Compra de baldíos en Morata

        La llegada de Felipe II al trono va a suponer cambios importantes en la tranquila vida de la villa de Morata, sobre todo a partir de la séptima década del siglo XVI, años después de que el monarca sustituyera a su padre, Carlos I. Hasta entonces Morata, como lugar perteneciente a la jurisdicción del poderoso arzobispado de Toledo, tenía en la sede primada de España el punto de referencia que guiaba la vida local, tal como se ha visto en capítulos precedentes. Sin embargo, como sucedió en otros muchos lugares de aquella España imperial -aunque en el fondo un gigante con los pies de barro- acontecimientos muy lejanos y ajenos al tranquilo devenir de una pequeña villa iban a modificar sustancialmente la situación económica y social de sus habitantes.

        El monarca de la casa de los Austrias, ciertamente soberano de un imperio casi inabarcable, reinaba sobre amplios territorios de varios continentes pero este dominio tenía un precio muy alto que pagarían sobre todo las clases menos favorecidas de la sociedad del momento, especialmente en el reino de Castilla. La agresiva política exterior del reino español, con conflictos abiertos en el Mediterráneo frente al poderío turco y en las provincias de Flandes reacias a aceptar al monarca y permanente foco de disturbios, exigía un desembolso económico que menguaba la ya de por sí no muy boyante Hacienda Real, todavía resentida por las deudas generadas en la época del emperador Carlos I. Cierto es que las aportaciones en metales preciosos procedentes de las tierras conquistadas en el nuevo continente ayudaban a sufragar los gastos de las continuas expediciones armadas pero, desde luego, no eran suficientes. La Corona española prácticamente se encontraba en bancarrota y los continuos prestamos solicitados exigían unos intereses y una amortización imposible con los ingresos reales lo que llevó a la suspensión de pagos en más de una ocasión, la primera en 1570.

        Aliviar en lo posible esta situación tuvo como consecuencia la adopción de medidas que tuvieron entonces una importancia capital en todo el reino e incluso, lo que aquí nos interesa más, en las pequeñas villas como Morata. Los apuros reales para allegar fondos a sus depauperadas arcas obligaron a los consejeros y al propio monarca, muy preocupado por la situación económica, a intensificar la búsqueda de fuentes de ingresos atípicos y extraordinarios, al margen de los impuestos ordinarios de la época, ya de por sí muy importantes y generadores de conflictos con las ciudades del reino.

        Ya hemos visto como el monarca aprovechó una bula papal para obtener ingresos procedentes de las ventas de vasallos de la Iglesia o bien de las villas que, como en el caso de Morata, adquirieron su condición de realengo a cambio de una importante cantidad de dinero. Sin embargo, todos los ingresos eran pocos y otra de las medidas adoptadas por la Hacienda Real también fue aprovechada por los morateños: la venta o perpetuación de los terrenos baldíos roturados.

        Al amparo de esta decisión real, que en el caso concreto de Morata supuso la compra por parte de la mayoría de los vecinos de la villa de varios cientos de fanegas a la Corona, casi de la noche a la mañana, muchos morateños, la mitad más o menos del censo de la villa, pasaron nada menos que a la condición de propietarios de una importante extensión de tierras del término municipal con lo que ello suponía de cambio radical en su situación personal.

        Pero antes de concretar este proceso de venta en Morata, expliquemos qué eran los terrenos baldíos roturados que los morateños adquirieron en propiedad. En primer lugar hay que señalar que no se trata, ni mucho menos, de las tierras de mayor calidad del término municipal. Los baldíos, como su nombre indica, son generalmente, aunque con matices, terrenos de segunda, aquellos que no entraron en el proceso de reparto de tierras que siguió a la reconquista y que se adjudicaron bien a caballeros o a nobles en pago de sus servicios en las batallas, bien a los nuevos pobladores que llegaron desde el norte a repoblar la tierras conquistadas a los árabes o, en fin, a las ordenes militares o a las sedes arzobispales como sucedió en el caso de Morata. Estas tierras, en momentos de presión demográfica, y esta de mediados del siglo XVI lo era, se roturaban ante la necesidad de alimentar a las familias, aunque siempre con unos rendimientos en las cosechas muy inferiores a las tierras de mayor calidad.

        En definitiva eran tierras de uso que no propiedad comunal, explotadas en régimen de usufructo por los campesinos menos pudientes sin que existieran en ningún caso título de propiedad sobre las mismas pero sobre las que, en determinadas circunstancias, se exigía el pago de un canon por parte del municipio. También hay que reseñar, al margen de las particularidades de cada villa o lugar, que para usufructuar los terrenos baldíos se exigían unos requisitos como la obligación de registrar las tierras -no más de cuatro fanegas a la vez- cada dos años, en la ciudad de Alcalá o en el lugar de avecinamiento del agricultor, ararlas todos los años -pues en caso de transcurrir más de un año y un día sin hacerlo se perdía el derecho- y la prohibición de comerciar con las tierras.

        Por otra parte, hay que reseñar que las clases dominantes, la oligarquía de la época, y las autoridades eclesiásticas normalmente siempre se opusieron a la venta de baldíos, -también los ganaderos pues se restaban pastos a los ganados- en tanto que significaban quitarles poder sobre unas tierras en las que podían ejercer manipulaciones que con la propiedad de los campesinos ya no eran posibles, al menos en los primeros años siguientes a las perpetuaciones.

        Y es que en las décadas de los años 70 y 80 del siglo XVI, cuando se inició el proceso privatizador, éste fue beneficioso sin ninguna duda para los agricultores menos pudientes -de hecho, del estudio pormenorizado de las escrituras firmadas en toda la comarca del sudeste de la actual provincia de Madrid, se deduce que fueron pocos hidalgos y otros miembros de las clases más poderosas los que adquirieron en propiedad tierras durante el período de las perpetuaciones-. Además, como efecto añadido, los nuevos propietarios, en algunos casos ligados a las tierras adquiridas desde muchos años antes, pudieron racionalizar el cultivo de las parcelas adquiridas aunque, en los años posteriores y especialmente a finales del siglo, con el aumento de la presión fiscal y la crisis financiera generalizada en el reino llegaron las deudas que pusieron en dificultades a los nuevos propietarios como analizaremos en las páginas siguientes.

        Esto no evitó que los campesinos pudieran aprovechar en los primeros años la posibilidad de comercializar sus productos en la Corte, ya localizada en un Madrid convertido en una urbe que crecía en población y necesitaba aprovisionamientos de trigo y cereales además de otros productos como el vino. En torno a la influencia de la presencia de la Corte de Felipe II en Madrid, parece claro síntoma el hecho de que en las villas situadas en lo que ahora son las actuales provincias de Madrid, Guadalajara y Toledo fue donde más tierras se perpetuaron, aparte de otras zonas del sur de la península.

La perpetuación de baldíos en Morata 

          En definitiva, a lo que hoy es Comunidad de Madrid y más concretamente a la comarca de Alcalá, a la que recordemos pertenecía entonces administrativamente Morata como villa del arzobispado de Toledo e incluida en el arciprestazgo de la ciudad complutense, la Corona dirigió, como sucedió en otros tantos lugares del reino, su afán recaudador y Felipe II envió a un juez, Diego de Carvajal, encargado de dirigir todo el proceso de perpetuación de baldíos.

        Entre 1565 y 1570 este juez recorre varios pueblos para ejecutar los deseos reales una vez que se fijan las condiciones de la venta de los terrenos afectados. Fue una primera comisión -el juez llegaba las poblaciones acompañado de un escribano y un alguacil- a la que siguieron otras dos encabezadas por distintos jueces, en otras villas de la comarca de Alcalá, que recorren una a una, en algunos casos no sin problemas, pueblos como Ambite, Carabaña, Arganda, Perales y, por supuesto, Morata.

        Analicemos cómo se desarrolló la labor del juez en Morata. Según el trabajo de Alfredo Alvar Ezquerra, que ha estudiado en profundidad el fenómeno de las perpetuaciones de baldíos en la comarca de Alcalá en su obra Hacienda Real y mundo campesino con Felipe II, la comisión dirigida por Diego Carvajal negoció ventas de tierras nada menos que con 265 vecinos de Morata, -recordemos que la villa contaba con alrededor de 520 vecinos por aquella época- lo que supone que prácticamente la mitad de los pobladores se hicieron con la propiedad de las tierras baldías que labraban.

        Este cambio fundamental, que supuso que mucho campesinos pasaran a convertirse en propietarios, no debe confundir, sin embargo, sobre las consecuencias de las adquisiciones de tierra para los morateños. Ciertamente, es de suponer que varios campesinos morateños pasaron de la condición de jornaleros a la de propietarios pero para sobrevivir muchos de ellos necesitarían seguir trabajando en las tierras de otros vecinos más poderosos: con los rendimientos agrícolas de la época, cada familia necesitaría al menos 40 fanegas, cantidad que pocos morateños llegaron a adquirir, aunque como veremos más tarde algunos sobrepasaron con holgura esta cantidad y se hicieron con grandes extensiones de tierras. Además, todos los compradores, aunque compraron a precios bajos, se obligaron al pago de unas cantidades, generalmente en la Navidad y la festividad de San Juan posteriores a la fecha de la escritura de compra, que no siempre era fácil de cumplir si la cosecha, como sucedió en muchas ocasiones en los años siguientes, no respondía a las expectativas de los campesinos.

        Y es que no hay que olvidar que las tierras que pasaron a propiedad de los vecinos no eran ni mucho menos las mejores del término municipal. Estamos hablando de unas parcelas de tierra de secano, nunca de regadío y, desde luego, no las que mejores rendimientos proporcionaban. Por estas tierras los morateños de entonces pagaron a la Hacienda Real la cantidad nada desdeñable de 1.133.005 maravedís que fue el importe total de 4.727 fanegas adquiridas por los vecinos, aunque hay que señalar que en esta cantidad también está incluido un pequeño porcentaje de tierras adquiridas por algunos compradores forasteros que, exactamente, se hicieron propietarios de algo más de 48 fanegas en el término de Morata, una cantidad inapreciable en el total de las tierras traspasadas.

        El proceso de las perpetuaciones de tierras baldías resulta revelador, gracias a las escrituras que se levantaron sobre las propiedades adquiridas por los labradores, de la situación del campo morateño en la época ya que permite comprobar qué tipo de cultivos eran más importantes en el secano en aquellos años de mediados del siglo XVI.

        Según los datos manejados por Alvar Ezquerra, de la totalidad de tierras perpetuadas por los morateños en su término municipal, unas 444 fanegas correspondían a secano para el cultivo de cereales, 271 fanegas para tierras de viñedo, 3.944 fanegas corresponden a tierras en las que no se diferenciaba si eran de cereal o viñedo, 2,5 fanegas dedicadas a olivar y, por último, casi 15 fanegas de tierras diversas.

        Hay que hacer notar que estas cantidades nos indican la nula importancia del cultivo del olivar en Morata en el siglo XVI pues, si bien hay que suponer que a las escasas 2,5 fanegas que figuran en la relación habría que sumar las tierras plantadas de olivos que pertenecían a otros propietarios con antelación a las ventas realizadas por la Hacienda Real, no es muy aventurado deducir que el olivar no estaba tan extendido por aquellas fechas puesto que en otro documento oficial reiteradamente citado como es el de las Relaciones de Felipe II, fechado escasamente diez años después de las perpetuaciones (1579) en ningún momento se cita como importante el cultivo el olivar mientras que, por el contrario, si se menciona el del cáñamo, aunque lógicamente en las tierras de la vega -al tratarse de un cultivo de regadío- junto con los cereales.

        Estamos hablando por lo tanto de unas tierras por las que se pagaron por término medio en Morata 239 maravedís por fanega, aunque este precio oscilaba entre los 221 maravedís pagados por las tierras de secano, los 171 por las viñas o los 163 maravedís por fanega de olivar. Sin embargo, y a pesar de estos bajos precios, no hay que olvidar que la intención de la Corona era ingresar fondos sin por ello generar conflictos sociales: se entiende por lo tanto, que los campesinos pagaron sus tierras por debajo del precio de mercado (en la misma época, en pueblos como Carabanchel se pagaba la fanega de cereal a 1.486 maravedís, cantidad notablemente superior a la abonada por los morateños pero lógica al tratarse de un lugar más cercano al mercado madrileño).

        Hay que reiterar el elevado número de vecinos que acudieron a la convocatoria para hacerse propietarios de las tierras baldías que labraban, con la consiguiente posibilidad de traspasarlas a sus herederos, situación impensable para muchos de ellos anteriormente, lo que indica una predisposición general pues la extensión media de las propiedades adquiridas era de 17 fanegas. A falta de un estudio pormenorizado de las distintas escrituras levantadas para legalizar las adquisiciones, es evidente que no todos los vecinos llegaron a hacerse propietarios de esa cantidad de fanegas y, por el contrario, que algunos la sobrepasaron ampliamente, sobre todo en un caso.

        Nos estamos refiriendo a una vecina de Morata, curiosamente viuda, que destacó por la importancia de sus adquisiciones: Francisca La Holgada (así figura en las escrituras) se hizo propietaria de 181 fanegas de cereal viñedo por las que abonó la importante cantidad de 68.856 maravedís. Una compra tan elevada de tierras de cereal-viñedo indican, aparte de una importante capacidad económica, una más que posible dedicación al viñedo y el destino de la producción al consumo de Madrid. Por otra parte, una sencilla operación matemática apunta que la mencionada Francisca la Holgada pagó por la propiedad de sus tierras de cereal-viñedo un precio medio de 380 maravedís por fanega, cuando el resto de los vecinos de Morata abonaron por el mismo tipo de tierra 246 maravedís, diferencia importante que puede indicar una mayor calidad de las tierras adquiridas por tan emprendedora viuda (Hay que señalar que antes de fijar los precios, la comisión se informaba exhaustivamente de la calidad de las tierras a perpetuar para fijar un precio acorde a sus características).

        También el concejo morateño acudió a la convocatoria real para hacerse con una extensa propiedad de 200 fanegas que se pagaron a un precio medio de 100 maravedís, cantidad ciertamente baja si comparamos con los precios abonados por otro concejos (El de Perales pago a 769 maravedís por fanega) y que pasaron al patrimonio de bienes propios tal vez para su uso como pastos comunales.

Consecuencias de la privatización de los baldíos

        Pero más que los datos concretos de las tierras perpetuadas en Morata casi nos interesan más las consecuencias futuras de las adquisiciones. Ya hemos mencionado que el proceso de las perpetuaciones, en general, supone para la Corona la posibilidad de recaudar unas cantidades extra, que en su mayor parte se destinaron a pagar la deuda contraída en años anteriores, y para los campesinos adquirir la propiedad de la tierra. Además, las perpetuaciones permiten practicar el barbecho (se acaba con la obligación de arar y sembrar todos los años si se quería mantener el usufructo de los baldíos) lo que en definitiva aumenta la producción y el rendimiento de las parcelas. La Corona obtiene beneficios económicos inmediatos y también a largo plazo se beneficia de unas ventas que generan más riqueza y, por lo tanto, mayores impuestos de alcabalas, con el añadido de que la institución real, al mismo tiempo, consigue restar poder a uno de los estamentos más influyentes de la sociedad, en el caso de Morata, la Iglesia a través del arzobispado de Toledo y, paralelamente, la propia ciudad de Alcalá que perdió influencia sobre muchos de los pueblos y vecinos de la jurisdicción.

        En este sentido, también es importante señalar, según se ha tratado en el capítulo anterior, que nos encontramos en una época en que muchos pueblos están en pleno proceso de adquisición del derecho de villazgo, lo que supone por una parte liberarse de la dependencia del arzobispado, en el caso de Morata, pero, en contrapartida, unas obligaciones económicas que como veremos no siempre se pudieron cumplir y que desataron la crisis generalizada en los pueblos de la comarca y en Morata a finales de siglo y primeras décadas del XVII. En cualquier caso, la generalización del proceso de venta de baldíos sirvió para la expansión de la economía agrícola en Castilla y su efecto inmediato tuvo que ser positivo a corto plazo. Posteriormente, al tratarse de tierras de calidad baja, debió producirse un descenso en los rendimientos que las convertiría en escasamente rentables para sus propietarios cuando, en algunos casos, aún no habrían terminado de pagar las deudas contraídas para su adquisición.

        Tan es así que parece que muchos compradores no pudieron hacer frente al pago de deudas, impuestos y diezmos y al no poder cumplir los plazos comprometidos perdieron la propiedad, lo que provocó una situación catastrófica en muchas villas. Estos agricultores habían hipotecado sus bienes y, al no poder pagar, algunas de las tierras compradas o fueron abandonadas o pasaron a otras manos, mientras que los antiguos propietarios se verían obligados a emigrar o, en caso contrario, pasar a la condición de jornaleros al servicio de los campesinos más afortunados.

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