"COLABELLA MARINA AMELIA C/ BALDINI SANDRA PATRICIA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"

Causa nº 66412 R.S. 22/l2

///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, a los Veintiocho días del mes de de Febrero de 2012, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Felipe Augusto Ferrari y José Luis Gallo, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "COLABELLA MARINA AMELIA C/ BALDINI SANDRA PATRICIA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Causa nro. 66412, habiéndose practicado el sorteo pertinente -art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: FERRARI-GALLO, resolviéndose plantear y votar las siguientes:

              C  U  E  S  T  I  O  N  E  S

 1º ¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?

2º ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?

V  O  T  A  C  I  O  N

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PROPUESTAS EL SEÑOR JUEZ DOCTOR FERRARI, dijo:

I.- Antecedentes

1) El Acuerdo de esta Sala II de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Departamental debe dirimir los recursos de apelación deducidos contra la sentencia que a fs. 388/396 dictara la entonces Jueza Titular del Juzgado de liminar instancia Nº 7; el fallo apelado hizo lugar a la demanda contra los demandados Sandra Patricia Baldini y Guillermo Ramón Gomez con extensión a la Aseguradora Liberty Seguros Argentina S.A., condenándolos a pagar a la actora la suma de $ 44.400 y sus accesorios de intereses y costas; la rechazó respecto de los demandados Carlos Jorge Rubiola, Servicios PS-SRL y Aseguradora General Argentina.-

2) Apelan las partes:

a.- A fs. 402 la actora, recurso que concedido libremente a fs. 403 se mantiene mediante la expresión de agravios de fs. 419/424 que no amerita réplica.-

b.- A fs. 404 la demandada Baldini y su garante; concedido libremente el recurso se funda mediante la expresión de agravios de fs. 432/435, que es contestada a fs.440/442 y fs. 443/444.-

3) Son agravios de las partes:

a.- De la actora: errores conceptuales de la sentencia; rechazo de la incapacidad  parcial y permanente; desestimación  del daño psicológico y del daño estético; reducida cuantificación de gastos de tratamiento y atención médica.-

b.- De la demandada y su garante: la atribución de responsabilidad; el acogimiento de incapacidad absoluta y temporaria; el daño moral; los gastos médicos.-

Será en el capítulo pertinente de este voto donde trataré los argumentos que sustentan los enunciados agravios.-

4) Firme el llamado de “autos” y cerrado con ello todo debate, se procede con fecha 1 de Febrero de 2012 al sorteo del orden de votación en función del cual debo liderar el Acuerdo.-

SOLUCION PROPUESTA

I.- ASPECTOS FACTICOS DEL CASO A JUZGAR.-

La concreta precisión de los hechos invocados por las partes es necesario antecedente para la aplicación a los mismos de las normas de Derecho; tal  lo dicho:

1) Narra la actora en el libelo introductorio de la instancia que el 22 de Octubre de 2004, siendo aproximadamente las l9 hs. viajaba en un remis propiedad de Servicios P-S  S.R.L.; en su trayecto el remis fue embestido por un camión Mercedes  Benz conducido por el demandado Guillermo Ramón Gomez propiedad de Sandra Patricia Baldini; demanda a propietario y conductor del remis y del camión y sus aseguradoras.-

Su reclamo indemnizatorio abarca diversos componentes del daño material y el daño moral.-

2) Los encartados y sus seguros contestan la demanda; reconocen el ocurrimiento del hecho pero niegan toda responsabilidad en el mismo: se atribuyen recíproca y opuestamente dicha responsabilidad.-

 Sin perjuicio de ello rechazan y niegan todo el reclamo inserto en la demanda tanto en su procedencia como en su cuantificación.-

II.- ENCUADRE JURIDICO

1) El hecho que origina esta litis se subsume en la teoría objetiva del riego creado receptada en nuestro  Derecho por el Art.1113 del C.C.A. en la reforma de la ley 17.711; es la teoría de “responsabilidad sin culpa” que con indudables objetivos tuitivos hace responsable al dueño o guardián (al margen del tradicional concepto de culpa del 1109) por los daños causados con las cosas riesgosas; tal presunción “iuris tantum” solo cede ante la prueba terminante e indudable de culpa total o parcial de la propia víctima o de un tercero por quien el dueño o guardián no deba responder; a lo cual adito que tal prueba es carga procesal del dueño o guardián (Art.375 del C.P.C.C.); así lo ha establecido la Sala en forma permanente en la actual y anteriores integraciones (esta Sala en causas 53.490, R.S.297/07; 38.180, R.S. 115/09: 58.163, R.S. 83/11 entre otras).-

          2) Cuanto al Derecho de Daños también hemos establecido criterios  concretos: solo tiene dos grandes rubros que son el daño material (en sus diversos aspectos) y el daño moral; el primero comprende los aspectos tangibles; el segundo los intangibles; al respecto hemos dicho que "... con miras a la reparación integral que prevé el Art. 1.O83 del CCA existen dos únicos rubros: el "daño material" y el "daño moral"; aquél abarca todo lo que deteriora materialmente a la víctima siendo por ello comprensivo del daño físico, de la incapacidad sobreviniente, del daño psíquico, de todo tipo de gastos, del lucro cesante y en definitiva de todo deterioro tangible patrimonialmente; el "daño moral" es la compensación monetaria del sufrimiento, el "pretio doloris"; es la minoración en la subjetividad de la persona derivada de la lesión a un interés no patrimonial; o con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial (Cfe. Ramón Pizarro "Daño Moral" pág. 34). Sin perjuicio de ello, es común observar que los reclamos indemnizatorios contienen una interminable y cada vez más creativa discriminación de rubros que en definitiva no son más que componentes del "daño material". Sin abdicar de la aludida postura doctrinaria la mentada discriminación puede ser útil para componer el rubro "daño material" pero teniendo especial cuidado que a través de aquélla no se superpongan rubros y montos...." (Cfe. esta Sala causa 25.123 votos de los Dres. Vennini, Conde y Suares; causas 40.201, voto de los Dres. Calosso, Suares y Conde)" (causa  43.263, R.S. 194/01 y 44.474, R.S. 400/01, entre muchas otras).-

III.- LA SENTENCIA.-

1) Con invocación de la teoría objetiva del riesgo hace lugar a la demanda contra la propietaria y el conductor del camión Mercedes Benz con extensión a su garante; la rechaza respecto de los demás codemandados; lo funda en la excesiva velocidad con la que circulaba aquel móvil y en su carácter de embistente, lo cual -dice la a quo- enerva la prioridad de paso.-

2) A fs. 393 vta. punto 1) intitulado “incapacidad absoluta temporaria” da validez a la pericial médica producida en autos; sostiene que la actora no ha sufrido otro detrimento que el daño estético y que este no es indemnizable si no dimana del mismo un perjuicio económico; sigue argumentando que en todo caso el aludido daño estético debe contemplarse en el daño moral y termina sosteniendo que como “por un  pequeño lapso” la actora no pudo desarrollar actividad alguna “admite el rubro en estudio por  $ 1.500” lo cual hace con cita del Art.165 del C.P.C.C.-

3) Desestima el reclamo por incapacidad parcial y permanente sosteniendo que la actora “solo sufrió daño estético” (fs.395 punto 2).-

4) Sin solución de continuidad y con remisión a lo resuelto a fs. 395 punto 2) desestima el daño estético.-

5) Con cita del Art 1078 del CCA hace lugar al daño moral y lo dimensiona en la suma de $ 40.000.-

6) Desestima la reparación por daño psíquico y anticipa que acordará “gastos de tratamiento”.-

7) Recepta los gastos de tratamiento y atención medica indocumentados fijándolos en la suma de $ 500.-

8) En poco claros conceptos y fundamentos fija como “gastos paliativos futuros tanto médicos como psicológicos” la suma de $ 2400.-

Tal en prieto raconto los fundamentos de la sentencia en crisis.-

IV.- LOS AGRAVIOS.-

En el examen formal de ambas expresiones de agravios estimo que las mismas  superan con  creces el primigenio valladar que impone el Art. 260 del ritual local; ello por cuanto contienen  el enunciado concreto, autónomo y total de los eventuales errores in iudicando que podrían conducir a la revocación del fallo; y lo dicho no deja de ser auspicioso ante las reiteradas declaraciones de deserción que el Tribunal ha debido decidir por insuficiencia argumental y por aplicación de lo dispuesto por el Art. 261 del C.P.C.C. (ello con el alongamiento de los procesos y el dispendio jurisdiccional que tal falencia origina).-

Tal lo dicho ingresaré en el conocimiento de los agravios; por obvias razones metodológicas comenzaré por el alzamiento que los demandados  realizan contra la atribución  de responsabilidad; a resultas de ello abordaré los diversos reclamos.-

1) RESPONSABILIDAD

 Se alza la demandada y su aseguradora contra la atribución de responsabilidad exclusiva que les endilga la sentencia.-

Único argumento basal de su queja es que el camión  Mercedes Benz tenia “prioridad de paso” respecto del remis por cuanto circulaba a la derecha de este; los apelantes refuerzan su razonamiento con reiteradas citas de jurisprudencia de la Corte Provincial.-

El agravio no es de recibo: la “prioridad de paso” no debe apreciarse aisladamente, en un compartimento estanco, sino que debe evaluarse teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso; de lo contraria llegaríamos al absurdo de aceptar que un vehiculo con “prioridad de paso” se encuentra habilitado para circular arrasando todo lo que tiene a su paso y vulnerando todas las normas de prudencia de las cuales se nutre el “alterum non laedere” (Art. 1109 del C.C.A.); y en el presente caso la a quo bien tuvo en cuenta la excesiva velocidad que el conductor del camión había impreso al mismo, lo que lo llevó a colisionar no solo al móvil en el cual viajaba la actora sino también a un  tercer vehículo.-

Lo expuesto surge, en cuanto a la velocidad, de los dichos de la testigo Soave en sede penal (ver fs. 18/19) en cuanto expresamente indicó que el camión circulaba "a gran velocidad" (arts. 384 y 456 CPCC); las placas fotográficas de fs. 20/vta., que ilustran claramente las consecuencias de la colisión, convergen en igual sentido.-

Y el carácter de embistente, por otro lado, se ve corroborado claramente (y sin motivo para apartarse del mismo, arts. 384 y 474 del CPCC) con el dictamen pericial llevado a cabo en autos, que le asigna dicha participación al camión (ver fs. 332vta.).-

Estos fundamentos de la atribución de responsabilidad no merecieron crítica alguna de los apelantes razón por la cual permanecen enhiestos; todo el discurso de los apelantes aísla la “prioridad de paso” de las restantes circunstancias del caso lo que hace a la improcedencia de su agravio.-

 

2) RESARCIMIENTOS RECLAMADOS.-

a.- Se agravia la actora por haberse desestimado su reclamo por incapacidad parcial y permanente.-

La asiste razón: los fundamentos que la sentencia contiene al respecto son confusos y contradictorios; confusos por cuanto se deja de lado la etiología del reclamo; contradictorios por cuanto por una parte se valida la pericia médica y por la otra se ignoran sus conclusiones; ergo: habremos de analizar el reclamo teniendo en cuenta la naturaleza del mismo y las pruebas que lo respaldan.-

La incapacidad física sobreviviente (aspecto del daño material) tiende a resarcir a la víctima por las minusvalías que afectan la posibilidad de todo ser humano de  generar  bienes y servicios; no debe confundirse con otros aspectos del daño material como el lucro cesante o el daño emergente; menos aún con el daño moral pues este constituye la lesión a aspectos intangibles de las personas.-

 Para su acreditación y dimensionamiento cobra fuerza especifica la pericial medica prueba que acopia al jurista conocimientos y evaluaciones científicas que este -en principio- no domina (Art. 457 del C.P.C.C.); Carnelutti lo consideraba una “forma de asistencia judicial” (autor citado “Instituciones del Proceso Civil” traducido por Sentis Melendo Tº I pág.203); Oteiza (Código Procesal Civil y Comercial de la Pcia. de Buenos Aires, T° II pág 113) la conceptúa como la prueba que acopia “conocimientos especiales que excedan el común de las personas y por ende del Juez de la causa, con excepción del Derecho que es deber aquel aplicar”.-

Va de suyo que el Juez no se encuentra encorsetado por las conclusiones periciales; es su facultad-obligación evaluarlas e incluso apartarse de las mismas con razones fundadas y objetivas (Art.474 y 384 del C.P.C.C.).-

Y en tal tarea de analizar y evaluar la pericial médica producida en autos y sus explicaciones (fs. 289/291; 309 y 316) no encuentro razones para apartarme de sus conclusiones; del informe pericial originario (fs. 289/291) surge que con nexo causal en el accidente la actora sufrió politraumatismos en  la cara y columna cervical; a fs.309, rectificando el error material que reconoce, informa que la incapacidad parcial y permanente es del 13,5%.-

Es el momento de dimensionar la indemnización a acordar en relación al porcentual de incapacidad física sobreviviente dictaminado por el experto; de antaño y ogaño, la Sala viene utilizando el método del “calcul au point” como parámetro referencial objetivo e inicial para dimensionar esta aspecto del daño material dando a cada punto de incapacidad un determinado valor económico que fue variando con los tiempos; no se trata de ceñirse a cálculos matemáticos infranqueables, como con ligereza se ha dicho; se trata de contar con un punto de partida objetivo, alejado de la sola voluntad del juzgador (que se emparenta con la arbitrariedad), teniendo en cuenta la universalidad de circunstancias que rodean el caso concreto que atañen a la victima: sexo, edad, actividades, índole de las lesiones y toda otra valoración  que nos conduzca a la reparación integral de la cual nos habla el Art.1083 del CCA.-

Al respecto hemos dicho que “...la Sala viene utilizando en la actual y anteriores integraciones, como una de las pautas para cuantificar la indemnización por incapacidad física, la  teoría del "calcul au point" que elaborada por el ex-Juez de esta Sala Dr. Héctor Normando Conde, a partir de su voto en la causa "Suarez Delfina C/ Villalba Marcelino S/ Daños y Perjuicios", causa nro. 37.152 R.S. 3O2/97, da una base para que, a partir de la misma, y adecuándola a las cambiantes circunstancias de cada caso, se llegue  a una fijación de monto justa y equitativa; y recalco que el "calcul au point" no implica que el Tribunal se ciña a `pautas matemáticas o rígidas, sino que tome una base aplicable al común de los hombres; el "calcul au point" consiste fundamentalmente en acordar un determinado valor dinerario a cada punto de incapacidad; hemos dicho as¡ en numerosos fallos que "...conforme a la misma  se fija un valor concreto por cada punto de incapacidad; el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad tomando tal cálculo como base que podrá  variar -lo reitero- conforme a las circunstancias de cada caso sujeto a juzgamiento; debo recordar los claros y eruditos fundamentos que sobre el particular expuso al fundar su voto el ex-juez de ésta Sala Dr.HECTOR NORMANDO CONDE que con la adhesión de sus colegas de ese entonces Dres.ROBERTO CESAR SUARES y SEVERO JOSE CALOSSO hizo sentencia en la causa 37.152; dijo en la oportunidad la Sala que hoy integro "...para lograr una solución justa y equitativa hemos establecido el valor del punto de incapacidad (base objetiva) en la suma de $ 1OOO que en principio se multiplica por el porcentaje de incapacidad estimado por el perito, aclarando que en los casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de la persona, no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado..."; comparto "in totum" tales fundamentos a los cuales me remito resaltando que ese "calcul au point" es la base objetiva de reparación de un sujeto común, ubicado en una edad promedio al  lapso general de expectativa de vida, base a partir de la cual  el Juez apreciara las circunstancias de cada caso particular tornando racional la recordada discrecionalidad del 474 del rito: personalidad, actividades laborales y sociales,,relaciones familiares, ¡índole de las lesiones, influencia de los detrimentos en la vida de relación y en definitiva todos aquellos elementos de juicio que surgen del plexo probatorio adunado que tornen "justo" al par que "legal" el resarcimiento  lo que -dicho sea de paso- constituye una de las funciones elementales de la jurisdicción; ese cúmulo de circunstancias que nos pondrán aquí y ahora frente al "ser humano concreto" posibilitaran la flexibilización en más o en menos del "calcul au point." (esta Sala en causa N° 43.263 R.S. 194/01, entre otras).De lo dicho, se desprende que en la actualidad tal teoría del "calcul au point", fija para cada punto de incapacidad un valor dinerario de mil pesos ($ 1.000); y es en este aspecto en el cual habré de proponer a mis colegas una modificación, no ya en el aspecto de fondo de tal teoría, sino en la cuantificación que hace de cada punto de incapacidad; ocurre que la estimación de mil pesos ($ 1.000) por punto se fija en épocas de estabilidad monetaria en las cuales el poder adquisitivo de nuestra moneda tenía idéntica paridad con el dólar estadounidense, divisa que se ha tomado como indicador de aquella estabilidad, esto -dicho sea de paso- sin hacer disquisiciones de otra índole sobre el tema; ocurre que a partir de la serie de medidas económicas instrumentadas desde fines de Diciembre de 2.001 aquella paridad desapareció operándose una devaluación de nuestro signo monetario que por pública y notoria no requiere mayores comentarios ni pruebas; y siendo tal mantener el valor hasta ahora vigente por el "calcul au point" implicaría tomar una base que no se corresponde con la realidad, base que incluso agrediría el principio de reparación integral de que nos habla el art.1.083 del C.C.A.; los jueces, no podemos permanecer ajenos a las realidades socio-económicas que nos rodean; y ya en la concreción de mi pensamiento he de proponer a mis colegas que, en función de las razones antes expuestas, se eleve el valor dinerario de cada punto a la suma de mil quinientos pesos ($ 1.500).-; ello -lo reitero- sin sujeción estricta a cálculo matemático y como una de las pautas y puntos de partida para adecuar en m s o en menos el monto que se acuerde al caso particular, según las circunstancias del mismo"; posteriormente en la causa 39.397, RS 570/05, la Sala con voto del Infrascrito en primer término, dijo que: "...una nueva evaluación del tema en torno al valor del punto de incapacidad me lleva a proponer al Acuerdo la elevación del miso a la suma de $ 2000; y tal adecuación no es más que concreta aprehensión de las circunstancias económicas actuales y apunta a la adecuación de dicha base al principio de reparación integral insito en el art. 1083 del C.C.A. y “obiter dicta” reitero las motivaciones que expusiera en la causa 45.282 antes citada”; vale decir que el valor originario del punto de incapacidad fijado en $ 1000,fue elevado sucesivamente a $ 1.500 y $ 2.000; llamado a votar en estos autos he de proponer al actual colega de integración que tal valor por punto se eleve a la suma de $ 3.000 y los fundamentos de tal opinión son exactamente los mismos a los dados en las causas N° 45.282 y 39.397 que precedentemente he trascripto y a los cuales me remito "brevitatis causa", a lo cual adito que así como las circunstancias económico-sociales mutan con celeridad los jueces no podemos permanecer ajenos a tales mutaciones so riesgo de establecer soluciones que no se compadezcan con la equidad que requieren nuestros pronunciamientos..." (ver mi voto en causa N°55.228, R.S.142/08, entre otras). Vale decir que el valor actual del punto por incapacidad, como pauta referencial inicial, es de $ 3.000 importe que data del mes de Mayo de 2.008 (causa recién citada); teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, las actuales circunstancias económicas, los argumentos ya dados al aumentar el monto desde su valor inicial de $ 1.000, la obvia duración de los procesos judiciales en sus diversas instancias y el principio de reparación integral insito en el Art.1083 estimo que  en la teoría del "calcul au point" el valor dinerario por punto porcentual de incapacidad debe elevarse a $ 4.000 (ver esta Sala en causa N° 57.398, R.S. 97/10)”.-

Y el cumplimiento de tal requisito de objetivización de la indemnización ha sido determinado expresamente por la  S.C.J.B.A. (Causa L 94556 Schmidt C/ S.A.E.S. sentencia del 7 de abril de 2.010) citado por el infrascrito al votar en primer término en la causa N° 57.485.-        

De lo dicho surge que el actual valor referencial es de $ 4.000 por cada punto de incapacidad, lo cual data del año 2010 (voto de mi autoria en la causa 57398 R.S. 97/2010).-

El tiempo transcurrido desde la fijación de tal valor referencial, las indudables mutaciones socio-económicas habidas en aquel lapso temporal y la preservación del recordado principio de reparación integral hace que, en uso de facultades privativas del Tribunal, proponga al Acuerdo que el valor referencial por cada punto de incapacidad se eleve a la suma de $ 5000.-

 

En función de lo expuesto, teniendo en cuenta la índole de las lesiones sufridas por la actora, su sexo y edad, y condiciones personales  postulo que la incapacidad física sobreviviente, parcial y permanente, se indemnice con  la suma de $ 61.000 revocando en tal sentido la parcela de la sentencia que desestimo el reclamo.-

b.- Segundo agravio de la actora es la desestimación de la incapacidad psíquica sobreviviente; recordemos que la sentencia la rechazó acordando solo gastos de tratamiento.-

Para elucidar la queja es de analizar la pericia de la especialidad, reiterando lo ya dicho en a.- respecto a los alcances y valor de la prueba pericial, en este caso psicológica.-

Dicha experticia obra a fs.274/281; en la tarea de evaluarla (Art. 474 del C.P.C.C.) la encuentro debidamente fundada, tales fundamentos son coherentes con sus conclusiones; contesta claramente los requerimientos solicitados; contiene citas bibliográficas que la ilustran; todo ello me lleva a acordarle pleno valor probatorio pues no existen razones científicas para apartarse de la  misma.-

De la experticia a la cual me vengo refiriendo surge que con nexo causal en el evento dañoso de autos la actora ha visto alterada su psiquis: de una persona activa laboral y socialmente ha pasado a ser retraída y temerosa; tiene dificultades en el sueño.-

Tal cuadro le origina una minusvalía psíquica del 10% conforme el Bareno de Castex y Silva; la experta termina su informe dictaminando que sin perjuicio de tal discapacidad es menester un tratamiento de terapia entre cuyos objetivos esta evitar el agravamiento de su afección tratamiento que estima de una duración de 6 meses con una frecuencia semanal de una sesión a un costo de $ 70 cada una.-

Frente a todo ello la a quo desestima indemnizar la incapacidad y acuerda solo los gastos de tratamiento, lo cual agravia a la actora por no haberse indemnizado la incapacidad y acordado solo los gastos de terapia.-

Ante tales evidencias no cabe sino reconocer razón a la actora; la a quo ha pasado por alto el informe pericial en tanto determina claramente la existencia de incapacidad; ha dejado de lado la reiterada jurisprudencia del Tribunal (causas 45.764 R.S. 24/02; 47399, R.S. 7/04) conforme a la cual incapacidad y tratamiento no son acumulables cuando este tiene carácter “curativo” pues implicaría superposición de indemnizaciones, pero tal acumulación procede cuando su objetivo es evitar “agravamientos” lo cual hace al derecho de todo ser humano a no ver incrementado su daño y se emparenta en forma directa con el principio de reparación integral ya mencionado en este voto; obiter dicta “paliar” el dolor semánticamente implica morigerar el sufrimiento de una afección, no de curar la misma.-

Ello así postulo al acuerdo se haga lugar al agravio y en la faena de dimensiónarlo, teniendo en cuenta el calculo residual y las características de la afección (depresión leve), propongo se fije la suma de $ 40.000.-

c.- La desestimación del daño estético agravia a la actora.-

La juez de grado rechaza indemnizar dicho aspecto del daño material sosteniendo que el daño estético solo es indemnizable “por la consecuencias patrimoniales y morales que ocasiona en la   medida en  que pueda convertirse en factor de frustración de beneficios económicos o en un padecimiento derivado de la lesión en si” (fs. 394vta. párrafo tercero) agregando que lo tendrá en cuenta al tratar el “daño moral” (fs.395 párrafo tercero).-

No comparto tales fundamentos: la lesión estética, como parte del rubro “daño material” (no del “daño moral”), no hace menester perjuicio patrimonial alguno para ser indemnizada; es el agravio que la persona sufre a su integridad corporal al margen que ella implique o no una incapacidad o un detrimento económico; es el derecho que toda persona tiene a conservar incólume su humanidad física; sin perjuicio de ello cuando la victima realiza actividades paras las cuales la figura externa es importante (modelos, locutores televisivos, artistas, cantantes) tal circunstancia deberá tenerse en cuenta por la jurisdicción al dimensionar la indemnización; y lo dicho no es mas que aplicación coherente del principio de reparación integral que consagra el Art. 1083 del Código de Velez; asimismo es de traer nuevamente a colación el “alterum non laedere”: quien ha sido dañado tiene derecho a ser indemnizado y resulta indiscutible que la figura externa del individuo (cualquiera sea su perfección o la actividad) es un derecho personalísimo de la víctima.-

Así lo ha establecido reiteradamente la Sala que integro estableciendo que “la lesión estética no hace menester perjuicio económico; su reparación reconoce su fundamento en el derecho que la persona tiene a que no se agredan sus formas físicas exteriores cualquiera fuere su perfección; y ello es independiente de todo eventual perjuicio económico emergente de tal  alteración y se enanca igualmente en el principio de reparación integral que  impone el Art. 1.083 del C.C.A. y en el "alterum non laedere" de que nos habla el Art. 1109; va de suyo que, como en todos los restantes aspectos resarcitorios, el operador jurídico deberá tener en cuenta las circunstancias del caso referidas al sexo, edad y lugar del cuerpo donde se encuentra la  lesión; el factor económico no es recaudo sine qua non para indemnizar la lesión estética, si bien es obvio que cuando se acredite que la estética de la víctima era determinante para su actividad laboral y/o económica (locutores, artistas, modelos publicitarios) tal circunstancia deba ser tenida en cuenta al momento de cuantificar la indemnización (esta Sala causas Nº 46032, R.S. 509/02; 46.700, R.S. 652/03; 57860 R.S. 268/10; entre otras).-

Que el daño estético reclamado por la actora existió es indiscutible: surge de la pericia medica ya analizada en el presente voto.-

 En la faena de dimensionarlo he de tener en cuenta el sexo de la actora (femenino), su edad al momento del accidente (65 años, fs.18), actividades laborales (docente, fs. 28 vta. in fine) y parte del cuerpo que sufrió el agravio estético (fundamentalmente en la cara); también tengo en cuenta que informe médico si bien claramente informó una incapacidad física parcial y permanente, la fincó fundamentalmente en las lesiones estéticas; todo ello me lleva a acoger el agravio proponiendo al Acuerdo se indemnice la lesión estética con la suma de $ 5.000.-

d.- El dimensionamiento de los “gastos presuntivos de tratamiento y atención médica", fue fijado por la primigenia sentenciante en la suma de $ 500 lo que agravia a la actora que los considera reducidos.-

Se trata indudablemente de  los gastos menores que se reconocen al margen de comprobantes formales (que en general no se otorgan o no se conservan) pese a los cual la jurisprudencia los reconoce lo que, una vez más, dimana de la cabal aplicación del principio de reparación integral: el único recaudo a tener en cuenta por la jurisdicción es su “razonabilidad” (esta Sala causas  46.224, R.S. 556/02; 56023, R.S. 275/09 entre otros).-

Teniendo en cuenta la índole de las lesiones, lo informado por la pericia médica y lo que surge de la Historia Clínica traída a los autos, estimo que la partida fijada deviene escasa, habiendo de proponer al Acuerdo se la eleve a la suma de $ 900; ello implica hacer lugar al agravio.-

e.- La demandada y su garante se agravian haberse receptado en la sentencia el reclamo por incapacidad absoluta y temporaria; les asiste razón.-

El detrimento impetrado por la accionante requiere concreta prueba del perjuicio sufrido temporalmente (Art.375 del C.P.C.C.); es necesario que la victima invoque y demuestre cual fue el concreto perjuicio, de que derivó y cual fue su entidad; nada de eso ocurre en el caso de autos; ante tal orfandad probatoria el reclamado se subsume en  la indemnización por incapacidad física parcial y permanente.-

f.- Final agravio a tratar es el relacionado con la suma acordada para reparar el daño moral que la sentencia fijo en $ 40.000 monto considerado excesivo por la demandada y su garante.-

Este rubro del Derecho de Daños apunta a reparar dinerariamente los padecimientos intangibles y espirituales sufridos por la victima, en la medida que los bienes materiales puede brindar parcelas de bienestar que morigeren aquellos íntimos padecimientos; el “pretio doloris” hace a la esencia del daño moral.-

Por sus propias características para su fijación juega especial función la facultad discrecional de que nos habla el Art 165 del rito; pero “discrecionalidad” no implica “arbitrariedad”; la jurisdicción  debe apreciar objetivamente todas las circunstancias del hecho y las personales de la victima (ya reseñadas en  el presente voto) que trasunten el padecimiento que se trata de reparar; se debe ejercer razonable y equitativamente aquella facultad discrecional.-

Bajo tal prisma de apreciación y teniendo en cuenta las exteriorizaciones mencionadas en el párrafo anterior considero que la suma fijada en sentencia no es elevada, razón por la cual -no mediando agravio por baja- postulo de la confirme.-

V.- COSTAS DE LA INSTANCIA

Corresponde establecer la imposición de costas de la instancia; así teniendo en cuenta lo dispuesto por el Art.68 del CPCC que -inspirado en el principio objetivo resarcitorio preconizado por Chiovenda- las adita a la condición de vencido en la litis, postulo se impongan a la demandada y su garante, fundamentalmente vencidos en la instancia.-

      Por los fundamentos expuestos votando la cuestión en debate lo hago

PARCIALMENTE  POR LA  NEGATIVA

 

A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO, por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando también por

PARCIALMENTE  POR LA  NEGATIVA

 

A LA SEGUNDA CUESTION EL SEÑOR JUEZ Dr. FERRARI dijo:

Si mi colega de integración comparte el primer voto debera decidirse:

1) Revocar la sentencia apelada en los siguientes aspectos: las incapacidades física y psíquica sobrevinientes a las cuales se deberá hacer lugar por las sumas de $ 61.000 y $ 40.000 respectivamente; el daño estético al cual se hace lugar por la suma de $ 5000; los gastos médicos menores que se elevan a la suma de $ 900 y  la incapacidad total y temporaria que se rechaza; confirmarla en lo demás que decide y ha sido materia de agravio.-

2) Costas de la instancia a la demandada y su garante, fundamentalmente vencidos en la instancia.-

Asi lo voto

 

A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO, por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Señor Juez Dr. Ferrari.-

 

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:

S  E  N  T  E  N  C  I  A

AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO: Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE REVOCA, la sentencia apelada en los siguientes aspectos: las incapacidades física y psíquica sobrevinientes a las cuales SE HACE LUGAR por las sumas de $ 61.000 y $ 40.000 respectivamente; el daño estético al cual SE HACE LUGAR por la suma de $ 5000; los gastos médicos menores que SE ELEVAN a la suma de $ 900 y  la incapacidad total y temporaria que SE RECHAZA; CONFIRMARLA en lo demás que decide y ha sido materia de agravio.-

Costas de alzada, a la demandada y su garante, fundamentalmente vencidos en la instancia (art. 68 CPCC).-

SE DIFIERE la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 del Dec. Ley 8.904/77).-

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.-

 

Dr. FELIPE AUGUSTO FERRARI          Dr. JOSÉ LUIS GALLO  

                                      Juez                                 Juez

 

 

Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI

Secretario de la Sala Segunda de la

Excma. Cámara de Apelación en lo Civil

y Comercial del Departamento Judicial

de Morón