NO BASTA LA DEROGACION DE DOS DECRETOS

EXIGIMOS LA DEROGACION DE LOS 9 DECRETOS CONTRA LA AMAZONIA

EXIGIMOS RENUNCIA Y CARCEL A LOS CULPABLES DEL GENOCIDIO

¡NI OLVIDO NI PERDON!

 

LA BATALLA NACIONAL POR LA AMAZONIA

 

El gobierno de García ha sido el primero en atentar contra el estado de derecho al dar los nueve decretos que afectan a los pueblos indígenas de la Amazonía, que han sido ya declarados anticonstitucionales  por violar el derecho de consulta garantizado por el Convenio 169 de la OIT, por afectar  derechos reconocidos  a los pueblos indígenas por la Constitución y las leyes y por derogar normas de mayor jerarquía.

Además de esto, vale recordar el Informe que elaborara el año pasado, en torno a la protesta de agosto 2008,  el jurista Francisco Eguiguren  en el que señala que el Ejecutivo se extralimitó en las atribuciones recibidas del Congreso para legislar en torno a la adecuación para el TLC con  USA, como bien indica:”  para expedir un amplio número de normas con ninguna o muy escasa vinculación efectiva con el TLC, distorsionando y desnaturalizando así los términos de la delegación   aprobada”…

LA INCAPACIDAD DEL GOBIERNO:

La crisis generada por la incapacidad del gobierno y su voluntad  y autoritarismo para  avanzar en la consolidación del modelo neoliberal que ha mostrado su fracaso en el mundo entero.

García habla de una conspiración internacional y “para variar”  denuncia al gobierno de Chávez y al de Evo Morales de promover el conflicto con los pueblos indígenas, ya que buscarían  acabar con la “democracia”  en nuestro país y a la vez impedir que Perú  se desarrolle como productor de gas y petróleo.

En el Congreso la bancada aprista en alianza con Unidad Nacional y los Fujimoristas   acusan a la izquierda y a Ollanta Humala y el Partido Nacionalista del Perú, así como  a  varias radios independientes que actúan en la  región amazónica de ser quienes promueven, manipulan y azuzan  a los indígenas. 

Estos elementos de la actual crisis política que vive el país  nos llevan a pensar que la situación puede degenerar en mayor represión. Los esfuerzos de los partidos políticos, las iglesias progresistas, intelectuales y artistas, los frentes de defensa, las centrales campesinas y sindicales, la comunidad internacional, las ONGs nacionales, las organizaciones de derechos humanos y las de mujeres  que se han movilizado y pronunciado en diversos espacios, los plantones  frente a las Embajadas de Perú en Canadá, Barcelona, Madrid, Paris, Estocolmo, La Paz, y un gran número de países así como pronunciamientos de la OEA, la ONU, parlamentarios europeos y otras personalidades democráticas, ayudan y protegen a los pueblos en lucha.

LA JORNADA NACIONAL DEL 11:

El Día 11 el país entero se movilizó y/o realizó paralizaciones totales en diversas regiones del país en apoyo a los pueblos amazónicos.

 

Recorriendo las regiones, en Abancay el Paro fue total y contundente y una  marcha multitudinaria recorrió la ciudad. Los y las campesinas, en una región totalmente dividida en concesiones mineras, actuales y futuras,  el sentimiento generalizado era  que igual serían tratados ellos en el momento de las definiciones, de las luchas por el agua, los efectos medioambientales.

 

Canchis  inició liderado por el FUDIC, Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Canchis una huelga indefinida como preámbulo del “levantamiento de los pueblos” El FUDIC que liderara una importante lucha en el 2008 exige asimismo  la anulación de los permisos para la construcción de la hidroeléctrica Salcca Pucara así como de la totalidad de las concesiones mineras.

 

Cusco realizó el día 12 una marcha muy contundente a pesar del marco de feriados de Corpus Christi en la región. Se  está consultando paralizaciones en distintas provincias para después del 24 de junio del Inti Raymi.

 

En Madre de Dios el Paro de 48 Horas, 11 y 12 se llevo a cabo de manera contundente, acompañado de marchas y mitin multitudinario. La conformación del Comité Unitario de lucha que expresa la  Alianza de Federaciones, Frente de Defensa, CGTP, Organizaciones Civiles y Políticas de la Región Madre de Dios  fue el espacio de unidad que dirigió con éxito esta medida de lucha. Además han acordado avanzar en la Huelga nacional indefinida para renuncie García y su gobierno neoliberal.

 

La Amazonía inicia su huelga  indefinida. La Selva Central inició bloqueos de carretera  y habrá que observar cómo se desarrolla esa parte del país.

 

Vale sin embargo recordar que Alan García es reconocido como genocida a partir de la Masacre de los Penales en 1986 donde ejecutaron  a 135 presos, en momentos en que se celebraba la reunión de la  Internacional Socialista, sabiendo que enfrentaría a la opinión pública internacional  masacró a presos y presas rendido/as. Según organismos de derechos internacionales, Américas Watch lo calificó como el peor atentado contra los derechos humanos en décadas. El Almirante Giampietri  jefe del operativo del Frontón entonces, es el actual Vicepresidente  de García.

Este caso sigue  siendo parte de un proceso judicial que nunca termina y estamos seguros que tarde o temprano García  y Giampietri tendrán que pagar  por este crimen de lesa humanidad y por el cometido el día  5 de junio, “Día del Medio Ambiente”.

 

DEROGAR LOS DECRETOS ANTICONSTITUCIONALES:

 

Demás está recordar asimismo que la batalla por la Amazonía es fundamental en la defensa de los bienes comunes y de la defensa del agua  y los recursos naturales. La lógica de “todo se vende” a la base del modelo neoliberal que García pretende consolidar con esta legislación anticonstitucional. Se trata pues de una batalla decisiva en nuestro país y en la región.

 

Los pueblos amazónicos  casi en su totalidad se reafirman en continuar la lucha hasta la derogatoria de los decretos que afectan sus territorios y así sus vidas y su futuro.  Sea cual sea el desenlace de la crisis, los pueblos indígenas amazónicos  han logrado demostrar al país, que existen, que están organizados, que luchan por sus derechos y que están en contra del modelo neoliberal. 

 

GARCIA Y GIAMPIETRI DEBEN SALIR:

 

Por lo tanto es fundamental  la resolución de esta crisis en la línea de acumular fuerzas sociales y políticas para el cambio en el país. El gobierno de García ha caído a su punto más bajo y esta situación debe ser aprovechada por las fuerzas populares.

 

García y Giampietri deben salir y hacia esa salida a la crisis debemos enfilar nuestra estrategia.  La salida de Simon es la orden del día, pero recordemos que ésta solamente significa  un nuevo servicio de Simon a García. Su ingreso a la presidencia del Consejo de Ministros le permitió la vez anterior sortear la crisis de los Petroaudios ( caso que hay que ahondar y perseguir!!!)y múltiples conflictos sociales. Ahora su salida, con las manos manchadas de sangres policías e indígenas de la Amazonía,  puede ser otra “salvada” a García.

 

Es claro que el siguiente gabinete que sustituya a Simon será más duro y que le  tocará continuar y consolidar la criminalización de la protesta social, presionar para los juicios y órdenes de detención ya en curso en Canchis, en Moquegua, Madre de Dios y en la Amazonía.  El cambio de ministros ocurrido tras la renuncia, tardía pero digna de Carmen Vildoso Ministra de la Mujer y Desarrollo Humano ha  fortalecido el ala dura del  APRA en el gobierno.

DENUNCIAMOS CAMPAÑA CONTRA PATRIA LIBRE:

Como Patria Libre, Partido político en proceso de inscripción en la Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE denunciamos las calumnias que indistintos medios de comunicación y en declaraciones de congresistas del APRA se vienen haciendo en el sentido de que Patria Libre es una organización que azuza a las organizaciones  sociales a asumir  acciones violentas. Patria Libre es un partido legal que busca desarrollar sus actividades en el marco de la Constitución y las leyes vigentes, como dicen nuestros Estatutos partidarios.

NUESTRAS Propuestas para el actual momento:

 

    Crisis  en torno a la AMAZONIA

  • Derogatoria de los  9 decretos  ley cuestionados por los pueblos indígenas amazónicos
  • Cese de la persecución  a los dirigentes de los pueblos amazónicos y a los dirigentes sociales, poner fin  a la criminalización de la protesta.
  • Renuncia inmediata del gabinete simon
  • Comisión de la verdad para el esclarecimiento de la masacre de bagua y visita del relator de pueblos indígenas de naciones unidas 

 

Adelanto de elecciones y  convocatoria a elecciones para Asamblea Constituyente

Trabajar por un proceso constituyente que refunde el estado para construir una nueva nación, resolver problemas endémicos como el hambre, el desempleo, la exclusión , buscando la soberanía alimentaria , la nacionalización de las actividades productivas estrategicas, un sistema universal de salud, el respeto a la biodiversidad , y el de decidir sobre los recursos naturales, al agua como derecho inherente del ser humano y el respeto a las autonomías y territorios indígenas y amazónicos.

 

IMPULSAR Y DESARROLLAR LAS EXPERIENCIAS DE AUTOGOBIERNO COMUNAL, URBANO, LOCAL Y REGIONAL COMO ESPACIOS DE ARTICULACIÓN DE UNIDAD Y PODER POPULAR.

 

UNIDAD PARA EL CAMBIO

  • Hoy es la hora de la unidad. Se hace necesario deponer actitudes de grupo y mezquinos apetitos personales a fin de unir a todas las fuerzas social es y políticas del pueblo para poner fin a la corrupcion y al entreguismo asi como a la criminalización de la protesta y la persecución política , arracando al estado una amnistia general para todos los luchadores populares y procesados por su participacion en  las  protestas sociales.

Elecciones

  • Frente  a los procesos electorales municipales y regionales, consideramos que es necesario construir alternativas de poder local sobre la base y las banderas de un programa que nos lleve a refundar la patria  a partir del protagonismo emergente del movimiento indigena y otros movimientos sociales dejando de lado la mezquindad que ha llevado a la atomización del movimiento popular.

 

SIN LUCHAS NO HAY VICTORIAS

 

http://www.telurica.com/videopost/genocidio-en-bagua-peru-por-que

 

DECRETOS AL TACHO

 

Por: César Lévano

 

Yehude Simon, presidente del Consejo de Ministros, prometió ayer en Chanchamayo presentar hoy un proyecto de ley para derogar los Decretos Legislativos 1090 y 1064, conforme lo ha exigido la mayoría del país.

La iniciativa es un primer resultado de la movilización popular, cuya expresión masiva, imponente, fue la del jueves último en Lima, y que se mantenía en pie de lucha en los escenarios principales de la Amazonía.

Si se materializa la promesa de Simon, será producto no de la sensatez, sino del miedo.

Las etnias castigadas, por su parte, reiteraron ayer su decisión de combatir hasta lograr la derogación de los decretos inconstitucionales y contrarios al interés del país y de los pobladores de la selva. Las organizaciones sociales de todo el país habían acordado apoyar esa demanda mediante un paro nacional de tres días, a iniciarse el 7 de julio.

Hasta pocas horas antes del anuncio de Simon, el gobierno, y en particular el presidente Alan García y la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, persistían en su actitud autoritaria contra los amazónicos. Llegaron a hablar de injerencia extranjera y ofrecieron un diálogo mutilado, sin la presencia de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

Con desparpajo, los portavoces del régimen niegan el carácter representativo de esa organización y de su principal dirigente, Alberto Pizango. Y lo dicen quienes, según todas las encuestas, han perdido legitimidad en la ciudadanía.

 

Entretanto, se ha aprobado en el Congreso una Comisión Investigadora sobre los sucesos de Bagua. Es un buen paso, en la medida en que actúe con rigor respecto a las medidas represivas contra la población y en cuanto al número de víctimas. Ernesto de la Jara, director del Instituto de Defensa Legal, explicó ayer que hay testimonios de autoridades que “han acompañado muertos trasladados en helicópteros”.

 

La Comisión debiera asimismo indagar sobre la cancelación de la licencia de Radio La Voz de Bagua y sobre las amenazas que pesan sobre otras dos radioemisoras de la región.

 

Hay que estar prevenidos respecto a una nueva maniobra del oficialismo.

 

Pudiera ser que acepte la derogación de los decretos repudiados, con cargo de salir luego a explicar sus supuestas bondades y volver a la carga.

 

No hay que olvidar que el autor del “Síndrome del perro del hortelano” ha prometido “modernizar” la selva, mediante la concesión de grandes extensiones de tierra.

 

El ex presidente Alejandro Toledo subrayó ayer que cuando él negoció el TLC con Estados Unidos no se estipuló ninguna legislación especial sobre la Amazonía.

 

García tiene, en cambio, mucho interés, y quizás más de un compromiso, con inversiones, probablemente yanquis, chinas y chilenas.

 

Hay que mantener por eso una serena pero firme vigilancia.

 

 

LOS JÓVENES NO SE EQUIVOCAN EN LO QUE AFIRMAN

 

Por: Zenón De Paz

 

Los sucesos que hoy nos enlutan, con decenas de peruanos muertos, entre policías inútilmente sacrificados, humildes miembros de tribus amazónicas abatidos (defendiendo para todos nosotros, y nuestros hijos, la reserva de vida a su cuidado), junto a pobladores de Bagua que salieron en su defensa con similar indignación a la nuestra, nunca debieron ocurrir. Nunca, a no ser por la arrogancia autista de quien se supone gobierna para todos los peruanos (o al menos debiera cuidarse de aparentarlo), pero que, objetivamente, se ha convertido en una amenaza para el país, pues es él a quien cabe referir sus delirios de supuestos agentes que quieren “entregarnos a modelos extranjeros y oscuros intereses”, clarificados ya por petroaudios y ratamails.

 

Tal amenaza era visible desde que, con el ofensivo ideario del “perro del hortelano”, pisoteando sus promesas electorales, hizo pública su alianza con el capital transnacional, proponiéndole devorar las tierras comunales, con la burda falacia de que existirían millones de hectáreas ociosas “en poder de las comunidades y asociaciones que no las han cultivado ni las cultivarán”; añadiendo que habríamos “caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terrenos a familias pobres que no tienen un centavo para invertir”; proyectando así su expropiación futura.

 

Esto es para García y sus socios el liberalismo y la democracia. “Hemos dialogado demasiado”, sentenció, altivo, después de la masacre; mientras la patética Mercedes Cabanillas añadía: “ellos se lo buscaron”. ¿Cabía mayor autoritarismo e intolerancia? ¿Así es como funciona el libre mercado? ¿Rematando tierras para actividades extractivas, depredadoras, de economía primaria? ¿Ese es su modelo de modernización? ¿Dónde hay un solo caso de país que se haya modernizado por esa vía? ¿No pasan la modernidad y la democracia por la valorización del elemento humano, con educación y salud, y la potenciación de su trabajo?... en el Día Mundial del Medio Ambiente, expresión de la conciencia más elevada alcanzada por la modernidad, sus defensores fueron masacrados por un gobierno de mentalidad arcaica, depredadora, antidemocrática.

 

La indignación de miles de jóvenes gritando: “no tenemos presidente, tenemos genocida”, resume con justeza los hechos, proyectando al futuro su memoria. Como decía Ortega y Gasset, los jóvenes no se equivocan en lo que afirman.

 

GENOCIDIO NEOLIBERAL EN LA AMAZONIA PERUANA.

 

Por: GASTÓN CORNEJO BASCOPÉ

 

5 de junio, otra imperdonable matanza de seres humanos en la “Curva Del Diablo”, Bagua, población indígena amazónica que se opone a la explotación transnacional del petróleo bajo sus tierras. Tal como sucedió en El Porvenir de Pando, se trata de otro puente de sangre esparcida por las fuerza del “orden”, esencialmente indígenas armados de muerte, policías pertrechados con fusiles, chaleco antibalas, botas de hierro, cascos y protectores faciales…contra hermanos de idéntica raíz étnica, desnudos, humillados. Policía a las órdenes del gobierno de Alan García, quien a su turno, en servicio al despojo que implica el TLC del Perú con EEUU, es responsable en el afán de quitarles su dignidad y sus derechos fundamentales.

 

Albricias, los derechos comunitarios de las naciones indígenas están hoy reconocidos en la nueva CPE de Nuestra Bolivia. Refrendan el Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

 

El Convenio 169 de la OIT vigente a partir del 27 de junio de 1989, expresa esos derechos en 43 artículos: “Los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de instituciones representativas, cada vez que se provean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” “Las consultas llevadas a cabo en aplicación a este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” “Los gobiernos deberán tomar medidas en cooperación con los pueblos interesados para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan” “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan y garantizar  la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión” “Los derechos de los pueblos originarios a los recursos naturales existentes en sus tierras comprende el derecho a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. En caso de que existan recursos minerales, energéticos  u otros, los gobiernos deberán consultar a las comunidades a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los RN existentes en sus tierras” “Los pueblos deberán participar de los beneficios que reporten dichas actividades y percibir  una indemnización equitativa por cualquier daño...”

 

La Declaración de NNUU extiende la defensa y vigencia de esos derechos y libertades fundamentales en otros 46 artículos.

 

La nueva CPE de Bolivia inscribe en un Capítulo IV, los derechos de las naciones y pueblos indígena originarios campesinos. Son tres artículos: 30-31-32, pero en cada uno se detallan 18 derechos. Están los derechos consagrados internacionalmente, se exagera en algunos tópicos y en otros se entibia- a pedido de la oposición- como sucede en el inciso 17: Aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio “sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros”. Ahí esta abierta la posibilidad de que organismos transnacionales adquieran, por decreto supremo de gobiernos serviles (9 en el caso del Perú) el derecho propietario de los bienes naturales en el TLC imperialista. Felizmente no es el caso en Nuestra Bolivia.

Alberto Pisando es uno de los valientes líderes peruanos indígenas; su bandera es vital y la asumimos como nuestra: solicita la derogación de los Decretos que impulsan el TLC, o sea: desplazamiento comunitario, contaminación del medio ambiente, problemas en salud y educación, alienación cultural, perturbaciones productivas. No hablemos del saqueo y la evasión fiscal a que estaban acostumbradas las monstruosas empresas.

 

La reacción mundial contra el genocidio, este delito de Lesa Humanidad es sorprendente. Hasta los obispos católicos de la amazonia peruana salieron por los fueros de los asesinados, lo que no es habitual en otros ámbitos religiosos-expresando: “La Iglesia valora especialmente a los indígenas por su respeto a la naturaleza y el amor a la madre tierra como fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano”. Va saliendo la información de quemadura de cadáveres y el ocultamiento a lo Pinochet, embolsados al mar o ríos para lograr el crimen perfecto, la desaparición del cuerpo del delito. Esperemos que la Iglesia no calle como sucedió enonces.

 

El Congreso de Perú, con mayoría oficialista, sin un debate, suspendió a siete congresistas por haber protestado al interior del hemiciclo su apoyo a la comunidad indígena de Bagua. Como en Bolivia se unieron los opositores: APRA, Unidad Nacional y el partido de Fujimori, es decir la antipatria oligárquica.

 

En Santa Cruz, un parlamentario peruano se atrevió a amenazar con juicio internacional a los dirigentes Dávalos y Leonida Zurita, la senadora que recibirá un premio mundial en Viena por sus relevantes méritos e invitada a mostrar su experiencia política en Australia por las relevantes acciones patrióticas.

 

Ahora el gobierno del peruano de Alan García, semejante al de GSL, no se da cuenta que la Patria Grande está en revolución y debe preparar maletas prontamente para visitar el imperio, temporalmente protegido pues la justicia caerá, más temprano que tarde, pidiéndole cuentas sobre las órdenes criminales.

 

Nuestro Presidente Evo Morales envió una Carta de Dignidad a los hermanos congregados en la IV Cumbre de Pueblos Indígenas; en ella se registra la vanguardia ideológica de la liberación humana y el mensaje histórico contra la colonización saqueadora y racista. ¿Se le acusa de intromisión? En respuesta simplemente reinscribo la frase acuñada por Flavio Dalostto, el gran amigo de Bolivia: “Claro que nos involucraremos con Perú, claro que nos injerenciaremos, claro que nos entrometeremos; porque el Perú es de los Peruanos, pero también es Nuestro. Porque cuando Perú llora, lloramos; y cuando Perú ría, reiremos”.

Es el tiempo de llorar pesares de duelo al observar los testimonios fotográficos de los hermanos baleados, masacrados, inermes, destruidos. Ya llegará el tiempo de la risa y la alegría, cuando los autores pidan perdón detrás las rejas. Estamos contigo Carlos Mariátegui, de la mano contigo César Vallejo.

 

 

anticorrupcion por ti.

GARCIA DEBE SER VACADO Y ENCARCELADO

ANTES DE QUE ESPAPE POR LOS DESAGUES

 

Mientras el gobierno represor justifica su brutalidad con el manido argumento de la gobernabilidad "democrática." Ignorando olímpicamente que la gobernabilidad "democrática" presupone no solamente que el Estado tenga instituciones democráticas, electas a través de un voto popular libre, transparente y participativo, al amparo de una Constitución aceptada universalmente, sino también que el método para construir esta gobernabilidad sea democrático, es decir conformado a través del consenso y de la concertación, y no a través del amedrentamiento y de la represión brutal de las organizaciones sociales que se oponen al gobierno electo.


Esto es así porque el régimen democrático es un sistema donde la legitimidad de un gobierno se origina no solamente de las elecciones, sino también del consenso que éste consigue mantener entre la población. Solamente un gobierno eficaz, que logre satisfacer las exigencias de amplios grupos sociales puede alcanzar el consenso de la mayoría de la población y, por ende, gozar de legitimidad plena; en cambio el gobierno que impone la "gobernabilidad" a través de formas represivas y sin el consenso que se origina consiguiendo la satisfacción de las necesidades de la población, aunque electo democráticamente, pierde rápidamente legitimidad y está destinado al fracaso.

Gobernabilidad democrática, entonces, significa no solamente legitimidad formal del poder político, sino también existencia de las condiciones necesarias para producir consenso, es decir: la aceptación del mandato de los gobernantes por parte de los gobernados.


En cambio, cuando el gobierno no consigue responder eficazmente a las necesidades de la población se genera el "conflicto" entre el gobierno y los grupos sociales que no ven satisfechas sus demandas; esto determina el quiebre del consenso, la reducción de la legitimidad del gobierno, y el sistema mismo entra en la que se define como espiral de la ingobernabilidad. En efecto, la disminución de la confianza de los ciudadanos en el gobierno determina una falta de credibilidad de los gobernantes, que produce a su vez una disminución de la capacidad de los mismos para enfrentar los problemas, hecho que reduce ulteriormente la confianza de la ciudadanía, generando así un circulo vicioso destinado a quebrantar el régimen político e institucional en breve tiempo.


Por todos estos motivos, consideramos como "gobernabilidad democrática" el equilibrio entre el nivel de las demandas sociales y la capacidad del sistema político para responderle de manera legítima y eficaz, entendiendo con esta afirmación que solamente cuando el gobierno consigue equilibrar su capacidad de respuestas con las demandas que provienen de la sociedad, a través de la concertación con los mismos representantes de las organizaciones políticas y sociales, de manera a obtener una mutua satisfacción y consenso independientemente de la entidad misma (que puede ser influenciada por la situación coyuntural político-económica, local o internacional), es posible hablar de la obtención de una gobernabilidad democrática, legítima y satisfactoria para todos.

Esperemos que el enfermo mental de Alan García entienda el mensaje y deje YA la presidencia de la república por haber creado innecesariamente las tensiones sociales que finalmente desembocaron en el genocidio de Bagua. Hecho que precipita la pérdida total de aquel poder que el pueblo le dio y que no supo cómo utilizar en honor al consenso y la democracia. No podemos permitir que este fundamentalista neoliberal siga instigando a la población peruana con su cínica inmutabilidad. Guerra avisada no mata gente, dice el adagio.


¡¡ ALAN GARCÍA Y SU SEQUITO DEBEN DE ABANDONAR SUS CARGO EN BENEFICIO DE LA DEMOCRACIA!!!

 

 

 

En Bagua, García prefirió atacar que acatar

Por: Carlos Urrutia

 

En la selva existen millones de hectáreas de tierra que las comunidades nativas no han cultivado, donde habitan familias muy pobres. Investigaciones recientes [1] han demostrado que “de los 64 bloques que cubren el 72% de la Amazonía peruana… 58 corresponden a tierras de los pueblos indígenas”, compatriotas que el gobierno no logra reconocer como ciudadanos con todos sus derechos, ni acatar sus exigencias de respeto.


Los nativos de la selva suelen ser nómades y sólo por ignorancia se les puede exigir que fijen los linderos de sus tierras cuando ellos viven sembrando aquí y cosechando allá. Su cultura es diferente a la de otras partes del país y tienen derecho a que se les respete


Ahora, Alan García está comprendiendo que no podía traicionar impunemente el diálogo pacífico en curso entre policías y dirigentes selváticos que buscaban la paz en la zona, ni podía autorizar a la policía y al ejército a disparar contra los dirigentes en la “Curva del Diablo”, y desatar la violencia de los traicionados contra los policías atrapados en su torpe estrategia de dialogar golpeando. Las iras de los lugareños tienen muchas décadas por los frecuentes incumplimientos de los gobiernos y por la dolorosa exclusión social, por eso su rabia, también es distinta. Así estalló la masacre de Bagua del pasado 5 de junio.


El drama de Bagua no es sólo la “Curva del Diablo”, sino también el petróleo y el gas, que lejos de dar buen empleo y mejores condiciones de vida a la población de la zona han puesto sus vidas en peligro, envenenando sus tierras y sus aguas y destruyendo su medio ambiente.


Cuando el gobierno de García proyectó entregar extensos territorios de la Amazonía a la las transnacionales mineras, petroleras y gasíferas, fue claro que se estaba agravando el espiral de violencia.


Y esto no es nuevo, porque también está en inminente peligro la Amazonía Occidental, su inmensa biodiversidad y su selva tropical donde viven numerosas comunidades indígenas, que defienden el equilibrio ecológico porque que saben que ese es su hogar y que el capitalismo salvaje lo está destruyendo.


En este conflicto, donde García debió entender acatemos, entendió ataquemos, pero fue sin querer queriendo.


[1] Mat Finer “Oil and Gas Projects in the Western Amazon: Threats to Wilderness, Biodiversity, and Indigenous Peoples” Matt Finer et al, PLoS One, 8/2008 y Ian Sample en The Guardian, del Reino Unido, publicado el 13 de agosto de 2008.

 

 

A más de medio siglo de éstas proféticas palabras del poeta y pensador alemán

podemos ver como el analfabetismo político peruano permite que en los albores

del siglo XXI, aun se mantenga "debajo de la alfombra" atrocidades como

la Masacre de Bagua.

 

COMITÉ DE LUCHA DE LA REGION MADRE DE DIOS

ALIANZA DE FEDERACIONES, FRENTE DE DEFENSA, CGTP, ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLITICAS

 

 

NOTA DE PRENSA

 

Como parte de un arduo proceso de lucha por la defensa de la vida y la amazonia,  contra los decretos legislativos anti amazonicos, lo cual denunciamos y lamentamos le haya costado la vida a nuestros hermanos amazonicos de bagua el día 05 de junio, enfrentados por este gobierno, a un cruel genocidio junto a nuestros hermanos policias.

 

Y despues de una exitosa jornada de lucha en todo el peru y la amazonia peruana. Especificamente aquí en madre de dios los dias 10, 11, 12 del presente mes con la participacion masiva de todo el pueblo.

 

Es nuestro deber moral convocar a la poblacion de madre dios, a la prensa local, nacional e internacion, a las organizaciones sociales, politicas y al pueblo en general de puerto maldonado, a una movilizacion por la unidad y la defensa de la amazonia, en un acto publico para presenciar en pantalla gigante el debate en el congreso de la republica sobre la propuesta de la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064.

 

Acto que por efectos de convocatoria al pueblo de madre dios y coordinaciones pertinentes, se desarrollara a partir de las 5 de la tarde del dia de hoy 18 de junio en la plaza de armas de la ciudad de puerto maldonado.

 

Se tiene proyectado algunos numeros artististicos, una representacion simbolica de la quema de los decretos legislativos 1090 y 1064. Y finalmente las palabras de los representantes del comité de lucha.

 

Se reitera la convocatoria:

 

Lugar:              plaza de armas

Hora:               5.00 p.m.

Fecha:             hoy jueves 18 de junio del 2009.

Concentracion: en el centro de la plaza de armas      

  

“este es solo el principio de una lucha prolongada y continua… la lucha continua…”

 

¡viva la lucha amazonica y la unidad del pueblo peruano!

¡honor y gloria a nuestros hermanos caidos!

¡la sangre derramada jamas sera olvidada!

 

Comite de lucha de madre de dios.

 

erick braga. Resp. De comunicación (082) 982307936   pucahuayruro@yahoo.es

 

SUTE REGIONAL AYACUCHO

 

P R O N U N C I A M I E N T O

 

El Comité Ejecutivo del SUTE Regional Ayacucho, le expresamos nuestro saludo de clase y nos   dirigimos  a todas las bases  provinciales, distritales y de instituciones educativas del magisterio en general de toda nuestra región, a la opinión pública regional y nacional para expresar lo siguiente:

 

PRIMERO: Los últimos acontecimientos políticos-sociales ocurridos en nuestro país, no están al margen ni son ajenos a la segunda gran crisis general de la globalización, que en esencia es crisis del sistema capitalista, y que se origino esta vez en el propio corazón del sistema imperialista mundial: la Superpotencia Imperialista Hegemónica única de EEUU. y  de las demás potencias imperialistas, hoy encabezadas por Obama,  en su necesidad de salir de esta crisis, actúan y actuarán con mayor voracidad en el saqueo y la explotación de los recursos naturales de las naciones y pueblos que oprimen, imponiendo severas medida económicas a través de organismos como el FMI,  el BM, etc. y  agrediendo e invadiendo militarmente a quienes se le opongan. Dentro de esas imposiciones están los llamados acuerdos comerciales o Tratados de Libre Comercio como se les llama.

 

SEGUNDO: En nuestro país, el gobierno aprista, fiel representante de los intereses de la gran burguesía principalmente compradora, sigue a pie juntillas  las imposiciones de la superpotencia imperialista hegemónica Única EEUU. , del plan neoliberal, que en su camino burocrático, busca  evolucionar la feudalidad, tras la concentración de las tierras introducir formas y métodos de explotación capitalista, como lo que pretende hacer con las tierras de los nativos de la selva,  en beneficio de los intereses de esta gran burguesía y de los monopolios imperialistas privatizando las tierras y las pocas empresas públicas que quedan, entregándoles nuestras tierras, nuestras aguas, nuestros minerales, nuestro mar, etc., a la voracidad del imperialismo principalmente norteamericano, ahondando aún más la pobreza, la desocupación, el desempleo, la miseria del pueblo peruano y la destrucción de la producción nacional.

 

TERCERO: A esos intereses sirven los Decretos Leyes dados por el gobierno aprista en el marco de la firma del TLC con EEUU. relacionados con la propiedad de las tierras de las comunidades campesinas e indígenas: pues esos decretos apuntan a despojarlos de sus tierras atentando contra la vida, el hábitat, la propia existencia de miles y hasta millones de masas indígenas. El Estado, el gobierno aprista ve pues a  las masas indígenas con prejuicio, como ignorantes y  salvajes como personas de segunda o cuarta categoría como lo a dicho públicamente García Pérez, que están contra el progreso, que poco o nada aportan en términos económicos, que son incapaces de asumir sentimientos nacionales; entonces lo que quieren es explotarlos más e introducir sus planes de evolucionar la feudalidad en la selva, someterlos por la fuerza de las armas al dominio político y económico, al autoritarismo del Estado. En síntesis, el estado lo que quiere es llevar el capitalismo burocrático a la Selva y lo quiere hacer a sangre y fuego. Es contra esos planes que se han levantados los pueblos de la selva peruana, en defensa de sus tierras y de la nación

Esa es la verdadera raíz, la verdadera causa de los conflictos políticos sociales que se vienen manifestando en nuestro país y a los cuales el gobierno aprista, en vez de darle una solución política ha optado por la represión generalizada, criminalizando las luchas sociales y aplicando el derecho penal del enemigo expresados en estigmatizar la protesta popular como “Actos de barbarie y salvajismo”, “hechos delincuenciales”, “turbas asesinas” , “terrorismo”, “atentando contra la democracia”, etc.; conculcando derechos y libertades como a la  huelga, a la organización, a la libre expresión y difusión del pensamiento y militarizando las zonas en conflicto con declaratorias de estado de emergencia y toque de queda, para luego desatar la represión, la persecución, detención y hasta asesinato de dirigentes populares, llegando a la matanza genocida de  decenas de nativos y policías.

 

CUARTO: Esas son las verdaderas causas de los conflictos políticos sociales Sr. García Pérez, Sr. Yehude Simón (cancerbero del APRA), esos problemas sociales desatendidos, el abandono del Estado de sus funciones elementales, el abandono de millones de peruanos marginados que nunca se han sentido beneficiados del tan pregonado “crecimiento económico”. Todos esos problemas desatendidos por parte del Estado son los verdaderos agitadores políticos que mueven a los pueblos a luchar por la defensa de sus propia vida, de su propia existencia, por su derecho fundamental a la tierra para quien la trabaja, por sus libertades, y no lo que ustedes, Sr. García Pérez, Sr. Yehude Simón, pretenden hacer creer al pueblo, con sandeces como que “hay conspiración extranjera de quienes no quieren el desarrollo del Perú”, de que “hay una acción cuidadosamente preparada contra el Perú”, “una subversión contra la democracia”. ¿De qué democracia hablan Uds.?. Sandeces con las cuales pretenden eximirse de sus responsabilidades.

 

QUINTO: En este contexto que debemos ver como ha respondido el gobierno aprista a la justa y razonable demanda de los pueblos de la selva peruana, y es así como lo ha venido haciendo con las protesta popular, contando en su haber en lo que va de su segunda gestión, con decenas de  muertos. Primero buscan desinformar a la población, estigmatizan las luchas populares, dan largas a la solución de problemas para luego decir que los que protestan son, los intransigentes, que no quieren el dialogo, buscan desautorizar a los dirigentes populares o que estos manipulan, engañan a su dirigidos, generando asi condiciones para reprimir con las armas. Esa es pues la esencia y política del Apra y su gobierno, de García Pérez  que ya está bañado de la cabeza   hasta los  pies con la sangre del pueblo, esa es la consecuencia de su estúpida “tesis” de “el síndrome del perro del hortelano” que se ceba con la sangre del pueblo.  

 

SEXTO: Por tanto, aquí, los únicos responsables son el gobierno aprista con Alan García Pérez a la cabeza, el consejo de ministros y los fujimoristas, especialmente  Yehude Simón, la ministra aprista del interior  Mercedes Cabanillas, el ministro de defensa Antero Flores Araoz; el Congreso Nacional, los jerarcas y mandamases de las fuerzas policiales y fuerzas armadas. Ellos son los únicos responsables, pues fueron los que dieron la orden de disparar y ametrallar a los manifestantes desde helicópteros y tanquetas de guerra, no importándoles en modo alguno la vida de los propios policías a quienes mandan como carne de cañón, y menos la de los nativos.

 

SEPTIMO: Exigimos la inmediata derogatoria de los Decretos Legislativos:  994 – 995 – 1060 – 1064 – 1020 – 1081 – 1083 – 1089 y  1090, anticonstitucionales  y lesivos al derecho de los pueblos indígenas, a la tierra, al agua, al medio ambiente sano, etc.

OCTAVO: Demandamos a organismos como la defensoría del pueblo, Comisión de DD. HH. del Congreso,  Fiscalía de la Nación, organismos internacionales de DD. HH. ; una profunda y sería investigación para que se conozca la verdadera dimensión de esta matanza genocida perpetrada por el gobierno aprista, pues los datos oficiales están ocultando la verdad.

 

NOVENO: Rechazamos el papel que vienen cumpliendo la prensa oficialista y parametrada, desinformando o distorsionando los hechos, traficando de esta manera con la sangre derramada de nativos y policías, dando valides sólo a la versión oficial, rechazamos también la pretensión del gobierno aprista de cerrar medios de información de las localidades cercanas a los hechos con el pretexto de que estos han estado azuzando a la violencia.

 

DECIMO: Finalmente, les hacemos llegar este llamamiento, exigencia del momento, es la hora de las decisiones y definiciones plasmadas en  acciones directas convocándose a un paro nacional de 24 horas preparatorio a la Huelga Nacional Indefinida del pueblo peruano, en apoyo y solidaridad a la lucha de las comunidades indígenas de nuestra selva, exigiendo la inmediata derogatoria de los DD. LL. enumerados en el numeral séptimo, cambio del programa económico neoliberal, por una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente. Hoy mas que nunca son nuestros hechos los que marcaran nuestros pasos y posiciones, son nuestros hechos los que nos diferenciarán de todo tipo de oportunismos y marcarán el camino de la victoria,  y alcanzaremos una nueva unidad mas alta, en función a la defensa sagrada de los intereses del pueblo,  que la historia exige, creando las condiciones para enfrentar al gobierno reaccionario, defendiendo el derecho fundamental de nuestro pueblo a la gratuidad de la Educación pública, defendiendo la nación y su integridad territorial, el derecho al trabajo y la estabilidad laboral y la defensa de nuestro derecho a organizarnos, de nuestro SUTEP y luchar por nuestras justas reivindicaciones, conquistas , derechos y libertades político sindicales. En esencia la lucha en defensa y ampliación de los derechos fundamentales del pueblo.

 

¡POR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL PUEBLO!

¡SOLUCIÓN POLÍTICA Y NO MILITAR A LOS CONFLICTOS POLÍTICOS-SOCIALES!

¡POR LA DEROGATORIA DE LOS INCONSTITUCIONALES DD. LL!

¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS LUCHAS SOCIALES!

¡NO A LA APLICACIÓN DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO!

¡CESE A LA PERSECUCIÓN Y DETENCIÓN DE DIRIGENTES POPULARES!

¡POR EL DERECHO A LA LIBRE EXPRESIÓN Y DIFUSIÓN DEL PENSAMIENTO!

¡POR EL RECONOCIMIENTO, RESPETO Y SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS PLENOS Y VERDADEROS DE LA POBLACIÓN INDÍGENA: DERECHO A TENER  UN TERRITORIO PROPIO, DERECHO A SU PROPIA LENGUA, SU PROPIA ECONOMÍA Y SU PROPIA SICOLOGÍA CONCRETADA EN CULTURA!

¡POLICÍA SUBALTERNO, SOLDADO SUBALTERNO DESOBEDECE LAS ÓRDENES DE DISPARAR CONTRA TU PROPIO PUEBLO!

¡HUELGA NACIONAL INDEFINIDAD EN DEFENSA DE LOS PUEBLOS AMAZONICON Y LA INTEGRIDAD DEL TERRITORIO NACIONAL!

 

Ayacucho,    Junio del 2009.

 

Prof. CLETO M. FALCÓN PANTIGOSO

Sec. Gral. SUTE REGIONAL AYACUCHO

 

 

 

TIEMPO DE CRISIS, TIEMPO DE CAMBIO

 

Por: Linda Lema Tucker*  

Con inmenso dolor en el corazón  escribo el presente artículo. Hoy he vuelto a ver fotos dolientes que llegaron por Internet y he vuelto a pensar en los momentos de horror que vivieron los hermanos indígenas del Pueblo Awajun y Wampis, hombres sabios, dignos y altivos que éste gobierno  se niegan  a reconocer sus legítimos derechos. La mirada  de estos valerosos indígenas caídos ha quedado impregnada en nuestra mente. Es la fuerza indígena que nos convoca a continuar luchando por una patria para todos. La brutal masacre indígena del 5 de junio, jamás será olvidada. Desde aquí nuestro reconocimiento al sacrificio y la firmeza de los hermanos indígenas que lucharon para defender sus territorios y cuyo fruto es la derogatoria de los decretos legislativos 1064 y 1090.

 

Se espera que la propuesta de constituir el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas tenga la suficiente seriedad política y criterio técnico y no sea una mecedora más para los pueblos indígenas amazónicos. La Resolución Suprema 117-2009-PCM publicada el 11 de junio  señala que el Grupo Nacional,   luego de instalado tendrá  un plazo de (03) días para elevar al Presidente del Consejo de Ministros,  el Plan integral de desarrollo sostenible. Pareciera que este es un apresuramiento y podría ser una burla más para los pueblos amazónicos. Ojala no ocurra.

 

Sin embargo, el sufrimiento no sería tan duro sino tuviéramos el valor de  reconocer que los gobiernos que han mandado en el país, en forma permanente engañaron a  los  pueblos indígenas. Ahora, los pueblos indígenas caminan han crecido y estar en condiciones de decirles ¡Basta ya!

 

Los indígenas amazónicos reclaman derechos históricamente negados

 

Desde hace muchos años, los pueblos indígenas amazónicos vienen reclamando respeto a continuar viviendo sus vidas en armonía con la madre naturaleza. Ese proceso no ha sido fácil. Ha sido trágico. Hoy  la vida indígena  está en peligro.

 

¿Qué reclaman los pueblos indígenas amazónicos?

 

Sus reclamaciones están relacionadas a derechos indígenas: el derecho a la autodeterminación, a sus territorios ancestrales y  a ser consultados sobre el uso de los recursos naturales que albergan, a defender el medio ambiente y al reconocimiento de su identidad, demandas consagradas en el derecho internacional.  Sin embargo, nunca se atendieron las demandas indígenas.  Hasta hoy, estos reclamos  no fueron escuchados. O si fueron escuchados, no los atendieron. No hubo gobierno que en nombre del estado, los haya protegido, menos reivindicado. Distintos mandatarios con insana indolencia, usaron discursos y  símbolos indígenas, pero, en el poder los olvidaron y traicionaron. Y, sin respeto alguno han concesionado sus territorios a las empresas extranjeras transnacionales.

El gobierno de García,  bajo la política de  "puertas abiertas"  para las empresas transnacionales ha intensificado la  ocupación de la selva, buscando integrar la Amazonía al sistema neoliberal. Para tal fin perpetuó el avance de estas empresas en la espesura de la selva, procurando la extracción de petróleo, gas y madera y la siembra de la caña de azúcar, la palma aceitera por las empresas  obteniendo los grupos económicos poderosos, extranjeros y nacionales inmensas ganancias.  Así, a finales de 2006, García empezó a conceder enormes extensiones de territorios indígenas en la región del Amazonas y Loreto para la explotación de la minería y la energía a multinacionales extranjeras. Esto fue violando el Convenio 169  OIT que obliga al gobierno peruano a consultar y negociar con los indígenas lo que tenga que ver con la explotación de sus tierras y ríos. 

 

Es el caso, por ejemplo de los territorios de las Comunidades Nativas Achuar y Aguaruna-Huambisa,  zona alta de la selva,  en la región de Amazonas, Loreto y San Martín donde estallara el conflicto del 5 de junio. En esta zona, desde diciembre del año 2006, Alan García ha entregado seis lotes a compañías petroleras y  cuatro  fueron concedidos antes.  En abril de este año, García suscribió un contrato con OlympicPerú, una sucursal de la matriz estadounidense, para que esta se hiciera del lote 145, de una extensión de 500 mil hectáreas, ubicadas en la cuenca del Bagua, donde habitan las comunidades aguarunas que demandan la derogatoria de los decretos legislativos dados a espaldas de las comunidades.  Los millones  de hectáreas concesionadas vienen afectando  los ríos, la flora y las fauna, es decir la vida los pueblos indígenas. Como también   ha destruido la economía nacional, la biodiversidad y se ha generado el conflicto de los pueblos indígenas amazónicos. 

 

Lotes entregados por  el gobierno de García a compañías

petroleras transnacionales en los territorios indígenas

                                      (2006-2009) *

 

Concesión

Empresa

Lote

Territorio CNativa

 

Abril 2009

Olimpic Perú

(EEUU)

145

Comunidad Aguaruna

Setiembre 2008 (proceso desuscripción)

Hundu Jindal Steel &Power Limited(India)

147

Comunidad Achuar

Octubre 2008

Talisman Energy(Canadá)

64

Comunidad Achuar

Setienbre 2006

Hocol

(Francia)

116

Comunidad Aguaruna Huambisa

Diciembre 2006

Repsol

(España)

109

Comunidad Aguaruna

Julio 2007

Hunt Oil

(EEUU)

143

Comunidad Achuar

 

Fuente: Diario La República , Lima, 14 de junio del 2006.

*  Lotes petroleros superpuestos en los territorios de las Comunidades Nativas

Cuadro fue elaborado Linda Lema.

 

Es, importante destacar que mientras los beneficio de las multinacionales llegan a un increíble 50% y los ingresos del gobierno superan los mil millones de dólares, los pueblos y las comunidades indígenas viven en condiciones de pobreza extrema  

 

El gobierno de García se enfrentó a los Pueblos Indígenas Amazónicos

 

Un pueblo es más de un conglomerado poblacional. Para la OIT , Convenio 169, un pueblo indígena adquiere una categoría de colectivo social y está compuesto por territorio, lengua, formas de vida, cultura, derechos consitudinario.  En los sucesos de Bagua,  el gobierno se enfrentó no a la población amazónica, sino a pueblos amazónicos, que hoy conoce cua´les son sus derechos y solicitan la aplicación de los mismos. Se enfrentó, además,  a uno de los pueblos más dignos y guerreros de la amazonía, el Pueblo Indígena Awajun.

 

            Pues, bien, en los últimos años se evidencia un proceso franco de maduración política de los pueblos indígenas peruanos, en particular de los pueblos amazónicos que tienen una perspectiva ideológica indígena que lo hace capaz diferente a los movimientos sociales de la sierra.

 

            Se ha dicho que en los hechos de Bagua, existió  una conspiración ideológica extranjera. Esto no es verdad. Tal apreciación no corresponde a la verdad, es consecuencia de una total ignorancia sobre la realidad peruana.  Lo cierto es que, desde hace muchos años, las organizaciones amazónicas lideradas por AIDESEP,  tomaron la delantera en un equiparse de una identidad desde la matriz indígena de sus culturas. Conviene destacar aquí el liderazgo del Pueblo Awajun, cuyos rasgos culturales específicos explican bastante bien esa condición avanzada. Este pueblo en particular ha transitado por un proceso de reinvención de identidad dejando de lado las identificaciones impuestas desde el exterior de sus pueblos, pasando a identificarse a partir de nuevos bases conceptuales, así por ejemplo, han rechazado la designación vaga y poco consistente de indios, posesionándose la de “nacionalidades” y “pueblos indígenas”.

 

            Esta perspectiva cultural es asumida por los pueblos amazónicos con dignidad y denotada altivez. Más de una vez, he escuchado entre los hermanos indígenas decir: “eres tú,  un awajun”, una designación que obliga a reconocer son respeto a ese awajun, por  sabiduría  y por las fortalezas concebidas como pueblo.

 

Además, García no tuvo en cuenta que los Awajun y Wampis,  predominantes en Bagua, son fieros y no pudieron ser conquistados por los españoles,  ni por los caucheros. Róger Rumrril ha explicado, que cuando se invade el territorio awajun, o cuando se mata a uno de ellos, se les declara la guerra. Pero, también, los awajun demostraron su temperamento,  peleando en la guerra contra Ecuador y en las rondas contra Sendero.

            ¿Cómo podía entonces Alan García considerar a los pueblos indígenas  de tercera clase, terroristas, perros del hortelano, de no querer el desarrollo del país, cuando ellos vienen apostamos desde hace 30 años  por un desarrollo que refleje nuevos patrones y estilos culturales, y respete una especial, la relación con la madre naturaleza?

A pesar de todo, el gobierno decidió imponer la política de la “mano dura”, y envió a Bagua  una gran fuerza militar dándole las órdenes de "tirar a matar" a  los pobladores, desalojándolos violentamente de la carretera Fernando Belaunde Tery,  en Bagua (Amazonas).  Las muertes de hermanos indígenas y policías caídos en este enfrentamiento nunca debió de ocurrir, y hoy enlutan todo el país. Por eso es extraña,  la insensibilidad extrema que hacer alarde el gobierno, cargado de petulancia y humillación por aquellos que denomina “salvajes” y de “perros del hortelano”

            En las pantallas de la televisión vimos dolorosas escenas de la masacre de Bagua (Amazonas). Un ensordecedor mensaje conmovió a millones  de peruanos: el reclamo de una valerosa madre Awajun,  que en su idioma reclama al presidente García,  la muerte de su hijo.  

 

"Escúchanos, por favor, señor Alan García: ¡Tú eres culpable porque nos has exterminado! ¡Nos estás matando! ¡Nos estás vendiendo! ¡Tú eres el terrorista! Nosotros defendemos nuestro territorio sin uso de armamentos, nuestra única arma de defensa es sólo lanzas y palos que no son de largo alcance y no es para matar como tú lo has hecho con nosotros. ¡Tú nos exterminaste usando armamentos, balas, helicópteros y los mataste a nuestros hermanos, hermanas, estudiantes, profesores, hijos! ¡Alan, te pedimos que vengas acá en nuestro territorio para que nos pagues de las deudas que tienes con nosotros! Alan, tú eres vende patria, vende indígenas, vendes nuestros recursos naturales: oro, petróleo, agua, aire, contaminas nuestro medio ambiente y así nos dejas más pobres como nos estás viendo ahora cómo estamos y quedamos. Nosotros los awajún-wampis no te hemos elegido para que nos extermines, sino para que nos ayudes, des estudios a nuestros hijos que ahora has matado. Nosotros no te estamos quitando tu propiedad privada, no te hemos matado a tus hijos, tu familia, ahora por qué tú nos acabas. ¡Ya nos exterminaste, ahora quedamos sin nada!" (Tomado del blog de José Carlos Orrillo)

 

 El 11 de junio, miles de peruanos dolidos por las muertes de los hermanos indígenas y los policías,  salimos a las calles para protestar  por los hechos de sangre ocurridos contra los hermanos awajun,  los grandes pioneros de reinvención  de la identidad indígena amazónica, y por los policías caídos. Estuvimos al lado de los hermanos shipibos  con quienes nos abrazamos y fortalecimos en el dolor.  Estábamos afligidos, pero no derrotados. Esa altivez y transparencia de afectos y formas de ser amazónica, siempre inyectan de pasión,  te convocan a continuar caminando juntos a fin de construir una patria nueva donde se respete  y se reconozca los derechos de todos los pueblos y naciones que constituyen el Perú.  No es casual  que ahora miles de peruanos  hayan  tomado conciencia de que la visión del Perú ha cambiado.

Dos concepciones de vida y dos visiones de desarrollo

 

La situación actual confirma que en el Perú conviven  dos concepciones del mundo y dos visiones del modelo de desarrollo.

 

“La visión occidental defendida por el gobierno concibe a la tierra – naturaleza como una mercancía, que se vende o se concesiona a las empresas sean nacionales o transnacionales. Desde  la cosmovisión indígena, la naturaleza y el territorio son organismos vivos, que establece un tejido familiar que no se agota en lo humano, involucra al medio ambiente y trasciende a lo sagrado. Por estas razones, la propiedad colectiva de los pueblos indígenas no puede someterse al juego de mercado”. (LLema: Duro golpe a las comunidades nativas y campesinas en el Perú y la resistencia indígena es anunciada en el Perú”. Lima, 9 de junio de 2008. Pág. 5).

 

En el estudio sobre la cosmovisión andina-amazónico de Grimaldo Rengifo el autor explica la cosmovisión indígena de la siguiente manera:

“Al nacer el niño ya tiene como padrino a un río, o un árbol  a una deidad que será el que lo ampare por el resto de la vida (…) Y es que el niño es fruto  de la unión exitosa de sus padres biológicos, pero  también es vivenciado como hijo de la Naturaleza  o deidades protectoras de su comunidad. En este sentido tiene ya parientes sagrados”.(GRIMALDO, Rengifo: Niñez y ayllu y cosmovisión andino – amazónico”. PRATEC. Lima, agosto, 2002).

El modelo neoliberal trastoca ésta relación del indígena con la Madre Naturaleza. Constatamos cómo, en nombre de un errado concepto de desarrollo, el Estado permite la deforestación de grandes extensiones de bosques a favor de empresas nacionales y transnacionales para la inversión de las plantaciones aceiteras, caña de azúcar y otros. Para nadie es desconocida la contaminación de los ríos con el plomo y otros metales pesados y  sustancias tóxicas como efecto de una actividad minera y la extracción de manera irresponsable del petróleo. En la medida en que ésta visión mercantilista continué concibiendo los recursos naturales como objetos cambiables por dinero, se seguirá abusando de los territorios indígenas y de sus recursos naturales, poniendo el peligro la vida de los pueblos y las naciones amazónicas, del país y del planeta.

La lucha amazónica iniciada por los pueblos indígenas por la derogatoria de los decretos leyes,  va mucho más allá. Cuestiona  el modelo de desarrollo neoliberal impuesto por el fujimorato y continuado por  Toledo y García. Sabemos ahora,  que los pueblos indígenas han fortalecido su identidad indígena, seguirán imbatibles en su lucha contra este modelo,  planteando en su lugar, la no subordinación a los poderosos  intereses de las trasnacionales; mostrar con dignidad la identidad, las culturas ancestrales y el vínculo íntimo de vida humana  con la madre naturaleza.

 

Injerencia extranjera en la insurrección indígena

 

Alan García acusó a Venezuela y Bolivia de haber instigado el "levantamiento indígena", citando como “prueba” una carta de apoyo que  el presidente de Bolivia Evo Morales envió a una conferencia intercontinental de las comunidades indígenas. 

El gobierno acusó que en los sucesos de Bagua, hubo ingerencia extranjera del gobierno de Hugo Chávez y Evo Morales,  acusando de haber financiado  la protesta amazónica.  Hemos visto a través de testimonios de la población y  sacerdotes de la zona,  que en  los cincuenta y dos días de paro, los valerosos pobladores del pueblo Awajún y Wampis pasaron  hambre, comían una vez al día y dormían en la carretera. La población civil de Bagua hizo posible la solidaridad con los hermanos indígenas llevándoles alimentos y frazadas. Una falsedad más del gobierno que no logra  entender que los pueblos indígenas no desean el modelo económico de desarrollo. 

Por otro lado, ha llamado la atención el silencio del presidente Obama tan tórrido en sus discursos sobre el respeto a la diversidad étnica.  Hasta el momento no ha dicho frase alguna para condenar la matanza los hermanos indígenas amazónicos.   

 

            Pedimos al gobierno cese el perseguimiento a los Apus y líderes indígenas,  quienes son portavoces oficiales de la posición de los pueblos y comunidades afiliadas a AIDESEP. Porque, ante las muertes y el repudio internacional, el gobierno ha acusado al líder indígena,  Alberto Pisando Chota,  por los delitos contra la tranquilidad pública, rebeldía y responsabilidad intelectual en la muerte de policías en el desalojo, y el asesinato de nueve policías retenidos en la estación número 6 de la empresa Petroperú, en la zona de Imacita (Amazonas).

 

Finalmente, agradecemos al gobierno de Nicaragua, representado por su Embajador en el Perú, el Comandante Tomás Borge, por conceder el asilo político a Alberto Pisando,  que en estos momentos debe estar viajando rumbo a ese país,  luego que el gobierno  emitiera una orden de arresto en su contra, por su presunta responsabilidad en los sucesos producidos en Bagua. 

 

 

PERÚ: DERECHOS INDÍGENAS VS

DERECHOS DE LAS TRANSNACIONALES

por Mugarik Gabe

Los recientes acontecimientos en Perú han puesto sobre la mesa un asunto de suma importancia, como es el ejercicio de los derechos. Las últimas décadas han visto como en el plano internacional, refrendado en gran medida en los ámbitos nacionales, se han ido aprobando toda una importante serie de declaraciones, convenios y pactos que establecían, en mayor o menor medida, los derechos humanos individuales y colectivos. Esta sucesión de avances se ha celebrado permanentemente como un éxito continuo que define cuales son esos derechos y establece la posibilidad de identificar también a aquellos responsables de sus violaciones. Además de establecer su carácter de universales (son aplicables para todos los seres humanos), inalienables (nadie puede ser privado de ellos, salvo en determinados casos y conforme a derecho), indivisibles, interconexos e interdependientes (no basta con respetar algunos derechos humanos si otros se violan. Todos tienen la misma importancia).


Sin embargo, la práctica se aleja permanentemente de la realidad teórica y nos muestra la cruda realidad. Una cosa es aprobar derechos y otra, muy distinta, es ejercerlos. De hecho, éste es el mayor problema y cuando él mismo se pretende saltan todas las alarmas del sistema político y económico en su contra. Perú ratificó en 1993 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y, posteriormente, ha sido uno de los defensores para la aprobación, en 2007, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ambos instrumentos internacionales establecen, aunque con algunas carencias aún, los derechos individuales y colectivos de los 370 millones de personas que conforman estos pueblos en el planeta.


Pero, esa aparente actitud democrática y defensora de derechos choca frontalmente con el sistema económico internacional, con los intereses de las multinacionales y su “derecho apropiado” a la explotación de todos los recursos naturales o, por lo menos, de todos aquellos que generan a estas empresas importantes beneficios. Así, una cosa es ser sujeto de derecho sobre el territorio y recursos y otra cosa es ejercer el mismo cuando éstos están en la mira de las multinacionales y/o tratados de libre comercio, como es el caso.


Se desconoce conscientemente que la cultura y la vida, así como la identidad de los pueblos indígenas, están directamente ligadas a los territorios donde éstas se desarrollan. En este sentido, la pérdida del territorio lleva consigo consecuencias de toda índole: económicas, espirituales, sociales y políticas. El efecto más grave es el socavamiento de las estructuras socio-culturales y de la identidad como pueblo.


Esto, por que la visión que estos pueblos tienen del territorio difiere totalmente de la concepción capitalista y occidental. Para ésta última la tierra no tiene sino un valor económico en su explotación y en su propiedad; para los pueblos indígenas, el territorio lo conforma no solamente la capa superficial de la tierra sino que éste incluye las aguas, el aire, el subsuelo y, en suma, todos aquellos elementos que en su conjunto definen la identidad de un pueblo, siendo éste parte de ese territorio y no el ser superior y explotador del mismo.


Por esta razón, el derecho a la tierra y el territorio es un derecho inalienable, y su reconocimiento y ejercicio elemento central en las principales reivindicaciones indígenas.


Ante lo anterior, el gobierno peruano aduce que unos miles de indígenas (400.000) no pueden obstaculizar el desarrollo económico del país.


Sin embargo, es público y comprobado que muchos de los programas de desarrollo económico, especialmente los llevados a cabo por las multinacionales así como por las instituciones pilares del sistema capitalista como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), etc., con los pueblos indígenas, en cualquier parte del continente americano, han sido impuestos y casi nunca consultados, trasladando previsiones y requisitos ajenos que han causado la desaparición de sus bases económicas y la desestructuración sistemática de sus culturas. En esta línea, han sido vistos en muchas ocasiones como obstáculos para el desarrollo, excluyéndoseles de los procesos implementados y de los niveles de decisión. Desde fuera se dicta el camino del desarrollo que deben seguir, como si fueran menores de edad desconocedores de aquello que más les conviene. Se obvia otro derecho reconocido, cual es el que se define como consentimiento libre informado previo (o fundamentado), que traspasa el simple derecho a la consulta e implica el derecho a decir “no” a cualquier actividad de desarrollo propuesta que pudiera afectar negativamente a las tierras y territorios indígenas, así como a su integridad cultural, social y política.


En suma, y aunque así se reconoce en la teoría, en la práctica real podemos afirmar que se niega a los pueblos indígenas su propia capacidad de gestión, sus propios métodos a la hora de solucionar sus problemas y, lo que es más grave, su capacidad de hablar en su propio nombre. Se niega el ejercicio del derecho reconocido.


En el caso que nos ocupa la obligación de consultar a los pueblos indígenas y promover su participación en/sobre cualquier proyecto que les afecte se incumple flagrantemente y se aprueban, por parte del gobierno peruano, toda una serie de decretos que abren la selva amazónica a la venta y explotación de sus recursos naturales por parte de las transnacionales. Como en tantas ocasiones, el resultado final es conocido: millones de dólares de beneficios para estas empresas; alguna posta sanitaria y letrinas para las comunidades indígenas, además del territorio deforestado, los ríos contaminados y las comunidades desarticuladas política, social y culturalmente, además de hundidas en una profunda miseria. Pero todo se hace en “aras del beneficio nacional” aunque, incluso en ese plano, Perú seguirá siendo un país dependiente y con los mayores índices de pobreza del continente, excepto su pequeña clase dominante, la cual gozará de las migas de riqueza que reparten las transnacionales a cambio de abrir el país a su explotación.

Y mientras tanto, la comunidad internacional mira para otra parte, ni tan siquiera pregunta que pasó realmente en los enfrentamientos que el gobierno peruano ha planteado como ataque salvaje a la policía por parte de los atrasados indios; no preguntará por los desaparecidos, por las sospechas de cadáveres indígenas quemados, arrojados a los ríos o enterrados en fosas comunes, denunciados permanentemente por la población afectada. Ni tan siquiera planteará la necesidad de una misión de verificación internacional que pueda esclarecer lo ocurrido. Se aludirá para ello al respeto a la soberanía de los estados y que estos hechos son cuestiones internas sobre las que no se pueden inmiscuir terceros. Sin embargo, no se respeta esa misma soberanía nacional cuando se protege y se impulsa la entrada de las multinacionales en esos estados a los que se ha condenado al papel de proveedor de materias primas para el mundo rico.


Como decimos, una cosa es reconocer derechos, otra muy diferente, reconocer el derecho a ejercer esos derechos.

 

yehude el topo por ti.

PERÚ: LA SANGRE FLUYE EN EL AMAZONAS

Por: James Petras

Los veteranos combatientes indígenas no se dejaron intimidar por el terror del Estado y su resistencia ante los ataques de la policía resultó en bajas de ambos bandos


A principios de junio el presidente peruano Alan García, aliado de Barack Obama presidente de EEUU, envió blindados de transporte, helicópteros con artillería y cientos de tropas de asalto para dispersar una manifestación pacífica y legal, una protesta organizada por los miembros de las comunidades indígenas de la Amazonía del Perú que rechazaban la entrada de multinacionales mineras en sus tierras tradicionales. Decenas de indígenas fueron asesinados o están desaparecidos, decenas han sido heridos y detenidos por la policía peruana, mantenidos como rehenes. El presidente García declaró la ley marcial en la región a fin de hacer cumplir su mandato unilateral e inconstitucional de concesión de derechos de explotación de la minería a empresas extranjeras, lo que viola la integridad de las tierras comunales de los indígenas amazónicos.


Alan García no es extraño a las matanzas patrocinadas por el gobierno. En junio de 1986, ordenó a los militares bombardear a los prisioneros hacinados en las cárceles de la capital con cientos de presos políticos que protestaban contra las condiciones de su encierro , resultando más de 400 las víctimas conocidas. Más tarde, la existencia de siniestras fosas comunes reveló decenas más. Esta notoria masacre tuvo lugar mientras García era el anfitrión de una reunión en Lima de la denominada Internacional "Socialista". Su partido político, el APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), un miembro de la «Internacional», se vio ante la vergüenza de la exhibición pública de sus tendencias "nacional-socialistas", ante cientos de funcionarios socialdemócratas europeos.


Acusado en 1990 de apropiación indebida de fondos del gobierno y dejar su cargo con una tasa de inflación de casi 8.000%, aceptó apoyar al candidato presidencial Alberto Fujimori a cambio de una amnistía. Cuando Fujimori impuso una dictadura en 1992, García se auto-exilió en Colombia y más tarde en Francia. Regresó en 2001, cuando los cargos en su contra habían prescrito y Fujimori se vio obligado a renunciar en medio de acusaciones de crear escuadrones de la muerte y espionaje contra sus adversarios. García ganó las elecciones presidenciales de 2006 en una segunda vuelta contra el candidato indigenista y nacionalista ex oficial del Ejército Ollanta Humala, gracias al apoyo financiero y mediático de la derecha de Lima, los oligarcas descendientes de europeos, y las agencias de "ayuda" de EE.UU.


Ya en el poder, García no dejó dudas acerca de su programa político y económico. En octubre de 2007 anunció su estrategia de colocar a las multinacionales mineras en el centro de su programa económico de "desarrollo", mientras justificaba el brutal desplazamiento de los pequeños productores de las tierras comunales y pueblos indígenas en nombre de "modernización".

García presionó al Congreso para aceptar el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, promovido por EEUU. Perú fue uno de los tres únicos países de América Latina en apoyar esa propuesta de EE.UU., y se abrió al saqueo sin precedentes de recursos, mano de obra, tierra y mercados por las multinacionales. A finales de 2007, García empezó a conceder enormes extensiones de tierras tradicionales de los indígenas en la región del Amazonas para la explotación de la minería y la energía a multinacionales extranjeras. Esto fue una violación del acuerdo de la OIT de 1969 que obliga al gobierno peruano a consultar y negociar con los indígenas lo que tenga que ver con la explotación de sus tierras y ríos. Bajo su política de "puertas abiertas", el sector minero de la economía se expandió rápidamente y obtuvo enormes ganancias a partir del récord mundial de precios de productos básicos y el aumento de la demanda de materias primas por parte de Asia (China).


Las empresas multinacionales fueron atraídas por la baja de impuestos y un prácticamente libre acceso al agua con cánones baratos y la subvención del gobierno a las tarifas de electricidad. La suspensión de los reglamentos ambientales en estas regiones ecológicamente frágiles, aumenta la contaminación de los ríos, las aguas subterráneas, el aire y el suelo en los alrededores de las comunidades indígenas. El envenenamiento provocado por las operaciones mineras llevó a la muerte en masa de peces y hacen que el agua no sea apta para beber. El diezmado de bosques tropicales socava el sustento de decenas de miles de pobladores que participan en el trabajo artesanal tradicional de subsistencia, en la recolección forestal y las actividades agrícolas.


Los beneficios de la bonanza de la minería van principalmente a las empresas extranjeras. El régimen de García distribuye los ingresos del Estado a sus partidarios financieros y especuladores inmobiliarios, los importadores de artículos de lujo y la camarilla política en la Lima fuertemente custodiada de zonas residenciales y clubes exclusivos. Mientras los márgenes de beneficio de las multinacionales llegan a un increíble 50% y los ingresos del gobierno superan los mil millones de dólares, las comunidades indígenas carecen de caminos pavimentados, agua potable, servicios básicos de salud y escuelas. Peor aún, han experimentado un rápido deterioro de su vida cotidiana porque la afluencia de capital minero provocó un aumento de los precios de los alimentos básicos y medicinas. Incluso el Banco Mundial en su Informe Anual para 2008 y el Financial Times de Londres, instaron al régimen de García a hacer frente a la crisis y el descontento creciente entre las comunidades indígenas.


Delegaciones de las comunidades indígenas habían viajado a la ciudad de Lima para tratar de establecer un diálogo con el Presidente a fin de evitar la degradación de sus tierras y comunidades. Los delegados se encontraron con las puertas cerradas. García sostuvo que "el progreso y la modernidad proviene de las grandes inversiones realizadas por las multinacionales..., (y no de) los pobres campesinos que no tienen un centavo para invertir". Interpretó los llamamientos al diálogo pacífico como un signo de debilidad de los habitantes indígenas de la Amazonia y aumentó las sus concesiones de explotación a las multinacionales extranjeras, incluso más adentro en el Amazonas. Cortó prácticamente toda posibilidad de diálogo y compromiso con las comunidades indígenas.


La respuesta de las comunidades indígenas amazónicas fue la formación de la Asociación Inter-étnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Se celebraron protestas públicas durante más de 7 semanas que culminaron en el bloqueo de dos carreteras transnacionales. Esto enfureció a García, quien se refirió a los manifestantes como "salvajes y bárbaros" y envió unidades policiales y militares para reprimir la acción de masas. Lo que García no tuvo en cuenta fue el hecho de que una proporción significativa de los hombres indígenas en esas aldeas se había desempeñado como conscriptos en el ejército que peleó en la guerra de 1995 contra Ecuador, mientras que otros habían sido entrenados en la defensa de la autonomía local por las organizaciones de la comunidad.

Estos veteranos combatientes no se dejaron intimidar por el terror del Estado y su resistencia ante los primeros ataques de la policía resultó en bajas de ambos bandos, la policía y los indígenas. García declaró "la guerra a los salvajes" y envió una gran fuerza militar con helicópteros, blindados y tropas con órdenes de "tirar a matar". Los activistas de la AIDESEP cuentan más de un centenar de muertos entre los manifestantes indígenas y sus familias: los indios fueron asesinados en las calles, en sus hogares y lugares de trabajo. Se cree que los restos de muchas víctimas han sido arrojados en las quebradas y ríos.


CONCLUSIÓN


Como era previsible el régimen de Obama no emitió ni una sola palabra de preocupación o de protesta ante una de las peores masacres de civiles en esta década perpetrada por uno de sus más cercanos aliados en América Latina. García, tomando su libreto de una conversación con el Embajador de los EE.UU., acusó a Venezuela y Bolivia de haber instigado el "levantamiento indígena", citando como "prueba" una carta de apoyo que el presidente de Bolivia Evo Morales envió a una conferencia intercontinental de las comunidades indígenas celebrada en Lima en mayo. Se impuso la ley marcial y toda la región amazónica del Perú está siendo militarizada. Están prohibidas las reuniones y los miembros de las familias tienen prohibida hasta la búsqueda de sus parientes desaparecidos.


A lo largo de América Latina, las principales organizaciones indígenas han expresado su solidaridad con los movimientos indígenas del Perú. En ese país, los movimientos sociales, sindicatos y grupos de derechos humanos han organizado una huelga general para el 11 de junio. Temiendo la propagación de las protestas masivas, El Comercio, el diario conservador de Lima, aconsejó a García adoptar algunas medidas de conciliación para evitar un levantamiento urbano generalizado. Un día antes, el 10 de junio, se declaró una tregua, pero las organizaciones indígenas se negaron a poner fin al bloqueo de las carreteras a menos que el gobierno derogue su decreto de concesión ilegal de tierras.


En el ínterin, un extraño silencio se cierne sobre la Casa Blanca. Nuestro Presidente, el habitualmente bullanguero Obama, experto en recitados acerca de la diversidad y la tolerancia y alabar la paz y la justicia, no puede encontrar en su secuencia de frases preparadas, una sola para condenar la matanza de decenas de habitantes indígenas de la Amazonía peruana. Cuando se cometen graves violaciones a los derechos humanos en América Latina, EE.UU. respalda a un presidente- cliente que sigue las fórmulas de Washington de "libre comercio", desregulación de la protección del medio ambiente y hostilidad hacia los países anti-imperialistas (Venezuela, Bolivia y Ecuador). Obama antepone la complicidad a la condena.

LA CACERÍA DE ALAN GARCIA A LOS NATIVOS PERUANOS

Por:  Fermín Tiwi Paati

Con este pequeño artículo que quiero compartir con todos/as los/as los amigos/as, quisiera partir con una pregunta, tal vez para muchos peruanos sobre todo costeños, no tengan la misma fuerza, la misma conciencia que el pueblo jíbaro que se sienten parte de la naturaleza y por eso defienden con furia contra los agentes saqueadores de los recursos naturales de la amazonía y contaminadores del medio ambiente. Como muchos somos testigos de los últimos sucesos tan lamentables por las pérdidas de los seres humanos (Awajún-Wampis) quienes han estado protestando legítimamente en defensa de sus territorios ancestrales al haber sido objeto de vulneración de sus derechos a través de la dación de serie de paquetes legislativos lesivos a los derechos indígenas por parte del gobierno de García han sido doblemente agredidos y objetos de violaciones de sus derechos; por un lado, enfrentando las agresiones de política etnocida con la llamada “Ley de la Selva” y por otro lado, agresiones bélicas excusándose el cumplimiento de reestablecer el orden acribillando a más de cien vidas de los hermanos indígenas.


Justo lo que me pregunto es, si el 5 de Junio del 2009, para los restos de los países hermanos que se celebran grandemente por ser el día mundial del Medio Ambiente, ¿cómo llamará García esa fecha cuando para el pueblo Awajún-Wampis ese día es el día de “la cacería de Alan García a los nativos peruanos” dejando una huella ardorosa en la historia Awajún-Wampis por haberlos intimidados salvajemente?.


Ya pasaban 54 días de protesta pacífica desde el inicio del Paro Amazónico hasta la fecha de la cacería del señor Alan García a los pobres hermanos Awajún-Wampis que se encontraban en estado de total desventaja, pasando hambre, sed, cansancio, con un pésimo estado de salud y apenas con sus lanzas y palos para cualquier eventual ataque de la jauría de García porque en los lugares de la protesta amazónica estaba declarado estado de emergencia, que suspendía varios derechos fundamentales y poniéndose así en graves riesgos de la integridad física, el cuerpo y la salud de los hermanos Awajún-Wampis.


A pesar de ello, la resistencia de los hermanos Awajún-Wampis fue cada vez más fuerte exigiendo las derogatorias de la “Ley de la Selva” que se dieron a través de varios paquetes legislativos Nº 1020, 1064, 1080, 1081, 1089 y 1090 por el poder ejecutivo. Sin embargo, no fueron escuchados y el señor García solo los tuvo entreteniendo y ninguneando a los reclamos legítimos de los Awajún-Wampis, con el falso discurso de siempre decir que estas normas estaban hechas para que los nativos de la amazonía salgan de la pobreza extrema, a pesar de que estas normas están cuestionadas por la Defensoría del Pueblo y los pueblos indígenas por ser lesivos a los derechos territoriales ancestrales de los pueblos indígenas y por violar el derecho a la consulta, porque así estable en el artículo 6.1.a del Convenio Nº 169-OIT ratificado por el Estado peruano que forman parte del derecho nacional (Art. 55 Const. ’93).


Muchos se preguntarán ¿por qué el derecho a la consulta a los indígenas?, porque el derecho a la consulta es un derecho colectivo de los pueblos indígenas, el gobierno está en la obligación de consultar a los pueblos indígenas cada vez que se quiera aplicar medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a los intereses o derechos de los pueblos indígenas. Es clarísima en este sentido que el señor García nunca consultó a los indígenas y como presidente de la república no debe excusarse de ingenuo en conocer el problema indígena, por eso están sus ministros y sus asesores.


Entrando en el punto de la cacería de Alan García a los Awajún-Wampis, es la práctica de su política etnocida, el uso de fuerzas bélicas y quitar la vida a más de 103 Awajún-Wampis es un acto de exterminiod a los indígenas amazónicos porque son indígenas. Esta actitud del gobierno configura el delito de genocidio. Según la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, artículo 2 (y Estatuto de la Corte Penal Internacional, Art. 6): señala claramente que, “En la presente Convención (A los efectos del presente Estatuto), se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: (…) c). Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”. Estas prácticas del señor García no son características de la democracia de ninguna parte, y tendrá que asumir su responsabilidad política y responsabilidad penal, porque estos hechos se condenan a nivel mundial. Ahora no va a venir a engañar al pueblo entero que su acto es legítimo como se vio y se escuchó decir sus ministros a través de medios de comunicaciones.


Si miramos con ojos abiertos, el uso de los armamentos bélicos solo se dan en caso de guerras entre estados, aquí nuevamente la pregunta ¿contra quién estaba declarando la guerra el señor García, acaso no eran peruanos los nativos?, ¿fue un error y un mal cálculo para el reestablecimiento del orden?. No. Es un ensañamiento de su ideología de limpieza indígena, porque su política de gobierno lo dice, la ansiedad que tiene de sacar y vender rematando todos los recursos naturales que hay en la amazonía a costa de todo: matando gente, vendiéndole sus tierras, aún así echan de barbarie, salvajes a los indígenas, sin embargo, su acto cometido muestra de un ser animal-hombre, no digo, hombre-animal. Ahora bien, como dirán tal vez varias personas que no conocen el problema indígena: qué bien que ha puesto orden nuestro presidente, ahora viviremos bien seguros y felices porque ya no habrá más paro. Sin embargo, esta práctica no es la de poner orden, sino generar más violencia, el gobierno ha creado el terror contra los nativos.


Frente a esta situación escuchamos en varios medios de comunicaciones alanizados o apristizados las opiniones de los políticos allegados del gobierno, congresistas de la bancada oficialista, el mismo presidente y sus ministros, tratando de justificarse de sus barbaries que han cometido contra la vida de los Awajún-Wampis, dando falsas informaciones como se pudo escuchar en TV a Jehude Simon, los números de muertos, tratando de confundir al público que habían más números de muertos de los policías que los AWajún-Wampis, 8 policías muertos y 3 nativos.

Por favor. ¿Por qué no es conciente decir que hay más de 103 muertos nativos y 16 policías?. Y el eterno congresista Maurio Mulder acusando a los nativos como terroristas. Basta ya de mentiras. Las actitudes terroristas los están creando ellos mismos (el gobierno y sus bancadas oficialistas) y los echan culpa a los pobres inocentes que defienden sus derechos.


Quisiera finalmente invocar a todas las instituciones defensores de los derechos humanos, activistas, amigos intelectuales, estudiantes y la sociedad civil en general hago un llamado que no puede quedarse impune la responsabilidad política y penal del señor García y sus ministros Jehude Simon, Mercedes Cabanillas, Antero Flores Araos, que han permitido ocasionar esta barbarie contra los nativos, que no han sabido prever ni solucionar sus problemas. Es una gran pena las pérdidas humanas tanto nativos como policías. Asimismo, es una gran ofensa que el gobierno declare duelo nacional sin mencionar a los hermanos Awajún-Wampis muertos y declarar como héroes a los policías muertos como que hayan enfrentado a los enemigo. Si es así, pues, el mismo gobierno es enemigo de los indígenas ¿Ya ven?. La vida de los indígenas para el señor García no le importa nada. Como comprenderán, muchos policías han muerto, sin embargo, sus hijos o sus familiares están asegurados por el Estado, y los nativos que muchos de ellos son padres de familia, con hijos escolares, y las madres Awajún-Wampis muertas, Dios sabe, que muchos de los nativos se quedarán inválidos que no tienen seguro de vida, ¿Cómo va a ser el reconocimiento del señor García a los pueblos indígenas de la amazonía por haberlos quitado a más cientos de vida de los pobres hermanos Awajún-Wampis?.



(*) Estudiante de Maestría en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP, Bachiller en Derecho y Ciencia Política por la Universidad San Martín de Porres, Diplomado en Derechos Humanos en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos por la USMP y American Unversity Washington College Of Law.

MASACRE EN LA AMAZONIA:

LA GUERRA POR LOS BIENES COMUNES
Por: Raúl Zibechi

La masacre perpetrada el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio, contra indios amazónicos por el gobierno de Alan García, es el último capítulo de una larga guerra por la apropiación de los bienes comunes, apoyada en la firma del TLC entre Perú y los Estados Unidos.


A las seis de la mañana del viernes 5 de junio despegaron tres helicópteros MI-17 de la base de la Policía Nacional en El Milagro, sobrevolaron la Curva del Diablo—parte de la carretera que une la selva con la costa norte—que estaba ocupada desde hacía diez días por unos cinco mil awajún y wampis (antes llamados jíbaros). Lanzaron gases lacrimógenos sobre la multitud (aunque otras versiones dicen que además dispararon metralletas) mientras de forma simultánea un grupo de agentes arremetió en tierra contra el bloqueo disparando sus fusiles AKM. Allí se habrían producido un centenar de heridos de bala y entre 20 y 25 muertos.


La población de la cercana ciudad de Bagua, unos mil kilómetros al noreste de Lima, cerca de la frontera con Ecuador, salió a las calles en apoyo de los indígenas, incendiando instituciones estatales y locales del oficialista partido aprista (APRA). Varios policías fueron atacados y muertos en venganza, mientras otros indígenas eran muertos por la policía. A la vez, fueron tomados como rehenes un grupo de 38 policías que custodiaban una estación petrolera en la Amazonia, algunos de los cuales habrían sido muertos por sus captores, mientras unos mil inidos amenazaban con incendiar la estación número 6 del oleoducto norperuano.


Las versiones son contradictorias. El gobierno aseguró, tres días después de los hechos, que hay once indígenas y 23 policías muertos. Las organizaciones indígenas señalan que los muertos en sus filas llegarían a 50 y habría hasta 400 desaparecidos. Según testigos los militares incineraron cadáveres y los arrojaron al río para ocultar la masacre, a la vez que tomaron prisioneros heridos en los hopitales. En todo caso, lo seguro es que el gobierno envió fuerza armada para desalojar una protesta pacífica que llevaba 57 días focalizada en las regiones selváticas de cinco departamentos: Amazonas, Cusco, Loreto, San Martín y Ucayali.


El día 8, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la OEA, condenó los hechos de violencia, recordó al Estado peruano su obligación de esclarecer los hechos y de reparar sus consecuencias y llamó a las partes a promover un proceso de diálogo1. El día 9 la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció "haber registrado una serie de irregularidades y posibles violaciones a los derechos humanos" en la zona de Bagua. Destacó la negativa del gobierno a informar qué personal policial está encargado de la investigación de los hechos, su preocupación por la situación de 25 detenidos en el cuartel de El Milagro y los 99 detenidos desde que se implantó el toque de queda en Bagua2.


El presidente García acusó a los indios de "terroristas" y habló de una "conspiración internacional", en la que según sus ministros estarían involucrados Bolivia y Venezuela, ya que como países productores de gas y petróleo buscarían evitar que Perú explote esos recursos y se convierta en competidor3. Hace pocas semanas Perú otorgó asilo al dirigente antichavista venezolano Manuel Rosales, acusado de corrupción, y a tres ex ministros bolivianos del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada procesados por la muerte de cerca de setenta personas durante la "guera del gas" en octubre de 2003.


Sin embargo, el martes 9 se produjo la renuncia de la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso, en discrepancia con la forma como el gobierno ha manejado la situación. Según el primer ministro Yehude Simon, la renuncia se debió a su discrepancia con un spot publicitario emitido por el gobierno en el cual, con el fondo de fotos de los policías muertos y de indígenas portando lanzas y flechas, se presenta a los nativos como "salvajes", "asesinos feroces" y "extremistas" que siguen "consignas internacionales" para "detener el desarrollo del Perú" e impedir que el país "disfrute de su petróleo". El anuncio asegura que no hubo represión sino "un asesinato salvaje de policías humildes"4.


El dirigente de AIDESEP (Asociación Interétnica por el Desarrollo de la Selva Pereuana), que reúne a 300 mil indígenas y 1.350 comunidades, Alberto Pizango, fue considerado como "delincuente" por la ministra del Interior Mercedes Cabanillas y se pidió su captura, por lo que pidió refugio en la embajada de Nicaragua en Lima. La bancada parlamentaria oficialista, acusó a la izquierda, al dirigente del Partido Nacionalista del Perú, Ollanta Humala, y a los medios de comunicación amazónicos de "haber azuzado actos de violencia para que los nativos ataquen a la policía" y amenazó con una demanda por terrorismo.


El conflicto había comenzado el 9 de abril con la movilización de los pueblos amazónicos y la toma de carreteras y ductos de gas y petróleo, contra la implementación de una batería de decretos en el marco de la implementación del TLC. Pero la situación se agravó el jueves 4, cuando el APRA impidió al Congreso debatir la derogación de algunas leyes cuestionadas por los indígenas, que ya contaban con un dictamen de la Comisión de Constitución por considerarlas inconstitucionales.

 

El perro del hortelano


El TLC con Estados Unidos comenzó a negociarse en mayo de 2004 bajo el gobierno de Alejandro Toledo (2000-2005). El tratado estaba destinado a sustituir la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas, firmada en 2002 y vigente hasta diciembre de 2006. El TLC elimina obstáculos al intercambio comercial y además facilita el acceso a bienes y servicio y los flujos de inversiones, pero incluye como se sabe una amplia gama de temas vinculados a la propiedad intelectual, contrataciones públicas y de servicios, y solución de controversias.


El TLC fue suscrito el 8 de diciembre de 2005 en Washington, siendo presidentes Alan García y George W. Bush. En junio de 2006 fue ratificado por Perú y en diciembre de 2007 por el Congreso de los Estados Unidos. El 1 de febrero de 2009 entró en vigor luego de que Bush y García lo firmaran el 16 de enero de ese año.


La firma del TLC provocó grandes movilizaciones en 2005, sobre todo por parte de campesinos que se mostraron como el sector más perjudicado por la eliminación de aranceles y protecciones comerciales. Aunque el gobierno aseguró que daría compensaciones a los productores, éstas nunca llegaron. El 18 de febrero de 2008 se produjo la Paralización Nacional Agraria con cortes de rutas en todo el país que se saldaron con cuatro muertos por la represión policial y la imposición del Estado de Emergencia en ocho provincias.


El 28 de octubre de 2007 Alan García publicó un largo artículo en el diario El Comercio, de Lima, bajo el título "El síndrome del perro del hortelano". Considera la naturaleza como un recurso, y sostiene que negarse a expolotarla es una tontería, pasando por alto cualquier debate sobre la conservación de la Amazonia: "El viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se disfrazó de proteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en el siglo XXI para ser medioambientalista".


En su opinión, los que se oponen a la explotación intesniva de la Amazonia son como el perro del hortelano, que "no come ni deja comer". "Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de hectáreas de mar a los que no entran jamás la maricultura y la producción. Los ríos que bajan a uno y otro lado de la cordillera son una fortuna que se va al mar sin producir energía eléctrica", dice en su artículo.

"El primer recurso es la Amazonia", asegura. Son 63 millones de hectáreas que propone parcelar en grandes propiedades de "5.000, 10.000 o 20.000 hectáreas, pues en menos terreno no hay inversión formal de largo plazo y de alta tecnología".


Sobre la tierra, apunta que no se debe "entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir", y que "esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología". Poco le importa que esas tierras sean propiedad colectiva de las comunidades, ya que en su opinión son apenas "tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente".

 

El TLC y los Decretos Legislativos


En base a esa lógica de convertir todo en mercancía, el gobierno pidió al Congreso facultades para legislar los temas relativos a la implementación del TLC a través de Decretos Legislativos (DL). El 19 de diciembre de 2007, el Congreso le otorga plenas facultades al gobierno para legislar durante seis meses por decreto materias vinculadas al TLC, a través de la Ley 29157. Amparado en esas potestades, elabora 99 DL que están en la base de la polémica actual.

Un informe jurídico independiente difundido por OXFAM América, concluye que el Poder Ejecutivo aprovechó las atribuciones cedidas temporalmente por el Parlamento "para expedir un amplio número de normas con ninguna o muy escasa vinculación efectiva con el TLC, distorsionando y desnaturalizando así los términos de la delegación aprobada por el Congreso"5.


En consecuencia, el informe establece que "tales decretos pueden ser calificados de inconstitucionales por razones de forma", cuestión que "ameritaría su derogación" por parte del Congreso o del Tribunal Constitucional. Además, señala que a través de los 99 DL "se ha buscado realizar una reforma sustantiva del marco organizativo y competencial de diversas entidades del Estado, así como del régimen regulatorio aplicable a actividades económicas de especial relevancia", sin relación estricta con el TLC6.


Los más controvertidos son los DL 1015 y 1073, declarados inconstitucionales por el informe de OXFAM, por modificar el número de votos requeridos para vender las tierras comunales (sólo tres votos podían enajenar la tierra de lacomunidad). El 1015 fue derogado por el Congreso en agosto de 2008. El DL 1064 (Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agrario), deja sin efecto el requisito de acuerdo previo para emprender proyectos y se lo considera también inconstitucional.


El DL 1083 (Promoción del Aprovechamiento Eficiente y la Conservación de los Recursos Hídricos) favorece la privatización del agua a grandes usuarios como las empresas mineras. Además los DL 1081, 1079 y 1020 liberalizan diversos aspectos de la legislación en áreas de explotación minera, maderera y de hidrocarburos. Pero ha sido el DL 1090 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre) uno de los ejes de la polémica. Deja fuera del régimen forestal 45 millones de hectáreas, o sea el 64% de los bosques del Perú, incluida la biodiversidad de flora y fauna, con lo que podrían ser vendidos a empresas transnacionales.


El 9 de abril las 1.350 comunidades que integran AIDESEP acuerdan iniciar movilizaciones al interior de sus comunidades. El primer ministro Yehude Simón, ex aliado del grupo armado MRTA (Movimietno Revolucionario Tupac Amaru), califica el 18 de abril las demandas indígenas de "caprichos". El 5 de mayo los obispos de ocho vicariatos católicos exigen al presidente Alan García derogar los DL porque los consideran una "amenaza para la Amazonia". El 10 de mayo el gobierno decreta el Estado de Emergencia en cinco regiones del país donde se producen cortes de rutas y paralización de puertos y oleoductos.


El 19 de mayo, la Comisión de Constitución del Parlamento declara el DL 1090 como inconstitucional. El informe elevado por la Comisión7, establece en sus conclusiones que el decreto "no respeta las limitaciones que establecen los artículos 101 y 104 de la Constitución Política, en cuanto a las materias prohibidas de ser legisladas". Además señala que "contraviene el artículo 66 de la Constitución, al regular la materia de recursos naturales, que está exclusivamente reservada a la ley orgánica".


En suma, los legisladores acordaron que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para legislar por decreto en ciertas materias, según lo estipula la Constitución, tarea que recae exclusivamente en el Congreso. La decisión de la comisión debería ser debatida por el pleno del Congreso, pero el 22 de mayo la ministra de Justicia Rosario Fernández, denuncia a Alberto Pizango, dirigente de AIDESEP, por sedición y conspiración. El 26 de mayo awajún y wampis toman la carretera Belaúnde Terry en la Curva del Diablo y unos 1.200 indios vigilan la Estación 6.


El 26 de mayo se produce una masiva movilización en Lima en apoyo a la lucha amazónica. El 28 de mayo comuneros de la selva de Cusco toman una segunda válvula del gasoducto de Kamisea. El 1 de junio industriales y exportadores exigen al gobierno "aplicar la ley" para liberar carreteras y ductos en la Amazonia. El 2 de junio la presidenta del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas pide algobierno peruano "suspender inmediatamente el estado de sitio en contra de las comunidades y organizaciones indígenas" y "evitar cualquier acción, como la intervención militar, que podría aumentar el conflicto"8.


El 4 de junio en el Parlamento la mayoría aprista decide suspender el debate sobre la inconstitucionalidad del DL 1090. La Defensoría del Pueblo presenta un recurso de inconstitucionalidad contra el DL 1064. El 5 de junio, 639 agentes de la Dirección de Operativos Especiales y personal de las fuerzas armadas atacan a los indígenas en la Curva del Diablo con decenas de muertos, cientos de heridos y desaparecidos.

 

La masacre de los penales


El 18 de julio de 1986, a las seis de la mañana, los presos políticos pertenecientes a Sendero Luminoso en las cárceles de San Juan de Lurigancho y El Frontón, y el penal de mujeres Santa Mónica, en Lima y Callao, se amotinaron de forma coordinada. Los hechos sucedieron de forma simultánea a la realización de un congreso de la Internacional Socialista en Lima, en el que participaba el Partido Aprista Peruano encabezado por el entonces presidente Alan García.


Los presos elevaron un pliego de 26 demandas vinculadas a la mejora de las condiciones de reclusión. Una reunión del Consejo de Ministros encargó a las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina la recuperación de los penales. El primero fue la cárcel de mujeres a cargo de la Guardia Republicana, que demolió una pared, lanzó gases paralizantes y liberó a los rehenes con un saldo de dos presas muertas.


A medianoche se inició el ataque a la cárcel-isla de El Frontón por parte de la Infantería de Marina. El director del penal, el juez y el fiscal protestaron por la presencia de marinos a quienes negaron autorización para ingresar al edificio. En el asalto murieron tres miembros de las fuerzas armadas, un rehén y 135 presos, sobreviviendo apenas 34. En Lurigancho actuó la gendarmería y el Ejército con un saldo de 124 senderistas muertos y ningún uniformado.


El escándalo nacional e internacional fue enorme. Americas Watch aseguró que fue "el más devastador atentado contra los derechos humanos en el Perú en décadas", ya que "se mató a sangre fría a gran cantidad de prisioneros después de haberse rendido". La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó los hechos y una comisión parlamentaria encontró suficientes pruebas para determinar la responsabilidad política del presidente. Sin embargo, Alan García otorgó impunidad a los autores de la masacre. El vicealmirante Luis Giampietri Rojas, jefe del operativo de la Marina en El Frontón, es el actual vicepresidente del segundo gobierno de Alan García.


Un documento publicado por la iglesia católica el mismo 19 de junio, titulado "Masacre de los penales de Lima", hace un breve y estremedor relato de esos hechos: "En Santa Bárbara –cárcel de mujeres- interviene la Guardia Republicana. Los rehenes son liberados. Hay dos reclusas muertas. En Lurigancho intervienen el Ejército y la Guardia Republicana. Al amanecer del 19 un rehén es liberado. Los ciento veinticuatro reclusos son fusilados después de rendirse. En El Frontón, la operación se encomienda a la Marina que bombardea el Pabellón Azul durante todo el día. Sobreviven treinta internos que se rinden. Eran alrededor de doscientos detenidos. En todo el proceso se impide el acceso a las autoridades civiles: jueces, fiscales, directores de penales. Tampoco a la prensa".


La Comisión de la Verdad y Reconciliación sostuvo que la matanza fue un punto de inflexión en la política antiterrorista, ya que hasta ese momento Alan García había mostrado interés en frenar las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, pero partir de ese momento alentó la represión.


Con semejantes antecedentes, cabe esperar una agudización de la represión por parte del gobierno peruano. La protesta amazónica no ha bajado en intensidad luego de la masacre: la casi totalidad de los 56 pueblos indígenas amazónicos reafirmaron que continuarán con los bloqueos hasta que el gobierno retire los Decretos Legislativos que violan el Convenio 169 de la OIT y los derechos sobre sus territorios. Según todos los testimonios, la situación es explosiva.

En un intento tardío por descomprimir la situación, el día 10 el Congreso con los votos del APRA y los fujimoristas, aprobó la suspensión de dos de los nueve Decretos Legislativos más cuestionados por los indígenas. Los DL 1090 y 1064 quedaron suspendidas indefinidamente. La decisión puede ser apenas una maniobra dilatoria o bien abrir espacios para una negociación. Sin embargo, tanto la huelga amazónica como las marchas en las principales ciudades del país fueron confirmadas luego de conocerse el paso atrás dado por el gobierno.


Hugo Blanco, legendario luchador social peruano y editor del mensuario Lucha Indígena, esboza en su editorial un mirada de largo aliento: "Luego de 500 años de silenciamiento, los amazónicos reciben el respaldo de los pueblos del Perú y del mundo. Puede ser que el mayor logro de estas jornadas sea el visibilizar esas nacionalidades, tejiendo lazos entre los diversos sectores del país, tan divididos por quienes nos dominan. Al defender la Amazonia están defendiendo la vida de toda la humanidad; y al no ceder ante los engaños del gobierno, están re-escribiendo la historia, recuperando para todos el sentido de la palabra dignidad"9.



 

YEHUDE por ti.

UN GOBIERNO EN LA CURVA DEL DIABLO

Por: Augusto Álvarez Rodrich

 

La más grave crisis social de Alan García.

 

Los que empujaron al gobierno a ‘resolver’ la crisis amazónica con un acto de fuerza que fuera ‘ejercicio de autoridad’, ya deben estar satisfechos por el desenlace sangriento en Bagua, pero la verdad es que ayer fue un día lamentable para el país que, además, significó la crisis social más grave del gobierno de Alan García y que, sin duda, perfilará los dos años que le quedan.

 

Las tres decenas de muertes contadas al cierre de esta columna, entre policías y pobladores, significan el fracaso de la política, de la sensatez, del diálogo y de la negociación como mecanismos de solución de las diferencias; y el triunfo de la intolerancia, de la prepotencia, de las balas y de la muerte.

 

Ambos lados del conflicto carecieron de prudencia para manejar el conflicto: las comunidades nativas radicalizándose peligrosamente a medida que el Ejecutivo y el Legislativo se peloteaban el problema con irresponsabilidad criminal.

 

El país ha estado sometido a una tensión creciente por una movilización social en la Amazonía debido a unos decretos bien intencionados pero que nacieron heridos de muerte, pues se promulgaron sin ningún tipo de consulta o acercamiento con las organizaciones que representan a sus comunidades.

 

La otra tensión estuvo en el presidente García. Unos reclamaban “resolver” este problema de chunchos, curas rojimios y ONG perversas con balas para que el gobierno no pareciera un timorato. Otros, sugerían que tantos años de desconfianza acumulada por un sentimiento profundo de desprecio ancestral no se podían solucionar con una cowboyada sangrienta.

 

El gobierno manejó el problema con dualidad: establecía mesas de diálogo pero abría juicios a los dirigentes y enviaba a APCI a perseguirlos. Al final, ganó la opción violenta, enfatizando de ese modo la arrogancia con que se conduce el gobierno y su convicción errada de que el único diálogo fructífero es con la inversión privada; con el resto, es decir, con los ‘perros del hortelano’, cree que pierde el tiempo.

 

Ahora, para justificar lo sucedido ayer, el gobierno acusa a los nativos de “politiquería radicaloide de grupos violentistas vinculados al terrorismo” y de ser “administradores de dinero mal habido” y agentes de “intereses internacionales” vinculados al petróleo que no quieren que se exploten los recursos de la Amazonía ni que el Perú progrese (¿Hugo Chávez?).

 

Son acusaciones que el gobierno debería probar pues, mientras, la única constatación es su incapacidad notoria para enfrentar un problema complejo como el de la Amazonía. Bloquear carreteras es, sin duda, un delito. Pero también debiera serlo el comportamiento indolente del burócrata de Lima que no hace nada hasta que  explota la bomba de tiempo.

 

GOBIERNO AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS

SE REQUIERE MÁS DIÁLOGO, MENOS MATONERÍA.

 

La entrevista ofrecida ayer por Mercedes Cabanillas a La República constituye una revelación patética no solo de la difícil circunstancia por la que ella atraviesa sino del gran atolladero en que se ha metido todo el gobierno. Salir del mismo requerirá inteligencia antes que la prepotencia con que está respondiendo.

 

Las declaraciones de la ministra del Interior sobre la mayor tragedia policial que se recuerde la presentan en el reino del ‘no sabe/no opina’, del ‘mayormente desconozco’ y del ‘soy ministra pero no sé nada’ pero, principalmente, desesperada por evadir una responsabilidad política ineludible, lo cual, además, agravará la alicaída moral de la Policía Nacional.

 

Si Cabanillas, que tiene temple y experiencia política, anda en esa actitud, se puede entender el endurecimiento adoptado por el gobierno en su conjunto, el cual está respondiendo a la crisis con la misma torpeza que tuvo cuando se metió en ella, por su exclusiva responsabilidad y no por la conspiración que inventa para camuflar su ineptitud y arrogancia.

 

Hoy el gobierno enfrenta un cuadro descalabrado por la confluencia de varios factores: 1) Las leyes que defendió a capa y espada están suspendidas pero en la práctica derogadas. 2) Debió retirar el absurdo spot publicitario que se volvió emblema de su torpeza y arrogancia. 3) Debe cargar con la responsabilidad de alrededor de cuarenta muertes, incluyendo veinticinco policías que fueron enviados como carne de cañón. 4) Sin credibilidad para, por ejemplo, dar cuenta del número de pobladores muertos en la revuelta. 5) La selva sigue convulsionada y la protesta llega, como ayer, a las ciudades. 6) Deterioro de su reputación internacional por la manera como manejó la crisis, como se puede leer en los informes del influyente The Economist. 7) Retiro por 120 días de congresistas opositores, lo que se ve muy mal. 8) Hostilidades a la prensa. 9) Un asilado político. 10) Un país peligrosamente dividido.

 

¿En qué falló el gobierno? En la forma (por no consultar a las organizaciones de la selva y luego tratarlas con desprecio) y en el fondo, pues cada vez hay más expertos –como Margarita Benavides– que desnudan las deficiencias de las normas.

La responsabilidad es del gabinete que las creó –el de Jorge del Castillo– y del que las defendió –el de Yehude Simon– y alcanza a varios ministros por su diseño y legalidad (Comercio Exterior, Justicia, Agricultura, Ambiente, entre otros) y por el control de la protesta (Interior).

 

La superación de este momento complicado del gobierno no será –como hasta ahora– con prepotencia y matonería sino con humildad, diálogo y legalidad. El gabinete debe irse pero el presidente debe cambiar de rollo antes de que la factura por pagar sea más abultada.

 

LOS LADRIDOS QUE ATIENDE EL PRESIDENTE GARCÍA.

 

Los que le sugirieron al gobierno que resolviera las protestas regionales con bala y sangre –camufladas del ‘principio de autoridad’–, están ahora como perros asustados, con el rabo entre las piernas, pues la evidencia es que han empujado al presidente Alan García a la mayor crisis de su segundo mandato y es posible que –como se dice en la economía– esta todavía no haya tocado fondo pues las cosas aún pueden empeorar.

 

Al hacerle caso a esas posiciones, algunas dejando huella hasta por escrito, el presidente García ha puesto a su gobierno, innecesariamente, contra las cuerdas, no solo por lo ya ocurrido –el penoso saldo de muertes de policías y de pobladores–, sino por la implicancia futura de lo que está sucediendo.

 

Para empezar, la protesta en la selva, que tuvo su ‘epicentro’ en Bagua, continúa y se ha desplaza a varias otras zonas como Apurímac, Cusco o Madre de Dios. Asimismo, el gobierno se ha quedado sin libreto pues los últimos eventos le han colgado el cartel ‘QEPD’ al esquema del ‘perro del hortelano’.

 

De otro lado, el gabinete ministerial está, a pesar del refresco de Francis Allison, en la lona y al borde del K.O. La mayoría de sus integrantes ha perdido liderazgo y capacidad de acción. Para no hablar del muy magullado premier Yehude Simon, la titular del Interior, Mercedes Cabanillas, enfrenta la evidencia de un proceso de decisiones negligente que acabó produciendo tanto la muerte de policías como de pobladores, mientras la manera como pretende evadir su responsabilidad está generando más desmoralización en la policía.

 

¿Qué hacer ahora? Lo prudente y sensato sería apostar, con caras nuevas, por el diálogo como salida a la crisis con el fin de enfrentar el miedo de los nativos a perder sus tierras y su antigua lucha para que se respeten sus costumbres ancestrales.

Sin embargo, hay quienes quieren que el gobierno no salga del túnel en que lo han metido, para lo cual insisten, sin pruebas sólidas, en la teoría de una conspiración cuyo objetivo sería el presidente García, buscando así una respuesta dura del régimen, casi como creyendo que este ya lo preside el vicealmirante Luis Giampietri, que es lo que parecen pretender.

 

El presidente le está haciendo caso, lamentablemente, a este enfoque. Si la máxima autocrítica que García puede hacer es “haber sido demasiado dialogante” –lo que no es defecto y, además, es falso pues no fue así–; si insiste, como ayer, en las versiones del “comunismo y extremismo nacional e internacional que quieren generar caos en el país”; y si se pone más intolerante recortando libertades civiles, las cosas se van a poner peor. El presidente debiera tener cuidado con los ladridos que oye, pues algunos perros del soberano lo están empujando al despeñadero.

 

PRONUNCIAMIENTO

 

Los trabajadores de salud canchis canas espinar, agremiados en el sindicato unificado.  En asamblea general ampliada con todos los trabajadores,  realizada en fecha  martes 16 de junio del 2009,  en el patio central del  hospital de sicuani, acordamos  por unanimidad;  lo siguiente:

 

Solidaridad  con las medidas de lucha de los pueblos  de la selva que luchan en defensa del agua, de su territorio y en defensa de la vida, en contra del gobierno aprista genocida y corrupto.

 

Derogatoria de los decretos 1090-1064 y de la ley de recursos hidricos por ser inconstitucionales, que atentan contra la soberania nacional.

 

Exigimos la derogatoria de los decretos legislativos 1023, 1024, 1025, 1026 y 1057 que atentan contra el derecho al trabajo, estabilidad y derechos laborales de los trabajadores estatales.

 

Solidaridad  para con las decisiones de las organizaciones vivas del pueblo canchino. 

 

Por decisión de asamblea acatamos las medidas y acuerdos del comité de lucha.

 

Denunciamos  las incorrecciones administrativas de la  médico  constantina olivares moscoso, que en su condicion de directora ejecutiva.   Desarrolla  una administración, abusiva,  plagada de autoritarismo  y venganza de orden personal.

 

La  arbitrariedad  de constantina olivares moscoso no solo  perjudica el normal  funcionamiento de la institución, sino, mella la dignidad de las personas y la somete al miedo y al chantaje.  

 

Exigimos el cambio inmediato de la médico constantina olivares, por haber ocasionado   la muerte  de la compañera trabajadora  hilda paxi  castro. Ostetriz de profesión.

 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡VIVA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS AMAZONICOS¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡DEROGATORIA DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS ANTICONSTITUCIONALES¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡VIVA LA HUELGA INDEFINIDA DEL PUEBLO DE CANCHIS¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡SALUD UNIDA,  CLASISTA Y COMBATIVA¡¡¡¡¡¡¡

 

LIBERTAD A LOS NATIVOS DETENIDOS:

DE ACUERDO A SUS SISTEMAS JURÍDICOS

NO HAN COMETIDO DELITO ALGUNO

 

La antropología jurídica ha ido adquiriendo carta de legitimidad en el medio antropológico y en ciencias sociales afines, particularmente en las ciencias jurídicas. Este renovado interés en la investigación jurídica de los procesos socioculturales tiene que ver, por un lado, con la emergencia en el escenario político latinoamericano de organizaciones indígenas reivindicando derechos propios - movimientos que se insertan en el conjunto de movilizaciones ciudadanas luchando por la democracia - y, por otro lado, con las reformas constitucionales en la mayoría de los países latinoamericanos dirigidas a reconocer derechos indígenas, lo que a su vez coincide con un nuevo marco de reglamentación internacional que favorece el desarrollo de las reivindicaciones indígenas.

 

La nueva expresión de las demandas indígenas toca el talón de Aquiles de la concepción liberal del Estado-nación al plantear el reconocimiento de la autonomía y de su existencia como pueblos con sistemas jurídicos propios, demandas que no pueden ser reconocidas cabalmente sin una reforma profunda del Estado y del orden jurídico que lo sustenta (Gómez, 1994). Hasta ahora, la mayor parte de las reformas que reconocen derechos indígenas son limitadas porque los encuadran en los marcos de la legalidad instituida sin romper con el candado impuesto por las Leyes de Indias, al sólo reconocer derechos que no contravengan la ley nacional.


Es posible reconstruir una trayectoria evolutiva en el tratamiento jurídico de la cuestión étnica, en la relación de los pueblos nativos con el Estado: del paso de una situación de negación histórica en donde los Estados negaron sistemáticamente la especificidad de las poblaciones indígenas, en aras de la construcción nacional bajo un proyecto de homogeneidad cultural y étnica, de la igualdad formal de los ciudadanos ante la ley; a otra etapa en donde los Estados reconocen la cuestión indígena como un problema, y en consecuencia empiezan a legislar decretos, reglamentos o leyes específicas dirigidas a estas poblaciones; a una última etapa en la que los Estados tienden a reconocer el carácter multicultural de las sociedades y el derecho de los pueblos a su autonomía. Una fase en donde el reconocimiento a la pluriculturalidad, y en términos jurídicos, al pluralismo jurídico por parte de los Estados, es vista no como problema sino como un enriquecimiento al conjunto de la sociedad.

 

Hasta fechas recientes las ciencias jurídicas han sido incapaces para reconocer la vigencia de derechos distintos, legítimos en poblaciones nativas. La antropología en Latinoamérica por su parte tampoco se ha ocupado de los procesos legales más que de manera colateral y por sí misma resulta imposibilitada a dar cuenta de la complejidad de estas dinámicas. La nueva expresión de los fenómenos étnicos plantea por tanto un reto para ambas disciplinas: la necesidad de desarrollar propuestas conceptuales y metodológicas que permitan estudiar las dinámicas sociojurídicas de las sociedades contemporáneas y contribuyan a imaginar nuevos mecanismos de relación de los pueblos nativos con el Estado.

 

El reconocimiento de la vigencia de sistemas jurídicos coexistentes en las sociedades multinacionales, plantea la necesidad de investigar el funcionamiento de estos sistemas en su particularidad y en sus imbricaciones, y la manera en que históricamente se han ido conformado; plantea sobre todo el imperativo de definir lo jurídico en contextos étnicos e interétnicos.


¿Cuál es la especificidad de lo jurídico en las sociedades indígenas? ¿Estamos ante prácticas jurídicas diferentes a las del derecho nacional, frente a un sistema normativo alterno y vigente? o ¿nos encontramos sólo ante expresiones fragmentarias de un derecho consuetudinario, pero que no logran constituir un sistema propio? o ¿se trata únicamente de un derecho tradicional destinado a desaparecer? En torno a estas preguntas sobre lo jurídico se ha desarrollado una gran medida una gran parte de los estudios de la antropología jurídica latinoamericana. Este debate sin embargo no es nuevo, tiene sus antecedentes en los estudios de la antropología jurídica anglosajona que se plantearon la interrogante de distinguir si existía o no derecho en las sociedades simples y si era posible estudiarlo con las herramientas del derecho occidental (Hoebel, 1954; Mallinowsky, 1926; Radcliffe Brown, 1952). El desarrollo de estos estudios mostró no sólo que efectivamente las sociedades sin Estado tenían derecho y que estaba éste incrustado en la vida social sino que constituían sistemas de derecho propio y no fases evolutivas del derecho moderno, como en un inicio lo había planteado el evolucionismo jurídico con Maine (1980) a la cabeza. Más adelante, la discusión ya no buscaba discernir si existía o no un derecho en las sociedades simples, lo que se daba por sentado, sino averiguar los procedimientos jurídicos vigentes en estas sociedades, lo que abrió nuevas perspectivas de investigación que han influido en los trabajos de la antropología jurídica contemporánea (cf. Collier, 1995).

 

Durante la Conquista, desde los primeros encuentros con las sociedades colonizadas, el colonizador se enfrentó a la tarea de controlar a los dominados; se enfrentó a sistemas jurídicos preexistentes que destruyó, o bien refuncionalizó y transformó para adecuarlos a sus fines de poder y control. Ya sea a través de las Leyes de Indias, en el caso de los indígenas sujetos a la dominación española, o de la llamada Customary Law, en los territorios coloniales británicos el colonizador legisló su relación con los indios o nativos e intervino en el desarrollo de sus normas de control interno. No hay duda que la ley jugó un papel prioritario en la misión civilizadora de Occidente junto con la religión. A través de la ley se justificó el control y la sujeción de la población colonizada (Fitzpatrick, 1990, 1992; Merry, 1991). Posteriormente, después de la Independencia, con la formación de los nuevos Estados, las nuevas naciones desconocieron los sistemas jurídicos nativos en aras de construir sus propios ordenamientos legales nacionales e integrar a los ciudadanos bajo una sola ley. Los Estados latinoamericanos no pudieron cumplir con su cometido de desarticular totalmente la cultura indígena y con ello sus costumbres jurídicas. Muchas de éstas permanecieron clandestinamente, otras lograron adaptase al orden jurídico nacional y otras más se reconfiguraron en un proceso de lo que podría llamarse colonialismo jurídico.


Si bien para los Estados la ley ha cumplido su papel central en la construcción de la hegemonía política, lo ha hecho de una manera ambigua: así como ha sujetado a las poblaciones imponiendo su ideología y sus creencias, también ha proveído los medios para su cuestionamiento y resistencia. En este sentido cuando la ley es usada por los dominados puede convertirse también en un arma fundamental para la defensa de los pueblos subordinados, como lo ejemplifican distintos casos en la historia de las rebeliones pero también en los espacios de la vida cotidiana (Comaroff, 1994; Lazarus-Black y Hirsch 1994). Por ello se entiende el papel simbólico que adquiere la legalidad en la disputa por los derechos de los pueblos indígenas.

 

El contraste y la oposición entre el derecho nacional y el derecho indígena, entre la ley y la costumbre, han sido ejes temáticos centrales en la investigación de la antropología jurídica latinoamericana. Es justamente la tensión que emerge en la confrontación de normas jurídicas opuestas donde se muestra con particular claridad el conflicto entre derechos y frecuentemente su irreductibilidad. Como lo muestra un estudio sobre legislación, derechos humanos y pueblos indios en América Latina, el desconocimiento del derecho consuetudinario por parte de los jueces y de las legislaciones nacionales se encuentra en el fondo de una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos de los indígenas (Stavenhagen, 1988); su negación o descalificación como derecho ha dado lugar a innumerables injusticias hacia los pueblos indígenas. El espacio de la administración de justicia, cuando el indígena se enfrenta a la ley, es particularmente relevante para mostrar el conflicto de derechos. Los innumerables casos de indígenas enfrentados al campo del derecho penal revelan, muchas veces, que detrás del delito cometido está la referencia a otras normas jurídicas, a otras formas de sancionar y valorar el mundo opuestas a las definidas por el Estado.

¡SIN LIBERTAD A LOS NATIVOS DETENIDOS NO HABRÁ DIALOGO!

¡¡ EL PARTIDO APRISTA DEBE DE SER IMPEDIDO A PERPETUIDAD DE PARTICIPAR EN EVENTOS ELECTORALES DE CUALQUIER TIPO!!

 

¡¡ TUVO DOS OPORTUNIDADES Y EN LAS DOS CREÓ EL CAOS, ASESINÓ A MILES DE PERUANOS, ENCUBÓ LA CORRUPCIÓN, Y DIO MUESTRA NÍTIDA DE SU INCAPACIDAD EJECUTIVA Y PARLAMENTARIA!!

 

LA CIDH CONDENA HECHOS DE VIOLENCIA EN PERÚ

 

Washington, D.C., 8 de junio de 2009 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena enérgicamente los graves hechos de violencia que tuvieron lugar el 5 de junio en Bagua, en el norte de Perú, que habrían ocasionado la muerte de varias personas.

 

Según la información recibida, por lo menos 200 personas habrían muerto y otras habrían resultado heridas, incluyendo líderes indígenas y miembros de las fuerzas de seguridad, como resultado de un operativo de la Policía Nacional del Perú para dispersar el bloqueo que grupos indígenas mantenían en la carretera de acceso a la ciudad de Bagua. El acto de protesta había sido organizado por pueblos indígenas de la Amazonía peruana tras la adopción de decretos legislativos que afectarían el derecho de propiedad sobre sus tierras y territorios. La Comisión Interamericana recuerda al Estado su obligación de esclarecer judicialmente estos hechos de violencia y reparar sus consecuencias.
La información recibida señala que los centros de atención a la salud en Bagua no estarían capacitados para brindar asistencia a la gran cantidad de indígenas que resultaron heridos. La CIDH llama al Estado peruano a adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a servicios de salud a todos los heridos.

 

La CIDH hace un llamado a las partes a promover un proceso de diálogo para la búsqueda de una solución que respete los derechos humanos. Cabe resaltar la importancia de adoptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos en marchas y manifestaciones de protesta. Como ha manifestado la CIDH: “La criminalizació n de la legítima movilización y protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de investigación y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión”.


Por último, la CIDH ha tomado conocimiento que el 9 de mayo el Gobierno declaró el estado de sitio. La Comisión desea recordar que el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Opinión Consultiva 9/87 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos enumeran los derechos que no pueden ser suspendidos, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales indispensables para la protección de estos derechos. En vista de la información recibida según la cual varias personas habrían sido detenidas durante los incidentes sin que se informara sobre su identidad o su paradero, la CIDH llama al Estado peruano a respetar su derecho a la integridad personal y a las garantías judiciales.


La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

 

LA OIT Y EL CONFLICTO DE BAGUA

Dr. Vladimir Cerrón Rojas 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es el instrumento jurídico más completo de carácter internacional y vinculante a las naciones que lo integran. Reconocen los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y tribales, garantizando su integridad territorial, cultural, espiritual, organizacional, económica, ecológica, entre otras. Al ser de carácter vinculante, los países que han ratificado su participación, están en la obligación de cumplirlas, aceptando sus resoluciones en rango de ley. El Perú ratificó su participación el 02 de febrero de 1994.

Quienes participan en política deben conocerlo y reconocerlo, y quien osa lo contrario, solo habría conseguido ser observado por la OIT y algo peor, la severa condenación de la historia, como en los hechos lamentables ocurridos en Bagua.

El Estado peruano confundió dos grandes categorías al tejer su estrategia frente a una protesta popular. Confundía pueblo con población, como confundir religión con cristianismo o movimiento social con socialismo. El término de pueblo puede adquirir conceptos, en dependencia del prisma que sea analizado. Para algunos será lo mayoritario, productivo y ayuno de poder, para otros como la OIT será colectivo social con su propia lengua, instituciones, forma de vida, desarrollo económico, territorio y cultura. Es algo más que un simple conglomerado poblacional. En los sucesos de Bagua, el Estado se enfrentó no a la población amazónica, sino a pueblos amazónicos, que hoy en día conocen sus derechos y solicitan la aplicación de los mismos. El Estado subestimó los aportes de la sociología amazónica.

El Estado estaba en la obligación de salvaguardar sus vidas, bienes, trabajo, cultura y su medio ambiente. Según la OIT, el Estado debió comprometerse adecuar la legislación nacional, desarrollar acciones de acuerdo a estas disposiciones, informar periódicamente su aplicación y responder a las observaciones al órgano de control de la OIT.

En las décadas de 1950-1970, el ingreso de las transnacionales caucheras, conllevaron a la extinción de muchas comunidades indígenas y tribales, ahondó las diferencias entre patrones y explotados, no trajo ningún desarrollo asociado a los indígenas y el medio ambiente fue contaminado. Es decir la experiencia fue deplorable. En la selva central de Junín, se vio algo similar, la nación Asháninka, fue desplazada tierra adentro, hasta hoy día, de la capital de Satipo. Contrariamente, la OIT exhorta a los estados la ayuda a eliminar las diferencias socioeconómicas entre miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional.

 

El saldo lamentable de los muertos en el conflicto de Bagua, al momento de someter a la justicia a miembros tribales y del Estado, deberá considerar el Art. 9 de la OIT: “…En cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia”, al haberse enfrentado a comunidades tribales con cuasi organización y experiencia militar, donde el honor aún sigue siendo un valor innegociable.

La OIT también manifiesta que la exploración y explotación de los recursos naturales en las tierras comunales deberán de protegerse de manera muy especial y que los pueblos tienen el derecho de participar en la utilización, adecuación y conservación de dichos bienes. Si el Estado no consultó a los pueblos, menos tenía la intensión de hacerlas partícipes de los beneficios de la patria amazónica, por considerarlos ciudadanos de segunda categoría y dueños de una propiedad aparente.

De los países firmantes, solamente en Ecuador, Perú, Bolivia y algunos en Brasil, se han dado conflictos serios desde que el neoliberalismo ha puesto sus energías anticipándose en la política, opuesta al Convenio 169 de la OIT, del “Perro del Hortelano”.

¿A quién no le duele Bagua? Cuando le dicen a su gente, soldados valerosos del Cenepa cuando sirven a la patria, pero ciudadanos de segunda clase, cuando reclaman sus derechos comunales y tribales.  ¿A quién no le duele Bagua? Cuando para combatir el narcotráfico envían soldados niños al VRAE y para reprimir a los amazónicos les envían las fuerzas especiales de la policía, ¿A quién no le duele Bagua? Cuando congresistas como Meckler y Abuggatas, judío y palestino respectivamente, defienden la soberanía peruana. ¿A quién no le duele Bagua? Cuando el Estado se sienta negociar con los Apus, pero a la vez su Procurador los denuncia por sedición y rebelión. ¿A quién no le duele Bagua? Cuando hay una guerra fratricida,  y a unos los llaman asesinados y a otros fallecidos. ¿A quién no le duele Bagua? Cuando el Congreso se resiste a derogar leyes anticonstitucionales.

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UN GOBIERNO EN LA CURVA DEL DIABLO

Por: Augusto Álvarez Rodrich

 

La más grave crisis social de Alan García.

 

Los que empujaron al gobierno a ‘resolver’ la crisis amazónica con un acto de fuerza que fuera ‘ejercicio de autoridad’, ya deben estar satisfechos por el desenlace sangriento en Bagua, pero la verdad es que ayer fue un día lamentable para el país que, además, significó la crisis social más grave del gobierno de Alan García y que, sin duda, perfilará los dos años que le quedan.

 

Las tres decenas de muertes contadas al cierre de esta columna, entre policías y pobladores, significan el fracaso de la política, de la sensatez, del diálogo y de la negociación como mecanismos de solución de las diferencias; y el triunfo de la intolerancia, de la prepotencia, de las balas y de la muerte.

 

Ambos lados del conflicto carecieron de prudencia para manejar el conflicto: las comunidades nativas radicalizándose peligrosamente a medida que el Ejecutivo y el Legislativo se peloteaban el problema con irresponsabilidad criminal.

 

El país ha estado sometido a una tensión creciente por una movilización social en la Amazonía debido a unos decretos bien intencionados pero que nacieron heridos de muerte, pues se promulgaron sin ningún tipo de consulta o acercamiento con las organizaciones que representan a sus comunidades.

 

La otra tensión estuvo en el presidente García. Unos reclamaban “resolver” este problema de chunchos, curas rojimios y ONG perversas con balas para que el gobierno no pareciera un timorato. Otros, sugerían que tantos años de desconfianza acumulada por un sentimiento profundo de desprecio ancestral no se podían solucionar con una cowboyada sangrienta.

 

El gobierno manejó el problema con dualidad: establecía mesas de diálogo pero abría juicios a los dirigentes y enviaba a APCI a perseguirlos. Al final, ganó la opción violenta, enfatizando de ese modo la arrogancia con que se conduce el gobierno y su convicción errada de que el único diálogo fructífero es con la inversión privada; con el resto, es decir, con los ‘perros del hortelano’, cree que pierde el tiempo.

 

Ahora, para justificar lo sucedido ayer, el gobierno acusa a los nativos de “politiquería radicaloide de grupos violentistas vinculados al terrorismo” y de ser “administradores de dinero mal habido” y agentes de “intereses internacionales” vinculados al petróleo que no quieren que se exploten los recursos de la Amazonía ni que el Perú progrese (¿Hugo Chávez?).

 

Son acusaciones que el gobierno debería probar pues, mientras, la única constatación es su incapacidad notoria para enfrentar un problema complejo como el de la Amazonía. Bloquear carreteras es, sin duda, un delito. Pero también debiera serlo el comportamiento indolente del burócrata de Lima que no hace nada hasta que  explota la bomba de tiempo.

 

GOBIERNO AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS

SE REQUIERE MÁS DIÁLOGO, MENOS MATONERÍA.

 

La entrevista ofrecida ayer por Mercedes Cabanillas a La República constituye una revelación patética no solo de la difícil circunstancia por la que ella atraviesa sino del gran atolladero en que se ha metido todo el gobierno. Salir del mismo requerirá inteligencia antes que la prepotencia con que está respondiendo.

 

Las declaraciones de la ministra del Interior sobre la mayor tragedia policial que se recuerde la presentan en el reino del ‘no sabe/no opina’, del ‘mayormente desconozco’ y del ‘soy ministra pero no sé nada’ pero, principalmente, desesperada por evadir una responsabilidad política ineludible, lo cual, además, agravará la alicaída moral de la Policía Nacional.

 

Si Cabanillas, que tiene temple y experiencia política, anda en esa actitud, se puede entender el endurecimiento adoptado por el gobierno en su conjunto, el cual está respondiendo a la crisis con la misma torpeza que tuvo cuando se metió en ella, por su exclusiva responsabilidad y no por la conspiración que inventa para camuflar su ineptitud y arrogancia.

 

Hoy el gobierno enfrenta un cuadro descalabrado por la confluencia de varios factores: 1) Las leyes que defendió a capa y espada están suspendidas pero en la práctica derogadas. 2) Debió retirar el absurdo spot publicitario que se volvió emblema de su torpeza y arrogancia. 3) Debe cargar con la responsabilidad de alrededor de cuarenta muertes, incluyendo veinticinco policías que fueron enviados como carne de cañón. 4) Sin credibilidad para, por ejemplo, dar cuenta del número de pobladores muertos en la revuelta. 5) La selva sigue convulsionada y la protesta llega, como ayer, a las ciudades. 6) Deterioro de su reputación internacional por la manera como manejó la crisis, como se puede leer en los informes del influyente The Economist. 7) Retiro por 120 días de congresistas opositores, lo que se ve muy mal. 8) Hostilidades a la prensa. 9) Un asilado político. 10) Un país peligrosamente dividido.

 

¿En qué falló el gobierno? En la forma (por no consultar a las organizaciones de la selva y luego tratarlas con desprecio) y en el fondo, pues cada vez hay más expertos –como Margarita Benavides– que desnudan las deficiencias de las normas.

La responsabilidad es del gabinete que las creó –el de Jorge del Castillo– y del que las defendió –el de Yehude Simon– y alcanza a varios ministros por su diseño y legalidad (Comercio Exterior, Justicia, Agricultura, Ambiente, entre otros) y por el control de la protesta (Interior).

 

La superación de este momento complicado del gobierno no será –como hasta ahora– con prepotencia y matonería sino con humildad, diálogo y legalidad. El gabinete debe irse pero el presidente debe cambiar de rollo antes de que la factura por pagar sea más abultada.

 

LOS LADRIDOS QUE ATIENDE EL PRESIDENTE GARCÍA.

 

Los que le sugirieron al gobierno que resolviera las protestas regionales con bala y sangre –camufladas del ‘principio de autoridad’–, están ahora como perros asustados, con el rabo entre las piernas, pues la evidencia es que han empujado al presidente Alan García a la mayor crisis de su segundo mandato y es posible que –como se dice en la economía– esta todavía no haya tocado fondo pues las cosas aún pueden empeorar.

 

Al hacerle caso a esas posiciones, algunas dejando huella hasta por escrito, el presidente García ha puesto a su gobierno, innecesariamente, contra las cuerdas, no solo por lo ya ocurrido –el penoso saldo de muertes de policías y de pobladores–, sino por la implicancia futura de lo que está sucediendo.

Para empezar, la protesta en la selva, que tuvo su ‘epicentro’ en Bagua, continúa y se ha desplaza a varias otras zonas como Apurímac, Cusco o Madre de Dios. Asimismo, el gobierno se ha quedado sin libreto pues los últimos eventos le han colgado el cartel ‘QEPD’ al esquema del ‘perro del hortelano’.

De otro lado, el gabinete ministerial está, a pesar del refresco de Francis Allison, en la lona y al borde del K.O. La mayoría de sus integrantes ha perdido liderazgo y capacidad de acción. Para no hablar del muy magullado premier Yehude Simon, la titular del Interior, Mercedes Cabanillas, enfrenta la evidencia de un proceso de decisiones negligente que acabó produciendo tanto la muerte de policías como de pobladores, mientras la manera como pretende evadir su responsabilidad está generando más desmoralización en la policía.

¿Qué hacer ahora? Lo prudente y sensato sería apostar, con caras nuevas, por el diálogo como salida a la crisis con el fin de enfrentar el miedo de los nativos a perder sus tierras y su antigua lucha para que se respeten sus costumbres ancestrales.

Sin embargo, hay quienes quieren que el gobierno no salga del túnel en que lo han metido, para lo cual insisten, sin pruebas sólidas, en la teoría de una conspiración cuyo objetivo sería el presidente García, buscando así una respuesta dura del régimen, casi como creyendo que este ya lo preside el vicealmirante Luis Giampietri, que es lo que parecen pretender.

 

El presidente le está haciendo caso, lamentablemente, a este enfoque. Si la máxima autocrítica que García puede hacer es “haber sido demasiado dialogante” –lo que no es defecto y, además, es falso pues no fue así–; si insiste, como ayer, en las versiones del “comunismo y extremismo nacional e internacional que quieren generar caos en el país”; y si se pone más intolerante recortando libertades civiles, las cosas se van a poner peor. El presidente debiera tener cuidado con los ladridos que oye, pues algunos perros del soberano lo están empujando al despeñadero.

 

 

PRONUNCIAMIENTO

 

Los trabajadores de salud canchis canas espinar, agremiados en el sindicato unificado.  En asamblea general ampliada con todos los trabajadores,  realizada en fecha  martes 16 de junio del 2009,  en el patio central del  hospital de sicuani, acordamos  por unanimidad;  lo siguiente:

olidaridad  con las medidas de lucha de los pueblos  de la selva que luchan en defensa del agua, de su territorio y en defensa de la vida, en contra del gobierno aprista genocida y corrupto.

Derogatoria de los decretos 1090-1064 y de la ley de recursos hidricos por ser inconstitucionales, que atentan contra la soberania nacional.

Exigimos la derogatoria de los decretos legislativos 1023, 1024, 1025, 1026 y 1057 que atentan contra el derecho al trabajo, estabilidad y derechos laborales de los trabajadores estatales.

Solidaridad  para con las decisiones de las organizaciones vivas del pueblo canchino. 

Por decisión de asamblea acatamos las medidas y acuerdos del comité de lucha.

Denunciamos  las incorrecciones administrativas de la  médico  constantina olivares moscoso, que en su condicion de directora ejecutiva.   Desarrolla  una administración, abusiva,  plagada de autoritarismo  y venganza de orden personal.

La  arbitrariedad  de constantina olivares moscoso no solo  perjudica el normal  funcionamiento de la institución, sino, mella la dignidad de las personas y la somete al miedo y al chantaje.  

 Exigimos el cambio inmediato de la médico constantina olivares, por haber ocasionado   la muerte  de la compañera trabajadora  hilda paxi  castro. Ostetriz de profesión.

 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡VIVA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS AMAZONICOS¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡DEROGATORIA DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS ANTICONSTITUCIONALES¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡VIVA LA HUELGA INDEFINIDA DEL PUEBLO DE CANCHIS¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡SALUD UNIDA,  CLASISTA Y COMBATIVA¡¡¡¡¡¡¡

 

LIBERTAD A LOS NATIVOS DETENIDOS:

DE ACUERDO A SUS SISTEMAS JURÍDICOS

NO HAN COMETIDO DELITO ALGUNO

 

La antropología jurídica ha ido adquiriendo carta de legitimidad en el medio antropológico y en ciencias sociales afines, particularmente en las ciencias jurídicas. Este renovado interés en la investigación jurídica de los procesos socioculturales tiene que ver, por un lado, con la emergencia en el escenario político latinoamericano de organizaciones indígenas reivindicando derechos propios - movimientos que se insertan en el conjunto de movilizaciones ciudadanas luchando por la democracia - y, por otro lado, con las reformas constitucionales en la mayoría de los países latinoamericanos dirigidas a reconocer derechos indígenas, lo que a su vez coincide con un nuevo marco de reglamentación internacional que favorece el desarrollo de las reivindicaciones indígenas.

 

La nueva expresión de las demandas indígenas toca el talón de Aquiles de la concepción liberal del Estado-nación al plantear el reconocimiento de la autonomía y de su existencia como pueblos con sistemas jurídicos propios, demandas que no pueden ser reconocidas cabalmente sin una reforma profunda del Estado y del orden jurídico que lo sustenta (Gómez, 1994). Hasta ahora, la mayor parte de las reformas que reconocen derechos indígenas son limitadas porque los encuadran en los marcos de la legalidad instituida sin romper con el candado impuesto por las Leyes de Indias, al sólo reconocer derechos que no contravengan la ley nacional.


Es posible reconstruir una trayectoria evolutiva en el tratamiento jurídico de la cuestión étnica, en la relación de los pueblos nativos con el Estado: del paso de una situación de negación histórica en donde los Estados negaron sistemáticamente la especificidad de las poblaciones indígenas, en aras de la construcción nacional bajo un proyecto de homogeneidad cultural y étnica, de la igualdad formal de los ciudadanos ante la ley; a otra etapa en donde los Estados reconocen la cuestión indígena como un problema, y en consecuencia empiezan a legislar decretos, reglamentos o leyes específicas dirigidas a estas poblaciones; a una última etapa en la que los Estados tienden a reconocer el carácter multicultural de las sociedades y el derecho de los pueblos a su autonomía. Una fase en donde el reconocimiento a la pluriculturalidad, y en términos jurídicos, al pluralismo jurídico por parte de los Estados, es vista no como problema sino como un enriquecimiento al conjunto de la sociedad.

 

Hasta fechas recientes las ciencias jurídicas han sido incapaces para reconocer la vigencia de derechos distintos, legítimos en poblaciones nativas. La antropología en Latinoamérica por su parte tampoco se ha ocupado de los procesos legales más que de manera colateral y por sí misma resulta imposibilitada a dar cuenta de la complejidad de estas dinámicas. La nueva expresión de los fenómenos étnicos plantea por tanto un reto para ambas disciplinas: la necesidad de desarrollar propuestas conceptuales y metodológicas que permitan estudiar las dinámicas sociojurídicas de las sociedades contemporáneas y contribuyan a imaginar nuevos mecanismos de relación de los pueblos nativos con el Estado.

 

El reconocimiento de la vigencia de sistemas jurídicos coexistentes en las sociedades multinacionales, plantea la necesidad de investigar el funcionamiento de estos sistemas en su particularidad y en sus imbricaciones, y la manera en que históricamente se han ido conformado; plantea sobre todo el imperativo de definir lo jurídico en contextos étnicos e interétnicos.


¿Cuál es la especificidad de lo jurídico en las sociedades indígenas? ¿Estamos ante prácticas jurídicas diferentes a las del derecho nacional, frente a un sistema normativo alterno y vigente? o ¿nos encontramos sólo ante expresiones fragmentarias de un derecho consuetudinario, pero que no logran constituir un sistema propio? o ¿se trata únicamente de un derecho tradicional destinado a desaparecer? En torno a estas preguntas sobre lo jurídico se ha desarrollado una gran medida una gran parte de los estudios de la antropología jurídica latinoamericana. Este debate sin embargo no es nuevo, tiene sus antecedentes en los estudios de la antropología jurídica anglosajona que se plantearon la interrogante de distinguir si existía o no derecho en las sociedades simples y si era posible estudiarlo con las herramientas del derecho occidental (Hoebel, 1954; Mallinowsky, 1926; Radcliffe Brown, 1952). El desarrollo de estos estudios mostró no sólo que efectivamente las sociedades sin Estado tenían derecho y que estaba éste incrustado en la vida social sino que constituían sistemas de derecho propio y no fases evolutivas del derecho moderno, como en un inicio lo había planteado el evolucionismo jurídico con Maine (1980) a la cabeza. Más adelante, la discusión ya no buscaba discernir si existía o no un derecho en las sociedades simples, lo que se daba por sentado, sino averiguar los procedimientos jurídicos vigentes en estas sociedades, lo que abrió nuevas perspectivas de investigación que han influido en los trabajos de la antropología jurídica contemporánea (cf. Collier, 1995).

 

Durante la Conquista, desde los primeros encuentros con las sociedades colonizadas, el colonizador se enfrentó a la tarea de controlar a los dominados; se enfrentó a sistemas jurídicos preexistentes que destruyó, o bien refuncionalizó y transformó para adecuarlos a sus fines de poder y control. Ya sea a través de las Leyes de Indias, en el caso de los indígenas sujetos a la dominación española, o de la llamada Customary Law, en los territorios coloniales británicos el colonizador legisló su relación con los indios o nativos e intervino en el desarrollo de sus normas de control interno. No hay duda que la ley jugó un papel prioritario en la misión civilizadora de Occidente junto con la religión. A través de la ley se justificó el control y la sujeción de la población colonizada (Fitzpatrick, 1990, 1992; Merry, 1991). Posteriormente, después de la Independencia, con la formación de los nuevos Estados, las nuevas naciones desconocieron los sistemas jurídicos nativos en aras de construir sus propios ordenamientos legales nacionales e integrar a los ciudadanos bajo una sola ley. Los Estados latinoamericanos no pudieron cumplir con su cometido de desarticular totalmente la cultura indígena y con ello sus costumbres jurídicas. Muchas de éstas permanecieron clandestinamente, otras lograron adaptase al orden jurídico nacional y otras más se reconfiguraron en un proceso de lo que podría llamarse colonialismo jurídico.


Si bien para los Estados la ley ha cumplido su papel central en la construcción de la hegemonía política, lo ha hecho de una manera ambigua: así como ha sujetado a las poblaciones imponiendo su ideología y sus creencias, también ha proveído los medios para su cuestionamiento y resistencia. En este sentido cuando la ley es usada por los dominados puede convertirse también en un arma fundamental para la defensa de los pueblos subordinados, como lo ejemplifican distintos casos en la historia de las rebeliones pero también en los espacios de la vida cotidiana (Comaroff, 1994; Lazarus-Black y Hirsch 1994). Por ello se entiende el papel simbólico que adquiere la legalidad en la disputa por los derechos de los pueblos indígenas.

 

El contraste y la oposición entre el derecho nacional y el derecho indígena, entre la ley y la costumbre, han sido ejes temáticos centrales en la investigación de la antropología jurídica latinoamericana. Es justamente la tensión que emerge en la confrontación de normas jurídicas opuestas donde se muestra con particular claridad el conflicto entre derechos y frecuentemente su irreductibilidad. Como lo muestra un estudio sobre legislación, derechos humanos y pueblos indios en América Latina, el desconocimiento del derecho consuetudinario por parte de los jueces y de las legislaciones nacionales se encuentra en el fondo de una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos de los indígenas (Stavenhagen, 1988); su negación o descalificación como derecho ha dado lugar a innumerables injusticias hacia los pueblos indígenas. El espacio de la administración de justicia, cuando el indígena se enfrenta a la ley, es particularmente relevante para mostrar el conflicto de derechos. Los innumerables casos de indígenas enfrentados al campo del derecho penal revelan, muchas veces, que detrás del delito cometido está la referencia a otras normas jurídicas, a otras formas de sancionar y valorar el mundo opuestas a las definidas por el Estado.

¡SIN LIBERTAD A LOS NATIVOS DETENIDOS NO HABRÁ DIALOGO!

¡¡ EL PARTIDO APRISTA DEBE DE SER IMPEDIDO A PERPETUIDAD DE PARTICIPAR EN EVENTOS ELECTORALES DE CUALQUIER TIPO!!

 

¡¡ TUVO DOS OPORTUNIDADES Y EN LAS DOS CREÓ EL CAOS, ASESINÓ A MILES DE PERUANOS, ENCUBÓ LA CORRUPCIÓN, Y DIO MUESTRA NÍTIDA DE SU INCAPACIDAD EJECUTIVA Y PARLAMENTARIA!!

 

LA CIDH CONDENA HECHOS DE VIOLENCIA EN PERÚ

 

Washington, D.C., 8 de junio de 2009 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena enérgicamente los graves hechos de violencia que tuvieron lugar el 5 de junio en Bagua, en el norte de Perú, que habrían ocasionado la muerte de varias personas.

 

Según la información recibida, por lo menos 200 personas habrían muerto y otras habrían resultado heridas, incluyendo líderes indígenas y miembros de las fuerzas de seguridad, como resultado de un operativo de la Policía Nacional del Perú para dispersar el bloqueo que grupos indígenas mantenían en la carretera de acceso a la ciudad de Bagua. El acto de protesta había sido organizado por pueblos indígenas de la Amazonía peruana tras la adopción de decretos legislativos que afectarían el derecho de propiedad sobre sus tierras y territorios. La Comisión Interamericana recuerda al Estado su obligación de esclarecer judicialmente estos hechos de violencia y reparar sus consecuencias.
La información recibida señala que los centros de atención a la salud en Bagua no estarían capacitados para brindar asistencia a la gran cantidad de indígenas que resultaron heridos. La CIDH llama al Estado peruano a adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a servicios de salud a todos los heridos.

 

La CIDH hace un llamado a las partes a promover un proceso de diálogo para la búsqueda de una solución que respete los derechos humanos. Cabe resaltar la importancia de adoptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos en marchas y manifestaciones de protesta. Como ha manifestado la CIDH: “La criminalizació n de la legítima movilización y protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de investigación y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión”.


Por último, la CIDH ha tomado conocimiento que el 9 de mayo el Gobierno declaró el estado de sitio. La Comisión desea recordar que el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Opinión Consultiva 9/87 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos enumeran los derechos que no pueden ser suspendidos, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales indispensables para la protección de estos derechos. En vista de la información recibida según la cual varias personas habrían sido detenidas durante los incidentes sin que se informara sobre su identidad o su paradero, la CIDH llama al Estado peruano a respetar su derecho a la integridad personal y a las garantías judiciales.


La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

 

LA OIT Y EL CONFLICTO DE BAGUA

  Dr. Vladimir Cerrón Rojas 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es el instrumento jurídico más completo de carácter internacional y vinculante a las naciones que lo integran. Reconocen los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y tribales, garantizando su integridad territorial, cultural, espiritual, organizacional, económica, ecológica, entre otras. Al ser de carácter vinculante, los países que han ratificado su participación, están en la obligación de cumplirlas, aceptando sus resoluciones en rango de ley. El Perú ratificó su participación el 02 de febrero de 1994.

Quienes participan en política deben conocerlo y reconocerlo, y quien osa lo contrario, solo habría conseguido ser observado por la OIT y algo peor, la severa condenación de la historia, como en los hechos lamentables ocurridos en Bagua.

El Estado peruano confundió dos grandes categorías al tejer su estrategia frente a una protesta popular. Confundía pueblo con población, como confundir religión con cristianismo o movimiento social con socialismo. El término de pueblo puede adquirir conceptos, en dependencia del prisma que sea analizado. Para algunos será lo mayoritario, productivo y ayuno de poder, para otros como la OIT será colectivo social con su propia lengua, instituciones, forma de vida, desarrollo económico, territorio y cultura. Es algo más que un simple conglomerado poblacional. En los sucesos de Bagua, el Estado se enfrentó no a la población amazónica, sino a pueblos amazónicos, que hoy en día conocen sus derechos y solicitan la aplicación de los mismos. El Estado subestimó los aportes de la sociología amazónica.

El Estado estaba en la obligación de salvaguardar sus vidas, bienes, trabajo, cultura y su medio ambiente. Según la OIT, el Estado debió comprometerse adecuar la legislación nacional, desarrollar acciones de acuerdo a estas disposiciones, informar periódicamente su aplicación y responder a las observaciones al órgano de control de la OIT.

En las décadas de 1950-1970, el ingreso de las transnacionales caucheras, conllevaron a la extinción de muchas comunidades indígenas y tribales, ahondó las diferencias entre patrones y explotados, no trajo ningún desarrollo asociado a los indígenas y el medio ambiente fue contaminado. Es decir la experiencia fue deplorable. En la selva central de Junín, se vio algo similar, la nación Asháninka, fue desplazada tierra adentro, hasta hoy día, de la capital de Satipo. Contrariamente, la OIT exhorta a los estados la ayuda a eliminar las diferencias socioeconómicas entre miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional.

 

El saldo lamentable de los muertos en el conflicto de Bagua, al momento de someter a la justicia a miembros tribales y del Estado, deberá considerar el Art. 9 de la OIT: “…En cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia”, al haberse enfrentado a comunidades tribales con cuasi organización y experiencia militar, donde el honor aún sigue siendo un valor innegociable.

 

La OIT también manifiesta que la exploración y explotación de los recursos naturales en las tierras comunales deberán de protegerse de manera muy especial y que los pueblos tienen el derecho de participar en la utilización, adecuación y conservación de dichos bienes. Si el Estado no consultó a los pueblos, menos tenía la intensión de hacerlas partícipes de los beneficios de la patria amazónica, por considerarlos ciudadanos de segunda categoría y dueños de una propiedad aparente.

 

De los países firmantes, solamente en Ecuador, Perú, Bolivia y algunos en Brasil, se han dado conflictos serios desde que el neoliberalismo ha puesto sus energías anticipándose en la política, opuesta al Convenio 169 de la OIT, del “Perro del Hortelano”.

¿A quién no le duele Bagua? Cuando le dicen a su gente, soldados valerosos del Cenepa cuando sirven a la patria, pero ciudadanos de segunda clase, cuando reclaman sus derechos comunales y tribales.  ¿A quién no le duele Bagua? Cuando para combatir el narcotráfico envían soldados niños al VRAE y para reprimir a los amazónicos les envían las fuerzas especiales de la policía, ¿A quién no le duele Bagua? Cuando congresistas como Meckler y Abuggatas, judío y palestino respectivamente, defienden la soberanía peruana. ¿A quién no le duele Bagua? Cuando el Estado se sienta negociar con los Apus, pero a la vez su Procurador los denuncia por sedición y rebelión. ¿A quién no le duele Bagua? Cuando hay una guerra fratricida,  y a unos los llaman asesinados y a otros fallecidos. ¿A quién no le duele Bagua? Cuando el Congreso se resiste a derogar leyes anticonstitucionales.

 

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