SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0103/2004-R

RECHAZO A UN PERITO

Sucre, 21 de enero de 2004

Expediente: 2003-07890-15-RAC
Distrito:Cochabamba
Magistrado Relator: Dr. Wálter Raña Arana

En revisión, la Sentencia cursante a fs. 56 y 57, pronunciada el 12 de noviembre de 2003 por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del recurso de amparo constitucional interpuesto por Ramiro Chambi Aima contra Roberto Tórrez Ortiz, Fiscal de Materia, alegando la vulneración de sus derechos a la seguridad jurídica, a la defensa, a la presunción de inocencia y la garantía del debido proceso.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido del recurso

I.1.1.Hechos que motivan el recurso


En la demanda presentada el 6 de noviembre de 2003 (fs. 11 a 13), el recurrente aduce que desde el 13 de agosto de 2003 se encuentra detenido en el penal de “San Antonio” en merito a la denuncia formulada por el personal del Hospital Albina Patiño y Defensa Internacional del Niño, por la supuesta comisión de los delitos de violación y lesiones en la persona de una menor, fecha desde la que se abocó a la obtención de prueba de descargo habiendo presentando prueba testifical y ofrecido a dos psicólogos para que mediante el abordaje especializado detecten en la mente de la víctima su posible intervención; si bien la prueba testifical pudo ser producida, no así la pericial debido a trabas puestas por el personal de SEDEGES que impidieron la tarea de la psicóloga que contrató, quien, cansada de esta situación, por nota de 23 de octubre de 2003 renunció a su función. Esta suerte de inconvenientes fueron de oportuno conocimiento del representante del Ministerio Público y, en vez de garantizar su derecho a la defensa, el Fiscal recurrido cohonestó la obstaculización probatoria, ya que antes del vencimiento de la etapa preparatoria formuló su acusación, cuando debió considerar que no pudo producir prueba pericial por motivos ajenos a su voluntad viéndose restringido de ese modo su derecho a la defensa.



I.1.2.Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El actor estima que se han vulnerado sus derechos a la seguridad jurídica, a la defensa, a la presunción de inocencia y a la garantía del debido proceso.

I.1.3. Autoridad recurrida y petitorio

De acuerdo a lo relatado, plantea recurso de amparo constitucional contra Roberto Tórrez Ortiz, Fiscal de Materia, solicitando sea declarado procedente, se ordene al Fiscal recurrido recoja temporalmente la acusación formal y dé paso a la obtención de elementos probatorios periciales o en su caso se ordene al Tribunal de Sentencia Nº 1 devuelva los actuados pertinentes al Fiscal recurrido, a fin de que este último dentro del plazo que aún falta para la culminación de la etapa preparatoria, facilite la producción de los medios probatorios indispensables.

I.2.Audiencia y Resolución del Tribunal de amparo constitucional

En la audiencia pública celebrada el 12 de noviembre de 2003, cuya acta corre a fs. 54 y 55, se suscitaron las siguientes actuaciones:

I.2.1.Ratificación del recurso

El recurrente ratificó su demanda.

I.2.2.Informe de la autoridad recurrida


El Fiscal recurrido presentó el informe escrito cursante de fs. 48 a 53, donde señala lo siguiente: a) en la investigación signada como caso 1875/03, sustanciada a denuncia de Defensa del Niño Internacional, la víctima una menor de cuatro años, fue internada en el Hospital Pediátrico Albina Patiño en estado de coma a consecuencia de agresión sexual y lesiones habiéndose ordenado la detención preventiva del recurrente y otro; b) la solicitud del recurrente de “peritar” el estado general de salud de la víctima para desvirtuar la denuncia de violación y lesiones, se corrió en traslado del SEDEGES dado el precario estado de salud de la menor, habiendo dicha instancia presentado el informe del Jefe de División Niño, Niña y Adolescente y Adopciones que después de hacer una serie de consideraciones, pidió se rechace la solicitud, pese a este informe, el 30 de septiembre el recurrente reiteró su pedido ante lo cual requirió por que SEDEGES emita informe y canalice lo solicitado, velando por la salud de la víctima evitando su mayor victimización y de ningún modo violando el derecho a la defensa del recurrente; c) no obstante haber precluido la etapa preparatoria, durante el juicio oral el recurrente tiene la posibilidad de proponer nuevas actuaciones incluyendo el peritaje; d) conforme a la previsión del art. 134 del Código de procedimiento penal (CPP), el plazo de duración de la etapa preparatoria es de seis meses, lo que no quiere decir que la investigación deba durar necesariamente ese periodo, ya que la acusación puede ser presentada en cualquier momento, siempre y cuando existan suficientes elementos de convicción. Solicitó se declare improcedente el amparo constitucional.

I.2.3.Resolución

La Sentencia, cursante a fs. 56 a 57, pronunciada el 12 de noviembre de 2003 por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, declara improcedente el recurso, con costas y multa de Bs200.- bajo estos fundamentos: 1) el Fiscal recurrido procedió a expedir requerimientos consecutivos para que se realicen los estudios y exámenes en la menor de cuatro años, los que no pudieron llevarse adelante ante la representación del SEDEGES en sentido de que con los mismos se victimizaba más a la víctima, por lo que en los hechos el Fiscal no incurrió en ningún acto ilegal; 2) la finalidad de la etapa preparatoria no es la de demostrar la culpabilidad o la inocencia del imputado, sino únicamente acumular elementos y datos a propósito de la investigación, por lo que los actos del Fiscal durante esta etapa no causan estado ni definen derechos, pudiendo el recurrente ejercer su derecho a la defensa a plenitud durante la sustanciación del juicio oral.

II. CONCLUSIONES

Hecha la debida revisión y compulsa de los antecedentes, se llega a las conclusiones que se señalan seguidamente:

II.1.A denuncia de la madre de la víctima se inició la investigación contra el recurrente y otro, por la presunta comisión de los delitos de violación y lesiones, encontrándose éstos detenidos preventivamente.

II.2.El 28 de agosto de 2003 (fs. 2 a 3), el actor presentó memorial ante el director funcional de la investigación (recurrido) ofreciendo peritos y prueba testifical, pidiendo que en el caso de los primeros se les permita el ingreso irrestricto al Centro de Rehabilitación y Recuperación de menores, donde estaba internada la víctima. Mediante requerimiento de la misma fecha, el Fiscal recurrido señaló tener presente el ofrecimiento de prueba y dispuso que el SEDEGES, bajo su supervisión, facilite la pericia propuesta.

II.3. Mediante nota de 23 de septiembre de 2003 (fs. 31) el Jefe de la División Protección Niño (a) y adolescente y Adopciones SEDEGES, pidió al Fiscal demandado rechace la solicitud del recurrente de practicar una nueva evaluación psicológica en la menor víctima, por cuanto no podía sometérsela nuevamente a recordar hechos traumáticos, pues ello podría significar un retroceso en su evolución positiva.

II.4. Por memorial de 29 de septiembre de 2003 (fs. 32), el actor reiteró su solicitud de practicarse el examen pericial en la víctima. El Fiscal recurrido por requerimiento de 2 de octubre del mismo año dispuso que los psicólogos del SEDEGES informen y canalicen lo solicitado, velando por la salud de la víctima, en su caso se ocurra ante el tribunal competente (fs. 32 vta.).

II.5. El 5 de noviembre de 2003 (fs. 18), el recurrente solicito al Tribunal de Sentencia Nº 1 certifique si dentro de la etapa de preparación de juicio o juicio oral propiamente dicho podrían autorizar que sus peritos se entrevisten con la menor damnificada. Por decreto de 6 de noviembre, el Tribunal de Sentencia no dio lugar a lo solicitado haciendo constar que el Tribunal no puede producir prueba de cargo o descargo (fs. 18 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El recurrente arguye que el Fiscal demandado, pese a tener oportuno conocimiento de que su derecho a la defensa estaba siendo restringido, por cuanto de manera sistemática no se permitió a su perito entrevistarse con la víctima para realizar una evaluación psicológica, en vez de remediar esta situación formuló acusación dos meses antes de concluir el plazo de la etapa preparatoria, sin considerar que no pudo producir su prueba pericial por motivos ajenos a su voluntad, lo que -a decir suyo- ha vulnerado sus derechos a la seguridad jurídica, a la defensa, a la presunción de inocencia y a la garantía del debido proceso. En ese sentido, corresponde en revisión, analizar si en la especie se debe otorgar la tutela pretendida.

III.1.El amparo constitucional ha sido instituido como un recurso extraordinario que otorga protección inmediata contra los actos ilegales y las omisiones indebidas de autoridades o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías fundamentales de la persona, reconocidos por la Constitución y las Leyes.

III.2. Uno de los objetivos de la etapa de la investigación, está constituido por la obligación de los fiscales de atender al interés de la víctima de los delitos. En este sentido, existen disposiciones legales expresas como el art. 77 CPP concordante con el art. 14.4) de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) que disponen que aún cuando la víctima no intervenga en el proceso, deberá ser informada por el Fiscal sobre sus derechos, y por el juez o tribunal sobre el resultado del proceso. El cumplimiento de este objetivo se traduce en varias obligaciones concretas para los fiscales, tales como la de mantener a las víctimas permanentemente informadas de los avances de la investigación; consultar su opinión para la toma de decisiones relevantes en el proceso; adoptar medidas de protección en su favor; promover la satisfacción de sus intereses pecuniarios y, en fin, adoptar todas las medidas necesarias para evitar que el proceso se transforme en una nueva instancia de victimización y dolor para la misma, esta obligación adquiere mayor relevancia cuando la víctima resuelta ser una niña como en el caso presente, donde el Fiscal no sólo debe tener en cuenta las disposiciones legales referidas sino también las contenidas en el Código Niña, Niño y Adolescente.

En el caso presente, ante la solicitud del recurrente para que su perito (psicóloga) puede realizar una valoración psicológica en la menor (víctima), a objeto de detectar en su mente su posible intervención, el Fiscal recurrido autorizó la misma con la participación del SEDEGES, institución donde la menor se encuentra albergada recibiendo atención; empero, la institución a través de su representante pidió se rechace la solicitud del recurrente por cuanto no era conveniente para el tratamiento de la víctima recordar hechos traumáticos. La segunda vez que el recurrente reiteró su solicitud, el Fiscal recurrido previamente requirió informe de los psicólogos del SEDEGES para autorizar o no la solicitud, a fin de evitar una mayor victimización, recomendando al recurrente que, en su caso, acuda ante el tribunal competente, de este modo el Fiscal recurrido actuó dentro del marco legal velando por los intereses de la víctima, siendo también ese uno de los objetivos de la investigación, sin que ello suponga restricción del derecho a la defensa del recurrente, pues si bien éste puede ofrecer peritos durante la etapa investigativa, conforme lo establece el art. 209 CPP, se debe precisar que ésta no es precisamente una etapa probatoria, sino preparatoria, cuyo objetivo es permitir a los órganos que tienen a su cargo la persecución penal, la recolección de todos los elementos que permitan una acusación para ingresar a la segunda etapa del proceso, es decir el juicio, destinado a la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado, donde éste, ejerciendo su derecho a la defensa, podrá ofrecer los peritos pertinentes.

Una consecuencia lógica de esta característica es que el nuevo sistema de investigación no tiene carácter probatorio, esto es, que todos los actos que durante él se desarrollen, y que de algún modo pueden contribuir al esclarecimiento del caso, sólo tienen un valor informativo para quienes llevan adelante la persecución, pero no se constituirán en elementos de prueba susceptibles de ser valorados en la sentencia, en tanto no sean producidos en el juicio oral, en las formas que el Código de procedimiento penal establece, salvo las excepciones previstas por el art. 333.1) y 3) CPP, entre las que puede encontrarse la prueba pericial, cuando ha sido solicitada por el fiscal o cualquiera de las partes, y ha sido recibida conforme a las reglas del anticipo de prueba (art. 307 CPP). Así por ejemplo, la declaración de un testigo ante el Ministerio Público le permite a los fiscales contar con información importante para formar su convicción acerca del caso y para recopilar nuevos antecedentes respecto del mismo, pero esa declaración no tienen ningún valor probatorio mientras el testigo no comparezca al juicio oral y la preste nuevamente en conformidad a las reglas que regulan tal etapa del procedimiento.

III.3. En cuanto al plazo de duración de la etapa preparatoria la Sentencia Constitucional (SC) 1036/2002-R de 29 de agosto, ha declarado que:

(..) aunque la ley no lo diga claramente, el proceso penal se inicia con la imputación formal, a partir de la cual corre el término de los seis meses de duración de la Etapa Preparatoria establecida por el párrafo primero del art. 134 CPP, cuando textualmente dice: "La etapa preparatoria deberá finalizar en el plazo máximo de seis meses de iniciado el proceso".

(..) Consecuentemente, dado el carácter público del proceso, el cómputo de los seis meses previstos por el art. 134 CPP para el desarrollo de la Etapa Preparatoria, empieza a partir de que el Juez cautelar pone en conocimiento del encausado la imputación formal, siendo éste el actuado jurisdiccional que marca el inicio del proceso penal, y a partir de ahí, se tiene un término máximo de seis meses para presentar la acusación, ampliable únicamente en el supuesto establecido por el segundo párrafo del art. 134 CPP; sin que esto quiera decir que la extinción opere ipso facto, como lo ha entendido la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional en las SSCC 764/2002-R y 895/2002-R; pues deben desarrollarse las formalidades establecidas por el mismo artículo 134 CPP.

Dentro de ese marco, el plazo de los seis meses previsto por el art. 134 CPP es un plazo máximo, lo que significa que el Fiscal puede antes de su vencimiento presentar la acusación formal si estima que la investigación proporcionó fundamentos para el enjuiciamiento del imputado, decretar el sobreseimiento o requerir ante el juez de instrucción, la suspensión condicional del proceso, la aplicación de un procedimiento abreviado, de un criterio de oportunidad o que se promueva la conciliación.

En consecuencia, el Fiscal recurrido actuó dentro del marco legal sin vulnerar ningún derecho o garantía del recurrente, por lo que no corresponde otorgar la tutela solicitada, de lo que se concluye que la Corte de amparo, al declarar improcedente el recurso, ha evaluado en forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 19.IV, 120.7ª CPE, 7.8ª y 102.V LTC, con los fundamentos expuestos, APRUEBA la Sentencia, cursante a fs. 56 a 57, pronunciada 12 de noviembre de 2003 por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional

No intervienen los Magistrados, Dr. Willman Ruperto Durán Ribera por encontrarse con licencia y Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas por estar haciendo uso de su vacación anual.

Fdo. Dr. René Baldivieso Guzmán
Presidente

Fdo. Dr. José Antonio Rivera Santivañez
decano en ejercicio

Fdo. Dra. Martha Rojas Álvarez
MagistradA

Fdo. Dr. Rolando Roca Aguilera
MagistradO

Fdo. Dr. Walter Raña Arana
MAGISTRADO


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