CONCEPTO DE GARANTÍA CONSTITUCIONAL

GARANTISMO PENAL

 

 

 

En un Estado de derecho lo importante, creo yo, no es la crítica al sistema, sino la verdadera identificación de los postulados, orientaciones y dogmas del querer legislativo y los avances que del mismo sucedan al interior de la jurisprudencia en procura de aplicar correcta y debidamente el poder de la ley que gústenos o no, es voluntad soberna de todos.

 

Nuestro sistema legal se funda en el principio de legalidad, que no es otra cosa que una democracia sometida a la “subordinación” de la ley. Nuestra juridicidad, o sea, el orden jurídico-legal, está guiado por una ley fundamental como es la Constitución.

 

Ella implica una jerarquización normativa de irrestricto acatamiento, que conlleva a que toda regla, norma o parámetro dictado tanto por el legislativo como por el ejecutivo, no puede, en manera alguna, contradecir lo dispuesto en la Carta Política, so pena de que sea declarada inconstitucional. En esta tónica igualmente se enmarcan las disposiciones de orden procesal pues deben respetar los principios constitucionales.

 

La visualización que en estos momentos debemos hacer del norte de nuestro proceso penal, no sólo debe partir de dicha legalidad, la cual persiste y seguirá rigiendo los dogmas democráticos de toda sociedad moderna, sino que las decisiones de nuestros jueces, que en la actualidad proliferan en cantidad y sentido, deben ser eje central de la aplicación de la Ley 906 de 2004.

 

En efecto, se cuenta desde decisiones de la Corte Constitucional –se dice que el Código de Procedimiento Penal es necesario leerlo con las decisiones de la Corte Constitucional al lado, incluso con el texto completo y no con la sola parte resolutiva-, pasando por las variadas y –hay que reconocerlo- algunas veces contradictorias posiciones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en donde debe igualmente aplicarse el aforismo popular de “el que manda manda aunque mal mande”, hasta llegar a las decisiones de los Tribunales, jueces de conocimiento y jueces de garantías, quienes también hacen jurisprudencia.

 

Por ello, he pretendido complementar esta nueva edición enfocándome principalmente en las decisiones jurisprudenciales que han venido robusteciendo el sistema acusatorio a la colombiana.      

 

El proceso penal es una investigación que se realiza institucionalmente, a través de la cual aparecen una serie de reglas procedimentales y procesales de actuación que propenden por asegurar tanto el objeto de la instrucción como la forma en que se lleva a cabo, dando a conocer a todos los intervinientes los extremos y limitaciones de la misma.

 

No se puede desconocer que el proceso penal es ejercicio del poder punitivo del Estado, por medio del cual la balanza de la justicia se desequilibra a su favor pues evidentemente ostenta una posición preponderante cuando mueve sus tentáculos en procura de salvaguardar los derechos de los coasociados.

 

A partir de tal concepción se genera la necesidad de ahondar en la existencia de una serie de controles y exigencias recíprocas para equilibrar esa relación de poder en la medida que de lo contrario el poder punitivo por parte del estado se traduciría en simple violencia.

 

Se procuró establecer que la verdad y su ánimo por esclarecerla a través del proceso penal, fuese tan importante como la garantía de los derechos de los sujetos intervinientes, especialmente del acusado, aun cuando nuestra Corte Constitucional igualmente le entregó preponderancia a la visualización de la víctima como destinataria de caros principios que un Estado social y de derecho como son la verdad, la justicia y la reparación. En estas condiciones, se vincula al juez a un estricto cumplimiento de las normas de procedimiento, al que no se dudará en sancionar cuando las desconozca.

 

Hay que aceptarlo, las reglas de procedimiento tienden a desconocerse debido a que se las ha entendido como de simple ritualidad, formalidad o adjetivización en la búsqueda de la verdad, de ahí que haya nacido la necesidad de justificarlas en principios de orden constitucional.

 

Guía de todo proceso penal se encuentra en el principio conocido también como de reserva legal, expresado en el aforismo latino nullum crimen, nulla poena sine lege. Traduce lo anterior la necesidad de que nadie sea condenado sin que previamente sea sometido al correspondiente juicio para acreditar su culpabilidad, nulla poena sine iuditio, y ahí sí se pueda sostener que el poder punitivo del Estado se ejercitó debidamente.

 

El fundamento de este principio no necesita mayores explicaciones, pues se soporta en la seguridad jurídica de quien es sometido al juicio del Estado, dentro del cual no puede existir arbitrariedad de los funcionarios judiciales, así como también deberá contar con la seguridad que será juzgado no sólo por un juez que preexista (juez natural), sino que la conducta ha sido previamente descrita como hecho punible, sumado a las consecuencias que su comisión comporta.

 

Nace aquí una línea de conducta para el funcionario judicial marcado por un deber ser judicial, en la cual no es posible permitir el desbordamiento de los límites señalados por la ley, pues de tal acontecer se genera la corrección de los actos así como también el restablecimiento de los derechos quebrantados, como por ejemplo la libertad, si ella se había perdido. 

 

En este sentido, claro es el Pacto de San José de Costa Rica, cuando en su artículo 9° reza: Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

 

Los primeros artículos de la Carta Política sólo enuncian de una manera general las garantías individuales en forma más o menos sistemática, por ello es deber de todo usuario de la ley identificar todos aquellos preceptos constitucionales que por su espíritu vengan a complementar, en diversa manera, estas disposiciones, las que unidas al ejercicio real y pragmático señalan la vivencia del control.

 

Así pues, la garantía nace, como primera medida, en la subordinación entre el gobernado y el Estado, este último que ejerce su poder a través de las autoridades públicas, que para el poder punitivo no son otros que los funcionarios judiciales.

 

Segundo, de la existencia de una normatividad que ha sido consentida por el gobernado y delegada en su administración de justicia al ente superior, es decir, la existencia de una legitimidad de parte de quien detenta el poder punitivo.

 

Tercero, de la obligación derivada del Estado y las autoridades judiciales de respetar el ordenamiento legal y observar o cumplir las condiciones de seguridad jurídica.

 

Cuarto, la aceptación del legislador constitucional acerca de la existencia de tal necesidad de equilibrio y absoluta ponderación en el ejercicio del poder punitivo, especialmente creando los contrapesos a la fuerza estatal.

 

Aquí es necesario diferenciar que existen los derechos del hombre con condiciones y cualidades reconocidas e inherentes a su condición de ser humano y social, elementos propios e inescindiblemente vinculados con su naturaleza racional, separadamente de la orientación normativa en que se desenvuelve el Estado y sus autoridades. Por su parte, las garantías constitucionales se traducen en la estipulación normativa de tales derechos no como letra muerta, sino como exigencia de real y efectivo cumplimiento en desarrollo del proceso judicial, en los que juega papel trascendente la respetabilidad por parte de las autoridades públicas.

 

Semánticamente hablando la palabra “garantía” viene de un  término anglosajón warranty o warrantie, que posee significado en la acción de asegurar, proteger, defender, salvaguardar, afianzamiento, es decir, con un espectro muy amplio.

 

Algunos autores como Kelsen se refieren a las “garantías de la constitución” las que asemejan a los medios o procedimientos a través de los cuales se asegura la vigencia de la ley constitucional y su supremacía frente a las normas de menor rango, en otras palabras, para garantizar que finalmente la norma menor se ajustará a lo preceptuado en la norma superior.

 

Por su parte, otros doctrinantes le agregan a la garantía un contenido social, pues inmiscuye conceptos tales como la religión, la costumbre, las fuerzas culturales, como también elementos de diversa índole pero que integran en igual modo la sociedad.

 

Por su parte, el profesor Ferrajoli dice: ...se hablará de garantismo para designar el conjunto de límites y vínculos impuestos a todos los poderes –públicos y privados, políticos (o de mayoría) y económicos (o de mercado), en el plano estatal y en el internacional– mediante los que se tutelan, a través de su sometimiento a la ley y, en concreto, a los derechos fundamentales en ella establecidos, tanto las esferas privadas frente a los poderes públicos, como las esferas públicas frente a los poderes privados.

 

Esto nos lleva a concluir que la teoría de las garantías constitucionales en el proceso penal, no es otra cosa que la aplicación práctica, real y concreta de los principios que el legislador superior ha consagrado en la Carta Política, pero siempre sometidos al marco de un deber ser judicial, que es el contrapeso que se ejerce por el ciudadano frente al poder que el Estado ejerce, por delegación y legitimidad de la comunidad.

 

Deber ser que encuentra razón de existir en las labores que realiza el funcionario judicial y que en este trabajo se compendian en tres: (i) el deber de actividad, (ii) el deber probatorio y (iii) el deber de adjudicar el derecho, por cuyo desbordamiento emerge la posibilidad de censura, reproche y crítica, medios que caracterizan y dan vida a la garantía como tal, pues ésta no se justificaría si no se partiese de la posibilidad de corregir los yerros en que pueda incurrir el delegatario del poder represivo, pero necesario, del Estado.     

 

Entonces, el principio no puede confundirse con la garantía, en la medida que el primero es la consagración normativa de un querer del legislador, bien sea supremo u ordinario, mientras que el segundo es la vivificación de esos postulados en un terreno concreto como es el proceso penal, dentro del cual se deben contemplar las herramientas para hacer efectivos, reales y concretos los principios.

 

Para concretar, permítanme ensayar una definición:

 

La garantía constitucional en el proceso penal es la seguridad que poseen los destinatarios del trámite judicial de que el poder que detenta el Estado será ejercido dentro de los límites señalados en la ley, y que cualquier desbordamiento será posible denunciarlo y, en caso dado, restablecerse el derecho.

 

Luego de este recuento, resulta imperioso concluir que esta teoría del garantismo al que evidentemente se adscribe la Ley 906 de 2004, justifica la presencia de una norma como el artículo 27, que reza:

 

“Moduladores de la actividad procesal. En el desarrollo de la investigación y en el proceso penal los servidores públicos se ceñirán a criterios de necesidad, ponderación, legalidad y corrección en el comportamiento, para evitar excesos contrarios a la función pública, especialmente a la justicia”.

 

En pasada publicación me refería concretamente a que la actividad derivada en la ley se encontraba en la teoría de los pesos y contrapesos, la cual, de manera general, se concentra en la necesidad que tanto el Estado como los sujetos procesales entiendan que deben usar los institutos señalados en la ley con responsabilidad, dándole el verdadero contenido al derecho penal, que no es otro que un medio de dirección y orientación de la comunidad.

 

Por ello, entonces, si al Estado le es exigible por todos los coasociados esa serie de reglas para efectivizar los postulados constitucionales en aras del bienestar social y la armonía comunitaria, igualmente a los súbditos de la ley se les puede exigir el cumplimiento de pautas y principios para el ejercicio de esos derechos.

 

Es decir, no es absoluto ni indiscriminado el ejercicio de los derechos, de ahí que existan, legítimamente constituidas, limitaciones a los mismos.

 

Desde esta órbita se entenderá, como lo viene recabando la doctrina constitucional colombiana, que todos los jueces de la República antes que cumplir su misión legal, son jueces constitucionales, pues a cada uno de ellos se les ha encargado la misión de ser garantes de la legalidad, que es, si no el primero, sí uno de los más importantes principios que sustentan la legitimidad del Estado para servir de decisor en la solución de los conflictos.

 

 

 

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