Violación a los Derechos Humanos

 
 
 
 La violación a los derechos humanos
 
Los reiterados golpes de Estado producidos en Argentina a partir de 1930 y que dieron origen a gobiernos dictatoriales privaron a las personas  al ejercicio y goce  de sus derechos fundamentales. Así los cuidadanos no solo se vieron violados sus derechos a votar, a ser votado o a elegir a sus gobernantes, de reunión de expresión libre, sino también el más básico de todos los derechos: la vida. Así ocurrió especialmente durante la última diitadura militar (1976-1983), en la que el asesinato y la desaparicion de personas fue una política sistemática llevada a cabo por el Estado.
 
Terrorismo de Estado en Argentina
 

Durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional que gobernó la Argentina entre comienzos de los años 1970 y la restauración de la democracia en 1983 tuvo lugar un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada, desaparición forzada de personas, manipulación de la información y demás formas de terrorismo de Estado. Se estima que durante ese período las fuerzas represoras del gobierno de facto hicieron desaparecer 30.000 personas (aunque la lista oficial cuenta con 13.000 desaparecidos registrados)

La denominación también utilizada de «guerra sucia» alude al carácter informal e irreglamentado del enfrentamiento entre el poder militar —

desligado de la autoridad civil—, contra la misma población civil y las organizaciones guerrilleras, que no obtuvo en ningún momento la

consideración explícita de guerra civil. El uso sistemático de la violencia y su extensión contra objetivos civiles en el marco de la toma del poder

político y burocrático por las Fuerzas Armadas, determinó la inmediata suspensión de los derechos y garantías constitucionales y propició la

aplicación de tácticas y procedimientos bélicos irregulares a toda la población. No obstante, la denominación «guerra» es objetada por

organizaciones políticas y de derechos humanos, sosteniendo que se trata de un argumento esgrimido originariamente por la dictadura militar

para justificar la represión indiscriminada.

 

Centros clandestinos de detención

Los primeros CCD fueron instalados en 1975, antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976

Cinco grandes centros fueron el eje de todo el sistema: la ESMA y Club Atlético en la Ciudad de Buenos Aires; el Campito (Campo de Mayo) y
el Vesubio en el Gran Buenos Aires (Provincia de Buenos Aires); y la Perla en Córdoba.

En Buenos Aires hubo 60 centros, en la provincia de Córdoba 59 y en Santa Fe 22.

 A pesar de sus diferencias los CCD fueron organizados con una estructura y un régimen de funcionamiento similar. Todos los CCD contaban
con una o más salas de torturas, amplios espacios para mantener a los desaparecidos siempre en condiciones de gran precariedad, y un
 centro de viviendas para los torturadores y guardias. Casi todos tenían algún tipo de servicio médico. En algunos casos hubo servicios
religiosos permanentes para el personal militar.
 
El período inicial de tortura-interrogatorio, se disponía:

 El asesinato del detenido-desaparecido: en todos los CCD se utilizó el mismo eufemismo para referirse al asesinato: traslado. Los métodos

 utilizados para el asesinato y desaparición de los cadáveres variaron desde los llamados vuelos de la muerte, los fusilamientos en masa, fosas

comunes, tumbas NN, incineración de cadáveres, etc.

El blanqueo: se legalizaba al detenido-desaparecido y se lo ponía a disposición del Poder Ejecutivo. A partir de 1980, de esta situación, podía

derivar la deportación y el exilio, haciendo uso de la opción a salir del país que establece la Constitución (art. 23), o el enjuiciamiento por
tribunales militares y la condena a prisión.

La liberación.

La continuidad como detenido-desaparecido, por razones variadas (utilización como esclavos, colaboradores, rehenes, etc.).

Durante su permanencia en el CCD se procedía sistemáticamente a la deshumanización de los detenidos-desaparecidos mediante diversos

procedimientos: sustitución del nombre por un número, violaciones, animalización, humillación, hacinamiento, condiciones intolerables de

alojamiento, desnudez forzada, racismo, antisemitismo, homofobia, etc.

 También existió una política y un procedimiento común para las detenidas-desaparecidas que se encontraban embarazadas. En ese caso se

postergaba el asesinato y se producía un parto clandestino con supresión de la identidad del bebé quien era entregado para su crianza a

personas íntimamente vinculadas al sistema represivo, y en algunos casos partícipes del asesinato de los padres y/o madres bioligas.
Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina entre 1976 y

 1983 a partir de un golpe de estado que derrocó al gobierno constitucional de la presidente María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas. Esta etapa, a la que suele referirse simplemente como «el Proceso», es considerada «la dictadura más sangrienta de la historia argentina». Se caracterizó por el terrorismo de estado, la constante violación de los derechos humanos, la desaparición y muerte de miles de personas, el robo sistemático de recién nacidos y otros crímenes de lesa humanidad. Un largo derrotero judicial y político ha permitido condenar a parte de los responsables en juicios que aún continúan su curso.

 
La reistalación democrática a comienzos de la década de 1980 encontró como saldo 30.000 personas desaparecidas y una violación masiva e inédita de los derechos humanos. La democracia recuperada se impuso entoces dos grandes desafíos, de cuyo cumplimiento dependería incluso de su permanencia y estabilidad: juzgar y castigar a los responsables crímenes para que nunca más se repitieran y garantizar la plena vigencia de los derechos.

 

 Las Madres de Plaza de Mayo es una asociación formada durante el último gobierno militar de la República Argentina con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos, inicialmente, y luego establecer quiénes fueron los responsables de los crímenes de lesa humanidad y promover su enjuiciamiento.
 
El presidente Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983 y luego promovió el juzgamiento de los miembros de las tres primeras juntas por los delitos cometidos durante su gobierno, como resultado del cual cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Al mismo tiempo otros responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad.
 

Ernesto Sábato dandole a Alfonsín el informe Nunca Más de la Comisión Nacional sobre desaparición de Personas (CONADEP).El 15 de marzo de 2006, la ley 26.085 declara al 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en conmemoración al terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso, al cumplirse 30 años del golpe que derrocara a María Estela Martínez de Perón. Se establece como feriado nacional inamovible.

 
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