Privatización de los oficios del Concejo

        En el siglo XVII el proceso de privatización de los cargos municipales en favor de las clases privilegiadas de la sociedad se generaliza. Este fenómeno característico, que ya apuntaba en el siglo XVI, se muestra imparable con el cambio de centuria y la decidida política de los Austrias en favor de la patrimonialización de los oficios y cargos municipales a cambio de liquidez y recursos monetarios para las arcas de la monarquía

        En la España del XVII todo se pone en venta y, como una mancha de aceite, la compra de oficios y cargos llega a también a los pueblos, a las villas si queremos ser más exactos. Y en esta apropiación de cargos, que tira por tierra cualquier atisbo de autonomía municipal, las villas cercanas a las grandes ciudades eran territorio apetecido por las familias que buscaban obtener unas rentas fáciles a cuenta de las dificultades económicas de la monarquía. Morata, que por su situación geográfica se encontraba en el área de influencia de Madrid -convertida ya definitivamente en capital tras el pequeño paréntesis propiciado durante el reinado de Felipe III- también vio como los cargos y oficios municipales se privatizaban cuando en 1630 Juan de Palacio y Leyva compra a Felipe IV los oficios de alférez y alguacil mayor así como los de depositaría general, correduría y mojama del vino, bienes muebles y raíces y almotacenería.  

        Pero antes de analizar las consecuencias prácticas que esta venta supone para la villa morateña es conveniente analizar cómo se llegó a adoptar esta política por parte de la Corona.

        Desde finales del siglo XVI y principios del XVII, la venta de oficios pasa de considerarse objeto de la merced real a convertirse en una fuente más de ingresos de la Corona aunque, curiosamente, este procedimiento, también utilizado en Francia, no tuvo nunca ningún respaldo legal en ordenamiento jurídico alguno, lo que no significa que no se realizara con profusión, tanto en su faceta de venta por parte de la Corona como en la transmisión de los derechos entre particulares. Para encubrir una práctica tan común se solía recurrir a donaciones ficticias a la Corona o, en el caso de traspaso de oficios entre particulares, se encubrían bajo la forma de renuncia de derechos en favor del nuevo beneficiario.

        El profesor Francisco Tomás y Valiente, en su estudio Ventas de oficios públicos en Castilla durante los siglos XVII y XVIII, se apoya en la obra de Cervantes y su inmortal Don Quijote para certificar sus investigaciones. Concretamente hace referencia al episodio en el que Sancho le cuenta a su señor su deseo de comprar algún título u oficio con que vivir descansado el resto de mi vida, aspiración que cree lograr cuando es nombrado gobernador de la ínsula de Barataria. Su mujer, Teresa Panza, le anima en su nueva tarea con unas significativas palabras porque no quiero parar hasta verte arrendador o alcabalero, que son oficios que, aunque lleva el diablo a quien mal los usa, en fin en fin, siempre tiene y manejan dineros.

        Las aspiraciones de Sancho Panza y su mujer reflejan muy bien un estado de cosas habitual en los siglos XVI y, sobre todo, a partir del XVII. Aunque los oficios de alcabalero no se vendían sino que se arrendaban, tal como vemos que sucedía en Morata según documentos de la década final del siglo XVI que aparecen en el apéndice, podían suponer buenos ingresos para quienes los ostentaban. Respecto a los oficios vendibles los había de tres clases: de pluma, de poder y de dineros.  

  •  -El prototipo de oficios de pluma es el de escribano, antecedente profesional de los actuales notarios. Estos oficios proporcionaban a sus poseedores los ingresos procedentes de las tasas que se pagaban por la realización de escrituras y su cuantía estaba en función tanto de los actos realizados como del número de escribanos de cada villa, lugar o ciudad, aunque existían ciertas limitaciones para que no se produjera una excesiva presencia de escribanos en cada localidad.
  • -Por oficio de poder se entiende fundamentalmente el de regidor, una figura creada durante el reinado de Alfonso XI (siglo XIV) que suponía una pequeña cuantía económica abonada por el propio municipio. Esto explica que la demanda de estos oficios estuviera más en función de la influencia y poder que llevaba aparejado que en su simple interés económico. De hecho, los regidores, incluso en las pequeñas villas, podían considerarse parte importante de la oligarquía local y sólo la presencia circunstancial en una villa del corregidor, figura que dependía directamente de la Corona, les restaba poder. Este tipo de oficios se transmitió durante siglos de padres a hijos mediante la figura de la renuncia aunque no faltaron cesiones y ventas encubiertas a nuevos regidores. Su salario bajo no era objeto de codicia pero sí lo era el poder que otorgaba para administrar los bienes del municipio, decidir sobre los abastecimientos y, además, contar con los resortes de poder y de información necesarios para actuar en su propio beneficio.
  • -En el caso de oficios de dineros se trata de aquellos relacionados con operaciones mercantiles y con el control municipal de las mismas: son los oficios de contadores, tesoreros, depositarios, medidores o romaneros. En estos oficios, el beneficio se encuentra en las tasas abonadas por los particulares o en porcentajes de las rentas obtenidas.

        Las ventas de oficios, enmascaradas bajo la fórmula os doy tal oficio por merced, ocultaba el pago a la Hacienda Real de una cantidad parel medio de las necesidades de la Corona, aparecen frecuentemente en los documentos de cesión de los oficios que desde ese momento pasaban a formar parte del patrimonio de los adquirientes que no dudaban a la hora de consignarlos en los documentos que reflejaban sus bienes o en sus testamentos como propiedades transmisibles que eran. A partir de este momento, la Corona y, es casi ocioso mencionarlo, la villa afectada, no podían intervenir en futuros nombramientos que dependían de la voluntad de quien ostentaba el oficio. Esta voluntad se manifestaba a la hora de arrendar el oficio, fuese el de escribano, medidor o alférez, por una cantidad, bien por obligación legal (había oficios en poder de onventos por herencia o de mujeres por igual causa y, lógicamente ni los clérigos ni las mujeres podían ejercerlos) o por interés particular.  

        Para realizar esta política de ventas la Corona se sirvió de diversos sistemas:

  • - La venta de oficios a perpetuidad o por juro de heredad adjudicado al mejor postor para los oficios de nueva creación o vacantes por cualquier causa.
  • - La venta de perpetuidades, consistente en la adquisición por parte del adquiriente del derecho a transmitir el oficio, muy utilizado en el caso de los oficios de regidores, escribanos y procuradores en las primeras décadas del siglo XVII.
  •  - Ventas por asiento en las que la Corona recibía una cantidad de dinero, generalmente para sufragar las campañas exteriores, de un agente o prestamista, que recuperaba el importe con la venta de oficios en villas y ciudades.

        Por último, si las necesidades eran acuciantes, situación que era muy frecuente, se recurría a crear nuevos oficios lo que propiciaba una saturación de cargos burocráticos y presión fiscal añadida para los ciudadanos, además de fomentar una nefasta política de inversión en bienes improductivos y perjudiciales para la economía del país en general y de la villa afectada en particular, lo que provocó las protestas de los cuerpos afectados y de los ciudadanos.

        En cuanto a los compradores de los oficios estos eran fundamentalmente las grandes familias, pero también la burguesía urbana y rural con excedentes suficientes para acudir a la compra de los cargos y para abonar las fianzas requeridas para su desempeño. Estos condicionantes dejaban fuera de la posibilidad de acudir a los oficios como medio de vida a las clases más bajas, no sólo por cuestiones económicas sino también culturales pues algunos de ellos exigían saber leer y escribir.

        La mayoría de los oficios de dinero pertenecían a propietarios con la capacidad económica suficiente y que buscaban ampliar su capital mientras que los de poder eran perseguidos por nobles para aumentar su prestigio. A finales del XVII la monarquía cambia su política y Carlos II inicia una línea de recuperación al precio original de venta para posteriormente volverlos a vender con el consiguiente beneficio.

Adquisiciones de oficios en Morata: escribanos

        Esta política real y sus consecuencias se materializa en Morata, como en tantas otras villas,    durante los años de reinado de los Austrias.

        Desde el siglo XVI hay constancia de la relación de escribanos que ejercieron su oficio en Morata. Este oficio de pluma, si seguimos la definición de Tomás y Valiente, pasa de mano en mano en Morata y resulta curiosa la repetición, en algunos casos, de los apellidos lo que denota la monopolización en manos de unas pocas familias que controlan este oficio, tal como demuestra la relación de escribanos de Morata desde el siglo XVI hasta el XIX que aparece reflejada en el apéndice.

        Oficios de poder y dinero

        Al igual que sucedió con los oficios de pluma, en el caso de los oficios de poder y de dinero en Morata también se produjo un traspaso interesado de los mismos.

        El 14 de marzo de 1630 Felipe IV vende a Juan de Palacio y Leyva los derechos de alférez y alguacil mayor en Morata. Exactamente dos meses después, el mismo Juan de Palacio adquiere los derechos de la depositaría general, la correduría y mojana del vino, bienes muebles y raíces y almotacenería. Se trata de un caso sintomático en el que una sola persona acumula cargos propios del concejo y los patrimonializa: puede traspasarlos a su gusto sin que el resto de la villa pueda oponerse a este tráfico.

        Con esta venta, los vecinos de Morata pierden el control efectivo de estos oficios nada menos que hasta el siglo XIX, cuando gracias a la Constitución de 1812 los recupera

        ¿Qué significado tenía esta perdida para los morateños?  

        Mientras que la adquisición de los cargos de alférez y alguacil mayor tenían un componente prácticamente honorífico, aunque muy importante en determinadas circunstancias, los oficios adquiridos en el mes de mayo de 1630 sí que significaban la percepción de unas rentas que, directamente, abonaban los morateños de la época. Estamos por lo tanto, en primer lugar, ante la privatización de unos oficios públicos de poder, en la terminología de Tomas y Valiente, que otorgan a su poseedor influencia y prestigio social más que beneficios económicos pero también ante la patrimonialización de unos oficios menos prestigiosos pero que generan beneficios económicos en favor de un particular.

        Por lo pronto, acumular los cargos de alférez y alguacil mayor en una misma persona ya determinaban cierto poder de influencia en la marcha
del municipio pero mucho más cuando el mencionado Juan de Palacio se hace cargo, por supuesto a través de personas de su confianza, de oficios más rentables en el aspecto económico.

        Así, el oficio de depositario general suponía la posibilidad de custodiar los caudales y las redenciones de censos tan habituales en la época, naturalmente con las correspondientes comisiones. También en las comisiones estaba el origen del interés por el oficio de almotacén, como persona encargada de controlar los pesos y medidas que se utilizaban en las transacciones comerciales de mercancías relacionadas con la actividad agrícola y ganadera de la villa de Morata. Por último, la posesión de la correduría y mojana del vino supone para Juan de Palacio el control del comercio de este producto así como de las rentas que generaban los tributos que se pagaban por las medidas del vino.

        El ejercicio de todos estos oficios municipales requerían una cierta formación, al menos a la hora de anotar las transacciones y un espacio físico en el que llevarlas a cargo. Hay constancia, y algunas personas mayores de Morata aún lo recordarán, de la existencia de estas dependencias en el edificio de la avenida de la Constitución, por aquel entonces calle de la Carnicería, pero también hubo un local destinado a esos menesteres durante el siglo XIX en la actual calle de Domingo Rodelgo, entonces denominada calle de la Libertad Baja.

        En estos locales, habilitados como almotacenería, se controlaba en definitiva la actividad de los agricultores y ganaderos de Morata en general, pero muy especialmente de los cosecheros y elaboradores de vino que eran fiscalizados en todas las transacciones comerciales por Juan de Palacio en estos primeros años de la década de los treinta del siglo XVII.

        La visión negativa de este proceso de acumulación en manos privadas de actividades públicas, por no hablar de los cargos municipales, fueran estos más o menos honoríficos (que hoy nos parecería sencillamente un abuso de poder) empeora aún más cuando el vecindario de Morata o de cualquier otra villa asiste impotente a la venta por parte de la Corona de estos oficios que, además, son traspasados entre particulares, sin que a los afectados se les reconozca el más mínimo derecho.

        Se producen así situaciones tensas y tirantes cuando el propio Juan de Palacio y Leyva traspasa sus derechos en Morata. Los morateños, observan como sólo dos años después de la adquisición de los oficios y cargos mencionados, el 26 de noviembre de 1632 Juan de Palacio los traspasa, como si de una finca se tratara, al marqués de Leganés.

        Dejemos por el momento y para el próximo capítulo la irrupción de la Casa de Leganés en Morata, en una relación que se mantendría durante dos siglos prácticamente y, simplemente, señalemos que renunciar a sus derechos en Morata supuso para Palacio la cantidad de 33.271 reales y 24 maravedís, aunque de esta cantidad sólo 23.515 pasaron a su cuenta y el resto fue a parar al propio rey Felipe IV que aún no había recibido la totalidad del precio acordado en la venta original.

          Este trasiego de dinero, de cargos municipales y de cambios en los oficios municipales originó el lógico disgusto de los morateños. Pero sus protestas sólo eran la expresión de un derecho al pataleo de quien únicamente contaba a la hora de pagar los impuestos cuya recaudación pasaba de unas manos a otras ante la impotencia de los vecinos. Unas décadas antes, en 1580, los morateños, lógicamente orgullosos, habían conseguido librarse del señorío arzobispal, ahora no sólo eran incapaces de evitar el comercio con los cargos públicos sino que estaban a punto de volver a convertirse en villa de señorío.

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