Constitución de 1812, abolición del señorío

        La entrada en vigor de la Constitución de 1812 supone un cambio radical en la vida española. El 19 de marzo se promulga el primer texto constitucional español y con él se extiende el certificado de defunción del Antiguo Régimen.

        Los cambios en una sociedad tradicional e inmovilista durante siglos sesuceden a una velocidad de vértigo. Tanto que en el transcurso de los años siguientes la respuesta de los poderes más reaccionarios pondrá en peligro en varias ocasiones las conquistas reconocidas en las sesiones de las Cortes de Cádiz. Sin embargo, pese a los intentos en contra, algunos cambios serán irreversibles y sus consecuencias llegan a todos los rincones del reino poco a poco.

        El pueblo de Morata se adhiere desde el primer momento a los nuevos tiempos y se suma a la alegría general por la promulgación de un texto constitucional que reconoce los derechos de los ciudadanos y que pone fin entre otras instituciones del Antiguo Régimen a la temida Inquisición. Pero el motivo de este buen recibimiento al nuevo ordenamiento jurídico tiene otras motivaciones también muy profundas en el sentimiento popular de los morateños. Entre las disposiciones de la Constitución de Cádiz algunas de ellas resultan especialmente importantes en Morata.

        Hoy, casi doscientos años después, se puede entender perfectamente el regocijo con el que los morateños recibieron la llegada oficial del nuevo ordenamiento legal a Morata simplemente recordando que la Constitución de Cádiz abolía no sólo la Inquisición sino también los señoríos y los diezmos eclesiales, siempre una pesada carga para las economías más modestas.

        Seis meses después de su promulgación oficial, el gobierno -empujado por las reticencias de los sectores más conservadores- decidió implicar a la sociedad con el texto constitucional y los valores que defendía. A cada pueblo, villa y ciudad se desplazaron funcionarios estatales con un ejemplar de la Constitución y no en todos la reacción fue tan positiva como en Morata donde la llegada del funcionario con el ejemplar correspondiente, el 27 de       septiembre, supuso nada menos que la celebración de tres días de fiesta.

        El escribano Ramón García Nieto, encargado de redactar el documento sobre los actos celebrados en el pueblo, señala que fue recibido con el mayor júbilo y alegría de todos los habitantes, se formó un tablado en la plaza de la Villa y en el se colocaron los señores del Ayuntamiento, cura párroco, señor coronel y teniente de la tropa, clero secular y la mayor parte de los vecinos.

        Para llamar a los vecinos a las celebraciones se ordenó acudir al tradicional sistema del repique de campanas para convocar a los habitantes que posteriormente se trasladaron a la iglesia para cantar un tedéum en acción de gracias.

        Las celebraciones continuaron en el pueblo, especialmente iluminado para la ocasión: se dispararon salvas por espacio de tres noches, hasta el 29 de septiembre. Este día, de nuevo en la iglesia parroquial, se celebró una solemne misa y, antes del ofertorio, se leyó la Constitución. Después el cura hizo una breve exhortación correspondiente a los actos de los que se extendió el correspondiente certificado por parte del escribano el 30 de octubre.

        La alegría expresada por los morateños en estos primeros meses de vigencia de la Constitución se vio sin embargo atemperada por las dificultades que surgieron en los años siguientes a la hora de aplicar los principios recogidos en la Carta Magna.

        De acuerdo con la Constitución, el señorío del marqués de Altamira sobre Morata quedaba abolido. De hecho, un decreto del 6 de agosto de 1811 es el punto de partida para acabar en el caso morateño con casi doscientos años de dependencia que se inició con la compra del señorío de la villa de Morata por parte del marqués de Leganés en el siglo XVII.

        Sin embargo, las cosas no estaban tan claras, especialmente cuando los titulares de los señoríos abolidos comenzaron a pleitear con las villas recién liberadas que, como primera medida, decidieron, además de retirar los símbolos del poder señorial, suspender el pago de cánones y censos una vez aprobada la Constitución. Fue el inicio de una batalla legal que se extendió durante años tanto por la indefinición de las disposiciones legales como por los frecuentes cambios en la dirección política del país: la restauración absolutista de 1814 y el trienio liberal (1820-23) propiciaron tantos vaivenes que el problema señorial seguía pendiente cuando el rey Fernando VII inició la llamada Década ominosa.

        En esta situación de difícil solución legal se vio implicada, como otras tantas en el país, la villa de Morata. Las sucesivos cambios políticos no solucionaron aspectos determinantes de la jurisdicción señorial y, en el año 1817, el Ayuntamiento morateño pleiteó con la casa de Altamira, titular del señorío de la villa hasta la abolición, para recuperar los derechos del conde sobre las adehalas para embudar, enaldar, sacar pellejos y ayudar a los arrieros. Consideraba el consistorio morateños que estos oficios no estaban comprendidos en el de almotacén, propiedad del conde de Altamira desde varios años atrás. El interés de los morateños por recuperar el control de estos oficios era una cuestión de soberanía y orgullo municipal pero también económica: en una villa de economía dependiente de la agricultura los derechos que pretendía el conde en propiedad suponían mucho dinero al cabo del año.

        El proceso judicial, similar al que muchos pueblos y villas entablaron con sus antiguos señores, era complicado. Si los gobiernos liberales se inclinaban por obligar a los nobles recurrentes a presentar la carga de la prueba sobre sus supuestos derechos, durante los períodos absolutistas sucedía exactamente lo contrario: eran los pueblos quienes debían demostrar que los derechos y oficios reclamados no estaban incluidos en los antiguos privilegios señoriales.

        La indefinición legal provocó procesos larguísimos y muy costosos. No olvidemos que la primera restauración de la política absolutista de 1814 reconoció a los antiguos señores el pago de los derechos que se hubiesen dejado de abonar en los años anteriores a consecuencia de la abolición de los señoríos. Además, el Ayuntamiento de Morata y sus vecinos se enfrentaban a la casa de Altamira, una de las más poderosas de la nobleza española. El conde fue durante muchos de estos años consejero de Estado y este tipo de pleitos no le eran desconocidos: ya había recurrido a una sentencia dictada en Elche sobre un caso similar por el pago de censos y cánones. El fiscal del Tribunal Supremo dictaminó sobre este caso lo que más temían los recurrentes: que la carga de la prueba, es decir, demostrar que los derechos exigidos por el conde no le correspondían y tenían su origen en los antiguos señoríos abolidos, debían presentarlas los vecinos.

        Entre agosto y octubre de 1820 son reiteradas las reclamaciones contra los pueblos que exigían a los antiguos señores presentar los títulos correspondientes antes de cobrar las rentas. En agosto el conde de Altamira y marqués de Astorga se suma a estas reclamaciones. Los pueblos también protestan convencidos de que no les corresponde presentar la carga de la prueba. Ante la avalancha de reclamaciones por ambas partes, las Cortes toman la iniciativa y en un texto del 19 de octubre de 1820 reitera la abolición de los señoríos y de las prestaciones que de ellos se derivaban, al tiempo que determinaban que eran los señores quienes debían probar documentalmente el carácter civil de sus derechos y mientras esto no sucediera se suspendían los pagos. Este texto se aprobó en decreto del 7 de junio de 1821 pero el monarca, Fernando VII se negó a refrendarlo con su firma. Esto obligó a redactar un nuevo texto propuesto por el ministro de Justicia que abolía las contribuciones de carácter general por considerarlas señoriales pero el rey también se negó a aprobarlo aunque, finalmente, ya durante la invasión de los 100.000 Hijos de san Luis, se aprobó en Sevilla sin la sanción regia.

        En 1822, en pleno período del trienio liberal, en teoría más favorable a los intereses de la villa, se presentó un nuevo recurso, por parte de Alejo García Gutiérrez y Manuel Sánchez, que tampoco benefició los intereses de los morateños. Con la vuelta del absolutismo, el eterno conflicto de los señoríos se decantó por la postura contraria a los pueblos y un decreto del 15 de agosto señaló el pago de las cantidades no abonadas en doce anualidades. Deberían pasar algunos años para quelas reformas en la Hacienda Pública acabaran con estos privilegios señoriales, vestigio cuasi medieval de una época ya pasada y definitivamente anacrónica.

        No fueron menores los problemas asociados al pago de diezmos y alcabalas. Durante el período constitucional es cierto que la intención es acabar con estos impuestos en tanto supongan una doble fiscalidad, especialmente injusta puesto que prácticamente sólo los labradores tienen la obligación de hacer frente a los primeros. El problema para todos los agricultores del país y para los morateños se agravó a consecuencia de la implantación de la contribución estatal en 1813, que si bien acababa con el injusto régimen de exacciones, no anulaba el pago del diezmo aunque sí las alcabalas. Las nuevas medidas dieron lugar a protestas que provocaron en principio la reducción del diezmo a la mitad y su total supresión con la muerte de Fernando VII.

        Si la supresión de señoríos y las nuevas medidas fiscales tuvieron repercusión en Morata -no olvidemos tampoco que la Constitución de Cádiz también tuvo su influencia en los arrendamientos de las tierras y en la nueva política de precios en productos básicos como el trigo- el régimen liberal que dio lugar a la Constitución de 1812 también se enfrentó durante varias décadas y en sucesivos momentos históricos del siglo XIX al viejo problema de la desamortización.

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