TRANSCRIPCIÓN DE LA SENTENCIA SOBRE LA DEHESA DE MORATA

Transcripción completa de la sentencia del Consejo de Estado, tomada de la publicación Sentencias del Consejo de Estado. Año 1863. Madrid, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, 1863

 

Sentencia. Confirmando la Real orden de 20 de Abril de 1861, confirmatoria del acuerdo de la Junta Superior de Ventas en que se declaró la nulidad de la enajenación de la dehesa titulada Carnicera, procedente de los propios de Morata de Tajuña, en la

provincia de Madrid, subastada por D. Joaquín Marrací, y declarando que este hizo legalmente suyos los frutos de la dehesa, debiendo serle abonadas las mejoras ejecutadas en ella y el importe de los perjuicios.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española. Reina de las Españas. A todos lo» que las presentes vieren y entendieren, y a quienes toca su observancia y cumplimiento, sabed que he venido en decretar lo siguiente:

«En el pleito que pende ante el Consejo de Estado en primera y única instancia entre partes, de la una D. Joaquín Marrací y Soto, vecino de Madrid, y en su nombre el Doctor D. Julián de Mendieta, demandante, y de la otra la Administración general del Estado, demandada y representada por mi Fiscal, sobro revocación ó subsistencia de la Real orden expedida por el Ministerio de Hacienda en 20 de Abril de 1861, confirmatoria del acuerdo de la Junta superior de Ventas en que se declaró la nulidad de la enajenación de la dehesa titulada Carnicera , procedente de los propios de Morata de Tajuña, en la provincia de Madrid:

Visto:

Visto el expediente gubernativo, del cual resulta que en el Boletín oficial de dicha provincia, correspondiente al 31 de Agosto de 1836 se anunció la venta en pública subasta de la referida dehesa, expresándose que su tasación era de 12.200 rs. y el tipo para la subasta 94.300 reales correspondientes a su capitalización por la renta de 4.200 rs.

Que el expresado D. Joaquín Marrací remató esta finca en precio de 95.000 rs., y habiéndosele adjudicado, fue puesto en posesión de la misma en 1º de Septiembre de 1839, procediendo a su correspondiente pago; pero antes del acto posesorio, noticioso el rematante de que el Ayuntamiento de la citada villa de Morata pretendía tener ciertas servidumbres sobre la dehesa subastada, recurrió á la Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado en solicitud de que se resolviera si lo que compró era lo anunciado en el Boletín, ó si tenía que respetar dichas servidumbres.

Que la referida Dirección dispuso remitir la instancia, al Gobernador de la provincia para que oyendo al Ayuntamiento de Morata, diera su informe en este asunto; y en el que evacuó, aquella Autoridad el 9 de Diciembre del mismo año de 1859, acompañando el expediente de subasta de la enunciada finca y otros documentos, llamó la atención sobre los vicios y defectos del citado expediente, observando: primero, que la capitalización no se refería a la dehesa, sino a un predio rústico, de Villarejo de Salvanés; segundo, que partiendo de que la tasación en venta era de 12.200 rs. se calculó la renta de 4.200 que no era posible produjese aquel capital, al paso que se capitalizaba esta, renta al 4 por 100, en 94,300 rs. en vez de 105.000 que arrojaba; y tercero, que en la certificación expedida por el perito tasador se decía que la dehesa se hallaba cerrada y con algunos manantiales de aguas dulces que en ocasiones servían para abastecer á todo el vecindario, expresando al final de la misma dicha servidumbre, así como la del tránsito de Castillejo a Valdelahiguera con otros aprovechamientos de que no se hizo mención en el anuncio, y concluyó manifestando que siendo por su naturaleza inalienables las servidumbres de tránsito, y aprovechamiento de aguas, prevenía en aquella propia fecha a D. Joaquín Marrací que ínterin se declaraba lo procedente sobre validez de la venta y existencia de dichas servidumbres se abstuviera de interrumpir ó embarazar su disfrute.

Que con este motivo recurrió Marrací a la expresada Dirección en solicitud de que se revocara la referida providencia del Gobernador, y con presencia de todo, la Asesoría general del Ministerio de Hacienda y la citada Dirección fueron de parecer que procedía declarar la nulidad. Visto el acuerdo dictado por la Junta superior de Ventas en 14 de Mayo de 1860, por el cual de conformidad con los expresados dictámenes se declaró la nulidad de la referida subasta, y dispuso que se devolvieran al comprador las cantidades que tuviese satisfechas.

Vista la reclamación que contra este acuerdo elevó a mi Gobierno Don Joaquín Marrací, pidiendo que se declarase válida y subsistente la. Venta de la referida dehesa, bajo el fundamento de que era un contrato consumado y celebrado con todas las formalidades legales, y que había hecho mejoras construyendo una casa en la misma finca.

Vistos los dictámenes emitidos acerca de esta instancia por las expresadas Dirección y Asesoría general y por la Sección de Hacienda del Consejo de Estado,

vista la Real orden expedida por el Ministerio de Hacienda en 20 de Abril de 1861, por la que, de conformidad con el parecer de la expresada Dirección del ramo, acorde con el de la Asesoría, se aprobó en todas sus partes lo resuelto por la Junta superior de Ventas y desestimó la reclamación del interesado:

Vista la demanda que en nombre de D. Joaquín Marrad y Soto presentó ante el Consejo de Estado el Doctor D. Julián de Mendieta, con la pretensión de que se revoque dicha Real orden, y declare válida y subsistente la venta de la referida dehesa; y caso de nulidad, que se le abonen las cantidades satisfechas y las mejoras hechas en la finca, indemnizándole de los perjuicios que se le han causado.

Vista la contestación de mi Fiscal, en que pide la confirmación de la Real orden reclamada.

Vista la instrucción dada en 31 de Mayo de 1855 para la ejecución de la ley de venta de bienes nacionales de 1º  del propio mes y año, en cuyo párrafo quinto atribuye á la Junta superior de Ventas que por ella se establece la facultad de adjudicar en el mejor postor las fincas rematadas, concediéndola por el octavo la de resolver todas las reclamaciones o incidencias de ventas de fincas.

Visto el art. 179 de la propia instrucción, que señala de tipo para la subasta de todas las fincas el precio mayor que resulte entre la tasación y capitalización.

Considerando que está terminantemente mandado que en las subastas de bienes nacionales sirva de tipo para la fijación del precio la cantidad mayor que resulte entre la tasa y la capitalización, y que por lo mismo la infracción de tal precepto afecta esencialmente la validez del contrato, porque no puede el Estado prestar su consentimiento para la venta aceptando un precio que se ha fijado por error o por cualquiera otra causa en contravención á las disposiciones legales.

Considerando que la subasta de la dehesa la Carnicera se anunció fijando como tipo para la venta la cantidad de la capitalización, que fue la de 91.500 rs. cuando debió fijarse la de 122.000, que era realmente la de la tasa, aunque por equivocación o por cualquiera otro motivo se dijese en los anuncios que había sido de 12,200, y que por esta razón se sacaba a subasta por el tipo de capitalización.

Considerando que no resulta que el comprador tuviese parte en el hecho que motivó la alteración del tipo, y por ello, no solo deben serle devueltas las cantidades que tenga entregadas por cuenta del precio, sino que hizo suyos legalmente los frutos y tiene derecho al abono de las mejoras ejecutadas en la finca como poseedor de buena fe y el importe de los perjuicios.

Considerando, en vista de todo, que la Junta de Ventas se ajustó a las disposiciones legales declarando la nulidad de la dehesa la Carnicera, y que obró dentro del circulo de sus atribuciones, porque en estos casos, por disposición de la ley, tiene la Administración el doble carácter de contratante y de autoridad que resuelve gubernativamente con sujeción al juicio contencioso, las cuestiones a que dan lugar las subastas y remates.

Conformándome con lo consultado por la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado, en sesión a que asistieron D. Domingo Ruiz de la Vega, Presidente; D. Joaquín José Casaus, D. José Caveda, D. Antonio Caballero, D. Manuel de Sierra y Moya, D. Antonio Escudero, el Conde de Torre Marín, D. José de Villar y Salcedo y D. Antero do Echarri,

Vengo en confirmar la Real orden de 20 de Abril de 1861, que aprobó el acuerdo de la Junta de Ventas de 14 de Mayo de 1860, declarando además que D. Joaquín Marraci hizo legalmente suyos los frutos de la dehesa, y deben también serle abonadas las mejoras ejecutadas en ella y el importe de los perjuicios.

Dado en Palacio á 17 de Abril de 1863.=Está rubricado de la Real mano. El Presidente del Consejo de Ministros, Marqués de Miraflores.

Publicación:

Leído y publicado por mí el Secretario general del Consejo de Estado, hallándose celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso, acordó que se tenga como resolución final en la instancia y autos a que se refiere; que se una á los mismos; se notifique en forma á las partes, y se inserte en la Gaceta; de que certifico.

Madrid 1º de Mayo de 1863. Miguel Zorrilla.

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