La economía del crecimiento y del bienestar

"El combate por la igualdad y la educación es el que ha permitido el desarrollo económico y el progreso humano, y no la sacralización de la propiedad, la estabilidad y la desigualdad. El relato hiperdesigualitario que se ha impuesto desde los años 1980-1990 (...) es el fruto de la ignorancia y de la fragmentación del conocimiento".

Thomas Piketty, 2019.

"El hecho de que el PIB de EE.UU. aumente pero la esperanza de vida disminuya dice algo que no se obtiene de los números del PIB."

Joseph E. Stiglitz, 2020

"El PIB aumenta, pero sus componentes cambian. Se trata cada vez más de reparar los daños ambientales o de reemplazar los servicios gratuitos que obteníamos de la Tierra."

Dennis Meadows, 2022

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1. Las mediciones del crecimiento económico, el bienestar y la desigualdad

2. Los desequilibrios mundiales

3. Las teorías del crecimiento

4. Las vías del bienestar equitativo y sostenible

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1. Las mediciones del crecimiento económico, el bienestar y la desigualdad

El crecimiento económico

El gran salto en la capacidad productiva de las sociedades humanas desde 1870 hizo que la producción mundial se multiplicara por 21,5 veces entre esa fecha y 2010 (DeLong, 2022), mientras entre 2010 y 2024 lo hizo en un 64% adicional, de acuerdo a los datos del Banco Mundial. No obstante, los países de ingresos bajos han registrando un crecimiento del ingreso por habitante prácticamente nulo desde 2010, mientras muchos países de ingresos medios enfrentan un cambio demográfico que los expone al riesgo de envejecer antes de haber podido alcanzar mayores niveles de producción, a la vez que diversos países de ingresos altos presentan un bajo crecimiento debido a una gran deuda financiera y a un bajo aumento de la productividad. Esto mantiene debates recurrentes sobre el crecimiento económico, sus causas y sus perspectivas. En todo caso, analizando la etapa de mayor crecimiento, el de la posguerra en el siglo XX, Paul Krugman (2025) se preguntó: "¿qué salió bien?".  Y su respuesta es que "nadie lo sabe con certeza", habida cuenta de las persistentes controversias sobre las causas últimas del crecimiento acelerado.

DeLong propone una periodización de la historia económica de las sociedades humanas asociada a un stock acumulativo de la capacidad de organizar conocimiento útil y convertirlo en producción, el índice H. Este incluye la ciencia aplicada, la ingeniería, la organización productiva, las instituciones, la educación y las redes de difusión del conocimiento. No solo importan los modos de producción, sino también los de distribución, comunicación, dominación y legitimación. Distingue las sociedades de caza y recolección originadas hace unos 50 mil años (H = 0.03), las que inician la agricultura hace unos 10 mil años (H = 0.065), las de las sociedades agrarias y de dominación de la antigüedad hace 2,5 mil a 1,5 mil años (H = 0.2), y de la edad media desde los años 500 a 1500 de nuestra era, con las específicamente feudales hacia 1200 (H = 0.35), las de la primera globalización comercial-imperial desde los años 1500 hasta entrado fines del siglo XVIII (H = 0.65). Luego distingue las fases de conformación del capitalismo industrial a partir de Europa y su posterior transformación en economía mundial, con la mecanización en base al vapor en el siglo previo a 1870 (H = 1), la de las ciencias aplicadas que se amplía hacia 1920 (H = 3), la de producción de masa en líneas de montaje industrial (H = 7) y la de cadenas de valor globalizadas desde 2000 (H = 15), culminando en la etapa actual de biotecnologías, tecnologías de la información y automatización acelerada mediante robots e inteligencia artificial. A partir de 1870 el progreso tecnológico alcanzó un nivel que permitió un sustancial salto productivo y las capacidades tecnológicas humanas se duplicaron en cada generación. 

Una medición que aproxima la evolución de la productividad es la de la producción por hora trabajada. Pero este proceso no es lineal. Se ha producido desde la primera revolución industrial un aumento sostenido de esta relación, con variaciones significativas entre regiones, períodos y sectores. La producción por hora trabajada aumentó aproximadamente 23 veces entre 1800 y 2025, pero se mantienen diferencias significativas: la productividad por hora es 14-15 veces  menor en el África subsahariana que en Estados Unidos, Suecia, Alemania o Francia (Andreescu et al., 2025). Esta dinámica se encuentra cruzada por la interacción entre centros y periferias y por las desigualdades al interior de las sociedades. Las estructuras vigentes de producción y distribución de bienes y servicios no han logrado sino parcialmente grados suficientes de equidad y sostenibilidad en las diferentes sociedades, a pesar de los enormes incrementos de productividad desde la revolución industrial. 

En los últimos dos siglos, las horas de trabajo promedio han caído en un tercio, pasando de unas 3,2 mil horas anuales (equivalentes a unas 60-65 horas semanales) a alrededor de 2,1 mil (unas 40 horas semanales), también con grandes variaciones según las regiones. Aproximadamente entre el 35 % y el 40 % del aumento de la productividad se utilizó para reducir las horas de trabajo y obtener más tiempo libre, y entre el 60 % y el 65 % para aumentar la producción. Los sindicatos y los partidos políticos de clase trabajadora desempeñaron un papel en la reducción de la jornada laboral a través de movilizaciones colectivas, cambios institucionales y transformaciones en las normas sociales.

Recientemente, la tecnología digital incorpora la inteligencia artificial y los robots a múltiples procesos productivos automatizados de bienes materiales y de prestación de servicios, pero en un contexto de persistencia y en diversos casos de ampliación de las desigualdades de riqueza e ingresos, junto al deterioro de los ecosistemas y de la biosfera, con diversos límites planetarios crecientemente sobrepasados por la actividad humana (Rockström et al, 2023). Esto se vincula a los modos de producción, distribución y de consumo, especialmente de los grupos de más altos ingresos y riqueza, pues existe un nexo entre desigualdad e impactos en el medio ambiente. De acuerdo a las estimaciones reseñadas por Esther Duflo (2024): 

"un estadounidense en el 10 % más rico de los Estados Unidos emite 122 veces más que un africano en la parte más pobre de África. Es una diferencia enorme. Otro dato permite resumir todo esto: el 10 % de la población mundial es responsable del 50 % del total de las emisiones cada año. A la inversa, el 50 % de la población mundial, los emisores más pequeños que también son los más pobres, emite solo el 10 % de las emisiones totales".

A estas conclusiones se llega utilizando mediciones del crecimiento de la producción económica, concebida como la suma del aumento de la fuerza laboral y de sus capacidades, de los equipamientos productivos y del crecimiento de la productividad, es decir de la producción por hora trabajada, en el contexto de especializaciones que determinan diversos tipos de inserción en el sistema mundial. Esto tiene múltiples factores determinantes, que están al alcance de los gobiernos de modo limitado e infrecuentemente simultáneo, sin perjuicio de que sea recomendable que hagan lo que esté a su alcance en cada etapa, reconociendo que nadie sabe exactamente cómo lograr grandes aceleraciones inmediatas del crecimiento y, por tanto, sin basar sus planes económicos en la suposición de que sus políticas preferidas -y sus escuelas inspiradoras- producirán milagros, lo que los hechos suelen desmentir con frecuencia. 

Desde la Segunda Guerra Mundial, se generalizó la Contabilidad Nacional que cuantifica diversos agregados a escala de cada nación. El Producto Interno Bruto (PIB) es la medida estándar del valor agregado generado mediante la producción de bienes y servicios en un país durante un período determinado. El valor agregado es el valor de mercado de los bienes y servicios menos el valor de mercado de los insumos utilizados en su producción por los residentes en una economía, lo que se calcula a través de coeficientes técnicos de uso de insumos en los principales sectores de producción, en matrices de insumo-producto calculadas cada cierto número de años, más todo impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos. 

El PIB contabiliza los flujos económicos de valor agregado, descontando del valor bruto de producción los consumos intermedios, tanto de la producción mercantil de bienes y servicios, al valor de las transacciones efectivas a precios de mercado, como de la provisión de servicios públicos como educación, salud, defensa, justicia y administración pública que no se venden en el mercado. El sistema de cuentas nacionales (según el marco del SCN 2008 de la ONU) los mide por el valor del gasto presupuestario.

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El Producto Interior Bruto y sus identidades contables

 PIB = Suma del Valor Agregado

= Suma del Valor Bruto de Producción - Consumos Intermedios

= Ingresos Salariales + Ingresos del Capital

= Consumo + Inversión + Gasto de Gobierno + Exportaciones Netas de Importaciones

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El PIB es equivalente a la suma de los ingresos o rentas primarias distribuidas por y en las unidades de producción mercantil, es decir el total de los salarios, rentas y utilidades. El PIB también mide el monto total gastado en bienes y servicios finales (menos las importaciones): alguien compra lo que se produce (la diferencia constituye una variación de existencias, consideradas una inversión). La demanda agregada es equivalente a la suma total del gasto de los consumidores, los inversores y el gobierno, más el saldo neto de exportaciones e importaciones. 

El PIB nominal se calcula en la moneda nacional de los países (también llamado PIB a precios corrientes o PIB en valor). Este indicador es menos adecuado para comparaciones a lo largo del tiempo, ya que su evolución no solo refleja el crecimiento de las cantidades producidas, sino también cambios en los precios y en las paridades de poder de compra. El cálculo del PIB real permite hacer comparaciones en el tiempo, para lo que se utiliza el método del "valor real encadenado del PIB" como forma de medir la actividad económica eliminando el efecto de las variaciones de los precios (inflación o deflación). Es un método de cálculo de volumen en el que se eligen precios de un año base para valorizar todo el PIB de la serie corregido de las fluctuaciones del nivel general de precios. El cálculo requiere actualizar la canasta de bienes y su importancia relativa, pues nuevos productos ganan peso y otros lo disminuyen. Se ajusta año a año, usando precios del año en curso y del anterior, la variación de precios y el aumento de cantidades y se “encadena” así los índices de volumen de un período al siguiente para reflejar la composición actualizada del PIB. Periódicamente se elige un nuevo año base para mantener los precios razonablemente cercanos al período actual para reflejar así los cambios en la estructura de consumo y producción y evitar que los precios del año base queden obsoletos y distorsionen la medida del crecimiento real del PIB. El valor real encadenado del PIB es, entonces, uno “ajustado por volumen” que usa un procedimiento de precios móviles. Así, en la medición del PIB en términos de volumen o real (excluyendo el impacto de la inflación), el Sistema de Cuentas Nacionales recomienda producir estimaciones basadas en índices de volumen encadenados anualmente. La mayoría de los países cubiertos en el informe elaboran estimaciones anuales del PIB real utilizando índices de volumen encadenados actualizando cada año los precios usados para medir los índices de volumen. Estados Unidos y Canadá utilizan índices Fisher encadenados, mientras que otros países de la OCDE usan índices Laspeyres encadenados. Sin embargo, México y Sudáfrica producen actualmente índices de volumen de base fija (es decir, miden los índices de volumen a precios de un período fijo dado), con un año base que se actualiza con menor frecuencia.

El PIB es una medición útil para evaluar la actividad económica, pero tiene diversas limitaciones:

• No considera el consumo del capital fijo en los procesos de la producción (al hacerlo se obtiene el Producto Interno Neto, calculado con poca frecuencia por los países). 

• No incluye el trabajo doméstico y de cuidado de carácter no mercantil: según la OIT (2019), el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado equivale a 9% del PIB mundial si se valora con el salario mínimo y hasta 23% del PIB mundial si se valora con el salario promedio de los trabajadores de servicios de cuidados. El 76% de las horas diarias de trabajo no remunerado lo realizan mujeres. 

• No incluye las actividades informales, que el Banco Mundial (en su Informal Economy Database) estima en cerca del 30% del PIB mundial. En América Latina se estima en 15% en Chile, 33% en Brasil y 55% en Bolivia, por ejemplo. 

• No evalúa completamente el valor agregado por la actividad pública, que solo se contabiliza como gasto y no por su aporte al bienestar. 

• No considera el deterioro climático provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero ni la pérdida de recursos naturales resultante de la reducción de los espacios naturales y de la degradación de la biodiversidad y de la resiliencia de los ecosistemas, fenómenos de difícil cuantificación, aunque algunas países realizan ejercicios de vuentas nacionales verdes, en términos de disminución del "capital natural" para obtener beneficios económicos inmediatos a expensas de la prosperidad futura. 

• No evalúa completamente los consumos digitales pues el PIB no incluye el acceso a servicios no pagados a través de la red de internet. El valor registrado en internet solo incluye el costo de los servidores, los sueldos de empleados y los ingresos publicitarios, por lo que un factor de preocupación es la valorización de la economía digital. Desde las búsquedas en Google a los datos de Wikipedia, muchos servicios digitales tienen un impacto económico, pero no cuentan con precios de mercado directos. Como resultado, el PIB subestima su valor, por lo que se discute distintos enfoques, aún no consolidados para cerrar esa brecha,  desde estimar el valor de la atención dedicada a los anuncios asociados hasta encuestar a las personas sobre su disposición a pagar por estos servicios. Su valor económico es estimado en del orden de 6% del PIB (Brynjolfsson et al., 2023). La aparición de nuevos servicios digitales, la creciente escala de interacciones entre pares a través de plataformas digitales intermediarias y el desarrollo de servicios “gratuitos” que difuminan la distinción entre consumidores y productores son solo algunos ejemplos de los desafíos que enfrentan actualmente los contadores nacionales. Además, los ciclos de vida más cortos de los productos TIC agravan desafíos de larga data relativos a la distinción entre movimientos de precios y aumentos de calidad (Aeberhardt et al., 2020[7]).

Para hacer comparaciones internacionales se convierte en dólares utilizando tasas de paridad del poder adquisitivo para eliminar las diferencias de precios entre países para los mismos bienes y servicios. El "PIB a PPA" se expresa en dólares estadounidenses y en dólares estadounidenses per cápita en valor actual o en dólares constantes descontando la inflación. Así, para comparar el valor agregado de la producción de los países no basta con calcularla a los precios vigentes del mercado y convertirlo a dólares u otra moneda de amplio uso, ya que con una misma suma de divisas se puede comprar en distintos países un volumen físico de bienes y servicios superior (o inferior) al que se puede comprar en otros, mientras las variaciones del tipo de cambio inciden en la medición. 

Así, el Producto Interno Bruto (PIB) es una medida ampliamente utilizada de la producción en la elaboración de indicadores de productividad al medir el valor de los bienes y servicios producidos durante un período determinado en una economía nacional, menos el valor de los consumos intermedios utilizados en el proceso de producción. Como los países miden el PIB en sus propias monedas, para comparar estas estimaciones deben convertirse a una moneda común. Esta conversión suele hacerse utilizando tipos de cambio nominales, pero estos pueden ofrecer una comparación engañosa del verdadero volumen de bienes y servicios producidos entre países. Un mejor enfoque es utilizar las Paridades de Poder Adquisitivo (PPA), que son convertidores de moneda que corrigen las diferencias de niveles de precios entre países y permiten comparaciones internacionales del volumen del PIB y del tamaño de las economías.

El Ingreso Nacional Bruto (o Producto Nacional Bruto) es el PIB más los ingresos primarios provenientes del exterior (remesas de trabajadores e ingresos del capital) descontando los ingresos primarios enviados al exterior. Representa el ingreso agregado de una economía generada por su producción y su propiedad de factores de producción, menos los ingresos pagados por el uso de factores de producción del que es dueño el resto del mundo. Este INB se ajusta por los términos del intercambio, es decir por la relación de precios que refleja la capacidad de compra de bienes importados por los bienes exportados. 

En las últimas décadas, la globalización ha llevado a una fragmentación de los procesos productivos entre países. En algunos casos, las cuentas nacionales registran la producción en el país donde se localizan los productos de propiedad intelectual (PPI), y no en el país donde la producción se realiza físicamente (por ejemplo, en el caso de la manufactura por contrato). Esto puede crear una desconexión entre el PIB y los factores de producción, así como cambios en el PIB debidos a la relocalización de PPI de un país a otro. La diferencia entre el PIB y el INB depende, por otro lado, de dónde estén ubicadas las casas matrices. Si una filial se establece en un centro de inversión pero la sede central permanece en el extranjero, los beneficios trasladados a esa filial se imputan de vuelta al país de la empresa matriz, y el INB no se ve afectado. En cambio, si la sede central se instala en el centro de inversión donde los beneficios se inflan artificialmente, no se produce esa imputación. En ese caso, el INB se mantiene cercano al PIB, a menos que esos beneficios sean efectivamente transferidos al exterior mediante el pago de dividendos, lo que entonces reduciría el INB.

Además, parte del ingreso generado por los PPI puede terminar transfiriéndose al exterior; por ejemplo, cuando filiales de empresas multinacionales mantienen estos activos en sus balances y transfieren las ganancias relacionadas a sus casas matrices. Estos arreglos pueden contribuir a una divergencia creciente entre el PIB y el Ingreso Nacional Bruto (INB), ya que el INB incorpora los flujos transfronterizos de rentas de la propiedad. El Sistema de Cuentas Nacionales 2025 destaca explícitamente cómo estas relocalizaciones de PPI pueden modificar indicadores macroeconómicos como el PIB y el INB al desconectar la propiedad económica de la producción física. 

Algunos casos llevan a discutir sobre las problemas metodológicos de estas clasificaciones. Por ejemplo, en 2023 el PIB per cápita de Malasia (un país representativo de los cinco de la ASEAN) fue de $12,570 en dólares corrientes, quedando por debajo del umbral de ingresos altos definido por el Banco Mundial. Sin embargo, ajustado por paridad de poder adquisitivo (PPA), su PIB per cápita representaba el 45,5% del nivel de Estados Unidos, reflejando estándares de vida que sitúan a esta nación en una condición de nivel de vida relativamente alto. En contraste, Chile está clasificado como una economía de ingresos altos por el Banco Mundial, con un PIB per cápita de $16,816 en 2023, pero su ingreso ajustado por PPA alcanzaba solo al 36% del nivel estadounidense. Las cifras basadas en PPA ofrecen una medida más confiable de los estándares de vida reales. Bajo el sistema actual, Malasia sigue siendo clasificado por el Banco Mundial como un país de ingresos medios a pesar de tener estándares de vida más altos que Chile. El uso de Paridades de Poder Adquisitivo en lugar de tipos de cambio nominales para convertir el PIB a dólares estadounidenses reduce la brecha entre la mayoría de los países y Estados Unidos. En 2023, la conversión por PPA más que duplicó el valor del PIB en dólares de Colombia, Hungría y Polonia, y casi lo triplicó en Turquía. En cambio, Islandia y Suiza registraron valores del PIB en dólares ligeramente menores al usar PPA, con diferencias de menos del 5 % en comparación con los tipos de cambio nominales.

Cuando se utilizan PPA para convertir el PIB de los países a una moneda común, Estados Unidos representó la mayor participación del PIB total de la OCDE en 2023, concentrando más de un tercio de la producción combinada de todos los países miembros. Le siguieron Japón, Alemania, Francia, el Reino Unido, Corea, México y Canadá. Los 19 países restantes de la OCDE aportaron conjuntamente casi una cuarta parte del PIB total de la organización. Cuando se utilizan tipos de cambio nominales, la clasificación de los países y su participación en el PIB total de la OCDE se mantienen en términos generales consistentes con los resultados obtenidos con PPA. Estados Unidos, Japón y Alemania conservan de manera sistemática los tres primeros lugares, independientemente del método de conversión. Sin embargo, se producen algunos cambios en la clasificación: Alemania y Japón intercambian el segundo y el tercer lugar, mientras que el Reino Unido y Francia se alternan entre el cuarto y el quinto puesto, según se usen PPA o tipos de cambio nominales.

El nivel de PIB por habitante en Alemania era en 2023 un 86% del de Estados Unidos, es decir, casi un 14% menor que el promedio estadounidense; sin embargo, la productividad alemana, con 97%, casi iguala a la estadounidense. Así, la brecha de productividad explica solo un poco más de una quinta parte de la brecha de PIB en el caso de Alemania. El PIB por habitante francés es un 27% menor que el de Estados Unidos, pero la productividad francesa es solo ligeramente inferior a la alemana. Por lo tanto, la brecha de productividad explica menos de un tercio de la brecha de PIB en el caso de Francia. Las comparaciones directas del PIB por habitante deben considerar también las de productividad laboral. Aunque Europa tiene un PIB por habitante menor que el de Estados Unidos, su productividad laboral es relativamente cercana a la estadounidense. Los estadounidenses tomaban parte de las ganancias derivadas del crecimiento de la productividad en forma de jornadas laborales más cortas. Pero ese proceso se detuvo aproximadamente después de 1970. Los europeos toman más vacaciones y trabajan menos horas al año. Eso implica un PIB por habitante más bajo, pero con el beneficio de disponer de más tiempo personal. En suma, el menor PIB por habitante de Europa puede verse en gran medida no como un problema, sino como la elección de dedicar menos tiempo al trabajo. Los europeos son tan competentes como los estadounidenses para producir bienes y servicios, pero con menores ingresos monetarios porque han tomado decisiones diferentes sobre cómo usar su tiempo. No se debe concluir que los europeos tienen un nivel de vida inferior al de los estadounidenses cuando en realidad han hecho elecciones distintas. Las economías de la Unión Europea y de Estados Unidos producen combinaciones distintas de bienes. Estados Unidos domina las industrias de tecnología de la información, las que han registrado un crecimiento de la productividad mucho mayor que otras ramas. Y esta diferencia en la composición de la producción provoca diferencias en el crecimiento del PIB real que no se reflejan en tendencias demasiado distintas de los niveles de vida. Un rápido progreso tecnológico en un sector en el que el un país o región es dominante, conduce a un crecimiento más rápido. Si ese sector es de naturaleza competitiva, los consumidores de otros países o regiones también se beneficiarán si existe el nivel de ingreso y de sofisticación productiva necesarios para comprar y utilizar la tecnología, más que producirla. Esto explica por qué la divergencia entre Europa y Estados Unidos en el crecimiento del PIB no ha ido acompañada de una divergencia en los niveles de vida.

La productividad laboral es el indicador de productividad que se calcula con mayor frecuencia. Representa el volumen de producción generado por unidad de insumo de trabajo. La relación entre producción e insumo laboral depende en gran medida de la presencia de otros insumos, como el capital físico (edificaciones, maquinaria, equipamientos y vehículos de transporte) y los activos intangibles utilizados en la producción (productos de propiedad intelectual), así como de la eficiencia técnica y organizacional. El concepto pertinente para medir el insumo laboral es el de horas efectivamente trabajadas, en contraposición a horas pagadas, horas contractuales u horas habituales trabajadas. Las horas efectivamente trabajadas reflejan las horas normales trabajadas por los trabajadores a tiempo completo y parcial, las horas extraordinarias pagadas y no pagadas, y las horas trabajadas en empleos adicionales, excluyendo el tiempo no trabajado por días festivos, vacaciones anuales pagadas, licencias por enfermedad, licencias de maternidad, huelgas, mal tiempo y condiciones económicas. Las variaciones en los patrones de tiempo de trabajo (como el empleo a tiempo parcial o completo) y en la legislación laboral (como las horas legales de trabajo) entre países y a lo largo del tiempo afectan la comparabilidad de las cifras totales de empleo. Sin embargo, el número de personas empleadas suele utilizarse como una variable aproximada del insumo laboral, particularmente cuando no se dispone de datos sobre el total de horas trabajadas. 

En la mayoría de los países, las medidas de productividad laboral basadas en el PIB y en el INB son similares, ya que los flujos transfronterizos de ingresos son relativamente pequeños o tienden a compensarse entre sí. Sin embargo, en países como Irlanda y Luxemburgo surgen diferencias significativas debido a los ingresos generados en el exterior, especialmente por empresas multinacionales. En esos casos, las medidas basadas en el INB ofrecen una representación más exacta de la productividad nacional. Las medidas de productividad laboral basadas en el Valor Agregado Bruto (VAB) arrojan valores inferiores a las basadas en el PIB, porque excluyen los impuestos y subsidios sobre los productos. En conjunto, las medidas basadas en el VAB siguen generalmente una distribución que refleja la de las métricas basadas en el PIB.

Los activos intangibles desempeñan un papel importante en el crecimiento económico y la productividad. Esto plantea desafíos de medición relacionados con el posible registro de la producción en el lugar donde se encuentran los productos de propiedad intelectual, y no donde la producción se realiza físicamente. Además, los productos de propiedad intelectual pueden dar lugar a grandes transferencias de ingresos entre los países donde están registrados —a menudo por razones fiscales, como jurisdicciones de baja tributación— y aquellos donde residen sus propietarios finales. Esto puede traducirse en una brecha significativa entre el PIB y el INB (Ingreso Nacional Bruto). En esos casos, las medidas de productividad laboral basadas en el INB son más significativas que las basadas en el PIB. El Sistema de Cuentas Nacionales de 2025 otorga mayor relevancia a los activos intangibles al clasificar los datos como activos productivos dentro de una nueva categoría denominada “datos y bases de datos”, además de proporcionar definiciones estadísticas de servicios en la nube, inteligencia artificial y plataformas digitales. 

Existen grandes disparidades en los niveles de productividad laboral entre los países. Medida como PIB por hora trabajada en términos de PPA, la productividad laboral promedio en los países de la OCDE fue de alrededor de 70 dólares por hora en 2023. Las economías con mejor desempeño registraron niveles de productividad laboral cercanos al doble del promedio de la OCDE, mientras que las situadas en el extremo inferior rondaban un tercio del promedio. La diferencia es menos marcada cuando se utiliza el INB por hora trabajada, que refleja mejor el papel de las empresas multinacionales. En términos de disparidad, la relación entre la productividad laboral máxima y mínima muestra que los países más productivos de la OCDE necesitaron, en promedio, siete veces menos trabajo para producir la misma cantidad que el país menos productivo. Desde 2000, la mayoría de los países con productividad laboral por debajo del promedio de la OCDE ha reducido esa brecha. Sin embargo, Israel, Japón y Grecia experimentaron caídas en su productividad relativa, alejándose del promedio de la OCDE. Entre los países que inicialmente tenían una productividad superior al promedio, la mayoría se acercó al promedio de la OCDE, con la excepción de Irlanda e Islandia, donde la productividad aumentó por encima del promedio.

La medición de la desigualdad y de la pobreza

Usualmente se mide la desigualdad a partir de las estimaciones de los ingresos de los hogares o el ingreso promedio por persona miembro del hogar que se registran en encuestas. Estas son la base de recolección de la información para diagnosticar los niveles de ingreso y sus perfiles distributivos, pero presentan dificultades de subdeclaración, especialmente de los ingresos más altos, mientras en ocasiones los diversos organismos y autores que las utilizan mantienen diferencias de criterios en la armonización con las cuentas nacionales, la imputación de la propiedad de vivienda como un flujo de ingresos o en la valoración de los consumos de los diferentes tipos de miembros del hogar, lo que da lugar a estimaciones con algunas diferencias. A partir de las encuestas de ingresos se calcula el coeficiente de Gini como indicador de concentración más usual. Este está basado en la comparación de las proporciones acumuladas de la población o los hogares con las proporciones acumuladas del ingreso que reciben, de rango 0 para una perfecta igualdad entre todos los componentes de la población hasta 1 en caso de concentración del ingreso total en un solo individuo o familia. 

Un panorama de la desigualdad al interior de un grupo de países con encuestas metodológicamente homogenerizadas es realizado por la OCDE. Con datos entre 2017 y 2023, el coeficiente de Gini del ingreso disponible más elevado es el de 0.62 para Sudáfrica. En una posición intermedia se sitúan Chile y Brasil, con un coeficiente de 0.45, mientras es de 0.40 en México y Estados Unidos. Este coeficiente baja a niveles de 0.30 en países europeos como Francia y Alemania y a menos de 0.26 en Dinamarca y cuatro países de Europa Central

No obstante, el coeficiente de Gini da lugar a una cifra de desigualdad de ingresos que no refleja necesariamente lo que ocurre entre los grupos polares de ingresos. Con un mismo valor de este coeficiente, la relación entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población puede variar por un factor de 12, o bien el ingreso del 1% más rico por un factor superior a 16 (Osberg, 2017). Por ejemplo, si el 50% de la población no tiene ingresos y la otra mitad tiene individualmente los mismos ingresos, el coeficiente de Gini será de 0,5. Se encontrará el mismo resultado con una distribución menos desigual, por ejemplo con un 75% de la población que obtiene el 25% de los ingresos de manera igualitaria y con el 25% restante de la población que obtiene del mismo modo el 75% restante del ingreso. Así, el coeficiente de Gini no diferencia entre una desigualdad entre los bajos ingresos y una desigualdad entre los altos ingresos. 

Por ello se recurre a coeficientes entre grupos a partir de las encuestas de ingresos que determinan la participación de fractiles en el total. El índice de Palma (2016) registra la relación de ingresos promedio del 10% más rico y del 40% de menos ingresos, a partir de la observación según la cual se produce una participación relativamente estable en el ingreso total del 50% intermedio de la distribución en la mayoría de los países del mundo que realizan encuestas de ingresos de los hogares. Una igualdad de los ingresos promedio del 10% y del 40% da lugar a un coeficiente de 0.25, mientras los aumentos hacia valores superiores reflejan una desigualdad creciente de ingresos entre estos grupos de la distribución. El índice de Palma, también medido para un grupo de países por la OCDE, muestra un registro de 1,8 en Estados Unidos, mientras catorce países europeos presentaron uno igual o inferior a uno, siendo Eslovaquia el país menos desigual con un índice de Palma de 0,7. Siempre según los datos de la OCDE, con un mismo coeficiente de Gini, Grecia tiene un índice de Palma de 1.2 y Bélgica uno de 0.9, mientras en la misma situación México tiene un índice de Palma de 1.9 y Estados Unidos uno de 1.8. A su vez, con un mismo índice de Palma, Grecia tiene un Gini de 0.26 y Corea del Sur uno de 0.32. 

Por su parte, el Banco Mundial publica también el dato de concentración del ingreso en el 10% más rico para todos los países con encuestas de ingreso o de consumo. 

La medición de desigualdad más amplia en esta lógica es la realizada por los autores que han inspirado el World Inequality Lab, como Thomas Piketty. Utilizan el criterio de concentración del ingreso antes de impuestos en el 1% y el 10% más rico de la distribución y según la relación de ingresos promedio del 10% más rico y del 50% de menos ingresos. Para ello buscan subsanar la subdeclaración de estos estratos en las encuestas y recurren a los datos de distribución de los pagos de impuesto a la renta de los distintos países en que están disponibles y los combina con los extraídos de las encuestas nacionales de ingresos y las cuentas nacionales. Asimismo, se ha introducido recientemente la idea de calcular "cuentas nacionales distributivas", para medir a quién beneficia el crecimiento del ingreso nacional —el PIB menos la depreciación del capital más los ingresos netos desde el exterior, es decir, la suma del ingreso del trabajo y del capital de los residentes— por niveles de ingreso y género, lo que enriquece sustancialmente la formulación original del PIB. Thomas Piketty, Emmanuel Saez y Gabriel Zucman (2018) estimaron para Estados Unidos que en la etapa de aceleración de la globalización desde 1980 (y hasta 2014), el ingreso nacional real antes de impuestos promedio por adulto se incrementó en 60%, pero se estancó para el 50% de menores ingresos, creció en cerca de 40% para la clase media (los adultos entre la mediana y el percentil 90) y aumentó sustancialmente en la parte alta de la distribución, es decir, en 121% para el 10%, en 204% para el 1% y en 636% para el 0.001% de más altos ingresos. El trabajo de los independientes, por su parte, es remunerado de modo aún más desigual que el de los asalariados, lo que también ha contribuido a incrementar la desigualdad global de ingresos.

A su vez, el Banco Mundial define desde 2013 la existencia de una "prosperidad compartida" cuando se produce un crecimiento de los ingresos del 40% más pobre y una prima de prosperidad compartida como la diferencia en las tasas de crecimiento entre el 40% más pobre y el promedio de la población. La edición de 2024 de la Base de Datos Global de Prosperidad Compartida incluye 88 economías, es decir al 56% de la población mundial, permite afirmar que hay países con una "prima de desigualdad" en su reciente evolución, pues el 40% de menos ingresos ha visto que los suyos crecen menos que el aumento total de los ingresos. Entre los de más altos ingresos se cuenta en la regresión a Australia, Suiza, Finlandia, Luxemburgo, Malta, Noruega y Suecia, aunque sus niveles de desigualdad son relativamente bajos. Entre los de menos ingresos y más desiguales destaca la regresión distributiva del 40% en Colombia, Jamaica y El Salvador en América Latina y Gambia en África, continente en el que hay pocos datos. Entre los países que han experimentado una progresión distributiva reciente significativa para el 40% de menos ingresos destacan Filipinas, Georgia, Montenegro, Serbia, República Dominicana, Bolivia y Perú (y con menor intensidad Brasil, Chile, México y Paraguay), y en Africa países como Benin, Burkina Faso, Malawi, Niger, Togo y Zambia.

Para apreciar las relaciones de género en cada país, existe el índice compuesto de desigualdad de género (entre 0 y 1, que pondera indicadores de salud, de disparidad de ingresos y de representación política) que confecciona el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Cuando se incluye el trabajo doméstico no remunerado, la brecha salarial de género por hora es mucho mayor de lo que indican las medidas convencionales. Según esta definición, la brecha salarial de género alcanza entre el 40 % y el 50 % en los países ricos, frente al 10 %-20 % que reflejan las estimaciones convencionales (Bothe et al., 2025).

A pesar de la amplia mejoría general de las condiciones de vida en el último siglo y medio, la distribución del ingreso es en lo que va de siglo XXI más desigual que en 1870 (DeLong, 2022). Según los datos de la World Inequality Data Base, la participación en el ingreso total del 10 % más rico a nivel global ha oscilado entre el 50 % y el 60 % entre 1820 y 2020, mientras la del 50 % más pobre se ha mantenido entre el 5 % y el 10 %, es decir el mismo orden de magnitud que la participación del 0,1 % más rico. La participación del 50 % más pobre creció de aproximadamente el 6 % en 1980 al 8 % en 2023. Las primeras dos décadas del siglo XXI fueron testigos de un cierto aumento en la participación en el ingreso global del 50 % inferior y del 40 % medio debido a la convergencia de ingresos nacionales, en especial por el auge de China e India (Chancel y Piketty, 2021). Para la mayoría de los grupos entre el 50 % más pobre y el 1 % más rico, se ha producido un crecimiento de su participación, pero comparativamente lenta, reflejando las modestas ganancias de ingresos de la mayoría de los trabajadores en Europa y América del Norte. 

De acuerdo al World Inequality Report (2022), un individuo adulto promedio ganaba en el mundo, a paridad de poder de compra, unos 23,4 mil dólares al año en 2021. El 1 % más rico de la población mundial percibía alrededor del 19 % del ingreso total antes de impuestos. En promedio un individuo perteneciente al 1 % más rico ganaba más de cien veces el ingreso promedio de un individuo del 50 % más pobre. El 10% de mayores ingresos se llevaba el 52% de los ingresos globales. Un individuo perteneciente al 10% más alto de la distribución del ingreso mundial ganaba unos 122,1 mil dólares al año, mientras uno perteneciente al 50% de menos ingresos ganaba en promedio solo unos 3,9 mil dólares al año. El 10% más rico de la población mundial concentraba, a su vez, el 76% de toda la riqueza mundial, mientras la mitad más pobre poseía solo el 8,5% de esa riqueza. La región más desigual, medida por la participación del 10% más rico en el ingreso total, es la del Medio Oriente y África del Norte, seguida del África Subsahariana, de América Latina y del Este y Sudeste de Asia. La menos desigual es Europa, con América del Norte en una posición intermedia. 

Según reseña el informe de la comisión Stiglitz para el G20 (2025), a nivel mundial el 83% de los países presentan una alta desigualdad de ingresos, utilizando la definición del Banco Mundial de “alta desigualdad” como un coeficiente de Gini superior a 0.4 en la escala de 0 a 1. Estos países representan el 90% de la población. La desigualdad de ingresos entre todos los individuos del mundo ha disminuido desde el año 2000, debido en gran medida al desarrollo económico de China. Sin embargo, sigue siendo muy elevada, con un coeficiente de Gini de 0.61. La desigualdad de riqueza es mucho mayor que la desigualdad de ingresos. Entre 2000 y 2024, el 1% más rico acaparó el 41% de toda la nueva riqueza generada en el mundo, en contraste con solo el 1% captado por la mitad más pobre de la humanidad. El 1% más rico ha visto aumentar su riqueza promedio en 1,3 millones de dólares desde el año 2000, mientras que una persona perteneciente a la mitad más pobre de la humanidad vio aumentar su riqueza en un promedio de 585 dólares en el mismo período (en dólares constantes de 2024). 

La ampliación de la desigualdad dentro de los países ha contrarrestado en gran medida el impacto de la convergencia entre países. Ha aumentado considerablemente tanto en el mundo anglosajón como en Rusia, China e India, mientras se ha mantenido en niveles elevados en las regiones más desiguales del mundo, especialmente en Sudáfrica, Brasil y Medio Oriente, según los datos de World Inequality Data Base. Se presentan en la actualidad dos fuerzas subyacentes que explican los incrementos de la desigualdad en los tiempos de la globalización posteriores a 1980. La primera es la explosión de los muy altos ingresos del capital y la segunda el aumento de la desigualdad salarial (los salarios representan la mayor parte del ingreso de los hogares en los adultos en edad activa) por el fuerte incremento de la remuneración de los altos ejecutivos de las  grandes empresas, muchas veces remunerados según el resultado de corto plazo en la obtención de utilidades y de valor para el accionista. Los asalariados de mayor calificación se han beneficiado más de los cambios tecnológicos y de la organización productiva que los de baja calificación. Las reformas regulatorias tendientes al aumento de la competencia y a la flexibilización de los mercados de trabajo, incluyendo la ampliación del trabajo parcial y de los horarios adaptables, han aumentado la productividad e insertado más personas en el empleo (especialmente mujeres y trabajadores de bajos salarios), pero con el resultado de una mayor desigualdad salarial.  

A su vez, la pobreza no debiera reducirse a un umbral de acceso a una suma abstracta de “utilidad” o a un valor unívoco medible en términos de ingresos monetarios per cápita, ni tampoco a una línea de ingresos a partir de la cual, una vez sobrepasada, se lograría la “superación de la pobreza”. Una mejor evaluación es la de la construcción reciente de índices de "pobreza multidimensional", que miden las carencias  de los hogares al margen de los ingresos monetarios. En todo caso, las mediciones de pobreza y extrema pobreza monetaria o multidimensional llevan a resultados altamente variables según los criterios escogidos y los umbrales establecidos, por lo que su utilidad es más bien la de permitir comparaciones entre países y su evolución en el tiempo.

Aunque existen infinitas definiciones y controversias, se puede considerar que la diferencia entre pobreza y ausencia de ella debe evaluarse en concordancia con la existencia o no de capacidades humanas para lograr funcionamientos valiosos para los individuos y la sociedad. En palabras de Amartya Sen (2002), 

"algunos funcionamientos son muy elementales como estar nutrido adecuadamente, tener buena salud, etc., y a todos éstos podemos darles evaluaciones altas, por razones obvias. Otros pueden ser más complejos, pero seguir siendo ampliamente apreciados como para alcanzar la autodignidad o integrarse socialmente. […] Podemos avanzar mucho con un número relativamente pequeño de funcionamientos centralmente importantes y de las capacidades básicas correspondientes (por ejemplo, la habilidad para estar bien nutrido y tener buena vivienda, la posibilidad de escapar de la morbilidad evitable y de la mortalidad prematura, y así sucesivamente). En otros contextos, que incluyen problemas más generales del desarrollo económico, la lista puede ser mucho más larga y diversa. Es preciso hacer elecciones al delinear los funcionamientos importantes".

Los recursos de uso individual y familiar incluyen la alimentación y los servicios de vivienda, salud y educación que determinan —junto con la calidad de los lazos de pertenencia familiar y comunitaria (especialmente la seguridad en el ambiente de crianza de los niños y niñas)— la continuidad de los procesos vitales y tienen como sustrato los ingresos monetarios autónomos (o, en su caso, los subsidios) y los suministros en especie que permiten el acceso a su consumo. Las capacidades individuales también dependen del estado de salud y del grado de exposición a desigualdades injustas en la posición social o a discriminaciones de género, étnicas o de orientación sexual, así como de la percepción subjetiva sobre la vida personal y familiar, y de la capacidad de influir en las decisiones comunitarias, políticas y administrativas. Y también dependen de la disponibilidad de bienes públicos, que incluyen tanto la seguridad y la justicia como los equipamientos de los hábitats urbanos y rurales, las infraestructuras productivas y el acceso al conocimiento y la cultura. Y también depende de la preservación y ampliación de los bienes comunes, es decir de aquellos que la sociedad determina que no deben circunscribirse a la esfera privada o de intercambios mercantiles, como una parte importante de los espacios naturales, los servicios ecosistémicos, los servicios sociales (educación, atención de salud, ingresos básicos y de reemplazo, empleos sociales, pensiones), la cultura y el arte. 

Las elecciones colectivas inciden en la consagración institucional o no del derecho a la integridad, al ejercicio de libertades civiles y políticas, a la seguridad personal y a la seguridad económica básica, que dependen en importante medida de reglas y prácticas de convivencia y reciprocidad y de la suficiencia y distribución equitativa de los recursos políticos, culturales, ecológicos y económicos disponibles en las sociedades, cuya apropiación y uso son individuales en unos casos y colectivos en otros. 

Las evaluaciones del desarrollo y del bienestar

El desarrollo ha sido considerado convencionalmente como equivalente al crecimiento de la producción y de las condiciones de vida material de la población. La economía del desarrollo ha tenido como principal objeto el estudio del crecimiento de la producción a lo largo del tiempo y los factores que conducen a su maximización promedio por habitante en los espacios nacionales, así como el proceso que disminuye brechas entre los territorios más rezagados en el Producto Interno Bruto por habitante con los países de mayor expansión productiva acumulada y más altos ingresos. 

Este campo ha sido enriquecido por diversas escuelas y autores que ponen el acento en las dinámicas de la historia global y en las relaciones de poder entre centros y periferias en el sistema mundial, que son las que determinan la situación comparativa de las economías nacionales o bien entre categorías sociales a su interior. Otras prestan atención preferente al estudio de las diferentes fuentes del bienestar humano y su potencial de incremento y de distribución equitativa en las sociedades, así como más recientemente los impactos en los ecosistemas y en los límites planetarios de la actividad humana. 

Una definición de desarrollo que no se circunscribe al crecimiento de la producción es la que lo considera como un proceso de mejoramiento del bienestar agregado en escala local o nacional y a la vez de inclusión de la población peor situada en la escala distributiva según determinados criterios de justicia, acompañado de la minimización de los impactos productivos y del hábitat en los ecosistemas. Se ocupa de la efectividad en el logro de las metas que las sociedades se proponen alcanzar -como las de innovación, resiliencia y equidad- y no solo de su eficiencia en la asignación de recursos, como ha sido la preocupación primordial de la microeconomía convencional (Janeway, 2025). Por su parte, para Lan Pritchett (2026) el desarrollo "es un término genérico para una dinámica en la que algo se convierte en una versión más plenamente realizada de lo que ontológicamente es" y debe entenderse en el ámbito de las naciones como un proceso compuesto al menos por cuatro elementos: (i) el país alcanza una economía más productiva; (ii) el país desarrolla una administración más capaz (en el sentido de que las organizaciones orientadas al propósito público adquieren mayores capacidades); (iii) el país logra procesos políticos que hacen que quienes ejercen el poder del Estado son más sensibles a las necesidades/deseos/aspiraciones de sus ciudadanos y (iv) el país se convierte en una identidad normativamente más amplia para sus ciudadanos que la pertenencia familiar, a clanes o tribus y establece un trato igualitario por parte del Estado hacia sus ciudadanos más firmemente incorporado en la vida cotidiana. Este autor concluye que: 

"Los cuatro son procesos intrínsecamente colectivos, que pueden estar influenciados por individuos, pero que no son reductibles a ellos...Este proceso cuádruple de “desarrollo nacional” se consideraba normativamente justificado porque estaba estrechamente conectado, en términos causales, con mejores resultados de bienestar subjetivamente evaluado (y también de medidas objetivas de bienestar) para los ciudadanos del país más desarrollado. Así, las medidas ontológicamente individualizadas o a nivel de hogar del bienestar (ingreso, acceso a saneamiento, nivel educativo) eran la consecuencia causal, el resultado endógeno, del desarrollo nacional."

Si se deja de lado la idea de desarrollo como expansión permanente e ilimitada de la producción de bienes sin consideraciones sociales ni ambientales, y si se reemplaza por la noción de logro y preservación de grados suficientes de bienestar individual y colectivo, con componentes materiales y componentes culturales, sociales y de vínculo con la naturaleza, entonces un indicador, como el PIB por habitante y sus componentes no logrará ser un cuadro de evaluación de políticas para obtenerlos y preservarlos. Las metas de avance de los países en su situación económica, social, distributiva y ambiental no pueden ni deben reducirse a un conjunto de indicadores cuantitativos, aunque la recopilación pertinente y sistemática de datos contribuya al diagnóstico e interpretación de esa situación. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 sintetizó la aspiración de construir sociedades en las que puedan erradicarse las violencias, explotaciones y discriminaciones y atenuarse las desigualdades de género y de ingreso y riqueza. Otros instrumentos y acuerdos internacionales procuran contener los impactos en los ecosistemas resultantes del funcionamiento depredador de los agentes maximizadores de su interés particular en los mercados y, en su caso, restringirlos o sustituirlos en diversos ámbitos de la producción y distribución de bienes económicos para hacer posible el acceso universal a condiciones de vida humanamente dignas y ambientalmente resilientes. 

Desde fines del siglo XX se ha extendido considerar el desarrollo como un concepto más amplio que el de crecimiento del PIB, de la productividad del trabajo o de la productividad total de los factores de producción. El desarrollo de las sociedades humanas se entiende más frecuentemente como un proceso de creación sistémica de condiciones de bienestar en las vidas autodeterminadas de sus miembros adultos y de protección familiar y social de la niñez y adolescencia, en condiciones de equidad social y de género para una prosperidad compartida y ambientalmente sostenible. Una estrategia de desarrollo debe procurar maximizar el bienestar equitativo y sostenible de los miembros de la sociedad, es decir de las actuales y futuras generaciones. 

Una definición amplia del bienestar se remite a las condiciones de vida, necesariamente multidimensionales, que permiten aproximarse a una convivencia no violenta, cooperativa y respetuosa de la diversidad en la sociedad. Una de sus condiciones es el acceso general a condiciones materiales de vida que permiten evitar las privaciones dañinas para la condición humana, manteniendo la resiliencia de los ecosistemas en los que se desenvuelve territorialmente la vida individual y social (Martner et.al, 2020). Esta definición se sitúa en el horizonte de la emancipación de la condición humana de relaciones de coerción ilegítima, de desigualdad y subordinación material injustas, de discriminaciones arbitrarias y de prácticas productivas y sociales depredadoras de la naturaleza. Se trata de un horizonte de logros que incluye el progresivo acceso a bienes y servicios necesarios para una vida humana digna en condiciones de resiliencia ecosistémica. 

Tiene poco sentido restringir la idea del desarrollo de un país a alcanzar un cierto nivel de Producto Interno Bruto por habitante o de Ingreso Nacional Bruto por habitante (el promedio de los países de más altos ingresos o el de Estados Unidos, por ejemplo) y en función de ese parámetro establecer las brechas a colmar. De acuerdo a la teoría convencional del crecimiento de los factores de producción y su azarosa descomposición en trabajo, capital y residuo tecnológico, los mecanismos principales para alcanzar el mencionado fin, y la correspondiente reducción de la brecha de PIB por habitante existente, serían privilegiadamente la promoción de la expansión de las relaciones de mercado, suponiendo que pudiesen funcionar de manera competitiva, para obtener el incremento del capital físico y la mayor calificación del trabajo y así aumentar la “productividad total de los factores” por habitante con la ayuda de correcciones públicas a las fallas de mercado. 

Algunos autores proponen abandonar la noción de desarrollo si esta se remite a la expansión ilimitada de la producción de bienes y servicios y a la idea de que más es mejor. Edgar Morin (2011) sostiene que «el núcleo de esta palabra es de naturaleza tecno-económica», en base «al modelo de las naciones llamadas desarrolladas». A su juicio, debe reemplazarse por una «política de civilización» que trascienda los aspectos productivos cuantitativos. Otros autores definen el bienestar como un horizonte en el que todos los seres humanos llegan a poseer un igual derecho a beneficiarse de la vida que valoran, siguiendo a Amartya Sen (1999), o como aquel que lleva a vivir bien una vida buena, en la formulación de Ronald Dworkin (2016), o bien a lo que Paul Ricœur (1990) llamó una vida buena, con y para los otros, en instituciones justas. Estos horizontes suponen “la salida del hombre del estado de tutela”, según la expresión de Kant en 1784.

El informe de la Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi de 2009 recalcó que el producto interno bruto es una medida del rendimiento económico que ignora tanto el deterioro climático provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero como la pérdida de recursos naturales resultante de la reducción de los espacios naturales y de la degradación de la biodiversidad. El PIB no tiene en cuenta la destrucción de valor cuando los países disminuyen su "capital natural" para obtener beneficios económicos inmediatos a expensas de la prosperidad futura. Por ello, desde la década de 1980 se ha procurado realizar el cálculo de un PIB Verde que busca reflejar el impacto de las actividades económicas en el medio ambiente. A partir del Producto Interno Neto (PIN), que se obtiene restando del PIB la depreciación de activos producidos como maquinaria y edificios, se deduce el costo del agotamiento de los recursos naturales y la degradación de los ecosistemas valorados monetariamente. Medir este costo es materia de controversia, pues muchos servicios ecosistémicos (polinización, regulación climática, biodiversidad) son difíciles de cuantificar con un precio de mercado, mientras el uso de “precios sombra” o "estimaciones contingentes" requiere supuestos inciertos y muchas veces arbitrarios y puede generar resultados poco comparables. A su vez, el cálculo del PIB verde no siempre logra considerar los efectos irreversibles por cambios drásticos, como  la deforestación masiva, la pérdida de acuíferos y la pérdida de biodiversidad. Por ello diversos economistas cuestionan la medición de activos que consideran no cuantificables y que se reduzca la naturaleza a un “capital natural” equivalente al resto de activos, cuando muchos valores ecológicos y culturales son invaluables y considera la distribución de los costos ambientales entre generaciones y grupos sociales (Passet, 1979; Dapgusta, 2022). 

Esto supone seguir concibiendo indicadores económicos que consideren estos efectos. Esto ha llevado a diversos países a poner en marcha "cuadros de mando" destinados a reflejar mejor las consecuencias ambientales y de bienestar del crecimiento, mientras se ha alimentado una controversia en torno al tema de un "decrecimiento" para preservar los ecosistemas y la biosfera. Si bien este término expresa un rechazo al consumo no funcional y al desperdicio de recursos, no propone una medida del rendimiento económico que indique a qué debería dedicarse la asignación de los avances de productividad en un régimen de decrecimiento. Es un concepto usualmente sin metas cuantificadas y cuya capacidad de atracción se ve mermada por las demandas de mejoras de poder adquisitivo y de acceso al empleo que siguen dominando en la esfera pública en las sociedades. Como señala Jean Pisani-Ferry (2025), 

"es legítimo que exista un enfrentamiento entre los defensores del crecimiento y los partidarios de la preservación del medio ambiente. Pero lo que nuestras democracias necesitan es que la controversia esté iluminada por una medida objetiva de las consecuencias de las opciones que proponen unos y otros. Los «crecientes» se verían obligados a asumir las secuelas de sus elecciones sobre el entorno, y los «decrecientes» a reconocer el costo económico de las políticas que promueven".

En efecto, el PIB, desarrollado en la década de 1940, es una medida basada en flujos diseñada para capturar la producción de mercado durante un periodo determinado, pero no da cuenta de la sostenibilidad a largo plazo del proceso económico. El desarrollo de futuros indicadores estará probablemente basado en el patrimonio, considerando el capital físico (las infraestructuras y máquinas y equipos), las capacidades humanas (en especial educación y salud) junto al patrimonio natural (la biodiversidad y la estabilidad climática) y el capital intangible (datos, investigación y propiedad intelectual). Un enfoque basado en existencias reflejaría mejor cómo cambia la capacidad económica a lo largo del tiempo, proporcionando a los responsables de la política gubernamental una visión más clara de si una economía está construyendo o agotando su potencial productivo, con indicadores que permitan evaluar mejor el rendimiento económico de cada país. Siguiendo a Thomas Piketty (2021): 

"El producto interior bruto debe ser sustituido por la noción de renta nacional (lo que implica deducir todo el consumo de capital, incluyendo el capital natural), mientras el foco de atención debe estar en cómo se distribuye y no en los promedios, y estos indicadores de renta (indispensables para construir una norma colectiva de justicia) deben complementarse con indicadores ambientales adecuados (en particular en lo que respecta a las emisiones de carbono)". 

Expertos en contabilidad nacional (Larrieu & Roux, 2024) han comenzado a tener en cuenta los daños climáticos al medir el rendimiento económico mediante correcciones al Producto Interior Neto (PIN), un indicador que, a diferencia del PIB, incorpora la degradación de equipos y edificios a lo largo del tiempo. Una vez ajustado por los daños causados por los desarreglos climáticos, estimaciones para Francia en 2023 registraron un valor 4,1 % inferior al PIN habitual, e incluso un 5,5 % menor si se tienen en cuenta los efectos de la degradación del clima en la salud y la mortalidad. Para un país que reduce sus emisiones, la progresión anual del PIN ajustado (o PINA) supera la del PIN no ajustado. En 2023, por ejemplo, la subida del PINA de Francia fue 0,3 puntos superior a la del PIN. La marcada reducción de las emisiones registrada ese año revalorizó notablemente el crecimiento medido por este indicador.

Estos cálculos deben tomarse siempre con cautela, pues la monetización de los daños climáticos se basa en una estimación del costo de la tonelada de carbono emitida, que puede realizarse de dos maneras. Una consiste en estimar el «costo social del carbono», es decir, el valor actualizado de los daños que la colectividad sufrirá en el futuro debido a las emisiones. Esta metodología sitúa ese costo en 172 euros por tonelada en 2022. La otra es la «valoración de la acción climática», calculada a partir de los objetivos de reducción de emisiones: determina el nivel al que habría que fijar el precio del carbono para alcanzar, sin otros instrumentos, la meta de reducción de emisiones que se haya fijado el país, lo que eleva esa estimación hasta 256 euros por tonelada en 2025. Estas dos estimaciones descansan en elecciones metodológicas diferentes, pero la brecha entre ambos enfoques se ha reducido mucho desde las polémicas de hace veinte años sobre el tema. Como no hace depender el rendimiento de un país de las ambiciones que se haya fijado, el enfoque por coste social del carbono es más objetivo y facilita mejor las comparaciones internacionales. Estos trabajos exploratorios señalan la senda a seguir para elaborar, en un futuro próximo, una medida del rendimiento económico adecuada a un mundo en el que los deterioros del medio ambiente ya no pueden ignorarse, lo que debe ser una prioridad para la estadística pública.

La medición del bienestar individual y colectivo, inevitablemente parcial pues nunca podrá considerar plenamente sus fundamentales componentes cualitativos, debe incluir más indicadores. Los indicadores sintéticos multidimensionales son aquellos que integran diversas dimensiones más allá del valor monetario de la producción o de los ingresos. El más conocido es la versión básica del Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que desde 1990 pondera por tercios el Ingreso Nacional Bruto (el cual corrige el PIB por los flujos de ingresos de residentes y no residentes y los términos del intercambio), los años promedio y esperados de educación, y la esperanza de vida al nacer de la población. 

Una cuantificación con esta orientación es realizada mediante el Índice de Desarrollo Humano, que considera el Ingreso Nacional (el PIB corregido por las variaciones de los ingresos netos de los factores, es decir el capital y el trabajo) junto a otras magnitudes promedio como la esperanza de vida y los años de escolaridad, y más recientemente los niveles de desigualdad en esos indicadores y la carga sobre los ecosistemas. Desde la tradición neoclásica se enfatiza, en todo caso, la existencia de una alta correlación estadística entre estos indicadores de bienestar y el PIB por habitante, no obstante los cambios de posición de unos y otros países en la lista del Índice de Desarrollo Humano del PNUD según se van considerando variables sociales, distributivas y ambientales. Con la información disponible de los órganos de Naciones Unidas, se puede construir, además, cuadros de evaluación sintética de la situación social que privilegia indicadores de resultado y algunos de cobertura. Junto con incluir la esperanza de vida al nacer como expresión de la situación sanitaria de la población como componente clave del bienestar, incorpora la mortalidad infantil como un indicador directo de carencias de acceso a capacidades básicas de satisfacción de necesidades y a la atención de salud. Es ilustrativo incluir mediciones de pobreza monetaria o multidimensional, no obstante las distorsiones que provocan las diversas convenciones utilizadas, las que llevan a resultados altamente variables según los criterios escogidos. Cabe considerar, además, los años esperados de educación de niños/niñas y jóvenes, o indicadores de resultados de aprendizaje, como los que compila el Banco Mundial en su Índice de Capital Humano; el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan, como indicador de exclusión, y la tasa de homicidios, como indicador de criminalidad, además de la cobertura de las pensiones. 

Otro esfuerzo más reciente y más amplio, pero con menos cobertura de países, es el realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que ha construido indicadores monetarios y no monetarios de bienestar para evaluar las brechas sociales y ambientales y las políticas llamadas a reducirlas en áreas específicas, a través del Índice de Vida mejor como medición del bienestar para 40 países. Este instrumento sigue la investigación de Stiglitz, Fitoussi y Sen (2013), que identificó dimensiones clave a considerar: estándar material, salud, educación, actividades personales (incluido el trabajo), voz política y gobernanza, conexiones sociales y relaciones, medio ambiente e inseguridad. La OCDE incluye en su indicador 11 temas que identificó como esenciales para el bienestar, incluyendo tanto las condiciones materiales de vida (empleo, ingresos, vivienda) como elementos de la calidad de vida (comunidad, educación, equilibrio laboral-personal, medio ambiente, participación ciudadana, salud, satisfacción ante la vida y seguridad). Cada tema, que incluye diversos indicadores específicos, se puede ponderar según la importancia que cada cual otorga a cada uno de ellos, mientras en cada indicador se puede comparar los resultados para hombres y mujeres, y según el estatus social y económico.  

La OCDE recalca que es posible, además, seguir la huella del bienestar de la población con indicadores de coyuntura, los que calcula para sus países miembros, como el ingreso neto disponible real de los hogares, las transferencias netas de efectivo a los hogares, el gasto real de los hogares en consumo, la confianza del consumidor, la tasa de ahorro de los hogares, el nivel de endeudamiento de los hogares, el patrimonio neto financiero, la tasa de desempleo y la tasa de subutilización laboral.

Cabe también considerar indicadores de evaluación de la situación ambiental de los países, utilizando datos recogidos por Naciones Unidas como el porcentaje en la generación final de energía de las fuentes renovables (convencionales, como la hidroelectricidad tradicional, y no convencionales, como las solares, eólicas y geotérmicas), las emisiones de dióxido de carbono por habitante y la cobertura del suelo total por bosques y su tasa de variación desde 1990. Es ilustrativo utilizar el indicador de biocapacidad (en hectáreas generales, que mide la capacidad biológica del área cubierta por cada país con coeficientes de conversión según el tipo de territorio divididas por  la población) y otro de “huella ecológica”, que mide el uso de los recursos para satisfacer los consumos y absorber los residuos, confeccionado por el Global Footprint Network (2022). 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2023) calcula actualmente un índice de "carga ambiental" por país. Ajusta el Índice de Desarrollo Humano estándar según el nivel de emisiones de dióxido de carbono y el consumo de materiales (per cápita en ambos casos). En los países situados en el extremo inferior de la escala del desarrollo humano, el impacto de este ajuste es generalmente reducido. En los países con desarrollo humano alto y muy alto, dicho impacto tiende a alcanzar niveles elevados, reflejando una pérdida de desarrollo humano y las diferentes vías a través de las que sus trayectorias de progreso afectan al planeta. 

Otro esfuerzo importante es el Índice de Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, inspirado por Jeffrey Sachs y otros (2024), que desde 2016 toma las metas establecidas por la Organización de las Naciones Unidas con 39 indicadores y las brechas de cada país respecto de ellas. Tanto los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de 2000, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de 2015, tienen un cierto valor para evaluar las brechas en relación con determinadas metas y entre países en cada una de las dimensiones planteadas. Pero al considerar dimensiones muy disímiles con igual ponderación, su valor analítico, más allá de trazos gruesos, termina siendo escaso. Son, además, de escasa utilidad para los mecanismos internacionales de ayuda si dan lugar a elegir metas por separado y luego aplicar condicionalidades a nivel de proyectos. Más allá de aportes puntuales, no pueden funcionar independientemente del contexto de progreso o ausencia de él en el desarrollo nacional en sus interacciones de conjunto en lo productivo, de gobernanza y trato a los ciudadanos, de calidad de vida mayoritaria y de resiliencia de los ecosistemas. 

2. Los desequilibrios mundiales

La pobreza, el hambre y el desempleo 

La pobreza, medida a través de la ausencia de acceso a un umbral de cobertura de necesidades de subistencia, y el hambre, medido como insuficiencia de acceso a umbrales diarios de calorías y proteinas y otros nutrientes indispensables para la vida humana sana, no se explican en el mundo actual por la falta de recursos para alimentar a la población y cubrir sus necesidades principales, sino por la estructura distributiva que resulta de una elevada concentración de la propiedad y de las capacidades de obtención de ingresos de las distintas categorías sociales en escala local, nacional y global.

Más allá de los ingresos promedio por habitante de las naciones, con excepción de los grupos dominantes minoritarios, la mayoría de la población vivió desde la aparición de la agricultura hasta el siglo XIX en niveles cercanos a la subsistencia y con una elevada mortalidad, con esperanzas de vida inferiores a los 30 años. Un 80% era extremadamente pobre hacia 1820, según el criterio de pobreza de ingresos monetarios contemporáneos (OCDE, 2021). La pobreza retrocedió en las etapas finales del siglo XX y en lo que va de siglo XXI en casi todo el mundo, especialmente en Asia, hasta alcanzar hoy del orden de un 10% promedio, en contraste con el 43% en 1990 y el 19% en 2010, según la metodología del Banco Mundial consistente en calcular a través de encuestas umbrales de ingreso o de consumo del hogar (per cápita) necesarios para adquirir bienes de subsistencia (para no morir de hambre pero sin poder cubrir transporte, vestuario, energía, conectividad o salud básica). Una redistribución para asegurar ingresos básicos a todos es hoy día de una escala factible. Para que todas las personas cuyos ingresos están bajo la línea internacional actual de pobreza del Banco Mundial -US$ 3 diarios por persona, en dólares internacionales de 2021 a paridad de poder adquisitivo- se debiera redistribuir aproximadamente entre 230 mil a 280 mil millones de dólares al año, un 0,13% del PIB mundial.

En 2024, unos 839 millones de personas son pobres monetarios en el mundo al disponer de menos de los mencionados 3 dólares al día, a paridad de poder adquisitivo. Esta cifra refleja un incremento desde la pandemia en la pobreza extrema en regiones como el África subsahariana y en las zonas de conflicto (ver World Bank Blogs). Pese a avances significativos durante varias décadas, la reducción de la pobreza extrema se ha estancado o incluso retrocedido en algunos lugares luego de la pandemia de COVID-19 y ante choques económicos y climáticos. La pobreza extrema por ingresos sigue siendo persistentemente elevada en África oriental y meridional, mientras le sigue la del Medio Oriente y Norte de África.

De acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP, 2025), si se considera un criterio no monetario de pobreza multidimensional (privaciones simultáneas en nutrición, mortalidad infantil, años de escolaridad y asistencia escolar, combustible para cocinar, saneamiento, agua potable, electricidad, adecuación de la vivienda y equipamiento), un 17,5% de la población en 109 países para los que existe el cálculo vive en una situación de pobreza aguda, unos 1.100 millones de personas de un total de 6.300 millones, de los cuales más de la mitad son niños. Aproximadamente el 83% de las personas pobres por condiciones vive en el África subsahariana (565 millones) y en Asia del Sur (390 millones). Las zonas rurales concentran el 83,5 % de las personas en pobreza multidimensional (958 millones), a pesar de que solo representan el 54,9 % de la población total. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otras agencias de la ONU, se estima que alrededor de 673 millones de personas en el mundo padecieron hambre en 2024, un 8% de la población global, menos que el 15% prevaleciente en el año 2000 pero mayor que el 7,1% de 2017. El progreso observado se debe a una mejora notable en Asia sudoriental y Asia meridional, consecuencia de los nuevos datos de la India, y en América del Sur. Esta tendencia positiva contrasta con el persistente aumento del hambre en la mayoría de las subregiones de África y en Asia occidental. Las perspectivas de alcanzar el objetivo de Naciones Unidas de Hambre Cero para el año 2030 son desalentadoras. Unos 42 países enfrentaban en 2024 niveles alarmantes o graves de hambre, según el Global Hunger Index. La proporción de la población varía de modo importante según los paises, incluso en el caso de países de PIB por habitante similares, y está determinada no solo por la capacidad de producción sino también por la desigualdad estructural de ingresos entre categorías sociales, la intensidad de las políticas gubernamentales contra el hambre y la existencia o no de conflictos bélicos, lo que alimenta corrientes migratorias recurrentes. Se presentan, simultáneamente, problemas de despilfarro de recursos en diversos consumos no funcionales, incluyendo una elevada pérdida de alimentos: cada año un tercio de la producción mundial de alimentos para consumo humano se pierde o se desperdicia y casi el 30% de la tierra agrícola del mundo se utiliza para producir alimentos que nunca serán consumidos. 

Adicionalmente, según la Organización Internacional del Trabajo, el déficit mundial de empleos se situó en unos 400 millones de personas en 2024. El déficit de empleos incluye a unos 186 millones de personas oficialmente desempleadas, 137 millones que forman parte de una fuerza laboral potencial, principalmente trabajadores 'desalentados', y 79 millones que desearían trabajar, pero no pueden hacerlo debido a sus obligaciones de cuidado. En 2014-2024 el PIB mundial aumentó en un 33%, a pesar de la recesión causada por la pandemia de COVID-19, con un mayor crecimiento en Asia. Sin embargo, el empleo mundial creció en un 13% durante el mismo período. Hubo pocos indicios de que esto se tradujera en mejores empleos, mayores ingresos o mejoras significativas en el nivel de vida. Además, los empleos informales —con la inseguridad, malos tratos y bajos salarios que conllevan— aumentaron a un ritmo más rápido que el empleo formal. Más de 2 mil millones de trabajadores en el mundo tenían un empleo informal en 2024, lo que equivale a casi el 60%. Esta entidad subraya que en muchas economías se transgrede las normas del trabajo decente y que en muchos casos su remuneración es inferior a mínimos que la economía puede sostener. Un trabajo remunerado no es equivalente en muchas ramas y territorios a condiciones de trabajo decentes o a un ingreso suficiente para vivir más allá de umbrales de pobreza para muchos de los más de 3 mil millones de ocupados en el mundo. Cuando el trabajo asalariado es la única fuente de ingresos -o la principal de ellas- y se realiza en condiciones contractuales precarias, las personas activas se ven obligadas a aceptar trabajos mal remunerados y con poco o ningún acceso a la protección social y a los derechos laborales. En 2024, siempre según la Organización Internacional del Trabajo, un 7% ganaba menos que el umbral de la pobreza extrema según las mediciones estándar. Según los trabajos de Guy Standing (2013), la flexibilización de las normas del trabajo asalariado ha llevado a una marginalidad social que se traduce en la emergencia de una clase social que denomina "precariado". 

La convergencia o divergencia del ingreso promedio entre países

Existe convergencia o divergencia económica si la brecha de productividad entre países o grupos de países se acorta o aumenta. Se debe distinguir entre la convergencia entre países, en la que los más pobres crecen más rápido, la convergencia en la que disminuye la dispersión de ingresos y la convergencia entre países/regiones con características análogas. 

Según los cálculos de Lant Pritchett (1997), la diferencia entre el país de gran tamaño más rico y todos los demás se incrementó entre 1870 y 1990. Ravikumar, Chinagorom-Abiakalam y Smaldone (2024) calcularon el cociente entre el Producto Interno Bruto per cápita (ver su definición y medición más abajo) del resto del mundo y el de Estados Unidos, denominado PIB per cápita relativo, hasta 2010. Entre 1960 y 1999 (con 110 países a partir de Penn World Tables) se produjo un proceso de divergencia, pues el país más rico (Estados Unidos) creció más rápido. En ese período el ingreso per cápita promedio del resto del mundo se mantuvo aproximadamente constante en el 27% del estadounidense. Esta divergencia contradice la hipótesis según la cual las condiciones iniciales no tienen implicaciones para el nivel de ingreso per cápita de un país a largo plazo, construida en base a la noción de rendimientos decrecientes. Si la acumulación de factores como el capital físico o el conocimiento está sujeta a rendimientos decrecientes, los países ricos —abundantes en capital— los acumularían a un ritmo más lento y crecerían más despacio que los países pobres. Sin embargo, a partir del año 2000, el resto del mundo comenzó a cerrar la brecha con Estados Unidos. Para 2010, el PIB per cápita relativo alcanzó un máximo cercano al 35%. Los países de menos ingresos crecieron más que el resto, impulsados por China, India y otros países asiáticos. 

Según los datos más amplios del Proyecto Maddison, hacia 1820 el Producto Interno Bruto por habitante de Europa Occidental y de Norteamérica era similar (unos 1.260 dólares internacionales de 1990), mientras el de América Latina era algo inferior (con 1.120) y el de Asia Oriental, Asia Meridional y África Subsahariana del orden de la mitad de los anteriores (con 530-600). Las diferencias aproximadas entre regiones ya indicaban una ventaja de Norteamérica hacia 1870 (con un PIB por habitante de unos 2.170 dólares internacionales de 1990) respecto a Europa Occidental (con 1.680) y a una América Latina estancada (con 1.100),  mientras el de Asia Oriental, Asia Meridional y África Subsahariana creció apenas (con 610-670), siendo estos últimos niveles de PIB por habitante del orden de un tercio del de Norteamérica en aquella etapa. 

En la etapa de aceleración del crecimiento global entre 1870 y 1980, se constató una tendencia al aumento de la distancia en los niveles de ingreso de los países más ricos contrastado con el de los países de menos ingresos. Las diferencias en la relación del PIB por habitante de Norteamérica con Europa se estrecharon, pues pasaron de 1,3 veces en 1870 (al iniciarse el despegue económico de la segunda revolución industrial) a 1,4 en 1913 (antes de la primera guerra mundial), otra vez a 1,3 en 1960 (en pleno dinamismo productivo y demográfico de la posguerra) y a 1,1 veces en 1980. Las diferencias de Norteamérica con América Latina pasaron de 2 veces en 1870, a 2,8 en 1913, a 3,1 en 1960 y se redujeron a 2,5 en 1980. Aquellas con Asia Oriental pasaron de 3,4 veces en 1870 a 3,2 en 1913, a un muy alto 14,7 en 1960, que sufrió fuertemente las consecuencias de la guerra mundial y sus convulsiones posteriores,  y a 8,7 en 1980, en el inicio del repunte chino. Aquellas con el África Subsahariana pasaron de 3,2 veces en 1870 a 4,8 en 1913 y  a 21,7 veces tanto en 1960 como en 1980, evidenciando un fuerte deterioro relativo de esta zona del mundo en el siglo XX. 

En la etapa de la globalización se empezó a producir un reequilibrio parcial. Siguiendo en este caso la clasificación del Fondo Monetario Internacional, la brecha de PIB por habitante (medido en dólares constantes de 2021 a paridad de poder de compra) entre los países del Grupo de los 7 (Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia) y los países "emergentes y en desarrollo" pasó de 7,5 veces en 1980 a 4,2 veces en 2024. Lo más notorio y contundente ha sido la disminución de la brecha entre los principales países industrializados y los del "Asia emergente y en desarrollo" -agrupación en la que los países más grandes son China e India- que pasó de 20,7 veces en 1980 a 4,0 veces en 2024, según la base de datos del FMI (2025). Pero si se compara el PIB por habitante de los países del G7 y el de los países del África Subsahariana, la disparidad respecto a la región del mundo de menor PIB por habitante promedio ha empeorado de modo importante en el mismo período de tiempo, pues la brecha entre ambas zonas del mundo pasó de 8,4 veces en 1980 a 13,4 veces en 2024. También lo hizo la brecha entre el G7 y América Latina y el Caribe, que empeoró de 2,3 veces en 1980 a 3,3 veces en 2024, mientras específicamente aquella entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe pasó de 2,5 veces en 1980 a 3,9 veces en 2024. 

Al interior de las zonas "emergentes y en desarrollo" se constata que la brecha de PIB por habitante entre América Latina y el Caribe y el "Asia emergente y en desarrollo" se redujo de 9 veces en 1980 a 1,2 veces en 2024, por lo que se ha prácticamente equiparado en 45 años la producción por habitante en estas dos zonas del mundo, desde una posición anteriormente más favorable a América Latina y el Caribe. Cabe hacer notar que la brecha de América Latina y el Caribe y el África Subsahariana pasó de 3,7 veces en 1980 a 4,1 veces en 2024, ampliándose levemente entre las dos zonas de menos ingresos por habitante. La brecha entre Estados Unidos y la Unión Europea, por su parte, pasó de 1,2 veces en 1980 a 1,4 veces en 2024. 

Así, en lo que va de siglo XXI, el sustancial crecimiento asiático ha permitido disminuir las brechas económicas de esos países con las economías de altos ingresos. Esto se puede ejemplificar con el caso del PIB per cápita ajustado por PPA de China respecto a Estados Unidos, que pasó de 2% en 1980 a 32% en 2024, y el de India, que pasó de 5% a 13% en el mismo período. En la década de 1960, el crecimiento por habitante de China fue negativo, en medio de las secuelas del Gran Salto Adelante y luego de la Revolución Cultural. Su PIB por habitante representaba en 1980 la mitad del la India, mientras en la actualidad es 2,4 veces superior, aunque ahora la India crece más que China. Corea del Sur pasó del 30% del nivel estadounidense a mediados de la década de 1980 al 73% actualmente, superando a Japón, cuyo PIB per cápita ahora se sitúa en el 63% del nivel de Estados Unidos, mientras países como Indonesia han pasado de alrededor del 10% del nivel estadounidense en 2000 a aproximadamente el 20% en la actualidad.

Sobre las razones de las divergencias de niveles de vida entre países existen recurrentes controversias. Unas escuelas se remiten a la idea de diferencias en la dotación de recursos y en la habilidad con la que se usan, lo que redunda en diferencias de productividad entre economías. Otras señalan que el crecimiento económico a largo plazo y la evolución de la productividad están condicionados por las instituciones que rigen a la sociedad y a la economía y por el tipo de especialización productiva y de inserción favorable o desfavorable en el sistema mundial, que es en buena medida producto de la historia y de sus inercias y rupturas. 

Los múltiples factores intervinientes en la ampliación de capacidades productivas y de la productividad de su uso pueden o no ser modificados y orientados por los gobiernos. Algunos logran hacerlo positivamente, como es el caso de diversas experiencias asiáticas en las últimas décadas, y otros fracasan. Diversas iniciativas de política y acciones parciales no alteran los fundamentos de esa posible ampliación, ni los modifican de manera simultánea, lo que es con frecuencia indispensable para desencadenar procesos de inversión de alta productividad que puedan terminar autoalimentándose. Diversos gobiernos logran hacer lo que está a su alcance en cada etapa histórica, aunque nadie sabe exactamente cómo se puede lograr grandes aceleraciones permanentes del crecimiento, más allá de lo que puede facilitar una adecuada regulación macroeconómica en el corto plazo y el fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas en el mediano y largo plazo, pues no existen recetas uniformes y universales que puedan producir milagros en economía. En palabras de Johnson y Papageorgiou (2020), al analizar los datos entre 1960 y 2010: 

"La experiencia de crecimiento en muchos países no es fluida, sino más bien errática, con casi tantas aceleraciones como desaceleraciones. Ambos tipos de episodios de crecimiento se observan en las cinco décadas de nuestra muestra, aunque los años setenta están dominados por desaceleraciones y los noventa por aceleraciones. También es evidente que el crecimiento es más episódico en las economías en desarrollo (países de ingreso bajo y medio), mientras que en las economías avanzadas hay pocos ejemplos de episodios de cualquiera de los dos tipos. En términos de dispersión geográfica, los países del África subsahariana son los más propensos a un crecimiento episódico. Esta evidencia sugiere que, independientemente de si la convergencia o la divergencia caracteriza el comportamiento de largo plazo del crecimiento, el proceso está altamente fragmentado en las economías en desarrollo y de bajos ingresos".

El Banco Mundial (2024) clasifica a las economías (países y territorios con cuentas propias) en tres grandes grupos. Unas 83 economías son agrupadas como las de ingresos altos, con un Producto Interno Bruto superior a 13,8 mil dólares por habitante en 2022 (promediando en tres años las tasas de cambio de sus monedas con el dólar y ajustando por diferencias de inflación), lo que representa un 20% del PIB de Estados Unidos. Estas se sitúan en América del Norte, Europa, las extensiones europeas de Oceanía e incluyen algunos países petroleros. Suman un 16% de la población mundial, un 81% del PIB, un 1% de la pobreza extrema y un 35% de las emisiones de carbono. 

Otras 108 economías son clasificadas como de ingreso medio (o mediano), con un producto interno bruto (PIB) por habitante anual que equivale en promedio a un 10 % del de Estados Unidos, unos 8 mil dólares, en un rango que va de 1,1 a 13, 8 mil dólares. Estos países concentran el 75 % de la población mundial (unos 6 mil millones de personas) y a dos de cada tres personas que viven en la pobreza extrema. Asimismo, generan más del 40 % del PIB mundial y más del 60 % de las emisiones de carbono. Los dos países más poblados del mundo, China e India, se clasifican como parte del grupo de países de ingresos medios desde 1997 y 2007, respectivamente. Desde 1990, solo 34 economías de ingreso medio han logrado pasar a la categoría de ingreso alto. En América Latina, se cuenta entre estos países a Uruguay, Panamá y Chile. Más de un tercio de ellas lo realizaron en el continente europeo gracias una mayor integración a la Unión Europea o bien por nuevos descubrimientos de petróleo, como el reciente caso de Guyana. Desde 1970, el ingreso promedio per cápita de los países de ingreso medio no ha superado nunca la décima parte del de Estados Unidos. 

Unas 26 economías son consideradas como de ingreso bajo (con un Ingreso Nacional Bruto per cápita de USD 1.135 o menos en 2022). Suman un 8,9% de la población mundial, un 0,9% del PIB global, un 36,5% de las personas que viven en pobreza extrema en el mundo y un 0,5% de las emisiones de carbono. Entre ellas se encuentran 22 en África, 2 en Asia y 2 en Medio Oriente.

La crisis ambiental global

La crisis ambiental se ha transformado en un tema central en la gobernanza de la economía mundial, como consecuencia de largo plazo del hecho que la especie humana ha tenido un carácter superdepredador en su relación con la naturaleza. A diferencia de otros grandes depredadores que cazan casi exclusivamente por alimento, la especie humana tiene una diversidad de usos para sus presas y explota hasta 300 veces más especies que los depredadores no humanos comparables (Darimont et al., 2023). Ha creado tecnologías altamente productivas que utiliza para esos fines. Sus modos de producción a lo largo de la historia, desde las conquistas occidentales y la industrialización, no consideraron, o lo hicieron de manera marginal, los efectos sobre el entorno natural, los que se fueron agravando con el fuerte aumento de la población desde la primera revolución industrial. 

La población mundial crece en la actualidad a menos de un 1% al año, habiendo alcanzado un crecimiento máximo de 2% en los años 1960. Este descenso es fruto de la llamada "transición demográfica", iniciada en partes de Occidente y cuya secuencia es la transformación de las sociedades preindustriales con elevadas tasas tanto de natalidad como de mortalidad a sociedades con ambas tasas que declinan, al punto de llevar desde fines del siglo XX a una disminución de la población en diversas zonas del mundo. La transición demográfica permitió a muchas economías convertir una mayor proporción del incremento de la acumulación de capital y el progreso tecnológico en aumentos del monto de recursos de producción y del ingreso por habitante, incrementando la productividad del trabajo. También permitió un mejor cuidado y educación infantil y modificó la distribución por edades de la población, aumentando temporalmente la proporción de la fuerza de trabajo en la población total y aumentando así mecánicamente la productividad por habitante (Deaton, 2015). Pero si la transición demográfica no llegara a consolidarse en zonas del mundo como diversas partes de África, se agravará el deterioro de los ecosistemas y las migraciones irregulares. De los 2.2 mil millones adicionales de personas en que se incrementará la población mundial hacia 2100, unos 1.3 mil millones serán africanos.

Estos procesos han sido acompañados de una disminución de los activos naturales y de una importante polarización de la distribución de la riqueza entre naciones. Siguiendo un enfoque de medición del nivel de riqueza según su valor de mercado, entendida como el valor económico del "capital natural renovable" (los bosques, las tierras cultivables y los recursos marinos), el "capital natural no renovable" (los minerales y los combustibles fósiles), el "capital humano" (los ingresos a lo largo de la vida de una persona), el capital producido (los edificios y la infraestructura) y los activos extranjeros netos, el Banco Mundial (2021) ha realizado el seguimiento de la riqueza de 146 países entre 1995 y 2018. Esta habría aumentado en 44% entre 1995 y 2018. Los países de ingreso medio estarían alcanzando el mismo nivel promedio que los países de ingreso alto, pero en más de un tercio de los países de ingreso bajo la riqueza per cápita se redujo en las últimas dos décadas y se mantuvo por debajo del 1 % de la riqueza mundial, a pesar de que alrededor del 8 % de la población del mundo vive en esos países. La riqueza forestal per cápita de los países de ingreso bajo y medio se redujo un 8 % entre 1995 y 2018 por la desforestación, mientras el valor de las reservas pesqueras marítimas mundiales cayó un 83% debido a la pesca excesiva durante ese mismo período. Los países que experimentan una disminución en la riqueza también tienden a tener un deterioro en su base de activos naturales renovables. 

La proporción del "capital natural renovable" se está reduciendo y se encuentra amenazada por el cambio climático. Al mismo tiempo, este capital natural renovable se está tornando más valioso porque brinda servicios esenciales para los ecosistemas. Por su parte, la riqueza del capital natural no renovable se ha reducido desde 2014. El "capital humano", medido como la suma de los ingresos que la población prevé obtener en el curso de su vida, es según este enfoque, la fuente más importante de riqueza, pues en 2018 abarcaba un 64 % del total.  Este "capital humano" está afectado por las brechas de género que existen en todas las regiones y grupos de ingreso, las que han experimentado pocas mejoras desde 1995. La calidad del aire también tiene graves consecuencias tanto para las capacidades productivas humanas como para el cambio climático, y representa más de 6 millones de muertes prematuras por año. El crecimiento exponencial de la producción de bienes desde la primera revolución industrial, en contraste con recursos naturales finitos, ha cambiado el clima, deteriorado casi todos los ecosistemas existentes y disminuido dramáticamente la biodiversidad.

El modo de producción dominante se sigue organizando para la acumulación ilimitada de capital y el consumo no funcional en base al uso extensivo de combustibles fósiles y de recursos extraídos de los ecosistemas, con graves consecuencias climáticas y de disminución de la biodiversidad. Este modo de organización social ha llevado a una situación de transgresión de límites ecológicos planetarios y a la disminución de los servicios de una gran cantidad de ecosistemas en todas las zonas del mundo.

De acuerdo con los trabajos de Johan Rockström et al. (2009, 2023, 2025) existen procesos biofísicos o sistemas que enfrentan límites planetarios crecientes y que requieren de una reversión en diversos grados en plazos breves. Para definir estos límites, los científicos identificaron los procesos esenciales que sostienen la estabilidad de la Tierra y su funcionamiento y contaron nueve mecanismos fundamentales cuya desestabilización podría desequilibrar el planeta. Utilizaron múltiples fuentes (modelos climáticos, observaciones paleoclimáticas, estudios de resiliencia para fijar cada límite y sus umbrales. Estos son:

• Uso del suelo

• Cambio climático

• Ciclos biogeoquímicos

• Pérdida de biodiversidad

• Contaminación química

• Capa de ozono

• Aerosoles en la atmósfera

• Acidificación de los océanos

• Ciclo del agua dulce

La actualización de 2025 (Johan Rockström et al.) cuantifica los umbrales para cada uno de estos problemas que no deberían sobrepasarse para que el sistema terrestre sea seguro y justo no solo para los humanos actuales, sino para las generaciones futuras. Siete de los nueve límites planetarios ya han sido superados en todo el planeta o en amplias zonas. La deforestación, la expansión urbana e intensificación agrícola han reducido la cobertura natural por debajo del umbral seguro. Las concentraciones de gases de efecto invernadero están fuera de los límites seguros. El exceso de nitrógeno y fósforo por el uso intensivo de fertilizantes ha alterado los ciclos naturales. La pérdida de especies y degradación de ecosistemas ha puesto ese límite en riesgo severo. El pH de la superficie del océano ha caído aproximadamente 0,1 unidades desde la era preindustrial, lo que implica un aumento en la acidez de entre 30 % y 40 %: la acidificación de los océanos ha alcanzado un umbral crítico. Los dos límites aún no cruzados son la capa estratosférica de ozono -la humanidad ha logrado iniciar la reversión del problema a tiempo- y la carga atmosférica de aerosoles (o contaminación de partículas a escala global).

Este concepto surgió en 2009 en un artículo de la revista Nature, redactado por 29 investigadores (climatólogos, oceanógrafos, meteorólogos) que introdujeron una nueva forma de pensar el impacto ambiental humano. A diferencia de nociones anteriores como el “Día del Sobregiro” —que mide cuántos días del año la humanidad consume más recursos de los que la Tierra puede regenerar—, los límites planetarios funcionan como un “termómetro” que permite evaluar el estado de salud del planeta en un momento dado y estimar los umbrales críticos más allá de los cuales su habitabilidad podría ponerse en riesgo. Antes de 2009 se aceptaba a escala de un ecosistema localizado que su degradación cambiaría su estado de equilibrio, pero aplicarlo al sistema Tierra en su conjunto fue algo relativamente nuevo.

El cambio climático y la biodiversidad constituyen el “núcleo de los límites planetarios” y su alteración puede llevar a un nuevo estado del sistema tierra que dificulte considerablemente la satisfacción de necesidades de supervivencia en múltiples sociedades humanas. No se ha logrado aún la reversión de las emisiones de seis gases que inducen un efecto invernadero en la atmósfera, el principal de los cuales es el dióxido de carbono. Estos están provocando un aumento de las temperaturas que puede llevar a frecuentes eventos climáticos catastróficos si se supera la temperatura promedio en 1,5º respecto al nivel preindustrial, lo que puede ser evitado si se avanza en la reducción de emisiones hasta el punto en que sean absorbidas por los ecosistemas (la llamada carbono neutralidad) antes de 2050. 

En Ginebra en 1979, científicos de 50 naciones se reunieron en la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima y señalaron que las tendencias ya entonces alarmantes del cambio climático exigían actuar con urgencia. En 1988, se celebró en Toronto la Conferencia Mundial sobre la Atmósfera Cambiante (se recomendó, sin éxito alguno, recortar un 20% las emisiones entre ese año y el 2005). Ese mismo año se creó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC por sus siglas en inglés. El primer tratado internacional vinculante llegó en 1992 en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, que aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático, después de que el IPCC presentara en 1990 su primer informe de evaluación. Tras la entrada en vigencia de la Convención Marco en 1994, los países se han reunido anualmente en la Conferencia de las Partes (COP por sus siglas en inglés). En el tercer encuentro de la COP se adoptó el “Protocolo de Kioto”, concluido en La Haya en 2001 y en vigor desde 2005, con nuevos mecanismos institucionales de control y de incentivo de medidas de reducción de emisiones, mientras se creó el mercado internacional de bonos de carbono, que intercambia permisos de emisión por aportes a su reducción en otras partes. Estados Unidos no lo ratificó y Canadá se retiró después. China, que luego se convertiría en el mayor emisor (aunque no en términos acumulativos) no participó, como tampoco India y Brasil. Rusia y Japón no intervinieron en la prolongación de Kioto celebrada en Doha en 2012. Un nuevo acuerdo global se alcanzó en París en 2015. La COP21 estableció la necesidad de que a finales del siglo XXI no se alcanzara los 2º C de calentamiento global respecto a los niveles preindustriales y los gobiernos tomaron nota de los riesgos elevados que significaban esos 2º C y acordaron que buscarían no superar 1,5º C. El Acuerdo de París de 2015 estableció el compromiso de los países, a través de planes nacionales autónomos, para reducir las emisiones y alcanzar hacia 2050 la neutralidad carbono (equilibrio entre emisiones y absorción de ellas por bosques y mares). Ya es notorio el efecto en sequías, inundaciones, retroceso de glaciares y en el aumento del nivel del mar y su acidificación. El problema es que esos planes llevan, según los cálculos actualizados, a un aumento de entre 2,1 y 2,8º a fines de siglo. 

La COP 2023 (reunión de las partes) avanzó a un compromiso mundial sobre el inicio del fin de las fuentes de las emisiones: la extracción y uso de combustibles fósiles, que están en el centro de la economía como la conocemos, pues sin ellos no hay cemento, acero, plásticos o fertilizantes. Los países petroleros y productores de carbón, petróleo y gas a bajo costo han insistido en la captura y la inyección subterránea de las gases de efecto invernadero, pero no es una alternativa viable en las magnitudes necesarias. Se llegó así al compromiso de transitar —”transitioning away”— para dejar atrás los combustibles fósiles “en los sistemas energéticos, de manera justa, ordenada y equitativa, acelerando la adopción de medidas en este decenio crítico, a fin de lograr el cero neto para 2050″.  Además, se acordó “triplicar la capacidad mundial de energía renovable y duplicar la tasa media anual mundial de mejoras de la eficiencia energética para 2030″, junto a “acelerar los esfuerzos encaminados a la eliminación gradual de la energía del carbón” que no disponga de sistemas de captura de las emisiones. Se planteó la eliminación progresiva de “las subvenciones ineficientes a los combustibles fósiles”, aunque sin fijar fechas, y “reducir sustancialmente las emisiones distintas del dióxido de carbono a nivel mundial, incluidas en particular las emisiones de metano para 2030″, lo que implica a la ganadería, aunque sin fijar una meta concreta. 

Las trayectorias de reducción hacia 2030 y 2050 serán ahora el tema crítico, siempre a través de los planes nacionales que deben actualizarse en 2025, junto a la ampliación sustancial de las ayudas a los países pobres más afectados a través de un fondo global, que por ahora reúne recursos marginales. Un estudio firmado por 61 científicos de 17 países (Earth System Science Data, 2025), confirma la intensificación del calentamiento global y afirma por primera vez que el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C respecto a la era preindustrial, fijado en 2015 en el Acuerdo de París sobre el clima, “ya no es alcanzable”. Estos investigadores actualizan los principales indicadores del informe del Grupo de Trabajo 1 del IPCC (el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático es el organismo de las Naciones Unidas encargado de evaluar la ciencia relacionada con el cambio climático) publicado en 2021, y permiten llenar un vacío debido al retraso en la publicación de los informes del IPCC, ya que el próximo está previsto recién para finales de la década de 2020. En 2024, el calentamiento alcanzó 1,52 °C por encima de los niveles preindustriales, superando por primera vez el umbral de 1,5 °C en un año completo. De ese total, 1,36 °C se atribuyen a actividades humanas. El resto se explica por la variabilidad natural del clima, especialmente el fenómeno de El Niño, que elevó las temperaturas globales, junto con océanos Atlántico Norte y Austral inusualmente cálidos. Frente al negacionismo climático, el estudio recuerda que los factores naturales, como los ciclos solares o la erupción del volcán Hunga Tonga en 2022, han tenido un papel mínimo.

Más gases de efecto invernadero significan más calor retenido en la atmósfera, lo que eleva las temperaturas. Actualmente, todos los indicadores están en rojo. Las emisiones de gases de efecto invernadero alcanzaron en 2023 el récord de 55 mil millones de toneladas de CO₂ equivalente, principalmente debido a la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) y a la deforestación. Como consecuencia, las concentraciones de estos gases en la atmósfera siguen aumentando: la de CO₂ alcanzó las 423 partes por millón (ppm) en 2024, un 50 % más que en la era preindustrial y una cifra inédita en más de dos millones de años. Paralelamente, la lucha contra la contaminación del aire ha reducido los aerosoles como el dióxido de azufre, partículas con efecto refrigerante. El alza de temperaturas, que ahora avanza a un “ritmo sin precedentes” de 0,27 °C por década, provoca un aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos: olas de calor, sequías, inundaciones e incendios. También acelera el derretimiento de glaciares y casquetes polares, y el aumento del nivel del mar. Entre 2006 y 2024, los océanos se elevaron 3,91 mm por año, más del doble del ritmo observado desde 1901. El presupuesto de carbono restante — la cantidad máxima de emisiones para mantener más del 50 % de probabilidad de limitar el calentamiento a 1,5 °C— está prácticamente agotado. Actualmente es de 130 mil millones de toneladas de CO₂, lo que equivale a menos de tres años de emisiones al ritmo actual. Este presupuesto se agotará y no se alcanzará la neutralidad-carbono en la década de 2020. El presupuesto de carbono para no superar los 2 °C se sitúa en 1.050 mil millones de toneladas de CO₂, equivalente a 25 años de las emisiones previstas. Entretanto, las emisiones de gases de efecto invernadero no disminuyen y la transición ecológica es atacada en numerosos países, pero el Acuerdo de París, que fija como meta limitar el calentamiento por debajo de los 2 °C y, si es posible, a 1,5 °C, sigue siendo el marco general de la acción y de las negociaciones climáticas. 

Según el Acuerdo de París, los países deben aumentar sus compromisos climáticos en 2025, cuando el acuerdo cumple 10 años. Las nuevas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), con horizonte 2035, deberían ser mucho más ambiciosas, ya que las políticas actuales llevan al planeta a un calentamiento de 3,1 °C a finales de siglo. A escala global, los planes de los Estados siguen siendo insuficientes: hasta ahora solo 22 países las han enviado a Naciones Unidas, y solo 5 son del G20 (los mayores emisores): Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japón y Brasil. Esos planes solo permitirían reducir 1,4 mil millones de toneladas de CO₂ entre 2030 y 2035, cuando se necesitaba una reducción de 31 mil millones para mantener el calentamiento en 1,5 °C, según el World Resources Institute. Faltan los planes de tres grandes emisores: la Unión Europea, China e India. La Comisión Europea debe presentar el 2 de julio su objetivo de reducción de emisiones para 2040 (que podría ser de –90 %), pero persisten fuertes divisiones entre los Estados miembros. China, el mayor emisor mundial, podría entregar su plan en septiembre, probablemente siguiendo la lógica de comprometerse poco, pero de superar sus propios objetivos, pues se ha transformado en la superpotencia de las tecnologías limpias. El fortalecimiento del esfuerzo de India podría verse obstaculizado por la falta de financiamiento climático.

El desafío de los países sigue siendo definir la ruta para aplicar los compromisos decisivos arrancados en la COP28 de Dubái (2023): dejar atrás las energías fósiles de forma “justa, ordenada y equitativa”, triplicar las energías renovables y poner fin a la deforestación. La salida de los fósiles debería plasmarse en los nuevos planes climáticos, pero por ahora pocos países se lo proponen, mientras Arabia Saudita o Rusia luchan por eliminar cualquier mención a la perspectiva de dejar atrás el carbón, el petróleo o el gas. Los negociadores también deberán definir mejor el marco del “objetivo global de adaptación”, uno de los artículos del Acuerdo de París, destinado a “reducir la vulnerabilidad al cambio climático”, mediante indicadores que midan los avances de los países. 

La carrera para definir el futuro de la energía es un componente fundamental del proceso de abordaje del cambio climático y la reducción de la biodiversidad. Estados Unidos y China, persiguen estrategias energéticas distintas. En Estados Unidos, el segundo gobierno de Donald Trump ha sustituido la estrategia del gobierno de Biden de estímulo de la inversión en energías renovables por una que procura mantener los combustibles fósiles como el petróleo y el gas como energético dominante. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo y el mayor exportador de gas natural del mundo, lo que ofrece el potencial de lo que Trump ha llamado una era de “dominación energética” estadounidense que elimine la dependencia de países extranjeros. China, en cambio, está apostando por un mundo que funcione con electricidad barata solar y eólica abastecida por sus empresas de paneles solares y turbinas de alta tecnología. China, a diferencia de Estados Unidos, no dispone de grandes reservas de petróleo o gas fácilmente accesibles, por lo que se orienta a eliminar la dependencia de los combustibles fósiles importados y en su lugar alimentar gran parte de su economía, y la del mundo, con energías renovables. En 2024 se instalaron en China más turbinas eólicas y paneles solares que en el resto del mundo combinado, mientras empresas chinas están construyendo fábricas de vehículos eléctricos y de baterías en Brasil, Tailandia, Marruecos, Hungría y otros países. Aunque China sigue quemando más carbón que el resto del mundo y emite más gases contaminantes que Estados Unidos y Europa juntos, su giro hacia alternativas más limpias está ocurriendo a una velocidad vertiginosa y domina la fabricación mundial de paneles solares, turbinas eólicas, baterías y vehículos eléctricos y ha ampliado su ventaja tecnológica y sus economías de escala.

3. Las teorías del crecimiento

Los autores clásicos concibieron el crecimiento como un proceso acumulativo de capital y especialización, pero restringido por rendimientos decrecientes, conflictos distributivos y, para Marx, contradicciones internas del propio modo de producción.

Para Adam Smith (1723–1790), la división del trabajo es el principal motor del crecimiento. Al especializarse, los trabajadores aumentan su destreza y productividad, mientras la acumulación de capital se produce por el ahorro que financia el aumento de la maquinaria y de la infraestructura, lo que a su vez multiplica la productividad. La mano invisible del libre mercado orienta los recursos hacia los usos más productivos y estimula el crecimiento. 

Esta visión optimista fue contradicha por Thomas Malthus (1766–1834), para quien la población tiende a crecer en progresión geométrica, mientras la producción de alimentos solo logra hacerlo en progresión aritmética: una vez superado un cierto umbral, los rendimientos de la agricultura decaen, a lo que se agregan las calamidades (hambrunas, guerras, enfermedades) que actúan como “freno” y ajustan la población al nivel de recursos existentes. David Ricardo (1772–1823) también expresó una visión pesimista, en función de la ley de los rendimientos decrecientes: en la agricultura, al dedicarse parcelas cada vez menos fértiles, el costo de alimentar a una población creciente sube. A medida que aumentan las rentas de los terratenientes por la caída de la productividad marginal de la tierra, la proporción de los ingresos que se pueden destinar a los salarios y beneficios se reduce, frenando la acumulación de capital: llegados a un cierto punto, la creciente renta de la tierra deja poco para beneficios, por lo que cesa la inversión y la economía deja de crecer. Karl Marx (1818–1883) amplió el esquema ricardiano clásico y postuló que en la acumulación capitalista el motor del crecimiento es la reinversión continua del plusvalor extraído al trabajo. Pero se produce una tendencia decreciente de la tasa de ganancia: a medida sube que la "composición orgánica del capital" (por más uso de "capital constante" que de "capital variable", es decir de maquinaria que de trabajo), la rentabilidad tiende a caer, poniendo en tensión la dinámica de crecimiento. La acumulación de capital vive crisis periódicas de subconsumo y de sobreacumulación. Estos autores otorgaron una gran relevancia a la conformación de la economía mundial en los procesos de crecimiento.

Las primeras teorías contemporáneas del crecimiento

Uno de los primeros intentos de modelizar el crecimiento en el siglo XX fue el de Harrod‑Domar (década de 1930–40) para analizar cómo la inversión impulsa el crecimiento y cuáles son las condiciones para mantener un crecimiento estable sin generar desempleo o inflación. La tasa de ahorro (s) es la proporción del producto que se ahorra e invierte cada periodo y el coeficiente capital-producto (v) es la cantidad de capital (K) necesaria para generar una unidad de producto. Se supone constante. La tasa garantizada de crecimiento compatible con el nivel de ahorro y la eficiencia del capital es:

Cg  =  s/v​

Si la producción crece a Cg es porque el ahorro generado financia exactamente la inversión que requiere el aumento de capital. La "tasa natural de crecimiento" es:

Cn  = n+α

Esta tasa es la suma de la tasa de crecimiento de la fuerza laboral (n) y de la tasa exógena -no determinada por la propia dinámica de los componentes de la producción- de crecimiento de la productividad (α). Es la tasa necesaria para absorber a todos los trabajadores y mantener el pleno empleo. La tasa real de crecimiento es la que efectivamente se da en la economía, determinada por la dinámica de la inversión y la demanda. Si la economía crece más rápido que la tasa garantizada, el ahorro drenado supera la inversión necesaria y genera insuficiencia de demanda y recesión. Si crece más lentamente, la inversión no alcanza a cubrir el capital requerido para mantener la tasa y se inducen presiones inflacionarias. Si la tasa real supera a la tasa natural​, el crecimiento demográfico y la productividad no pueden seguir el ritmo, provocando escasez de mano de obra. Si la tasa real es inferior​, se generan desempleo e infrautilización de capacidad. Bajo supuestos de capital fijo y ahorro proporcional al ingreso, el modelo Harrod-Domar no presenta un mecanismo automático de corrección. Muestra cómo el ahorro y la productividad del capital determinan una tasa de crecimiento, pero también subraya la fragilidad de esa dinámica cuando la economía se desvía de ella: cualquier choque genera una divergencia creciente respecto a las tasas “garantizada” y “natural”, por lo que existe una inestabilidad intrínseca de un crecimiento basado únicamente en el ahorro y la inversión. Este primer enfoque sentó las bases para la contabilidad del crecimiento y motivó modelos posteriores (Solow, Kaldor) que introdujeron rendimientos decrecientes, funciones de producción agregada y mecanismos de ajuste que atemperan esa inestabilidad.

Otros enfoques exploraron la endogeneidad de la productividad. Si la productividad crece endógenamente, la tasa natural —fuerza laboral más productividad— se vuelve parcialmente función de la tasa real de crecimiento. Además, la fuerza de trabajo puede responder al ciclo: cuando la producción crece, aumentan las horas trabajadas, la tasa de participación (sobre todo femenina), una reubicación de mano de obra hacia sectores más productivos y la inmigración. Las recesiones reducen la I + D, y las expansiones la estimulan. La mayor demanda fomenta el “aprender haciendo” de quienes están en activo, mientras la inversión productiva depende de la estabilidad macroeconómica y choques adversos de demanda pueden erosionar habilidades o expulsar trabajadores de la fuerza laboral. La histéresis resultante es una "dependencia de la trayectoria": un gran choque contractivo de demanda tiene efectos permanentes porque, al caer la demanda las empresas, reducen la inversión y la adopción tecnológica y los trabajadores abandonan la fuerza laboral o pierden competencias. Esto refuerza la conclusión poskeynesiana de que no hay retorno automático al pleno empleo, sino que el nivel de producción potencial depende de la trayectoria de la demanda real. Algunos autores neoclásicos comparten que los choques de demanda pueden dejar secuelas duraderas. A partir de aquí, este enfoque se dirige a los regímenes de crecimiento y a cómo distintas instituciones y estructuras (financiamiento, comercio, políticas industriales) configuran rutas de expansión endógenas.

La teoría del crecimiento de Nicholas Kaldor (1957) se centra en la idea de la causalidad circular acumulativa y en el papel clave del sector manufacturero. Kaldor identificó tres “hechos estilizados” que debían explicar los modelos de crecimiento: la tasa de crecimiento del producto real relativamente estable en el largo plazo, participaciones constantes del trabajo y el capital en la renta nacional y una correlación positiva entre la tasa de crecimiento de la productividad laboral y la de la producción. Kaldor argumentó que las economías de escala dinámicas en la industria generan aumentos de productividad al crecer la producción. Un mayor crecimiento de la manufactura alienta la productividad (vía economías de escala), lo que reduce costos y precios, estimulando más demanda y nueva inversión. La demanda total impulsa la producción manufacturera (multiplicador keynesiano) y la inversión responde a cambios en la producción (acelerador), reforzándose mutuamente. Para Kaldor, la tasa de crecimiento de una economía depende de la tasa de crecimiento de la demanda agregada, la tasa de crecimiento de la productividad está positivamente relacionada con la tasa de crecimiento de la producción manufacturera y la distribución del ingreso entre salarios y beneficios influye en la demanda agregada —los beneficios tienden a ahorrarse más que los salarios—, condicionando el ritmo de crecimiento. Esto implica considerar a la manufactura como motor, por sus economías de escala y su contribución a elevar la productividad de toda la economía. Su conclusión es que promover la industria mediante inversión, educación técnica e infraestructuras es esencial para el ciclo acumulativo y que la demanda es importante, pues no basta con acumular capital, sino también se debe asegurar un nivel suficiente y estable de demanda agregada para sostener la expansión. Así, Kaldor integra factores de oferta (economías de escala) y de demanda (multiplicador–acelerador) en la explicación de por qué unas economías crecen más rápido que otras y el crecimiento tiende a ser autocatalítico. En síntesis, la teoría del crecimiento de Kaldor plantea que el crecimiento sostenido nace de un círculo virtuoso donde la expansión de la industria manufacturera genera economías de escala que aumentan la productividad, lo cual refuerza la demanda, la inversión y vuelve a impulsar la industria, todo ello enmarcado en una interacción permanente entre distribución del ingreso, demanda agregada y productividad.

La teoría del crecimiento de Michal Kalecki (1971) puede entenderse como una extensión de su análisis de ciclo económico y distribución del ingreso al largo plazo. Kalecki, al igual que Keynes, subraya que es la demanda efectiva (la suma de consumo e inversión) la que determina el nivel de producción y empleo. En su visión de largo plazo, esto implica que la inversión es la variable autónoma que impulsa el crecimiento de la economía. El consumo depende en gran medida del ingreso de los asalariados, mientras que una parte del ingreso de los capitalistas se ahorra. Así, en economía cerrada, el crecimiento sostenido requiere un flujo constante de inversión que genere ingresos para los trabajadores, que a su vez impulsan el consumo y respaldan nuevas rondas de inversión.

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 La función de inversión y la ecuación de distribución de Kalecki 

Kalecki propone una función de inversión del tipo:

𝐼 = Io + βK + γΠ

donde Io es la inversión autónoma (expectativas, decisiones empresariales exógenas), 𝐾 es el stock de capital (captura economías de escala y grado de capacidad ociosa), Π son los beneficios empresariales. Los beneficios juegan un doble papel: constituyen la principal fuente de ahorro empresarial, necesaria para financiar la inversión y sirven de indicador del nivel de demanda (si los beneficios suben, las empresas tienden a invertir más, y viceversa).

Kalecki distingue dos propensiones marginales a consumir, la de los trabajadores (𝑐𝑤) que es alta pues los asalariados consumen casi todo lo que ganan, y la de los capitalistas (𝑐𝑘), cuyo consumo privado es una fracción reducida de sus beneficios.

La distribución funcional del ingreso entre salarios (𝑊) y beneficios (Π) condiciona la demanda agregada:

C = 𝑐𝑤 W + 𝑐𝑘 ​Π

Puesto que 𝑐𝑤 ≫ 𝑐𝑘, un reparto de ingreso a favor de los trabajadores puede elevar el consumo y, por tanto, sostener mayores tasas de inversión.

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Kalecki sostiene que existe una tasa de crecimiento de equilibrio en la que la inversión agregada iguala al ahorro total (el de capitalistas y, en su versión extendida, el del Estado). Además, la tasa de crecimiento del stock de capital es consistente con la tasa de expansión de la demanda. Esta tasa de crecimiento estable depende para Kalecki de la propensión marginal a ahorrar de los capitalistas, de la reacción de la inversión a los beneficios y al stock de capital y de elementos como el grado de monopolio y la política fiscal y de redistribución. Kalecki fue pionero en vincular la estructura de mercado con la distribución del ingreso y el crecimiento, al considerar que mayores márgenes de precio establecidos por los capitalistas incrementan los beneficios, elevan el ahorro empresarial y potencialmente la inversión, pero a costa de reducir la renta salarial y la demanda de consumo. El déficit público (gasto público financiado con impuestos o deuda) agrega demanda autónoma, complementa la inversión privada y puede elevar la tasa de crecimiento sin necesidad de exprimir más los beneficios empresariales. En un trabajo de (1943), Kalecki argumenta que un pleno empleo prolongado fortalece a los sindicatos y a la clase obrera, lo que puede desembocar en presiones salariales y redistribución que agoten las ganancias y desalienten la inversión. Por ello, los capitalistas y sus representantes políticos pueden sabotean las políticas de pleno empleo para conservar sus márgenes de beneficio y la “disciplina” laboral. Este elemento político introduce la idea que el crecimiento y la distribución son también el resultado de las luchas entre capitalistas y trabajadores y de los equilibrios de poder.

La teoría del crecimiento de Kalecki puede resumirse así: la inversión (autónoma y dependiente de los beneficios y del monto de capital) determina la tasa de crecimiento. Los beneficios financian la inversión y reflejan la demanda. La propensión a consumir de trabajadores y capitalistas fija la sensibilidad de la demanda al reparto del ingreso. La distribución entre salarios y beneficios, el grado de monopolio y la política fiscal modulan la inversión y, por tanto, la tasa de crecimiento de equilibrio. El conflicto político y de intereses condicionan la estabilidad de largo plazo del pleno empleo y del crecimiento sostenible.

En otra dimensión, Kalecki aborda la inversión extranjera en varios de sus escritos sobre desarrollo. Para Kalecki, toda inversión es “autónoma” en tanto viene determinada por la decisión empresarial, no por el ahorro ex ante. La inversión extranjera directa (IED) entra en esta categoría: aporta nuevo capital sin depender de la capacidad de ahorro doméstico. Sin embargo, los beneficios que genera la IED suelen ser repatriados al extranjero, lo que implica una fuga de rentas que reduce la base de beneficios nacionales disponibles para reinvertir, y puede debilitar la dinámica de acumulación interna. Kalecki subraya que la IED tiende a aumentar la participación de los beneficios en la renta (ya que las empresas transnacionales obtienen márgenes elevados), en detrimento de los salarios. Esa mayor concentración de beneficios limita el consumo de los trabajadores (que tienen una propensión a gastar más alta), encogiendo la demanda efectiva y, en última instancia, la propia inversión nacional. La entrada masiva de capital extranjero puede convertir a un país receptor en dependiente de la voluntad de los inversores externos. Kalecki advierte que esto debilita la autonomía de la clase capitalista local y del Estado para llevar a cabo políticas de pleno empleo o redistribución, pues el temor a desinversiones o fugas de capital limita el espacio de política económica. Dado que la IED es una inversión autónoma pero de efectos mixtos, Kalecki defiende que el Estado debe reglamentar la entrada y salida de capitales para evitar fugas súbitas, exigir reinversión local de una parte de los beneficios (por ejemplo, retención de utilidades o reglas de contenido local) y orientar la IED hacia sectores estratégicos que generen encadenamientos productivos y no meramente extractivos. En síntesis, Kalecki veía la inversión extranjera como un factor que puede impulsar la acumulación si aumenta la base de capital, pero con efectos potencialmente adversos sobre la distribución del ingreso, la demanda efectiva y la autonomía nacional. Por eso insistía en combinar la atracción de IED con mecanismos de regulación que garanticen que una parte sustancial de los beneficios se reinvierta y se traduzca en crecimiento y empleo en el país receptor. No distingue un sector “motor” específico; toda inversión (pública o privada, doméstica o extranjera) impulsa la demanda y el crecimiento y la inversión depende de las expectativas autónomas de las empresas, del estado de capacidad y del nivel de beneficios. La productividad obedece a cambios tecnológicos y a la utilización de capacidad.

La teoría neoclásica del crecimiento 

En la tradición económica neoclásica, el bienestar es un concepto vinculado a la "agregación de utilidad" y a la maximización del denominado excedente del productor (la diferencia entre el precio al que se está dispuesto a vender y el precio de venta) y del consumidor (la diferencia entre la disponibilidad a pagar y el precio de compra). El crecimiento económico se define a partir de esta concepción como el aumento del Producto Interior Bruto de un país (la suma del valor agregado de mercado en la economía) por habitante, que resulta de la evolución de la productividad del trabajo (valor agregado por hora trabajada).  Este flujo periódico de producción e ingresos se traduce en aumentos o disminuciones de la riqueza material.  La producción es equivalente a la suma del valor agregado por los diferentes sectores proveedores de bienes y servicios. En términos agregados es equivalente al ingreso (del trabajo y del capital) y a la suma del  consumo, la inversión, el gasto de gobierno y las exportaciones (netas de importaciones). 

La gran mayoría de los modelos macroeconómicos postulan que el PIB real o la producción agregada puede expresarse como el resultado de alguna función paramétrica específica Y = f (F1,..., Fn, T), donde Fi​ son factores primarios de producción y T representa distintas tecnologías de producción. Sostienen que el crecimiento a largo plazo depende de cuantos recursos de trabajo, de capital (el producido por el hombre y el provisto por la naturaleza de carácter renovable y no renovable) y de capacidades humanas se van agregando a la producción en un territorio dado en cada período de tiempo. El motor último del crecimiento sostenido es el avance tecnológico, pero éste no se explica dentro del modelo: se incorpora como factor externo (un “residuo”). El enfoque neoclásico considera que el aporte de la cantidad de capital físico se puede aproximar por el valor de las maquinarias, equipos e infraestructuras y el valor de mercado de los recursos naturales utilizados en la producción. El aporte de la cantidad de trabajo se puede aproximar por el número de personas que trabajan y las horas que utilizan para ese fin en cada año. La tasa de crecimiento de la población y del empleo no difieren mucho en el largo plazo. El aporte de la cantidad de capacidades humanas (también llamado capital humano) se puede aproximar por los años de educación e indicadores de salud de los que trabajan. 

El uso de más capital aumenta el PIB, lo que lleva a más ahorros y por tanto a más capital y así sucesivamente, es decir a un crecimiento duradero que resulta de la acumulación de capital. Esto puede ocurrir incluso sin progreso técnico. No obstante, si se postula un rendimiento decreciente en el uso de capital, es decir una situación en que cada máquina adicional aumenta cada vez menos la producción, el progreso técnico es indispensable para que el crecimiento se produzca.  Al acumular más capital, los retornos marginales caen y la tasa de crecimiento tiende al crecimiento “de estado estacionario”. Las economías con dotaciones de factores e instituciones similares convergen hacia la misma tasa de crecimiento per cápita a largo plazo. Las políticas pueden acelerar la transición a la senda estacionaria (incentivar ahorro o inversión), pero no altera la tasa de crecimiento de largo plazo, determinada por la exógena “tasa de progreso técnico”.

El capital físico y humano, más el residuo a determinar, explican contablemente las diferencias en productividad por trabajador entre economías nacionales: 

   Y/t= f (K/tT, H/t, T) 

Así, se intenta medir el progreso tecnológico analizando la "productividad total de los factores" (PTF), que es la parte del crecimiento económico que no puede explicarse por los efectos combinados del crecimiento de la fuerza laboral, el aumento de los niveles educativos y el crecimiento del stock de capital. El grueso de la investigación postula que después de contabilizar la acumulación de capital físico y humano, el “algo adicional” a la acumulación de factores explica buena parte de las diferencias en el crecimiento entre países, tanto en el nivel del PIB como en su tasa de crecimiento. Ese “algo adicional” a la acumulación física de factores de producción es la parte inexplicada del crecimiento. Algunos lo consideran equivalente al cambio tecnológico, otros evocan el rol de las externalidades, algunos focalizan los cambios en la composición sectorial de la producción, mientras para otros refleja la adopción de métodos de producción de costos inferiores y un mayor o menor grado de eficiencia en el uso de los recursos.

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La productividad total de los factores

Es una interpretación del residuo que resulta de la cuantificación del aporte de la cantidad de capital y de trabajo en la producción que postula que el nivel de producción e ingreso es una función de la dotación de factores de producción y de la eficiencia de su uso. 

     PIB = Ingreso = F (Factores, Eficiencia)

En un marco de contabilidad del crecimiento, se establece una función de producción agregada de la forma: 

P = AK α  L 1−α

donde P = producción total (PIB real o valor agregado); K = stock de capital (máquinas, infraestructura); L = empleo (cantidad de horas trabajadas o número de trabajadores); α = participación del capital en la producción (entre 0 y 1) y A = Productividad Total de los Factores.

Despejando A:

A=Y/ Kα L1−α

Esta función, llamada Cobb–Douglas, es una herramienta simple para modelar cómo los factores capital y trabajo se combinan para obtener el producto, destacando la importancia de la productividad tecnológica y las elasticidades de cada insumo. A mide cuánto produce la economía con una unidad de insumo y refleja el “residuo”. 

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La Productividad Total de los Factores es el “residuo”: la parte del crecimiento de la producción que no se explica por el aumento de capital ni por el aumento de trabajo, sino por mejoras en la eficiencia. Un aumento de A implica mayor producción con la misma cantidad de capital y trabajo. Una caída de A puede reflejar obsolescencia tecnológica, rigideces institucionales o empeoramiento en la calidad de los factores de producción. En principio permite comparar la eficiencia entre distintos países o sectores, aislando el efecto volumen de insumos. Algunas estimaciones establecen que las diferencias de ingresos entre países no se explicarían primordialmente por la diferencia en la dotación de factores, o “brechas de capital” físico y humano (la expresión de capital humano es discutible y es más pertinente el concepto de capacidades humanas), sino por las “brechas de eficiencia”. El valor de la producción por trabajador es en países de América Latina, por ejemplo, un quinto que la de Estados Unidos: esto se explicaría porque la dotación de capital por trabajador es menor a la mitad (44%) y la eficiencia de uso de los recursos es también inferior a la mitad (entre 44 y 60%), según los cálculos de Francesco Caselli (2016). Si las brechas de recursos, es decir de “capital físico y humano”, son las más importantes, entonces las políticas para aumentar el PIB deberán ocuparse de cerrarlas. Si esas brechas no explican todas las diferencias de ingresos, deberán ocuparse también de las brechas de eficiencia del uso de los recursos disponibles.

Pero el supuesto residuo tecnológico resulta de un cálculo del monto de capital y de trabajo calificado de difícil estimación, pues medir correctamente el stock de capital y las horas efectivas trabajadas y su calificación tiene limitaciones importantes, por lo que puede incluir sustanciales errores de medición del valor de los insumos. La estimación de la participación del capital en producto, a su vez, suele basarse en datos de contabilidad nacional que tienen sus propios márgenes de error. 

La teoría neoclásica del crecimiento se basó en los artículos originales de Solow por mucho tiempo hasta que el trabajo de Romer (1994) introdujo la noción de crecimiento endógeno y la introducción de rendimientos crecientes a escala y de la competencia imperfecta. La teoría neoclásica del crecimiento no daba cuenta de los factores que explican la innovación, por lo que la teoría del crecimiento endógeno enfatizó la importancia de las externalidades positivas y de los efectos de difusión que una economía basada en el conocimiento induce en el crecimiento económico. Para este autor, la innovación y el conocimiento surgen desde la inversión en Investigación y Desarrollo, la acumulación de capital humano y las externalidades de aprendizaje. En su modelo, la elasticidad del producto respecto al capital es constante o creciente, en contraste con la hipótesis de rendimientos decrecientes de Solow y de la microeconomía neoclásica, mientras postula que la existencia de externalidades genera rendimientos crecientes a escala. Las diferencias en las políticas de innovación, educación o incentivos al capital humano pueden, por tanto, generar trayectorias divergentes de crecimiento per cápita. En esto inciden las políticas tributarias, las subvenciones a I+D, la protección de la propiedad intelectual, el gasto en educación y salud, que pueden modificar la tasa de crecimiento de largo plazo porque afectan directamente la generación de nuevas ideas y la acumulación de capital humano. Sin embargo, esto no afectó la noción de función de producción agregada.

Autores como Jesús Felipe y John McCombie (2024) consideran, por su parte, que las funciones de producción neoclásicas son una contabilidad de cantidades y precios cuya significación analítica es bastante limitada, en las que las dotaciones de capital y de trabajo y el stock de conocimientos determinan el nivel de producción en cada período a considerar, y en las que el aporte del conocimiento y la tecnología se calculan como lo que queda por explicar una vez considerados el aporte del capital (cuya heterogeneidad y dificultades de cálculo de su valor presente hacen muy inciertos los intentos de medición) y del trabajo (según sus diversos grados de calificación medidos también muy imperfectamente por los años de educación promedio de la población). Las controversias entre los economistas de Cambridge de Estados Unidos y de Reino Unido ya habían mostrado que era imposible encontrar una medida de capital que pudiera medirse independientemente de la distribución y de los precios, y que la relación inversa y monótona entre la cantidad de capital y la tasa de beneficio no podía generalizarse a modelos con bienes de capital heterogéneos. En palabras de Joan Robinson (1953): 

"Al estudiante de teoría económica le enseñan a escribir P = f (T,C), donde T es una cantidad de trabajo, C una cantidad de capital y P una tasa de producción de mercancías. Le indican que suponga a todos los trabajadores iguales y que mida T en hombre-horas de trabajo; le dicen algo acerca del problema de números-índice que implica escoger una unidad de producto; y luego lo apresuran al siguiente tema, con la esperanza de que olvide preguntar en qué unidades se mide C. Antes de que lo haga, ya se ha convertido en profesor, y de ese modo los hábitos de pensamiento descuidados se transmiten de una generación a la siguiente." 

Desde comienzos de los años cincuenta hasta fines de los sesenta, la función de producción agregada se convirtió en el foco central de una disputa comúnmente llamada la controversia de Cambridge-Cambridge. Los críticos eran los poskeynesianos, radicados principalmente en Cambridge, Inglaterra, y los defensores eran los neoclásicos, radicados principalmente en Cambridge, Massachusetts. Un punto central de controversia giró en torno a la validez de la función de producción agregada neoclásica. El debate se inició con el artículo de Joan Robinson de 1953, que criticaba la función de producción agregada como una “poderosa herramienta de deseducación”. Los poskeynesianos (Robinson, Sraffa y Pasinetti, entre otros) criticaron la función de producción agregada y, específicamente, la agregación del stock de capital en un único número índice. Frente a ellos se alinearon los neoclásicos (Solow, Samuelson, Hahn, entre otros), que salieron en defensa de la función de producción agregada. El ejemplo arquetípico del enfoque neoclásico es el famoso modelo de crecimiento de Solow (1956), que utiliza una función de producción agregada con capital y trabajo para modelar el proceso de crecimiento económico. Describe una economía en la que la producción requiere de capital y en la que el incremento del PIB proviene del incremento de las existencias de capital. Este aumentaría por el ahorro de los hogares, que presume es una proporción constante del PIB. Solow encontró que una vez hecho el ejercicio contable del “aporte de capital y trabajo” suele permanecer una sustancial diferencia entre la suma de ambos y el resultado de la producción. Esta aproximación nace del hecho que entre el 80% y el 90% del crecimiento per capita de los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX no podía explicarse directamente por el incremento de la relación capital/trabajo. Estos resultados crearon una sorpresa importante, lo que uno de los autores de la teoría neoclásica del crecimiento (Abramovitz) denominó la “medida de nuestra ignorancia”. 

Para Baqaee y Farhi (2018), la escuela de Cambridge inglesa demostró de manera concluyente que las funciones de producción agregadas con un stock de capital agregado no siempre existen. A nivel macroeconómico, leyes como los rendimientos decrecientes pueden no cumplirse para el capital agregado, incluso si, a nivel microeconómico, existen rendimientos decrecientes para cada bien de capital. Esto significa que una función de producción agregada neoclásica no podría utilizarse para estudiar la distribución del ingreso en este tipo de economías. Sin embargo, para estos autores 

"a pesar de haber ganado la batalla, puede decirse que el bando inglés perdió la guerra. Aunque fue expuesto como una ficción, el enfoque “neoclásico” para modelar la tecnología de producción de una economía resultó ser, no obstante, muy útil. Fue adoptado y desarrollado por las literaturas de ciclos económicos reales y de crecimiento a partir de la década de 1980...Casi todos los modelos macroeconómicos de uso estándar ahora postulan una función de producción agregada exógena. ¿Por qué Robinson y Sraffa no lograron convencer a los macroeconomistas de abandonar las funciones de producción agregadas? Una respuesta es el viejo adagio: necesitas un modelo para derrotar a un modelo. Una vez que abandonamos la función de producción agregada, necesitamos algo con qué reemplazarla. Aunque los poskeynesianos fueron eficaces en desmontar este concepto, no pudieron ofrecer una alternativa preferible...En un mundo sin potencia computacional ni datos, y en ausencia de teoremas poderosos, no es de extrañar que los macroeconomistas prácticos decidieran trabajar con la parca función de producción agregada de Solow. Después de todo, era fácil de manejar y solo requería una cantidad mínima de datos para calibrarse, generalmente con uno o dos parámetros libres (la participación del trabajo y la elasticidad de sustitución entre capital y trabajo). La teoría macroeconómica debe evolucionar para aprovechar y dar sentido a los datos detallados a nivel micro...Tomamos plenamente las lecciones de la controversia Cambridge–Cambridge y permitimos tantos factores como sea necesario para garantizar la existencia de funciones de producción agregadas".

En otras palabras, no imponen una estructura paramétrica arbitraria sobre las funciones de producción agregadas desde el inicio y conducen a resultados generales de agregación que expresan las elasticidades macroeconómicas de sustitución entre factores y el sesgo macroeconómico del cambio técnico en función de las elasticidades microeconómicas de sustitución y de las características de la red de producción. No obstante, permanecen problemas variados: las funciones de producción agregadas pueden no existir si no hay un único índice de cantidad que corresponda a la producción final; esto ocurre si la demanda final es no homotética, ya sea porque existe un agente representativo con preferencias no homotéticas o porque hay agentes heterogéneos con preferencias distintas. Además, las funciones de producción agregadas también dejan de existir en economías con distorsiones. Pueden definirse nociones extendidas de funciones de producción agregadas con distorsiones y demanda final no homotética. Sin embargo, estas son menos útiles en el sentido de que sus propiedades ya no pueden vincularse a variables observables de interés: sus primeras y segundas derivadas ya no se corresponden con las participaciones factoriales, las elasticidades de sustitución entre factores ni con el sesgo del cambio técnico.

La literatura sobre agregación mostró que las condiciones bajo las cuales funciones de producción micro pueden agregarse en una única función de producción macro son muy restrictivas. Sin embargo, el análisis empírico suele mostrar un buen ajuste entre una función de producción hipotética y los datos. Felipe y McCombie muestran que la razón por la que el análisis empírico suele ofrecer un buen ajuste es engañosamente sencilla: se debe a la presencia de la identidad contable que relaciona (en términos monetarios) el valor agregado con los salarios y los beneficios; en otras palabras, lo que hacen los economistas neoclásicos es simplemente utilizar una identidad contable que, por construcción, dará un ajuste perfecto a los datos. La regresión Cobb–Douglas no podía arrojar ningún otro resultado: una elasticidad del trabajo de 0,75 (igual a la participación del trabajo) y una elasticidad del capital de 0,25 (igual a la participación del capital). Si en vez de emplear una tendencia lineal para la tasa de cambio técnico se toma las sumas ponderadas de los logaritmos de las tasas de salario y de beneficio, entonces se muestran fuertes fluctuaciones procíclicas.

Más ampliamente, la crítica a la teoría neoclásica del crecimiento cuestiona el sentido de la descomposición por factores de producción en tanto procedimiento contable basado en la idea de la remuneración de los factores de producción a su productividad marginal y sin capacidad explicativa del sentido del “residuo”. Este se interpreta como tecnológico y de eficiencia, sin considerar que los “factores de producción” no son independientes entre sí y, además, mantienen una interrelación sistémica con el entorno institucional y social y con los "regímenes de regulación" de la relación salario/ganancia y de los flujos de ingresos macroeconómicos (Guerrien, 2015). Pritchett (2026) señala que 

"En el análisis del crecimiento económico, los economistas modelaron el producto nacional como el resultado de factores y de la “productividad total de los factores” de esos factores. Mientras que (la mayoría de) los factores podían individualizarse (el trabajo era propiedad de una persona, los edificios eran propiedad de una persona —o de una corporación o entidad que actuaba como un tipo de “persona”—), en contraste la “productividad total de los factores” era una propiedad emergente de un lugar, normalmente un país".

Su conclusión es que lo que hace el “desarrollo nacional” es crear una maquinaria para indicar endógenamente (mediante la capacidad de respuesta política o la acción privada) y alcanzar (mediante la implementación de acciones efectivas o mediante acción privada) objetivos utilizando los recursos disponibles, públicos o privados.

Los debates de los años 1950-70 sobre el desarrollo y el subdesarrollo

La discusión en los años sesenta estuvo influenciada por la idea de Walter Rostow (1960) de fases lineales de desarrollo de los países (sociedad tradicional, transicional, despegue, madurez tecnológica, alto consumo masivo). Arthur Lewis (1955) había construido una visión optimista sobre el crecimiento de los países más pobres, según la cual estos pueden crecer inicialmente expandiendo sus sectores exportadores, que absorben la mano de obra excedente en sectores de baja productividad como la agricultura tradicional. La productividad y los ingresos en los sectores industriales urbanos y de un uso intensivo de mano de obra tenderían a ser de 3 a 4 veces superiores a los de los sectores tradicionales, por lo que los ingresos promedio subirían. Pero esto también implicaría que el crecimiento salarial en el sector exportador seguiría deprimido mientras hubiera un excedente de mano de otra. Como la disponibilidad de mano de obra no es una limitación en estos países, el factor clave para el crecimiento sería el nivel de inversión de capital en todos los sectores. Esta dinámica podría producir tasas de crecimiento altas y prolongadas, pero con un límite en perspectiva: cuando la oferta de mano de obra excedente se agota, la economía alcanza el llamado "punto de inflexión", de acuerdo a Lewis. Los salarios empiezan a aumentar en toda la economía, por lo que el crecimiento debe entonces ser impulsado no por el traslado de mano de obra de sectores de baja productividad a sectores de mayor productividad, sino por aumentos de la productividad al interior de esos sectores. 

Por su parte, la idea del "gran empuje" de inversiones coordinadas y de escala suficiente fue formulada por Paul Rosenstein-Rodan (1961) como condición para el despegue económico, acompañada de reflexiones sobre el cambio de estructura económica a través de la planificación de la inversión (Ahumada, 1961). La teoría de Rosenstein-Rodan, expuesta por primera vez en 1943, subrayó la idea que si se instala en un país pobre una única fábrica de zapatos en los campos, probablemente fracasará debido a la falta de demanda, ya que la mayoría de las personas no podrán adquirirlos. Pero si se construyen suficientes fábricas, con suficientes trabajadores que reciban salarios industriales y suficientes de ellos comprándose entre sí, el mercado podría sostenerse por sí mismo. Es la tesis de que las diferentes partes de la economía deben mantenerse sincronizadas a medida que se desarrollan en un "crecimiento equilibrado", en este caso por el lado de la demanda. Las teorías del crecimiento equilibrado también enfatizan el lado de la oferta y que la manufactura no debe avanzar mucho más rápido que la agricultura, o que se deben establecer adecuadamente carreteras e infraestructura suficientes para acompañar la industrialización. Simon Kuznets (1966) sostuvo que el crecimiento económico sostenido no podía ocurrir sin "cambios estructurales" de la oferta productiva, puesto que los países que permanecían pobres no habían logrado diversificarse desde la agricultura y la producción de bienes tradicionales hacia la manufactura y otras actividades modernas. Ya sea por el lado de la demanda o de la oferta, las teorías del crecimiento equilibrado abogaron por programas de inversión coordinada.

Otros enfoques en el debate sobre estrategias de desarrollo incluyeron a autores como Albert O. Hirschman (1958), quien propuso la idea de producir cambios productivos inducidos por los gobiernos hacia los sectores con mayores encadenamientos hacia atrás y hacia adelante ("crecimiento desequilibrado"), mejorando la toma de decisiones ante los cuellos de botella que aparezcan en el proceso. Para Hirschman,

"el desarrollo no depende tanto de encontrar las combinaciones óptimas para unos recursos y factores de producción dados, sino en llamar a la acción y poner en uso para propósitos del desarrollo unos recursos y habilidades que se encuentran ocultos, dispersos o mal utilizados". 

La escuela estructuralista latinoamericana se inspiró de estos debates de los años cincuenta y sesenta. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL) dirigida entonces por Raul Prebisch, centró su análisis en la relación centro industrializado-periferia subdesarrollada proveedora de materias primas (Perez, Sunkel & Torres, 2012). La CEPAL postuló la existencia de una tendencia de largo plazo de deterioro de los términos del intercambio entre materias primas y productos industriales. Esta tendencia se verificó en el siglo XX de manera escalonada (de acuerdo a las estimaciones de Ocampo, 2003), pero con episodios prolongados de altos precios de las materias primas agrícolas y mineras, como en 1972-1980 y 1986-1994, junto al que se produjo con la industrialización asiática acelerada en 2000-2011. Para esta corriente de pensamiento, los países de la periferia se especializan en la producción de bienes de contenido tecnológico bajo e importan bienes de tecnología avanzada, de lo que resulta una estructura asimétrica de las relaciones comerciales y financieras con el centro. Esto provoca obstáculos estructurales al funcionamiento de los mercados y una limitación del desarrollo económico, con un crecimiento que no llega a la frontera de las posibilidades dados los recursos disponibles. La heterogeneidad social y económica se traduce, a su vez, en desigualdad en la distribución del ingreso, por lo que debe impulsarse una industrialización por sustitución de importaciones y un cambio de las estructuras agrarias de baja elasticidad-precio de la oferta.

Pero fue la gran expansión del capitalismo occidental de post-guerra la que arrastró al continente latinoamericano hacia un crecimiento en base a una combinación de exportación de materias primas agrícolas y minerales y de esbozos de política industrial para la sustitución de importaciones. Esta no fue tanto una opción de política diseñada a priori sino una necesidad en un mundo fragmentado por dos guerras y por la aguda crisis económica global de 1929. Estas políticas, especialmente en el Cono Sur y algunos de Centroamérica, se acompañaron de políticas sociales de incorporación al empleo formal y a servicios de al menos parte del mundo campesino tradicional, así como de los nuevos pobres urbanos en ciudades que vivieron una amplia expansión (América Latina es el continente más urbanizado del mundo), en medio de una persistente marginalidad e informalidad de los puestos de trabajo. Por su parte, la inestabilidad política fue recurrente, con procesos como la revolución boliviana de 1952 y la revolución cubana de 1959, mientras las dictaduras militares se fueron generalizando luego del golpe de Estado en Guatemala en 1954 y en Brasil en 1964 y expandirse en el cono sur en los años 1970 (Uruguay, Chile, Bolivia, Argentina, Perú), para luego retroceder a partir de la década de 1980 y dar lugar a regímenes democráticos relativamente estables.

La tesis estructuralista se prolongó en la “teoría de la dependencia”. Sus diversos autores (como Theotonio Dos Santos, Fernando H. Cardoso, Enzo Faletto, André Gunder Frank, Rui Mauro Marini) sostuvieron en los años 1960 que el subdesarrollo está directamente ligado a la expansión de los países industrializados y que el desarrollo y el subdesarrollo son dos aspectos del mismo proceso, aunque el subdesarrollo no es ni una etapa en un proceso gradual hacia el desarrollo ni una precondición, sino una condición en sí misma. Sostuvieron que la dependencia no se limita a relaciones entre países, sino que también crea estructuras internas desiguales en las sociedades nacionales. La teoría de la dependencia enfatizó la relación de dominación económica y política que subordina a las economías periféricas y las alianzas de las oligarquías internas con el capital internacional, recomendando grados importantes de desvinculación con la economía mundial capitalista y cambios estructurales internos para evitar "el desarrollo del subdesarrollo" (Frank, 1966). Otro  argumento dependentista (Ruy Mauro Marini, 1973) fue que los dos elementos del ciclo capitalista -la producción y circulación de mercancías- estarían, contrariamente a los países del centro, separados en la periferia, la que se vincularía al centro a través de la superexplotación del trabajo. La producción no descansaría sobre la capacidad interna de consumo sino que dependería de las exportaciones hacia los países desarrollados. Los salarios en los países dependientes se mantendrían bajos porque el consumo de los trabajadores no es necesario para "la realización" (venta) de las mercancías. 

Tanto el estructuralismo cepaliano como la teoría de la dependencia enfatizaron las limitaciones dinámicas de las estructuras de oferta en América Latina, y las consecuencias distributivas de esas estructuras en la dinámica de la demanda y las evoluciones de los mercados externos en la relación centro-periferia. Pero estos enfoques no dieron cuenta de las situaciones de expansión de la demanda en nuevos mercados para las materias primas de la periferia latinoamericana con la reconfiguración post-fordista de la división internacional del trabajo y la emergencia de los países asiáticos. Estos procesos permitieron una cierta expansión y consolidación de la capacidad de consumo de nuevos sectores medios, al amparo de la propia sustitución de importaciones y luego de una evolución de los términos del intercambio más volátil. Incluso, en países como Brasil se dio lugar a una suerte de "fordismo periférico" de tipo industrial (Lipietz, 1983). 

El Consenso de Washington y sus efectos

En los años 1980-90 se generalizaron las recomendaciones del llamado "Consenso de Washington", que encaminaron el enfoque neoclásico "pro mercado" hacia un conjunto de recomendaciones de política orientadas a la liberalización del comercio y las inversiones externas y de disminución general de la intervención del Estado y de la protección del trabajo. Su argumento básico fue que esta intervención solo creaba rentas de situación para grupos específicos sin aumentar el crecimiento, que debía provenir de las fuerzas dinamizadoras que emanaran de la competencia en los mercados. Las propuestas fueron resumidas por el decálogo de John Williamson (1990):

• “disciplina presupuestaria; 

• reforma fiscal con bases imponibles amplias y tasas marginales moderadas;

• liberalización financiera, especialmente de las tasas de interés; 

• tipos de cambio competitivos; 

• liberalización comercial; 

• apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas; 

• privatizaciones; 

• desregulaciones; 

• cambios en las prioridades del gasto público a favor de salud, educación e infraestructura y, 

• garantía de los derechos de propiedad.” 

Aunque la disciplina y simplificación fiscal siempre serán positivas -especialmente si se acompañan de una tributación progresiva y de gastos públicos que minimicen el clientelismo y el favoritismo con intereses particulares- este enfoque omitió los posibles efectos de las estrategias de apertura comercial y financiera indiscriminada y de liberalización y de disminución de impuestos y gastos públicos tales como:

• la acentuación de una especialización productiva desfavorable en el largo plazo y concentrada en conglomerados rentistas en sectores de baja elaboración industrial;

• la disminución del bienestar de la sociedad al mermar la provisión de bienes públicos de acceso abierto y sin costo marginal, incluyendo las infraestructuras productivas y sociales y los equipamientos colectivos, concentrándose en la seguridad interna y externa;

• el aumento de la inestabilidad financiera, del endeudamiento externo privado y público y de las transferencias de rentas al exterior por los agentes privados;

• la disminución del dinamismo económico al restringir la provisión de bienes con externalidades positivas sobre el crecimiento, como la educación, la salud y la innovación basada en la investigación y desarrollo tecnológico;

• el debilitamiento del tejido productivo más frágil y menos competitivo pero con perspectivas de desarrollo y de aprendizaje productivo más complejo, dejando en el camino a los menos dotados y más vulnerables sin opciones alternativas y, por tanto,  aumentando las exclusiones, las desigualdades y las heterogeneidades estructurales de la economía;

• el aumento de la depredación de la naturaleza y la desprotección de los bienes comunes, aquellos a los que muchos pueden acceder pero en condiciones de oferta limitada y que pueden ser sobre-explotados y deteriorados, como los patrimonios naturales y sociales;

• el debilitamiento de las instituciones, que fue en muchas partes devastador al debilitar la cohesión social y la estabilidad política.

Los países de menores ingresos promedio suelen tener un desarrollo institucional deficiente por carecer de recursos para sostenerlo, con sistemas políticos permeables a los grupos de interés oligárquicos que los expone a políticas distorsionadoras, como fijaciones arbitrarias de precios, subsidios e impuestos para beneficiar a unos u otros grupos económicos con capacidad de incidir en las decisiones públicas, lo que genera cadenas de ineficiencias a nivel de firma. Pero esas deficiencias estructurales no pueden ser removidas por sí solas por la liberalización del comercio. Antes bien, requieren de procesos de construcción de instituciones profesionales no clientelares y de mejoramientos de las capacidades gubernamentales y, por tanto, de aumentos -y no de disminuciones- de los recursos públicos destinados a esos fines.  

A la postre, la apertura indiscriminada al exterior, especialmente la apertura financiera, aumentó la inestabilidad macroeconómica y produjo pérdidas sustanciales de diversificación del tejido productivo. En palabras de Joseph Stiglitz (2004): 

“si existe un consenso hoy respecto a qué estrategias tienen más posibilidades de promover el desarrollo de los países más pobres en el mundo, es este: no hay consenso excepto que el Consenso de Washington no proveyó la respuesta. Sus recetas no fueron ni necesarias ni suficientes para un crecimiento exitoso, aunque cada una de sus políticas tuviera sentido para países particulares en tiempos particulares (...). Hubo una falla en la comprensión de las estructuras económicas de los países en desarrollo, focalizando en un conjunto de objetivos muy estrecho y en un conjunto muy limitado de instrumentos. Desde luego, los mercados por sí mismos no producen resultados eficientes cuando la tecnología está cambiando o cuando existe aprendizaje respecto de los mercados; estos procesos dinámicos están en el corazón del desarrollo y existen importantes externalidades en este tipo de procesos dinámicos, dando lugar a un importante papel para el gobierno. Los exitosos países del Este de Asia reconocieron ese rol; las políticas del consenso de Washington no lo hicieron”.

Incluso, usando datos manufactureros de China en el período de rápida integración con el exterior, Bai, Jin y Lu (2024) muestran que 

"abrir una economía puede en el hecho reducir la eficiencia asignativa y exacerbar la mal-asignación de recursos ayudando a expandirse a las firmas que están más subsidiadas (en vez de las que son más productivas)...as pérdidas pueden ser de un tamaño comparable a las mayores fuentes de ganancia de bienestar". 

La pregunta de por qué unos países han experimentado desde la revolución industrial más ganancias con el comercio que otros, o ninguna -Waugh (2010) encuentra en una amplia muestra de países que los más pobres no obtienen sistemáticamente ganancias del comercio- permanece abierta y no fue resuelta por el Consenso de Washington.

Las políticas neoliberales extremas partieron en Chile luego del golpe de Estado de 1973 y se expandió a América Latina a partir de los años 1980, en el contexto del impacto de la “era Reagan-Thatcher” en los países industrializados. América Latina sufrió el debilitamiento de sus Estados desde los años 1980 en medio de procesos de apertura comercial y financiera. En contraste con la evolución asiática,  se produjo una disminución de su peso en la economía mundial. Tanto Brasil, como México y Argentina, los grandes actores de la economía latinoamericana, declinaron su importancia relativa. La brecha con los países de más altos ingresos se amplió y también aquella con los del este de Asia: el ingreso medio por habitante era en estos países en los años 1960 más bajo que el de América Latina, mientras desde inicios del siglo XXI lo superó ampliamente. La aplicación de la trilogía de disminución del peso de Estado, privatización y desregulación fue especialmente costosa a partir de la década de 1980, con un crecimiento menor que el de la economía mundial y problemas agravados de desempleo y desigualdad, aunque se acompañó de una disminución de la inflación y de una modernización productiva de los sectores orientados  a la exportación que acentuaron, en muchos casos, su condición de enclaves sin capacidad de arrastre sobre el conjunto de la economía. Además de lento, el de América Latina ha sido desde 1980 un crecimiento accidentado y volátil, con un nivel de desigualdad muy superior al de la mayoría de los países  asiáticos e incluso africanos.

Los años del desarrollismo latinoamericano después de la segunda guerra mundial habían permitido sostener tasas de crecimiento comparativamente elevadas en la etapa de sustitución de importaciones vía industrialización volcada al mercado interno, en buena medida provocada por los desordenes en las cadenas de abastecimiento producidas por las dos guerras mundiales del siglo XX. Este proceso tuvo mejores resultados de crecimiento que aquel inspirado en las liberalizaciones y aperturas al exterior de los años 1970-80. Según la base de datos del Banco Mundial, el crecimiento del PIB de América Latina y el Caribe pasó de un 5,8% promedio anual en 1961-1980 (el de Estados Unidos fue de 3,7% en el mismo período) a un 2,5% promedio anual en 1980-2000 (el de Estados Unidos fue de 3,2%). Luego experimentó una reaceleración hasta un 3,5% de crecimiento anual durante el boom de materias primas de 2000-2007, empujado por la aparición del actor chino en los mercados mundiales, lo que coincidió con el primer período de "gobiernos progresistas" post neoliberales. 

El ciclo de los llamados "gobiernos progresistas" desde inicios de los años dos mil, pudo sustentarse en una fuerte demanda de materias primas desde China y el resto de Asia y mejores precios de las exportaciones tradicionales y permitió aumentar el volumen e impacto en la pobreza de las políticas sociales no condicionales, pero no alteró la estructura económica, en la que permanecieron dinámicas industriales circunscritas básicamente a Brasil y México, aunque ambos países no consolidaron tasas de crecimiento comparables a las asiáticas. Siguió una nueva etapa de crecimiento bajo a partir del impacto de la recesión mundial de 2008, con un crecimiento promedio anual de 1,9% en 2008-2019, algo superior al de Estados Unidos (1,7%). México, Brasil y Argentina, en particular, no lograron recuperar un dinamismo significativo en la etapa post-crisis de 2008-2009, como tampoco en la etapa posterior a la crisis de la pandemia de 2020. 

Aunque las recetas del Consenso de Washington perdieron gran parte de su impulso inicial por su contraste en resultados respecto a las experiencias asiáticas, en una parte de América Latina se han producido alternancias en el gobierno entre coaliciones de distinto signo que han permitido mantener la influencia en el diseño de políticas de los enfoques que persisten en desregular, privatizar y disminuir el tamaño del Estado como supuestas palancas del crecimiento, como sostienen sus inspiradores como Robert Lucas (2004). Existe en esos países un predominio académico y mediático de quienes postulan que las intervenciones del Estado distorsionan universalmente la asignación de recursos y desincentivan el crecimiento, por lo que promueven ofertas de mejoría del bienestar a través del derrame de la expansión de la acumulación privada de capital hacia los que viven de su trabajo formal o informal. En países como Venezuela se ha producido un fenómeno inverso de expansión del control burocrático de la economía y de sustento en una renta petrolera declinante, lo que ha terminado por provocar una hiper-inflación y afectar fuertemente la actividad, el empleo y los ingresos, a lo que han contribuido las políticas de bloqueo económico desde Estados Unidos desde 2017 -que persiste desde inicios de los años 1960 en el caso de Cuba-  y provocado, junto a otros factores desestabilizadores en la economía mundial, una migración masiva.

En la mayor parte de América Latina persiste una matriz productiva con poca variedad de productos de exportación (concentradas en hidrocarburo, minerales y bienes agrícolas) y poca agregación de valor industrial y capacidad de diversificación y arrastre sobre los servicios modernos a la producción. Esta matriz tiene como sustrato la estructura histórica de concentración de la propiedad de la tierra y del control de los recursos naturales, en medio del dominio de la economía por conglomerados familiares, la mayoría de los cuales se desenvuelve en tres o cuatro sectores básicos de alta renta y poca innovación tecnológica. A diferencia de sus congéneres coreanos, gastan muy poco en investigación y desarrollo tecnológico: mientras Corea del Sur invierte más del 3% de su PIB en la materia, Brasil destina solo el 1,1% del PIB (con un 40% de aporte empresarial), la cifra más alta del continente, mientras países como Chile gastan sólo el 0,4% del PIB en esa función (y las empresas solo aportan poco más del 30% de esa cifra). Los conglomerados familiares suelen lograr posiciones de monopolio u oligopolio y de captura del Estado, con capacidad de mantener márgenes elevados y menores niveles de competencia en los mercados de bienes. Tienen, además, un acceso privilegiado a los mercados de capitales internos y externos y determinan el grueso de la inversión privada y su orientación, con gobiernos que, a su vez, no logran invertir lo suficiente en infraestructura y en salud y educación, con estructuras tributarias débiles y Estados con frecuentes conductas clientelares que disminuyen su capacidad de concentrar esfuerzos en ejes estratégicos de innovación y mejoramiento de la inserción externa.

Las experiencias asiáticas contrastaron con las latinoamericanas de industrialización parcial en la posguerra y posterior aperturismo en la etapa final del siglo XX, que han mantenido sus economías, como las africanas, en condición de periferias de poco peso relativo en el sistema mundial y en sus sectores más dinámicos. En América Latina se produjo primero una intervención estatal de tipo corporativista o bien dominada por los intereses de las oligarquías rurales e industriales, reemplazada desde los años 1970 por diversas experiencias neoliberales de privatizaciones de empresas y servicios públicos, aperturas al comercio exterior y posterior expansión de las exportaciones de materias primas energéticas, minerales y de productos agrícolas gracias a China y los mercados asiáticos. Un conjunto de alternancias entre gobiernos progresistas y conservadores no han logrado construir dinámicas industriales de una magnitud como las de las economías asiáticas ni han sido capaces de mejorar su inserción en la economía global, pues su participación en ella decae sistemáticamente. 

En la experiencia latinoamericana, al terminar la etapa de la sustitución de importaciones en los años setenta, la apertura generalizada al comercio exterior, junto a la disminución del gasto de gobierno y las privatizaciones, provocaron la fragilización de los servicios públicos sociales, la merma del potencial de creación de capacidades humanas y la sub-inversión en las infraestructuras productivas y sociales. La desregulación generalizada (especialmente en los ámbitos laborales, financieros y de servicios básicos) acentuó la concentración del poder económico. 

China es hoy el mayor socio comercial de economías regionales como Brasil, Chile y Perú, y se encuentra entre los principales socios comerciales de otras como Argentina y Venezuela. Uno a uno los países del continente han tendido a comerciar más con China que con el históricamente dominante Estados Unidos, impulsados por el aumento de las exportaciones de productos como soja, petróleo, hierro y cobre. El aumento del comercio con China se ha producido también en el caso de Estados Unidos: China se ha transformado en su principal socio comercial en las últimas décadas. Gran parte de América Latina sigue dependiendo de pocos productos de exportación. La soja es la principal exportación tanto de Brasil como de Argentina, aunque mantienen núcleos industriales. En Colombia, es el petróleo, el carbón, el café y el oro. En Chile es el cobre y el litio y las frutas y vinos y en Perú el cobre, el oro y el petróleo, y así sucesivamente. 

La excepción a esta tendencia regional es México, donde los productos manufacturados representan casi el 90 % de las exportaciones. Si se triplicara el total de las exportaciones manufactureras del resto de América Latina (incluido Brasil), México seguiría exportando más que el resto. La inversión extranjera ha jugado un papel fundamental. Por ejemplo, México fue el noveno mayor receptor en el mundo de inversión extranjera directa (IED) en 2023, con 36 mil millones de dólares. Más de un tercio proviene de su principal socio comercial, Estados Unidos (el comercio entre Estados Unidos y México superó en 2023 a aquel con China) y abarca a sectores diversos como la industria automotriz, el petróleo o los seguros. La nueva tendencia post pandemia se denomina nearshoring (deslocalización cercana), en la que las empresas reducen su exposición a las interrupciones en la cadena de suministro trasladando sus operaciones más cerca del mercado final. Esto ha involucrado en especial a México. La IED vinculada al nearshoring en sectores industriales como la industria automotriz, farmacéutica o de bebidas ha crecido de manera significativa. Empresas estadounidenses, de Alemania, China y Japón están abriendo nuevas plantas de ensamblaje cerca del mercado de Estados Unidos. Varios de los estados federados que atraen más IED también tienen los salarios promedio más altos del país y los fronterizos del norte se han beneficiado de su proximidad a Estados Unidos, desde las maquiladoras que surgieron a mediados del siglo XX, acompañados por el turismo. Pero a pesar de su producción industrial y cientos de empresas tecnológicas locales, México ha estado rezagado en lo que respecta al gasto en investigación y desarrollo, aunque cuenta con algunas de las mejores universidades del mundo y Ciudad de México es el segundo centro tecnológico más grande de la región, solo detrás de São Paulo. En el resto de América Latina, el esfuerzo de gasto para la innovación tecnológica es bajo.

El tema del cambio estructural en América Latina sigue estando presente si se considera que sus economías giran alrededor de grandes empresas herederas de la cultura del latifundio tradicional, que se originó en la colonización ibérica, las que controlan un amplio poder económico, aliadas en diversos casos con empresas transnacionales. Este poder se extiende con frecuencia a la esfera política y configura un capitalismo jerárquico, en la expresión de Ben Ross Schneider (2013). Las grandes empresas controladas por pocas familias son las que deciden las principales líneas de producción, exportación y adopción de tecnologías, así como los tipos de relación laboral y subcontratación y articulación con las empresas medianas y pequeñas que son sus proveedoras. Dominan actividades basadas en la extracción de la renta obtenida del acceso a bajo costo a recursos naturales agrícolas, mineros y de hidrocarburos. Y también basan sus estrategias de diversificación en el control de aquellas actividades con renta económica derivada de la poca presión competitiva (incluyendo la banca y diversas actividades financieras y de seguros, como los sistemas privados de pensiones que lograron construir en la etapa neoliberal). Esta lógica rentista explica, además, las bajas tasas de aumento de la productividad en los principales sectores, mientras los ciclos de precios altos en los mercados de materias primas han estimulado la concentración de la inversión en los sectores primarios de bajo valor agregado, con algunas excepciones de articulación con cadenas globales de producción, especialmente en México y Brasil. Siempre de acuerdo a Schneider, esto crea una trampa de las bajas habilidades, pues los grandes conglomerados ofrecen pocos empleos de mayor calificación y remuneración, los que permanecen concentrados en redes de influencia familiar y social restringida, con baja movilidad social. Los sectores medios emergentes suelen correr un mayor riesgo al endeudarse para recibir una educación superior poco especializada (poco orientada a las ciencias y a la ingeniería) y la mayoría logra puestos de trabajo con bajas remuneraciones en actividades de servicios sin mayor calificación, lo que lleva a crisis sociales frecuentes.

Los debates sobre la "trampa del ingreso medio"

El paso a la madurez tecnológica ha sido más difícil para la mayoría de las economías exportadoras de ingresos medios y bajos, aunque la manufactura esté en condiciones de funcionar con máquinas atendidas por trabajadores calificados, mientras los no calificados se concentran en tareas simples en proceso de ser automatizadas. La automatización en estos países implica menos empleos, especialmente de trabajadores no calificados, por unidad de producción. En el pasado reciente, algunos progresaron hacia una manufactura más sofisticada, dejando la manufactura menos calificada a países de salarios más bajos que solo comenzaban el camino hacia la expansión de exportaciones manufactureras. Como señala Raghuram G. Rajan (2025), 

"ahora los trabajadores chinos poco calificados compiten con sus homólogos de Bangladés en textiles, mientras que los doctores en ciencias chinos compiten con sus contrapartes alemanas en vehículos eléctricos." 

Además, los países industrializados procuran restaurar su competitividad levantando barreras proteccionistas para repatriar la producción previamente deslocalizada por las cadenas globales a los países de bajos salarios. Su objetivo es crear más empleos bien remunerados para los trabajadores con educación secundaria rezagados, pero la automatización hace que esto sea poco probable. En conjunto, estas tendencias —automatización, competencia continua de actores establecidos como China y un proteccionismo renovado en los países centrales— tienden a dificultar que los países de menos ingresos de Asia del Sur, África y América Latina sigan el camino del crecimiento liderado por exportaciones manufactureras, y se remiten a sostener sus exportaciones de materias primas. 

Para Keun Lee (2024),

"Mientras la apertura de mercados y la integración internacional han sido las recetas típicas para el crecimiento, tales enfoques han fracasado en gran medida en el Sur Global. En cambio, las historias de éxito de convergencia económica en Asia Oriental indican que la apertura debe gestionarse de forma más estratégica y combinarse con intervenciones de política pública."

En la etapa inicial de la globalización, diversos países asiáticos con economías de productividad e ingresos iniciales bajos crecieron a través de la expansión de sus exportaciones manufactureras simples, con una demanda externa que permitió a sus productores alcanzar una escala suficiente para sostenerla, mientras la baja productividad agrícola tradicional permitió trasladar a trabajadores poco calificados a empleos en fábricas con salarios bajos. Esta combinación de mayor escala y mantención de bajos costos laborales hizo que los productos de estos países, muchos de ellos integrados en cadenas globales, pudieran ser competitivos en los mercados mundiales a pesar de la menor productividad relativa de sus trabajadores. A medida que diversas empresas fueron obteniendo ganancias de las exportaciones y arrastrando encadenamientos productivos hacia atrás, pudieron invertir en mejores equipos para hacer a los trabajadores más productivos. Conforme aumentaron los salarios, los trabajadores pudieron mejorar sus condiciones de vida, mientras las empresas y sus dueños pagaron más impuestos que permitieron a los gobiernos invertir en infraestructura y servicios de educación y atención médica. Con el tiempo, segmentos de empresas avanzaron en complejidad productiva con mayor valor agregado, ampliando un ciclo virtuoso. El paradigma de esta orientación exportadora fue China, cuya economía industrial pasó de ensamblar componentes a producir bienes de alta tecnología y vehículos eléctricos competitivos en solo cuatro décadas.

Desde los años 1980 se produjo en China la mayor transformación productiva y tecnológica acelerada que conozca la historia humana, permitiendo un crecimiento económico acelerado (10% anual promedio durante 30 años, hasta la crisis de 2008). China había emergido de la posguerra y de su propia guerra civil terminada en 1949 como uno de los países más pobres del mundo. Pasó de tres décadas de una rígida planificación central  y de captación de los excedentes agrícolas para sostener un esfuerzo endógeno de industrialización (con episodios de hambruna como el "gran salto adelante" de 1958-1961) a la liberalización parcial de los mercados rurales, la inversión extranjera selectiva y la exitosa orientación de su producción a la exportación industrial, con una fuerza de trabajo calificada y disciplinada en un régimen de partido único y un aprendizaje tecnológico y productivo progresivo pero acelerado en todas las áreas, incluyendo en su etapa actual las de tecnología más avanzada y compleja (ver el capítulo sobre sistemas económicos). 

La economía china ha logrado hasta ahora sobrellevar relativamente bien las medidas cada vez más hostiles de la administración Trump, incluidas las altas tarifas y los controles a la exportación de productos de alta tecnología. El gobierno chino espera que el PIB per cápita esté a la par con el de un “país de desarrollo medio-alto” para 2035. China parece haber evitado la “trampa de ingresos medios”. Con un ingreso nacional bruto (INB) per cápita que alcanzó los 13.660 dólares en 2024 (a precios corrientes), China se acerca rápidamente al umbral del Banco Mundial para el estatus de ingreso alto: 13.935 dólares para 2026. Otra métrica para determinar si un país ha escapado de la trampa de ingresos medios es el PIB per cápita, con el umbral fijado en el 40% del nivel de Estados Unidos, en términos de paridad de poder adquisitivo. China aún no ha llegado a ese punto, pero como muestran los datos del Fondo Monetario Internacional, ha avanzado del 7% del nivel estadounidense en 2000 al 17,5% una década después y al 32,5% en 2025. Si las tendencias recientes persisten, esa proporción alcanzará el umbral del 40% hacia 2035, una trayectoria similar a la de Corea del Sur, que pasó del 30% del PIB per cápita estadounidense a mediados de la década de 1980 al 40% diez años después. La trayectoria de China contrasta con la de países como Brasil y México, que han permanecido por debajo del umbral del 40% e incluso han registrado una caída del PIB per cápita relativo a Estados Unidos en los últimos años. 

China ha logrado aumentar el consumo interno —una prioridad de los planes quinquenales en curso— del 49,4% del PIB en 2010 al 56,8% en 2023. Esto ayudará a seguir reduciendo su dependencia de las exportaciones, aumentando así su resiliencia económica. Actualmente, la relación exportaciones/PIB de China asciende al 20%, y Estados Unidos representa el 15% de las exportaciones totales. Pero no todo será sencillo para China en los próximos años. Su economía enfrenta un exceso de oferta industrial y una débil demanda interna. Además, el tamaño relativo de la economía china frente a la estadounidense está disminuyendo en dólares corrientes por ele fecyo del tipo de cambio. El PIB chino pasó de ser el 12% del PIB estadounidense sin corrección por paridad de poder adquisitivo en 2000 a un máximo del 77% en 2021, tras lo cual comenzó a caer hasta 64% en 2025. La caída repentina en 2022 reflejó el impacto de los confinamientos por COVID-19, junto a factores como el mejor desempeño de la economía estadounidense frente a la mayoría de las otras. Aunque la participación de Estados Unidos en el PIB mundial sigue por debajo de su cima del 30% a inicios de los años 2000, ha aumentado del 21% en 2011 al 25% en 2020 y al 27% en 2025. La depreciación del renminbi es relevante y pasó de alrededor de 6,4 por dólar en 2022 a alrededor de 7,2 a mediados de 2023, y ha permanecido cerca de ese nivel desde entonces. La subvaluación cambiaria está asociada positivamente con el crecimiento del INB per cápita, pero negativamente con la participación de un país en el PIB mundial. Los líderes chinos tienen como objetivo avanzar en la transición de China desde una economía dependiente de la manufactura tradicional intensiva en trabajo y el crecimiento impulsado por infraestructura, hacia un modelo de mayor valor agregado impulsado por la innovación. Pero los factores demográficos son adversos: según las Perspectivas de la Población Mundial de Naciones Unidas, la población de China caerá desde su cima de 1.430 millones en 2021 a 1.340 millones en 2040. En el mismo período, se espera que la población estadounidense aumente de 340 a 370 millones.

Países del sudeste asiático como Corea del Sur y Taiwán y las ciudades-puerto de Singapur y Hong-Kong habían logrado previamente alcanzar un alto nivel de crecimiento económico en las décadas que siguieron a su despegue a inicios de los años 1960, con variadas intervenciones del Estado que acompañaron ese proceso y una distribución del ingreso relativamente igualitaria, especialmente en la comparación con América Latina. La sustitución de importaciones, primero provocada por las perturbaciones del comercio en la segunda guerra mundial y años siguientes y luego estimulada por políticas de altos aranceles para permitir una protección a las industrias nacientes, dio lugar a una estrategia que incluyó un rebaja general de aranceles y tipos de cambio favorables para abaratar el costo de los insumos importados necesarios para la nueva producción manufacturera orientada a la exportación, junto a aumentos en la oferta de trabajo calificado fruto de políticas educativas sostenidas. Estas experiencias de crecimiento exportador reforzaron la observación según la cual una distribución regresiva del ingreso y la ausencia de inversión pública en capital humano e infraestructura no ayudan al crecimiento, sino que lo desfavorecen. 

La exitosa experiencia de Corea del Sur tampoco tuvo que ver con el Consenso de Washington (Lee, 2024). En la década de 1960 la realidad del atraso llevó a anteponer la alimentación de la población al avance de la industrialización con una política de precios duales para los cereales: el gobierno los compraba a los agricultores a precios elevados y los vendía a los consumidores a precios bajos. Esto supuso un giro radical respecto a la política de los años 1950, cuando el gobierno mantenía bajos los precios de los alimentos para hacerlos accesibles y limitar la inflación —un enfoque que reducía el incentivo de los agricultores, muy empobrecidos, para mejorar su productividad. El gobierno también desarrolló una nueva variedad de arroz de alto rendimiento, que lanzó en 1972. En 1961 se nacionalizó los bancos comerciales para hacer frente a la extrema escasez de capital derivada del bajo nivel de ahorro interno. Los beneficios de una liberalización rápida de las finanzas y del comercio, como prescribe el Consenso de Washington, suelen seguir ciclos intermitentes con altas tasas de interés que socavan la inversión en la industria manufacturera interna, en medio de frecuentes fugas de capitales. En Corea del Sur, en cambio, los bancos se privatizaron sólo después de que el gobierno pasara casi dos décadas manteniendo bajos las tasas de interés, estimulando así la inversión y asegurándose de que el ahorro se canalizara hacia el aumento de la capacidad del sector manufacturero. Esto contribuyó a un crecimiento del ingreso, por lo que a pesar de las tasas reprimidas la tasa de ahorro interno subió del 9 % del PIB a principios de los años 1960 a aproximadamente el 30 % a mediados de los  años 1980. 

En materia de liberalización comercial, Corea del Sur adoptó un criterio que incluyó medidas de protección con aranceles muy elevados sobre bienes de consumo, destinados a permitir que las futuras industrias exportadoras prosperaran antes de enfrentarse a la competencia extranjera. Las empresas protegidas emplearon sus rentas de monopolio para financiar inversiones, porque las protecciones gubernamentales estaban condicionadas al desempeño exportador, manteniéndose, al mismo tiempo, expuestas a la disciplina de los mercados mundiales. Paralelamente, los bienes de capital, que Corea debía importar, tenían aranceles muy bajos. A su vez, la inversión en educación y salud impulsó el crecimiento. Corea del Sur trazó su propio camino, implementando simultáneamente una estrategia de crecimiento enfocada a la exportación y fomentando la sustitución de importaciones. Para producir bienes de exportación, las empresas debían importar bienes de capital e intermedios, lo que contribuyó a los persistentes déficits comerciales de Corea hasta finales de los años 1980. Por ello, el gobierno buscó reemplazar esos bienes por equivalentes producidos localmente. La participación atrasada de Corea del Sur en las cadenas globales de valor —reflejada en la proporción de contenido de valor extranjero en sus exportaciones— disminuyó entre mediados de los años 1980 y fines de los años 1990. Más tarde, Corea del Sur avanzó a una economía abierta con acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, China e India. Pero primero tomó desvíos calculados que resultaron ser la ruta de transición más eficiente hacia una economía exportadora. 

El Banco Mundial (2024) sostiene en la actualidad que el crecimiento de los países de ingresos medios requiere un cambio de la inversión en capital físico a la incorporación de tecnología e innovación para producir una gama de productos más sofisticados (el Índice de Complejidad Económica proporciona una medida de las capacidades productivas de un país basada en la diversidad y complejidad de su canasta de exportaciones), lo que implicaría que los países canalicen la asignación de recursos hacia las empresas más productivas, dado que "la asignación eficiente de los factores de producción representa aproximadamente el 25 por ciento del crecimiento de la productividad en los países en desarrollo". De ese modo se impulsaría el aumento del empleo y la producción, además de crear efectos positivos para otras empresas, lo que requiere políticas para que las empresas incorporen nuevas tecnologías y crezcan y se enfoquen en la innovación, aumentando el número de sus patentes y la importancia de estas patentes en la producción global de conocimiento. La narrativa actual del Banco Mundial sostiene que para ese fin los países necesitan proporcionar educación primaria y secundaria a sus jóvenes y como segundo paso que las personas inviertan en el desarrollo de sus habilidades y los gobiernos inviertan en investigadores que contribuyan a la expansión del conocimiento en diversos campos, lo que en el pasado consideraba no prioritario y caro. Se mejoraría la expansión de largo plazo de las capacidades productivas con patentes para proteger la innovación y el financiamiento público de la infraestructura y de la ciencia básica (que son bienes públicos cuyo consumo no es divisible ni tienen un costo marginal), así como el gasto público en la educación y el cuidado de la salud (con importantes efectos externos positivos más allá de sus beneficiarios individuales), en tanto "capital humano" que se agrega al capital físico para constituir la capacidad productiva de cada sociedad. También sostiene que los países de ingresos medios necesitarían mejorar el acceso y la fiabilidad de la energía y desacoplar su crecimiento económico de las emisiones de carbono. 

Siempre según el Banco Mundial en su informe de 2024, los países de ingresos medios enfrentan el desafío de poblaciones que envejecen rápidamente, un mayor proteccionismo en las economías de altos ingresos y la necesidad de acelerar su transición energética. Las perspectivas futuras para estos países no se aprecian halagüeñas: 

"En muchos países de ingresos medianos, la deuda gubernamental, que es más costosa para este grupo de ingresos que para cualquier otro, está en un nivel récord. Los esfuerzos tardíos de los bancos centrales de las economías avanzadas para normalizar la política monetaria y controlar la inflación mediante el aumento de las tasas de interés han incrementado los diferenciales soberanos (la diferencia entre los rendimientos de los bonos emitidos en los mercados internacionales por el país en cuestión y los ofrecidos por gobiernos con calificaciones AAA) y han elevado los costos de endeudamiento para los mercados emergentes, en algunos casos a niveles prohibitivos. Como consecuencia, las economías de ingresos medianos están siendo presionadas desde varios frentes: un espacio fiscal más restringido reduce la inversión pública y el margen para las reformas estructurales; un mayor servicio de la deuda pública desplaza el endeudamiento privado; y un mayor riesgo de estrés de la deuda soberana aumenta la incertidumbre política y frena la actividad económica. Estas dificultades se ven agravadas por otras. En algunos países de ingresos medianos, la fragilidad, el conflicto y la violencia están obstaculizando el desarrollo. Y en casi todos los países, el cambio climático está presionando al gobierno a replantear su estrategia de desarrollo". 

Pero postula que inevitablemente todo crecimiento del empleo requiere mejoras en la formación de la fuerza de trabajo, con capacitaciones y actualizaciones pueden realizarse rápidamente (por ejemplo los graduados de ingeniería con conocimientos básicos de su campo pueden ser entrenados en software de diseño de última generación). Sostiene que a mediano plazo, los países deberán invertir grandes sumas en nutrición, salud y educación para aumentar sus capacidades humanas. Estas inversiones en habilidades y capacidades también pueden generar empleo con políticas apropiadas, como contratar a más madres con educación secundaria para trabajar en guarderías y enseñar a los niños alfabetización y aritmética básica desde una edad temprana o capacitar a más personal de salud primaria que hagan derivaciones a médicos calificados cuando sea necesario. Es menos probable que las economías centrales levanten barreras proteccionistas contra los servicios, cuya expansión desde los países periféricos implicaría un beneficio para sus consumidores y, potencialmente, una reducción de la desigualdad de ingresos doméstica.

El rol decisivo de las instituciones en el crecimiento

Las instituciones han recibido una creciente atención en la literatura del desarrollo, en tanto no debe darse por sentado que basta con el buen diseño de políticas para obtener resultados sino que también debe contarse con instituciones adecuadas que puedan llevarlas a cabo. La visión institucionalista  de las diferencias entre naciones (Acemoglu y Robinson, 2012) rebate la explicación geográfica y cultural de esas diferencias y atribuye el más deficiente funcionamiento relativo de la economía de diversos países a instituciones que no limitan el poder de elites "extractivas",  lo que no incentiva el trabajo y el ahorro y su adecuada retribución, en contraste con las instituciones "inclusivas" que sí lo hacen y permiten evitar el dominio del capital concentrado sobre el Estado  o bien de Estados hipertrofiados y represivos. Los más exitosos serían los que logran transitar por un "pasillo estrecho" (Acemoglu y Robinson, 2019) entre ambas esferas, con sistemas democráticos suficientemente representativos de las opciones de la mayoría, que respeten a las minorías y promuevan el diálogo social, las interacciones comunitarias y la diversidad cultural sin capturas institucionales de los sectores minoritarios con más poder económico ni violencias. Acemoglu et al. (2019) concluyen que las instituciones democráticas favorecen más el crecimiento:

"La democracia tiene un efecto positivo sobre el PIB per cápita. Nuestra estrategia de panel dinámico controla por efectos fijos de país y por la rica dinámica del PIB, que de otro modo distorsionaría el efecto de la democracia...Nuestros resultados de referencia muestran que las transiciones a la democracia incrementan el PIB per cápita en aproximadamente un 20 % en el largo plazo."

El argumento es que, analizando datos de 184 países entre 1960 y 2010, la democracia favorece el crecimiento a través de un mayor gasto en educación y salud; mejor protección de derechos de propiedad; menor volatilidad política; más rendición de cuentas y menor represión de la innovación y la competencia. Reconocen que regímenes autoritarios como el de China o en su momento de Corea del Sur han logrado un crecimiento muy rápido, pero postulan que estas trayectorias son frágiles al depender de decisiones centralizadas que pudieran no permitir suficiente innovación, control ciudadano ni diversificación sostenida, pero sostienen que los regímenes democráticos no garantizan un crecimiento inmediato, pero sí favorecen trayectorias de desarrollo sostenido e inclusivo en el largo plazo, aunque esto no funciona del mismo modo en todos los contextos. Proveer condiciones de estabilidad también lo pueden lograr regímenes autoritarios, pero no al punto de consolidar suficientemente un Estado de derecho que permita la absorción no arbitraria de los conflictos de intereses y la protección de los contratos descentralizados y de las interacciones que favorecen la innovación.

El crecimiento en el largo plazo está vinculado a la calidad de las instituciones. Siguiendo a Dani Rodrik (2000), 

“lo que en el largo plazo más asegura la convergencia con los niveles de vida de los países avanzados es la adquisición de instituciones de alta calidad”. 

Se requiere de burocracias públicas meritocráticas que realizan políticas fiscales estabilizadoras, políticas antimonopolio y de regulación de mercados y provisión de servicios de educación, salud y seguridad social, junto a bancos centrales profesionales, supervisión financiera y una judicatura independiente. No obstante, en las economías periféricas las instituciones estatales suelen ser más débiles y proveer proporcionalmente al tamaño de economía menos bienes públicos, cobertura de riesgos sociales y redistribuciones que el promedio de las economías de altos ingresos, aunque hay excepciones. Una de las más antiguas es la de Uruguay, que a principios del siglo XX estableció tempranamente gastos en educación y servicios básicos en el marco de una incipiente prosperidad ganadera exportadora. 

El buen gobierno, o la “gobernanza” en la jerga de los organismos internacionales, no es una receta fija a aplicar, sino que es fruto de construcciones sociales dinámicas y complejas. Estas se desarrollan en condiciones históricamente dadas y con instituciones heterogéneas en su capacidad de prestar servicios a los ciudadanos y de proveer bienes públicos. El desarrollo institucional acumulativo apropiado (formal e informal) es aquel que llega a inducir conductas sociales deseables en los agentes económicos. Para ser exitoso requiere de condiciones económicas, sociales y culturales en las que sustentarse, y a su vez estas condiciones lo alientan, en un círculo virtuoso que viabiliza lograr saltos a mayores niveles de vida. 

Las metainstituciones que articulan estos procesos son las que protegen las libertades civiles y políticas y los derechos sociales, es decir el régimen de democracia y de cohesión social. La ausencia de encadenamientos virtuosos, en dilemas del tipo si es primero el huevo o la gallina –el buen gobierno o mejorías económicas-  puede a la inversa generar los círculos viciosos del estancamiento y de la deriva a instituciones depredadoras que lo alimentan.No obstante, se plantea la interrogante de por qué en unos u otros países no se construyen instituciones inclusivas y sobre si los países prósperos lo son porque han tenido instituciones no depredadoras, las que serían precondiciones determinantes, o bien las buenas instituciones sobrevienen con la prosperidad, al emerger de manera endógena como resultado del crecimiento económico. Para que los países de encaminen hacia economías prósperas y sostenibles, parece una condición necesaria -aunque no necesariamente suficiente- que se doten de instituciones capaces de sostener estrategias como conjunto articulado y coordinado de procesos de planificación y programación de acciones de política pública y de orientación de los mercados y de los vínculos con el exterior durante períodos de tiempo que exceden largamente el corto plazo. Esta continuidad es una condición para la movilización de los recursos necesarios para alcanzar secuencias de objetivos. 

El marco institucional de un país influye, a su vez, en su nivel de desigualdad (Blanchet; Chancel & Gethin, 2022). Los gobiernos pueden usar impuestos más altos y transferencias sociales para redistribuir parte de los ingresos más elevados de los dueños del capital o de los trabajadores calificados  o mantener sistemas de negociación salarial más equilibrados que los de mercado y brechas salariales menores. La negativa de un gobierno a tomar medidas para reducir la desigualdad refleja la idea de que la redistribución es ineficiente y perjudica los incentivos del mercado (respaldando así la idea de un fuerte conflicto entre igualdad y crecimiento). Pero el fracaso en redistribuir también puede reflejar una realidad política: que los ricos ejercen una influencia desproporcionada porque participan más activamente en la política y hacen mayores contribuciones a las campañas políticas que las mayorías de menos recursos, según Angus Deaton (2015). El “votante decisivo” —aquel cuya preferencia inclina las decisiones en el sistema político— es mucho más rico que el “votante de ingreso medio”. Las decisiones políticas, entonces, tienden a coincidir mucho más con las preferencias de los más ricos. Según este análisis, los sistemas políticos se han acercado más al modelo de “un dólar, un voto”, en lugar del modelo tradicional de “una persona, un voto”. Una amplia desigualdad de riqueza e ingresos permite de este modo a los más ricos tener un alto poder político, lo que se traduce en una capacidad de limitar su aporte tributario a los sistemas de educación y salud y de impedir negociaciones salariales equilibradas en las empresas. Esto termina por disminuir el bienestar de los más pobres y también el crecimiento promedio de la economía en su conjunto. En este caso, prevalece una suerte de "histéresis distributiva", es decir su prolongación estructural asociada a concentraciones patrimoniales y a limitaciones persistentes en la capacidad negociadora de los asalariados frente a sus empleadores y/o en el funcionamiento de redistribuciones progresivas mediante el sistema de tributos-transferencias desde los grupos de altos ingresos al resto de la sociedad o a los grupos de menos ingresos. 

En suma, dependerá del sistema político y del funcionamiento social que existan soluciones cooperativas y no depredadoras entre los inversores productivos públicos y privados, los trabajadores, las familias y los reguladores públicos para crear grados básicos de estabilidad que incrementen el horizonte temporal de las decisiones económicas. La eficiencia productiva se logra mediante inversiones fijas de suficiente envergadura, que luego permiten que los costos unitarios caigan a medida que aumenta el volumen y mejora la calidad de los bienes producidos. Pero las estructuras empresariales altamente eficientes y con altos costos fijos son frágiles. Cuando sus costos variables suben, su volumen se reduce y sus beneficios pueden caer bruscamente, puesto que aún deben cubrir sus costos fijos. Las ganancias se convierten rápidamente en pérdidas. Las empresas con altos costos fijos solo pueden operar con pérdidas hasta que se agoten sus reservas; en ese punto sobrevienen la ruptura y la quiebra. El ajuste no ocurre por arte de magia.

Un círculo virtuoso se perfila si se facilita el horizonte de inversión y del cálculo económico, lo que requiere que las percepciones de la demanda futura sean relativamente estables y que los agentes privados no persigan solo ganancias ocasionales o especulativas, sino proyectos rentables en el sector real de la economía abiertos a la innovación y a la inclusión de la población en empleos sujetos a un "dinamismo estable", es decir con movilidad pero también garantías contractuales que provean un horizonte básico de certeza laboral y de reinserción. Este circulo virtuoso se anuda en procesos continuos en los que las empresas invierten porque hay una demanda interna y/o externa suficientemente previsible y los consumidores consumen y ahorran porque tienen un empleo suficientemente remunerador, en el marco de una competitividad sistémica de las empresas en especializaciones productivas dinámicas, acompañadas de un sistema financiero que desarrolle sectores y nichos de altor valor agregado en una inserción internacional no perjudicial en las cadenas globales de producción y consumo y en el abastecimiento del mercado interno en bienes y servicios. 

Una estrategia de desarrollo exitosa sería, en este sentido, la que logre articular periódicamente las acciones del Estado y las aspiraciones de los actores económicos y de la sociedad civil en función de finalidades comunes de bienestar según las preferencias de la sociedad. Una condición necesaria, siguiendo a Aghion y Roulet (2011), es construir una capacidad gubernamental que permita el mejor funcionamiento posible en cada situación histórica de:

• • Un Estado estabilizador, que utilice herramientas como la provisión de crédito a tasas de interés que promuevan la actividad manteniendo controlada la inflación y no practique la selección adversa de la producción innovadora y de pequeña escala (política monetaria) y los sistemas tributarios y de gasto publico que permitan la suficiente provisión de servicios esenciales a los ciudadanos y flujos de demanda agregada adecuados (política fiscal). 

  • Un Estado inversor, que utilice las herramientas de inversión pública en investigación e innovación (política industrial), educación, formación continua y salud pública (política de capacidades humanas), junto a la provisión de infraestructura productiva, urbana y ambiental (política de ordenamiento del territorio), de control de los impactos contaminantes y de generación de circularidades productivas en las que los desechos de unas actividades sean los insumos de otras y los bienes se orienten a la funcionalidad y la durabilidad sin estar sujetos a la obsolescencia programada (política de sostenibilidad); además, debe procurar la inserción diversificada en mercados externos, la inversión extranjera beneficiosa para la actividad económica y la transferencia tecnológica y de financiamiento externo que complemente el ahorro interno en condiciones estables y con tipos de cambio competitivos (política comercial y financiera).

  • Un Estado asegurador y redistributivo, que actúe frente a las catástrofes naturales, que regule el empleo articulando seguridad y movilidad para los trabajadores y flexibilidad para las unidades productivas mediante seguros de desempleo y activos programas de formación laboral, que cubra los riesgos de enfermedad y accidentes con cobertura financiera suficiente y que proteja de la pobreza en la vejez con pensiones básicas y componentes contributivos acordes al trabajo desempeñado, así como a las familias y a la niñez mediante impuestos progresivos y transferencias que permitan niveles básicos de vida.

4. Las vías del bienestar equitativo y sostenible

Las metas de un desarrollo equitativo y sostenible

La probabilidad de obtener logros en temas sociales al margen de los procesos agregados de crecimiento y de su sustrato de bienes públicos e infraestructura productiva es baja. Por ejemplo, casi toda la variación (95%) en la mortalidad infantil entre países en la mortalidad es explicada por el PIB per cápita, además de una medida de desigualdad, los años de escolaridad de las mujeres y algunas otras variables regionales (Filmer & Pritchett, 2000). Todos estos factores son causalmente anteriores al gasto público en salud. La variación en la mortalidad infantil que es explicada de manera independiente por el gasto público en salud per cápita es solo a veces estadísticamente significativo respecto de cero: solo cerca de una séptima parte de un uno por ciento de las diferencias internacionales puede atribuirse plausiblemente al gasto público en salud, aunque los estudios muestran que es posible evitar una muerte infantil a un costo muy bajo.

Las políticas de desarrollo no deben circunscribirse, sin embargo, al crecimiento de la producción para el mercado y para la especialización internacional sin complejidad productiva, sino ser concebidas como un conjunto de procesos de avance simultáneo hacia metas de bienestar equitativo y sostenible que las sociedades se proponen alcanzar. Estas suelen abarcar la orientación al aumento de las capacidades productivas e institucionales sosteniendo la resilencia de los ecosistemas, la reducción de las desigualdades de ingreso, riqueza y género, el establecimiento de coberturas sociales de los riesgos, el fortalecimiento del cuidado de la infancia y de las personas vulnerables para asegurar que nadie sufra privaciones extremas y que cada miembro de la sociedad disponga de una igualdad efectiva de oportunidades de prosperar a lo largo del tiempo. Los medios que lo facilitan incluyen  el mejoramiento de la gobernanza democrática, incrementar la educación con aprendizajes efectivos para aumentar las capacidades individuales y colectivas y la productividad y eficacia en el uso de los recursos; proveer niveles mayores de bienes públicos y de bienes privados con externalidades positivas sobre el conjunto de la sociedad; contener las externalidades negativas de la producción sobre las personas y el ambiente;. Esto involucra tanto la actividad descentralizada de los actores económicos como la actividad estatal de producción, regulación y planificación de la asignación de recursos para orientar su movilización hacia los fines definidos por cada sociedad. 

Algunos autores postulan la necesidad de una política de "decrecimiento" para asegurar objetivos de bienestar, mientras otros enfatizan la recomposición de los procesos de expansión de la producción, el empleo y el consumo en un sentido equitativo y sostenible sin que esto implique una disminución del PIB. En este último caso se requiere la movilización sistémica de los actores y los recursos para obtener mejoramientos de las condiciones de vida y su distribución equitativa, en el marco de una transición rápida hacia la resiliencia ecosistémica, dados los límites planetarios que ha alcanzado la actividad de las sociedades humanas bajo el modelo maximizador de la producción en condiciones de acumulación ilimitada de capital y de consumo no funcional.

Una estrategia de desarrollo equitativo y sostenible debe implicar tanto el crecimiento de las capacidades productivas y de suministro de bienes orientados a sostener el bienestar de los diferentes miembros de las sociedades, como el decrecimiento de los procesos productivos depredadores de los ecosistemas a nivel local y global. Las actividades económicas deberán recomponerse según los objetivos que la sociedad, a través de  los sistemas políticos, se propongan alcanzar en condiciones de decisión democrática en materia de relaciones sociales y equilibrios ambientales. Se trata de un proceso que debe incluir un significativo crecimiento de la producción de alimentos saludables, de las energías renovables, de los objetos reparables, de larga duración y de bajo consumo de energía, de los servicios a las personas y de los servicios a la producción innovadora y compatible con la resiliencia de los ecosistemas. Y que debe incentivar el decrecimiento de la energía basada en hidrocarburos, de la alimentación industrial no saludable, de la producción con obsolescencia programada, del sobre-endeudamiento que sobrecarga el presupuesto de los hogares con intereses sobre intereses y de finanzas que lesionan a las empresas productivas, junto a servicios básicos entregados a mínimo costo. Se trata de dejar de medir la actividad con un PIB por habitante que no considera el bienestar, la distribución y la sostenibilidad social y ambiental, y cuyo monto no deberá ser lo importante per se, sino por su capacidad de sostener el bienestar equitativo y resiliente a lo largo del tiempo, pues el crecimiento de la capacidad de producción es solo un aspecto del proceso de desarrollo histórico de las sociedades, que incluye dimensiones políticas, sociales y culturales además de las económicas. El crecimiento de las capacidades de producción debe ser valorado como un medio para el logro de criterios de bienestar y no como un fin en sí mismo. 

Las estrategias de promoción de la complejidad productiva

Más allá de las variadas controversias en la materia, se puede afirmar que el crecimiento económico a largo plazo que hace posible alcanzar metas de mayor bienestar colectivo es producto de procesos condicionados por las instituciones, por el tipo de especialización productiva y por la posición de cada país en el sistema mundial. Estos procesos determinan el tipo y ritmo de incremento de los factores de producción y de su productividad media, que resultan de una combinación multifactorial e históricamente determinada entre al menos variables como:

• la incorporación continua de trabajadores capacitados, lo que requiere del mejoramiento del nivel educativo y de calificación para los procesos productivos, junto a un estado adecuado de salud y de condiciones generales de vida de la población que provee fuerza de trabajo;

• la reposición y aumento continuo de la cantidad y calidad del capital material que permita hacer avanzar tecnológicamente la producción y la productividad y complejice la agregación de valor, como máquinas, herramientas, instrumentos e infraestructura física, junto a la disponibilidad suficiente de insumos productivos como la tierra agrícola y urbana, materiales vegetales y minerales, agua y otros recursos ecosistémicos;

• la creación de ganancias continuas de eficiencia en los procesos de elaboración de productos a partir de insumos, dadas las tecnologías disponibles y las relaciones sociales existentes.

Todos estos elementos del proceso económico son interdependientes, por lo que no tiene sentido atribuir a alguno de ellos un rol impulsor exclusivo: el crecimiento es fruto de una combinación de factores, incluyendo los de tipo institucional y social que determinan el clima de producción, de inversión y de consumo. 

La experiencia asiática y el estancamiento latinoamericano han dado paso a nuevas interpretaciones de los determinantes del crecimiento. El “antiguo estructuralismo”, que en el análisis de las economías periféricas ponía el acento en el deterioro de los términos del intercambio y en la necesidad de la industrialización por sustitución de importaciones, ha evolucionado hacia el "neo-estructuralismo" (CEPAL, 2015) y los enfoques de “política industrial” (Stiglitz, 2012; Rodrik, 2024). Joseph Stiglitz (2019) afirma que 

“las experiencias de largo plazo en crecimiento y estabilidad tanto de los países desarrollados como menos desarrollados, así como la comprensión teórica más profunda de las fortalezas y limitaciones de las economías de mercado, proveen el soporte para un ‘nuevo enfoque estructural’ del desarrollo'”. 

Para este autor, si la fuente mayor de incrementos en el ingreso por habitante son los avances tecnológicos, entonces debe adoptarse el argumento de que los mejoramientos en el conocimiento son la fuente primordial de crecimiento como proceso estructural que maximiza la absorción, adaptación y creación de saberes y su traducción en prácticas más productivas en una "sociedad del aprendizaje". Estas escuelas subrayan la importancia de las externalidades positivas propias de determinadas actividades económicas, para lo que se debe remover la presencia de información imperfecta y asimétrica. Apunta a las fallas en los mercados de capitales, que no ponen suficiente financiamiento a disposición de las empresas para lograr los ajustes hacia los sectores más productivos ni apoyar la innovación sin historia y de pequeña escala, mientras destaca la inexistencia de posibilidades individuales de financiamiento privado de la educación. Este enfoque propone la ampliación de los sistemas de financiamiento más allá de los criterios de riesgo de mercado, pues sostiene que la acumulación de conocimiento como bien público está inherentemente asociada a externalidades positivas de difusión en el tejido productivo (“knowlege spillovers”) y que su acumulación, absorción, adaptación, producción y transferencia está en el centro del crecimiento exitoso, lo que no pueden producir por sí mismos los mercados. 

La “sociedad del aprendizaje” debe proponerse cultivar la ampliación del conocimiento y de la capacidad empresarial y de innovación, con énfasis en la inversión en infraestructura, tecnología y educación y también en políticas financieras, de comercio, de competencia y de propiedad intelectual, sobre la base de la identificación de los sectores más proclives al aprendizaje y cuyos beneficios no sean capturados solo por las empresas para evitar la subinversión en aprendizaje. Esto supone un énfasis en el sector industrial, que tiene típicamente amplios efectos colaterales positivos, lo que explica bien el desarrollo exitoso de países como Corea del Sur, que en el enfoque tradicional “debiera haber permanecido produciendo arroz”. Stiglitz se apoya en Kenneth Arrow para afirmar que se “aprende haciendo” en la construcción de una eficiencia dinámica, en contraste con la idea de la dotación estática de factores de producción que induce la especialización en ventajas comparativas. Alternativamente, la política de crecimiento debe organizar la promoción de los sectores con mayores externalidades positivas y más amplias capacidades de arrastre sobre el resto de la economía, aunque las señales estáticas de mercado no lo recomienden en un momento dado. Los países, de acuerdo a este enfoque, no debieran proponerse mantener una estructura sectorial de la economía basada en su dotación recursos naturales, dada la plena movilidad de los recursos de producción distintos de la agricultura y la minería, y al mismo tiempo debieran mantener un control sobre su cuenta de capitales, pues la liberalización financiera y de capital indiscriminada suele ser generadora de crisis recurrentes.

Por ello, la visión neo-estructuralista sostiene que una condición necesaria para que las naciones y territorios de menores ingresos logren aumentar su productividad y diversificación productiva es la de construir inserciones más favorables en las cadenas de producción y consumo a partir de tres constataciones. Primero, las ventajas competitivas de largo plazo no son las que dependen de la dotación relativa de factores de producción, sino las que han sido construidas a partir de esa dotación y que pueden o no mejorar la inserción externa, la diversificación productiva y los términos del intercambio. Segundo, en el actual estado de la innovación tecnológica, no existen a priori ventajas adquiridas para siempre y es posible construir espacios para actividades basadas en mayor trabajo calificado y mayor eficiencia productiva. Tercero, si las verdaderas ventajas competitivas de largo plazo son aquellas que han sido socialmente construidas, se requiere de políticas públicas selectivas que corrijan las fallas de mercado en la formación de capital físico y en la acumulación equitativa de capacidades humanas y los arreglos institucionales que lo hagan posible. En efecto, las empresas tienen pocos incentivos para capacitar a sus trabajadores e invertir en investigación y desarrollo ya que, en palabras de Ricardo Hausmann (2023), 

"otras empresas podrían seducir a sus empleados y copiar sus ideas costosas. Al mismo tiempo, puede ser difícil coordinar los insumos -entre ellos, la electricidad, el agua, la movilidad, la logística y la seguridad- que son necesarios para hacer que una locación particular resulte adecuada para la manufactura. En consecuencia, se ha vuelto una práctica común que el gobierno comparta los costos de capacitación, subsidie la I+D mediante el sistema tributario y planifique zonas industriales (...) Estas políticas intervencionistas son beneficiosas para muchas industrias y deberían ser recurrentes". 

Para Hausmann, la 

"política industrial implica una cooperación estrecha entre una amplia red de entidades públicas -que incluye ministerios de área, organismos de desarrollo económico, agencias de promoción de la inversión y zonas económicas especiales- y actores del sector privado. Asimismo, al igual que el sistema inmunológico, hay dos maneras en que la política industrial puede fallar: su respuesta puede ser demasiado débil o contraproducente, como sucede con los trastornos autoinmunes que atacan al organismo que supuestamente deben proteger"

También advierte que "la captura de políticas, la corrupción y las ineficiencias burocráticas pueden llevar a los gobiernos a exacerbar, en lugar de resolver, las fallas de mercado", lo que no implica que los países deban abstenerse de poner en práctica este tipo de políticas, como tampoco de llevar adelante políticas de seguridad, educacionales, sanitarias y de urbanismo, aunque cometan errores en su diseño y ejecución, que en cada caso deben ser corregidos en un proceso de aprendizaje continuo, como en el resto de las actividades humanas útiles, y de deliberación democrática. 

Asegurar esta gobernanza es condición para hacer efectiva la justificación económica para la política industrial, que se basa en la idea de la "internalización de las externalidades": capturar las externalidades del aprendizaje y la innovación y contrarrestar las externalidades relacionadas con la desaparición de empleos locales y las externalidades ambientales. Las políticas e intervenciones públicas deben proporcionar a las empresas servicios como la capacitación de la fuerza laboral, así como infraestructura y espacios adaptados a la actividad productiva (Rodrik et al, 2024). La provisión de bienes públicos y la política industrial selectiva se deben diseñar de modo específico en cada economía, lo que requiere poderes estatales que dispongan de los recursos y las capacidades pertinentes. 

Por su parte, las visiones "neo-shumpeterianas" conciben también -de manera en algunos sentidos complementaria- la innovación productiva como proceso social basado en la difusión del conocimiento y de prácticas productivas y en la capacidad de adaptación frente a variaciones del entorno económico e institucional. Autores como Aghion y otros (2021) sostienen que el aumento generalizado de la productividad requiere de innovaciones que hacen obsoletos muchos de los procesos productivos prevalecientes. Las empresas procuran adaptarse para mantener su rentabilidad y competitividad y algunas lo logran y otras no, lo que es parte del proceso económico que el economista Joseph Schumpeter denominó "destrucción creativa". Se produce un conflicto entre las empresas existentes y la entrada de nuevos actores en sus sectores respectivos, que las primeras procuran dilatar de modo persistente, especialmente cuando disponen de un suficiente poder de mercado como para mantener barreras a la entrada de nuevos competidores. El mismo razonamiento se aplica a la capacidad de adaptación frente a aumentos del costo laboral por incrementos salariales legales, disminuciones de jornada, aumento del gasto en horas extraordinarias o aumento del costo del despido. En cambio, el enfoque neoclásico estándar llega a una conclusión unívoca frente a las regulaciones y subsidios sectoriales: terminarán disminuyendo la producción y el desempleo, incluso si se proponen aumentar la competencia, porque terminarán orientadas a la creación de rentas. Para los neo-schumpeterianos, las rentas no competitivas son en determinadas condiciones necesarias para rentabilizar los esfuerzos de innovación, por lo que consideran que resolver esta contradicción está en el corazón de las políticas industriales, con un componente de estímulo a la innovación y también de promoción de la competencia y de la inserción internacional que la favorezca. 

Por su parte, Robert Boyer (2015) sostiene que 

"en cierto sentido, las concepciones de Schumpeter y Keynes son más complementarias que opuestas. Los gastos de salud contribuyen a un mejor bienestar, menos ausentismo y una mayor esperanza de vida, lo que a su vez posibilita un mayor retorno de la inversión en educación y formación. La educación para la mayoría de la población, concebida como la adquisición de la capacidad para aprender a resolver los problemas, aporta un ingrediente clave para el dinamismo de los sistemas nacionales de innovación.”

Keun Lee (2024) concluye que

"Aunque las economías en desarrollo y emergentes deben estar abiertas a las fuerzas y al conocimiento globales invitando a la inversión extranjera directa y a las multinacionales, los rezagados deberían gestionar estratégicamente las interfaces global‑locales para promover empresas de propiedad nacional que, con el tiempo, puedan generar valor añadido y empleos domésticos. De lo contrario, los rezagados permanecerán atrapados en sectores de bajo valor agregado o en segmentos de la cadena con pocas expectativas de transición hacia niveles de valor más elevados. Esto se debe a que las transferencias de tecnología y el acceso a los mercados se vuelven más difíciles a medida que un país se acerca a la frontera tecnológica. Además, el capital extranjero se mueve constantemente en busca de territorios de bajos salarios que aseguren márgenes más altos...Aunque la visión predominante sostiene que ningún país ha alcanzado el estatus de ingresos altos sin fomentar un sector manufacturero de tamaño considerable, obtener dicha condición y sostener un impulso sólido de convergencia económica requiere la creación de un número suficiente de grandes empresas con arraigo doméstico que posean cierto poder exportador en los mercados mundiales, independientemente del sector. Esto obedece a que superar las barreras de entrada a la manufactura de media y alta tecnología exige la consolidación de recursos y competencias disponibles dentro de grandes empresas. Además, los sectores no manufactureros, así como algunas industrias agrícolas y basadas en recursos, se están volviendo más orientados al conocimiento y podrían surgir como fuentes de beneficio basadas en exportaciones en los mercados globales."

Cabe hacer notar que el paradigma contemporáneo de “crecimiento por exportaciones” (export-led growth), el de China, nunca dejó de combinar la inversión productiva industrial y en infraestructuras -guiadas por el gobierno y con soportes estatales y privados- con las exportaciones: las primeras siempre han representado más que las segundas en el PIB en esa experiencia notoriamente exitosa de expansión, lo que permitió, a su vez, aumentos sustanciales del consumo.

Para Ricardo Hausmann (2024):

Las sociedades más ricas poseen más capital físico: instalaciones y máquinas que hacen el esfuerzo humano más productivo. También gozan de mejores resultados en salud en términos de esperanza de vida y tienen menos hijos, en cuya educación pueden invertir más, lo que hace que la siguiente generación disponga de más capital humano. Además, al tener menos hijos se reducen las tasas de dependencia, lo que implica una mayor proporción de población en edad de trabajar por habitante capaz de aportar esfuerzo laboral potencial. Con menos hijos y más educación, las mujeres pueden participar con mayor plenitud en el empleo, proporcionando a la economía más recursos humanos para ampliar la producción. Por último, una fuerza laboral más educada debería facilitar la adopción de tecnología. Las sociedades desarrolladas están más urbanizadas, lo que les permite sostener una división del trabajo más profunda, una mayor interacción humana y mercados más accesibles. Por ello, la inversión, la salud, el cambio demográfico, la educación y la urbanización son clave para el desarrollo, porque aumentan la disponibilidad de factores físicos y humanos de producción y facilitan la adopción de tecnología… Los países han convergido masivamente en todas las dimensiones que asociamos con el desarrollo, excepto en los ingresos. Esto solo puede explicarse por una brecha tecnológica cada vez mayor, que no está relacionada con las medidas estándar de capital humano, como la educación y la salud, en las que sí ha habido una convergencia masiva.

Una política de crecimiento adecuada es, por el lado de la oferta, la que procura transformaciones productivas sostenibles, cierres de brechas tecnológicas y de organización de la producción con capacidad de difusión en el tejido económico y, por el lado de la demanda, la que procura que las exportaciones y la demanda interna de consumo e inversión encadenen en el tiempo círculos virtuosos mutuamente expansivos. Es la idea de "empujes simultáneos", la que proviene de autores como Rosenstein-Rodan (1961) y fue desarrollada desde distintos ángulos por Romer (1986), Murphy, Shleifer y Vishny, (1989), Krugman (1992) y Rodrik (2024), entre otros, buscando el fortalecimiento de la complementariedad intersectorial de la economía, la creación de economías de red y efectos de demanda que creen incentivos de crecimiento en base a economías de escala, efectos de aglomeración y aprendizaje e innovaciones incrementales. Ejemplos históricos son el Plan Marshall en Europa Occidental tras la segunda guerra mundial, Corea del Sur y Taiwán en los años 1960–70 y China desde 1980, que mostraron una gran capacidad de coordinación institucional y de movilización de capital. Deben, sin embargo, superar los riesgos de posibles asignaciones ineficientes de los esfuerzos de inversión y de articulación inadecuada de las complementariedades en economías inicialmente muy fragmentadas, de productividad heterogénea y con amplias distorsiones monopolísticas (como subrayan Buera, Hopenhayn, Trachter y Shin, 2024) y abordar los temas de la remoción de distorsiones, del financiamiento en condiciones sostenibles y de la inflación y la restricción externa que los empujes expansionistas enfrentan.

La mayoría de las economías periféricas requieren consolidar al menos un cierto número de sectores de alta productividad articulados con las cadenas globales, pero con plena captación nacional de las rentas y utilizando las tecnologías sostenibles disponibles. Los instrumentos son los tarifarios, tributarios, financieros y reglamentarios, con formas mixtas de propiedad y mercados adecuadamente regulados. Su rol debe ser contribuir a sostener los sectores de me nos productividad y las formas sociales de producción, empleo y subsistencia, la cobertura de riesgos sociales y las inversiones verdes y también con una amplia prestación pública de bienes y servicios al margen del mercado que aumentan las capacidades humanas. De ese modo se podrá articular el empuje de sectores dinámicos con las cadenas productivas territoriales de abastecimientos básicos con alta capacidad de integración social e intensivas en empleo, incluyendo una economía que no discrimine por género y consolide un cuidado infantil y de los adultos mayores que saque a las mujeres de la sobrecarga inequitativa usual, junto a una educación que prepare a cada cual para desarrollar sus proyectos de vida y promueva los valores básicos que la sociedad decida democráticamente compartir. 

Un fuerte sector de servicios sociales puede sostenerse mejor si se fortalecen las exportaciones de servicios calificados. En 2023, el comercio global de servicios creció un 5%, mientras el comercio de bienes disminuyó un -1,2%. Las mejoras tecnológicas durante la pandemia de COVID-19 permitieron más trabajo remoto y los cambios en las prácticas empresariales minimizaron la necesidad de presencia física. Como resultado, más empresas globales pueden atender a sus clientes desde cualquier lugar. En India, empresas multinacionales como JPMorgan y Qualcomm contratan a graduados talentosos para trabajar en centros de capacidad global, donde ingenieros, arquitectos, consultores y abogados crean diseños, contratos, contenidos y software que se integran en bienes y servicios vendidos globalmente. La mayoría de los países de menos ingresos y productividad media tienen una pequeña pero altamente calificada élite que puede exportar servicios especializados de manera rentable, dada la gran diferencia salarial en comparación con los países de altos ingresos. Aunque solo unos pocos posean estas capacidades, tales empleos generan mucho más valor doméstico que el ensamblaje manufacturero de baja calificación y contribuyen a la generación de divisas. Cada trabajador de servicios bien pagado puede crear empleo local ampliando su consumo doméstico, por lo que, a medida que más trabajadores de servicios alta o medianamente calificados encuentren empleos mejor remunerados, atenderán no solo la demanda de las élites de más altos ingresos, sino también la de otros trabajadores. Las exportaciones de servicios altamente calificados pueden ser una punta de lanza de un crecimiento laboral urbano más amplio. Para autores como Dani Rodrik (2024), la "gran mayoría de los buenos empleos de clase media del futuro" provendrán de sectores de servicios no sujetos a transacciones internacionales. Los sectores que absorben mano de obra, como el cuidado, el comercio minorista, la educación y otros servicios personales, en su mayoría no se comercializan a nivel internacional. Promover estos sectores no generaría tensiones comerciales de la misma manera que lo hacen las industrias manufactureras. 

Las estrategias de reducción de la desigualdad

Los perfiles distributivos de la riqueza y los ingresos en cada sociedad son socialmente determinados, y por tanto cambiantes y reversibles, y resultan de procesos históricos que producen determinadas estructuras de poder relativo y de interacción entre las principales categorías sociales, especialmente los distintos estratos de dueños del capital corporativo y los diferentes grupos de asalariados, de trabajadores por cuenta propia y de la población pasiva. Sus interacciones con el sistema político determinan in fine los niveles de concentración de la riqueza y de los ingresos en los espacios nacionales, los que son influenciados, a su vez, por los circuitos internacionalizados de las economías respectivas a través de los canales del comercio exterior, de los movimientos de capital, de la inversión extranjera directa y de los flujos migratorios. Por ello existe una amplia diversidad de situaciones distributivas en la comparación entre países (WIL, 2022). 

¿Es la reducción de la desigualdad social sólo materia de buenas intenciones más o menos peligrosas para la prosperidad económica de una sociedad y su capacidad de inversión y crecimiento? 

Simon Kuztnets (1955) postuló que una desigualdad distributiva inicial en un país pobre permitiría movilizar ahorros, indispensables para financiar la inversión y el crecimiento, lo que solo podría provenir de sectores de ingresos superiores al promedio, desigualdad que luego disminuiría al aumentar los ingresos medios. La llamada curva de Kuztnets ha sido refutada por otros autores: Bruno, Ravallion y Squire (1996) no encontraron evidencia que sostenga la tesis de que para aumentar la prosperidad haya que resignarse a una mayor desigualdad inicial o permanente, mientras el reexamen de la hipótesis de Kuztnets realizada por Banerjee y Duflo (2003) concluyó que existe una indeterminación de la causalidad aludida. Para Birdsall y Londoño (1997), en una medición para 43 países, una desigualdad de ingreso inicial más alta está asociada negativamente con el crecimiento de largo plazo, mientras 

“una distribución inequitativa de los activos, especialmente del capital humano, afecta el crecimiento global y afecta el crecimiento del ingreso de los pobres desproporcionadamente...una mejor distribución de los activos aumenta los ingresos de los pobres, reduciendo la pobreza directamente y también, al reducir el efecto negativo en el crecimiento de la desigualdad del ingreso, incrementa el crecimiento global y reduce indirectamente aún más la pobreza...0.5 puntos porcentuales de la diferencia en el crecimiento anual global y 1.4 puntos porcentuales de la diferencia en el crecimiento anual del ingreso de los pobres entre América Latina y el Este de Asia se explica por la mayor desigualdad inicial de los activos en la primera. Con la distribución de activos del Este de Asia en 1960, América Latina tendría hoy...la mitad del número de personas viviendo en la pobreza. Las diferencias serían mayores si se tomara en cuenta los efectos de una mayor igualdad de activos en el crecimiento y los efectos del crecimiento sobre la reducción de la pobreza”.

La hipótesis según la cual la desigualdad de ingresos perjudica el crecimiento —o que una mayor igualdad puede ayudar a sostenerlo— se ha vuelto cada vez más aceptada. Autores como Jean Paul Fitoussi (1997), sostienen que en los países que imaginaron 

“mecanismos explícitos para hacer creíble su intención de dividir equitativamente el producto del crecimiento futuro en beneficio del conjunto de la población... existe una correlación inversa entre desigualdades de ingreso y crecimiento, o sea una correlación directa entre cohesión y logros económicos”.

Los trabajos de Persson y Tabellini (1996) y otros posteriores como Choudhary et al. (2024), encuentran una relación negativa entre el grado de desigualdad del ingreso y el crecimiento, lo que apunta a un rol importante de la regulación de la distribución de ingresos entre capital y trabajo en la empresa y de las transferencias de ingresos y de acceso a activos a los más pobres como factor contribuyente a acelerar el crecimiento. 

Evaluaciones posteriores del Fondo Monetario Internacional sostienen que altos niveles de desigualdad reducen la tasa de crecimiento y acortan la duración de los impulsos de crecimiento. Ostry, Berg y Tsangarides (2014) hallaron que, a igualdad de otras condiciones, menores niveles de desigualdad neta se asocian con un crecimiento más rápido y duradero. Al concentrarse el ingreso en grupos de alta propensión al ahorro, la desigualdad puede reducir la demanda interna de bienes y servicios, frenando la inversión y la expansión productiva. La duración de los ciclos de expansión es menor cuando la desigualdad es más alta. La razón principal de este cambio en el enfoque convencional es la creciente importancia atribuida al "capital humano" o capacidades humanas. 

Cuando lo que más importa es el capital físico, el ahorro y la inversión son claves y deben provenir de quienes están en condiciones de ahorrar, los grupos de altos ingresos. Estos debían entonces expandirse para contar con un mayor contingente que pudiera ahorrar una proporción más significativa de sus ingresos que los pobres e invertirlo en capital físico. Pero en el largo plazo, si la desigualdad restringe el acceso a la educación, se debilita la acumulación de capital y el crecimiento, mientras una mayor desigualdad tiende a generar conflictos distributivos y presiones hacia políticas redistributivas distorsionadoras de la inversión. En este caso, la desigualdad no es un subproducto pasivo del crecimiento, sino que puede minar sus bases —institucionales, humanas y de demanda—, comprometiendo tanto su velocidad como durabilidad. Lograr una educación ampliamente accesible es difícil si una sociedad no tiene una distribución del ingreso relativamente equitativa. Además, la educación generalizada tiende a alimentar una distribución más equitativa del ingreso en un círculo virtuoso si reduce las brechas salariales entre trabajadores calificados y no calificados. En este enfoque (Milanovic, 2011), reducir la desigualdad y las disparidades injustificadas de ingresos entre hombres y mujeres y entre habitantes de distintas regiones o entre ciudadanos de diferentes naciones favorece el crecimiento.

Una política de crecimiento económico socialmente sostenible es una que expande las capacidades de satisfacer las necesidades humanas primordiales y la redistribución de activos e ingresos para alcanzar una mayor equidad en el proceso de satisfacción universal de esas necesidades, según los criterios que cada sociedad establece (ver el capítulo sobre el funcionamiento de la economía mixta). Las condiciones sistémicas del crecimiento socialmente sostenible incluyen un entorno favorable a la innovación, regulaciones públicas adecuadas para el funcionamiento de las actividades productivas en condiciones de preservación del ambiente y la salud humana, junto a estructuras distributivas entre clases y grupos sociales que favorezcan la interacción cooperativa en las empresas y entre la demanda y oferta agregadas. También incluyen el logro de inserciones nacionales en las relaciones centro-periferia del sistema económico mundial que faciliten términos del intercambio favorables y dinamicen la complejidad tecnológica en la agregación de valor, así como la capacidad de adaptación a las fluctuaciones globales y a los límites locales y planetarios que, si son sobrepasados, provocan rendimientos decrecientes y deterioros del bienestar de las actuales y futuras generaciones. Y asimismo, y no menos importante, la mantención de una gobernanza política apropiada y un buen funcionamiento de las instituciones que incidan positivamente en el uso de los recursos disponibles. 

El crecimiento económico, junto al mencionado decrecimiento de la producción de energías fósiles, de alimentos no saludables y de bienes de consumo no funcional, es un requisito para el logro de mayores grados de bienestar equitativo. Es un proceso sistémico que encadena flujos de demanda interna y externa con capacidades de respuesta de la oferta productiva, que interactúan y se alimentan o perturban mutuamente. Esas capacidades dependen de la inversión previa en recursos físicos y humanos y de la fluidez y costo de su financiamiento, pero su condición de existencia es una demanda sostenida en el tiempo. 

La reducción de las desigualdades de ingreso y de riqueza ocurrió de modo generalizado después de la Segunda Guerra Mundial, pero en el siglo XXI se volvió a un nivel cercano al del siglo XIX (Piketty, 2021), a pesar de que la acumulación privada de capital debe mucho a la acumulación de capital público, por lo que no puede ser enteramente privada la apropiación de sus beneficios. Este autor concluye que

 "ya es tiempo de reubicar el tema de la desigualdad en el centro del análisis económico y de replantear las cuestiones propuestas en el siglo XIX. Durante demasiado tiempo, el asunto de la distribución de la riqueza fue menospreciado por los economistas, en parte debido a las conclusiones optimistas de Kuznets, y en parte por un gusto excesivo de la profesión por los modelos matemáticos simplistas llamados 'de agente representativo'. Y para reubicar el tema de la distribución en el centro del análisis se debe empezar por reunir un máximo de datos históricos que permita comprender mejor las evoluciones del pasado y las tendencias en curso, pues al establecer primero pacientemente los hechos y las regularidades, al cotejar las experiencias de los diferentes países, podemos tener la esperanza de circunscribir mejor los mecanismos en juego y darnos luz para el porvenir".

Las políticas para influir en la generación, distribución y uso de  los ingresos primarios generados en la economía incluyen diversos ámbitos. Un programa coherente de redistribución supone en primer lugar incrementar la equidad de la estructura de retribuciones en la empresa y de la distribución de los resultados de la producción y de los incrementos de productividad total de los factores de producción. Mejorar la distribución de los ingresos en la empresa y la implicación asalariada en ella -a través de relaciones del trabajo equilibradas y la participación directa e indirecta en la propiedad- puede ser un importante incentivo para la eficiencia en la asignación de recursos productivos. En palabras de Joseph Stiglitz (1995): 

“La razón intuitiva por las que las cuestiones de la distribución y la eficiencia no pueden ser separadas puede verse fácilmente. En economías donde el monitoreo es costoso y con separación del `capital´ del `trabajo´, los propietarios del capital deben proveer incentivos a los trabajadores. Estos incentivos son necesariamente imperfectos y costosos. Si cada campesino(a) fuera propietario(a) de la tierra que trabaja, o si cada trabajador(a) fuera dueño(a) de los bienes de capital con los que trabaja, no habría problema de incentivo. Más generalmente, la distribución inicial de riqueza tiene efectos en la naturaleza y magnitud de los problemas de incentivos que enfrenta la sociedad”.

Las estructuras retributivas menos desiguales no sólo impactan positivamente en la estabilidad social y política sino que actúan sobre el hecho de que la desigualdad distributiva suele afectar negativamente el acceso a la salud (y por tanto disminuye la productividad) al tiempo que dificulta alcanzar niveles de educación pertinentes con las mismas consecuencias en el largo plazo. En materia de inversión y ampliación del capital existente, las políticas suelen buscar el estímulo de la creación de empresas mediante el acceso al crédito, a mercados y tecnologías y eventuales subsidios a los precios de insumos y productos, y procuran la reinversión de las utilidades empresariales mediante incentivos en la tributación, aunque esas utilidades deben hacer su contribución al financiamiento de los bienes públicos que contribuyen a su generación, como las infraestructuras y las inversiones en capacidades humanas. La innovación es también protegida mediante patentes que permiten a las empresas cobrar por la "propiedad intelectual" de los productos y procesos productivos en los que han invertido. 

La relación del trabajo más frecuente en las economías contemporáneas es la forma salarial, aunque en muchas sociedades de bajos ingresos esta relación sea informal en una alta proporción. Se trata de una relación de subordinación para quienes no tienen otro medio de subsistencia que el de ofrecer a un empleador (empresarial, estatal o doméstico) su fuerza de trabajo. Su funcionamiento es frecuentemente descrito como "mercado de trabajo". En este existe -salvo en casos de especializaciones laborales de baja oferta y alta demanda- una relación asimétrica entre el "demandante" de trabajo y el "oferente", es decir individuos reemplazables por otros individuos que ofrecen para poder subsistir una capacidad de trabajar en determinadas funciones con mayor o menor calificación. El "precio del trabajo", es decir el salario, está determinado por 

• las condiciones de subsistencia y reproducción de los que ofrecen su capacidad de trabajo y por su mayor o menor abundancia; 

• la capacidad de acción colectiva del trabajador a través de sindicatos u otras formas de organización autónoma y 

• las regulaciones legales, como los salarios mínimos y la negociación colectiva obligatoria con el empleador. 

En materia de ingresos del trabajo, las políticas laborales redistributivas procuran reducir la asimetría de poder existente a favor del capital en la empresa, reequilibrándola a favor de los asalariados mediante legislaciones que permiten la sindicalización, la negociación colectiva en la empresa y más allá de la empresa y que incluyen el derecho a la huelga. A su vez, esas legislaciones suelen prohibir las discriminaciones salariales de género o de otra índole en una misma actividad, mientras establecen salarios mínimos que procuran incrementar los ingresos salariales de mercado más bajos (con eventual diferenciación para los más jóvenes y de mayor edad para estimular su contratación) y, en algunas casos, obligan al despido monetariamente compensado y facilitan la reinserción en casos de despidos colectivos de cargo de la empresa. Existen, además, distintas variantes de: 

• políticas "sustitutivas" de empleo, que incluyen períodos de capacitación y actividades educativas para completar estudios, así como la disminución del tiempo legal de trabajo; 

• políticas activas de empleo, que  incluyen las políticas de apoyo a la demanda; el subsidio a la contratación, en ocasiones orientado a facilitar el acceso al trabajo juvenil y femenino –acompañado de reforzamientos del cuidado infantil- y todas las acciones que disminuyen el costo de la contratación, junto a la difusión de información para la búsqueda de empleo  y 

• políticas de creación de empleo social, destinadas al acceso al trabajo al margen del mercado en programas centrados en necesidades sociales y comunitarias no cubiertas por el mercado ni por el sector público tradicional. 

La política redistributiva incluye, por otro lado, las intervenciones en el eslabón entre el ingreso de los participantes en el proceso de producción de mercado y el ingreso monetario disponible, es decir la aplicación de impuestos directos progresivos (a las utilidades del capital, a la renta de los recursos naturales, y a los ingresos salariales más altos) para transferirlos a  las personas de más bajos ingresos y a los más necesitados situados fuera de la esfera económica, en especial los niños vulnerables, los discapacitados y las personas de edad sin ingresos suficientes en la vejez.

Son parte de este tipo de redistribuciones los mecanismos de seguro y mutualización de riesgos como el desempleo, la enfermedad o la vejez, en tanto mecanismos de “redistribución eficiente” que afectan con más frecuencia a los más vulnerables. Este es el mecanismo más típico de los Estados de Bienestar. 

Luego, las políticas deben intervenir en el eslabón entre el ingreso monetario disponible y el ingreso real disponible, como los impuestos indirectos (impuestos a las transacciones, diferenciados al valor agregado y a importaciones, especiales a la contaminación local y al calentamiento global) y el subsidio parcial del precio de  bienes y tarifas de servicios consumidos por los grupos de menores ingresos.

Finalmente, otras políticas de redistribución actúan en el eslabón entre el ingreso real disponible y el bienestar en un sentido  amplio, es decir las condiciones de acceso a bienes públicos urbanos, culturales y de recreación, de seguridad, de transporte, de  calidad del medio ambiente, de libertad personal, de capacidad de influir en las decisiones políticas y administrativas, como componentes del bienestar.

Las políticas ambientales sostenibles

Una economía ambientalmente sostenible, además de socialmente sostenible, es una que es "estacionaria" o "decreciente" en el uso de un cierto número de recursos y que "hace crecer" y amplía la esfera de la producción de bienes que logran la resiliencia de los ecosistemas en que se desenvuelven. 

La visión neoclásica se centra, en su tratamiento de la extracción de recursos no renovables y de la explotación de recursos renovables, en la noción según la cual los agentes económicos racionales toman decisiones intertemporales para maximizar beneficios y que, en presencia de imperfecciones —ya sea falta de información, mercados incompletos, derechos de propiedad mal definidos o existencia de externalidades—, existe cierto margen para la acción reguladora del Estado. La variable clave es para este enfoque la tasa de descuento intertemporal. La economía ecológica, lo que comparte con los economistas heterodoxos, es crítica de la noción de agentes económicos racionales y omniscientes, y escéptica tanto de la idea de que la maximización de beneficios como de la producción material y el consumo, deban constituir el objetivo último del sistema económico. A su vez, una parte de la economía ecológica acepta la noción de una tasa de descuento intertemporal y de productividad marginal del capital, e incluso la teoría neoclásica de la distribución. La economía heterodoxa comparte muchas características con la economía ecológica crítica, pero, en su mayor parte, los autores heterodoxos son menos partidarios del decrecimiento y están más dispuestos a aceptar las posibilidades de un desarrollo sostenible asociado al progreso tecnológico. Muchos apoyarían un Green New Deal como la principal propuesta de política para evitar las peores consecuencias de la actividad humana.

Ya el Informe Meadows de 1972 realizó una pionera proyección que puso en evidencia que los recursos naturales son finitos en contraste con su uso exponencial por las sociedades humanas. Luego diversas instituciones internacionales introdujeron y popularizaron la expresión “desarrollo sostenible” (sustainable development)  -desde la Comisión Brundtland de las Naciones Unidas a partir del informe “Nuestro Futuro Común” de 1987- entendido como “un desarrollo que responda a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para responder a las suyas”. Los organismos de Naciones Unidas han adoptado la Declaración de Río de 1992 que define el desarrollo sostenible como “un modelo que permite satisfacer las necesidades de una generación, y en primer lugar los más desposeídos, sin comprometer la posibilidad, para las generaciones siguientes, de satisfacer las suyas”.

Esto plantea grandes problemas de traducción operativa y de diseño de políticas apropiadas para alcanzar ese fin. Pero deben abordar el desafío demográfico y económico global para el futuro de las sociedades humanas y de la vida en el planeta tierra tal como es conocida. Aunque en muchos países diversos territorios y clases de miembros de la sociedad requieren de ampliaciones de sus bases productivas y de una generación y distribución equitativa de ingresos adicionales para incrementar su bienestar, el crecimiento entendido como convergencia con los niveles de consumo de los países industrializados de altos ingresos no es compatible con el carácter finito de los recursos naturales y con los equilibrios de la biosfera.  Este argumento fundamenta la necesidad de la inclusión de la sostenibilidad ambiental en las políticas de desarrollo y en las políticas industriales y de expansión de los servicios. Aunque existen múltiples definiciones y visiones de la "sostenibilidad", es usual que a la dimensión ecológica ("sustentabilidad") se agreguen consideraciones sociales. Todas ellas apuntan a ir más allá del cálculo económico para contener externalidades y se sitúan en finalidades distintas que la maximización de la producción por habitante y su indicador principal, el PIB, e introducen la "lógica de lo vivo".

Los límites del mercado están en que estimular la producción allí donde es más rentable en el corto plazo, canalizando los financiamientos privados al efecto, puede crear externalidades negativas crecientes sobre el ambiente y la salud de las personas, empobrecer la economía en el largo plazo con una especialización inadecuada o bien hacerla más desigual. Esto puede ocurrir si se disminuye la expansión de la producción de bienes necesarios para la satisfacción de necesidades humanas primordiales pero menos rentables o de menor prioridad inmediata para las personas de menos ingresos (el caso más notorio es el de la educación y la atención de salud) o directamente no rentables porque no es posible cobrar por su uso o no se puede hacerlo en magnitudes suficientes para la recuperación de costos, como los dispositivos de seguridad, la mayoría de los bienes urbanos indispensables para una calidad de vida básica y de las infraestructuras productivas indispensables para el buen funcionamiento de la economía, especialmente aquellas que permitirán la transición energética acelerada para impedir las perturbaciones climáticas extremas.  

Los recursos no renovables son por definición decrecientes a medida que se van agotando. En el caso de los combustibles fósiles y otros productos que dañan la naturaleza global o localmente, su producción debe ser también decreciente y ser sustituida progresivamente por energías renovables y tecnologías de bajo impacto ambiental y que permiten el uso circular de los recursos, en que los desechos de unos son los insumos de otros. Preservar los "activos naturales", y los "servicios ambientales" que proveen, en el lenguaje convencional de la "economía verde", o la "resiliencia de los ecosistemas", en el lenguaje de la ecología, e incrementar la eficiencia en el uso de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades humanas básicas, supone el crecimiento de esas capacidades de producción. Esto incluye el paso a su eco-diseño y al reciclaje general de los insumos productivos, junto a redefinir los consensos sociales sobre las prioridades éticas y sanitarias en el consumo y no solo en la producción no contaminante, es decir propender a un mayor consumo funcional de bienes reparables y reciclables y un decrecimiento de la producción de bienes no funcionales con una alta carga ambiental que depredan los entornos sociales y naturales. 

La regulación ambiental adecuadamente concebida y puesta en aplicación con procedimientos basados en evidencia, por su parte, no está llamada a provocar un decrecimiento general empobrecedor ni un estado estacionario uniforme, sino que a incitar a los agentes económicos -las empresas, los hogares e individuos y las administraciones- a llevar las intervenciones sobre los ecosistemas a un nivel que sea capaz de permitir su resiliencia y  de contener las irreversibilidades ambientales. Esto debe determinarse en cada ámbito local y nacional, y globalmente en el caso de los efectos interfronterizos, especialmente para hacer posible la reversión del calentamiento global, la mantención de la capa de ozono, la expansión de la biodiversidad y el control de los demás límites planetarios (Rockström et al., 2023). 

La sostenibilidad debe ser, por tanto, a la vez económica y social y también ecológica. Debe basarse en los indicadores cuantitativos materiales y también otros de tipo subjetivo que midan percepciones y consideren la dimensión cualitativa del bienestar y la calidad de la vida humana y el respeto por ella y por la naturaleza que la cobija (ver más arriba). 

Una estrategia de "transformación social-ecológica para el bienestar equitativo y sostenible" (Martner et al., 2019), supone catalizar la inversión y la innovación en la producción y el consumo para una expansión sostenida del empleo y del trabajo decente y la provisión de los bienes y servicios que contribuyen a satisfacer -directa o indirectamente- de manera universal las necesidades prioritarias de la población, especialmente de la infancia, sin deteriorar los soportes ambientales de la vida humana. Esta estrategia es dual y tiene como fundamento tanto programar la maximización de las capacidades de producción de bienes y servicios socialmente útiles, aunque cuidando los activos naturales que proveen los servicios ambientales y que son la fuente primaria del bienestar a lo largo del tiempo, como programar el decrecimiento de aquellas actividades que disminuyen o deterioran los activos naturales o los servicios ambientales necesarios para el bienestar individual y colectivo. 

Las políticas que emanan de este tipo de enfoques, según los cuales los activos naturales no son indefinidamente explotables ni sustituibles, se orientan a hacer posible que puedan proveer de manera sostenida en el tiempo su potencial económico y proveer los servicios esenciales a la mantención de la vida, incluyendo el urbanismo integrador, la calidad del aire y del agua y la producción de alimentos necesarios para la promoción de la salud y el bienestar humanos, siempre en condiciones de resiliencia de la biodiversidad y de los equilibrios climáticos. 

Un primer objetivo fundamental es el de una transformación productiva que lleve a mayores niveles de productividad y eficiencia en el uso de los recursos y bienes naturales, lo que incluye 

• la reducción de los residuos no reutilizables en la producción y la ampliación de la "economía circular"; 

• la reducción del uso de energía por unidad producida y 

• la reducción de las emisiones de carbono por cada unidad de energía empleada. 

Esto supone estimular la demanda de uso de tecnologías con las características mencionadas, generando nuevas oportunidades de empleo junto a dinámicas de funcionamiento de las economías locales con circuitos cortos de producción-consumo. Esa transformación productiva puede alimentarse con políticas redistributivas de envergadura.

Un segundo objetivo fundamental es la transición programada a un consumo saludable que minimice los residuos y maximice la durabilidad y el reciclaje de los productos. Esta perspectiva invita a revisar el tipo de consumo humano y la presión que establece sobre los ecosistemas y la distribución de los activos disponibles y de los ingresos entre distintas clases de miembros de la sociedad, que son un tema en sí mismo pero también condiciona los patrones de consumo. Las políticas de transición de las técnicas embalaje hacia opciones biodegradables, las obligaciones sobre la disposición final de sustancias peligrosas contenidas en los bienes de consumo y el premio tributario al consumo de productos que privilegian su durabilidad y el reciclaje sistemático de sus componentes son elementos de una estrategia de sobriedad energética. El Informe III del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) define las políticas de sobriedad como “un conjunto de medidas y prácticas cotidianas que evitan la demanda de energía, materiales, suelo y agua, asegurando al mismo tiempo el bienestar de todos dentro de los límites planetarios”. Las políticas de sobriedad buscan preservar el acceso de todos a los servicios esenciales y disminuyendo los consumos superfluos. Las políticas de sobriedad deben considerar a la vez aspectos de dimensión, cooperación y uso de los bienes y servicios disponibles para los ciudadanos, es decir adaptar el tamaño de los productos (automóviles, viviendas, electrodomésticos) a las necesidades, organizar colectivamente el espacio para permitir la mutualización de servicios esenciales, con el ejemplo emblemático del transporte público y finalmente establecer la sobriedad de uso al eliminar la obsolescencia programada de objetos y equipos y optimizar su uso. En el mismo sentido va acortar la semana laboral, así como el teletrabajo cuando sea posible, lo que reduciría el consumo energético de los edificios laborales y el uso del automóvil por parte de los trabajadores activos para ir al trabajo. Si estas medidas se complementan con un transporte público asequible y seguro, se podrían reducir sustancialmente los desplazamientos de menos de 5 km que se hacen en automóvil. Asimismo, tiene sentido diferenciar fuertemente el sistema de precios de electricidad, gas y agua en aquella parte que protege a bajo costo los consumos esenciales mientras se encarece progresivamente su uso energético más allá de un umbral. Combinar esta tarificación con estímulos a las renovaciones térmicas de los hogares y a la generación solar distribuida de electricidad y agua caliente terminaría con la falta de opciones —en especial los más vulnerables— en el uso de energías fósiles. 

Un aspecto que cobra creciente importancia es el de los modelos de consumo promovidos por la industria alimentaria globalizada. Ya no se trata solo de la presión sobre los ecosistemas que involucra el crecimiento de la población en medio de la generalización de los modelos comerciales de consumo, sino de los daños a la salud que provoca el incremento de ingresos combinado con la alimentación comercial procesada con calorías baratas que consume un número creciente de personas. Se ha provocado en las últimas décadas una enorme transformación en la manera en que los alimentos se producen, distribuyen y publicitan, la que está contribuyendo a una epidemia de diabetes y cardiopatías ligadas a los altos índices de obesidad. Se trata de un nuevo tipo de malnutrición, en el que un número creciente de personas sufren al mismo tiempo sobrepeso y desnutrición. Se ha alterado los circuitos cortos de producción-consumo tradicional de alimentos en todo el mundo y cambiado las dietas locales con frecuencia nutricionalmente más equilibradas que los patrones de consumo comercial globalizados. La creciente concentración y transnacionalización de la distribución absorbe tanto a tiendas de barrio como a grandes almacenes, distribuidores y elaboradores de alimentos en beneficio de la alimentación procesada y poco saludable. La influencia creciente de las grandes empresas de alimentos se traduce en poder político que obstaculiza a los responsables de la salud pública que buscan fortalecer la legislación con el objetivo de frenar el impacto en la salud de los alimentos procesados. 

Un tercer objetivo fundamental es revertir los daños ambientales mediante planes de descontaminación y reparación de los daños provocados por las contaminaciones acumuladas y contingentes en los ecosistemas y recomponer la biodiversidad en los espacios rurales y en las ciudades. Esto tiene una dimensión de política en la ampliación de los espacios preservados total o parcialmente de la actividad económica que disminuya los activos naturales y su reconducción hacia la provisión de servicios ambientales durables (como el turismo, entre otros) así como mediante un ordenamiento del territorio que racionalice la especialización espacial de las actividades y asentamientos humanos, identificando las limitantes y potencialidades de los distintos componentes del  territorio para actividades productivas de diverso tipo y usos del suelo que articulen la actividad económica, la preservación de los activos naturales y la urbanización integradora, en una lógica de mitigación y/o compensación de los impactos negativos en la calidad de vida y de optimización de los servicios ambientales a las comunidades.

Una estrategia en este plano debe tener como base estimular un nuevo “comportamiento cívico ambiental” e incluir (Lipietz, 2012): 

• legitimar ampliamente el primer dividendo esperado de disminución, contención y reparación de las contaminaciones mediante las regulaciones e impuestos verdes;

• privilegiar la regulación que permite un “segundo dividendo privado”, como por ejemplo las economías de climatización generadas por el aislamiento térmico de las viviendas;

• extender primero los impuestos verdes que inducen reconversiones susceptibles de provocar cambios en el comportamiento de los agentes contaminantes sin pérdida de su nivel de vida;

• negociar luego el fin de los “compromisos implícitos contra el medio ambiente” (por ejemplo bajos precios de transporte con alta contaminación) restituyendo a los ex contaminadores al menos parte del “segundo dividendo”, bajo la forma de subsidio a los usuarios responsables (por ejemplo estimulando a corto plazo el uso de tecnologías de transporte menos contaminantes, a mediano plazo ampliando el transporte público y a largo plazo produciendo reorganizaciones urbanas que aproximen el lugar de trabajo y el de residencia).

El precio de los bienes no deberá reflejar sólo su costo de producción y la disponibilidad a pagar de los consumidores, sino también el costo de la degradación de los activos naturales que su producción y consumo provoca mediante el pago de un impuesto equivalente. 

Desde el punto de vista distributivo, sus efectos serán diversos. Los más pobres son los que menos contaminan (no disponen de autos, no viajan en avión y así sucesivamente) y escaparán por tanto a la mayoría de impuestos verdes de este tipo. A la inversa, su calidad de vida depende mucho más de la calidad de su entorno (calidad de los bienes públicos gratuitos, como el aire y las calles y áreas verdes) que de su poder de compra individual. Los pobres son entonces los primeros beneficiarios del “primer dividendo” constituido por el pago por contaminar en tanto financie más bienes públicos. Los grupos de altos ingresos, por el contrario, verán su “cuasirenta” disminuida, pero en un nivel de ingreso en que su “utilidad marginal” (la satisfacción que reporta gastar una unidad adicional) de consumir es menor. Los perdedores en el corto plazo serán los sectores medios-pobres, para los que la restricción del uso libre y gratuito del entorno alejará el espejismo de acceder a la sociedad de consumo, en circunstancias en que no perciben necesariamente su “insustentabilidad” y el peligro de ciertos consumos para su propia salud. Los recursos del “segundo dividendo” estarán allí para ser afectados a los bienes públicos que mejoren la calidad de vida de todos y, por tanto, atenúen los efectos el impacto sobre los sectores medios, por ejemplo mejorando sustancialmente el transporte público y la seguridad.

Un cuarto objetivo es sostener la acción global de preservación de los bienes públicos ambientales. Es de interés propio de los países de altos ingresos promover políticas de transición verde que sean parte de las estrategias de crecimiento de los países de ingreso medio y bajo, para de ese modo evitar el impacto en sus poblaciones de la ausencia de respeto de los límites planetarios de la producción, cuyos efectos son universales, es decir "males públicos" globales en tanto espejo negativo de los "bienes públicos" globales. Se trata de aquellos bienes o servicios cuyos beneficios (o costos, cuando se trata de males públicos) trascienden fronteras y generaciones y poseen las dos propiedades de los bienes públicos: no‐rivalidad, cuando su consumo por una persona o país no reduce la cantidad disponible para los demás y no‐excludibilidad, cuando es difícil o costoso impedir que alguien se beneficie de él. Los bienes públicos globales abarcan desde la estabilidad climática y la salud mundial hasta la paz, las normas tecnológicas abiertas y la estabilidad financiera. Todos comparten el rasgo de que su provisión requiere acción colectiva internacional, pues ningún Estado, empresa o individuo puede suministrarlos o protegerlos de forma aislada, y todos se benefician (o sufren) de su preservación (o degradación). 

En suma, la agenda de las políticas de desarrollo debe incluir las acciones para mitigar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad como amenazas existenciales globales, junto a mantener el objetivo de reducir los niveles de pobreza y desigualdad y aumentar el peso y prosperidad de los sectores medios en las sociedades para contribuir a la estabilidad y desarrollo de las formas democráticas de decisión y convivencia. 

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Resumen

• El crecimiento del Producto Interior Bruto y de la riqueza monetaria no deben ser consideradas como equivalentes a la noción de desarrollo, aunque usualmente se utilicen indistintamente en los textos convencionales de economía.  

• La explicación estándar sobre por qué unas naciones son más prósperas que otras propone que esto depende del crecimiento acumulado de los recursos de capital y las contribuciones de la salud y la educación a la productividad de cada hora trabajada, y a su capacidad de uso, denominada productividad total de los factores.  Las estimaciones para América Latina indican que las diferencias de PIB por habitante con Estados Unidos se deberían en partes iguales a una diferente "dotación de factores" y a una diferente "eficiencia" en su uso. Pero esto no explica con mayor precisión porqué el uso de los recursos y la capacidad de incrementarlos es mayor o menor en unos y otros países. 

• Las escuelas históricas argumentan que las diferencias de crecimiento no pueden hacer abstracción de las "economías-mundo" y de la evolución de las relaciones de poder entre naciones y en su interior. Para este enfoque, la conformación de instituciones y las relaciones centro-periferia son fenómenos de poder que emanan de la estructura social y económica y a la vez la determinan, y que la concentración del poder económico favorece el control político en su beneficio.   

• La visión institucionalista rebate la explicación geográfica y cultural de las diferencias de prosperidad entre países y atribuye el más deficiente funcionamiento relativo de la economía de diversos países a instituciones depredadoras que no incentivan el trabajo y el ahorro y su adecuada retribución, en contraste con las instituciones inclusivas que sí lo hacen y permiten evitar el dominio del capital concentrado o de estados hipertrofiados. Los más exitosos serían los que logran transitar por un "pasillo estrecho" entre ambos, lo que plantea la interrogante de por qué en unos u otros países no se construyen estas instituciones inclusivas, aunque estos autores concluyen que las instituciones democráticas favorecen más el crecimiento. 

• El enfoque neoestructuralista sostiene que la clave para un mayor crecimiento es la difusión del conocimiento y la tecnología en tejidos productivos desconcentrados a través de políticas industriales y de promoción de capacidades que cambien la dotación de factores hacia una mayor complejidad productiva y con mejor distribución del ingreso y preservación de los ecosistemas. Algunas corrientes alternativas son contrarias al extractivismo de materias primas y ponen el acento en reorientar la economía hacia la idea cualitativa del buen vivir. Las corrientes feministas ponen el acento en terminar con el sistema patriarcal y estructurar una nueva economía del cuidado y de la equidad de género.