Una Constitución democrática es posible

(Discurso pronunciado el 21 de julio en el Palacio Ariztía, en el Acto de inicio de la campaña del movimiento CIUDADANOS POR UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE)

ROBERTO GARRETON, Abogado

El pinochetismo civil –más que el militar-- ha postergado siempre el debate constitucional con el pretexto de no ser una materia que le interese a la gente, sólo preocupada por el desempleo y la inseguridad.

         Ninguna diferencia con la de su inspirador político y –sobre todo-- moral, que durante su dictadura sostenía que el tema de la vuelta a la democracia y de las elecciones no le interesaba a la gente.

         Nada han cambiado.

         La verdad es que el tema constitucional ha estado siempre en la base de las demandas democráticas.

         Ya en 1977, los demócratas del interior formaron el “Grupo de Estudios Constitucionales” (o de los “24”), presidido por Manuel Sanhueza e integrado, entre otros, por Patricio Aylwin, Francisco Cumplido, Eduardo Jara, Hugo Pereira, Sergio Teitelboin, Jorge Mario Quinzio, Alejandro Silva, Raúl Espinoza, Hernán Vodanovic, Carlos Briones, Enrique Silva Cimma, Mario Verdugo, Julio Subercaseaux, Armando Jaramillo, Pedro Correa, Edgardo Boeninger, con el objeto de preparar un proyecto de Constitución democrática, y de contrastar el proyecto que preparaba la Comisión nombrada por Pinochet. Algunos de ellos había sido inicialmente parte de esta última, pero la abandonaron por la imposibilidad de introducir ideas democráticas.

         En el exterior el tema también era objeto de debate y de proposiciones. Entre muchos otros, cabe destacar el esfuerzo traducido en un magnífico libro “Constitución de 1980: Comentarios de Juristas Internacionales” (1984), que demuele la Carta Pinochetista. Entre los autores figuran los Relatores de derechos humanos de las Naciones Unidas Manfred Novak, Félix Ermacora y Antonio Cassese, que más tarde sería juez y primer Presidente del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia.

         Desde el término de la dictadura numerosos esfuerzos se han hecho por cambiar la Constitución. Los Gobiernos constitucionales han enviado numerosos proyectos. Pero el pinochetismo parlamentario se ha negado a los cambios más profundos, aceptando sólo algunos que no afectan al núcleo duro de la Constitución y que es el desconocimiento del derecho humano del pueblo chileno a su libre determinación, que se concreta en el sistema electoral binominal -que se esfuerza en llamar mayoritario, a pesar que sólo beneficia a una de muchas minorías, y no a la mayoría.

         Los dos datos clave son (1) que –sea por conformidad, sea por resignación— la Constitución de Pinochet, aún modificada, sigue y seguirá rigiendo el destino de Chile… hasta la perpetuidad; y (2) que la Constitución 1980 no contempla el plebiscito como manifestación de la voluntad popular, salvo para un caso marginal que no viene al caso.

         Pero la Constitución de 1980 no es sólo obra del dictador: ella responde a los anhelos de un conglomerado político fundado en 1966, año en que la tradicional derecha política chilena (partidos Liberal y Conservador) aliada a grupos nazis, renuncia a la concepción republicana de la política –que aquella había contribuido en gran parte a formar durante 133 años— para asumir concepciones fascistas que ya en el mundo entero estaban superadas.

         En efecto, cuatro son los pilares en que se apoyan los Fundamentos Doctrinarios y Programáticos del Partido Nacional: (1) la instauración de una “democracia orgánica” concepto clave del fascismo en su vertiente española (1936-1975); (2) “incorporar las Fuerzas Armadas al desarrollo nacional” –es decir, al Gobierno-- para que sean “un factor dinámico y efectivo del progreso educacional, técnico y económicos del país”; (3) “defender la libertad de trabajo y la iniciativa individual, como elementos dinámicos en el proceso económico”, dejando al Estado el único rol de “liberar al trabajo privado de las trabas y obstáculos burocráticos, de los excesos tributarios y de toda forma de persecución e inestabilidad legal”. (4) Finalmente, la concepción ideológica de “forjar un destino nacional” –concepto que se repite permanentemente- para transformar a Chile “en una gran nación”.

         Todas estas proposiciones, repetidas con majadería por el dictador, fueron asumidas in integrum en la Carta impuesta en 1980, en estado de sitio, sin registros electorales, con una represión que constituye el ADN más identificador del régimen cívico militar.

         Pero además de los intentos oficiales, frustrados y frustrantes, de contar con una Constitución que sea en su totalidad indiscutiblemente democrática, han sido centenares los grupos, foros, círculos de estudios, debates académicos, etc. que se han propuesto estudiar una nueva Carta fundamental.

         Muchos frutos han podido producirse de todos esos foros informales.

Todos ellos se han esmerado en tener una Constitución que refleje la voluntad mayoritaria y democrática del pueblo chileno, que –dicho en términos de derechos humanos— importe el ejercicio de su derecho a su libre determinación, reconocido en el único artículo común –y no por nada, el primero en ambos- de los Pactos Internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales.

         Una Constitución que efectivamente reconozca derechos humanos que hoy en ninguna parte se desconocen, como el derecho a la vivienda adecuada, a la alimentación, al más alto nivel de salud, y garantizados con recursos judiciales efectivos para su contenido esencial y no meramente –por ejemplo- para elegir el sistema de salud. Que consagre el derecho al trabajo decente, más que la libertad de trabajo, que realmente no existe.

Una Constitución que permita al pueblo de Chile elegir el régimen económico y social que más le conviene, y no el que reclamaron los fundadores del Partido Nacional en 1966, y que actualmente tiene rango constitucional, para cuya modificación se requiere el apoyo pinochetista (2/3 de cada Cámara). 

Los chilenos y chilenas que adherimos a la democracia como único sistema en que es posible el respeto de los derechos humanos –y, que es, en si misma, un derecho humano— por la que luchamos contra la dictadura, tenemos muy claro lo que queremos. Lo hemos discutido tantas veces.

         No obstante, en ninguno de aquellos foros –incluido el del Grupo de los 24— se ha propuesto una vía para forzar un cambio. Y esto es lo que proponemos en nuestro movimiento: un camino, un procedimiento para lograrlo. Un procedimiento con fechas, hitos, eventos claros y precisos; un procedimiento evaluable, pacifico, democrático, motivador, que dependa de nosotros mismos y no de “los otros”.

         El camino que sugerimos es formal e informal a la vez. Lo primero, porque se hace recurso al sistema legal mediante el cual se expresa la ciudadanía en los regímenes democráticos: las elecciones populares; y lo segundo, porque en ese sistema legal proponemos introducir una manifestación de voluntad sobre el destino que queremos para Chile.

         Así lo hizo el pueblo colombiano – ¡liderado por sus juventudes!—en 1989.

Colombia, como Chile hoy, vivía bajo una Constitución –de 1886- caduca y que había forzado un bipartidismo que marginaba a grandes sectores sociales. La abstención electoral era elevada; ninguno de los graves problemas nacionales encontraba solución.


         La sociedad civil decidió el audaz paso de auto convocarse para un plebiscito de hecho: en las siguientes elecciones además de las seis papeletas oficiales (alcaldes, concejales, diputados, representantes a la Cámara, senadores y candidatos en la consulta liberal), el pueblo exigiría la instalación de una Asamblea Constituyente, emitiendo una informal (“séptima papeleta”), que más tarde pasó a llamarse la “papeleta de los estudiantes”.

      Por una hermosa coincidencia, las elecciones fueron el 11 de marzo de 1990, mismo día en que en Chile asumía el primer Presidente constitucional en más de 16 años. Si bien las “séptimas papeletas” no fueron escrutadas, para nadie pasó desapercibido que fueron largo más de dos millones. El triunfo arrollador no dejó otra alternativa que su confirmación en una “encuesta” formal –aunque inconstitucional- que se realizó junto a la elección presidencial de mayo del mismo año. El 86,59% de quienes votaron en la elección presidencial votaron por el “SI” en la particular encuesta. El establecimiento político no tuvo alternativa: convocó a una Asamblea Constituyente, que fue declarada soberana por la Sala Constitucional de la Corte Suprema; se aprobó la Constitución más democrática de todo el mundo occidental, que rige desde julio de 2001. Es un orgullo del pueblo colombiano, y sólo tiene el rechazo de los violentos de todos lados.

         La idea es que los electores en la próxima elección municipal manifiesten su voluntad de contar con una Constitución Democrática., mediante un signo previamente convenido, sin perjuicio de su preferencia por un determinado candidato. Una marca de esta naturaleza no anula el voto, pues la ley electoral Nº 18.700 dispone que “Serán nulas y no se escrutarán las cédulas en que aparezca marcada más de una preferencia”. Además, en la Cartilla de Instrucciones del Servicio Electoral 2005, página 21 Nº 5.1.6 se dispone que “También se escrutarán como válidas las cédulas en que se haya señalado una sola preferencia, pero que la Mesa estime “OBJETADAS”, (marcadas), por tener, además de la preferencia, rayas, palabras, firmas, dibujos, etc.”. (Todo lo escrito en negrita y subrayado en este párrafo está así en el original de la cartilla de instrucciones).

         Así le demostraremos a civiles y militares que usurparon el poder en 1973, que a nuestro pueblo

-        le ofende que su voluntad democrática mayoritaria sea desconocida por la minoría autoritaria que fue parte esencial de la dictadura que el pueblo derrocó en 1988;

-        lo frustra que a pesar de los progresos registrados desde 1998, continúen muchos crímenes que esa minoría cometió durante la dictadura continúen impunes;

-        le preocupa que el Estado no le solucione sus problemas de educación y de salud, porque la minoría parlamentaria niega los recursos;

-        le indigna que dineros que podrían destinarse a solucionar la extrema pobreza se gasten en armas y aviones;

-        le desespera que para la minoría pinochetista la desigualdad sea un problema secundario;

-        le irrita que la huelga sea un instrumento inútil y una forma de despedir trabajadores y que se posterguen las reformas laborales;

-        le desconcierta que la solución de los problemas de las etnias
autóctonas quede sujeta a los intereses de los que las han mantenido en la miseria.