El trabajador social interviniendo en la violencia Intrafamiliar

La Reforma de la Justicia de Familia constituye un avance significativo, no sólo en la perspectiva de la modernización del sistema judicial chileno, sino también y de manera muy importante en la democratización del Estado, la construcción de ciudadanía, la equidad de género y la garantía de los derechos ciudadanos.

           El cambio del sistema procesal a un modelo de justicia oral implica el fin  de un enfoque vertical, secretista y en el que la víctima no cuenta con un protagonismo procesal ya que el Estado es quien actúa en su representación, y su reemplazo por otra mirada transparente, con plazos acotados, que reconoce a la víctima como sujeto protagónico de la función reparadora, con garantía para los derechos ciudadanos y con procedimientos que en algunos casos, como la mediación familiar, se fundamentan en la capacidad de las personas para decidir sobre sus propios asuntos.

            Se puede sostener que la reforma se construye desde una mirada holística que incorpora una visión transdisciplinaria y los enfoques de género y de los derechos del niño, lo cual implica la incursión de lo público en un ámbito antes considerado esencialmente privado para poder tipificar nuevos delitos, como el de la violencia intrafamiliar, que permitió que la violencia contra la mujer saliera del ámbito doméstico, se convierta en un problema público y forme parte de la agenda política nacional.

 En ese sentido se debe entender a esta reforma como parte del proceso de institucionalización del enfoque de género en el Estado por efecto de la voluntad política de los gobiernos y del movimiento de mujeres que logró visibilizar los temas de género, por lo que constituye un elemento de la equidad que debe orientar a las políticas pública.

 Desde otra perspectiva, se puede sostener que la citada reforma al centrar su construcción en los paradigmas de la postmodernidad para el análisis de los problemas sometidos a su jurisdicción, entiende a esos problemas objetos transdisciplinarios, vale decir como construcciones teóricas y sociales  que no pueden ser abordados en plenitud a partir de disciplinas específicas e individuales,  sino desde una mirada integral que elimina los recortes arbitrarios de las miradas disciplinarias.

  Ese enfoque transdisciplinario y su noción de las fronteras difusas entre los campos disciplinarios ha significado una pérdida y una tensión para el Trabajo Social, pero al mismo tiempo la apertura de nuevas posibilidades de ejercicio profesional.

La pérdida de la exclusividad como experto asesor del que gozaban los Trabajadores Sociales en los antiguos Tribunales de Menores  se concreta en la irrupción de la figura de los Consejeros Técnicos, en la que confluyen distintas profesiones, tales como psicólogos y orientadores familiares, ha significado un desafío que aún la profesión no termina de asimilar y que implica una lucha cotidiana por preservar la permanencia en un espacio frente a profesiones que buscan hacer suya esa instancia y que, como en el caso de los psicólogos, podrían tener una valoración más alta por parte de los jueces por el uso de test e instrumentos estandarizados.

 Debemos recordar que los Consejeros Técnicos emiten las llamadas “Certificaciones”, los que son solicitados por los magistrados o magistradas al profesional que estimen más pertinente o que esté de turno, y que en los casos que se requiera un informe social este se solicita a la red de los consultorios públicos o a los municipios, vale decir, la exclusividad del informe social no se ha perdido, pero sí se ha externalizado del ámbito propio de los Tribunales.

 Entre las nuevas posibilidades de ejercicio profesional están la mediación familiar, el informe social pericial forense y, derivada de la Leyes 19.325 y 20.066, el ámbito de la violencia intrafamiliar, la que conforma un campo interdisciplinario por medio del trabajo en duplas psicosociales.

La mediación familiar, como ya se señaló, es un sistema de resolución de conflictos en el que un tercero imparcial, sin poder decisorio llamado mediador, ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución al conflicto y sus efectos, mediante acuerdos,  de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.968.

 Los principios básicos de la mediación estipulados en la citada Ley precisan la igualdad de condiciones de las partes o equilibrio de poderes, el  interés superior del niño, niña y adolescente, la confidencialidad, el protagonismo de las partes y la imparcialidad del mediador, los cuales implican el reconocimiento a la capacidad de los sujetos para consensuar acuerdos que les permitan una solución, sin esperar una sentencia del tribunal, lo que en la práctica constituye construcción de derechos y de ciudadanía.

 La mediación es un objeto teórico y metodológico transdisciplinario que constituye una oportunidad  de desarrollo especializado para los Trabajadores Sociales, pero teniendo presente que es un campo de convergencia de diferentes disciplinas, lo que implica una validación desde el propio ejercicio de la acción mediadora.

 El hecho que en los nuevos Tribunales de Familia el juicio oral se haya convertido en el centro del sistema, permite la generalización de la prueba pericial como un eje de similar valor al de las pruebas testimoniales y documentales, lo que a su vez posibilita el surgimiento de una nueva práctica y un nuevo actor: los informes periciales y los peritos judiciales, campo que abre múltiples posibilidades a los Trabajadores Sociales que se especializan en dicha área, la que también está abierta a profesionales de otras disciplinas.

 La violencia contra las mujeres es la expresión más radical de la discriminación de género y al que  las Naciones Unidas calificó en 1980 como “el crimen encubierto más numeroso del mundo”.  En Chile la violencia intrafamiliar se cuantifica junto con los delitos de mayor connotación social, y su abordaje resulta crucial para el mejoramiento de los niveles de seguridad ciudadana, sobre todo para las mujeres.

  Su origen radica en el “sistema de género” que define culturalmente relaciones de jerarquía y de poder entre mujeres y hombres, en las que la mujer se encuentra en posición de subordinación y en Chile la violencia intrafamiliar se cuantifica junto con los delitos de mayor connotación social, por lo cual constituye una prioridad de las políticas públicas, ya que su abordaje resulta crucial para el mejoramiento de los niveles de convivencia social y seguridad ciudadana, sobre todo para las mujeres.

 La Violencia Intrafamiliar conforma un campo de múltiples posibilidades, las que tienen como centro la protección de la mujer, pero que también debe incluir el tratamiento de los hombres agresores, como una medida de prevención y rehabilitación, posibilidad que está contemplada en el artículo 8, letra b, de la Convención Belém Do Pará que ha servido de marco para las legislaciones latinoamericanas sobre la materia y que es aplicada en Chile en el artículo 9, letra d, de la Ley 20.066.

La somera revisión de los principios y efectos de la Reforma de los Tribunales de Familia y del marco jurídico que acompaña al nuevo sistema procesal, nos demuestra que si bien el Trabajo Social perdió la exclusividad del campo del que gozaba en los Tribunales de Menores, tiene ante sí un amplio horizonte de posibilidades de desarrollo en una perspectiva transdisciplinaria e interdisciplinaria, todas las cuales pasan por procesos de especialización a nivel de postgrados, postítulos y formación continua.

El desafío y la tensión es cómo el Trabajo Social logra incorporar esas nuevas miradas y enfoques en su acervo disciplinario, convirtiéndolos en objetos teóricos, metodológicos y técnicos en su formación inicial, lo que implica un examen crítico del ser y el quehacer de la disciplina en los tiempos de la posmodernidad.

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