Morata durante el reinado de Felipe II

        Para entender la sociedad rural en una pequeña villa castellana como Morata a mediados del siglo XVI es fundamental realizar una aproximación al régimen de la propiedad de la tierra. A falta de censos y catastros específicos (cuya realización sistemática llegará con el catastro de Ensenada) hay que recurrir a otras fuentes de información para intentar determinar como se distribuía la propiedad en este período.

        Al margen del particular proceso de perpetuación de baldíos al que ya hemos hecho referencia, es conveniente apuntar, en primer lugar, que resulta especialmente significativo que los morateños resalten en las Relaciones la ausencia de leña y también la existencia de una dehesa privada cuando lo habitual en los pueblos castellanos era contar con una dehesa boyal o comunal para aprovechamiento de todos los vecinos. Este tipo de aprovechamiento mancomunado provenía de la época de la repoblación y brilla por su ausencia en Morata en los documentos de la época. En esta respuesta de los morateños se denota cierta preocupación por la falta de terrenos comunales que los pobladores menos favorecidos siempre desearían que fuera mayor.

        La relación de 126 vecinos pobres ya nos indica que no poseen ni un celemín de tierra en una situación social muy diferente a la que se produjo cuando en la etapa de repoblación tras la reconquista se les aseguraban tierras a los nuevos pobladores. Sucedió sin embargo que el devenir histórico propició un movimiento acumulador de la propiedad de la tierra en pocas manos que se hace especialmente presente cuando los grandes propietarios y la Iglesia añaden más posesiones a su ya crecido patrimonio, bien por su adquisición a los campesinos, en el caso de los primeros, o bien por donaciones o herencias en el caso de los segundos. Este movimiento acaparador, que también se aprovechó de la venta de baldíos, se extendió hasta los siglos siguientes sobre todo cuando los grandes propietarios se hicieron con las tierras de no pocos campesinos endeudados tras acudir al proceso de perpetuación.

        En este período concreto que sigue a la desmembración de la sede arzobispal de Toledo es evidente que en Morata existen campesinos propietarios pero que no se manifiestan como tal en las Relaciones por un comprensible temor a los impuestos. En definitiva, estamos hablando de una etapa en la historia de Morata en la que se produce una yuxtaposición de propiedad señorial -de la Iglesia y de los nobles- y de propiedad en manos de los campesinos y, al mismo tiempo, se detecta la escasa presencia de propiedad comunal.

        Mas tarde, a finales de siglo, las dificultades económicas y un cierto capitalismo emergente facilitará la reversión de grandes porciones de tierra a manos de nobles y burgueses.

        La riqueza del clero, en el caso de Morata no olvidemos que hasta la década de los setenta el arzobispado detentaba el señorío de la villa, se basaba en la propiedad agraria. Esta aseveración es particularmente aplicable a sus posesiones en zonas rurales. Sin embargo, durante el reinado de Felipe II las propiedades de la Iglesia tienen cada vez menos carácter feudal y más características de la propiedad agraria de contenido más moderno en su relación con los campesinos que cultivaban estas tierras.

        El fenómeno de cambio, que propicia la inversión creciente en tierras, produjo una pequeña revolución en las estructuras tradicionales de la propiedad, especialmente en las poblaciones de los alrededores de las grandes ciudades por motivos obvios que ya analizaremos.

Las cargas impositivas sobre el campesino

        No obstante, se puede adelantar que cuando Morata, sus vecinos mejor dicho, deciden endeudarse para pasar a convertirse en villa de realengo estaban comprometiendose a una importante carga económica que traería malas consecuencias para los vecinos años más tarde. A los intereses de los 24.000 ducados que supuso la enajenación del señorío arzobispal había que sumar otras cargas e impuestos. Algunos autores, muy gráficamente, han señalado que el campesino productor de entonces era una magnífica bestia de carga. En sus lomos llevaba a la aristocracia, al estado, a los propietarios de la ciudad, a la Iglesia, a los comerciantes y a los financieros. El edificio de la magnifica sociedad llamada Siglo de Oro se asentaba en gran parte sobre él.

        Las Cortes de la época, en las que no se sentaban precisamente campesinos, tampoco eran ajenas a la sensación del excesivo peso que soportaban las gentes del campo En 1573, al referirse a las alcabalas que gravaban el comercio de los granos decían que los prelados, grandes señores y caballeros que son los que recogen todo el pan en grano que los dichos labradores labran y cultivan, no pagan ninguna cosa; los prelados porque son exentos; los grandes señores, porque ordinariamente no pagan las alcabalas y las cargan sobre sus tristes vasallos; y otros caballeros particulares, porque casi ninguno hay que no tenga tales medios en sus pueblos y tierras con que salen libres del dicho derecho, y han de cargar todo sobre los labradores, los cuales no pueden escapar de pagar de un grano que vendan.  

        Y es que la obligación de pagar tributos no tenía fin. Morata como villa de realengo estaba exenta, de momento, de pagar a un señor, pero aun así seguían siendo muchos los impuestos en relación con los mermados ingresos de una agricultura pobremente desarrollada y que, en estas últimas décadas del siglo XVI, estaba muy lejos de los beneficios que la revolución agrícola llevó en forma de nuevas técnicas de cultivo a otros países europeos.  

        Morata no pagaba el pecho forero que abonaban al arzobispado de Toledo muchos de los pueblos vecinos integrados en la Tierra de Alcalá, sin embargo sí que debía pagar los diezmos. Si hemos de hacer caso a la etimología del término, el diezmo significa, en sentido estricto, la décima parte de la cosecha. La aplicación de este impuesto afectaba a productos básicos como los cereales, el vino, y el ganado, así como a las frutas, legumbres, aves de corral, huevos etc. La tradición señalaba que el diezmo de los cereales se pagaba en especie y el del vino en dinero.

        Pese a su origen religioso, el diezmo no lo percibía únicamente la autoridad eclesiástica. Merced a bulas, privilegios y concesiones del papado a la Corona, bien para financiar una guerra contra los moros o por cualquier otra merced, eran muchos los destinatarios finales de este impuesto. Así, existía el diezmo del escusado, concesión del papa Pío V a Felipe II que permitía al rey percibir la totalidad del diezmo de la tercera familia más potentada de cada villa o lugar. Esta concesión, en 1571, se amplia también al primer labrador.

Pero además del rey y el arzobispo, no era infrecuente que el cabildo catedralicio y por supuesto el párroco percibieran su parte correspondiente del diezmo. En el caso de Morata, hasta el monasterio del Escorial percibía la parte correspondiente de este impuesto, mientras que el cura párroco de la villa tenía derecho a las primicias.

        La percepción del diezmo por parte de la Iglesia propició la aparición del cillero, la persona encargada de recaudar el impuesto en especie que posteriormente se almacenaba en las cillas. Este cillero, que a veces arrendaba el cobro del impuesto -como sucedía en Morata-, lo que suponía menor posibilidad de los agricultores para sustraer alguna cantidad a la avaricia recaudadora, recorría los campos en la temporada de la siega, de la vendimia y de la recolección de la aceituna para controlar las cosechas y el correspondiente tributo.

        De acuerdo con las cifras calculadas para la actual Comunidad de Madrid por Nöel Salomón, la cantidad media que una familia de agricultores debía abonar para hacer frente al diezmo era de 7,6 fanegas de trigo, 4,66,22 maravedís en dinero, 0,38 arrobas de vino, 0,05 cargas de uva y 0,08 arrobas de aceite.

        Esta presión fiscal, en una época no excesivamente favorable, propició que se abogara en determinados momentos por suprimir este impuesto pero sin llegar nunca a hacer efectiva una propuesta que tardaría casi trescientos años en convertirse en realidad, ya en pleno siglo XIX, gracias a la aprobación de la Constitución de 1812

        Evidentemente, no sólo la Iglesia percibía los impuestos del campesinado y también la Hacienda Real recibía la correspondiente contribución del campesino en forma de pechos. Exentos los nobles y el estado eclesial, el agricultor debía hacer frente a los llamados encabezamientos de las tercias y de las alcabalas. Mediante este sistema una villa se obligaba a una cantidad conjunta que se conocía como encabezamiento, mediante el cual se fijaba la cantidad a pagar por vecino. No es difícil deducir los problemas que creaba este sistema fiscal, favorecedor de toda clase de componendas y de abusos por parte de las familias mejor situadas en el consistorio y en la administración local.

        Además de estos dos impuestos, la voracidad de la Hacienda Real impuso también los llamados servicios ordinarios y los extraordinarios, un recurso al que rey acudía más frecuentemente de lo que podían soportar los vecinos para financiar su política exterior o los gastos de la casa real. No es baladí la importancia de este impuesto puesto que varios autores han calculado que suponía 150 maravedís por vecino o por familia que se venía a sumar a los impuestos anteriores.

        A estos impuestos se añadió el de los millones, llamado así porque suponía ocho millones de ducados en seis años a repartir entre todo el reino y destinados a reparar los daños de la aciaga aventura de la Armada Invencible. A la larga vendría a suponer otros 337 maravedís de media por vecino en torno a la fecha de 1590. Esta cantidad de ocho millones de ducados en los años posteriores fue ampliamente superada por los sucesivos servicios de millones que periódicamente aprobaban las Cortes a propuesta real durante los reinados de Felipe III y Felipe IV y que tras el correspondiente repartimiento repercutía en cada vecino pechero.

        En esta relación de impuestos que afectaban a los antepasados morateños no podemos olvidarnos de otra carga importante para los campesinos: las rentas territoriales. Si el campesino no poseía la propiedad de todas las tierras que labraba, lo que constituía una parte importante del censo de labradores, debía hacer frente a la renta que le exigía el arrendador. Los cálculos efectuados sobre el valor de esta carga varían en función lógicamente del valor de las tierras y también de las cercanías a una gran ciudad. A mejor calidad y cercanía mayor renta. Esta renta suponía para el agricultor entre un tercio y la mitad de la cosecha, lo que la convertía de hecho en la mayor carga para el campesinado no propietario.

        A toda esta cascada de impuestos y pagos de rentas habría que añadir las nuevas prácticas capitalistas que poco a a poco se imponen en el medio rural: los préstamos.

        Los campesinos en muchas ocasiones se veían obligados a endeudarse para seguir con su actividad, bien porque necesitaban dinero para mantener la explotación (semillas, jornales, ...) o porque intentaban adquirir la propiedad de algunas de las tierras que poseían en renta o que salían al mercado (roturación de baldíos). En ocasiones, la única forma de obtener el capital necesario era acudir a los empréstitos por medio de censos que, a la larga, los ahogaban por la imposibilidad de hacer frente a los pagos anuales de los intereses. En este siglo también comenzaron a aparecer por los municipios comerciantes prestamistas que vendían sus mercancías a cambio de una parte de las cosechas futuras. Llegadas éstas, tras detraer la parte correspondiente al diezmo, los impuestos reales, la renta de la tierra, los gastos de explotación y los intereses de las deudas contraídas es fácil deducir las pocas ganancias que obtenía el agricultor.

        Un sistema impositivo tan agresivo (el impago de los diezmos podía llevar al campesino frente al Tribunal de la Inquisición) hizo imposible que pueblos como Morata conservaran su estatus jurídico como villa de realengo. Imposibilitados por la difícil situación económica, años de malas cosechas, y los intereses de los 24.000 ducados tomados a censo por la villa, el ideal de la independencia frente a los señoríos nobiliarios estaba a punto de verse frustrado.

        De nada sirvió que muchas voces se alzaran críticas contra el sistema impositivo y social que cargaba todo el peso del funcionamiento de la Corona en los labradores castellanos: fueron gritos en el desierto. La realidad es que diezmos, alcabalas, rentas, censos, servicios, millones, suponían al cincuenta por ciento de las cosechas. Con el resto, el campesino debía mantener su explotación agrícola o ganadera, mantener su ganado de labor, pagar a jornaleros y mantener a su familia; una pesada carga que en muchos casos obligó a la emigración de los campesinos como única salida a una situación insostenible que alcanzaría su máxima expresión en las décadas siguientes.    

NOTA: Sobre el pago de impuestos en Morata (encabezamientos, alcabalas y diezmos) ver el apéndice final.

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