CRIMEN TRANSNACIONAL

La situación en México se considera crítica. La noción de inseguridad se ha disparado al punto en que se ha intentado comparar a México con un Estado fallido. Ciertamente no pretendo discutir si esa es una realidad. Las intenciones de este espacio se dirigen a estudiar el comportamiento de las redes del crimen transnacional y las implicaciones que conlleva la mala administración de recursos por el Estado mexicano.

Diego A. Martínez

Universidad De Monterrey

Palabras clave: Estado mexicano, Narcotráfico, Crimen Trasnacional, Estado fallido, Seguridad Pública, Gobierno Dividido, Política de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Leyes Antiinmigrantes

Enero 26, 2011

A mediados del 2010, los gobernadores republicanos de la frontera con México dejaron en claro que la espera por una reforma migratoria había concluido. Con la ley SB-1070 en Arizona, los republicanos pretendieron menospreciar el éxito reciente de Obama en materia de salud, y comenzar una nueva plataforma para las elecciones intermedias en noviembre del mismo año. Hoy sabemos que lo consiguieron. Sin embargo, la política bipartidista de Estados Unidos no es lo que incumbe al siguiente artículo. Es la creciente inseguridad en el territorio mexicano producto de la mal llamada “guerra contra el narco”, y las reacciones de su contraparte estadounidense lo que da a este espacio su razón de ser.


La ley SB-1070 fue promulgada el mes de abril por la gobernadora Jan Brewer. La aplicación de la misma vendría cuatro meses más tarde sino se hacía algo por impedirlo. La ley era determinante, daba la condición de criminal al migrante que fuese sorprendido en estancia ilegal en el estado, y los policías tenían la libre facultad de interrogar a cualquiera que fuese por la calle y pareciera sospechoso. Las críticas y demandas no se hicieron de esperar, se catalogó a la ley como discriminatoria y agresora hacia los derechos humanos. Días antes de su aplicación, se presentó una resolución del gobierno federal. La ley pasaría, pero sin sus elementos discriminatorios. A pesar de esta obstrucción, la ley sirvió de ejemplo para otros estados a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, y desde aquella fecha, se han presentado proyectos similares en Texas, California, Nuevo México, Pennsylvania, entre otros.


En aquel momento, los estados fronterizos parecieron tener una razón que justificara las legislaciones tan estrictas, su principal motivo era el temor a que el crimen organizado cruzara a los Estados Unidos. La lógica de los gobernadores consistía en que la cantidad de inmigrantes que llegaban a la frontera caían en manos de los coyotes vinculados con el narcotráfico, quienes los obligan a pasar droga a territorio americano o en su defecto, a convertirse en sicarios a cambio de cruzar a ese “mundo de oportunidades”. 


Sin embargo, días atrás una noticia me dio la justificación necesaria para traer de vuelta al debate la utilidad de éstas legislaciones. Circuló por internet una investigación realizada por el Center for American Progress, en donde se reveló la existencia de vínculos entre las grandes empresas privadas carcelarias en Estados Unidos con miembros cercanos a la gobernadora Brewer, muchos de los cuales, fueron promotores decisivos para la elaboración y aprobación de la ley en cuestión.  La Corrections Corporation of America (CCA), empresa privada que administra 65 cárceles y centros de detención a migrantes –dice el documento-, recibió en el 2010 la suma de 74 millones de dólares por realizar dicha función. En base a esto último, me queda entonces la duda de si las intenciones expuestas por los gobernadores fronterizos en defensa de sus ciudadanos sea en su totalidad veraz, o en su defecto, la máscara perfecta para favorecer a un grupo de empresarios que se regocijan de la desdicha de los inmigrantes latinoamericanos.

A pesar de lo anterior no busco juzgar tales acciones, mi intención es aclarar la dura situación a la que se expone a los inmigrantes con éste tipo de legislaciones. Por un lado, los migrantes salen de sus rancherías escapando del riesgo que ha generado la expansión del narcotráfico a las regiones rurales, dónde se dedican a sembrar y cosechar mariguana y amapola. Al llegar a la frontera, vuelven a encontrarse con el peligro del crimen organizado, que se ofrece a llevarlos a ese mundo tan esperado a cambio de ciertos favores que van desde el tráfico de cierta cantidad de droga, hasta la trata de personas y la prostitución. Ahora, además de todo este peligro, agregarle el riesgo de ser atrapado y juzgado como criminal. No veo en éste tipo de leyes –y pensando que su intención sea principalmente impedir el fortalecimiento del crimen organizado-, la manera de dar solución a un problema cuando lo único que se hace es presionar con más ímpetu a las víctimas.

Pareciera que a un par de meses para acá los dirigentes tanto de México como de Estados Unidos han entendido algo. Se ha llegado al consenso –luego de una gran cantidad de dimes y diretes-, que el problema no es nacional: ni exclusivamente mexicano, como no lo es del todo estadounidense. Se ha resuelto de igual manera que con políticas binacionales tampoco puede erradicarse éste problema, por tal, nos lleva a la conclusión de que lo que se necesita son acciones transnacionales. ¿Cómo hacerlo?, bueno ese sería un tema perfecto para un artículo posterior.



Un Lado Más Del Dado

Noviembre 20, 2010

Desde que comenzó este espacio, se ha analizado al narcotráfico de una manera unilateral. Lo anterior visto de la siguiente manera, imaginemos al crimen organizado como un dado, por un lado está el móvil más grande que son las drogas, en las demás caras podríamos ubicar el tráfico ilegal de armas, los narcopolíticos, la trata de personas, el lavado de dinero, entre otros. Reconozco que en una simple introducción la idea pudiera no quedar clara, sin embargo, podré en artículos posteriores enfocarme en cada una de las caras del dado. Por tal, el presente artículo busca analizar la condición y consecuencias del tráfico de armas.


Generalmente tenemos la noción de que el narcotráfico sólo se dirige al norte, o mejor dicho, hacia Estados Unidos. Sin embargo, el problema del crimen organizado ya no es simplemente el transporte y distribución de la droga; implica también, como dije anteriormente, otros tipos de crímenes como lo es el tráfico ilegal de armas. Desde el comienzo de la mal llamada “guerra” contra el narcotráfico, el Gobierno del Presidente Felipe Calderón ha insistido en que el problema del crimen organizado es un tema binacional, ambos países son partícipes y víctimas del mismo, y no sólo por la simple y lógica razón de que en Estados Unidos se encuentre el mayor mercado de adictos  en el mundo –aproximadamente 72 millones-, sino la realidad de que Estados Unidos es el mayor proveedor de armas de grueso calibre para los cárteles mexicanos. 


No sabría decir exactamente desde cuando existe esta realidad, no obstante, lo que necesitamos saber el día de hoy son los motivos para que exista, van desde la protección en contra de los miembros de los otros cárteles, la protección de las respectivas “plazas”, así como el de poder enfrentar a policías y militares que puedan ser un problema para cometer su labor; todo esto aunado a la facilidad para obtener un arma, que por ley se encuentra en la segunda enmienda, donde se dota a los ciudadanos americanos del derecho a poseer armas para su defensa.

 


En la política de Estados Unidos, el tema del tráfico ilegal de armas ha sido un punto olvidado de la agenda. El problema del narcotráfico se ha visto con diferentes rostros, pero nunca con el de las armas. Se promovió la Ley SB-1070 en el Estado de Arizona contra los inmigrantes, pues se pensaba que eran éstos quienes traían la droga al pasar la frontera; su lógica era, no migrantes, no droga, no adictos. Por su parte, en el Estado de California se consideró la legalización de la mariguana para consumo personal, con la intención de poder tener un mejor control sobre la cantidad de adictos que existen en el Estado. En Texas no es diferente, se han promovido leyes contra inmigrantes y de igual manera, poco o nada sobre la regulación de compra y venta de armas. 


Hice referencia a los tres Estados anteriores, pues es en ellos donde se concentran aproximadamente 60 mil comercios autorizados para la venta de armas y al ser fronterizos se vuelven un medio accesible para el crimen organizado.

Pero, ¿por qué no se han hecho regulaciones más rígidas a la comercialización de armas? Por un lado, hay quien piensa que los cabilderos de las grandes industrias de armas en Estados Unidos tienen una fuerte influencia en el Congreso, por otro lado la importancia que tiene el sector de armas y la guerra para el desarrollo económico del país, o pudiera ser meramente una actitud egoísta de los líderes estadounidenses, puesto que al ser una actividad redituable y a todas luces legal, no ven el móvil para regular, entorpecer, o desincentivar éste mercado. Razones pudiera haber muchas, lo que sí es una realidad es que para los comerciantes estadounidenses, el destino o paradero de las armas no es una consideración relevante, siempre y cuando, los documentos estén en orden al momento de la transacción.

 


Cabe recalcar, como mencioné en el artículo de “Haciendo leña del árbol caído”, que existen en la sociedad estadounidense creencias que dificultan la posibilidad de una futura regulación de la compra y venta de armas. La decepcionante realidad es que la mayoría piensa que el problema del crimen organizado es una causa perdida para Estado mexicano, y mientras que el ciudadano americano no vincule el gramo de coca que consuma, o el cigarro de mariguana que fume, o el arma que compre a nombre de algún narcotraficante con los ya cerca de 30 mil asesinados en México, no podremos garantizar un final próximo para esta situación cada vez más seria.

 

 

Un Secreto a Voces

Noviembre 5, 2010

Una característica muy peculiar del perfil de un narcotraficante es la actitud de filántropos que a algunos les da por escoger. Es bien sabido que en sus tiempos, Pablo Escobar apoyó a muchas comunidades con escuelas, carreteras y hospitales en respuesta al poco apoyo que recibían del gobierno colombiano. De alguna manera, esta conducta se ha arraigado en el actuar de numerosos narcotraficantes mexicanos, siendo de esta manera reconocidos y hasta cierto punto queridos por la comunidad que apoyan. Ya que satisfacían necesidades que el gobierno no atendía.


Una declaración de la Arquidiócesis mexicana llamó mi atención la semana pasada. Un escrito publicado en un semanario titulado “Desde la Fe” acusaba de irracionales los ataques a la sociedad provenientes de las bandas del narcotráfico y se preguntaban qué parte de la sociedad no se ha visto involucrada con el crimen organizado. Ciertamente no pretendo actuar como la Arquidiócesis buscando culpables en cualquier lugar, o bien criticando las acciones producto de las necesidades de la sociedad mexicana. 


El presente artículo busca revisar una situación que sobresale en el escrito mencionado con anterioridad, el abierto reconocimiento de una relación de colaboración entre “algunos ambientes religiosos” con las bandas del crimen organizado. 

Este tipo de acciones no son algo nuevo, si bien era un secreto a voces, el que ahora se aceptara públicamente abre la posibilidad a un interesante análisis de trasfondo. 


Es sabido que la religión católica está arraigada de manera muy profunda en la cultura mexicana, y como mexicanos, los narcotraficantes no son una excepción. 

Si bien la moralidad no se encuentra reflejada en sus acciones, es importante mencionar de palabras de Sandra Ávila (“La Reina del Pacífico”) que para el narcotraficante cada rancho debe tener su capilla, y lo más importante que permanezca aseada y hasta con flores. No sabría a ciencia cierta explicar el por qué de tal posición, sin embargo, pareciera ser una rama importante del gran misterio que envuelve a la cultura del narcotráfico. 

De alguna forma encuentro una interesante similitud entre la Iglesia y el Estado mexicano. 


La razón por la cual los sacerdotes en comunidades marginadas estén expuestos a recibir donativos

del crimen organizado, habla de una clara incapacidad de la Iglesia por vigilar la impartición de la religión, asegurar a los sacerdotes condiciones idóneas para realizar su trabajo, entre otras de sus obligaciones. Algo similar a lo que le sucede al Estado mexicano, que debería garantizar un trabajo digno, una buena salud, buena alimentación, educación de calidad, un buen ambiente para desarrollarse como persona, entre otros tantos; que por motivos de prioridades, intereses particulares e incapacidades se ha visto limitado en la atención de muchas de estas necesidades de la sociedad. 


Por tanto, como instituciones ambos tienen sus respectivos defectos y virtudes. 

Sin embargo, entre el crimen organizado, la Iglesita y el Estado mexicano pareciera que el primero les llevase considerable ventaja. 

Ante tal situación me pregunto, ¿se habrá de juzgar cual cómplices del crimen organizado a quiénes acepten sus donativos? Puesto que por un lado para muchos, este tipo de acciones son una salvación que no verían de otra manera, para el resto, son acciones que fortalecen el acuerdo intangible entre narcotráfico y sociedad, permitiendo dar continuidad a la esfera de violencia, corrupción e impunidad en la que hoy en día nos hemos enfrascado.



¿Por El Bien De La Juventud?

Octubre 24, 2010

Comparto la idea de que el fin último del ser humano es ser feliz, pero también reconozco que existen diversos medios para alcanzar la felicidad. Por un lado está la vía del esfuerzo y la dedicación. Por el otro, el camino del narcotráfico, que si bien no augura una vida larga, si promete un agradable estado de satisfacción. Tristemente, es esta la decisión que hoy en día millones de jóvenes deben tomar. Está comprobado que las bandas del crimen organizado reclutan jóvenes, aprovechando las tétricas condiciones que existen actualmente en el país.

Desempleo, baja escolaridad, y pobreza extrema son algunos de los motivos por los que esta decisión se ha vuelto sencilla para los jóvenes. La nula esperanza y los débiles valores que existen en la sociedad, han generado que más de una generación de mexicanos se haya sumergido en un ciclo de violencia, que hoy por hoy, pareciera no acercarse a su fin. Sin embargo, realizar un artículo discutiendo lo que cada uno de esos temas provoca en la juventud no sería de mucha utilidad para el lector. Por tanto, en el presente documento habrá de discutirse sobre la efectividad de las medidas que ha tomado el gobierno para enfrentar tal situación; agregando después una propuesta diferente que sería conveniente analizar. Por un lado, tenemos el insistente combate a la pobreza que si bien ha generado resultados, falta mucho por hacer antes de poder decir que la pobreza no sería un factor para involucrarse con el narcotráfico. En un país donde más de la mitad de su población se encuentra en condiciones de pobreza, y con aproximadamente 20 millones de mexicanos en pobreza alimentaria, no puedo más que agregar que falta mucho por hacer como para considerarla una política que cortará tajante la actual tendencia de los jóvenes hacia el crimen organizado.

Por otro lado, la situación del desempleo sigue creciendo año con año. Intentando mejorar esta condición hace unos días se creó la Ley de Fomento al Primer Empleo, en donde a base de incentivos fiscales para las empresas se busca generar nuevos empleos, especialmente para aquellas personas que trabajan por primera vez. Sin embargo, no podemos negar que la poca oferta de trabajo en la economía formal sigue dejando a muchos marginados, los cuales, buscan refugio tanto en la economía informal como en el narcotráfico.  

Las anteriores han sido algunas de las propuestas del Gobierno Federal en donde se percibe el deseo de incentivar positivamente a los jóvenes a alejarse del crimen organizado. No obstante me pregunto, ¿por qué no intentar cambiar esta tendencia con incentivos negativos? Es decir, la juventud es blanco de las bandas criminales por su condición especial ante la ley, un joven menor de edad no será juzgado de igual forma que a un adulto, independientemente si se trate del mismo delito. Si ese es el incentivo de las organizaciones criminales, por qué no quitárselo promoviendo una reforma de ley, generando así que se castigue como adultos a los jóvenes menores de edad entre los 16 y los 18 años que incurran en delitos relacionados con el crimen organizado. Soy consciente de lo imperfecto de esta idea, y por eso a continuación menciono algunos riesgos de la propuesta anterior.

En primer lugar, el juzgar a los jóvenes como adultos mandándoles a prisión como castigo en caso de que sean culpables no será una solución íntegra mientras no se consiga que dentro de las cárceles, se realice un adecuado proceso de readaptación a la sociedad. Además, las prisiones se encuentran sobre su capacidad máxima, lo que podría significar un segundo limitante de la anterior propuesta. En tercer lugar, debemos ser conscientes que existen jóvenes amenazados por  el narcotráfico, por lo que queda fuera de sus posibilidades el tomar o no la decisión de involucrarse. Por último, la latente posibilidad de que se genere una mayor violencia a partir de esta propuesta, al obligar a los jóvenes a realizar delitos más graves para evitar ser denunciados por sus víctimas.

No me cabe duda que el aplicar esta medida sola, no generaría los resultados que se esperan, la anterior propuesta debe ser implementada en conjunto con las demás acciones del gobierno, desde políticas sociales más eficientes, hasta políticas económicas. Un verdadero frente de ataque al narcotráfico con la sociedad al lado del Estado, que si bien tardará en recuperar éste último la confianza del primero es indispensable dicha unión para que las acciones tengan buenos resultados.

Si bien la juventud busca una vida de plenitud y éxtasis, no podemos culparles por ese deseo innato a su persona. No obstante, la rapidez con la que el tejido social se ha ido destruyendo obliga tanto al gobierno como a la sociedad a ponerle un alto a las fuerzas del crimen organizado. Las acciones del gobierno han dejado una base establecida en la sociedad, más no es suficiente para solucionar el problema en su totalidad. Una reforma en la ley penal pudiera ser un interesante complemento a las presentes acciones del gobierno, ¿pero hasta dónde la sociedad aceptaría esta idea?


                                                                                                                           Haciendo Leña Del Árbol Caído.

Octubre 10, 2010


México siempre ha sido un caso de particular interés para múltiples estudios. Su condición geográfica a lado de Estados Unidos, la situación socioeconómica del país, las políticas de seguridad pública, son algunos de los muchos temas relevantes que pueden estudiarse en el presente contexto. Uno de estos estudios fue el realizado por el Instituto de Economía y la Paz, que ubicó a México en el lugar 107 de 149 en el ranking de paz, al mismo nivel de países como Irán, Cambodia y El Salvador. Esto como resultado de las condiciones generadas por los conflictos sociales, y a la ya bien establecida guerra contra el narcotráfico. Pero sería poco creativo trabajar en un artículo que intente explicar si ha o no aumentado la violencia a partir del 2006, pues efectivamente, para la percepción ciudadana así ha sido. 


El presente artículo intenta juzgar la validez de algunos actos realizados por Estados Unidos a partir de esta situación, que para algunos organismos internacionales, ha sido desleal hacia el Estado mexicano.

Dentro de los medios de comunicación estadounidenses corren actualmente mitos sobre la guerra en nuestro país. Según un estudio realizado por el Instituto México del Centro Woodrow Wilson son 5 los mitos principales sobre la presente situación en México: la violencia es indiscriminada, se trata de una causa perdida, hay un alto grado de corrupción, es un problema exclusivamente mexicano, y la violencia viene del sur. 


Con respecto del primer mito, la violencia no es indiscriminada. La percepción de la misma ha llegado a casi un 50% de la población, pero existen aún en México zonas como Querétaro y León en donde la violencia no es el tema de primera plana en los periódicos. Ahora bien, si hablamos de que ésta lucha es una causa perdida, estaríamos aceptando que ya no hay nada que el gobierno mexicano pueda hacer al respecto. Pero aún es tiempo en que puede corregirse, si bien no con una misma política de enfrentamiento directo, si lo puede hacer desde políticas de educación, prevención de salud y tolerancia. Sobre el alto grado de corrupción y peculado entre los funcionarios públicos del estado mexicano y las organizaciones criminales, no me queda duda alguna que hay un largo camino por recorrer. La corrupción ha sido un excelente fertilizante para las redes del narcotráfico, y por tal, la importancia de atacarla de manera paralela a la estructura del crimen organizado.

Ante el mito de que el problema del narcotráfico es exclusivamente mexicano, no puedo más que agregar la insensatez de aceptar dicha idea. 


Está comprobado que el negocio del narcotráfico es un mercado bilateral. El tráfico de drogas se mueve de sur a norte, mientras que el tráfico de armas va de norte a sur, lo que lo hace un problema de responsabilidad compartida entre las dos naciones. Por último, sobre el mito de que la violencia viene del sur hay que considerar la capacidad de aplicación de la ley en ambas partes. En el caso mexicano, la ejecución de la ley no se ve reflejada ya sea por la incompetencia del sistema de justicia, o bien, el grado de corrupción dentro de los ministerios públicos; mientras que en el caso estadounidense, la capacidad de persecución y enjuiciamiento es más elevada, lo que provoca en los delincuentes el actuar con mayor cautela. 


Estos mitos, aunados a otros tantos dentro de los que sobresale el que México es un Estado fallido cual Irán o Afganistán, han llevado tanto a estudiantes como turistas a dejar de visitar nuestro país. Lo anterior, visto como coincidencias naturales del destino no significaría para México más que una mala racha de sucesos. Sin embargo, se ha comenzado a cuestionar si tales ideas surgen espontáneamente de la sociedad, creyéndose que son medidas adoptadas por las personas de poder en Estados Unidos para que las divisas se queden en el país. De ser éste último el verdadero escenario, ¿sería válido este tipo de competencia?

No hay duda que a partir de la crisis del 2008 México se ha visto afectado considerablemente, son tres las principales fuentes de ingresos para el Estado mexicano: petróleo, remesas y turismo; y no hay alguna que pareciera poder sostenerse más. 


Con el desempleo a partir de la crisis en Estados Unidos la cantidad de ingresos provenientes de las remesas se vieron reducidos de manera considerable. Por su parte, el petróleo sigue siendo tan volátil como siempre; por lo que confiarnos de que se encuentre relativamente estable hoy no es garantía de lo que pueda suceder mañana. Por último, los ingresos a base del turismo; que si bien se habían visto afectados por la influenza y la crisis financiera, una campaña focalizada de desprestigio al país terminaría por descartarlo como una significativa fuente de ingreso.

La situación es crítica, con menos recursos el estado mexicano sólo podría ampliar sus ingresos a base de impuestos, presionando aún más a la ya asfixiada clase media. 


Con menos ingresos, menor será la capacidad de respuesta ante el crimen organizado; lo que a la larga empeorará las condiciones actuales y complicará las relaciones de cooperación entre México y Estados Unidos. Es por esto que no podemos negar que Estados Unidos tiene el derecho de informar a sus ciudadanos los riesgos de venir a México, sin embargo, el hacer leña del árbol caído y tomar ventaja de las presentes condiciones a la larga tendrá consecuencias más graves que las que actualmente enfrentamos. Si la pregunta era la validez de su actuar, es válido. Que sea deseable, yo creo que no.



                                                                                                                                                                                                     Al Lado Del Mando Único, La Vigilancia Vecinal

Octubre 1, 2010

 

Diversas opiniones han surgido en respuesta al grado de inseguridad que se vive en el país. Por un lado, se escucha la voz de que una policía única podría solucionar los actos de corrupción e ineficiencia de los ramos inferiores. Otra propuesta que aparece en el tablero es la creación de 32 policías con mando único, que a decir de nuestro presidente es la solución idónea ante la problemática actual. Es importante resaltar que las propuestas anteriores tienen su origen en las élites del gobierno mexicano, así como en académicos sobresalientes; sin embargo, la sociedad ha presentado una nueva propuesta, contraria a todo lo que ha considerado el Gobierno Federal: la vigilancia vecinal.


De entrada, la vigilancia vecinal por sí misma tiene diferentes niveles: vigilar y denunciar, vigilar y atrapar, vigilar y juzgar, y para lo que concierne a este artículo debemos entender la propuesta como el nivel último. Pues es lo que en estos momentos se manifiesta en algunas ciudades del país.

La vigilancia vecinal surge a partir de la incompetencia del Estado para garantizar la seguridad de los mexicanos, el alto grado de desconfianza que tiene la sociedad en las instituciones policiacas, y el hartazgo de los ciudadanos de ser víctimas tanto de las autoridades, como de las bandas criminales. 


Esta propuesta consiste en la protección de la comunidad por los mismos vecinos, quienes tomarían justicia por su propia mano ante la inexistente aplicación del Estado de Derecho.

Ciertamente, entrar en la discusión sobre si la vigilancia vecinal traería mejores resultados que los hasta ahora obtenidos, sería muy complejo y al mismo tiempo poco confiable. La variable de percepción ciudadana de seguridad no sería útil pues la violencia que se genere pudiera ir más allá de la que actualmente produce la lucha contra el crimen organizado. No estoy diciendo que sea imposible medir sus resultados, simplemente habría que verlos con una perspectiva más crítica que los otorgados por una dependencia de gobierno. Pero en este artículo no se intenta analizar cuál propuesta sería la más conveniente para el país, sino analizar las consecuencias que podrían generarse ante la aplicación de la vigilancia vecinal.

 


Comentaba con un compañero hace tiempo que el problema del narcotráfico radica en los incentivos que se tienen para formar parte. Bajo ese supuesto, argumentaba que una forma de disminuir los incentivos era armando a la ciudadanía, pues ante el riesgo de perder su vida, el narcotraficante, sicario, delincuente pensaría dos veces antes de cometer una agresión. Por tal, el análisis coste beneficio sería el siguiente. Para el ciudadano el riesgo no cambia, antes de aplicar esta medida peligraba su vida ante el grado de inseguridad, ahora se mantiene esa situación pero con la posibilidad de poder infringir un daño al delincuente. Por su parte, al delincuente se le suman a sus riesgos habituales (policía, otras bandas, salir herido), la incertidumbre de pasar de agresor a víctima en un solo momento; esto teniendo los mismos beneficios que el delito le genera. 


Por tanto, vemos como con la vigilancia vecinal los incentivos de delinquir disminuyen ante el riesgo de perder la vida a manos de la víctima, lo cual si no elimina los incentivos para integrarse al crimen organizado, sí los reduce considerablemente.

Ahora bien, dentro del marco legal que vivimos la justicia por la propia mano no existe como posibilidad de justicia, sino como un delito más. Sin embargo, la sociedad no actúa con la finalidad de “erradicar el crimen organizado” –objetivo que tendría la policía o el mismo Ejército en la política de Calderón-, sino con la intención de protegerse ante las agresiones de los cárteles del narcotráfico. Éste principio se conoce legalmente como de legítima defensa, y consiste para el jurísta Juan Pablo Acosta García “es el acto por el cual un individuo defendiendo cualquier bien jurídicamente protegido, sea este suyo o de un tercero, material o inmaterial, repele una agresión ilegítima, actual o inminente”. 


Por tal, que la sociedad busque los medios para defenderse cuando el Estado no ha podido satisfacer esta demanda, es una posibilidad que existe aún desde el punto de vista legal.

Por último, me gustaría mencionar las implicaciones que tiene para la estructura de gobierno el empleo de la vigilancia vecinal. En los lugares donde ha comenzado a emplearse este nuevo modelo de seguridad (la mayoría en Chihuahua), las instituciones policiacas han sido suprimidas del sector público al ser acusadas de corruptas e ineficaces en el cumplimiento de sus funciones. Considero que llegar al extremo de erradicar todo indicio de institucionalidad gubernamental de un rubro tan importante como lo es seguridad pública no pareciera tan conveniente, entiendo los motivos, pero no se puede ignorar el riesgo de caer en el Estado primitivo donde el más fuerte dirija a todos los demás. 


Debo reconocer que la anterior situación pudiera convertirse en un trabajo fascinante ante las muchas formas en que las bandas criminales puedan reaccionar, pero ese sería material para un artículo más.

La sociedad se siente abandonada, y no le basta el acompañamiento de un político con frases de aliento y palabras motivadoras, exige acciones; y ante la nula reacción del Estado la sociedad ha decidido tomar sus propias medidas. La vigilancia vecinal es un modelo que si no es perfecto, dará a cada ciudadano su propia percepción de seguridad y será un mensaje claro a quienes gobiernan el país de manera ineficiente. Al lado del mando único marcha la vigilancia vecinal, que si de manera separada cada una no alcanzaría el éxito, una mezcla de las dos sería una solución interesante.



El Pacto “Medios-Narcotráfico”

Septiembre 23, 2010

 

Los medios de comunicación son una herramienta que tiene el ciudadano para estar informado sobre lo que sucede en su entorno. Con el brote de violencia, las profesiones como reporteros y fotógrafos se han vuelto de las más riesgosas del país. Las casas editoriales se han visto atacadas por un doble frente difícil de controlar; por un lado se encuentran las organizaciones criminales, quienes aprovechan el rol que juegan los medios de comunicación para difundir el temor y la psicosis que corrompen los valores de la sociedad. Y por el otro, tienen la presión del Estado, que con fines de estar en buenos tratos con la sociedad, exige a los medios suprimir cierta información que pondría en riesgo su legitimidad. Todo esto golpea no sólo a largo plazo la validez de un periódico o noticiero, sino que también a corto plazo ha generado un fenómeno de violencia hacia los periodistas: extorsión, amenazas, levantones y asesinatos.


Ante la presente situación el periódico “El Diario” (Cd. Juárez) publicó hace unos días una carta titulada
“¿Qué quieren de nosotros?” en la que solicitan a los líderes de las organizaciones criminales fijar las reglas “sobre lo que debe o no ser publicado”, reconocen como “líderes de facto” de Ciudad Juárez a estas bandas criminales, y recriminan la nula respuesta que ha dado el Estado a las constantes peticiones de protección que los periodistas han solicitado. Cabe aclarar que los autores de la carta no consideran esto como una rendición ante el crimen organizado, sino más bien una tregua. 


La idea del pacto narcotráfico-sociedad ha sido discutida por diversas autoridades del Estado y estudiosos de seguridad nacional creando un fuerte debate sobre si debería o no aceptarse. Sin embargo, este artículo no busca juzgar la decisión del pacto, sino analizar el impacto que este tendría en la validez de los medios que hoy en día comienza a deteriorarse de manera acelerada.

 

Con toda la censura que ha venido generándose a partir de este doble frente que oprime a los medios de comunicación surge en mí la cuestión de si este pacto con el narcotráfico afectará la validez de la información que otorgan los medios. 


Considero que existe un alto costo social en el mismo. “El deber o la vida, es el dilema de los periodistas, ¿pero el de la sociedad? Ciertamente se afecta la validez de la información, posiblemente no en todas las secciones pues existen temas que no le interesan a las organizaciones criminales, sin embargo, aquella información que ofrezcan las secciones de incumbencia al narcotráfico deberán verse con una actitud escéptica, pues surgen de un interés que busca evidenciar el fracaso del Estado, de destapar a los funcionarios públicos que permiten los abusos, y de generar el miedo en la sociedad.

 


Buscando evitar que otros periódicos sigan los pasos que tomó “El Diario”, el Gobierno Federal ha propuesto el Plan de Protección para periodistas mismo que se compone principalmente en “otorgar seguridad personal, el cambio de ciudad si el periodista corre riesgo de ataque, y una reforma legal para convertir los asesinatos de periodistas en delitos federales.” De alguna manera esta medida puede ser vista como una solución ante la problemática; sin embargo, deja mucho que desear

 en su formulación pues no es garantía de la seguridad de los periodistas. A continuación algunas de las razones por las que considero poco eficiente esta propuesta.


Pareciera que la opción de cambiarlos de ciudad para que sigan en sus labores en otro lado es una opción viable para otorgarles seguridad, pero el poder del crimen organizado no está en una sola ciudad o estado, se encuentra disperso en diferentes zonas (hablando inclusive de una misma organización), por lo que a pesar de ser una buena idea, es necesario realizar estudios generales para la adecuada aplicación de esta parte del plan.


Por último ante la opción de una reforma legal me pregunto ¿sería realmente efectivo el cambio? En México la mayoría de los delitos que se cometen quedan impunes y una autoridad no puede proceder en caso de una amenaza pues no está tipificado cual delito. Entonces, ¿el hecho de que el delito ahora sea jurisdicción federal cambiará algo? Creo que tampoco sería una opción con la cual los periodistas pudieran sentirse seguros.

Vemos en la actualidad cómo la sociedad ha llegado a un límite, una situación que ha obligado a ciertos sectores (obviamente los más vulnerables) a tomar medidas personales, pues el Estado se encuentra en una condición de incompetencia que no ha sabido resolver. Vemos sus esfuerzos por cumplir con su deber de resguardar la sociedad, pero se queda lejos de lo que en estos momentos la misma necesita. El pacto en algunos sectores de la sociedad ya comenzó, ¿será este el medio para salir de la inseguridad que nos agobia?

 

“La Barbie”

Septiembre 7, 2010

 

El 30 de Agosto de 2010, cae en el Estado de México Edgar Valdez Villareal alías “La Barbie” a manos de la Policía Federal. En mejor momento no podría venir este arresto, dirán los defensores del ejército en las calles, pues a un día del Cuarto Informe de Gobierno Calderón podrá presumir el gran avance y los “golpes” que ha acertado en materia de seguridad en contra de los grupos del crimen organizado. Honestamente no veo qué aplaudir de la “gran captura”, por un lado el que Edgar Valdez ya no esté como líder de la banda criminal no hace que la organización desaparezca, más bien, hará que alguien más tome el liderato–pues los vacíos de poder no existen-, con la esperanza de que  sea menos peligroso que el mismo Edgar Valdez, situación que no veo tan factible.

 

Por otro lado, la risa cínica, nerviosa, inexplicable, aterradora, incontrolable, (de entre más calificativos )de “La Barbie” al momento de su captura no deja más opción que dudar sobre la veracidad de los hechos acontecidos. ¿Realmente habrá sido la inteligencia de la SIEDO o fueron las circunstancias en que vive Edgar Valdez lo que le movió a entregarse? Mucho se habla de que fue un arreglo entre él y el Gobierno Federal para poder presumir su captura, a cambio de protección de los demás cárteles de droga en el país quienes lo consideran traidor a la organización, así como su futura deportación hacia los Estados Unidos. Como estadounidense, su proceso de expulsión será rápido. La aplicación del artículo 33 constitucional donde se expresa que “queda como facultad exclusiva del Ejecutivo Federal hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente”, deja en claro que la posibilidad de un pacto es viable pues son decisiones personales entre el presidente Felipe Calderón y Edgar Valdez.


Es importante resaltar, que en caso de que Edgar Valdez tuviera una doble ciudadanía, en este caso la mexicana, la condición de su deportación ya no aplicaría por no ser considerado extranjero. Es en esta situación donde se debería comenzar un proceso de extradición que podría durar año y medio con dictamen previo de un juez federal. La condición de Edgar Valdez “La Barbie” es interesante a nuestro estudio por ser ejecutante del delito del narcotráfico, que en la modernidad se ajusta de manera idónea al concepto de crimen transnacional. De entrada, la red que Edgar Valdez manipulaba es de reconocerse, desde Colombia hasta México y Estados Unidos se ha dedicado a traficar con armas, personas y drogas lo cual para los países mencionados es un delito grave.

 


En Estados Unidos lo han buscado desde el 2003, al ser atrapado en México lo más probable es que el gobierno mexicano ha de utilizarlo todo lo que pueda para obtener información de los demás grupos criminales, situación que se ha visto reflejada con lo que los medios han difundido sobre el caso. Después comenzará la disputa internacional. Como norteamericano tiene derecho a ser juzgado por su país y cumplir la pena allá. Sin embargo, en México también ha cometido delitos por lo que lo más lógico sería el procesarle primero en uno y posterior en otro, considerando siempre el principio de derecho Nom Bis In Idem que implica el que una persona no pueda ser juzgado en dos ocasiones por el mismo delito. Dejando esto claro, ahora toca a los Estados organizarse de la mejor manera, para que éste criminal encuentre sanción a los crímenes que ha cometido.

Municipios Débiles y Policía Única.

Septiembre 2, 2010

 

En México tenemos un sistema político que se define a sí mismo como sistema federal, compuesto por cuatro niveles de gobierno: Federación, Estados, Municipios y Distrito Federal. La Federación habla de las autoridades –ejecutivo, legislativo y judicial-, que se encargan de lo que implica el Estado mexicano como un todo. Por su parte, los Estados según nuestra Constitución Política, son libres y soberanos hacia su régimen interior, condición que les permite regularse y decidir sobre las cuestiones internas de gobierno. Los municipios se rigen bajo un modelo similar al que vemos dentro de la relación “Federación-Estado”, según el artículo 115 constitucional se determinan libres, lo que les da autonomía con respecto a los otros entes del sistema federal. La condición del Distrito Federal, no tiene relevancia para los fines que el presente artículo persigue, por lo que no veo conveniente hablar del mismo por el momento.

 


Ciertamente no busco en este espacio dar una explicación de la composición del Estado mexicano, ni mucho menos tratar de buscarle soluciones a los problemas estructurales que la organización misma padece. La intención surge a partir de una realidad conocida: los municipios son quienes enfrentan a las redes del narcotráfico de manera más directa y al mismo tiempo, son quienes menos preparados están para tal operación. De los 2,400 municipios, actualmente 400 se encuentran sin un cuerpo policíaco, y el 90% de los que si tienen cuentan con menos de 100 elementos en su nómina. Esto se vuelve todavía más alarmante al saber que el 61% de estos policías reciben un salario menor de 4 mil pesos mensuales (310 dólares), lo que vuelve altamente tentadora la oferta de los cárteles a trabajar menos por recibir más.

 


Como mencioné en el artículo Realidades de un pueblo de 30 personas el Estado mexicano ha creado áreas de incertidumbre que las redes del narcotráfico han aprovechado para posicionarse de manera firme dentro del sistema federal mexicano. ¿Estaré diciendo con esto que la composición del Estado mexicano como sistema federal ha propiciado la fuerte base en la que se respaldan las organizaciones delictivas? Honestamente no pienso que sea así. El sistema federal por sí mismo no genera estas condiciones idóneas para el crimen organizado. Son cuestiones como el alto grado de dependencia económica que existe entre los municipios y estados hacia la federación, o la incompetencia que poseen estos niveles gubernamentales en materia de seguridad u, oferta laboral, entre otras, lo que abre el nicho al narcotráfico. Es por esto que el municipio se ha vuelto vulnerable. Al momento de encontrarse frente a frente con las organizaciones criminales sólo tienen de dos opciones: “plata o plomo”, no hay más. Actualmente, según los medios de comunicación, han sido por lo menos 11 alcaldes y ex alcaldes los que han sido asesinados o desaparecidos durante los 15 meses anteriores. Por su parte, sólo en el Estado de Durango se han descubierto 10 ediles que colaboraban con el narcotráfico. Como dije, las opciones de un alcalde ante el crimen organizado son dos: “plata o plomo”.


Ahora bien, pensando en el supuesto ideal, los municipios deberían tener los medios para enfrentar al crimen organizado. Lo que sucede en realidad es que las policías municipales se corrompen con facilidad –con un salario menor a 4 mil pesos mensuales (310 dólares), se puede entender- pues el narcotráfico les ofrece quincenalmente de 4 a 25 mil pesos (310 a 1925 dólares) dependiendo el sapo la pedrada, desde policías de calle, coordinadores, comandantes y directores de área. Es por esto que dejan de lado sus deberes con el Estado mexicano fortaleciendo así el poder de las redes del narcotráfico.

 


En respuesta a tal situación, el Presidente Felipe Calderón ha propuesto, en los “Diálogos por la Seguridad”, la creación de una policía única que proveerá la seguridad inclusive a los municipios que carecen de un cuerpo policíaco. La propuesta es interesante: evitar las pequeñas corporaciones fáciles de corromper, para evitar que el crimen organizado se siga fortaleciendo. Sin embargo, volvemos a la composición del sistema federal que nos habla de un Municipio Libre, y francamente la creación de esta policía única atenta completamente a este principio. ¿Será válido sacrificar la libertad interior de los municipios a cambio de un nuevo modelo para la seguridad en el país? En lo personal no veo motivo por el cual no podamos arriesgarnos, si es más que evidente que el presente modelo no está funcionando, ¿por qué no intentarlo? La realidad se vuelve cada vez más complicada, y la inacción podría traer más repercusiones que el intento de algo nuevo. Si el Estado mexicano desea hacer algo, el momento es ahora.



                                                                                                                                                                                                                                           Diálogos Por La Seguridad.


                                                                                                                                                                                                                                                               Agosto 24, 2010.

En búsqueda de la mejor política pública en materia de seguridad, el presidente Felipe Calderón ha convocado a los diversos sectores de la sociedad a dialogar 

sobre las medidas que debiera tomar el Estado para enfrentar al crimen organizado. La Iniciativa Privada (IP), diversas Organizaciones no Gubernamentales (ONG), especialistas en la materia, la Iglesia, los medios de comunicación, los gobernadores, ministros de la Corte y dirigentes de los partidos han sido convocados a dar su opinión en este tema. Sin embargo, esta medida se ha quedado muy lejos de lo que se esperaba que fuera, debido a lo poco que se escuchó de lo mucho que se dijo.

Las conclusiones de éstos diálogos podemos resumirlas en las siguientes dos: Calderón está decidido a mantenerse en su línea dejando al Ejército en las calles hasta el fin de su mandato, y la segunda, que el Estado mexicano se está quedando sin recursos para financiar esta “guerra” pues Calderón está dispuesto a sacrificar programas sociales que “no han sido tan exitosos” o aumentar impuestos. 


Ciertamente uno se lleva una gran decepción al ver que para un Estado la visión de un “Plan B” es una idea por demás distante, y se agobia aún más ante el daño que la necedad de una persona en el poder puede causar. Sin embargo, el fin de este texto no es evidenciar lo que por todos ya es visible, el presente artículo tiene su origen en una realidad que describe al Estado mexicano: es un gobierno dividido, lo que lo hace poco funcional y sin duda ineficiente.

Debo dejar en claro que no busco conceptualizar a México como un Estado fallido, pues ese es tema para otro momento. Por tanto, nos concentraremos en el significado de gobierno dividido, cómo se hizo manifiesto en estos diálogos y el impacto que esta condición tiene en  el actuar del Estado mexicano.


Al hablar de gobierno dividido hago referencia al concepto que le da Nohlen: “término técnico de la ciencia política para caracterizar las relaciones de gobierno en el presidencialismo bajo las condiciones de mayorías partidarias divergentes en el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo.” (2006) En el caso mexicano, el PAN se encuentra en el Ejecutivo y una composición de PRI, PRD, PT, Verde Ecologista y Convergencia abarcan el Legislativo. La fuerte necesidad de negociación ha desembocado en una lucha entre poder y orgullo, pues los líderes parlamentarios buscan desacreditar al presidente exigiéndole que reconozca su fracaso en materia de seguridad pública, mientras que el presidente les exige a los legisladores una mayor participación en la política pública que “solucionará el problema”.

 

De la respuesta de los líderes parlamentarios a los diálogos vemos como la situación del Estado mexicano lo vuelve vulnerable. De los invitados sólo Navarrete, líder del PRD en la Cámara de Senadores, confirmó su asistencia al evento; así como también los representantes de Convergencia quienes desde el inicio de la “guerra contra el narcotráfico” estuvieron en contra de la política de Calderón. ¿Qué movió a los legisladores a ausentarse? En primer lugar, a la vista de los partidos de izquierda (PRD y PT) Felipe Calderón nunca fue electo presidente, por lo cual asistir a un evento de este tipo sería incongruente. Desde la mirada del PRI, la negativa a esta invitación va desde nociones electorales, hasta la idea de que Calderón no está dispuesto a cambiar el sentido de su política de seguridad. Por lo que vieron en los “diálogos” sólo una conferencia y poca acción.

  

El gobierno dividido ha diezmado el impacto que la acción gubernamental pueda generar. Esto vuelve evidente la débil situación en la que se encuentra el Estado mexicano al enfrentarse con las redes del narcotráfico. Por tanto, no es sólo el limitante de una cantidad determinada de recursos lo que reduce la acción del Estado, sino que también el comportamiento del sistema político mexicano le impide tomar decisiones y actuar en el momento oportuno. Un Estado dividido sin una idea clara de acción lo vuelve ineficiente e incapaz ante lo bien estructuradas que están las redes del crimen organizado.

 

Realidades De Un Pueblo De 30 Personas

Agosto 18, 2010.

Uno es incapaz de saber lo que le depara el destino. Ciertamente no tenía idea de lo que implicaría el hacer mi servicio social dentro del programa “Desarrollo de Comunidades Rurales”, pensé: trabajo arduo de campo y asistencia social; pero me quedaba muy pequeño ante la gama de posibilidades que existen en una comunidad como Potrero de San Pedro, Coahuila.

La entrada a Potrero de San Pedro está ubicada en un entronque sobre la carretera Saltillo-Zacatecas. De la carretera hasta el poblado son aproximadamente 7 km de terracería. La conexión con la ciudad de Saltillo es un camión que realiza dos viajes al día por lo que en la comunidad son conscientes de otro mundo aparte del suyo. En este relato habré de plasmar experiencias y observaciones que sucedieron durante mi estancia en Potrero, aclarando que es un escrito académico dejaré la parte espiritual de la experiencia fuera, concentrándome en las condiciones socioeconómicas que existen dentro de la comunidad.

La realidad de Potrero de San Pedro refleja una pequeña sociedad, tendrá cerca de 30 personas en todo el poblado y de esta población cerca del 50% entrarían en el concepto de adulto mayor. Los programas sociales de “Oportunidades” y “70 y más” se consideran un éxito dentro de la comunidad por el auxilio que para los beneficiados representa. Pero si hablamos sobre educación o salud, servicios que por Ley debiera prestar el Estado vemos áreas de incertidumbre: la escuela más cercana para los niños y jóvenes que habitan en Potrero se encuentra en la comunidad del “El Salitre” ubicada a otros 7 km por el mismo sendero. El servicio de salud es otorgado por una habitante de la comunidad que imparte los cursos de los programas sociales y tiene alguna noción de enfermería, pero la visita del doctor suele ser poco frecuente. Las oportunidades de trabajo son reducidas pues se abarcan los ramos de minería, ganadería y agricultura; que a pesar de los medios que puede poner el gobierno para facilitar estas labores, no todos los miembros de la comunidad están en condiciones para emplearlos.

Por tales condiciones en Potrero de San Pedro se vive un estado de pueblo fantasma, los niños y jóvenes van a estudiar al Salitre, al crecer van formando familias y buscando una buena oportunidad de trabajo por lo que deciden ir a la ciudad en búsqueda de una mejor calidad de vida. Esta separación de la comunidad es fuerte, pero no se compara con el porcentaje de la población que decide aventurarse a cruzar como inmigrante buscando ganar no sólo bien, sino en dólares. Don Ángel, quién nos recibió a los compañeros del programa y a mí en su casa a lo largo del periodo en que realizamos nuestro servicio social nos contó cómo en su momento él también persiguió ese ideal y corrió los riesgos de ser inmigrante. “Eran buenos tiempos”, decía con su historia. En la comunidad hay un grupo de padres, esposos e hijos que tienen su centro de trabajo poniendo tapetes en Estados Unidos localizados poco más al norte de Houston, el impacto que provoca el salto generacional donde tanto los padres no están presentes para ver crecer a sus hijos, así como los hijos que al llegar a su edad productiva intentan realizar el viaje; van marcando de forma aún más tangible la sensación de un pueblo fantasma.

Ahora bien, la movilización no tiene sólo implicaciones demográficas; dentro de la comunidad se crean grupos sociales en los que las familias que tienen hijos o el padre en Estados Unidos se maneja en un estilo de vida ostentoso que la mayoría de los casos no es compatible con el estilo de vida humilde que poseen las familias “completas” en la comunidad.

Aterrizando un poco esta experiencia rescato dos premisas que habrán de guiar los escritos posteriores de este espacio en la Web. Por un lado la incapacidad del Estado mexicano de distribuir de manera eficiente los recursos limitados que administra, creando así áreas de incertidumbre. Las cuales en mi opinión han sido la puerta de entrada para el crimen organizado en el país. La “guerra” contra el narcotráfico no es, ni será jamás una guerra frontal, pues las redes del narcotráfico han secuestrado pueblo por pueblo al territorio mexicano creando una base tan amplia que el Estado legal es incapaz de combatir. Por tanto, el segundo aspecto se refiere al ente que se han convertido las redes del narcotráfico satisfaciendo las áreas de incertidumbre creadas por el Estado. Agradeciendo de momento que el segundo supuesto no ha alcanzado aún al bello pueblo de Potrero de San Pedro.

Comments