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¿Qué es el recurso de protección?


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Por Luis Ravanal Peralta. 31 de enero de 2013

Agrupaciones animalistas, protectoras del medio ambiente, o personas comunes y corrientes que sienten que han sido despojados de sus derechos, pueden recurrir de protección. 

Éste es un Derecho que a menudo aparece en los medios de comunicación, pero poco entendemos de él. El último episodio acaecido en la escena nacional, fue el protagonizado por vecinos y el municipio de Providencia en contra de la empresa sanitaria, Aguas Andinas. Más información acá



1. ¿Qué es el recurso de protección?

El recurso de protección, es una acción establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile (CP), del año 1980, que tiene por objeto garantizar el respeto y supremacía de ciertos Derechos Fundamentales consagrados en la Carta Fundamental (como también se le denomina a nuestra Constitución). 

Su principal característica, es que es de tramitación rápida y prácticamente informal. Lo que busca es una solución en el menor tiempo posible para evitar arbitrariedades e ilegalidades de la vida diaria que puedan cometerse parte del Estado como también de particulares, y que nos afecten en nuestros derechos.

Una vez dictada la sentencia en el recurso, nada impide que se ejerzan otras acciones judiciales o se recurra ante la autoridad administrativa para conocer en mayor detalle del asunto controvertido (esto es, que se inicie un proceso de lato o mayor conocimiento) Esto, porque la acción de protección es una medida urgente que busca restablecer el equilibrio del derecho en una situación particular. Pero como es una "medida urgente", la tramitación es superficial, y quien se ve afectado con la sentencia, tiene derecho a iniciar un procedimiento ante los jueces ordinarios para que conozcan con mayor detalle del caso,  para rendir toda la prueba necesaria, y para que valoren conforme a la ley.

2. ¿Es un recurso?

Jurídicamente, los recursos son medios de impugnación (modos de atacar y tratar de invalidar una sentencia, cuando ésta nos perjudica) Por ende, es más correcto decir que el "recurso" de protección, es más bien una "acción", ya que los ciudadanos tenemos el derecho de "accionar" o provocar la actividad jurisdiccional de los tribunales, en defensa de nuestros derechos.

3. ¿Qué derechos fundamentales están cubiertos por la acción de protección?

Los Derechos Fundamentales cubiertos por la acción de protección, son:

  • Derecho a la vida.
  • Igualdad ante la ley.
  • Derecho ser juzgado por los tribunales que establece la ley y que estén establecidos antes de la ejecución del hecho.
  • Derecho a la protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia.
  • Inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada.
  • Libertad de conciencia y libertad de culto.
  • Derecho a elegir el sistema de salud, sea estatal o privado.
  • Libertad de enseñanza.
  • Libertad de opinión e información.
  • Derecho de reunión.
  • Derecho de asociación.
  • Libertad de trabajo, su libre elección y libre contratación.
  • Derecho de sindicalización.
  • Libertad para desarrollar cualquier actividad económica.
  • Derecho a no ser discriminado en el trato del Estado en materia económica.
  • Libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes.
  • Derecho de propiedad.
  • Derecho de propiedad intelectual e industrial.
  • Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, cuando sea afectado por un acto u omisión imputable a una persona o autoridad determinada.

4. ¿Cuáles son las condiciones que se requieren para accionar de protección?

Dispone el artículo 20 de la CP: "El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio
de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, N°...(establece los derechos fundamentales protegidos), podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación
sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada."

Por tanto, lo primero que se requiere es una haya una acción (conducta positiva, hacer algo) u omisión (conducta negativa, no hacer algo) arbitraria e ilegal.  Además, estas conductas (hacer o no hacer algo), deben ser arbitrarias e ilegales. Por ejemplo, si el Estado nos impide como grupo animalista a reunirnos en el Centro de Convenciones Gabriela Mistral, para planificar las actividades del año, sin motivo alguno,  en este caso estarían realizando una acción (prohibir) y además, es arbitraria, porque no tienen justificación alguna para hacerlo. Ahora, si el lugar elegido para la convocatoria no tiene las condiciones necesarias para albergar una gran cantidad de personas y además es muy riesgosa para éstas, y establece otro punto de encuentro,  la decisión ya no será arbitraria, porque tendrá un motivo para prohibir la reunión. En este caso, no se nos prohibe reunirnos libremente, pero debemos cumplir ciertas condiciones para hacerlo. 

Si nos despojan de nuestra propiedad, no será un acto ilegal, si como antecedente existe una ley expropiatoria que lo autorice. 

Esos actos u omisiones arbitrarios e ilegales, deben privarnos, perturbarnos o amenazarnos en el legítimo ejercicio del derecho que se trate. Nos privará del ejercicio, cuando simple y llanamente nos despoje de la garantía constitucional que se trate, como cuando se nos arrebata de un pedazo de terreno sin que haya justificación alguna, ni menos una ley expropiatoria.  Se nos perturbará cuando el la facultad de ejercer un derecho consagrado en la Constitución, se ve sometido a trabas que alteran el normal desarrollo de la libertad en cuestión. En palabras más simples, son obstáculos o barreras impuestas que no nos privan del derecho, pero dificultan su ejercicio o alteran su normal desarrollo. Por último, se nos amenaza en la ejecución de un derecho fundamental, cuando estos actos u omisiones arbitrarios e ilegales, conllevan a un peligro inminente o a una posibilidad seria, actual y real de que se afecte tal derecho en su libre ejercicio.

5. ¿Quién puede interponer la acción de protección?

El artículo 20 de la CP, nos señala que la persona que se vea afectada por un acto u omisión arbitraria e ilegal que nos prive, perturbe, o amenace...podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre... Es  decir, puede accionar ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones respectiva el afectado directamente, o representado... No es necesario contratar un abogado que patrocine la acción. 

6. ¿Qué formalidad se exige para presentar la acción de protección?

El ya mencionado artículo 20 de la CP, no se preocupa de la forma de tramitar la acción constitucional, tampoco una ley. Por eso, la Corte Suprema adoptó una decisión (que se llama auto acordado), para regular el ejercicio de este Derecho. No nos detendremos a analizar si es legítimo o no que la Corte Suprema dicte normas obligatorias de procedimiento, y no se discuta en el parlamento. Pero es necesario remarcar que ningún otro cuerpo legal lo hace.

Lo que se exige es que la acción sea presentada por escrito. Debe contener los hechos u omisiones arbitrarios e ilegales que constituyen la privación, perturbación u amenaza de una garantía constitucional protegida.

No es necesario ir directamente a la Corte de Apelaciones respectiva a ingresar la protección, sino que incluso puede enviarse por fax, o télex. Lo más recomendable es ingresar el escrito directamente en la Corte de Apelaciones que corresponda, para asegurarnos de que sea recepcionada por ésta. Para saber cual es la Corte de Apelaciones competente, haga click acá y seleccione la Región en la que se haya cometido el acto u omisión arbitraria e ilegal que se denuncia.

7. ¿Existe algún plazo para recurrir de protección?

Si, la acción constitucional debe interponerse dentro del plazo fatal de 30 días corridos (incluyendo los feriados), que se cuentan a partir del día en que se comete la acción u omisión arbitraria e ilegal. 

8. ¿Qué etapas siguen una vez que se ingresa el recurso?

La Corte de Apelaciones realiza lo que se llama "examen de admisibilidad" del recurso, es decir, verifica que se haya cumplido con los aspectos formales de éste, sin analizar el fondo del asunto. 

Esto se traduce en que revisa si está presentado dentro del plazo ya indicado, y si contiene el relato de los hechos (actos u omisiones que se consideran arbitrarios e ilegales),  que puedan afectar una garantía constitucional protegida. Si no contiene dichos elementos, la Corte declara la acción como inadmisible. Por el contrario, si contiene los aspectos formales señalados, lo declara admisible y continúa conociendo el fondo de la acción. Si lo declara inadmisible, podemos presentar un nuevo escrito dentro del tercer día contado desde que se resuelve la inadmisibilidad, solicitando a la Corte que reconsidere su decisión y señalando que si se cumple con los aspectos formales, con el llamado recurso de reposición.

Si la Corte declara admisible el recurso, no significa que acoge nuestros argumentos, sino que simplemente señala que se cumple con los aspectos formales y acoge la acción a tramitación. Ahora comienza a conocer el fondo del asunto. 

Para ello, "la Corte de Apelaciones ordenará que informe, por la vía que estime más rápida y efectiva, la persona o personas, funcionarios o autoridad que según el recurso o en concepto del Tribunal son los causantes del acto u omisión arbitraria o ilegal, que haya podido producir privación, perturbación o amenaza del libre ejercicio de los derechos que se solicita proteger, fijándole un plazo breve y perentorio para emitir el informe, señalándole que conjuntamente con éste, el obligado en evacuarlo remitirá a la Corte todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto motivo del recurso" (Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección, N°3) Si la persona que debe remitir los antecedentes es un funcionario público, o Jefe de un Órgano o Servicio del Estado, ya sea titular o subrogante, no remite los informes requeridos, la Corte puede sancionarlo con las siguientes medidas: a) amonestación privada; b)censura por escrito; c) multa a beneficio fiscal que no sea inferior a una unidad tributaria mensual ni exceda de cinco unidades tributarias mensuales; y d) suspensión de funciones hasta por cuatro meses, tiempo durante el cual el funcionario gozará de medio sueldo. Todo ello
además de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir dichas personas.

Mientras se tramita el recurso, la Corte de Apelaciones puede decretar una orden de no innovar, cuando lo considere necesario para los fines del recurso. Es decir, puede decretar temporalmente que la autoridad o personas que cometen una acción arbitraria e ilegal, cesen en su ejecución; o que se lleve a cabo la acción que fue denegada.

Una vez recibido los informes de la persona recurrida (la que comete el acto u omisión arbitraria e ilegal), la Corte ordena traer los autos "a relación" Esto significa que un funcionario llamado "relator" narra a los ministros de la Corte los hechos que justifican el recurso, y los informes que emite el denunciado. Esto se hace al día subsiguiente de que se decreta traer los autos a relación. Cuando la Corte de Apelaciones funciona en más de una sala, se realiza un sorteo para decidir cuál conocerá del recurso.

La Corte puede ordenar que se lleven a cabo diligencias con el objeto de clarificar  o tener un mejor conocimiento de los hechos para resolver de una mejor manera.

La sentencia es apelable ante la Corte Suprema. Será apelable por una u otra parte, dependiendo de quien se vea afectado por la decisión final de la Corte de Apelaciones. El plazo de apelación es de cinco días contados desde la notificación de ésta

La sentencia establecerá todas la medidas necesarias para restablecer el imperio del Derecho vulnerado, impidiendo que se lleve a cabo la acción u ordenando que se realice el acto omitido, y que se considera arbitrario e ilegal.


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