Comentarios de Avecorn a Expansión

Associació contra radiacions nocives de L'Escala


La doctrina del silencio administrativo no juega como nos pretende hacer ver la noticia publicada en el Diario Expansión.

Sólo se pueden obtener por silencio licencias o permisos que no sean contrarios a las leyes.

La cuestión está, y lo sabes por experiencia propia, en que los Ayuntamientos no sepan defender y motivar convenientemente sus resoluciones.

No cabe ofrecer como argumento permanente la no obtención de licencias, sino argumentar y motivar las reales infracciones urbanísticas, que las hay, y las infracciones de todo tipo de normativa de aplicación, ya sean Leyes, Reglamentos u Ordenanzas.

Adjunto unas Sentencias que dejan claro lo que cabe hacer con el silencio administrativo, si se da infracción de normativa vigente.

Lo que no procede es que un Ayuntamiento ni siquiera motive las infracciones existentes o acepte de las operadoras que con una simple licencia de obras como la de instalación de una antena de televisión comunitaria o de radioaficionados ya hay suficiente, cuando no es así.

Eso es lo que podemos aprender de la lectura de las Sentencias adjuntas.

Ah, y los vecinos, afectados, plataformas y colectivos anti-antenas no nos movemos en ninguna suerte de vacío legal, sino que demandamos de las administraciones que obliguen al cumplimiento de las leyes a las operadoras, que sistemáticamente ni disponen de licencias municipales, ni pueden obtenerlas si las Administraciones aplicasen la Normativa Urbanística vigente en cada caso.  La inactividad es de unas y otras Administraciones. La clandestinidad es de las operadoras sobre instalaciones ilegales (infractoras del planemamiento en el parámetro de los usos permitidos, ya que proponen actividades industriales y clasificadas en zonas residenciales que no admiten aquellos usos, o infractoras de alturas o de las distancias
de seguridad respecto de colegios y otros espacios sensibles...).  Los colectivos de afectados demandan el cumplimiento de la ley, la protección del derecho constitucional que debiera proteger la salud de las personas, denuncian las ilegalidades y pronto reclamarán responsabilidades a la Administración por una deficiente actuación en sus servicios de control de actividades, inspección y disciplina urbanística poniendo precio a cada uno de los meses soportando actividades clandestinas e ilegales.

La noticia es pura demagogia y nos atendremos a una lectura concreta y puntual del redactado de la Resolución judicial que será recurrible y contará con una motivación claramente inteligible.

Salud,

AVECORN