PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

 

RÉGIMEN DE LA RESTRICCIÓN A LA LIBERTAD PERSONAL EN LA LEY 906 DE 2004.

(Héctor Javier Alarcón Granobles)

 

 

La libertad personal es un derecho natural del hombre,  inherente por su propia naturaleza desde el momento en que nace, por tanto la ley solo la reconoce no la concede, filosóficamente hablando.

 

La Revolución Francesa es el antecedente próximo desde donde tomamos el concepto claro y dogmático sobre la posibilidad legítima de un Estado de restringir este derecho.

 

Se resume en lo siguiente:

 

          Es la más grave intervención del Estado en la libertad individual de los ciudadanos.

          Únicamente puede ser ordenada por autoridad competente

          Por el tiempo en que se desarrolla el proceso o trámite judicial

          Previo el cumplimiento de exigencias legales

 

Desafortunadamente, en una órbita política, la privación de la libertad históricamente ha sido vista como una forma por excelencia para combatir los problemas sociales, culturales o sociológicos derivados de la delincuencia, además que genera un temor o miedo a tal punto que amedrenta a la comunidad.

 

De ahí que el derecho penal haya judicializado la figura de la detención, en tanto que a través de ella se ejerce un poder real por parte del Estado y en la que, finalmente, se reprime bajo la justificante del ius puniendi.

 

En la comunidad internacional se ha reconocido la libertad personal como un derecho fundamental, así consagrado en el Pacto Internacional de los Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Por su parte, la Organización de Naciones Unidas también ha colaborado con la aprobación de reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, que por lo regular ninguno de los países las cumplen.

 

Pero la paradoja se ha propuesto cuando se insiste en que a consecuencia de la comisión de un delito, el derecho a la libertad puede ser restringido por el Estado no obstante que al mismo tiempo se exige como principio fundamental el respeto por la presunción de inocencia y el derecho que tiene de defenderse en igualdad de condiciones de sus adversarios, contradicción que surge al momento en que la persona de la que se presume su inocencia debe permanecer privada de su libertad (tras las rejas, detención intramural, en un establecimiento carcelario), de lo cual se infiere lógicamente que el ejercicio de su derecho a la defensa material bien puede ser nugatorio, pues el engranaje estatal busca pruebas en su contra, en muchas oportunidades incluso la víctima está habilitada, en claro desmedro del equilibrio de cargas, pero aún así, es un mandato superior velar por el derecho a la defensa.

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD.

 

Como resultado del compromiso del Estado con la sociedad en procura de la protección de los bienes jurídicos a través del derecho punitivo, se ha permitido la trasgresión objetivamente vista del derecho a la libertad.

 

Es decir, tratando de equiparar las cargas y sentar un punto de equilibrio entre los derechos de la sociedad para proteger a los afectados con el delito y los derechos del sujeto pasivo de la acción penal, siempre y cuando se encuentren en estricto marco de legalidad.

 

Si bien es cierto se trata de un derecho subjetivo, el Estado, por intermedio de la limitación al derecho a la libertad, asegura la comparecencia del presunto delincuente a la investigación, lo cual indudablemente facilita la fase de juzgamiento e igualmente el eventual cumplimiento de una pena.

 

 

LÍMITES BAJO LOS CUALES SE JUSTIFICA LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD

 

Siendo la ley la expresión de la voluntad soberana, ella debe ser respetada cabalmente, de ahí que la legalidad se imponga como presupuesto de actuar. En otras palabras, la privación de libertad sólo procede por casos expresos previamente determinados en la ley ello es consecuencia de la supremacía del Estado social y de derecho.

 

Además, dentro del presupuesto de legalidad, los ciudadanos deben saber cuáles son las conductas por las que se les puede privar de la libertad, como también el período o término de privación de libertad al que serán sometidos en caso de infringir la ley.

 

La detención solamente podrá ser decretada por la autoridad judicial competente para esos efectos.

 

Por último, la detención practicada por un Estado de derecho nunca puede entenderse como anticipación de pena, ni con fines punitivos.

 

Doctrinariamente se tiene que para la adopción de una medida restrictiva de la libertad personal deben concurrir dos presupuestos, a saber:

 

1) Justificación probatoria (fomus boni  iuris), que no es otra que la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva, y

 

2) Persecución de fines concretos y determinados  (periculum in mora), que consiste en la necesidad de estar encaminada a la consecución de fines constitucionalmente legítimos, como evitar el entorpecimiento de la acción de justicia o del descubrimiento de la verdad, la evasión del sindicado, etc.

 

 

DEFINICIÓN DE LA DETENCIÓN

 

Puede variar conforme los distintos matices que políticamente puede concebir un Estado.

 

En el Diccionario de Escriche, detener significa: Prender o quitar a una persona el uso de su libertad para que esté o se mantenga a disposición del Tribunal.

 

En la Carta Política colombiana se entregan estos ingredientes, conforme al artículo 28 de la misma:

 

          Medida restrictiva de la libertad

          Prevista expresamente en la Ley

          Sólo susceptible de ser decretada por un juez (entendido en el limitado sentido de autoridad judicial competente)

          Para casos excepcionales

          Bajo la reunión de requisitos legales y probatorios

          Limitada temporalmente y no puede dilatarse injustificadamente.

 

 

FINES DE LA DETENCIÓN

 

Para establecerlos, se pueden clasificar de la siguiente manera:

 

A.        Abstractos

 

1.    Preservar la cumplida y eficaz administración de justicia.

2.    Preservar el orden público quebrantado con el hecho delictivo.

3.    Preservar el interés que posee la sociedad en la investigación de los delitos.

4.    Preservar la seguridad de terceras personas y cosas que tengan relación con el hecho delictivo.

 

B.        Concretos

 

1.    Garantizar la aplicación de la ley.

2.    Garantizar el éxito de la instrucción,

3.    investigación o averiguación.

4.    Garantizar el desarrollo normal del proceso judicial penal.

5.    Dar garantía de que se logrará el descubrimiento de la verdad, misión en la cual el procesado estará interesado en obstaculizar.

 

C.        Particulares

 

1.    Lograr la comparecencia del procesado a las fases de investigación y juzgamiento.

2.    Lograr que el condenado comparezca a la eventual ejecución de la pena.

3.    Lograr la eficacia del ejercicio del Derecho a la Defensa.

4.    Evitar la  fuga del procesado.

5.    Evitar la destrucción o desaparición de las pruebas, huellas, vestigios o instrumentos con los que se desarrolló la conducta punible.

6.    Evitar el desasosiego de la sociedad en procura de la vindicta privada contra el procesado

7.    Evitar la comisión de otros delitos por el procesado, quien aun cuando no se le ha declarado culpable, e cuentan con elementos para concluir que pudo participar en la comisión de un hecho que bien puede repetir.

8.    Evitar la aproximación del procesado a la manipulación de testigos, como influenciarlos, constreñirlos o intimidarlos.

 

 

CRÍTICAS A LA RESTRICCIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL

 

1. La existencia de dictadores comunes en países latinoamericanos y el abuso de los estados de anormalidad constitucional (estados de excepción) ha llevado a que se convierta en un mecanismo de persecución.

 

2. Se le ha llevado a tratar de solucionar todos los conflictos sociales.

 

3. Como algunos funcionarios judiciales divorcian ley con realidad generan una enorme distancia entre norma y realidad, por lo que no se comprende el estigma que conlleva ciertamente la detención preventiva.

 

4. Como la realidad de nuestro Derecho Penal es que se aplica en la mayoría de los casos a personas menos favorecidas, se convierte en factor de discriminación, separación y distanciamiento entre las clases sociales.

 

5. Los medios de comunicación son mecanismos de presión que impiden la completa independencia e imparcialidad en la labor de administración de justicia. Por ejemplo, todos hemos visto en las noticias que frente a hechos de notable conmoción social, económica o política, siempre se está exigiendo la captura de los infractores para evitar la impunidad, y cuando se deja en libertad a un eventual capturado, de inmediato, se le entrega trascendencia, incluso, asignándose comentarios cercanos a la deshonestidad, el prevaricato, la corrupción, etc.

 

6. En Colombia se ha llegado a extremos, en los casos en que un Juez o Fiscal deje vencer los términos de instrucción o juzgamiento y opere una causal de libertad prevista, para estos casos se ordena, en muchas oportunidades por sus superiores jerárquicos, una compulsación de copias automática e inconsulta para que sea investigado, generando el mensaje a la comunidad que la libertad es lo incorrecto.

 

Por esa vivencia social y profesional de todos nosotros es que a veces se nos olvida bien sea como administradores de justicia, como litigantes, como periodistas, como ciudadanos, que existen normas legales y constitucionales que obedecen directa o indirectamente a la aceptación e incorporación de tratados y convenios internacionales, de derechos humanos y de tratamiento de los procesados, los cuales se desconocen en algunas oportunidades, algunos de ellos y de mayor connotación conforme al pacto universal de derechos humanos; valga recordarlos:

 

- Derecho a ser llevado sin demora ante un juez u otro funcionario judicial autorizado por la Ley para ejercer funciones judiciales (art. 9º-3).

- Derecho a conocer las razones de la detención y acusación ( art 9º-2).

- Derecho a que se le presuma inocente mientras no se compruebe su culpabilidad (art 14º -2).

- Derecho a acudir ante Tribunal para que decida brevemente acerca de la legalidad de la detención y ordene la libertad en caso de ilegalidad (art. 9º-4).

- Derecho a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad (art 9º-3).

- Derecho a obtener reparación e indemnización por privación injusta de la libertad (art. 9º-5)

- Derecho a tener un trato humano y acorde con la dignidad humana (art. 10º-1).

- Derecho a que si se le impone detención preventiva, no sea recluido con los condenados, y por ende a un tratamiento especial y diferente por su condición de persona no condenada (art. 10º-2).

 

 

LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN LA NORMATIVA DEL SISTEMA ACUSATORIO

 

 

Antecedentes

 

La Corte Constitucional venía decantando un concepto de privación de libertad atado al concepto de detención preventiva, acorde con la reglamentación de los tratados internacionales ratificados por Colombia, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, aprobado en Ley 16/1972. Al respecto, se dijo (Sentencia C-150 de 1993):

 

“...la detención preventiva es una herramienta jurídica natural, propia de las actuaciones del procedimiento penal, que permite al funcionario judicial, dentro de los términos racionales que establezca la ley adoptar la decisión correspondiente sobre la persona vinculada al proceso, y cuya regulación obedece al natural ejercicio de las competencias legislativas en materia del procedimiento penal, en el que está involucrado el conjunto de reflexiones jurídicas y de política criminal, que toma en cuenta las especiales modalidades delictivas…”.

 

Con la Sentencia C-327 de 1997, por medio de la cual se declaró la exequibilidad de las normas relativas a la detención preventiva y su plena justificación en el orden interno colombiano, se dijo en su momento:

 

“... el legislador se atuvo a un criterio de carácter objetivo que, ante todo, atiende a la gravedad del hecho, establecida a partir del monto de la pena, y en ello no encuentra la Corte que se haya consagrado una causal arbitraria que comporte el sacrificio excesivo de la libertad en aras de la finalidad de actuar en contra del delito, como tampoco encuentra violación de la Carta Política en el atacado numeral tercero, que contiene la lista taxativa de los delitos que en el criterio del legislador merecen la detención, porque las conductas allí referidas atentan contra bienes jurídicos que se juzgan de importancia para el logro de la convivencia y ya la Corte ha indicado que «el control social mediante la protección de bienes jurídicos fundamentales constituye la razón de ser del derecho penal», y que la correspondiente indicación de los bienes jurídicos tenidos por valiosos y que son, por ende, merecedores de protección, es tarea que dentro de la estructura de un Estado de Derecho compete al legislador.

 

”Refiriéndose a las causales previstas en el artículo 397 del Código de Procedimiento Penal y en particular a las que ahora se examinan, la Corte Constitucional tuvo oportunidad de advertir acerca de «la entidad de los delitos por los cuales una persona puede ser detenida preventivamente» y, en contra de lo que cree el actor, la Corporación considera que las normas legales que fijan y precisan los supuestos en los que a una persona se le puede privar de la libertad, constituyen garantía del derecho que de esa forma desarrollan.

 

”En ese sentido la Convención Americana, invocada por el demandante, remite al ordenamiento jurídico interno, haciendo énfasis en que las causas y las condiciones que pueden dar lugar a la privación de la libertad son las «fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes y por las leyes dictadas conforme a ellas», y, según lo ha puntualizado la Corte, en eso consiste, justamente, la excepcionalidad de las medidas que como la detención preventiva afectan la libertad: en que son instrumentos a los cuales «únicamente puede apelarse en los casos previstos por la ley y dentro de sus rigurosos límites, sin perjuicio de las garantías que aseguren la comparecencia del sindicado al pertinente juicio y su disponibilidad para la ejecución del fallo…».

 

”Ahora bien, en materia de derecho a la libertad personal también opera una reserva judicial, pues para la reducción de una persona a prisión, arresto o detención es indispensable que medie mandamiento escrito de autoridad judicial competente. El carácter excepcional que se predica de la detención preventiva impone que su aplicación por los jueces se encuentre precedida del análisis estricto y de la evaluación seria y ponderada de las circunstancias involucradas en el caso concreto, ya que la remisión que la Constitución hace a los supuestos de restricción del derecho regulados legalmente no supone que los encargados de aplicarlos gocen de un pleno arbitrio al momento de apreciar si se justifica o no afectar la libertad.

 

”El juez no puede perder de vista que más allá de su simple naturaleza de medida cautelar y de la índole procesal de las normas referentes a la prisión provisional, lo que en el fondo se debate es una limitación del derecho a la libertad personal y, debido a ello, a su adopción no ha de procederse de manera mecánica o automática, como si se tratara de un acto procesal cualquiera, sino examinando caso por caso y en plena concordancia con los criterios legales interpretados a la luz de las normas constitucionales y «de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia», procurando siempre la interpretación más favorable a la efectividad del derecho a la libertad individual.

 

”A las precauciones que en atención al carácter excepcional de la detención preventiva ha de observar al juez al adoptar la medida, se suman las que debe tener en cuenta para que no se prolongue más allá de un lapso razonable. Sobre el particular ha dicho la Corte:

 

”«Los artículos 29 de la Constitución y 9º del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles impiden que, con base en simples indicios, se persista en la prolongación de la detención luego de un cierto lapso que de ninguna manera puede coincidir con el término de la pena ya que siendo ello así se desvirtuaría la finalidad eminentemente cautelar de la detención preventiva que terminaría convertida en un anticipado cumplimiento de la pena y se menoscabaría el principio de presunción de inocencia. Pese a que no es posible en abstracto traducir el concepto de detención preventiva razonable a un número determinado de días, semanas, meses o años o a una equivalencia según la gravedad de la ofensa, entre los múltiples factores a tener en cuenta para determinar la razonabilidad del plazo de detención preventiva debe considerarse el tiempo actual de detención, su duración en proporción a la ofensa, los efectos materiales o morales sobre la persona detenida, la conducta que exhiba el acusado durante la reclusión, las dificultades objetivas propias de la investigación –complejidad respecto a los hechos, número de testigos o acusados, necesidad de una evidencia concreta, etc.–, la conducta de las autoridades judiciales competentes, el peligro de fuga, la posibilidad de reincidencia y la capacidad de destrucción de la evidencia». 

 

”Las razones expuestas a lo largo de esta providencia conducen a conclusiones contrarias a las que defiende el actor en su demanda; en efecto, ha quedado demostrado que la preceptiva acusada no vulnera los artículos 28 y 93 de la Constitución Política y, de otra parte, se ha reiterado que la detención preventiva no es una pena, que su aplicación es compatible con la presunción de inocencia y que por ello no entraña desconocimiento del principio de buena fe que de ser llevado a extremos como los pretendidos por el actor impediría el cumplimiento de  funciones como la que la propia Carta encomienda a la Fiscalía General de la Nación, encargada de «Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento» (art. 250-1).

 

”También se ha insistido en que la detención preventiva no comporta una «presunción de culpabilidad» pues, de acuerdo con lo anotado, la responsabilidad se determina en la sentencia y al término de un proceso desarrollado con la plenitud de las garantías, por lo cual no se quebranta el artículo 29 superior; argumentos todos que llevan a la Corte a desestimar los cargos formulados en contra de los numerales 2º y 3º del artículo 397 del Código de Procedimiento Penal que, en consecuencia, serán declarados exequibles”.

 

Visto lo anterior, queda claro que desde antaño, se ha edificado un claro concepto sobre la detención y su justificación constitucional, cosa que no ha cambiado aún con la implementación del sistema acusatorio como quiera que las normas superiores que han servido de base no han cambiado ni siquiera con la implementación de denominado sistema acusatorio colombiano.  

 

Para un estudio detallado de lo que actualmente se tiene, entremos a analizar la aprehensión como fenómeno de lesión objetiva al derecho a la libertad personal, conocido jurídicamente como captura.

 

 

LA CAPTURA EN LA LEY 906 DE 2004

 

Solamente puede obrar por efecto de tres figuras:

 

1)    la orden del juez

2)    la flagrancia y

3)    excepcionalmente por orden del Fiscal

 

 

1)  RESERVA JUDICIAL (la orden del juez)

 

Este es un legado garantista a través del cual sólo es procedente la captura si la ordena o decreta un juez.

 

Dice el artículo 296 de la Ley 906 lo siguiente:

 

Finalidad de la restricción de la libertad. La libertad personal podrá ser afectada dentro de la actuación cuando sea necesaria para evitar la obstrucción de la justicia, o para asegurar la comparecencia del imputado al proceso, la protección de la comunidad y de las víctimas, o para el cumplimiento de la pena.”

 

Los tres primeros aspectos –obstrucción a la justicia, comparecencia y protección- se concretan y resumen en los fines de la medida de aseguramiento, mientras que el último es autónomo y propende por la limitación a la libertad cuando obra una pena, es decir, está de por medio una sentencia ejecutoriada.

 

Quiere decir lo anterior que la orden del juez –control de garantías o conocimiento- para capturar a una persona, sólo es pertinente cuando se haya impuesto medida de aseguramiento o por razón de una pena impuesta en sentencia condenatoria definitiva.

 

Frente a la imposición de medida de aseguramiento, sólo la puede decretar el juez de control de garantías, pues incluso dentro de la fase de juzgamiento el control de legalidad de la aprehensión la hace este juez constitucional (parágrafo, art. 298). Por su parte es sabido que la pena se impone en la sentencia, razón por la cual es el juez de conocimiento quien la profiere.

 

Es claro, entonces, que cuando se impone medida de aseguramiento es procedente afectar la libertad personal. Sin embargo, existe una posibilidad de igualmente afectar este derecho inmersa en esta consideración, como es el caso de la solicitud de orden de captura elevada por el Fiscal contemplada en el artículo 297, referido a la existencia de motivos razonablemente fundados para inferir que la persona contra quien se solicita la captura es autor o partícipe del delito por el que se indaga, caso en el cual debe el juez de garantías verificar y estudiar si existe dicho material probatorio y si se reuniría alguno de los fines señalados en el artículo 308.  

 

En conclusión, un Fiscal puede solicitar la orden de captura antes de formular imputación, siempre y cuando frente al delito por el cual pide la aprehensión física exista probabilidad de que el juez de control de garantías imponga medida de aseguramiento, análisis que el funcionario judicial puede realizar preliminarmente sin que lo vincule a una futura determinación.

 

b)    FLAGRANCIA

 

La captura en flagrancia puede ser producida por una autoridad policiva o por un particular.

 

Requiere de los mismos presupuestos que hasta ahora se vienen decantando conforme a la Ley 600 de 2000, es decir:

 

i)             la actualidad, o sea el sorprendimiento en el momento en que se comete un acto delictivo;

 

ii)            la identificación o, por lo menos, la individualización del autor, y

 

iii)            la captura o aprehensión.

 

Es necesario que se presenten los tres requisitos, pues con el sólo hecho que falte alguno no se presenta el fenómeno de la flagrancia.

 

El artículo 301 señala las clases de flagrancia, como son:

 

i)             la flagrancia en estricto sentido, es decir, el que es sorprendido in infraganti;

 

ii)            la cuasiflagrancia, es decir, quien por persecución o voces de auxilio se aprehende inmediatamente luego del sorprendimiento, y

 

iii)           la flagrancia inferida, o sea, a quien es capturado con huellas o instrumentos de los que aparezca que momentos antes ha cometido un delito o participado en él.

 

 

c) CAPTURA EXCEPCIONAL POR PARTE DEL FISCAL (artículo 300)

 

Incluida por la Ley 1142 de 2007 y declarada su constitucionalidad conforme sentencia C-226 de 2008.

 

Debe dejarse en claro que permanece la excepcionalidad en la medida, condicionada a que sea escrita y motivada en la procedencia de la detención preventiva; además en la imposibilidad de encontrar un juez que pueda ordenarla. También en la existencia de elementos materiales probatorios, evidencia física o información (condición impuesta por la Corte Constitucional en el fallo, en tanto debe ser en aquellos eventos en los que conforme al artículo 221 se encuentre respaldo probatorio para los motivos fundados) de la cual se pueda inferir razonablemente que se trata del autor o partícipe de la conducta investigada.

 

Además, deben concurrir las circunstancias referidas en los tres numerales siguientes como es:

 

1)    Riesgo inminente  de que la persona se oculte, se fugue o se ausente del lugar donde se lleva a cabo la investigación.

2)    Probabilidad fundada de alterar los medios probatorios.

3)    Peligro para la seguridad de la comunidad o de la víctima en cuanto a que, si no es realizada la captura, el indiciado realice en contra de ellas una conducta punible.    

 

Igualmente la norma condiciona la vigencia de la orden de captura a la posibilidad e acceso a un juez de control de garantías, es decir, la Fiscalía o cuenta con tiempo latente para conseguir la captura, sino que se asocia al término de inmediatez.  

 

QUÉ PASA CON LA CAPTURA ADMINISTRATIVA?

 

Hago referencia a esta figura por cuanto en mi criterio permanece como presupuesto de captura pero no cobijada por el Código de Procedimiento Penal, pues se trata de eso, de una aprehensión administrativa y que incumbe a actividades de policía y control del orden público tal como lo mencionó la Corte Constitucional en sentencia C-024 de 1994.

 

Esta obedece a que por motivos fundados, es decir, con razones de mera objetividad, como cuando se pretende comprobar hechos, se verifican antecedentes, etc, a las autoridades de policía se les entrega la facultad de capturar temporalmente como presupuesto de operatividad y control público. 

 

 

QUÉ SE HACE LUEGO DE LA CAPTURA?

 

De entrada surge una confrontación normativa que merece detenernos a comentarla como quiera que parece entenderse una orden legislativa diferente cuando se trata de un capturado por orden de autoridad judicial y otra cuando se trata de flagrancia.

 

En efecto, el término para colocar al capturado a disposición del Fiscal luego de la captura por orden del juez, está consagrado en el inciso 2º del artículo 297:

“Capturada la persona será puesta a disposición de un juez de control de garantías en el plazo máximo de treinta y seis (36) horas para que efectúe la audiencia de control de legalidad, ordene la cancelación de la orden de captura y disponga lo pertinente con relación al aprehendido.”

Y el parágrafo del artículo 298:

“Parágrafo.- La persona capturada durante la etapa de juzgamiento será puesta a disposición de un juez de control de garantías en el plazo máximo de treinta y seis (36) horas para que efectúe la audiencia de control de legalidad, ordene la cancelación de la orden de captura y disponga lo pertinente con relación al aprehendido.”

Como puede apreciarse, no se señala un término sino el máximo del término.

Por su parte, cuando se trata de capturado por virtud de la figura de la flagrancia, dice el procedimiento en el artículo 302:

“Cuando sea una autoridad la que realice la captura deberá conducir al aprehendido inmediatamente o a más tardar en el término de la distancia, ante la Fiscalía General de la Nación.

Cuando sea un particular quien realiza la aprehensión deberá conducir al aprehendido en el término de la distancia ante cualquier autoridad de policía. Esta identificará al aprehendido, recibirá un informe detallado de las circunstancias en que se produjo la captura, y pondrá al capturado dentro del mismo plazo a disposición de la Fiscalía General de la Nación.” (subrayo)

Esto, tiene su explicación en el hecho que la captura en flagrancia amerita un juicio de valor que debe hacerse lo mas rápido posible por parte del juez de control de garantías encomendado de tal tarea, mientras que cuando se ejecuta su orden, la cual se presupone ajustada a un marco de legalidad, cuenta con un grado mayor de flexibilidad para que sea igualmente puesta en conocimiento del juez de garantías. Sin embargo, dentro de una posición de garantía, de todas formas en mi criterio así se trate de la captura por virtud de la orden de autoridad judicial o por razón de la flagrancia, de todas formar se debe efectivizar inmediatamente el control al acto de afrenta a la libertad personal.    

Siguiendo con el procedimiento:

 

Debe dejarse al capturado a disposición del fiscal, bien sea que el aprehensor sea la autoridad policial o el particular entendiendo que éste último lo debe hacer ante la primera autoridad policial con que se encuentre.

 

El término empleado por la ley es de inmediato, claro está que se considera que existen distancias a cumplir en casos excepcionales y de ahí que pueda ser el término de la distancia, en todo caso, solo por razones excepcionalísimas y debidamente motivadas puede haber una demora que no ha de superar las 36 horas siguientes a la aprehensión.

 

El fiscal cuenta con una opción de dejar en libertad si advierte que el eventual delito por el que se captura no amerita detención preventiva (art. 302-4) o cuando la captura la considere ilegal, caso en el cual debe imponer un compromiso juramentado al capturado de que comparecerá cuando sea llamado en caso de que se le formule la imputación.

 

Si no lo deja en libertad, el fiscal debe llevar al capturado ante el juez de control de garantías para que se verifique la legalidad de la captura.

 

Antes de analizar la diligencia de control de legalidad de la aprehensión, ha surgido una discusión sobre si el acto unilateral del Fiscal de dejar en libertad cuando se trata de una captura que afecte la libertad o cuando el delito no amerita detención preventiva -únicamente por análisis del factor objetivo sin tocar lo relacionado con los fines de le medida de aseguramiento, dijo la Corte Constitucional C-591 de 2005-, debe llevarse a control de legalidad.

 

En principio se pensaba que por tratarse de un acto que en verdad afecta la libertad personal, así el Fiscal haya decidido dejar en libertad al capturado por el análisis posterior al acto de la captura, era necesario y obligatorio que fuera controlado por el juez de garantías quien finalmente es el encargado de verificar la constitucionalidad de todos los actos llevados a cabo en la investigación y que reporten alguna lesión o transgresión a los derechos constitucionales. Sin embargo tal discusión fue solucionada por la Corte Suprema en decisión (rad. 26.310) del 16 de mayo de 2007 a través de la cual señaló:

   

Previo a abordar el examen concreto de lo ocurrido y sus efectos, estima pertinente la Corte pronunciarse acerca de la necesidad de que se lleve a cabo la audiencia de legalización de captura, cuando previamente el fiscal ha ordenado  la libertad del aprehendido en seguimiento de lo dispuesto en el artículo 302, inciso cuarto, por estimar ilegal la captura o verificar, en un plano simplemente objetivo, como lo dejó sentado la Corte Constitucional cuando determinó la exequibilidad de la norma, que el delito no amerita medida de aseguramiento de detención preventiva.

 

“En este sentido, debe relevarse cómo el fiscal, para los efectos de la captura, también funge encargado de controlar garantías y derechos fundamentales, erigiéndose, en la práctica, en el primer filtro de legalidad de la aprehensión. Con la facultad expresa de ordenar la libertad del aprehendido, en el caso de verificar irregular la actividad del agente o particular que materializó la privación de libertad.

 

“Y si ello es así, razona la Corte, carece de sentido legal y práctico que se desgaste la administración de justicias, de suyo congestionada, con la realización de una audiencia inocua, por carecer de objeto.

 

“Es que, en un plano estrictamente legal, si al fiscal se le demanda presentar “al aprehendido inmediatamente o a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, ante el juez de control de garantías para que este se pronuncie en audiencia preliminar sobre la legalidad de la aprehensión….”  , ello no tiene objeto cuando la dicha verificación, con su efecto trascendente de liberación, ya la hizo ese funcionario. Por sustracción de materia, no hay “aprehendido”-dado que ya no tiene esa condición quien fue dejado en libertad-, ni corre del resorte del fiscal “presentarlo”, cuando este ha recobrado todas sus facultades locomotivas y es propio de su voluntad atender o no al llamado que, debe anotarse se entenderá válido o necesario para las otras audiencias, en especial la de formulación de imputación.

 

“Por lo demás, no es función primordial del juez de control de garantías, ordenar que se investigue penal y disciplinariamente a quienes hubiesen incurrido en abusos o violentasen los derechos del aprehendido. Y entonces, si ello ocurrió, los afectados tienen el camino expedito para presentar la correspondiente denuncia, sin que se justifique la diligencia en mención, sólo para que el juez de control de garantías haga pronunciamiento en tal sentido.

 

“Tampoco se determina necesaria la diligencia en aras de que el juez de control de garantías revise la legalidad de los elementos encontrados en poder del capturado, como quiera que, a continuación se verá, no es competencia suya hacerlo y la ley no habilita una diligencia para ese particular. Además, se agrega, en los casos en los cuales se faculta esa actividad de control, existe una audiencia preliminar específica –posterior al allanamiento e interceptaciones, para citar dos ejemplos-, que sirve de escenario específico para ese menester.  

 

“En suma, si el efecto concreto de la determinación que hace el juez de control de garantías acerca de la legalidad o no de la captura es, en el segundo caso, ordenar la inmediata libertad del aprehendido, no tiene fundamento racional y práctico que se solicite y adelante la audiencia si ya previamente un dicho efecto se obtuvo con la intervención directa del fiscal, quien así actuó,  controlando previamente la legalidad del acto material de aprehensión.”

 

No obstante lo anterior, con base en la expedición de la Ley 1142 de 2007 ha quedado zanjada cualquier la discusión, contrariando la posición de la Corte, como quiera que se dijo, para reformar el artículo 2º que: “en todos los casos se solicitará el control de legalidad de la captura al juez de garantías, en el menor tiempo posible, sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes.”   

 

AUDIENCIA DE CONTROL DE LEGALIDAD DE LA APREHENSIÓN

 

En esta diligencia, el Fiscal coloca al capturado a disposición del juez de control de garantías, quien en audiencia preliminar debe señalar los elementos materiales probatorios, la evidencia física y los informes con que cuenta para haber procedido en tal sentido.

 

El juez puede interrogar a los testigos, peritos o funcionarios y luego decide.

 

Inicialmente la Ley 906 contenía la expresión “de plano” para referirse a la decisión que se adoptara a consecuencia del control de legalidad de la aprehensión, lo que suscitó discusiones en torno a si admitía recursos, contrariando lo que como norma rectora ofrecía el artículo 20 cuando señalaba que todas las decisiones que atañen a la libertad del imputado o acusado serán posibles de apelar.

 

Con la expedición de la Ley 1142 de 2007 se resolvió la discusión al retirarse la expresión “de ‘plano”, además que se reformó el artículo 177 para señalara que en el efecto devolutivo se concede la apelación contra el auto que resuelve sobre la legalización de la captura.

 

De otra parte, es necesario advertir que considero que en esta diligencia es posible entrar a controvertirse los requisitos mínimos para declarar la legalidad de la aprehensión, y por ende hay un debate probatorio, eso sí siempre y cuando no desborde la demostración del grado mínimo de conocimiento.

 

Esto para contraponerme a quienes critican la actividad de los jueces de garantías que así lo permiten, cuestionándolos por el hecho que consideran que están permitiendo el seguimiento de minijuicios, a los cuales no les veo inconveniente alguno siempre y cuando, insisto, se limiten a la discusión del grado mínimo de conocimiento en la audiencia pertinente. Esto como quiera que el proceso no es una secuencia de actos que atropellados busquen una verdad sea como sea, sino la suficiente ponderación y verificación de las labores que se espera desarrolle la policía judicial, la fiscalía y el juez, entre otros.  

 

Por ejemplo, en la audiencia de control de legalidad de la aprehensión, para declarar la legalidad de una captura, es perfectamente viable que se discuta si existió o no la flagrancia, para lo cual el defensor debe acudir a la controversia de los elementos materiales probatorios, evidencias o informes que lleve el fiscal. En estas condiciones, equivocado resultaría que no se le permitiera tal discusión, cuando lo que pretende mostrar es que no se produjo una captura en flagrancia y que, entonces, la captura no es legal.

 

Continuando, el juez declara que la captura se llevó con el rito y el procedimiento señalado en la Constitución y la ley, y por tanto la declara legal.

 

Si el fiscal no solicita la imposición de medida de aseguramiento seguidamente el capturado queda en libertad. Queda a discreción del fiscal solicitar al juez de control de garantías la formulación de la imputación o no.

 

 

LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO 

 

Indistintamente se habla de que es una medida excepcional, sea que prive o no de la libertad. Deben interpretarse restrictivamente las normas en ella contenidas.

 

Si se aplica debe ser: necesaria, adecuada, proporcional y razonable con los fines constitucionales.

 

Debe cumplir fines legales como:

 

1.- Evitar la obstrucción de la justicia (distorsión probatoria, atentado contra los intervinientes).

 

“Artículo 309. Obstrucción de la justicia.  Se entenderá que la imposición de la medida de aseguramiento es indispensable para evitar la obstrucción de la justicia, cuando existan motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba; o se considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; o cuando impida o dificulte la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación”.

 

2.-  Lograr la comparecencia al proceso y a la ejecución de la pena.

 

“Artículo 312. No comparecencia. Para decidir acerca de la eventual no comparecencia del imputado, se tendrá en cuenta, en especial, la gravedad y modalidad de la conducta y la pena imponible, además de los siguientes factores:

 

1.- La falta de arraigo en la comunidad, determinado por el domicilio, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades que tenga para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto.

 

2.- La gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a éste.

 

3.- El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior, del que se pueda inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación, a la persecución penal y al cumplimiento de la pena”.

 

 

3.- Propender por la protección a la comunidad y a la víctima:

 

“Artículo 310. Peligro para la comunidad. Para estimar si la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad, será suficiente la gravedad y modalidad de la conducta punible. Sien embargo, de acuerdo con el caso, el juez podrá valorar adicionalmente alguna de las siguientes circunstancias:

 

1.- La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales.

 

2.- El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos.

 

3.- El hecho de estar acusado, o de encontrarse sujeto a alguna medida de aseguramiento, o de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional.

 

4.- La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional”.

 

 

De otra parte:

 

”Artículo 311. Peligro para la víctima. Se entenderá que la seguridad de la víctima se encuentra en peligro por la libertad del imputado, cuando existan motivos fundados que permitan inferir que podrá atentar contra ella, su familia o sus bienes”.

 

 

Si el fiscal solicita la imposición de medida de aseguramiento:

 

Lo primero es la formalización de su reclusión como lo informa el artículo 304, cuando dice: mediante la comunicación correspondiente.

 

La medida de aseguramiento es a solicitud del fiscal. Debe existir inferencia razonable, soportada como se dijo, en elementos materiales probatorios – evidencia– información que muestre que puede ser autor o partícipe de conducta delictiva

 

El grado de conocimiento que el legislador exige para la imposición de la medida de aseguramiento es el mismo que se propone para la formulación de imputación, entonces se infiere lógicamente que en los eventos en los que se imputa es posible entrar por parte del Fiscal a verificar la posibilidad de la medida de aseguramiento, mas no que automáticamente cuando se imputa se debe pedir medida de aseguramiento.

 

Ahora, si la medida de aseguramiento es la que se considera a solicitar, se deben cumplir, además de este requisito, los demás presupuestos, que en el evento de la ley 906 son los siguientes:

 

1.         Por delito de competencia de jueces especializados.

 

2.         Pena mínima que sea o exceda de 4 años.

3.         Delitos contra los derechos de autor cuya defraudación supere 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4. Cuando la persona ha sido capturada en el año anterior.  

 

Mucho se ha discutido acerca de si la detención preventiva en el sistema penal vulnera la presunción de inocencia y el derecho a la igualdad, ya que por lo primero el procesado empezaría a descontar la pena desde antes de que se demuestre su responsabilidad y, por lo segundo, por cuanto la defensa material del procesado no sería libre y plena ya que estando en detención preventiva cómo la ejercitaría?, siendo que  el acusador sí cuenta con plena libertad para recopilar la prueba.  

 

En resumidas cuentas, la Corte Constitucional dejó en claro con la constitucionalidad de las norma pertinentes en la Ley 600 de 2000 (Sentencia C-774/2001), como lo ha venido sosteniendo de tiempo atrás, que frente a la detención preventiva:

 

          Tiene carácter preventivo y no sancionatorio.

          Deben existir motivos graves de responsabilidad para adoptarla (inferencia razonable con el nuevo estatuto).

          Permite la comparecencia efectiva del imputado al proceso penal.

          El procesado no escapa a la acción de la justicia.

          El cumplimiento de la pena resulta más fácil.

 

 

ALGUNAS NOTAS ESPECIALES SOBRE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL SISTEMA ACUSATORIO

 

 

1.- El juez de conocimiento en el sistema acusatorio no aparece contaminado de preconceptos valorativos de la prueba antes del juicio oral, ni de hacer pronunciamientos anticipados y es por ello que el régimen de privación de libertad se aprecia como un incidente procesal que se le entrega al juez de control de garantías.

 

En otras palabras, la suerte de la libertad de la persona involucrada en el trámite judicial no está atada a la responsabilidad.

 

Además, existe una marcada celeridad en la resolución de la situación procesal del capturado.

 

La medida de aseguramiento se sigue abriendo pasado como una medida excepcional, con requisitos expresos para imponerla, así sea no privativa de la libertad.

 

 

2.- Para tratar los aspectos que deben tenerse en consideración a efectos de la medida de aseguramiento en el nuevo Código de Procedimiento Penal, sea del caso acudir a lo que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en providencia del 1° de junio de 2005, con ponencia del Magistrado Jorge Luis Quintero Milanés, con radicación 23.660, señaló:

 

“La Ley 906 de 2004 señaló expresamente en el artículo 307 cuáles son las medidas de aseguramiento, las que delimitó en privativas y no privativas de la libertad, a diferencia de la Ley 600 que únicamente contempla como medida de aseguramiento la detención preventiva (art. 356).

 

”Por ello era que en esta última normatividad, es decir en el código de 2000, resultaba pertinente y acertado hablar de los «fines de la detención preventiva» pues no obstante que el artículo 355 de la misma obra aseguraba que los fines eran para la medida de aseguramiento, resultaba lógico que si la detención preventiva era la única medida de aseguramiento, los fines se reportaban en exclusiva de ésta, además el capítulo en que se desarrollaba titulaba «detención preventiva».

 

“Sin embargo, con la expedición de la Ley 906 las cosas han cambiado, pues de acuerdo al artículo 296 lo que se protege a través de la consagración de finalidades, no sólo lo es frente a la privación de la libertad en estricto sentido, sino cualquier «restricción» a este derecho constitucionalmente reconocido. Al respecto dice la norma: «Finalidad de la restricción de la libertad. La libertad personal podrá ser afectada dentro de la actuación cuando sea necesaria para evitar la obstrucción de la justicia, o para asegurar la comparecencia del imputado al proceso, la protección de la comunidad y de las víctimas, o para el cumplimiento de la pena».

 

“Quiere decir lo anterior que los fines o finalidades, que en el prurito técnico se denominan «requisitos», lo son para efectos de imponer cualquier medida de aseguramiento, incluso aquellas que no son privativas de la libertad, pero que innegablemente comportan, de antemano considerado por el legislador, una restricción a la libertad personal”20.   

 

“Al efecto, el artículo 308 los contempla detalladamente cuando señala:

 

“Requisitos. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:

 

”Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia;

 

”Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima;

 

”Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia (subraya la Sala).

 

“Ahora bien, satisfecho uno, varios o todos los requisitos señalados en el artículo 308, o sea, lo relacionado con la necesidad de imponer medida de aseguramiento, se procederá a escoger qué tipo de medida de aseguramiento amerita el caso.

 

“… “

 

”Corolario de lo anterior, frente a la eventualidad de aplicar una medida de aseguramiento, se debe seguir el siguiente orden:

 

”1.-  Verificar si se reúnen los requisitos señalados en el artículo 308, es decir, comprobar si con la imposición de la medida de aseguramiento se cumple con las finalidades señaladas en los tres ordinales de la citada disposición. Para este efecto se atenderá a los criterios señalados en el artículo 309, es decir, lo que debe entenderse por obstrucción de la justicia; en el artículo 310 atinente a lo que debe entenderse por peligro a la comunidad; artículo 311, referente al peligro a la víctima; y, artículo 312, en lo relacionado con la no comparecencia.

 

”2.- Si se concluye que no hay finalidad que cumplir, lo procedente es no imponer medida de aseguramiento alguna.

 

”3.-  Si se concluye que la medida de aseguramiento ha de cumplir una misión o finalidad, se debe imponer medida de aseguramiento, luego de lo cual se verificará si es de aquellas privativas de la libertad o no.

 

”4.- Al tenor del artículo 313 se sabrá si debe ser privativa de la libertad, dentro de la cual se encuentra la detención preventiva a cumplir en establecimiento de reclusión o la detención preventiva a cumplir en la residencia escogida por el imputado, pues ambas son modalidades de la detención preventiva.

 

”Cuando se establece que para el cumplimiento de las finalidades de la medida de aseguramiento es suficiente la reclusión en el lugar de residencia, procede la sustitución de la detención preventiva por la detención residencial, así como lo permite el numeral primero del artículo 314.

 

”5.-  Si no procede la detención preventiva, la conclusión consecuente con la metodología trazada por el legislador es la aplicación de una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, tal como lo señala el artículo 315, para lo cual se escogerán aquella o aquellas, pues pueden concurrir varias al mismo tiempo, eso sí, que representen la posibilidad de que cumplan una razonable y proporcionada misión de cara a las finalidades fijadas por el legislador”.

 

No quiero dejar pasar por alto que en la Ley 906 inicialmente se encontró una contradicción entre los artículos 313 y 315  sobre la prevalencia de las medidas privativas de la libertad, al respecto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del Magistrado, doctor Jorge Luis Quintero Milanés, en auto del 20 de octubre de 2005, con radicación 24.152, señaló:

 

“2.1.-  Tanto la exégesis como la sistemática son válidos métodos de interpretación de la ley. El primero permite desentrañar la voluntad del legislador en la definición semántica de las palabras o la confección gramatical y lógica de la norma, entre otros parámetros; por su parte, en la segunda, el intérprete se vale del derecho como un todo coherente, relacionado e integrado, que le hace entender la voluntad sistémica del legislador.

 

”En estas condiciones, no puede afirmarse que el juez al momento de aplicar la ley se equivoque por el hecho que escoja uno u otro método, sino porque su labor de interpretación jurídica se vea acompañada de una completa justificación y motivación de su postura o criterio sobre bases serias y lógicas de racionalidad, coherencia y justa ponderación en la esperada necesidad de que se encuentre el verdadero sentido de la ley.

 

”Es por ello que el método de interpretación que más razones brinde, más coherencia de postulados encuentre, más lógica y razonable sea su conclusión, bien puede escogerse como parámetro de interpretación y solución al enfrentamiento normativo.

 

”2.2.- En el caso concreto, dos son las normas que han suscitado la problemática que amerita el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, dando por sentado que no hay réplica alguna en torno a la viabilidad de aplicación de la norma más favorable, a propósito de la expedición y vigencia progresiva de la Ley 906 de 2004, tal como esta Corporación lo ha venido haciendo.

 

Tales disposiciones son las siguientes:

 

”«Artículo 313. Procedencia de la detención preventiva. Satisfechos los requisitos señalados en el artículo 308, procederá la detención preventiva en establecimiento carcelario, en los siguientes casos:

 

”»...

 

”»2. En los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o  exceda de cuatro (4) años.

 

”«...»

 

”Y,  de otra parte:

 

”«Artículo 315. Medidas de aseguramiento no privativas de la libertad. Cuando se proceda por delitos cuya pena principal no sea privativa de la libertad, o por delitos querellables, o cuando el mínimo de la pena señalada en la ley no exceda de cuatro (4) años, satisfechos los requisitos del artículo 308,  se podrá imponer una o varias de las medidas señaladas en el artículo 307 literal B, siempre que sean razonables y proporcionadas para el cumplimiento de las finalidades previstas».

 

“Para lograr una debida labor de interpretación en el puntual aspecto que trata la decisión del Tribunal Superior de Cali y al que se circunscribe el reclamo del recurrente, debe partirse de la identificación del problema normativo frente al cual ha de tomar postura esta Sala de Casación Penal.

 

“Dicho problema no es otro que resolver el interrogante acerca de la antinomia o contradicción que existe entre los artículos 313-2 y 315, pues si se refiere a la primera norma, es claro, sin discusión alguna, acudiendo a su propio tenor literal, es decir, a la exégesis, que cuando el delito tenga una pena que sea o exceda de 4 años en su mínimo, procede la detención preventiva, eso sí, satisfechos otros requisitos, y cuando miramos el artículo 315, la norma refiere a que si la pena mínima no excede de 4 años, satisfechos otros requisitos, procede una medida de aseguramiento no privativa de la libertad.

 

“Esta situación, bajo la lupa de la exégesis normativa, no arroja a otra conclusión, en aplicación de simple lógica y racionalidad en el entendimiento de la disposición, que el límite de 4 años ó 48 meses, se encuentra evidentemente inmerso en las dos disposiciones, lo que genera un contrasentido.

 

“En efecto, un meridiano entendimiento lógico lleva a concluir que 4 años está incluido cuando el legislador dice que por ese monto o uno superior procede la detención preventiva (sea o exceda) y, al mismo tiempo, cuando dice que la medida de aseguramiento no privativa de la libertad procede para delitos que su pena mínima no exceda de 4 años, pues si exceder es propasarse, superar, pasar de algo, ir mas allá21, no exceder es lo contrario, no propasarse, no superar o no pasar de 4 años. Para concretar, exceder es sencillamente 4 años y 1 día y no exceder es 4 años”.

 

“En otras palabras, al mismo tiempo el legislador sostiene que la privación de libertad procede para la pena de 4 años y que para esa misma pena es procedente una medida restrictiva de la libertad personal.

 

“Entonces, hasta aquí el problema no se puede solucionar a través de la exégesis normativa, pues las disposiciones son claras y explícitas en su propio contenido. La discusión surge es al momento de entrelazar las citadas normas, pues el lapso de 4 años queda cobijado en ambas disposiciones, razón por la cual debe acudirse a la integración normativa que entra a solucionar esta evidente violación al principio de no contradicción, como quiera que una proposición lógica no puede señalar que para un mismo evento se es restrictivo frente a la libertad personal y, seguidamente, para idéntico parámetro, se pueda ser permisivo en la concesión de medidas que si bien restrictivas de la libertad, como las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, no comportan semejante afrenta y lesión objetiva al derecho a la libertad como la detención preventiva. O sea, no se puede ser y no ser al mismo tiempo.

 

“Así las cosas, el método de interpretación sistemática surge como propuesta de solución para concretar e identificar el sentido y orientación que el legislador pretendió darle a las normas que atañen a un determinado instituto de hondas connotaciones, como lo es la privación de la libertad personal en el procedimiento penal, lo que observa la Sala como una lamentable imprecisión legislativa producto quizá de una confusión en el uso de variados giros gramaticales, generando la necesidad de que sea el intérprete el que proceda a integrar el derecho bajo las propias orientaciones constitucionales y legales que como normas o principios rectores señala la ley.

 

“Para solucionar tal situación, quiere relievar la Sala precisamente la consagración novísima de una norma en la Ley 906 de 2004, que surge como presupuesto de interpretación legal y que con base en su propio título de “disposición común” a las normas relativas al “régimen de la libertad y su restricción”, señalado en el Título IV, propician su utilización como punto de partida para arrojar claridad en torno a la problemática aquí propuesta.

 

“Tal disposición no es otra que el artículo 295, que a pesar de no encontrarse en el título preliminar del nuevo Código de Procedimiento Penal que señala los “principios rectores y garantías procesales”, bien puede ser considerado como tal, pues reza:

 

“TÍTULO IV

”RÉGIMEN DE LA LIBERTAD Y SU RESTRICCIÓN

 

CAPÍTULO I

Disposiciones Comunes

 

”Artículo 295. Afirmación de la libertad. Las disposiciones de este código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad del imputado tienen carácter excepcional; sólo podrán ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales”.

 

“Esta norma entrega herramientas de suma importancia para concluir que, por ejemplo, situaciones en las que se llegue a la conclusión motivada, justificada y, especialmente, razonable acerca de qué pasajes legales puedan ser oscuros o contradictorios, es necesario que se interpreten de manera restrictiva, resaltando la excepcionalidad con que debe ser vista la permisión constitucional y legal de autorizar la privación y la restricción a la libertad personal.

 

“Norma evidentemente que se edifica como garantía en la labor interpretativa del operador judicial, y que en este caso se acude a ella en protección del principio general consagrado en el artículo 28 de la Carta Política, como quiera que la regla general es la libertad personal y no la privación o restricción a la misma, que es la excepción.

 

“Corolario de lo anterior, debe interpretarse que en la interrelación de los artículos 313-2 y 315 de la Ley 906 de 2004, cuando ambas disposiciones coinciden en el límite punitivo de 4 años, debe entenderse que prevalece lo normado en la segunda de las disposiciones, como quiera que comporta una menor limitación y restricción que la primera a un derecho fundamental, pues permite que se imponga medida de aseguramiento no privativa de libertad a una pena cuyo mínimo es de 4 años.    

 

“En estas condiciones, contrario sensu, en esta labor de interpretación, es posible concluir que la detención preventiva, en el evento del artículo 313-2, sólo procede, entonces, para cuando el delito tiene una pena mínima que excede de 4 años de prisión.”

 

 

 

3.- RECIENTES ARGUMENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL SOBRE LA PRESENCIA FÍSICA DEL IMPUTADO EN DILIGENCIAS COMO EL CONTROL DE LEGALIDAD DE LA APREHENSIÓN

 

 

Sentencia C 425 de 2008 sobre libertad y privación de libertad

 

 

“Artículo 18, parágrafo 1º, de la Ley 1142 de 2007.

 

20. En este orden de ideas, a la Sala corresponde analizar si ¿al tenor de las normas superiores que garantizan la defensa material y técnica en el proceso penal, la presencia física del imputado es una condición esencial para legalizar la captura, formular imputación e imponer medidas de aseguramiento?. Para resolver la cuestión formulada, la Corte debe resolver si es válido constitucionalmente que se legalice la captura y se inicie la investigación penal sin presencia del procesado para hacer eficiente y eficaz la administración de justicia.

 

Diligencias de imputación, legalización de la captura e imposición de medidas de aseguramiento en ausencia física del imputado.

 

21. Como se observa en el planteamiento del problema jurídico y en el tema que será objeto de pronunciamiento de esta Corporación, la norma acusada consagra tres etapas procesales distintas en las que la ley autoriza al juez de control de garantías y al fiscal a adelantarlas sin la presencia física del capturado. En efecto, la norma impugnada se refiere a la legalización de la captura, a la formulación de la imputación y a la imposición de medidas de aseguramiento.

 

A juicio de la Corte, aunque las tres diligencias pueden adelantarse en una sola audiencia, es indudable que contienen momentos procesales diferentes, generan un impacto distinto sobre los derechos del capturado y de la sociedad y pueden condicionar de varias maneras el desarrollo del proceso penal. Veamos, si se tiene en cuenta la situación procesal de cada una se evidencia que, mientras la diligencia de legalización de la captura tiene un carácter perentorio porque existe límite temporal constitucional y legal para el efecto (36 horas), la formulación de la imputación tiene como límite máximo el término de prescripción de la acción penal y la solicitud de medida de aseguramiento no se impone en un momento determinado, puesto que sólo se podrá solicitar y decretar si se cumplen con los requisitos y condiciones que la ley señala para la restricción preventiva de la libertad (artículos 308 a 314 de la Ley 906 de 2004).

 

A su turno, si se tiene en cuenta el impacto sobre los derechos también es clara la diferencia entre las tres actuaciones, pues mientras la legalización de la captura es un diligencia centrada en el estudio de los aspectos fácticos que rodearon la detención del capturado y de las garantías que el Estado Social de Derecho consagra al derecho a la libertad, entre ellas, el respeto por la dignidad humana, la orden judicial previa, la información sobre los motivos de la captura y la defensa de la integridad física y sicológica del detenido; la diligencia de formulación de la imputación señala el inicio del proceso penal y, a partir de ahí, entran en juego todos los derechos que resultan involucrados con el delito y que corresponde al juez y a todas las autoridades públicas garantizar y salvaguardar. Finalmente, la diligencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento tiene por objeto resolver la viabilidad jurídica de imponer sobre el imputado medidas que restringen sus derechos fundamentales.

 

Eso muestra que no todas las diligencias suponen tiempos procesales urgentes ni regulan el mismo impacto sobre los derechos en tensión, por lo que la Sala analizará en forma separada cada una de las diligencias de tal forma que pueda efectuarse una ponderación particular y, con base en ella, puedan adoptarse conclusiones autónomas.

 

22. La diligencia de legalización de la captura tiene como único objetivo ejercer el control de legalidad y constitucionalidad de la privación de la libertad que: i) ha sido ordenada previamente por un juez –cuando la autoridad competente ejecuta una orden de captura- (artículo 28 de la Carta), ii) fue excepcionalísimamente efectuada por un fiscal (artículo 250 de la Constitución) o, iii) obedeció a la situación de flagrancia en la que se encontró al capturado (artículo 32 superior).

 

En las tres situaciones, entonces, se busca formalizar la restricción válida de este derecho fundamental. Sin embargo, eso no significa que la autoridad responsable de legalizar la captura pueda tomarse todo el tiempo que considere pertinente para el efecto, pues el artículo 28 de la Constitución, es claro en señalar que “la persona retenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes”, en tanto que al juez, principalmente, corresponde la salvaguarda de los derechos del detenido, con mayor razón si se trata de la restricción de la libertad que es uno de los bienes más preciados del ser humano. Nótese que la formalización de la captura debe adelantarse en un término perentorio porque de esa manera se logra armonizar, de un lado, el derecho de la sociedad a investigar un hecho delictivo y asegurar que el presunto autor o copartícipe no interfiera en la investigación y cumpla con la pena y, de otro, el derecho del capturado al ejercicio pleno de sus derechos fundamentales y, en especial, del derecho a la libertad.

 

Sobre el carácter perentorio y máximo del término señalado en la Constitución para legalizar la captura, esto es, para poner a disposición del juez de control de garantías al capturado, en reiteradas oportunidades la Corte Constitucional ha dicho que es una regla de control al abuso de poder que legitima el monopolio de la fuerza y se impone al Estado en el bloque de constitucionalidad, en tanto que “el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante Ley 74 de 1968, y el Pacto de San José, disponen que es obligación de los Estados llevar sin demora a la persona aprehendida o detenida ante una autoridad judicial. En el Pacto Internacional la norma (art. 9) se refiere a las personas detenidas por infracciones penales, lo cual ha de interpretarse en armonía con el Pacto de San José que claramente se refiere a cualquier forma de detención (art. 7)”[1]

 

23. De otra parte se tiene que, por la importancia de esta diligencia para la protección de los derechos del detenido, la jurisprudencia constitucional[2] ha entendido que de la lectura sistemática de las normas que integran el bloque de constitucionalidad se deduce que poner al capturado a disposición del juez implica su presentación o entrega física, puesto que esa diligencia no sólo asegura el ejercicio de funciones judiciales, sino también la eficacia de los derechos del detenido, tanto en el proceso: la plena identificación, a la defensa y a la contradicción, como de su esfera personal, tales como los derechos a la libertad y a la integridad física del detenido. Así, la Corte dijo que “la regulación sobre la captura tiene un propósito más allá de asegurar que la restricción a la libertad se realice de acuerdo a la ley y ante funcionarios competentes. También tiene un propósito protector de la integridad de la persona… resulta abiertamente contrario a los propósitos del artículo 28 de la Constitución disponer que se entiende que la persona ha quedado a disposición de la autoridad judicial con la mera comunicación de su captura”[3]

 

Por estas razones, los artículos 297 a 303 de la Ley 906 de 2004 disponen que, en la audiencia de legalización de la captura, el juez de control de garantías no sólo evaluará la situación en que se produjo la restricción de la libertad –flagrancia u orden judicial-, sino también el cumplimiento de los requisitos señalados en la ley para hacer efectivos los derechos del capturado, pues en esa oportunidad puede ordenarse la cancelación de la orden de captura y lo pertinente para la protección de sus derechos. Luego, la presencia física del indiciado en dicha diligencia es fundamental para la eficacia de sus derechos y su limitación sólo puede autorizarse en caso de renuncia del afectado –ni la ausencia ni la contumacia pueden ser aplicables porque estamos en presencia de un capturado-, por cuanto admitir lo contrario implicaría afectar gravemente el núcleo esencial del derecho a la defensa material, a la integridad física y a la libertad del indiciado.

 

24. Lo anterior evidencia que, en el caso sub iúdice en el que la ley autoriza a legalizar la captura sin la presencia física del detenido porque entró en estado de inconsciencia después de la privación de la libertad o se encuentra en estado de salud que le impide ejercer su defensa material, se presenta un conflicto entre, de un lado, la regla prevista en el artículo 28 superior –la legalización de la captura debe realizarse en un término máximo de 36 horas- y, de otro, el derecho del capturado a ser presentado físicamente ante el juez de control de garantías para legalizar la captura, también regulado en el artículo 28 de la Carta y en varias normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad.

 

Ahora, como se trata de derechos en tensión que tienen la misma jerarquía normativa y de reglas obligatorias que no tienen prevalencia en abstracto, le corresponde a la Corte realizar la ponderación de los mismos de tal manera que no se anule el núcleo esencial de ninguno de los derechos y se adopte una decisión conforme a los mandatos superiores.

 

Así las cosas, la Sala considera que es válido constitucionalmente que el legislador adopte como medida excepcional la legalización de la captura sin la presencia del detenido cuando se trata de situaciones también excepcionales, como las reguladas en la disposición acusada: estado de inconsciencia y la grave enfermedad que impida el ejercicio del derecho material, en tanto que de esta forma logran conciliarse los derechos en tensión sin que se sacrifique en mayor medida un derecho para lograr la eficacia del otro. En efecto, desde la perspectiva de los derechos del capturado se tiene que aunque se reduce el grado de eficacia de su derecho a la defensa, éste no resulta anulado porque se mantiene su derecho a la defensa técnica y queda incólume el derecho fundamental a que un juez revise la legalidad y constitucionalidad de la captura dentro de las 36 horas siguientes a la misma. De igual manera, desde la perspectiva de los deberes y responsabilidades del Estado, con la formalización de la captura se define la situación jurídica del detenido y se evita el limbo en que pudiera encontrarse quién aparece sub iúdice frente al Estado sin la autorización jurídica para el efecto. Luego, con la medida analizada se logra proteger el derecho del capturado a la valoración judicial de la detención, sin que se sacrifique gravemente el derecho a la defensa del capturado porque se conserva la defensa técnica como un instrumento de validez de la diligencia.

 

Ahora, es evidente que, en estos casos como en los que se adelantan investigaciones en ausencia, al juez de control de garantías corresponde potencializar sus poderes para salvaguardar los derechos fundamentales del capturado.

 

Por las razones expuestas, la Sala concluye que la legalización de la captura ante el juez de control de garantías, sin la presencia del detenido porque después de la captura éste entró en inconsciencia o tiene una enfermedad grave que le impida ejercer su derecho a la defensa material, se ajusta a la Constitución.

 

25. De otra parte, para evaluar la regulación demandada en cuanto a las diligencias de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, la Sala parte de dos supuestos jurídicos propios del actual proceso penal: i) las diligencias de legalización de la captura, formulación de la imputación y solicitud de la medida de aseguramiento generan consecuencias jurídicas distintas. No debe olvidarse que mientras en la diligencia de legalización de la captura no necesariamente se ha iniciado el proceso penal, la diligencia de formulación de la imputación tiene como objetivo comunicar a una persona que se inicia en su contra el proceso penal. En otras palabras, esta actuación formalmente pone en funcionamiento la función investigativa del Estado y el aparato judicial para perseguir el delito y proteger los derechos de las víctimas y de la sociedad. De igual forma, desde la perspectiva de los derechos del capturado es distinto legalizar la privación de la libertad ya efectuada, que solicitar una medida de aseguramiento que se produce en desarrollo de un proceso penal en curso y respecto de la responsabilidad penal del imputado. ii) Al igual que la diligencia de indagatoria en el proceso penal anterior, en el sistema penal acusatorio, a partir de la formulación de la imputación, el imputado adquiere el carácter de sujeto procesal y puede ejercer su derecho a la defensa material. De hecho, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia[4] dijo que, como acto de vinculación, la imputación se asimila a la indagatoria, por lo que es lógico que desde la vinculación a una investigación por hechos delictivos el imputado tiene todos los derechos, deberes y garantías propios del proceso penal. Ahora, la jurisprudencia y la doctrina contemporánea[5] coincidieron en señalar que la indagatoria tiene doble carácter de medio de defensa material y medio de prueba, pues se considera un acto procesal de naturaleza compleja destinado a garantizar al sindicado su derecho a ser oído en el proceso frente a la imputación que existe en su contra[6]. Luego, es evidente que, de manera especial, a partir de la diligencia de formulación de imputación se activa el ejercicio del derecho a la defensa material del sindicado.

 

26. Ahora bien, el derecho a la defensa material goza de expresa garantía superior en el artículo 29 de la Carta cuando dispone que “quién sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento”.

 

En esta misma línea, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, “a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo”. El artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos dispuso que toda persona inculpada de delito tiene derecho a “defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor… de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley”.

 

Como puede verse, las normas transcritas en precedencia reconocen el “derecho a hallarse presente en el proceso” o a la intervención personal del sindicado en el proceso como una garantía del derecho al debido proceso penal que hace efectiva la defensa material del indiciado. De hecho, esta Corporación ya había dicho que solamente puede hablarse de juicio justo cuando el ordenamiento jurídico consagra formas eficaces de defensa y de contradicción para el imputado, tales como su participación directa en el proceso en tanto que “la defensa se ejerce de mejor manera con la participación directa del imputado en el proceso”[7]. En el mismo sentido, al interpretar el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Comisión Europea de Derechos Humanos dijo que “el derecho a estar presente en la audiencia es, singularmente en materia penal, un elemento esencial de la noción de proceso justo. Información, presencia y defensa se encuentran consecuentemente en una relación de continuidad lógica y necesaria”[8]

 

27. Merece especial atención para el caso objeto de estudio, la consagración superior de la defensa material, que al igual que la defensa técnica, hacen parte del núcleo esencial del debido proceso penal. La defensa material pone de manifiesto la facultad inalienable que tiene el sindicado para autodefenderse, pues es evidente que la defensa técnica, esto es, a cargo de su abogado de confianza o nombrado de oficio, no puede concebirse como un obstáculo, o como un abandono, o renuncia a defenderse por sí mismo.

 

De acuerdo con la jurisprudencia nacional y extranjera, el derecho a la defensa material supone, entre otras garantías, el derecho del sindicado a comparecer personalmente al proceso, a enfrentar los cargos que pesan en su contra, haciendo el propio relato de los hechos, suministrando las explicaciones o justificaciones que considere pertinentes en su favor[9], también ejerciendo actos positivos de oposición a las pruebas de las cuales se desprende su señalamiento como posible autor o partícipe de la comisión de un delito[10], a ver el expediente[11] y a escoger libremente el derecho a guardar silencio como estrategia de defensa[12]. En el mismo sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que el derecho del acusado a defenderse comporta el de poder dirigir realmente su defensa, dar instrucciones a sus abogados, interrogar a los testigos y ejercer las demás facultades que le son inherentes, en tanto que la presencia del acusado es fundamental para el juicio justo[13].

 

En este orden de ideas, aparece claro que de la interpretación sistemática de los artículos 28 y 29 de la Constitución y de los artículos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos se deduce, de un lado, que la disposición del detenido ante el juez competente se refiere a su presentación física y, de otro, que su presencia en el proceso penal constituye un mecanismo de garantía efectiva para el derecho a la defensa material del indiciado.

 

28. De todas maneras, lo dicho no significa que la presencia del imputado en el proceso sea únicamente la referida a la defensa material, puesto que, de manera especial, las normas que conforman el bloque de constitucionalidad se refieren a la naturaleza esencial de la defensa técnica en el proceso penal, en tanto que ésta fue concebida como un presupuesto de validez de las decisiones que se adoptan en ejercicio del ius punendi del Estado. De hecho, en anteriores oportunidades, esta Corporación ha dicho que el derecho a la defensa técnica hace parte del núcleo esencial del derecho de defensa[14] y que es válido constitucionalmente que el artículo 130 de la Ley 906 de 2004 hubiere establecido que en caso de conflicto entre las actuaciones defensivas del imputado y las de su abogado, prevalecen las de este último[15]. De igual manera, la Corte concluyó que del artículo 29 de la Carta se deduce que el imputado tiene derecho a defenderse personalmente en el proceso pero bajo la dirección, asesoría y acompañamiento directo de su abogado, por cuanto “no le es permitido hacer su propia defensa, salvo que tenga la calidad de abogado”[16]. No obstante, como bien lo dijo esta Sala anteriormente la participación de la defensa material y técnica en el proceso penal “no significa que la existencia de una defensa técnica pueda impedir su defensa material (la de la víctima o el perjudicado), ni que la exigencia de abogado pueda constituirse en un obstáculo para la garantía de sus derechos. La defensa material y técnica está encaminada tanto al esclarecimiento de la verdad y al logro de la justicia en el caso concreto, como a la obtención de la reparación económica a que haya lugar”[17]

 

Precisamente por la importancia para la defensa material y técnica, la presencia física del indiciado es la regla general consagrada en los artículos 289 y 306 de la Ley 906 de 2004, según los cuales la formulación de la imputación y la imposición de medidas de aseguramiento, se realizarán con la presencia del imputado o de su defensor, so pena de afectar la validez de la diligencia.

 

29. Sin embargo, la misma legislación penal regula casos, algunos que han sido considerados válidos constitucionalmente por esta Corporación, en los que es posible adelantar el proceso penal aún con la ausencia del sindicado, puesto que paralizar el proceso en espera de la concurrencia de alguien que no se encuentra o que bien puede renunciar a su derecho a la defensa material, afectaría gravemente la eficacia y continuidad de la administración de justicia, el deber del Estado de juzgar al responsable de hechos delictivos y los derechos de las víctimas a conocer la verdad y a obtener la justicia y reparación de los daños causados.

 

Entonces, con el fin de obtener una correcta ponderación de los derechos e intereses en conflicto en el Estado Social de Derecho cuando el sindicado no ha acudido al proceso penal que, en síntesis, se reducen a proteger, de un lado, los derechos de la sociedad a la cumplida administración de justicia, a la resocialización de los delincuentes y de las víctimas a conocer la verdad, justicia y reparación de los daños y, de otro, los derechos del sindicado a hallarse presente en el proceso y a la defensa material y técnica, la Corte Constitucional ha concluido que las investigaciones y juicios penales en ausencia se ajustan a la Constitución, siempre y cuando éstos constituyan la excepción a la regla general de presencia física y/o mediante abogado de confianza en el proceso penal y se hubieren adelantado todas las diligencias pertinentes y al alcance del funcionario competente para localizar al sindicado, de tal forma que pueda concluirse que él se esconde o que renunció voluntariamente a su derecho a hallarse presente en el proceso.

 

Así, por ejemplo, en sentencia C-488 de 1996[18], la Corte resolvió declarar la exequibilidad de varias normas del entonces Código de Procedimiento Penal –Decreto 2700 de 1991- que señalaban la calidad de sujeto procesal, autorizaban la investigación y juzgamiento y la definición de la situación jurídica a quien hubiere sido declarado persona ausente, por cuanto consideró que dicha declaratoria “es una medida con que cuenta la administración de justicia para cumplir en forma permanente y eficaz la función que el Constituyente le ha asignado y, por tanto, al estar comprometida en ella el interés general no puede postergarse so pretexto de que el procesado no ha comparecido al llamado de la justicia, y esperar a que éste voluntariamente se presente o que sea capturado o que la acción penal prescriba”. Por ello, dijo que no es igual la situación de quién se oculta (renuncia al ejercicio personal de la defensa) con la de quién no ha sido buscado en forma diligente por el Estado, pues es evidente que los derechos que reclaman no pueden situarse en el mismo plano de protección constitucional y legal. Sin embargo, aclaró que en los procesos penales en ausencia se potencializan los deberes, de una parte, a cargo del juez, de garantizar el ejercicio eficaz del derecho de defensa y contradicción del imputado y, de otro, de los funcionarios judiciales que tienen la responsabilidad de continuar con la búsqueda del sindicado para comunicarle, en forma inmediata, la existencia del proceso.

 

En el mismo sentido, la sentencia C-657 de 1996[19], concluyó que el artículo 245 del Decreto 2700 de 1991, según el cual era posible surtir el recurso de revisión sin que se hubiere podido notificar a la persona que se absolvió, por cuanto, de un lado, era claro que la declaratoria de ausencia estaba antecedida por el adelantamiento de las diligencias y la utilización de los recursos y medios con el fin de comunicar la admisión del recurso y, de otro, “la declaración de ausencia permite armonizar los derechos del absuelto y el cumplimiento de la función confiada a la administración de justicia, que se vería entrabada si hubiera que esperar, indefinidamente, a que el absuelto se entere o decida comparecer”.

 

De igual manera, en sentencia C-100 de 2003[20], la Corte consideró que el artículo 344 de la Ley 600 de 2000, que autorizaba a declarar persona ausente a quién no comparecía a rendir indagatoria dentro de los 10 días siguientes a la orden de captura, resultaba compatible con la Constitución en tanto que “es la ultima ratio frente a la imposibilidad de ubicar a la persona comprometida en una investigación penal y no la regla general en la vinculación de los individuos a los procesos penales” y constituye una herramienta eficaz para “el esclarecimiento de la verdad a partir del recaudo exhaustivo de las pruebas y del suministro de un defensor de oficio que recibe plenas facultades para dirigir eficazmente la defensa técnica”

 

En sentencia C-248 de 2004, esta Corporación estudió la validez constitucional de la declaratoria de persona ausente como acto de vinculación al proceso penal en los siguientes términos:

 

 

“Desde esta perspectiva [de la naturaleza residual de la declaratoria de ausencia], la validez de la declaratoria de persona ausente se sujeta, entre otros, al cumplimiento de los siguientes requisitos materiales y formales, a saber:

 

En el orden formal se destacan: (i) El adelantamiento de las diligencias necesarias para lograr la práctica de la indagatoria como forma de vinculación personal… (ii) Solamente es procedente la declaratoria de persona ausente, si el sindicado no comparece a rendir indagatoria… (iii) Dicha declaratoria debe realizarse mediante “resolución de sustanciación motivada” en la que se designará defensor de oficio, “se establecerá de manera sucinta los hechos por los cuales se lo vincula, se indicará la imputación jurídica provisional y se ordenará la práctica de las pruebas que se encuentren pendientes”. (iv) Esta resolución debe notificarse al defensor designado y al Ministerio Público.

 

En el orden material, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ha exigido la constatación de dos factores relevantes para la vinculación del acusado como persona ausente: “(i) Su identificación plena o suficiente (segura), dado que por estar ausente por lo general no basta con la constatación de su identidad física; y (ii) la evidencia de su renuencia. Una y otra precaven el rito contra las posibilidades de adelantar el trámite respecto de alguien ajeno a los hechos (homonimia) afectando con ello a un inocente, o de construir un proceso penal a espaldas del vinculado sin ofrecerle oportunidad efectiva y material de ser oído en juicio, es decir, sin audiencia bilateral”[21].

 

En este orden de ideas, la relación jurídica procesal en tratándose de la declaratoria de persona ausente, no se sujeta a la presencia física del imputado, sino que se adelanta a través de una ficción jurídica que permite el cumplimiento de la función pública de administrar justicia de manera permanente y eficaz, en aras de garantizar, entre otros, los derechos a la verdad y a la justicia.

 

Por ello, aun cuando se reconoce que la declaratoria de persona ausente implica una disminución en la intensidad del ejercicio del derecho de defensa, en especial, en el caso de la defensa material, es indudable su validez constitucional por la necesidad de asegurar el logro de tres finalidades básicas para la correcta administración de justicia.

 

En primer lugar, porque permite la continuidad de la administración de justicia como servicio público esencial, pese a la rebeldía o la ausencia real del procesado.

 

En segundo lugar, porque permite el cumplimiento del principio de celeridad procesal (C.P. art. 209 y 228), al impedir que el juicio criminal se sujete a la espera indefinida del sindicado, pese a la existencia de un hecho punible y a la individualización de un posible responsable que exigen la pronta continuidad del proceso penal, en aras de preservar la justicia y la verdad y, eventualmente, de reparar el derecho de las víctimas.

 

Por último, porque el derecho a la defensa del sindicado se garantiza mediante su vinculación al proceso y, por ende, a través del nombramiento de un defensor de oficio que adelante todas las estrategias de defensa que se consideren necesarias para desvirtuar la acusación criminal que se endilgue en su contra, obviamente, bajo el reconocimiento de la presunción de inocencia como pilar fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho.

 

Igualmente, el ordenamiento jurídico permite al sindicado contumaz nombrar su propio apoderado en cualquier estado del proceso, con la consecuencia natural de la imposibilidad de retrotraer las etapas procesales frente a las cuales ya haya operado el principio de preclusión procesal

 

23. Sin embargo, es pertinente destacar que en los procesos en ausencia debe garantizarse con mayor rigor el derecho de defensa, es decir, el juicio que adelante la autoridad competente para acreditar el cumplimiento de los requisitos que legitimen su procedencia, debe realizarse de manera estricta, pues es deber de dicha autoridad evitar el desconocimiento del principio de contienda que subyace en todo proceso acusatorio”

 

 

Por último, en sentencia C-591 de 2005[22], este Tribunal declaró la exequibilidad de los apartes impugnados contenidos en los artículos 127 y 291 de la Ley 906 de 2005, con los cuales se autoriza, en el contexto del sistema penal acusatorio, la declaratoria de persona ausente de quien no ha sido ubicado para formularle imputación y la continuación del proceso en caso de contumacia. Después de adelantar una análisis in extenso sobre la validez constitucional de los procesos penales en ausencia y de reconocer que la regla general en el proceso penal es la presencia física del imputado, dedujo que la jurisprudencia constitucional que autoriza adelantar de esta manera el proceso penal es compatible con las nuevas disposiciones constitucionales en materia del sistema penal acusatorio y con las normas que integran el bloque de constitucionalidad. Esa providencia concluyó lo siguiente:

 

 

“Del examen de constitucionalidad de las normas acusadas, la Corte extrae las siguientes conclusiones:

 

Es la regla general, que no se pueden adelantar investigaciones o juicios en ausencia; tanto menos en el marco de un sistema procesal penal de tendencia acusatoria caracterizado por la realización de un juicio oral, público, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías.

 

Solo de manera excepcional, y con el único propósito de dar continuidad y eficacia a la administración de justicia en tanto que servicio público esencial, la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, pueden admitirse las figuras de la declaratoria de persona ausente y la contumacia, casos en los cuales la audiencia respectiva se realizará con el defensor que haya designado para su representación, o con el defensor que le designe el juez, de la lista suministrada por el sistema nacional de defensoría pública, según el caso. Adicionalmente, la persona puede renunciar a su derecho a hallarse presente durante la audiencia de formulación de la acusación. Con todo, siendo mecanismos de carácter excepcional, su ejecución debe estar rodeada de un conjunto de garantías y controles judiciales.

 

La declaratoria de persona ausente por parte del juez de control de garantías sólo procederá cuando verifique de manera real y material y no meramente formal, que al fiscal le ha sido imposible localizar a quien requiera para formularle la imputación o tomar alguna medida de aseguramiento que lo afecte, y se le hayan adjuntando los elementos de conocimiento que demuestren la insistencia en ubicarlo mediante el agotamiento de mecanismos de búsqueda y citaciones suficientes y razonables para obtener la comparecencia del procesado. Una vez verificados tales requisitos, la persona será emplazada mediante un edicto que se fijará por el término de cinco días en un lugar visible de la secretaría del juzgado y se publicará en un medio radial y de prensa de cobertura local. De igual manera, se le nombrará un defensor designado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública.

 

En tal sentido, la Corte considera que la declaratoria de persona ausente debe estar rodeada de las debidas garantías procesales y ser objeto de un estricto control judicial, y que por lo tanto no se agota con la actividad que despliega de manera obligatoria la fiscalía para demostrarle al juez de control de garantías el agotamiento de las diligencias suficientes y razonables para la declaratoria de ausencia, sino que igualmente éstas deben continuar por parte de la Fiscalía con posterioridad a esta declaración, a fin de que el juez de conocimiento, al momento de la citación para la celebración de la audiencia de formulación de acusación, realice una labor de ponderación en relación con el cumplimiento de la carga de ubicación del procesado, y constate que el Estado ha continuado con su labor de dar con el paradero del acusado, a fin de autorizar de manera excepcional el juicio en ausencia, o declare la nulidad de lo actuado por violación del derecho fundamental al debido proceso, bien de oficio o a solicitud del acusado de conformidad con lo previsto en el artículo 339 de la Ley 906 de 2004, o del defensor respectivo. Cabe recordar, que la actividad del Sistema Nacional de Defensoría Pública debe encaminarse a que en materia de juicios en ausencia el Estado cumpla efectivamente con su deber de demostrar que adelantó todas las gestiones necesarias y pertinentes para localizar al investigado o enjuiciado, así como que el rol que juega el Ministerio público en estos casos se acentúa para el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las garantías constitucionales en el proceso.

 

En esta oportunidad, la Sala reitera las reglas expuestas en precedentes anteriores que conducen a señalar la declaratoria de ausencia y la contumacia como dos excepciones válidamente admitidas en el ordenamiento superior que admiten la investigación y juzgamiento en ausencia del imputado o acusado, con base en las cuales se resolverá el problema jurídico que plantea la demanda.

 

30. La inasistencia del indiciado a las audiencias de formulación de imputación e imposición de la medida de aseguramiento porque se encuentra en estado de inconsciencia al que entró después de la privación de la libertad o porque se encuentra en estado de salud que le impida ejercer su defensa material, evidentemente afecta sus derechos a la valoración de su situación física por parte del juez de control de garantías y de defensa material porque le perturba el ejercicio de la autodefensa en dichas diligencias y le limita la posibilidad de exponer razones para evitar la restricción de su derecho a la libertad.

 

En efecto, como se dijo en precedencia, en el actual proceso penal, la diligencia de formulación de imputación, que reemplazó la indagatoria del proceso anterior, adquiere una relevancia fundamental para el adecuado ejercicio del derecho a la defensa en el curso del proceso penal, pues el imputado puede ejercitar su defensa material al manifestar todo lo que considere conveniente en su descargo, como quiera que habrá hechos que conoce el imputado y no su abogado. No olvidemos que el artículo 290 de la Ley 906 de 2004 dispone que “con la formulación de la imputación la defensa podrá presentar de modo eficaz su actividad procesal, sin que ello implique la solicitud de práctica de pruebas, salvo las excepciones reconocidas en este código”. De esta forma, entonces, el imputado puede rechazar o aceptar las imputaciones y abstenerse de emitir manifestaciones, con lo que es lógico deducir que, a pesar de que no pueden solicitarse o controvertir pruebas, la presencia física del imputado en esa diligencia es fundamental para el ejercicio del derecho a la defensa material y, en especial, para aportar importantes elementos de juicio fácticos a la defensa técnica a cargo de su apoderado.

 

Igualmente, resulta fundamental para los derechos a la libertad y a la defensa técnica del imputado, su comparencia física a la diligencia de imposición de medida de aseguramiento, que usualmente se desarrolla en la misma audiencia de legalización de la captura y formulación de la imputación, pues ahí tendrá la oportunidad de oponerse a la medida de aseguramiento que puede consistir, incluso, en una medida restrictiva de la libertad. De hecho, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 306 a 311 del Código de Procedimiento Penal, el defensor y el imputado pueden oponerse a la solicitud de la medida demostrando al juez de control de garantías que no cumple con alguno de los requisitos señalados en la ley o que de los elementos materiales probatorios y evidencias físicas en que se apoya la Fiscalía no puede inferirse razonablemente que el imputado sea autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga. Al respecto, la Corte ha dicho que el control de legalidad de las medidas de aseguramiento comprende su análisis formal y material, de tal suerte que debe averiguarse su razonabilidad y proporcionalidad desde una perspectiva jurídica y fáctica, pues “la presentación de los elementos de conocimiento que fundamentan la medida de aseguramiento y la oportunidad de contradicción de éstos, constituyen una garantía de los derechos fundamentales, en especial del derecho de defensa”[23]. Entonces, a pesar de que en la audiencia de imposición de la medida de aseguramiento no hay debate probatorio, el imputado sí puede presentar elementos de conocimiento para desvirtuar la petición del fiscal, en tanto que el juez deberá valorar la situación fáctica relevante. En este caso, entonces, los argumentos de autodefensa del imputado resultan determinantes.

 

Así las cosas, puede concluirse que la inasistencia del indiciado a las audiencias de formulación de imputación e imposición de la medida de aseguramiento afecta gravemente sus derechos a hallarse presente en el proceso penal, a la defensa material y a la libertad personal.

 

31. Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional a que se hizo referencia en precedencia, la ausencia del imputado en el proceso penal podría ser válida si se presenta la contumacia o la declaratoria de ausencia del sindicado. Cabe precisar que el estado de inconsciencia o de enfermedad grave a que hace referencia el parágrafo acusado no encuadra en ninguna de esas dos situaciones. Claramente no se trata de un contumaz, a quién la autoridad judicial le ha notificado válidamente el requerimiento y éste no acude al proceso penal, pues en los casos previstos por la norma acusada se trata de una inasistencia por motivos de fuerza mayor o ajenos a la voluntad del indiciado que no pueden calificarse como actos de desobediencia al mandato judicial ni como incumplimiento a la obligación de comparecer. Tampoco se trata de un ausente, en los términos de la decisión judicial de vincular a una persona al proceso penal, pues esta figura sólo procede cuando se ignora el paradero del sindicado, ya porque no se encuentra en el lugar donde reside, o no se ubica en los domicilios registrados a su nombre. Por el contrario, la situación del inconsciente o del enfermo con imposibilidad de ejercicio de su defensa material, a quienes el funcionario judicial encuentra no sólo plenamente identificados, sino también perfectamente ubicados, pese a lo cual estarán ausentes del proceso por hechos no imputables a él. De hecho, una cosa es la ausencia y otra la inasistencia o no presencia del inculpado por circunstancias totalmente ajenas a su voluntad y perfectamente conocidas por el Estado.

 

Por ello, tanto la Corte Constitucional[24] como la Corte Suprema de Justicia[25] han sido enfáticas en concluir que la declaratoria de ausencia “no es un procedimiento alternativo al de vinculación personal (mediante indagatoria), sino residual o supletorio, al que sólo puede llegarse cuando no ha sido posible hacer comparecer al imputado para que asuma la defensa material… En desarrollo de la actividad orientada a lograr que el sindicado concurra a rendir indagatoria, el Estado está en el deber de agotar todas las opciones razonablemente posibles para hacerlo, atendiendo la información de que dispone”.[26]

 

32. En tal virtud, si como se vio en precedencia, la validez constitucional de la declaratoria de persona ausente está sometida al procedimiento obligatorio de búsqueda del indiciado y a la imposibilidad de ubicación, en tanto que éste no es un procedimiento facultativo o sucedáneo de la formulación de imputación con presencia física del indiciado, es lógico concluir que la ley no puede autorizar la práctica de diligencias fundamentales para el proceso penal sin la presencia del indiciado plenamente identificado y ubicado, pues al hacerlo afecta gravemente los derechos fundamentales del investigado. De este modo, en aquellos casos en los que el capturado no puede ejercer su derecho a la defensa material por causas no imputables a él, tales como su estado de inconsciencia o grave enfermedad, debe suspenderse la iniciación del proceso penal y, por consiguiente, no pueden adelantarse las audiencias de formulación de imputación e imposición de la medida de aseguramiento.

 

33. Con todo, a la anterior conclusión podría objetarse que paralizar el proceso penal por término indefinido –hasta que el indiciado recobre la consciencia o pueda asumir su defensa material- también afecta gravemente los derechos de las víctimas y de la sociedad a gozar de una cumplida y diligente administración de justicia y, sobretodo, permitiría que algunos delitos se queden en la impunidad en tanto que el Estado tiene un término máximo para sancionar al responsable de la conducta delictiva que se investiga.

 

La Sala comparte parcialmente esa objeción, pues no es totalmente cierto que la prohibición de adelantar la formulación de la imputación sin presencia del indiciado paralice la investigación penal, ni que con esta medida se afecten los derechos de las víctimas, pero sí es cierto que podría flexibilizarse el término de prescripción de la acción penal, porque por un hecho totalmente ajeno al Estado, a la sociedad y a las víctimas, el paso del tiempo se convierte en un obstáculo para la defensa de sus intereses. Pasa la Sala a explicar los planteamientos expuestos:

 

En primer lugar, la Corte considera que no es correcto afirmar que la imposibilidad de adelantar la formulación de la imputación sin la presencia física del indiciado paralice el proceso penal, de un lado, porque las autoridades competentes pueden adelantar actuaciones de investigación preprocesal o indagación preliminar en los términos del Título I del Libro II de la Ley 906 de 2004 y, de otro, porque la actual legislación no permite continuar el proceso penal e iniciar el juicio contra una persona ausente a pesar de que no ha sido declarada como tal ni se encuentra en situación de contumacia, pues los artículos 366 y 367 de la Ley 906 de 2004 disponen que el juez de conocimiento instalará el juicio oral, previa verificación de la presencia de las partes, quienes solo por expresa manifestación propia o mediante su apoderado, podrán renunciar al derecho a hallarse presentes en el juicio. Luego, el logro de la medida –avance del proceso penal- no se justificaría respecto del enorme sacrificio para los derechos del imputado que representaría la investigación sin la presencia del imputado, con lo que se considera una medida desproporcionada en estricto sensu.

 

De igual manera, la medida objeto de análisis tampoco representa un instrumento eficiente de protección de los derechos de las víctimas, no sólo porque de todas maneras el proceso debe suspenderse, sino porque adelantar la etapa de la investigación sin defensa material también implica eliminar formas de protección de los derechos de las víctimas. Por ejemplo, la medida impugnada afectaría gravemente el derecho de los sujetos procesales a llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias, pues la ausencia del imputado impide la aprobación de pactos antes del juicio. En efecto, a este tipo de acuerdos de voluntad pueden llegar las partes desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de presentarse el escrito de acusación (artículo 350 de la Ley 906 de 2004), con la presencia física del imputado (artículo 3501 ídem), por cuanto establece plena prevalencia a la defensa material sobre la defensa técnica, como quiera que si se presenta desacuerdo entre lo opinado por el sindicado y su abogado prevalece la defensa material. Eso muestra que no es tan cierto que con la iniciación del proceso penal siempre se garantizan los derechos de la víctima y la eficiencia de la administración de justicia y, por el contrario, sí se afectan gravemente los derechos del imputado.

 

34. Sin embargo, es cierto que prohibir la formulación de la imputación sin la presencia del indiciado cuando éste se encuentra inconsciente o gravemente enfermo, podría conducir a la impunidad y de esta forma a afectar gravemente los derechos de las víctimas y de la sociedad a gozar de una justicia eficiente y a sancionar al delincuente. En efecto, al tenor de lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley 906 de 2004, la prescripción de la acción penal sólo se interrumpe con la formulación de la imputación, por lo que mientras no se adelante esa diligencia los términos continúan produciendo efectos de sanción por la inoperancia del aparato investigativo y judicial del Estado para imputar la responsabilidad al presunto infractor de la ley penal. No obstante, la dificultad que aquí se plantea no surge exactamente de la norma acusada, sino de la hermenéutica literal de otra disposición que al aplicarla en el presente caso resulta sumamente gravosa para los intereses de las víctimas y del Estado. Por esa razón, la Corte considera necesario para garantizar la eficacia de los derechos constitucionales en tensión que se deje a salvo la posibilidad de aplicar la interpretación extensiva del artículo 292 del Código de Procedimiento Civil y se interrumpa el término de prescripción de la acción penal, en aquellos casos en los que no puede adelantarse la diligencia de formulación de la imputación por los motivos previstos en el parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007.

 

En este orden de ideas, las excepciones a la regla general de presencia física del imputado en el proceso penal, no pueden entenderse como instrumentos para llenar exigencias de carácter normativo, sino para velar por la efectividad material de los derechos en tensión, de tal manera que sólo puedan limitarse los derechos del imputado a la defensa técnica y a hallarse presente en el proceso en caso de que la medida restrictiva sea realmente efectiva para proteger los derechos de las víctimas y de la sociedad, que pueden salvaguardarse con la interrupción del término de prescripción de la acción penal.

 

35. El análisis efectuado le permite a la Corte concluir que: i) no vulnera el artículo 29 de la Carta, la regla legal según la cual el fiscal puede legalizar la captura ante el juez de control de garantías, con la sola presencia del defensor de confianza o designado por el sistema nacional de defensoría pública, cuando el capturado haya entrado en estado de inconsciencia después de la privación de la libertad o se encuentre en estado de salud que le impida ejercer su defensa material; ii) es contrario a los derechos al debido proceso y de defensa material, que se pueda, sin la presencia del indiciado, formular la imputación, solicitar imposición de medida de aseguramiento y hacer las solicitudes que el fiscal considere procedentes; iii) en aras de garantizar la eficacia en la administración de justicia y de que no haya lugar a la impunidad, es necesario entender que mientras el indiciado se encuentre en estado de inconsciencia o tan enfermo que le impida ejercer su derecho a la defensa material, se interrumpe la prescripción.

 

Por esas razones, la Corte declarará la inexequibilidad de las expresiones “…formular imputación, solicitar imposición de medida de aseguramiento y hacer las solicitudes que considere procedentes…” y “En este caso…”, contenidas en el parágrafo primero del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007 y la exequibilidad del resto del parágrafo 1º, en el entendido de que en esta hipótesis, se interrumpe la prescripción.

 

Artículo 18, parágrafo 3º, de la Ley 1142 de 2007. Legalización de la captura con la constancia de la Fiscalía sobre la imposibilidad de poner a disposición del juez al capturado.

 

36. El parágrafo tercero impugnado señala que en aquellos eventos en los cuales, por las distancias, la dificultad en las vías de acceso, los desplazamientos y el orden público, no sea posible trasladar a la persona aprehendida ante el juez de control de garantías dentro de las 36 horas siguientes a la captura, podrá legalizarse la captura con la constancia que haga la Fiscalía General de la Nación respecto de los motivos por los cuales no se pudo hacer el traslado y el compromiso de presentarlo tan pronto sean superadas las dificultades. De igual manera, la norma acusada dispone que: i) el fiscal debe asumir las responsabilidades derivadas del hecho de no decir la verdad, ii) a la audiencia asistirá el defensor del imputado y el Ministerio Público, iii) la fiscalía podrá formular imputación y solicitar medida de aseguramiento y, iv) mantiene el derecho de la persona aprehendida a allanarse a la imputación con los beneficios consagrados en la ley hasta tanto sea presentado físicamente ante el juez.

 

Los demandantes, el Instituto de Derecho Procesal y el Ministerio Público coinciden en sostener que la disposición acusada debe ser declarada inexequible porque, contrario a lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución, amplia el término para legalizar la captura. Así, esa norma superior es enfática en señalar que el término máximo para poner a disposición del juez de control de garantías al capturado es de 36 horas, por lo que ninguna excepción que amplíe esa regla es válida constitucionalmente. Además, el Procurador dijo que esa disposición viola el artículo 250 de la Carta, porque autoriza al fiscal a legalizar la captura, pese a que esa es una atribución exclusivamente judicial y bajo ninguna circunstancia puede realizarla el fiscal.

 

Por el contrario, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia y del Derecho consideran que la norma se ajusta a la Constitución porque simplemente consagra casos de imposibilidad absoluta para poner a disposición del juez competente al capturado dentro del término de 36 horas, pero no modifica la autoridad encargada de legalizar la captura. De igual manera, considera que la reglamentación es clara, específica y concreta en determinar en qué circunstancias puede acudirse al habeas corpus, con lo que se protege el derecho a la libertad del capturado.

 

La Academia Colombiana de Jurisprudencia adujo que si bien la norma acusada se ajusta a la Constitución porque regula situaciones absolutamente excepcionales en las que el fiscal no puede poner al capturado a disposición del juez de control de garantías, no puede desconocerse que podría interpretarse, como lo hace la demanda, de tal forma que se amplíe el término de 36 horas para el control judicial de la captura. Por tanto, opina que la Corte debe declarar la exequibilidad de la norma pero con la precisión de que el fiscal debe legalizar la captura dentro del término señalado en la Constitución.

 

En consecuencia, corresponde a la Corte determinar si ¿el parágrafo 3º del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007 desconoce los artículos 28 y 250 superiores porque autoriza que el fiscal efectúe la legalización de la captura y fuera del término máximo señalado en la Constitución?. Para ello, la Sala analizará, en primer lugar, cuál es la interpretación que surge de la disposición acusada y, posteriormente, si en situaciones extraordinarias es posible legalizar la captura sin la presencia del indiciado, o si se ajusta a la Constitución la posibilidad de ampliar el término de 36 horas para legalizar la captura o si es válido autorizar al fiscal del caso a adelantar dicha diligencia.

 

37. Para resolver el problema jurídico planteado, se dijo, en primer lugar, la Corte debe conocer cuál es la interpretación correcta que surge de la norma acusada, puesto que, de acuerdo con lo afirmado por los demandantes, los intervinientes y el Ministerio Público, de ella pueden deducirse varias interpretaciones posibles. Cabe precisar que, como lo ha advertido esta Corporación en reiteradas oportunidades[27], a pesar de que a la Corte Constitucional no le corresponde definir cuál es el sentido de la ley ni a señalar cuál es la interpretación más adecuada, en aquellos casos en los que existen interpretaciones diversas que tienen incidencia constitucional, primero debe entrar a determinar el alcance de la norma para que posteriormente pueda definir cuáles sentidos de la disposición acusada se mantienen dentro del ordenamiento jurídico y cuáles no son legítimos constitucionalmente.

 

Por lo tanto, se considera necesario recordar el tenor literal de la disposición normativa acusada:

 

PARÁGRAFO 3o. En aquellos eventos en los cuales por las distancias, la dificultad en las vías de acceso, los desplazamientos y el orden público, no sea posible dentro del término de las treinta y seis (36) horas siguientes a la captura, trasladar a la persona aprehendida ante el juez de control de garantías, dentro del mismo término, deberá legalizarse su captura con la constancia que haga la Fiscalía General de la Nación respecto de los motivos por los cuales se imposibilitó el traslado y el compromiso de presentarlo tan pronto sean superadas las dificultades. El fiscal asumirá las responsabilidades penales y disciplinarias que correspondan en caso de faltar a la verdad. A esta audiencia asistirá el defensor de confianza o en su defecto el que sea designado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública y el Ministerio Público. La Fiscalía podrá formular imputación y solicitar medida de aseguramiento. La persona aprehendida tendrá la posibilidad de allanarse a la imputación hasta cuando sea posible para la Fiscalía presentarlo físicamente ante el juez, con el mismo descuento punitivo indicado en el inciso 1o del artículo 351 de este código”.

 

 

Para la Sala, esa disposición autoriza al juez de control de garantías a realizar la diligencia de legalización de la captura dentro de las 36 horas siguientes a ella, sin la presencia del indiciado, pero con base en la constancia que haga la Fiscalía General de la Nación respecto de los motivos que imposibilitaron el traslado, ya sea por las distancias, la dificultad en las vías de acceso, los desplazamientos y el orden público. A esa audiencia asiste el defensor de confianza o el defensor público y el Ministerio Público. De todas maneras, cuando fuere posible debe dejarse al capturado a disposición del juez de control de garantías, de un lado, la Fiscalía podrá formular imputación y solicitar medida de aseguramiento y, de otro, el capturado tiene la posibilidad de allanarse a la imputación.

 

38. Claramente, esta hermenéutica afecta el derecho a la defensa material del capturado y pone en riesgo los derechos a la vida e integridad del mismo, pues permite que el juez solamente realice el control de legalidad de la aprehensión de manera formal y no material, como quiera que no tiene a su alcance todos los elementos de juicio suficientes para llegar a una decisión contundente. A esa conclusión se llega si se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

 

i) Se vio en precedencia, que uno de los objetivos más importantes de la presentación del capturado al juez y, por consiguiente, de la valoración judicial para legalizar la captura, es el control sobre el abuso de poder y la verificación de que en el acto de privación de la libertad no se hubiere acudido a técnicas como las torturas y los tratos denigrantes, de tal forma que el juez pueda dar fe de la situación física en que se encuentra la persona. En efecto, después de citar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reclama la verificación judicial de la legalidad de la privación de la libertad con la presentación del detenido ante el juez, la Corte Constitucional concluyó que “La entrega del capturado a una autoridad judicial cumple varios propósitos, que no se limitan al ejercicio de funciones judiciales. La regulación de la materia en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se encuentra en la norma dedicada a la libertad y seguridad personal, y en el caso del Pacto de San José, el mandato inicia con una exigencia de protección y respeto a la libertad y seguridad personales. De ello se desprende que la regulación sobre la captura tiene un propósito más allá de asegurar que la restricción a la libertad se realice de acuerdo a la ley y ante funcionarios competentes. También tiene un propósito protector de la integridad de la persona”[28]

 

Incluso, en reciente oportunidad, esta Corporación reiteró que el capturado debe ser puesto a disposición de juez competente en un término máximo de 36 horas y que su presentación debe ser personal, en tanto que su presencia física en las diligencias judiciales es fundamental para que el juez verifique las condiciones en que se encuentra el capturado. Así, en sentencia C-185 de 2008, la Corte declaró la inexequibilidad de las expresiones de “por motivos serios y de fuerza mayor” y “disponible” contenidas en el artículo 21 de la Ley 1142 de 2007 y exequible la expresión “cuando (….) no se encuentre (…) un juez que pueda ordenarla”, “en el entendido que el fiscal debe agotar diligentemente la búsqueda de todos los jueces legalmente competentes, incluido el juez de control de garantías ambulante”.

 

Entonces, si se adelanta la legalización de la captura sin la presencia del imputado y, ésta obligación solo es exigible “tan pronto sean superadas las dificultades”, se podría poner en riesgo la vida e integridad de la persona. Y, si dentro de la concepción humanista y la constitucionalización del derecho penal se descarta la instrumentalización de la persona a los fines de prevención general, pues ante cualquier situación se proclama la dignidad y la protección de los derechos esenciales e inherentes del ser humano, es lógico inferir que la captura no se protegen los derechos en un sentido material sin la presencia física del capturado.

 

ii) Debe tenerse de presente que, en la mayoría de los casos, el control de legalidad sobre la captura se realiza en situaciones de flagrancia en donde el juez debe realizar una valoración fáctica de los requisitos de inmediatez, actualidad y plena identificación del delincuente como condiciones sine qua non para que se configure. De este modo, la presencia física del capturado en esa diligencia resulta fundamental para el ejercicio de su derecho a la defensa material.

 

Ahora, como se vio en fundamentos jurídicos precedentes de esta providencia, la formulación de la imputación y la imposición de medidas de aseguramiento requieren la presencia física del imputado para garantizar su derecho a la defensa material, por lo que, se reitera, no podría autorizarse la iniciación del proceso penal, en caso de imputado plenamente identificado y ubicado o localizado por el Estado, quién no pudo acudir a la audiencia por razones ajenas a su voluntad que han sido plenamente constatadas por la Fiscalía General de la Nación, tanto que a esa autoridad también le ha impedido cumplir con su deber constitucional de poner a disposición del juez al capturado.

 

Pero, incluso, si solamente se adelanta la diligencia de legalización de captura y se deja en suspenso la formulación de la imputación y la imposición de la medida de aseguramiento ante el juez de control de garantías hasta tanto fuere posible dejar al capturado a su disposición, lo cierto es que en todo caso de restricción de la libertad, el derecho a la defensa material debe garantizarse porque es una regla exigible aún frente al legislador.

 

iii) Según esta interpretación, la legalización de la captura, la formulación de la imputación y la imposición de medidas de aseguramiento podrán hacerse por el juez de control de garantías sin la presencia del imputado, pero con la asistencia del defensor de confianza o el abogado designado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública. No obstante, la especial situación en la que se encuentra el capturado –privado de la libertad en un lugar lejano, con dificultad en las vías de acceso o en el desplazamiento, o en un sitio con problemas de orden público- hace que la designación de un abogado de confianza sea muy difícil y prácticamente imposible que direccione la defensa y le informe todos los elementos de conocimiento necesarios y pertinentes para que la defensa técnica pueda ser tan eficaz como la defensa material. En consecuencia, también se afectaría el derecho del imputado a tener una adecuada defensa técnica.

 

39. Pero, además, se insiste que, por el carácter perentorio del plazo a que hace referencia el artículo 28 de la Constitución, a las autoridades competentes corresponde garantizar la eficacia y el cumplimiento de esa norma con la disponibilidad de los medios e instrumentos que se requieren para garantizar la oportunidad de los traslados, la cumplida administración de justicia y la defensa de los derechos de la sociedad, de las víctimas y del capturado, que se ubican en tensión con la ocurrencia del delito. Un ejemplo que concreta el deber del Estado de garantizar la presencia de los jueces en todo el territorio nacional para legalizar la captura dentro de las 36 horas siguientes a la captura a que hace referencia el artículo 28 superior, es la competencia que el artículo 39 de la Ley 906 de 2004 otorga a los jueces de control de garantías, funcionarios encargados de adelantar la audiencia posterior de legalización de la captura. En efecto, en lo pertinente, esa norma dispone: i) que dicho juez constitucional debe ejercer sus funciones en el lugar donde se cometió el delito, por lo que, en principio, no le corresponde a las autoridades que realizaron la captura desplazarse a un municipio distinto al que fue capturada la persona que se encontró en flagrancia o ante el juez que ordenó la captura; ii) que la función de control de garantías se ejerce en cualquier hora hábil (artículo 157 del Código de Procedimiento Penal), de acuerdo con los turnos previamente establecidos; iii) si el juez penal municipal se encuentra impedido o no disponible en el municipio donde ejerce sus funciones, corresponde ejercer la función de control de garantías a otro juez municipal, sin importar la especialidad, del mismo lugar donde ocurriere el delito.

 

De hecho, a esta misma conclusión ha llegado la Corte en varias oportunidades anteriores. En sentencia C-1024 de 2002[29], se declaró la exequibilidad del artículo 2º del Decreto 2002 de 2002, en el entendido que la captura que podían adelantar funcionarios del DAS y de las Fuerzas Militares, que no tengan funciones de policía judicial, solamente puede practicarse cuando ella sea públicamente requerida, en los términos del artículo 348 del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, precisó que, por disposición del artículo 28 superior, “el capturado no puede permanecer por más de 36 horas por cuenta de funcionario diferente al Fiscal General de la Nación o su delegado, o el juez”. En el mismo sentido, la sentencia C-730 de 2005[30], dijo que el artículo 28 de la Carta tiene “un doble contenido, pues no solamente será necesario mandamiento escrito de autoridad judicial competente para poder detener a una persona, sino que una vez se le haya detenido preventivamente en virtud de dicho mandamiento deberá ser puesta a disposición del juez competente, en el menor tiempo posible y en todo caso máximo dentro de las treinta y seis horas siguientes”.

 

40. Con todo, podría pensarse como lo hizo uno de los intervinientes en este asunto que, como lo dijo la Corte en sentencia C-251 de 2002[31], existen algunas situaciones en las que sea imposible requerir la autorización judicial en el término de 36 horas siguientes a la captura, por lo que podría admitirse el control de legalidad en un momento posterior con la constancia que expida la Fiscalía General de la Nación –nótese que la norma no se refiere al Fiscal del caso, sino a dicha entidad- sobre los motivos que imposibilitaron el desplazamiento dentro del término señalado en la Constitución, tal y como lo regula la norma demandada.

 

Sin embargo, esa tesis no puede aceptarse no sólo porque la sentencia a que se hizo referencia se profirió cuando no existían los jueces de control de garantías[32], sino porque estudió un asunto distinto al que ahora ocupa la atención de la Sala, que se concretó en el análisis de la constitucionalidad de la expresión “término de la distancia” como límite para legalizar la captura, sino que en esa misma oportunidad, la Corte dejó en claro que es deber del Estado “diseñar los mecanismos para asegurar, dentro de lo posible, que alguna autoridad judicial pueda ser alcanzada en el término fijado por la Constitución. Esto también puede lograrse con el desplazamiento de la autoridad judicial al lugar, antes de que se cumplan las 36 horas, en aquellos casos excepcionales en que sea materialmente imposible desplazar al capturado hasta la sede de dicha autoridad judicial”

 

El análisis adelantado muestra que el parágrafo 3º del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007, contradice la Constitución, razón por la cual la Corte debe declarar su inexequibilidad.

 

Artículo 26 (parcial) de la Ley 1142 de 2007. Detención preventiva para quién ha sido capturado un año antes de la nueva captura.

 

41. La norma parcialmente acusada modificó el artículo 313 de la Ley 906 de 2004, en el sentido de ampliar los casos en los que procede la detención preventiva en establecimiento carcelario cuando la persona hubiere sido capturada por conducta constitutiva de delito o contravención, dentro del año anterior a la nueva captura, siempre que no se hubiere producido preclusión o absolución en el caso anterior.

 

La demanda considera que la norma acusada, que a su juicio contiene una regla ambigua y general porque exige tener en cuenta incluso capturas ilegales, vulnera la presunción de inocencia del capturado porque el hecho de que hubiese sido objeto de otra captura anterior no lo hace responsable del hecho investigado, pese a lo cual la ley lo trata como si hubiere sido condenado penalmente. En el mismo sentido, el Instituto de Derecho Procesal coincide con los demandantes en sostener que esa norma vulnera la Constitución por cuanto limita beneficios y condiciones favorables al imputado por circunstancias ajenas al acto que se imputa. Además, dijo que esa norma contradice lo afirmado por la Corte en sentencia C-774 de 2001, según la cual no es posible imponer medidas generales, automáticas e indiscriminadas de privación de la libertad.

 

El Fiscal, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Academia Colombiana de Jurisprudencia y el Procurador consideran que la disposición impugnada debe ser declarada exequible principalmente por dos razones. La primera, porque como lo ha advertido la jurisprudencia constitucional, las medidas cautelares no desconocen la presunción de inocencia del imputado. La segunda, porque el hecho de que una persona hubiere sido aprehendida con anterioridad constituye un presupuesto objetivo cuya valoración en un nuevo proceso penal es razonable. Finalmente, precisan que, a su juicio, es natural y obvio que la norma acusada se refiere a la captura previa que se realizó en forma legal, por lo que la interpretación que de la norma hace el demandante es equivocada.

 

Así las cosas, la Sala debe averiguar si ¿vulnera la presunción de inocencia del imputado la regulación legal que autoriza a decretar la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario cuando el aprehendido fue objeto de otra captura dentro del año anterior?. Para resolver el problema jurídico la Corte estudiará: i) la libertad de configuración normativa del legislador para determinar las circunstancias que conducen a decretar la medida privativa de la libertad y la presunción de inocencia, ii) si en el caso objeto de estudio la captura ilegal previa podría conducir a la detención preventiva en establecimiento carcelario y, iii) si la norma acusada consagra una medida razonable y proporcional que le permite al juez hacer valoración de circunstancias objetivas o si, como lo afirman algunos intervinientes, la decisión restrictiva de la libertad está regulada de manera automática y general que “ata al juez”.

 

42. Como lo ha dicho la Corte en reiteradas oportunidades[33], la detención preventiva en establecimiento carcelario es una medida cautelar de tipo personal que adopta el juez en el curso de un proceso penal y consiste en la privación de la libertad de manera provisional, pues su objetivo es realizar los derechos y deberes constitucionales que, en sentido estricto, consisten en asegurar el cumplimiento de las decisiones que se adoptan en el proceso y garantizar la presencia del sindicado en el mismo para que sea más efectiva, de una parte, la investigación y el juzgamiento y, de otra, los derechos de las víctimas.

 

Por su propia naturaleza, la detención preventiva, entonces, tiene una duración precaria o temporal porque su finalidad no es sancionatoria, ni está dirigida a resocializar, ni a prevenir el delito ni a ejemplarizar, sino que su finalidad es puramente procesal y asegurar el resultado exitoso del proceso penal. Por esta razón, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido uniforme en señalar que la institución de la detención preventiva se ajusta a la Constitución y, en especial, no resulta contraria a la presunción de inocencia. Al respecto, dijo:

 

 

“…En cuanto se refiere a la detención, la Carta Política distingue claramente entre ella y la pena. El artículo 28 alude a la primera y exige, para que pueda llevarse a cabo, mandamiento escrito de autoridad judicial competente, impartido y ejecutado con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. A la segunda se refiere el artículo 29, que plasma la presunción de inocencia a favor de toda persona, estatuyendo, para que pueda imponerse una pena, el previo juzgamiento conforme a las leyes preexistentes, ante juez o tribunal competente, con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio y con la integridad de las garantías que configuran el debido proceso…

 

…Así, una cosa es detener al individuo contra el cual existen indicios graves acerca de que puede ser responsable penalmente, para que esté a disposición de la administración de justicia mientras se adelanta el proceso en su contra, y otra muy distinta que, cumplidos los trámites procesales y celebrado el juicio con observancia de todas las garantías, reconocimiento y práctica del derecho de defensa, se llegue por el juez a la convicción de que en realidad existe esa responsabilidad penal y de que, por tanto, debe aplicarse la sanción contemplada en la ley…”[34].

 

 

En el mismo sentido, en reciente oportunidad, esta Corporación afirmó:

 

 

“No ha escapado por lo tanto a la reflexión jurisprudencial de la Corte Constitucional la compleja relación entre las medidas de aseguramiento y la presunción de inocencia, en medio de lo cual ha afirmado claramente que la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva y que, en consecuencia resolución de acusación no impone una sanción al imputado, ni define el proceso penal, sino que la definición del proceso penal apenas tiene lugar cuando se dicta sentencia y, más concretamente, cuando la sentencia ha hecho tránsito a cosa juzgada, no antes.[35] “De ahí el carácter provisional que le subyace a la resolución de acusación "y la vigencia que durante el lapso que ella esté vigente tiene la presunción de inocencia"[36]. En vista  de que la resolución de acusación no es una sanción ni tiene carácter definitivo, el sindicado goza de todos los derechos fundamentales y puede hacerlos efectivos. La resolución de acusación no comporta, por tanto, "restricción alguna de las garantías constitucionales, entre ellas la presunción de inocencia que permanece incólume mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia judicial en firme.[37]"[38]

 

Es importante entonces resaltar que las medidas de aseguramiento dictadas como consecuencia de haberse proferido resolución de acusación en contra de una persona tienen como finalidad garantizar en los casos en los que las circunstancias lo ameriten la comparecencia de dicho individuo ante la administración de justicia, pero que esta situación es claramente distinguible de aquella que se presenta cuando una vez cumplidos todos los trámites propios del proceso, se la declara responsable penalmente y se le aplica la sanción prevista en la ley.[39]

 

En este sentido, la Corte ha admitido en algunas oportunidades que la presunción de inocencia no riñe con la posibilidad de aplicar medidas de orden preventivo para asegurar la comparecencia ante los jueces de las personas frente a las cuales se tienen motivos serios y debidamente fundados para considerar que han cometido un ilícito. Cuando se dicta como medida de aseguramiento detención preventiva sin beneficio de excarcelación, la persona sigue gozando de la presunción de inocencia mientras no se pruebe su responsabilidad”[40]

 

 

43. Las circunstancias que conducen a la detención preventiva –en establecimiento carcelario o en el lugar de residencia-, como medida restrictiva de la libertad que es, deben encontrarse clara y expresamente definidas en la ley, pues el juez que las impone sólo está autorizado a restringir la libertad de las personas en casos de necesidad, adecuación, razonabilidad y proporcionalidad de la medida.

 

De todas maneras, esta Corporación[41] también ha aclarado que los criterios que evalúa el legislador para determinar cuáles serían las conductas que conducirían a decretar la medida de aseguramiento hacen parte de su libertad de configuración normativa porque implican valoración de aspectos generales de política criminal y de protección de los derechos constitucionales en tensión. Obviamente, esa libertad de configuración debe ejercerse dentro de los límites constitucionales y puede ser objeto de control de constitucionalidad para que prevalezcan derechos e intereses superiores. Por estas razones, la Corte ha concluido que dentro de los límites de la potestad de configuración legislativa se encuentra la determinación de la proporcionalidad, razonabilidad y excepcionalidad de la medida porque la restricción de la libertad no puede convertirse en la regla general ni en el único instrumento que tiene el juez para asegurar el éxito de la investigación y juzgamiento penal.

 

La regla que reconoce al legislador de libertad de configuración de las medidas de aseguramiento y, en especial, de los criterios que conducen a decretar la detención preventiva, ha sido uniforme y constante en la Corte Constitucional, por lo que ahora se reitera. En efecto, el artículo 397, numeral 1º, del Decreto 2700 de 1991 que disponía la procedencia de la detención preventiva en delitos de competencia de los jueces regionales fue declarado exequible en la sentencia C-150 de 1993. M.P. Fabio Morón Díaz, por cuanto concluyó que “No encuentra la Corte violación al artículo 28 de la Carta, ni al principio de igualdad establecido en el artículo 13 de la misma codificación, y más bien advierte que se trata del natural ejercicio de las competencias legislativas en materia del procedimiento penal, en el que esta involucrado el conjunto de reflexiones jurídicas y de política criminal, que toma en cuenta las especiales modalidades delictivas, propias de las competencias de los jueces regionales y que exigen un mayor celo procedimental”

 

En el mismo sentido, en sentencia C-327 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz, la Corte declaró exequibles los numerales 2º y 3º, del artículo 397 del Decreto 2700 de 1991, que señalaban la procedencia de la detención preventiva cuando el delito que se atribuya al imputado tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de dos años y en aquellas situaciones en las que se investigara la ocurrencia de los delitos indicados en un listado, en tanto que “se torna patente el ejercicio de las facultades que el legislador cumple amparado por la libertad de configuración que le permite, de conformidad con sus preferencias de política criminal, escoger causales de detención preventiva, que siendo adoptadas con la finalidad de perseguir eficazmente el delito, han de estar, sin embargo, acopladas a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que, al obrar como límites, le imprimen a los supuestos de privación de la libertad la naturaleza excepcional que deben tener, erigiéndose, entonces, en garantías de ese derecho fundamental”. Específicamente en relación con las causales dijo que “el legislador se atuvo a un criterio de carácter objetivo que, ante todo, atiende a la gravedad del hecho, establecida a partir del monto de la pena, y en ello no encuentra la Corte que se haya consagrado una causal arbitraria que comporte el sacrificio excesivo de la libertad en aras de la finalidad de actuar en contra del delito, como tampoco encuentra violación de la Carta Política en el atacado numeral tercero, que contiene la lista taxativa de los delitos que en el criterio del legislador merecen la detención, porque las conductas allí referidas atentan contra bienes jurídicos que se juzgan de importancia para el logro de la convivencia y ya la Corte ha indicado que “el control social mediante la protección de bienes jurídicos fundamentales constituye la razón de ser del derecho penal”, y que la correspondiente indicación de los bienes jurídicos tenidos por valiosos y que son, por ende, merecedores de protección, es tarea que dentro de la estructura de un Estado de Derecho compete al legislador”.

 

Esa misma tesis fue reiterada en la sentencia C-425 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz, al declarar la exequibilidad del numeral 7º del artículo 397 del Decreto 2700 de 1991, que señalaba la procedencia de la detención preventiva en los casos de lesiones culposas, cuando el sindicado en el momento de la realización del hecho se encuentre en estado de embriaguez aguda o bajo el influjo de droga o sustancia que produzca dependencia física o síquica demostrado por dictamen técnico o por un método paraclínico, o abandone sin justa causa el lugar de la comisión del hecho, en tanto que “en ejercicio de las competencia que le atañen tratándose de la regulación de la libertad y en concreto del señalamiento de los casos en que sea procedente su privación, el legislador se encuentra asistido por la denominada libertad de configuración que se extiende hasta encontrar sus fronteras en la propia constitución y en los criterios de razonabilidad y proporcionalidad “que al obrar como límites, le imprimen a los supuestos de privación de la libertad la naturaleza excepcional que deben tener, erigiéndose, entonces, en garantías de ese derecho fundamental”.

 

Posteriormente, en sentencia C-392 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell, la Corte declaró la exequibilidad del artículo 25 de la Ley 504 de 1999, que modificó el numeral 1º del artículo 397 del Decreto 2700 de 1991, en el sentido de indicar que procede la detención preventiva en los delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados –disposición idéntica a la que ahora regula el numeral 1º del artículo 313 de la Ley 906 de 2004-, como quiera que “es de competencia del legislador determinar los casos en que procede la detención preventiva, en razón de la comisión de ciertos delitos, según la naturaleza y gravedad de éstos, o en los casos de flagrancia, o atendiendo las circunstancias en que ellos ocurrieron, o de los antecedentes del procesado, etc”

 

44. Está claro, en consecuencia, de un lado, que el legislador tiene libertad de configuración de las medidas preventivas de aseguramiento y, de otro, que el solo hecho de que el legislador hubiere considerado necesario y adecuado imponer medida de detención preventiva en establecimiento carcelario a quién hubiere sido objeto de otra captura dentro del año anterior, no viola la presunción de inocencia.

 

45. Ahora bien, dentro de los criterios que la ley ha tenido en cuenta para que proceda la detención preventiva, y que, como se vio, la Corte consideró válidos constitucionalmente, son el interés a proteger, la gravedad de la conducta, la situación del procesado y el grado de convicción de que el imputado o el acusado sea el responsable de la conducta investigada. Sin embargo, también ha dicho esta Corporación, que esos criterios no deben operar de manera silogística o mecánica, pues la ley debe permitirle al juez un margen de valoración para analizar circunstancias objetivas –exigencias fácticas y jurídicas- y subjetivas, tales como la personalidad, edad y condiciones socieconómicas del imputado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 308 a 314 de la Ley 906 de 2004. Al respecto, la Corte dijo con anterioridad:

 

 

“la detención preventiva dentro de un Estado social de derecho, no puede convertirse en un mecanismo de privación de la libertad personal indiscriminado, general y automático, es decir que, su aplicación o práctica ocurra siempre que una persona se encuentra dentro de los estrictos límites que señala la ley

 

Bajo esta consideración, para que proceda la detención preventiva no sólo es necesario que se cumplan los requisitos formales y sustanciales que el ordenamiento impone, sino que se requiere, además, y con un ineludible alcance de garantía, que quien haya de decretarla sustente su decisión en la consideración de las finalidades constitucionalmente admisibles para la misma.

 

El concepto de detención preventivo tiene en la Constitución, en principio, el carácter de indeterminado, en la medida en que, ni en la norma que la permite (Artículo 28 de la C.P.) ni en el resto de las disposiciones de la parte dogmática de la Carta, se definen su alcance o sus limitaciones.”[42]

 

 

En tal virtud, el señalamiento legal de las medidas restrictivas de la libertad no le puede impedir al juez realizar juicios de valor de carácter jurídico y fáctico sobre la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la detención preventiva.

 

46. En esta oportunidad, el legislador adoptó como criterio de valoración para que el juez pueda imponer la medida preventiva de detención en establecimiento carcelario, la existencia de una captura dentro del año anterior a la nueva captura. Piénsese en una persona que había sido capturada y queda en libertad porque el delito por el que se investiga o juzga no tiene un mínimo de pena superior a 4 años, o la cuantía del bien que había sido objeto de defraudación no excedía de 150 salarios mínimos legales, o porque el juez no se encontró méritos para que continúe privado de la libertad y, dentro del año siguiente nuevamente fue objeto de captura, ya sea en flagrancia o mediante orden judicial. En sentido escrito, entonces, la regulación demandada se refiere a situaciones en las que, en el término de un año, una misma persona ha sido objeto de dos capturas por hechos ilícitos distintos en los que se considera razonablemente que ha sido autor o partícipe del mismo.

 

47. Sin embargo, cabe precisar que, contrario a lo afirmado por los demandantes, la Sala considera que la norma acusada no se refiere a las capturas previamente declaradas ilegales, por la sencilla razón de que esa decisión judicial produce como consecuencia la nulidad de la medida, esto es, para efectos del debido proceso penal, hace desaparecer del mundo jurídico la decisión que resulta contraria a la Constitución y a la ley. Luego, no parecería razonable que el juez que analiza la procedencia de la medida de aseguramiento tenga en cuenta elementos que salieron del ordenamiento jurídico por considerarse contrarios a los derechos y principios mínimos que regula la Constitución y la ley, ni que el juez encargado de proteger los derechos afectados con el proceso penal sea el que imponga una consecuencia legal –la detención preventiva en establecimiento carcelario- a un supuesto ilegal –la captura arbitraria-, pues la norma acusada simplemente regula una nueva hipótesis de detención preventiva en establecimiento carcelario y no de detención domiciliaria.

 

No obstante, si es cierto que la norma acusada autoriza al juez de control de garantías a valorar la captura previa que a pesar de que fue declarada legal no condujo a la acusación, o la captura que produjo acusación sin detención preventiva y aún no se ha proferido sentencia definitiva y muchos casos más en los que el proceso penal continúa sin restricción de la libertad y no se hubiere producido la preclusión o absolución en el caso precedente. Esas son, precisamente, las situaciones que originan el presente juicio de constitucionalidad y que sencillamente se refieren a la ocurrencia de dos hechos delictivos que se imputan a la misma persona en un mismo año.

 

48. Así las cosas, la Sala encuentra razonable que, dentro de las valoraciones de política criminal, el legislador hubiere considerado la captura precedente en el año anterior como un criterio que debe tener en cuenta el juez para imponer la medida de aseguramiento consistente en la detención preventiva en establecimiento carcelario, por las siguientes dos razones:

 

Es lógico suponer que dos capturas en el mismo año a la misma persona podría ser un indicador de la necesidad de la medida privativa de la libertad no sólo para evitar la multiplicación del delito o la dedicación asidua a la realización de conductas reprochables penalmente que implican un claro peligro para la sociedad, sino para evitar la fuga o la obstrucción de la justicia por parte de quién ha demostrado tener cierto desprecio por la administración de justicia. Por lo tanto, esa medida podría ser un instrumento útil y eficaz para proteger los derechos de la sociedad y de las víctimas.

 

Por otra parte, no debe olvidarse que la norma acusada regula casos válidos de privación legítima de la libertad, la cual sólo puede producirse en dos situaciones: la primera, cuando el autor o partícipe de un delito fue capturado en flagrancia y, la segunda, por orden escrita del juez de control de garantías con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. Luego, el juez de control de garantías evalúa una situación objetiva y verificable que consiste en la “repetición” de conductas reprochables penalmente en un término bastante reducido, la cual puede ser valorada por el juez como un elemento relevante de la necesidad, adecuación y proporcionalidad de la medida de aseguramiento consistente en la detención preventiva.

 

49. Finalmente, es importante precisar que, contrario a lo dicho por uno de los intervinientes, la Sala no considera válido aplicar en esta ocasión los criterios adoptados en la sentencia C-774 de 2001[43], según la cual procedía la posibilidad de que el juez valore la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad de la detención preventiva en atención a los fines que le son propios, de acuerdo con la Constitución y la ley, pues se resolvió problemas jurídicos distintos a los que ahora debió estudiar la Corte.

 

Por lo expuesto, la Corte declarará la exequibilidad del artículo 26 de la Ley 1142 de 2007.

 

Artículo 27, parágrafo, de la Ley 1142 de 2007. Cosa juzgada constitucional

 

50. La norma parcialmente acusada dispone que el juez no podrá sustituir la detención preventiva en establecimiento carcelario por detención domiciliaria cuando se trata de la imputación de los delitos específicamente señalados en ese listado.

 

La demanda sostiene que el texto normativo acusado limita la facultad que tiene el juez para decidir si impone o no la medida restrictiva de la libertad en un centro carcelario o en el domicilio del imputado, con lo que se afecta el núcleo esencial del derecho a la libertad. De igual forma, dijo que esta norma consagra fórmulas cerradas para determinada clase de delincuencia, lo cual, de acuerdo con las sentencias C-327 de 1997 y C-774 de 2001, es contrario a la Constitución. A su turno, el Instituto de Derecho Procesal también considera que la norma acusada es inconstitucional, en tanto que limita beneficios y condiciones favorables al imputado por circunstancias ajenas al acto que se imputa.

 

Por el contrario, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Academia Colombiana de Jurisprudencia consideran que la norma acusada se ajusta a la Constitución, de un lado, porque, tal y como lo ha advertido la Corte Constitucional en sentencias C-425 de 1997, C-634 de 2000 y C-106 de 1994, el legislador está facultado para restringir la aplicación del beneficio de la prisión domiciliaria y, de otro, porque esa norma debe interpretarse de manera integral con las condiciones que exige la ley para imponer la medida, pues la decisión judicial se toma cuando la detención es necesaria y existe un mínimo de indicios que indiquen la autoría o participación del imputado en el ilícito investigado.

 

El Ministerio Público solicitó a la Corte inhibirse para pronunciarse de fondo en este asunto porque considera que la demanda es inepta porque el cargo formulado es insuficiente y confuso.

 

51. Esta Corporación estudió la constitucionalidad del parágrafo del artículo 27 de la Ley 1142 de 2007, que es la norma ahora demandada y, mediante sentencia C-318 del 10 de abril de 2008, resolvió declarar su exequibilidad “en el entendido de que el juez podrá conceder la sustitución de la medida siempre y cuando el peticionario fundamentalmente, en concreto, que la detención domiciliaria no impide el cumplimiento de los fines de la detención preventiva, en especial, respecto de las víctimas de delito y en relación exclusiva con las hipótesis previstas en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 27 de la Ley 1142 de 2007”.

 

Para llegar a esa conclusión, la Corte estudió la demanda formulada por un ciudadano que dijo que el parágrafo del artículo 27 de la Ley 1142 de 2007, vulnera los artículos 1º, 2º, 5º, 28, 29, 44 y 93 de la Constitución y el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En lo pertinente, la sentencia C- de 2008, resumió los cargos de inconstitucionalidad así:

 

 

“Al exponer el concepto de violación, el accionante sostiene que el enunciado normativo demandado, al negar la sustitución de la detención preventiva en centro penitenciario por la detención domiciliaria para un grupo específico de delitos, vulnera la Carta Política, al restringir el derecho fundamental a una medida de aseguramiento proporcional, racional y necesaria. Por otra parte, el demandante considera que se produce una afectación directa a la libertad personal (art. 28 C.P.), la presunción de inocencia (art. 29 C.P.), los derechos de los niños (art. 44 C.P.), la excepcionalidad de la detención preventiva (art. 250 C.P.) y la dignidad humana (arts, 1º y 5º C.P.). Estos son los argumentos de la demanda:

 

1. El legislador, al establecer un listado de conductas frente a las cuales no procede el beneficio de sustitución de la detención penitenciaria, por detención domiciliaria, realiza una objetivización de los casos penales, sustrayendo al juez de control de garantías, la posibilidad de imponer una medida acorde a las circunstancias de cada caso, de acuerdo con su valoración. El papel activo del juez en la determinación de la procedencia de las medidas de aseguramiento, es una concreción de los preceptos contenidos en los artículos 1º, 2º, 5º, 28 y 29 de la Constitución…

 

2. La disposición desconoce el respeto por la dignidad humana, en la medida en que prescribe el internamiento de una persona en un centro carcelario a partir de una norma fría y abstracta, sin reparar en la necesidad de la medida, de acuerdo con las circunstancias del caso concreto. Por esta vía, se llega a un derecho penal peligrosista y de mayor rigor, pues la persona que incurra en cualquiera de las conductas previstas en el parágrafo acusado, se considera dañina para la sociedad, situación que resulta ajena a la presunción de inocencia, (artículo 28 C.P.), al principio de excepcionalidad de la detención preventiva (artículo 250 C.P.), y a los principios humanistas recogidos en el artículo 1º de la Constitución…”.

 

 

Como puede verse, los cargos planteados en la demanda anterior y que fueron resueltos por esta Corporación mediante sentencia definitiva, son muy similares a los que en esta oportunidad presentan los demandantes como sustento de su pretensión de inexequibilidad del parágrafo del artículo 27 de la Ley 1142 de 2007, por lo que claramente se tiene que existe cosa juzgada constitucional.

 

52. Así las cosas, para la Sala es claro que, respecto del parágrafo del artículo 27 de la Ley 1142 de 2007, ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional que impide un nuevo pronunciamiento de fondo, por lo que la Sala se estará a lo resuelto en la sentencia C-318 de 2008.

 

Artículo 32 de la Ley 1142 de 2007. La reincidencia como criterio objetivo para excluir de beneficios y subrogados penales.

 

53. La disposición normativa acusada excluye de beneficios y subrogados penales sustitutivos de la pena privativa de la libertad o de la prisión en establecimiento carcelario cuando la persona hubiera sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los 5 años anteriores a la nueva condena penal.

 

Según criterio de los demandantes la norma acusada vulnera los artículos 13 y 29 de la Constitución, como quiera que sanciona dos veces por una misma causa y fundamenta su decisión en criterios de peligrosismo penal. Dijeron, además, que la disposición es irrazonable especialmente en relación con personas precisas como madres cabeza de familia, enfermos o mujeres embarazadas. En la misma línea de lo expuesto en anterioridad, el Instituto de Derecho Procesal opina que la norma acusada es inconstitucional, en tanto que limita beneficios y condiciones favorables al imputado por circunstancias ajenas al acto que se imputa.

 

Los demás intervinientes y el Ministerio Público, por el contrario, consideran que la norma acusada debe ser declarada exequible, principalmente por tres argumentos. El primero, porque tal y como lo advirtió la Corte en sentencia C-762 de 2002, la exclusión de beneficios y subrogados penales hace parte de la libertad de configuración normativa del legislador. El segundo, porque es razonable tener en cuenta la reincidencia como un factor objetivo que exige el cumplimiento total de la pena. Y, finalmente, porque es la diferencia entre quienes no han sido condenados dentro de los 5 años anteriores a la nueva condena y quienes si lo han sido no es gratuita y, por el contrario, estos últimos muestran desprecio por el ordenamiento jurídico.

 

En consecuencia, la Sala deberá estudiar si ¿la reincidencia puede ser tenida como criterio para excluir de subrogados y beneficios penales al sujeto activo del delito?. Para resolver los problemas jurídicos planteados, deberá analizarse si en la punibilidad es válido constitucionalmente el análisis de la reincidencia y si es cierto, entonces, como dicen los demandantes que la norma acusada autoriza una doble sanción por el mismo hecho o la aplicación del peligrosismo penal.

 

54. Los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena y los beneficios con los cuales se sustituye una pena restrictiva por otra favorable, han sido regulados en los diferentes estatutos procesales en provecho de las personas que han sido condenadas en los casos expresamente definidos por la ley. Como lo ha advertido la Corte[44], estos beneficios tienen como fundamento la humanización del derecho penal y la motivación para la resocialización del delincuente.

 

55. Ahora bien, al igual que sucede con la imposición de medidas de aseguramiento, los requisitos para decretar la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la libertad condicional y los beneficios a favor del condenado hacen parte de la libertad de configuración normativa del legislador porque constituyen elementos fundamentales del debido proceso penal y responden a las evaluaciones propias de la política criminal del Estado.

 

Así, se observa en las normas legales que regulan los subrogados penales y los beneficios a favor del condenado (artículos 63 a 68 de la Ley 599 de 2000 y 465 a 476 de la Ley 906 de 2004), que el legislador ha utilizado diversas pautas para aplicarlos, dentro de los cuales se encuentran criterios subjetivos que surgen de la personalidad del sentenciado y criterios objetivos que se verifican con la constatación de la pena impuesta y de su cumplimiento efectivo; todos ellos dirigidos a suponer que no existe necesidad de continuar con la pena, o que no se requiere imponer su ejecución, o que no resulta necesaria la restricción de la libertad en los términos más gravosos porque existen elementos de juicio suficientes para concluir que la limitación de los derechos del sentenciado ha cumplido su función de reinserción a la sociedad.

 

Dentro de los criterios de valoración de la personalidad del condenado, el legislador ha señalado la existencia de antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, de tal suerte que si éstos resultan favorables en el sentido general de aceptación social, el sentenciado puede tener derecho a que se le concedan los beneficios indicados en la ley. Pero, de la misma manera, de la valoración sobre la personalidad del condenado, o de la gravedad de la conducta punible, o de la buena conducta del sentenciado, el juez puede concluir que la pena aún es necesaria o que debe mantenerse la rigidez de la medida restrictiva de la libertad.

 

56. Precisamente uno de los criterios que el legislador ha utilizado para suponer que la pena debe mantenerse, o que no es adecuado ni justo otorgar beneficios al condenado, es el de la reincidencia, entendida ésta como la reiteración del delito, esto es, como el reproche a quien cometió una nueva conducta ilícita después de haber estado sometido a una pena anterior. Esta figura ha sido utilizada por la ley como criterio de agravación de la punibilidad, pero también como criterio de exclusión de subrogados penales o de beneficios al sentenciado como instrumento de endurecimiento de los privilegios que le da la ley a quién no dio muestras de resocialización con la imposición de una pena anterior -como es el caso de la norma objeto de estudio-.

 

En conclusión, la exclusión de beneficios y subrogados penales sustitutivos de la pena privativa de la libertad o de la prisión en establecimiento carcelario cuando la persona hubiera sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los 5 años anteriores a la nueva condena penal, desarrolla el principio de la libre configuración normativa del legislador y se ajusta a la Constitución porque contiene una medida razonable y adecuada constitucionalmente.

 

57. Pero, además de las razones expuestas, la Sala considera necesario exponer dos argumentos adicionales para el caso concreto que permiten reforzar la conclusión que indica la legitimidad de la medida. De un lado, a diferencia de los casos en los que la reincidencia es criterio de análisis en la punibilidad, la exclusión de los beneficios o de subrogados penales, se ubica en el deber de cumplir en forma completa la pena impuesta. Luego, en el caso concreto, no se aplica el principio del non bis in idem por cuanto éste sólo tiene validez cuando se trata de dos sanciones que se imponen por el mismo acto. De otro lado, no debe olvidarse que el concepto de antecedentes penales y contravencionales, regulado en el artículo 248 de la Constitución, está destinado a producir efectos jurídicos que pueden ser tenidos en cuenta por las autoridades públicas como criterio de exclusión o limitación de determinados privilegios.

 

En síntesis, para la Sala, no existe limitación constitucional en la incorporación de la reincidencia para excluir de los subrogados penales o beneficios a condenados, pues como se explicó la adopción de esas medidas es una facultad libre del legislador que no contradice las normas constitucionales.

 

Por todo lo anterior, la Sala declarará la exequibilidad del artículo 32 de la Ley 1142 de 2007.

 

 

IV. DECISION

 

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

 

RESUELVE

 

Primero.- Declarar EXEQUIBLE la totalidad de la Ley 1142 de 2007, por el cargo de violación del artículo 4º del Acto Legislativo número 3 de 2002.

 

Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “o la persona haya sido capturada en flagrancia” contenida en el artículo 4º de la Ley 1142 de 2007.

 

Tercero. ESTARSE A LO RESUELTO en sentencia C-318 del 10 de abril de 2008, por medio de la cual resolvió declarar la exequibilidad del artículo 27 de la Ley 1142 de 2007, “en el entendido de que el juez podrá conceder la sustitución de la medida siempre y cuando el peticionario fundamente, en concreto, que la detención domiciliaria no impide el cumplimiento de los fines de la detención preventiva, en especial, respecto de las víctimas de delito y en relación exclusiva con las hipótesis previstas en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 27 de la Ley 1142 de 2007”.

 

Cuarto. Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “…formular imputación, solicitar imposición de medida de aseguramiento y hacer las solicitudes que considere procedentes…” y “En este caso…”, contenidas en el parágrafo primero del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007 y EXEQUIBLE el resto del parágrafo 1º, en el entendido de que en esta hipótesis, se interrumpe la prescripción.

 

Quinto. Declarar INEXEQUIBLE el parágrafo tercero del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007.

 

Sexto. Declarar EXEQUIBLES los artículos 26 y 32 de la Ley 1142 de 2007, por los cargos analizados en esta sentencia.

 



[1] Sentencia C-591 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández

[2] En este sentido pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-591 de 2005, C-251 de 2002, C-024 de 1994.

[3] Sentencia C-251 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández

[4] Sentencias del 9 de febrero de 2006, M.P. Alfredo Gómez Quintero, expediente 23700 y del 28 de noviembre de 2006, M.P. Marina Pulido de Barón, expediente 26231.

[5] Al respecto puede consultarse Fenech, Derecho Procesal Penal. Edición 32. Tomo I. Editorial Barcelona Labor. 1960, Echandía, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Editorial Temis. Bogotá.

[6] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 9 de febrero de 2006, M.P. Alfredo Gómez Quintero, expediente 23700.

[7] Al respecto, ver las sentencias C-488 de 1996. M.P. Antonio Barrera Carbonell y T-1110 de 2005. M.P. Humberto Sierra Porto

[8] Informe de la Comisión Europea de Derechos Humanos. Informe del 5 de mayo de 1983. Coloza y Rubinar

[9] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 1 de junio de 2006. M.P. Edgar Lombana Trujillo, expediente 20614.

[10] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 9 de febrero de 2006. M.P. Alfredo Gómez Quintero, expediente 23700.

[11] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 20 de junio de 2005. M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón, expediente 19915

[12] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 22 de septiembre de 2005. M.P. Edgar Lombana Trujillo, expediente 18985.

[13] Al respecto, pueden verse las sentencias del 12 de febrero de 1985. Caso Colozza contra Italia; del 28 de agosto de 1991. Caso FCB contra Italia; del 23 de noviembre de 1993. Caso Poitrimol contra Francia; del 22 de septiembre de 1994. Caso Pelladoah contra Holanda y del 16 de diciembre de 1999. Casos T. y V. contra Reino Unido.

[14] Sentencia C-025 de 1998. M.P. Fabio Morón Díaz.

[15] Sentencia C-210 de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra

[16] Sentencia C-069 de 1996. M.P. Antonio Barrera Carbonell

[17] Sentencia C-228 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett y Manuel José Cepeda Espinosa.

[18] M.P. Carlos Gaviria Díaz

[19] M.P. Fabio Morón Díaz

[20] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra

[21] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia de Casación. Radicación 11.220 de 1999.          

[22] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

[23] Sentencia C-1154 de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa

[24] Además de las citadas en el fundamento jurídico 22 de esta providencia, ver las sentencias T-945 de 1999, C-488 de 1996 y T-1110 de 2005.

[25] Al respecto, Sentencias del 18 de mayo de 2005, M.P. Mauro Solarte Portilla, expediente 22150, del 22 de septiembre de 2005, M.P. Edgar Lombana Trujillo, expediente 18985 y del 20 de noviembre de 2006, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca, expediente 21902

[26] Sentencia del 18 de mayo de 2005, M.P. Mauro Solarte Portilla, expediente 22150.

[27] Entre muchas otras, pueden consultarse las sentencias C-557 de 2001, C-1255 de 2001, C-128 de 2002, C-426 de 2002, C-380 de 2000 y C-836 de 2001.

[28] Sentencia C-251 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández.

[29] M.P. Alfredo Beltrán Sierra

[30] M.P. Álvaro Tafur Galvis

[31] M.P. Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández.

[32] En esa oportunidad, la Corte declaró la inexequibilidad de la Ley 684 de 2001, “Por la cual se expiden normas sobre la organización y funcionamiento de la seguridad y defensa nacional y se dictan otras disposiciones”, mientras que la institución de los jueces de control de garantías fue creada por el Acto Legislativo número 3 de 2002 y desarrollada en la Ley 906 de 2004.

[33] Al respecto, pueden consultarse, entre muchas otras, las sentencias C-634 de 2000, C-774 de 2001, C-805 de 2002 y C-591 de 2005.

[34] Sentencia C-106 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo

[35] Sentencia T-827 de 2005, Mo. Po. Humberto Antonio Sierra Porto.

[36] Sentencia C-416 de 2002.

[37] Ibídem.

[38] En la ya citada sentencia T-827 de 2005.

[39] Sentencias C-106 de 1994 y Sentencia T-827 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

[40] Sentencia T-331 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño

[41] Sentencias C-873 de 2003, C-1154 de 2005 y C-154 de 2007.

[42] Sentencia C-774 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil

[43] M.P. Rodrigo Escobar Gil

[44] Al respecto: sentencias C-565 de 1993. M.P. Hernando Herrera Vergara y C-806 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández

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