de contralor del orden constitucional y la vigencia de los derechos fundamentales y en el marco del principio de conservación de la norma, hace la interpretación de una o varias normas legales conexas y la proyecta o materializa en una Sentencia Constitucional, esta interpretación constituye un precedente obligatorio y una doctrina constitucional que tanto los ciudadanos, los poderes públicos y dentro de ellos, los jueces y tribunales integrantes del Poder Judicial están obligados a observar y seguir, cuya función no es otra que preservar la seguridad jurídica y la coherencia del orden legal establecido; consiguientemente, queda claro también que en el caso concreto, las citadas autoridades se apartaron del entendimiento jurisprudencial desarrollado en la SC 101/2004, al señalar entre los argumentos que fundaron la declaratoria de extinción impugnada en este recurso: a) que la causa se inició el 16 de abril de 1999, antes de la publicación de la Ley 1970 conforme acredita el Auto inicial de la instrucción de la misma fecha de fs. 315; b) que desde la citada publicación hasta el presente han transcurrido 5 años, 9 meses y 8 días, sin que la misma hubiese concluido; sin considerar, que por previsión expresa del art. 4 de la LTC, los tribunales, jueces y autoridades aplicarán a sus decisiones la interpretación adoptada por el Tribunal Constitucional.

Consecuentemente, se evidencia que los vocales recurridos no adecuaron su actuación y por ende su decisión a los lineamientos interpretativos expuestos en la SC 0101/2004, cuyo entendimiento les era vinculante, al haber sido dictada el 14 de septiembre de 2004, es decir, en forma anterior al Auto de Vista impugnado y sin tener en cuenta, que en dicha Sentencia en forma clara y precisa se estableció que la determinación de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso debe responder a una cuidadosa apreciación, en cada caso concreto de las actuaciones realizadas por los sujetos procesales y que no se opera de manera automática por el sólo transcurso del plazo previsto por ley, tal como erróneamente razonaron los recurridos, sino también por la conducta de las partes que intervienen en el proceso y la conducta y accionar de las autoridades competentes; determinación que es el resultado de una interpretación sistemática en concordancia con las normas de la Ley Fundamental del Estado, cuyo resultado motivó a que se declare la constitucionalidad del art. 133 y la Disposición Transitoria Tercera del Código de procedimiento penal, únicamente en el sentido establecido en el último párrafo del Fundamento Jurídico III.5.2 de esa Resolución, cual es que “vencido el plazo, en ambos sistemas, en lo conducente, el juez o tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal, cuando la dilación del proceso más allá del plazo máximo establecido, sea atribuible al órgano judicial y/o, al Ministerio Público, bajo parámetros objetivos; no procediendo la extinción cuando la dilación del proceso sea atribuible a la conducta del imputado o procesado”, por tal motivo, ha dejado de regir el plazo fatal y fijo, como único criterio para declarar la extinción de las causas tramitadas conforme las normas del Código de procedimiento penal de 1972, debiendo en el futuro, para dar aplicabilidad a las citadas normas, someter lo actuado en el proceso a un análisis objetivo de las causas que motivaron su dilación o retardación; para lo cual en forma por demás reiterada este Tribunal ha establecido que la constitucionalidad de la Disposición Transitoria Tercera del Código de procedimiento penal, está supeditada a que en su aplicación se respete la interpretación efectuada por esta jurisdicción constitucional.

Los antecedentes y razonamientos expuestos, permiten concluir que los vocales recurridos al pronunciar el Auto de Vista, ahora impugnado, incurrieron en una omisión indebida que ha lesionado el derecho a la seguridad jurídica del recurrente entendida ésta como la “condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran, representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio”, incumpliendo con lo previsto en los arts. 4 y 44.I de la LTC, al desconocer la interpretación y jurisprudencia sentada por este Tribunal en la SC 101/2004 y su AC 0079/2004-ECA; toda vez, que la no aplicación de la jurisprudencia y doctrina constitucional sentada por este Tribunal desconoce la protección de los derechos fundamentales y supone una omisión indebida que encuentra protección en el recurso de amparo constitucional, como ha ocurrido en el caso examinado; toda vez que la posición de los recurridos es contraria al entendimiento contenido en la indicada línea jurisprudencial, que en forma clara y precisa, señaló que para declarar la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso deberá someterse lo actuado en él a un análisis objetivo de las causas que motivaron su dilación o retardación, no siendo determinante sólo el transcurso del tiempo; en el caso que se examina los vocales demandados -se reitera-, sólo tomaron en cuenta el transcurso del tiempo, sin considerar la actuación de las partes para determinar cuáles fueron las actuaciones que generaron la retardación y por ende, desconocieron que los fundamentos determinantes de las resoluciones constitucionales o rationes decidendi, son vinculantes y, por tanto, de cumplimiento obligatorio para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces en todos sus niveles jerárquicos.

Sobre el particular, la amplia y uniforme jurisprudencia constitucional ha sido determinante al señalar que ante la inobservancia al carácter vinculante de sus resoluciones, debe adoptarse las medidas conducentes para resguardar el orden constitucional, las leyes y la seguridad jurídica. En este sentido la SC 1479/2005-R, de 22 de noviembre determinó que los “(…) fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, son vinculantes y, por tanto, de cumplimiento obligatorio para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces (en todos sus niveles jerárquicos), por disposición de los arts. 121.II de la CPE y 44.I de la LTC, determinando, esta última norma expresamente que: “Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades y Tribunales”. Dado que la inobservancia al carácter vinculante de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional implica infracción a Ley expresa y terminante (en este caso el art. 44 de la LTC); se previene, que en lo sucesivo, toda infracción a este principio, determinará que este Tribunal, en resguardo del orden constitucional, las leyes y la seguridad jurídica, adopte las determinaciones que el orden legal establece para esta clase de actos. (las negrillas son nuestras).

Finalmente, en cuanto a la denuncia sobre la lesión del derecho a la defensa, corresponde señalar que el mismo no puede considerarse lesionado, puesto que no es un derecho que concierna al querellante o víctima, sino más bien al imputado asegurándole la posibilidad de todo recurso o medio para defenderse y desvirtuar la acusación presentada en su contra, de modo que podrá presentar y producir cuanta prueba lícita la considere favorable, podrá presentar incidentes, recursos, excepciones y otros. En cambio si bien el querellante o la víctima también puede hacer uso de los recursos, incidentes y otros actos que le permita el procedimiento, no lo hace para asumir defensa sino que está ejerciendo su derecho de accionar para lograr el castigo al supuesto autor del delito, resultando obvio, que cuando esa posibilidad es impedida por la autoridad jurisdiccional a través de algún acto o resolución, no hace más que incurrir en un acto ilegal que suprime el derecho de acceso a la tutela judicial. Así se ha establecido en la SC 377/2003-R, de 26 de marzo.

Por lo expuesto, el Tribunal de amparo al haber declarado procedente el recurso, ha dado correcta aplicación a los alcances del art. 19 de la CPE.



POR TANTO

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 19.IV y 120.7ª de la CPE; arts. 7 inc. 8) y 102.V de la LTC, en revisión, resuelve APROBAR la Resolución cursante de fs. 87 a 88, pronunciada el 6 de enero de 2006 por los vocales de la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba y en consecuencia CONCEDE el amparo solicitado.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.

Fdo. Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas
presidenta

Fdo. Dra. Martha Rojas Álvarez
DECANA
Fdo. Dr. Artemio Arias Romano
magistrado

Fdo. Felipe Tredinnick Abasto
MagistradO

Fdo. Dra. Silvia Salame Farjat
MagistradA
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