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Uruguay 1958 -1985



TABLA DE CONTENIDOS

       1.1   EL COLEGIADO (1947-1958)
       1.2   LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y LAS CONSECUENCIAS PARA LA ECONOMÍA URUGUAYA
       1.3   LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL NEOBATLLISMO
       2.1   ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES
       2.2   CRISIS DEL MODELO DIRIGISTA Y PROGRESIVA APERTURA AL MERCADO MUNDIAL
       3.1   ALGUNAS CONSIDERACIONES ECONÓMICAS DEL PERÍODO DICTATORIAL

1-   EL NEOBATLLISMO: ESTATISMO E INDUSTRIALIZACIÓN


1.1   EL COLEGIADO (1947-1958)

Algunas consideraciones

Las elecciones de 1946 resultaron en un nuevo triunfo claro del batllismo, encabezado por el caudillo canario Tomás Berreta. Su joven y ascendente compañero de fórmula era Luis Batlle Berres, sobrino de José Batlle y Ordóñez, quien será la figura política más destacada de esta época. El período iniciado en ese momento va a ser denominado posteriormente “neobatllismo”, ya que si bien tenía continuidades con el primer batllismo mostraba también algunas diferencias claras, provocadas, entre otros factores, por los cambios operados en el escenario internacional y local. La finalización de la segunda guerra mundial mostraba claramente a dos vencedores, Estados Unidos y la Unión Soviética, así como la formación de un sistema bipolar o de bloques, liderados por estas dos naciones y enfrentados en lo que se conocerá como la “guerra fría”. Por otra parte, era clara la decadencia de los imperios coloniales y en especial la del Imperio Británico duramente afectado por la guerra. Su debilidad fue la ocasión de procesos de independencia de las zonas dominadas extraeuropeas (en Asia y luego en África), en el llamado “proceso de descolonización”. La estrecha relación económica de nuestro país con el Imperio Británico nos hizo sentir los efectos de esa decadencia política y económica. Las inversiones de capitales británicos se restringieron, paralizando el mantenimiento y la renovación tecnológica imprescindibles de empresas de servicios como los ferrocarriles, el agua corriente y los tranvías, que van a quedar (aquejados de obsolescencia) disponibles para una nacionalización impuesta. En el plano nacional, la elección para la presidencia de la República de Tomás Berreta y su muerte en el desempeño del cargo en 1947 dio lugar a que Luis Batlle Berres asumiera la presidencia, significando no solo la predominancia del batllismo, sino también la del grupo que él lideraba. El ascenso de Luis Batlle al primer plano de la política nacional representaba la posibilidad de poner en marcha un proyecto político de renovación que lo identificaba a él y a su grupo con algunas de las líneas ideológicas del «primer batllismo»: industrialización, proteccionismo, estatización. Las propuestas del neobatllismo tuvieron una muy buena acogida en los sectores predominantemente urbanos: empresarios nacionales, obreros y el creciente funcionariado público. Al mismo tiempo se enfrentó con la oposición que provenía de importantes sectores vinculados al campo, como el de los grandes y pequeños propietarios rurales y asalariados del campo. El sector de gobierno tuvo alianzas y enfrentamientos dentro del propio Partido Colorado y también, lógicamente, con sus opositores tradicionales, los miembros del Partido Nacional. Es importante destacar que el triunfo electoral de 1950 del grupo gobernante impulsó la propuesta de una nueva reforma constitucional, que tenía como mayor innovación un Poder Ejecutivo colegiado que fue apoyado por los más importantes sectores políticos del país. 

La nueva constitución entró en vigencia en 1952. Asimismo, a mediados de la década del 50, y en directa relación con cambios a nivel mundial y con los problemas económicos crecientes, se advierte una serie de transformaciones. Entre ellas destacamos el crecimiento de la oposición, en especial de la Liga de Acción Ruralista en la voz de Benito Nardone, no identificada en el comienzo con ningún partido político, y que defendía a través de la radio los intereses de los pequeños y medianos productores rurales. Esta oposición se expresó claramente en una dicotomía entre un Estado que debía proteger a la industria o al agro, lo que significaba en términos amplios la discusión sobre la vigencia de distintos modelos de presente y de futuro para el Uruguay. Finalmente en 1958 el Partido Nacional ganó las elecciones nacionales. Esto se produjo en medio de un agitado clima político y social en el que confluían los reclamos de un sindicalismo fuerte y las luchas estudiantiles. Asimismo se procuraba el logro de las nuevas leyes sociales y la consagración de la Ley Orgánica de la Universidad, mientras un Uruguay desconocido hasta entonces comenzaba a asomar en los barrios empobrecidos (los «cantegriles», bautizados en esos años así por ironía).

Uruguay_siglo_XX


 1.2   LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y LAS CONSECUENCIAS EN LA ECONOMÍA URUGUAYA

La Segunda Guerra Mundial cambió notoriamente la situación económica internacional:
·               en primer lugar, produjo la valorización de nuestros productos exportables en los mercados mundiales,
·               en segundo lugar, disminuyó la cantidad de productos industriales que podían exportarnos las economías centrales.
·               redujo la importación de algunos productos que eran esenciales para la industria como el combustible y las maquinarias.
Las condiciones económicas del país tuvieron algunos cambios positivos que
coincidieron con el proceso de salida del terrismo y con la apertura democrática.
Es necesario tener en cuenta que, a pesar de que la guerra había terminado, los
países europeos habían quedado seriamente afectados en su capacidad productiva:
·               Aumento de la explotación triguera y de los cultivos de girasol, arroz, maní, lino, algodón y caña de azúcar. Todos estos cultivos tenían una clara relación con el proceso industrializador. El Estado propició este desarrollo a partir de algunas medidas como la fijación de precios, facilidades para la importación de maquinaria y tipos de cambios favorables.
·               La expansión industrial se vio favorecida entre otros aspectos por:
a) la finalización de la Segunda Guerra que permitió el abastecimiento de productos básicos para  La industria como los combustibles y el acero.
b) la posibilidad de la inversión a partir de las divisas acumuladas durante el período de la guerra a causa de la exportación de productos agropecuarios como la carne y la lana.

1.3   LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL NEOBATLLISMO

La situación de la postguerra era francamente favorable a la economía uruguaya y creaba las condiciones para el desarrollo de una industria sustitutiva de las importaciones de Europa y de Estados Unidos de Norteamérica. De esta manera, durante el neo-batlismo (1947-1958) hubo un importante impulso industrializador, ya que Luis Batlle y su sector político adjudicaban a la industria un importante papel modernizador en el desarrollo del país. Si bien el gobierno apoyó la iniciativa privada se propició un claro intervencionismo del Estado en las actividades económicas a partir de subsidios, es decir, cambios diferenciales que favorecían a los industriales como el control de precios. El Estado fue concebido como el que tenía la misión de intervenir a fin de redistribuir el ingreso. La industrialización de ese período tenía límites importantes que no pudo solucionar. En este sentido, la actividad industrial se dedicaba a procesar materias primas –en general locales– con maquinaria y tecnología importada. La producción nunca dejó de ser de bienes de consumo, y las empresas nacionales, y aún las extranjeras instaladas, nunca aspiraron a abastecer otros mercados que no fueran el nacional, naturalmente muy pequeño. Asimismo, continúa el proceso de crecimiento del Estado; se nacionalizaron los tranvías (AMDET), los ferrocarriles (AFE) y las aguas corrientes (OSE). La estatización de empresas extranjeras de servicios públicos respondía a postulados caros a la tradición batllista. Pero se obtuvo por la vía de canjear empresas descapitalizadas y poco rentables por la deuda que Inglaterra había acumulado con Uruguay durante la II Guerra Mundial, por sus compras de carne y lana.

El crecimiento concomitante del empleo público facilitó compensar la desocupación, aunque creó simultáneamente condiciones favorables para el desarrollo del clientelismo. La política económica del neobatllismo concitó el apoyo de los industriales y fundamentalmente de los sectores sociales medios y bajos urbanos, en tanto tuvo la oposición franca de los sectores agrarios. La oposición, que criticaba el estatismo” y el “industrialismo”, encontró sus representantes naturales en el herrerismo, y un marco organizativo en el “ruralismo”, acaudillado por Benito Nardone y los “ruralistas”. Según el historiador Raúl Jacob (1981) la crítica de los sectores ganaderos, se centraba en las siguientes consideraciones:

·         .La pequeñez del mercado interno, las leyes sociales, los incrementos salariales (obtenidos por los obreros a partir de la creación de los Consejos de Salarios) y la necesidad de materia prima importada determinaban precios altos que no podían competir en los mercados internacionales.

·         La solución del gobierno para proteger a los productos nacionales en el mercado interno consistía en proporcionarles una divisa preferencial para la importación de materia prima necesaria, diferencia que se obtenía reteniendo un porcentaje del valor real de lo obtenido por las exportaciones, lo que afectaba a los productores rurales.

·         Por otra parte, a mediados de los años 50 la economía comenzó a presentar síntomas preocupantes, tales como:

     a) la finalización de la guerra de Corea, que resultó ser la última coyuntura facilitadora de nuestras exportaciones;

     b) el creciente proteccionismo de las naciones industriales, interesadas en ser autosuficientes en cuanto a producción  agropecuaria, que dificultaba la entrada de nuestra producción a esos mercados;

     c) la baja de los precios de materias primas en relación con los productos industriales;

     d) el aumento de la inflación.

2-   LA ROTACIÓN DE LOS PARTIDOS EN EL PODER: NUEVAS ORIENTACIONES DEL PARTIDO NACIONAL (1959-1972) COLEGIALISMO Y PRESIDENCIALISMO (1966-1972)


 2.1   ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES

Este período se caracteriza por:
·         Un panorama internacional dominado por la guerra fría y enfrentamientos preocupantes entre los dos polos de poder;
·         Una agudización de la crisis económica y social en el Uruguay en un crítico contexto latinoamericano;
·         El aumento de la conflictividad social y de las protestas sindicales;
·         Una serie de distintas propuestas políticas en el plano nacional, muchas veces enfrentadas entre sí para salir de ella;
·         La inclusión de los dos períodos del gobierno blanco y la vuelta al poder del Partido Colorado en 1967;
·         Una radicalización en aumento entre una extrema derecha y una extrema izquierda que descreían crecientemente de la democracia formal.
·         Las “novedades” de la guerrilla y la violencia política.
·         Otra reforma constitucional como “remedio” a los males del país.
·         La progresiva inoperancia del Estado y el consecuente descreimiento en los partidos políticos.
·         El debilitamiento de las instituciones ante la desconfianza pública.

 La victoria electoral del Partido Nacional manifestaba el rechazo de la mayoría de la población con la situación existente. Al mismo tiempo mostraba la consolidación de las estructuras democráticas que permitía sin mayores sobresaltos la rotación de los partidos en el poder después de 93 años de gobierno del Partido Colorado. Sin embargo, las desavenencias internas entre el ruralismo y el resto del partido ganador se manifestaron rápidamente. A esto se agregó el impacto por la muerte del líder máximo del herrerismo en abril de 1959: Luis Alberto de Herrera. Al mismo tiempo, a partir de la derrota electoral, el Partido Colorado sufre una serie de transformaciones con la creación de nuevos sublemas como la Unión Colorada y Batllista (que agrupaba los sectores más conservadores) y la lista 99 (con los sectores más jóvenes y progresistas del batllismo). Rápidamente se pudo percibir una serie de cambios que tenían que ver fundamentalmente con la política económica y social, que abandonaba las prácticas proteccionistas del sector industrial y fomentaba en cambio la producción agropecuaria. No obstante, la crisis económica no cedía sino que se agravaba y aumentaba de manera notoria la conflictividad social, tanto en el terreno publico como en el privado. La disconformidad también llegó a los sectores rurales que no vieron colmadas sus expectativas. Y es en este clima donde se produjeron las nuevas elecciones, con el triunfo de otros sectores del Partido Nacional agrupados en 1962 en la UBD (Unión Blanca Democrática), pero con un menor margen que en las anteriores elecciones, lo que redujo sensiblemente su representación parlamentaria. Por otra parte, los llamados «partidos de ideas» o «partidos testimoniales» también sufren transformaciones que van desde lo ideológico hasta la generación de una mayor esperanza electoral. Los partidos de izquierda ensayaron distintas alianzas políticas como las llevadas a cabo por la Unión Nacional y Popular o el Fidel. Mientras tanto, la veterana Unión Cívica experimentaba cambios que llevarían a la fundación del Partido Demócrata Cristiano en 1962, con nuevas ideas y propuestas. La persistencia de la crisis económica agudizó los problemas sociales y estimuló la división en el interior de los partidos tradicionales acerca de cómo enfrentarla. Al mismo tiempo se unificó por primera vez el movimiento sindical con la instauración de la Convención Nacional de Trabajadores del Uruguay. En ese contexto, y con la conmoción además provocada por la muerte de Luis Batlle y de Benito Nardone en 1964, nuevamente se pensó en una solución por la vía de la reforma constitucional, convergiendo en gran parte las críticas hacia el Ejecutivo Colegiado, acusado de inoperancia para solucionar los grandes problemas del país. Dentro de este marco, y en víspera de nuevas elecciones, aparecen cuatro proyectos de reforma constitucional. Las elecciones de 1966 dan como resultado el triunfo del Partido Colorado con la candidatura del General Oscar Gestido como presidente y de Jorge Pacheco como vice presidente. Simultáneamente se aprobó la reforma naranja, presidencialista, que daba al Poder Ejecutivo mayores potestades. Pero la crisis económica y social no cedía y las reacciones del nuevo gobierno se hicieron sentir a partir de la aprobación de las “medidas prontas de seguridad”. Entre ellas, detenciones de dirigentes sindicales y censuras a la prensa, provocando las renuncias de políticos discrepantes a sus cargos de gobierno.

La muerte de Gestido llevó a la Presidencia de la República a Jorge Pacheco y a un recrudecimiento de una política crecientemente autoritaria, que se manifestó en el ataque a grupos políticos de izquierda, censura y cierre de la prensa opositora y la implantación nuevamente de medidas prontas de seguridad. Se podría caracterizar este momento histórico como un período de “radicalización de posiciones”. Por un lado, desde el gobierno -en especial desde el Poder Ejecutivo- se proponían y llevaban a cabo medidas tendientes a la restricción creciente del ejercicio de las libertades individuales. Paralelamente, y en una estrecha interrelación, grupos cada vez más radicalizados de izquierda como el Movimiento de Liberación Nacional, surgido en 1962, proclamaban la lucha armada como única solución. Nacionalismo y Socialismo eran /…/los pilares ideológicos del MLN. Por Nacionalismo se entendía un movimiento orientado a la independencia política y económica y hacia una identidad cultural nacional y regional. Como Socialismo debía entenderse una reestructuración social que suponía una expansión del intervencionismo económico del Estado, planificación centralizada de la producción y una mayor igualdad en la distribución del ingreso. El nacionalismo del MLN se definía “antioligárquico y antiimperialista”. En ese contexto se ubicaba al Uruguay dentro de la “Patria Grande” latinoamericana. Para el MLN la lucha contra el poder de los EE.UU.. sólo podía ser viable en un proceso de unidad latinoamericana. De ahí su estrategia de lucha continental y de solidaridad entre los movimientos revolucionarios de América Latina. En este sentido el MLN se ubicaba en la idea de “crear muchos Vietnam” según la fórmula de Ernesto Guevara. “ (L. Costa Bonino, “Crisis de los partidos tradicionales y movimiento revolucionario en el Uruguay”). La situación era entonces especialmente crítica para el país, provocó nuevas divisiones y alianzas dentro de los partidos políticos representados en el Parlamento, que no pudieron contener la violencia creciente de uno y otro lado. Hubo en este período un deterioro manifiesto de la institucionalidad democrática que había caracterizado al Uruguay en la mayor parte del siglo XX.


En ese contexto radicalizado comenzó una difícil campaña electoral en la que nuevamente se propuso una reforma constitucional que permitiera la reelección inmediata del presidente de la República Pacheco Areco y que tenía como novedad electoral la obligatoriedad del voto. Las elecciones resultaron en el triunfo del Partido Colorado como lema más votado y, dentro de él, el sublema “Unión Colorada y Batllista”, que llevaba como candidato a Juan María Bordaberry, una persona casi sin antecedentes políticos. En tanto, la posibilidad de la reelección no consiguió los votos suficientes. Sin embargo, el candidato más votado, pero no electo debido a la ley de lemas, había sido Wilson

Ferreira Aldunate, perteneciente al Partido Nacional. Éste era uno de los más francos opositores a la política del gobierno, y fue quien denunció, con el apoyo de su partido, maniobras de fraude electoral, pidiendo sin éxito la anulación del escrutinio.

El nuevo período se caracterizó por un aumento de la violencia y de la radicalización de los extremos, con una entrada en escena de las Fuerzas Armadas (setiembre 1971), que encabezaron la lucha contra la guerrilla, a la que desarticularon a lo largo del año 72. En un marco político nacional de franco deterioro de los mecanismos institucionales y democráticos  se produce el golpe de Estado dado por el propio presidente de la República, Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de algunos sectores políticos como la Unión Colorada y Batllista. Se disolvieron las Cámaras y se inició la persecución de todos aquellos que se consideraron enemigos, entre los que se encontraba la casi totalidad de la clase política.

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2.2   CRISIS DEL MODELO DIRIGISTA Y PROGRESIVA APERTURA AL MERCADO MUNDIAL

El triunfo del Partido Nacional en las elecciones de 1958 fue favorecido, entre otros factores, por:
·         la debilidad de la industrialización por sustitución de importaciones,
·         el estancamiento productivo del agro,
·         la difícil situación con relación a las exportaciones agropecuarias,
·         las críticas de la oposición (herrerismo y ruralismo fundamentalmente) a la política proteccionista y dirigista del neobatlismo, y
·         la inflación.

Es importante tener presentes tres factores económicos preocupantes que se relacionaban entre sí:

1. Limitaciones de la industrialización por sustitución de importaciones, dedicada a bienes de consumo, reforzando la dependencia tecnológica respecto a los países centrales -por la importación de máquinas y combustibles- y siendo a su vez impotente para ir más allá del reducido mercado interno.

2. Escasa inversión en la producción agropecuaria e insistencia en el modelo tradicional de explotación extensiva, determinantes de una producción insuficiente.

3. Finalmente, la acumulación privada prefería la especulación financiera o la seguridad de colocaciones fuera del país a las inversiones productivas interna, ya sea agropecuaria o industrial.

La propuesta de la política económica del nacionalismo puede sintetizarse en “La Ley de Reforma Cambiaria y Monetaria” de 1958.

Esta ley establecía:

1) Un nuevo sistema cambiario donde se suprimía el sistema de cambios múltiples y se establecía un sistema de cambio sujeto a la ley de la oferta y la demanda;

2) Eliminación del Contralor de Exportaciones e Importaciones y establecimiento de un régimen de libre importación;

3) Fijación de descuentos a la cantidad de moneda nacional recibida a partir de las ventas al exterior (carne y lana) por los exportadores;

4) Devaluación de la moneda

Por otra parte, siguiendo una tendencia perceptible desde antes de la terminación de la segunda guerra, la economía mundial comienza a tener como base monetaria el dólar (signo claro del poderío de los Estados Unidos de Norteamérica). Al mismo tiempo, surgen organismos internacionales financiadotes de deuda que, paralelamente, imponen condiciones a las políticas económicas nacionales, como -por ejemplo- el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estas condiciones monetarias, cambiarias, fiscales y salariales se dirigen, entre otros objetivos, a evitar el proteccionismo estatal y proponen una liberalización de la economía. 

La situación económica llevó a un creciente endeudamiento externo y a una incapacidad para solucionar los rasgos más inquietantes de una crisis que se prolongaba. En este contexto surgen: por un lado, los primeros intentos de integración regional (ALALC, 1960) y en el segundo gobierno blanco, un diagnóstico sobre la situación del país en los más variados aspectos, que incluía una serie de propuestas orientadas al logro de una planificación integrada: el Informe de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (1963), conocida luego como la CIDE. Pero, factores políticos internos y una situación internacional crítica para el Uruguay impidieron la puesta en práctica de las propuestas de la CIDE y la crisis económica se acentuó. La nueva rotación de partidos y el triunfo del Partido Colorado (noviembre de 1966) hicieron manifiesta una situación económica y social explosiva. Este período -sobre todo durante la presidencia de Jorge Pacheco- se caracterizó por una continuación de la crisis. La inestabilidad económica parecía instalada y se manifestaba, entre otros síntomas, en una inflación permanente -que llegó en 1968 al 182%- y en devaluaciones de la moneda que beneficiaban sobre todo a los sectores exportadores y perjudicaban a los grupos más débiles (empleados, jubilados y pequeños productores). En este contexto se intentó lo que se llamó una “política estabilizadora”, congelando precios y salarios. No obstante, los problemas de la inflación, del desequilibrio entre exportaciones e importaciones, una mayor deuda externa y una capacidad productiva sensiblemente disminuida no estaban solucionados.


3-   PERÍODO AUTORITARIO (1973-1984)


Para abordar el estudio de este período utilizararemos la  periodificación que establece la existencia

de tres etapas, no sólo de la política del gobierno, sino de su relación con las respuestas que la sociedad uruguaya planteó:

1. La “dictadura comisarial” (1973-1976)

2. El “ensayo fundacional” (1976-1980)

3. La “transición democrática” (1980-1985)

Con respecto a la primera etapa es preciso recordar las medidas tomadas por el gobierno dictatorial, prohibiendo la actividad política y sindical, reduciendo a cero la libertad de prensa, persiguiendo, destituyendo de la actividad pública, 

obligando al exilio o apresando a los que consideraba enemigos del régimen. Al mismo tiempo se emplearon medios publicitarios y de prensa para justificar las medidas adoptadas. La dictadura se fue endureciendo aún más durante los años 75-76, cuando se efectuarían supuestamente las elecciones. Por otra parte, en el terreno de las relaciones exteriores este período se caracterizó por un establecimiento de estrechas relaciones con otros regímenes dictatoriales de América Latina, por ejemplo el de Chile. El año 76 mostró en primer lugar un aumento de la represión, y en segundo lugar las crecientes diferencias entre las Fuerzas Armadas y Bordaberry, que terminaron en el relevo de este último el 12 de junio, aplazando asimismo sin fecha las elecciones. Por otra parte, la sociedad uruguaya se vio profundamente conmovida en mayo por el asesinato en Buenos Aires de dos ex legisladores, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
La segunda etapa se caracterizó por un intento de consolidación institucional que ignoraba a la clase política -a la que acusaba de relaciones con la subversión marxista- y proclamaba la necesidad de una “renovación total”. Al mismo tiempo comenzaban los problemas con el gobierno norteamericano y con organismos internacionales que reclamaban por el avasallamiento de los derechos humanos en el país. Una de las fuentes de estos reclamos se debió a la acción de políticos en el exilio como Wilson Ferreira Aldunate. En 1980 el proyecto de reforma constitucional es plebiscitado, acompañado de una gran campaña política a favor y la crítica a los opositores. A pesar de las previsiones, el Sí (42% de los votos) fue derrotado por el No (57,9% de los votos). Las organizaciones sociales, religiosas y sindicales -así como la clase política en su gran mayoría- se habían movilizado en silencio, sorprendiendo profundamente al gobierno militar.

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La tercera etapa estuvo claramente impregnada por el resultado de las urnas. La propuesta militar mostraba un gran desconocimiento de la sociedad uruguaya. Y a pesar de algunos intentos últimos -como la formación de “un partido del proceso”- se iba casi inevitablemente hacia la democracia.

A partir de allí fue fácil percibir una reactivación de la actividad política, sindical y estudiantil que eran imposibles de detener a pesar de las prohibiciones. Al mismo tiempo las Fuerzas Armadas comenzaron a manifestar de una manera más clara sus diferencias internas. Las elecciones internas de los partidos políticos de 1982 fueron una manifestación más de uividad política reactivada en la que nuevamente se pondría a prueba la adhesión o el rechazo de la sociedad uruguaya al régimen imperante. Es necesario recordar que continuaba la proscripción de los partidos de izquierda, a lo que se agregó una campaña dedicada nuevamente a forzar la permanencia de una situación que se deterioraba día a día. Hubo procesamientos y citaciones a líderes políticos de los partidos tradicionales y clausura de órganos de prensa que se consideraban opositores. Pero, nuevamente, la oposición a la dictadura ganó la votación dentro de cada partido tradicional. A lo largo de los años 83 y 84 se produjo una serie de acontecimientos que demostraban claramente la reactivación de la vida política y sindical y un apoyo creciente de la sociedad uruguaya a una salida que permitiera recuperar la democracia perdida.


De cualquier manera, en ese período fueron cada vez más frecuentes los contactos entre políticos y militares en la búsqueda de una “salida pactada”. En ese marco se realizaron las elecciones de noviembre de 1984.

La verdadera transición democrática, según Gerardo Caetano se inició con la asunción de las autoridades constitucionales electas en los recortados comicios de 1984 (con personas y partidos proscriptos). La democratización incluía temas como amnistía para los presos políticos, investigación y  despacho a la justicia sobre la autoría y responsabilidades de las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, restitución o compensación a los funcionarios públicos destituidos, regularización en el funcionamiento de las instituciones.

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En diciembre de 1986 el Parlamento votó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Esta fue objeto de severas acusaciones por parte de la izquierda y sectores minoritarios blancos y colorados que, juzgándola como una ley de impunidad, apoyaron a las organizaciones de derechos humanos y en especial a las de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos para lograr someter la ley aprobada al recurso de referéndum popular. Luego del proceso de junta de firmas, el referendum se concretó en abril de 1989 y dio la victoria a quienes abogaban por la ratificación de la ley: un 55,44% del llamado voto amarillo contra el 42,42% del voto verde.

La ley entregaba la llave de de toda posibilidad de investigación y  búsqueda al Poder Ejecutivo, el que además debía decidir que casos se investigarían y quiénes los llevarían adelante. El entonces presidente Julio María Sanguinetti ratificó su convicción de que la Ley debía significar un “punto final” y que por ello no era conveniente dar ningún paso “riesgoso” en el sentido de la investigación a fondo de lo sucedido, ni aún en la búsqueda de soluciones al tema de los niños desaparecidos. Esta misma postura tuvo Luis Alberto Lacalle y Sanguinetti en su segunda presidencia.

 Jorge Batlle avanza en la búsqueda de la verdad al acordar con Familiares la creación de la Comisión para la Paz . El gobierno de Tabaré Vázquez se  comprometió a continuar con las investigaciones  y ordenó la realización de  excavaciones  en donde según se informara se encontraban enterrados los restos de los detenidos desaparecidos. La justicia,  durante el gobierno de Vázquez,  ha procesado a varios de los militares y civiles comprometidos con la violación de los derechos humanos durante la dictadura..  

Álvaro Rico plantea que a pesar del cambio de régimen, el autoritarismo deja efectos, que la democracia silencia o enmascara de muchas maneras.. No se han borrado las huellas de la dictadura en la memoria colectiva, no sólo por lo traumático de los hechos y la impunidad .  Cualquier reivindicación en democracia sobre la violación de los derechos humanos bajo la dictadura es “tener los ojos en la nuca” o cualquier movilización estudiantil es una “muestra de intolerancia” o cualquier crítica a la democracia institucional puede implicar una “vuelta al pasado” un “retorno a los tiempos oscuros”, al “caos”

3.1   ALGUNAS CONSIDERACIONES ECONÓMICAS DURANTE EL PERÍODO DICTATORIAL

Durante el período de la dictadura (1973-1984) se ensayaron otros modelos con menor intervencionismo estatal y apertura a las importaciones de los mercados mundiales. Se redujo precipitadamente la protección a las industrias nacionales, que debieron aprender a competir libremente por su subsistencia. A partir de 1979 el gobierno ensayó la fijación previa de la evolución del tipo de cambio (la “tablita”), que prontamente llevó a un importante atraso cambiario (distanciamiento entre la evolución oficial del tipo de cambio y la más rápida del tipo estimable en términos de mercado). En definitiva, la política económica resultante se caracterizó por el rigor en la política monetaria y en la insistencia sobre el equilibrio fiscal, al precio de altos costos sociales inmediatos, que se procuraron compensar mediante políticas sociales focalizadas en los sectores más desfavorecidos.

Finalmente, en 1982 el crecimiento del déficit fiscal y el aumento del endeudamiento externo llevó a la ruptura de la “tablita”, con una devaluación que provocó el cierre de empresas y la ruina de aquellos que, confiados en el mantenimiento del tipo de cambio, estaban endeudados en dólares. A partir de esa fecha, con una deuda externa creciente y una deuda interna significativa, siguiendo al FMI en las condiciones que impuso para llegar a un acuerdo, el gobierno decidió aumentar el IVA (Impuesto al valor agregado), eliminar los reintegros a las exportaciones y rebajar los aranceles con una mayor libertad para las importaciones.


 4-   BIBLIOGRAFÍA


Adaptado a partir de:

  • “Historia del Uruguay siglos XIX y XX”. Appratto Carmen y otros. ANEP-CODICEN, Montevideo 2001.
  • 20 años de democracia. Uruguay 1985 -2005: miradas múltiples” Dirigido por Gerardo Caetano
  • “El presente de la dictadura. Estudios y reflexiones a 30 años del golpe de Estado en Uruguay”. Aldo Marchesi-Vania Markarian- Alvaro Rico- Jaime Yaffé compiladores Ed. Trilce, Montevideo 2004.
  • "Manual de Historia del Uruguay 1903 -1990". Benjamín Nahum. Ed. Banda Oriental, Montevideo1999.
  • "El Uruguay de la Dictadura 1973 - 1985". Danilo Astori y otros. Ed. Banda Oriental, Montevideo 1996.
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