El pacto social es una imposición de clase

                                                                     Coordinadora Sindical Clasista  

1)      Creemos que el pacto social que ofrece el gobierno, busca crear un escenario para dar legitimidad a las iniciativas que se están fraguando en el Consejo de Equidad. Analicemos que ha discutido este Consejo:

a)      En primer término, en el Consejo ya se ha acordado terminar con algunas normas legales impulsadas por los propios gobiernos concertacionistas y aplaudidas en su momento por la dirigencia de la CUT, y que ahora este Consejo ratifica que no eran más que normas regresivas para los trabajadores. Hablamos de las normas que aceptaron los reemplazos de trabajadores en huelga y las que dieron amplias facultades los grupos negociadores de trabajadores (fácilmente manipulables por el capitalista) en desmedro de los sindicatos. Al otorgar a estos grupos negociadores capacidades para firmar acuerdos colectivos, se entregó a los empresarios una herramienta clave y con el amparo de la ley para debilitar a los sindicatos y a su principal arma legal: la negociación colectiva.

b)      En el Consejo han surgido propuestas de una negociación “supraempresa”. Creemos que con esta denominación de negociación “supraempresa” se engaña a los trabajadores, quienes tienden a creer que realmente lo que se propone es una negociación colectiva interempresa en su sentido amplio. Sin embargo, al leer las propuestas del Consejo, se puede apreciar que nada puede estar más lejos de las pretensiones patronales, quienes sólo están dispuestos a permitir cambios cosméticos al concepto actual de empresa sin tocar la definición de empresa contenida el artículo Nº 3 del Código del Trabajo, la que es totalmente funcional a las necesidades del capital.

c)      A cambio de estas supuestas mejoras, ha aparecido un viejo anhelo de la patronal, por el que clama cada vez que pide mayor “flexibilidad”: reducir la indemnización por años de servicio con el pretexto de mejorar el seguro de desempleo. Creemos que reducir el derecho a indemnización por antigüedad es inaceptable, pues es un derecho mínimo del trabajador que ha entregado su esfuerzo en el tiempo al empresario, con el cual éste se ha enriquecido. Además, cuando se habla de mejora al seguro de desempleo se debe recordar que fue el gobierno de Lagos quien creó este sistema, el que es financiado en último término casi en forma íntegra por el trabajador (con su cotización y el descuento de las indemnizaciones) y que este seguro finalmente concede un subsidio paupérrimo. Este modelo es impresentable y no existe en ningún país del mundo.

d)      En suma, todas estas iniciativas del Consejo son de muy corto alcance y mas bien, solo terminan poniendo en tela de juicio los “avances” que la Concertación ha obtenido para los trabajadores. Compañeros: no olvidemos que los grupos de trabajadores para negociar colectivamente y los reemplazos en huelga, fueron instaurados en el año 2001 por el gobierno de “socialista” Lagos. La reforma laboral de ese año, que fue sumamente aplaudida por la central oficialista, CUT, dio rango de contrato colectivo a los convenios firmados por los grupos negociadores y por 4 UF legalizó el reemplazo en huelga. Hoy la misma Concertación que los aprobó, como gran cosa, ofrece eliminarlos.

e)      Estas reformas menores han relegado al olvido la propuesta principal que dio origen a este Consejo de Equidad: La necesidad de un sueldo ético para los trabajadores. Este olvido no es azaroso, no seamos ingenuos. Basta con ver la composición del Consejo y la oportunidad en que se ha constituido.

f)        En efecto, de un sueldo ético, el Consejo de Equidad ha pasado a proponer un ingreso mínimo familiar ético propuesto. ¿Es acaso lo mismo? En ningún caso. Básicamente, mediante subsidios estatales, se intenta lograr un ingreso total más decente. Así, se fomenta que todo el grupo familiar trabaje y, como se cumple con el mínimo familiar, se abarata el costo de la fuerza de trabajo por cada trabajador. De una familia que aportaba un trabajador al mercado de trabajo, ahora, gracias a subsidios, se aportan tres. Al mismo precio. ¿Quién gana con esta maniobra?, ¿La familia del trabajador se ha enriquecido o empobrecido?

 2)      La estrategia de legislar en contra de los trabajadores, para cinco años después eliminar esas reformas, dejan de manifiesto el espectáculo que monta el estado para hacer creer a los trabajadores que está preocupado de su situación. Discutir leyes que al día siguiente se borran, permite no discutir reformas legales de mayor profundidad. Creemos que una discusión seria de las condiciones laborales de los trabajadores debieran incluir como mínimo los siguientes puntos:  

a)      Una discusión seria sobre la negociación colectiva. La negociación colectiva en Chile se encuentra al margen de las normas de los convenios 87 y 98 de la OIT sobre libertad sindical y negociación colectiva, ratificados por el gobierno y con rango constitucional por contener derechos humanos. La ley chilena infringe derechos esenciales de los trabajadores no sólo al permitir el reemplazo en huelga, sino que al no garantizar efectivamente un derecho humano: la huelga. En la legislación chilena la huelga no solo está prohibida para amplios sectores de trabajadores, sino que donde es aceptada es totalmente incapaz de provocar alguna presión efectiva hacia el empleador, quien está autorizado a utilizar múltiples artilugios para evitar fragmentar sus empresas y evitar la acción colectiva de los trabajadores. Para que la negociación sea efectiva es necesario que los empleadores negocien con mínimas garantías con el conjunto de sus trabajadores, independiente de que hayan constituido múltiples razones sociales o mantengan joinventure u holdings que permiten fructíferas utilidades de los cuales los trabajadores somos marginados. De la imposibilidad de realizar negociaciones en mínimas condiciones de igualdad se desprende la desigualdad social estructural del modelo chileno que ha provocado progresivamente la marginación social de los trabajadores y sus familias.  

b)      Un cambio radical y profundo del sistema previsional y de salud. El sistema previsional chileno no sólo no ha logrado incorporar a sectores que están marginados de los beneficios de la producción en Chile, sino que además ha sumado a cientos más a un futuro inmediato de marginalidad y la reforma previsional que se ha aprobado en el parlamento mantiene las condiciones estructurales del sistema previsional chileno, donde los fondos de los trabajadores son administrados por grandes empresas, que hacen uso y abuso de los dineros de los trabajadores y además, trabajando en beneficio propio, por ejemplo, designando directores en las empresas que son adquiridas con los dineros de todos los trabajadores.

La reforma previsional permite la inversión de los fondos de los trabajadores en el extranjero, aumenta la edad para pensionarse y genera un “pilar solidario”, esta última reforma que para realizarse solo requeriría un Decreto Supremo y no un largo show de “discusión parlamentaria”. Sabemos que ese show, apoyado por la CUT, pero no es un beneficio real para el pueblo chileno, sino simple carteleo de políticos en el parlamento.

La verdadera reforma previsional ya se hizo cuando se aprobó el término a corto plazo de las pensiones anticipadas, el aporte provisional voluntario (APV) y los multifondos que abrieron la puerta de la transnacionalización.

Por su parte, vemos cómo las empresas privadas que manejan la salud en Chile se escandalizan porque no obtienen un aumento en su rentabilidad y buscan reducir los pagos por subsidios de incapacidad laboral para aumentar sus ganancias. Esto es inaceptable, más aun considerando que actualmente miles de trabajadores tienen rechazos en el pago de sus licencias médicas. Este sistema que lucra con la salud de los trabajadores no puede continuar. 

c)      Llevamos casi diez años con la promesa de una judicatura laboral que se haga cargos de las permanentes violaciones a los derechos laborales. Sin embargo, aún seguimos sin la implementación de las prometidas reformas y basta ver los exiguos presupuestos destinados a esta reforma para comprender que para el estado esta no es una reforma prioritaria. La reforma a la justicia penal implicó infinitamente mayores recursos que los destinados a la justicia laboral. Es claro que el estado está más preocupado del ejercicio de su propia violencia punitiva que la de detener la violencia de los empresarios. No tiene ningún sentido hacer reformas legales si los derechos del papel no se hacen efectivos. Una nueva justicia laboral rápida, efectiva, eficiente, especializada y para todos los trabajadores del país, no solo en las grandes ciudades, es demanda mínima de los trabadores.  En este punto cabe reiterar que la CUT a cambio de una judicatura laboral que Lagos fue incapaz de implementar y Bachelet ha postergado, dio el visto bueno a un conjunto de reformas “brillantes” como las ya mencionadas relativas a los reemplazos en huelga, grupos negociadores, descuento del aporte patronal del seguro de desempleo de las indemnizaciones y otras, como el pago de finiquito en cuotas, y la polifuncionalidad. Pese a todos los derechos entregados por la CUT, el gobierno responde mejor a sus reales jefes, agrupados en la CPC, y aun no hay justicia laboral.  

d)      La crisis del capitalismo y del trabajo imponen la necesidad de cambios en la jornada de trabajo. Frente a la situación cotidiana de abandono, explotación y marginalidad social se necesitan remuneraciones dignas y jornadas de trabajo que permitan tiempo para recrearse, desarrollarse, relacionarse, estudiar, etc. La jornada de trabajo debe reducirse a tal punto que se permita el cuarto turno, o sea turnos de seis horas diarias de trabajo, cuestión que además permite avanzar hacia el pleno empleo.

3)      Como clase trabajadora nuestro principal tema a resolver es el trabajo asalariado y, por ende, la explotación. Todo trabajador necesita mejorar su calidad de vida a través de remuneraciones dignas y jornadas de trabajo que permitan  tener tiempo libre para vivir. El trabajador no puede pasar su existencia sin poder ejercer su voluntad, estando entregada al poder de mando del patrón.

El pacto social, los planes sociales que se nos ofrecen, las reformas, justo en momentos en que comenzamos a reclamar lo nuestro, es un engaño, ¡ES MÁS DE LO MISMO!

Nada de ello apunta hacia el fondo del problema que debe ser el mejoramiento de las remuneraciones y jornada de trabajo, cuestión que sólo se logra con lucha sindical y social que nos permita superar la exclusión en que se nos ha sumido en los últimos 34 años. No se logrará la paz social que se busca porque solo será una imposición de Clase.  

Esta nueva imposición o pacto social como lo quieran llamar, no detendrá el camino ya iniciado por los trabajadores subcontratistas de las forestales, de CODELCO, de ENAP y de los trabajadores de AGROSUPER. Este paso dado por trabajadores que tienen clara su perspectiva de clase, necesariamente debe significar un ejemplo a seguir por las demás organizaciones de trabajadores y nos debe permitir avanzar hacia los cambios que permitan una mejor calidad de vida, justicia y dignidad para los trabajadores de esta patria.

Llamamos a los trabajadores a iniciar un debate nacional, que forje la unidad en la lucha por:

a)       Sueldo mínimo ético para cada trabajador.

b)       Jornada de trabajo de seis horas diarias.

c)       Negociación colectiva sin restricciones y con derecho a huelga sin reemplazo.

d)       Derecho a sindicalización con protección al empleo de quien se sindicaliza.

e)       Derecho a optar por una previsión con aporte patronal y sin costos de administración.

f)         Derecho a una justicia laboral, oportuna, gratuita, especializada en todos los niveles y con cobertura nacional.

g)       Indemnización por años de servicios sin tope, a todo evento y para todos los trabajadores.

 

Por la COORDINADORA SINDICAL CLASISTA – CHILE

Saúl Vargas Jorquera, presidente de la Confederación de Trabajadores de Santiago Poniente, CONFESIMA

Horacio Díaz Olivos, presidente de la Federación de Trabajadores de la Ingeniería

Víctor Quijada Pinto, presidente Sindicato Nacional de la Asociación Chilena de Seguridad

Luís Pérez Montecinos, presidente Sindicato Nº 2 de Cecinas Súper

Pablo Pereira Mujica, Secretario Sindicato CLotario Blest Riffo, empresa  Indalum.