LA EDUCACION CHILENA Y SUS PROYECCIONES EN EL 2007


 

LOS INTERESES EN LA ACTUAL EDUCACIÓN:

 De la modificación a la Ley Constitucional de Enseñanza (LOCE), a la eliminación de la educación municipal y su privatización.

 

“...a pesar del discurso ideológico negador de los sueños y de las utopías, trabajo con los sueños, con las esperanzas, tímidas a veces, pero a veces fuertes, de los educandos. Si no puedo, por un lado, estimular los sueños imposibles, tampoco debo, por el otro, negar a quien sueña el derecho de soñar. Trabajo con personas y no con cosas.”

Paulo Freire

 

 

Después de un 2006 lleno de movilización, propuestas y manifestaciones de los sectores sociales relacionados con el mundo educativo, el inicio del 2007 ha estado marcado por acontecimientos que han provocado que la agenda política-social este centrada en los graves problemas generados por el transantiago, los niveles de corrupción en organismos públicos (Chiledeporte, conicyt, entre otros).

Estos hechos, si bien son importantes,  han desviado la atención de temas que evidencian las visiones e intereses de poder de los capitalistas de este país, lo cual es utilizado y manipulado por los medios informativos  (al servicio de estos mismos capitalistas), con la finalidad de generar disputas de quién esta más o menos capacitado para controlar la burocracia gubernamental (presidencia).

No son noticia los efectos y consecuencias que traerá la aprobación de la Ley de Subvención Diferenciada o Preferencial, que generará una nueva segmentación de colegios, desde aquellos autónomos en sus prácticas educativas y de gestión (léase particulares subvencionados y municipales de elite), hasta los que requieren plan de  intervención, llamado también pomposamente “asistencia técnica” (léase escuelas y establecimientos de sectores populares). Los primeros reciben financiamiento directo a la subvención escolar y los segundos no reciben financiamiento, ya que este es entregado a las instituciones que realizan dicha intervención (negocio redondo para los tecnócratas educacionales pro capitalistas como Fundación Chile, EducaUC y Universidades varias). Además se utiliza como parámetro de  clasificación el criticado SIMCE, todo ello con la finalidad de dar muestra que los problemas tienen como causa principal los  y las docentes, su estabilidad laboral (los burócratas y tecnócratas que defienden el capitalismo ven al Estatuto Docente como la gran causa del deterioro educacional), y la actual dependencia de los establecimiento (deseosos que todos sean traspasados a manos privadas y corporaciones capitalistas).

Tampoco se mencionan las intenciones de hacer más evidente la rectificación de actual enfoque curricular individualista, basado en lo tecnológico por competencia, esto traducido a los llamados Mapas de Progreso de los Aprendizajes, que no son más que indicadores de competencias (actitudes  y habilidades), que los  y las jóvenes deben ser capaces de desarrollar, ello en el marco de ser funcionales al sistema económico, enfrentando y asumiendo:

·                    LA INCERTIDUMBRE, la cual implica saber que su vida y empleo no es algo asegurado y deben “competir” individualmente para mantenerse o progresar en su nivel de vida.

·                     El EMPRENDIMIENTO, con una clara visión liberal individualista, que se enmarca de surgir a costa de los otros y no con los otros.

·                    EL LOGRO, entendido como el éxito o fracaso basado en evaluaciones estandarizadas (psicométricas), como el SIMCE, PSU y Pruebas de Compromiso de Gestión. No aplicando las necesarias contextualizaciones en una realidad tan heterogénea y con tantas desigualdades en lo económico, social  y cultural.

Además en forma casi desapercibida se ha dado cuenta de las modificaciones que el gobierno realizará a la LOCE.

Desde el poder ejecutivo se plantea que:

”En el curso de este mes (Marzo), o a más tardar los primeros de días de abril, se enviará al Congreso Nacional el proyecto de ley que deroga la actual Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), reemplazándola por un nuevo cuerpo legal, para que  “podamos contar con una nueva ley de educación, adecuada para los actuales tiempos”, afirmó la Presidenta Bachelet.

Este nuevo cuerpo legal busca:

·                    Establecer derechos y fija las exigencias para impartir una educación de Calidad. 

·                    Determinar los estándares que deberán cumplir los establecimientos 
y los contenidos que contempla el sistema. 
establece la exigencia, a todas las escuelas y liceos.

·                    Cumplir condiciones pedagógicas, de infraestructura y de bienestar para sus alumnos. 

·                    Eliminará la selección de alumnos hasta 6º básico en todos los establecimientos que reciban financiamiento estatal. 

Frente a estas declaraciones, que no dan cuenta de la gran contradicción entre el derecho a la educación sobre la mercantilización de esta, es importante conocer el enfoques de las normativas de otros países de nuestra América Latina.

             En el caso de Argentina su normativa plantea[1]:

 ARTÍCULO 2°.- La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado.

 

ARTÍCULO 3°.- La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación.

 

ARTÍCULO 4°.- El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias.

 

ARTÍCULO 5°.- El Estado Nacional fija la política educativa y controla su cumplimiento con la finalidad de consolidar la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales.

 

En lo referente al lucro en educación dicha normativa plantea:

 

ARTÍCULO 10.- El Estado Nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública.

 

En el caso de Venezuela se plantea que[2]:

 

 

 

Artículo 102 °

 

La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social, consustanciados con los valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana, de acuerdo con los principios contenidos en esta Constitución y en la ley.

            Estas dos experiencias de gobiernos socialdemócratas progresista, dan cuenta de la claridad del rol del Estado. En Argentina: “El Estado (...) tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral...”. En Venezuela:” El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad”.

El Gobierno y los funcionarios de la Concertación, parientes y funcionarios de los artífices de la “vía chilena al socialismo” de la década de los 70, hoy evitan tener posiciones claras respecto al papel que tiene el Estado en la educación. Sus actitudes sólo confirman su transformación en los  tecnócratas de la “vía chilena al capitalismo liberal individualista”.

Además, más allá de la opinión del rol del Estado en la educación, ninguna autoridad o políticos seudo progresistas,  plantea que la educación más que un servicio del mercado debe ser un DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL, como lo explicita Venezuela.

Esto confirma que sus políticas no tienen diferencia a los postulados de la derecha golpista de nuestro país y que las indicaciones al marco legal en educación es la profundización de la mercantilización y privatización con estándares de calidad,  bajo los lineamientos de organismos internacionales que operan subordinados al imperialismo norteamericano.

Como docentes con un compromiso social y conscientes de la necesaria transformación social, en pos de una sociedad, solidaria, social y humana, es fundamental conocer los planteamientos propositivos desde la pedagogía crítica y experiencias latinoamericanas que colocan en el centro el desarrollo de todas y todos, y como esto se ve reflejado en la educación desde las estructuras legales, ya sea constitución políticas o las legislaciones educacionales.

Además estos aspectos, para el desarrollo de una NUEVA EDUCACION, debemos generar nuevas estructuras temáticas, desde un currículo con un enfoque socio-critico que de posibilidades de liberar a los y las estudiantes, de la cultural capitalista del consumo, individualismo y pasividad.

 

“Lo que estoy tratando de hacer en mi trabajo es ayudar a crear espacios donde maestros y los estudiantes puedan trabajar juntos para luchar contra la explotación, la opresión y la violencia, que continúa por el mundo y que es parte de la sociedad capitalista que ha destruido naciones enteras: ha destruido la ecología y el ambiente y va continuar haciéndolo si no luchamos para evitar que esto  siga ocurriendo”.

Peter McLaren.

 

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[1] LEY N° 26.206. LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL, 2006.

 

[2] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 1999.