Las violaciones en los centros clandestinos de detención: el valor de las mujeres mendocinas

Las violaciones, los abusos, la desnudez forzada, las vejaciones sexuales, en definitiva: la sumisión total del cuerpo de la víctimas, fueron parte de un plan sistemático de sometimiento y tortura durante la última dictadura cívico-militar.

Las ex presas políticas de Mendoza han sido un ejemplo de valentía al denunciar los vejámenes soportados durante sus cautiverios en el D2. Gracias a sus testimonios la violación podría ser juzgada como un delito de lesa humanidad.

“Sin duda, los vejámenes sexuales tienen un componente machista, no sólo te muestran el poder de las armas, de la superioridad física, de la situación de inferioridad que de hecho se produce al estar vendadas y esposadas, sino también el símbolo de la demostración del otro poder: el poder fálico”, declaró al respecto Silvia Ontivero ante el tribunal mendocino.

Los ex presos políticos también en sus testimonios judiciales en Mendoza consideraron que escuchar las violaciones de las compañeras era otra forma habitual de tortura. Para Daniel Rabanal, ex preso político, ”La tortura no se detenía cuando se paraba la picana y cuando me devolvían a los calabozos porque muy vívidamente seguía siendo torturado al escuchar la tortura y violaciones de lo que pasaba alrededor” . También Fernando Rule, se refirió en el mismo sentido: ” Lo más terrible de las torturas es que este personal de la policía, ejército o quien sea, el D2, usaba la violación sexual como método de tortura particularmente grave. No tomar agua o la picana pasa, pero el terror es otra cosa. El terror es la impotencia de saber que pueden hacer con uno lo que quieren no solo físicamente sino humillar y la violación sexual la usaron para humillarnos. Hacerme saber que estaban violando a mi mujer a un metro y medio de la puerta de mi celda era para humillarme”….

Eugenio París, otro de los testigos dijo: “… se habla de las violaciones, pero ver que entraban a esa celda, darse cuenta en la forma ganadora en la cual entraban… las dos veces que lo veo ya no cerraban la puerta y nosotros como chicos no queríamos abrir la mirilla para no ver. Una vez veo a Lapaz entrar y a otro Gonzalez, fue las dos veces que me animé a mirar, luego con Raul Aquaviva no queríamos mirar. Por lo menos yo vi dos veces. Imagino que esta situación se daba con todas, era cotidiano. Yo vi dos veces a Lapaz entrar a la celda de Rosa Gomez, creo que también andaba por ahí este perfume embriagador…”

 

Investigando sobre lo ocurrido en otros juicios encontramos que en los centros clandestinos de Zárate Campana, dos mujeres denunciaron ser violadas, pero el Juez Federal de San Martín, Juan Yalj, decidió dictar la falta de mérito a los acusados por violación, argumentando que los abusos sexuales fueron “eventuales” y no merecían la calificación de crímenes de lesa humanidad. En consonancia con esa cuestionable postura, la Cámara Federal de esa localidad confirmó la decisión.

 

Por esto las abogadas de Cladem e Insgena - dos organizaciones no gubernamentales presentaron un amicus curiae- ( dictamen de una organización “amiga del tribunal” que tiene interés legítimo probado en la resolución de la causa). En ese documento aseguran que “la prueba es harto elocuente y, así como se tiene por probado que todo detenido fue torturado, por el solo hecho de haber sido detenido en cautiverio, creemos que deberán valorarse bajo los mismos parámetros probatorios las denuncias de violaciones, haciendo de las denuncias plurales y coincidentes de las víctimas el elemento de prueba fundamental”. Las profesionales subrayan que “la violencia sexual es una experiencia de violencia extrema hacia las mujeres, que de diversas maneras las afectan permanentemente, con independencia de los regímenes políticos o de situaciones de paz o conflicto. Estas violaciones a los derechos humanos de las mujeres han sido invisibilizadas por mucho tiempo, tanto a nivel internacional como nacional; por la vergüenza, la culpa, el temor y la estigmatización de las que son objeto las mujeres afectadas. (…) La sanción de la violencia sexual permitiría dar visibilidad de una práctica que se ensañó con las mujeres por haberse apartado del rol históricamente asignado (…) Porque la violencia sexual, más allá de lo que supongan aquellos que proponen soluciones como la castración química, está motivada por el deseo de dominar o castigar antes que por el deseo sexual.”

 

Las profesionales concluyen que “en contextos de conflicto y/o represión, los cuerpos de las mujeres afectadas por ese contexto se transforman en campos de batalla y, a través de la violencia sexual, los varones imponen de manera cruel el poder y la dominación que culturalmente ejercen sobre las mujeres. Varios estudios de género han mostrado que la violencia sexual y el miedo a la misma ‘constituyen parte integral del control social de las mujeres”.

 

En Tucumán El Juez Bejas con respecto a la causa “Arsenales” dictaminó: "Conforme tales conceptos podría concluirse, en primer lugar, que los delitos sexuales cometidos por subordinados contra detenidos/as clandestinos/as, si bien no habrían conformado el conjunto de ilícitos directamente ordenados por las Fuerzas Armadas, si habrían conformado el conjunto de delitos a producirse como consecuencia natural de la clandestinidad del sistema y de la garantía de impunidad vigente."

 

María Sondereguer dirige desde hace más de tres años una investigación sobre la violencia sexual y de género durante el terrorismo de Estado. Además, encabeza el centro de DD.HH. de la Universidad Nacional de Quilmes, donde es profesora titular y, desde 2009, directora nacional de Formación en Derechos Humanos de la Secretaría de DD.HH. de Nación. En una entrevista publicada por Página/12 señaló, con respecto a las violaciones, que: “… las denuncias que constan en el Nunca Más y los testimonios que han surgido con la reapertura de los juicios luego de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida nos permiten señalar su sistematicidad.”

 

Al preguntársele sobre los denominadores comunes en los testimonios respondió: “Un elemento significativo es que en los testimonios que hemos recabado en la investigación, por fuera de los tribunales, y en muchos casos en conversaciones muy privadas y en un clima de confianza personal, casi todas las mujeres que estuvieron detenidas en los campos clandestinos de detención reconocen haber sufrido alguna forma de violencia sexual: desnudez forzada, manoseos de carácter sexual, penetración con objetos, picana en los pechos y genitales, violaciones sexuales”.

 

¿Qué pasa en la cabeza de un tipo que viola a una mujer en total indefensión? ¿Cómo queda una mujer que no sólo está privada de su libertad sino que no es dueña de su cuerpo, una mujer a la que se le ha quitado la dignidad, que carga con el estigma de haber sido abusada?

 

El mandato social cae sobre la víctima generándole también vergüenza y culpa. Lamentablemente lo vemos a diario, con tantas mujeres que no se animan a denunciar la violencia sexual a la que han sido sometidas.

 

Si se demuestra que la violación fue una práctica sistemática, ¿qué argumentos tendrá Cecilia Pando y los sectores más conservadores para justificar la violencia en los años de plomo?

 

Nosotras nos sentimos orgullosas de estas compañeras que gracias a sus valientes testimonios, rompiendo todos los silencios lograron que se juzgue a la violación en el contexto de un genocidio como lo que realmente es: un delito de lesa humanidad.

 

Por el valiente testimonio de Rosa Gómez están presos Lapaz y González, dos torturadores y violadores del D2 y gracias a Silvia Ontivero y Luz Faingold, ( quien declaró ser violada siendo menor) está siendo juzgado -y seguramente será destituido- el juez federal Luis Miret, pata importante de la dictadura cívico-militar, que entre otras complicidades facilitó la ejecución de estas aberraciones contra los ex presos y presas políticos mendocinos.

 

Marta Remón

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