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"......CONTRA ........MIRAMONTE RUBEN OMAR POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA Y USURPACION DE TITULOS Y HONORES"- 2006.  (en tramite)  JUZGADO EN LO CRIMINAL NRO. 8.

Ill   Buenos Aires, 6 de noviembre de 2009.

 

AUTOS Y VISTA:

La causa N° 2601 seguida a RUBEN OMAR MIRAMONTE

 ­D.N.I. N° 5.071.364, nacido el 1 de junio de 1948 en esta ciudad, hijo de Antonio Manuel y de María Teresa Sabatini, identificado con prontuario Policial C.I. N° 5.304.017, con último domicilio real en Av. Carabobo 569, 6° piso, departamento "A" y constituido junto con su defensor en San Nicolás 4229- para resolver acerca del nuevo pedido de suspensión de juicio a prueba formulado por el nombrado.

y CONSIDERANDO:

Los doctores Ramond y Sañudo, dijeron:

l. - Al fundar el nuevo pedido de suspensión del juicio a prueba formulado por el acusado Miramonte, su letrado defensor -el Dr. Apaz- ha manifestado, en primer lugar, que la suma de $ 40.000 que se comprometía a abonar era un ofrecimiento de carácter simbólico, ya que la reparación de un eventual perjuicio patrimonial que se hubiera causado estaba garantizada en sede civil mediante el embargo trabado respecto de un bien concreto que podrá ser subastado en caso de emitirse allí sentencia que imponga la obligación de abonar una reparación; y destacó que la suma ofrecida era la máxima posibilidad de su defendido, a punto tal que la apremiante situación que atraviesa es la que le exige disponer de uno de los inmuebles afectados por el embargo decretado en esta causa y por ello solicitó la sustitución de dicha medida por el depósito de la suma de $ 50.000 en efectivo aún no pudo reunir, lo que demuestra la veracidad de su afirmación.

11.- La parte querellante se opuso a la concesión de la suspensión del juicio requerida, y fundó su postura en que la suma ofrecida en concepto de reparación no resulta razonable. Tuvo en cuenta, para formular dicha afirmación, una nueva liquidación por el perjuicio sufrido por su representado, efectuada en el proceso civil, que arrojó una suma de $ 427.970 -únicamente capital-, por lo que el monto que ahora ofrece Miramonte no llega a cubrir siquiera el 10% de ese valor; así como que dicho ofrecimiento tampoco satisface la exigencia de reparar en la medida de sus posibilidades. Finalmente, destacó que el embargo dispuesto en sede civil no garantiza en modo alguno la reparación del daño.

111.- La Sra. Representante del Ministerio Fiscal, al momento de emitir su opinión acerca de la procedencia del beneficio solicitado entendió que el ofrecimiento efectuado se ajustaba a la medida de las posibilidades del acusado y que por ello y a su juicio el beneficio debía concederse; y destacó en destaco en relacion a lo expuesto por la parte querellante que si no se han afectado otros bienes para garantizar adecuadamente el perjuicio presuntamente ocasionado era una circunstancia que debía achacarse a dicha parte y no al imputado y a su defensor. Agregó, por último, que el proceso penal no está para resolver cuestiones económicas.

             IV.- Encontrándose entonces la cuestión nuevamente a estudio de estos jueces para ser resuelta corresponde adelantar que una de   las  circunstancias expuestas en nuestra resolución de fs. 564/564 vta., emitida el 24 de abril del presente año en ocasión de resolver idéntico pedido efectuado por el imputado junto con su letrado defensor (y que fuera confirmada por la Cámara Nacional de Casación Penal el 4 de agosto pasado    -fs. 584/585-)       no se ha modificado sustancialmente,  y por ello consideramos que no corresponde hacer lugar a la nueva petición del acusado Miramonte de que se le conceda la suspensión del juicio a prueba.

Es cierto que, conforme surge del acta labrada con motivo de la audiencia llevada a cabo el 29 de octubre pasado, el acusado ha aumentado considerablemente el ofrecimiento de reparación del presunto daño ocasionado y ha señalado que dicha suma se ajusta a sus posibilidades económicas actuales; y que, teniendo en cuenta tales explicaciones, la Sra. Fiscal General ha expresado su conformidad para que se conceda a Miramonte el beneficio que solicita.

Pero a poco que se analicen las constancias obrantes  en la presente causa se desprende que tal nuevo ofrecimiento si bien como ya dijéramos es sustancialmente mayor al que realizara en una primera oportunidad, no satisface la exigencia legal establecida en el art. 76 bis del Código Penal que impone al imputado "hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente.

             En efecto, es necesario señalar en primer lugar que el propio acusado, en ocasión de ser entrevistado por una asistente social con motivo de la confección del informe socio-ambiental agregado a su legajo personal ha manifestado ser propietario de aproximadamente veinte inmuebles ubicados en el ambito de la Capital Federal -entre ellos, el de la calle Biarritz 2646, en el que habia establecido el acusado su domicilio real-, así como también de cuatro automóviles.

Asimismo, de las constancias aportadas por el mismo imputado y por su letrado defensor en el mes de febrero del año pasado -fs.16/23 del incidente de embargo- se desprende que otro de los inmuebles de su propiedad es el ubicado en la zona de Villa Crespo, y se trata de un edificio de subsuelo, planta baja y cuatro pisos -superficie total 2.250 m2- destinado a 120 cocheras fijas, cuya cotización para la venta oscilaba -a aquélla fecha- entre los cuatrocientos cuarenta mil dólares estadounidenses (según el informe presentado por el mismo acusado) y los cuatrocientos mil dólares estadounidentes (conforme el informe realizado en dicho incidente por el perito tasador oficial, Carlos Fuchs).

Por otro lado, del mismo incidente se desprende que también es titular del inmueble ubicado en Santiago de las Carreras 104/108, el que se encuentra afectado por la medida cautelar dispuesta en el año 2005 en el expediente 14.302/05 caratulado "xxxxxxxxxxxxxxxxxx   c/ Miramonte, Rubén Ornar s/ medidas precautorias", por la suma de 209.485,85 con más $ 30.000 presupuestada para responder a intereses y costas.

Todo lo expuesto permite sostener, fundadamente y como ya señaláramos, que el nuevo ofrecimiento realizado por el imputado en esta ocasión no se aj usta a lo que exige nuestra normativa legal.

                            en contra de la opinión vertida por la Sra. Fiscal en cuanto a que no es el proceso penal el marco adecuado para resol ver cuestiones económicas, corresponde destacar que es la propia ley la que pone en cabeza del acusado -al regular el instituto que ahora nos ocupa-la obligación de reparar el hipotético daño, al establecer al comienzo del tercer párrafo que "Al presentar la solici tud, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de sus posibilidades  " (textual art. 76 bis CP), por lo que habiéndose demostrado a nuestro criterio que no ha cumplido con dicha exigencia legal, el beneficio deviene improcedente.

Finalmente, no es posible soslayar aqui que tampoco en esta ocasión y como bien lo destacaran los Sres. Jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal a fs. 584/584, el Sr. Letrado defensor y el acusado han demostrado por qué la pendencia de una demanda civil o de un embargo preventivo afectan   el presupuesto legal de ofrecer reparación en la medida de lo posible, establecido como condición en nuestro código de fondo.

El Dr. Madariaga dijo:

Al acusado se le imputa un delito cuya pena máxima supera los tres años de prisión, de modo que, de conformidad con lo establecido en el art. 76 bis, primer párrafo, del Código Penal, y lo resuelto por este tribunal el 2 de junio de 1994  in re "Spinosa  Mela, Oscar  Federico   s/amenazas  reiteradas", el 11 de junio de 1997 in re "Deferr, Guillermo Osear", y el 22 de octubre de 1997 in re "Lirman, Roberto", entre otras, así como lo señalado por los magistrados de la Cámara Nacional de Casación en el plenario in re "Kosuta, T.R.", del 17 de agosto de 1999, cuyos argumentos comparto, no corresponde hacer lugar al pedido realizado por la defensa.

Por todo lo expuesto, en virtud de las normas citadas se 

RESUELVE:

 

NO HACER LUGAR en la ,presente causa N° 2601 a la suspensión del juicio a prueba solicitada  respecto de RUBEN OMAR MIRAMONTE  \

Notifíquese, tómese razÓN y regístrese.-

Fuente:  Textual / copia - Causa 2601 - JUZGADO EN LO CRIMINAL NRO. 8.

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MIRAMONTE RUBEN OMAR

Tribunal : JUZGADO 1ra INST. EN LO CONTENCIOSO ADM. Y TRIB. Nº 14
Numero : EJF 950543 /0 Estado: EN LETRA
Caratula: GCBA CONTRA MIRAMONTE RUBEN OMAR SOBRE EJ.FISC. - ABL
Fecha ingreso: 10/06/2009    
Datos de la Actuación
Fecha de Firma: 04/09/2009 Tribunal Origen: J14
Firmante: CICERO, NIDIA KARINA ()
Extracto: SENTENCIA DECRETADA DE OFICIO EN EJ
“GCBA CONTRA MIRAMONTE RUBEN OMAR SOBRE EJ.FISC. - ABL” , EXPTE: EJF 950543 / 0 REGISTRADO AL FOLIO.................DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS DEL JUZGADO. AÑO 2009. CONSTE. Lisandro Fastman Secretario Juz. Cont. Adm. y Trib. Ciudad Bs. As. Nº14 Secretaría Nº 27 b-[Ciudad de Buenos Aires, de septiembre de 2009.- AUTOS Y VISTOS: La presente ejecución fiscal seguida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra la parte demandada en autos y CONSIDERANDO: Que la parte demandada, debidamente citada, no ha pagado ni ha opuesto excepciones dentro del plazo legal (confr. arts. 451, 452, 453 y cc. del CCAyT). Por ello y atento a lo solicitado en el escrito de inicio, FALLO: 1) Mandar llevar adelante la ejecución contra la parte demandada hasta hacer íntegro pago a la actora de la suma reclamada con más sus intereses (calculados de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones SHF Nros. 3574/91, 3575/91, 3084/92, 1327/93, 5174/96, subsiguientes y concordantes) y costas (arts. 62 y 449 del CCAyT). 2) Difiérese la regulación de honorarios hasta tanto se practique liquidación definitiva. 3) Intímese a la representante de la actora para que en el plazo perentorio de cinco (5) días, acredite en autos el pago del bono de derecho fijo en los términos del art. 51 inc. d) de la ley 23.187, bajo apercibimiento de notificar dicho incumplimiento al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. 4) Regístrese, notifíquese en el domicilio fiscal con carácter de constituido (art. 22 del Código Fiscal), haciendo saber que las sucesivas providencias quedarán notificadas por ministerio de la ley (conf. arts. 35 y 117 del CCAyT) y, oportunamente, archívese.] Publíquese en web. Nidia Karina Cicero Juez


Miramonte Ruben Omar

GCBA CONTRA MIRAMONTE RUBEN OMAR SOBRE EJ.FISC. - ABL”, Expte: EJF 853859 / 0 ///dad de Buenos Aires, de junio de 2009.-r Agréguese la constancia que se acompaña y téngase presente las autorizaciones conferidas a los fines indicados. En atención a lo solicitado y el estado de autos, en los términos del art. 392 y ssgtes. del CCAyT, trábese embargo ejecutorio bajo responsabilidad de la parte actora sobre los fondos y valores que la ejecutada MIRAMONTE RUBEN OMAR ( CUIT 20-05071364-5), tenga depositados en HSBC BANK ARGENTINA y BANCO SANTANDER RIO SA hasta cubrir la suma de PESOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO CON SEIS ($19.704,06-), con más el 30% que se presupuesta provisoriamente para responder a intereses y costas. Los fondos embargados deberán ser transferidos al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Tribunales, a la orden de éste Juzgado y como perteneciente a la cuenta de autos, comunicando la entidad oficiada directamente al tribunal el resultado de la manda ordenada, dentro del plazo de 48 hs., de hacerse efectiva la misma. A tal fin líbrense oficio. Oportunamente, notifíquese a la ejecutada en los términos del art.181 párr.3 del CCAyT, de aplicación en virtud de lo dispuesto al respecto por el art.401 de la citada normativa. ¡

 23 Junio 2009. Fuente: Poder Judicial de la Ciudad de Bs.As. Fuero CAyT.

Fuente      
http://basefuero.jusbaires.gov.ar


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"......CONTRA MIRAMONTE RUBEN OMAR POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA Y USURPACION DE TITULOS Y HONORES"- 2006.  (en tramite)

“RECURSO DE CAMARA DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA V.

DEFRAUDACION. Por administración fraudulenta. Locación de obra. Ausencia de garantía sobre el patrimonio ajeno. Deficiencias en la construcción. Sobreseimiento. Revocación.

No existe administración fraudulenta en la locación de obra, pues el vendedor no asume función de garante del patrimonio ajeno ya que administra el suyo y no aquél (*). Si surge la faltante de algunos elementos, y otros utilizados no se condicen con lo especificado en el contrato, como así tampoco existen planos de arquitectura, replanteo, carpintería, detalle de locales sanitarios, cocina y lavadero, y el imputado no podía ejercer legítimamente la función de director de obra, por no ser profesional y por no tener la incumbencia necesaria y no estar habilitado legalmente para asumir dicha responsabilidad, la modalidad de la obra puede clasificarse como deficiente, con graves errores constructivos y graves falencias tanto en la etapa de proyecto, documentación técnica y en la dirección de obra, pudiendo encuadrar en el tipo acuñado en el art. 173, inc. 1°, del C.P. o en el art. 174, inc. 4° del mismo cuerpo legal. Por ello, corresponde revocar el auto que decretó el sobreseimiento del imputado.

Pociello Argerich, Filozof, Garrigós de Rébori. (Sec.: Collados Storni).

29216_5 MIRAMONTE, Rubén O. 31/05/06

c. 29.216.

C.N.Crim. y Correc.

Sala V.

Se citó: (*) Guillermo R. Navarro, Fraudes, Quiebra fraudulenta y culpable, Insolvencia fraudulenta, Administración fraudulenta o infiel, Concurrencia desleal, Nuevo Pensamiento Judicial, Bs. As., 1994, p. 102; C.N.Crim. y Correc., Sala V, c. 12.541, "Chichotky, Mario", rta: 31/03/1980.

Fuente:  http://ar.vlex.com/vid/recurso-criminal-correcional-n-29-31-35220326


Publicado por Judicial Argentina en 17:05



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