Ordenanza Municipal Basauri 22.07.2010


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como consecuencia del despliegue masivo de instalaciones de servicios de telecomunicaciones, en sus diversas formas (telefonía móvil, telefonía fija, internet, wifi, etc...) se ha observado en los últimos años, que dichas infraestructuras han supuesto una fuente de problemas de tipo social, medioambiental, sanitario y legislativo que los diversos poderes públicos no pueden desconocer.

Igualmente, se ha podido constatar que los vacíos legales que se generan, propician controversias y situaciones indeseadas por todos los intervinientes, que han tenido una respuesta jurídica basada más en la aplicación analógica de normativas urbanísticas y medioambientales, que en una normativa propia y específica.

Ante estas situaciones, no puede olvidarse que este tipo de instalaciones está sometida a continua revisión, tanto en la tecnología aplicada, como en los posibles efectos que pudieran provocar en el medio ambiente, y/o en la salud de los ciudadanos. Desconocer que el debate sanitario que rodea a estas instalaciones no es un debate cerrado a favor de la total inocuidad, sería cometer una irresponsabilidad en la que los poderes públicos no deben incurrir, y no estará de más reconocer el principio de Precaución reconocido por el Tratado de la Unión Europea en sus artículos 137,152 y 174  concernientes a nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente, debe ser el que inspire en grado máximo la
implantación de estos equipos.Valgan como ejemplos los siguientes:
  1. Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de septiembre de 2008, sobre la Revisión intermedia del Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente y Salud 2004-2010 (2007/2252 [INI]): «22.— Constata que los límites de exposición a los campos electromagnéticos establecidos para el público son obsoletos, ya que no han sido adaptados desde la Recomendación 1999/519/CE del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz)(9), lógicamente no tienen en cuenta la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, las recomendaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente o las normas de emisión más exigentes adoptadas, por ejemplo, por Bélgica, Italia o Austria, y no abordan la cuestión de los grupos vulnerables, como las mujeres embarazadas, los recién nacidos y los niños;                                                                              23.—Pide, por tanto, al Consejo, que modifique su Recomendación 1999/519/CE, con el fin de tener en cuenta las mejores prácticas nacionales y fijar así valores límite de exposición más exigentes para todos los equipos emisores de ondas electromagnéticas en las frecuencias comprendidas entre 0,1 MHz y 300 GHz;»
  2. Informe Preliminar sobre las preocupaciones en cuanto a los efectos para la salud de los campos electromagnéticos(2008/2211 [INI]), Comisión de medioambiente, de la salud pública y de la seguridad alimentaria del Parlamento Europeo, de 9 de diciembre de 2008: «reitera su petición realizada al Consejo en su resolución de 4 de septiembre 2008 referido a actualizar su recomendación 1999/519/CE a favor de valores límites de exposición más exigentes para el conjunto de equipos emisores de ondas electromagnéticas con frecuencias entre 0,1 MHz y 300 GHz y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles en el mercado (BAT);», y «precisa que los actores industriales pueden de ahora en adelante actuar ya sobre ciertos factores como la distancia entre el lugar considerado y los emisores o la altitud del lugar con respecto a los lugares de vida, con el objetivo evidente de tranquilizar y proteger mejor a los ciudadanos que viven en la proximidad de estos equipos;».
  3. Informe sobre las consideraciones sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos (2008/2211 [INI]) Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de 23 de febrero de 2009: «Considerando que la ausencia de conclusiones formales de la comunidad científica no ha impedido que algunos gobiernos nacionales o regionales, en al menos nueve Estados miembros de la Unión Europea, pero también en China, Suiza y Rusia, hayan fijado límites de exposición denominados preventivos y, por tanto, inferiores a los defendidos por la Comisión y el SCHENIR (Comité científico sobre los riesgos sanitarios emergentes y nuevos) »; y «Precisa que los agentes industriales ya pueden intervenir sobre algunos factores, como la distancia entre el lugar de que se trate y los emisores o la altitud del lugar con respecto a la elevación de la antena de relevo, la dirección de la antena emisora con respecto a los lugares habitados o el uso conjunto de los transmisores por varios operadores, esto con la intención evidente de tranquilizar y proteger mejor a las poblaciones que viven cerca de estas instalaciones; pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren las orientaciones apropiadas».
  4. Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de abril de 2009, sobre las consideraciones sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos, que establece igualmente que «redunda en el interés general favorecer soluciones basadas en el diálogo entre la industria, las autoridades públicas, las autoridades militares y las asociaciones de vecinos en relación con los criterios para la instalación de nuevas antenas GSM o de líneas de alta tensión, y garantizar al menos que las escuelas, guarderías, residencias de ancianos, y los centros de salud se sitúen a una distancia específica de este tipo de equipos, fijada de acuerdo con criterios científicos ».
  5. La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Regional de Bruselas adoptó el 16 de febrero de 2007 la norma de rebajar los niveles de emisión a 3 voltios / metro, reduciendo drásticamente los niveles recomendados por el Consejo de la Unión Europea de 12 de julio de 1999. En este mismo sentido, el Ministro belga Onkelinx anunció el 17 de octubre de 2008 que, se impondrán sobre antenas de telefonía móvil la norma de los 3 V/M.
  6. El 20 de marzo de 2003, el Ayuntamiento de París (Francia) firmó un primer acuerdo con las compañías operadoras Bouygues-Telecom, Orange France y SFR en el que se trazaba el camino para limitar la exposición de los parisinos a los campos electromagnéticos provenientes de antenas de telefonía. La renovación de aquel acuerdo incluyó la limitación a 2 V/m de media durante 24 horas consecutivas.
  7. El Decreto Italiano 10/IX/1998 estableció desde el inicio una limitación genérica de 10 microwatios por centrímetro cuadrado para casos en los que las exposiciones superen las cuatro horas diarias.
  8. En Suiza, la «Ordenance sur la protection contre le rayonnement non ionisant» de 23 de diciembre de 1999, establecía Igualmente la Limitación de 10 microwatios por centímetro cuadrado.
  9. En Luxemburgo, las «Normes au sujet des radiations non ionisantes due a telephonie mobile cellulaire, de 19 de diciembre de 2000», llegó a la limitación de 2,4 microwatios por centímetro cuadrado.
  10. La normativa en aplicación en el Estado Federal de Salzburgo (Austria) del año 2002 en la que se establecen límites máximos de exposición a radiofrecuencias de 0,06 V/m (0,001 microWatios/cm2) al aire libre y de 0,02 V/m (0,0001 microWatios/cm2) en el interior de domicilios.
Todos estos ejemplos normativos se unen a entidades Autonómicas y Locales del Estado que igualmente han optado por aplicar este Principio:
  1. Ley de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 8/2001, de 28-06-2001, para la Ordenación de las Instalaciones de Radiocomunicación en Castilla-La Mancha: En su Anexo 3 impone restricciones a los niveles de referencia en suelo urbano y centros sensibles, determinando que, en suelo urbano, el máximo para todas las frecuencias será de 10 microwatios por centímetro cuadrado, y en el interior de centros sensibles un 0,1 microwatios por centímetro cuadrado.
  2. Decreto de la Generalitat de Cataluña 148/2001, de 29 de mayo, de Ordenación Ambiental de las instalaciones de telefonía móvil y otras instalaciones de radiocomunicación: En su anexo 2 establece que «Por lo que respecta a las instalaciones de telefonía móvil, en los espacios abiertos de los centros docentes y establecimientos que acojan de manera regular población en edad escolar, se aplicará una distancia añadida de protección con carácter preventivo de cuatro veces la establecida en este anexo». Dicha distancia se fija en un mínimo de 10 metros para una Pire mínima de 100 W, con lo que respecto de centros docentes habría una distancia de protección de 40 metros.
  3. Decreto 267/2001, de 29 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, Relativo a la instalación de Infraestructuras de Radiocomunicación: En su Anexo I que «En los espacios sensibles a los que hace referencia el artículo 5.2 del Decreto los niveles de referencia establecidos en el cuadro superior se verán reducidos en un 25%».
  4. El Ayuntamiento de Málaga, en su Ordenanza Municipal sobre Infraestructuras de Radiocomunicación, publicada el 27 de septiembre de 2002, prevé en su artículo 31 que «se prohíbe la instalación de Antenas de Telefonía Móvil y otros equipos de radiocomunicación de similares características en el ámbito de un círculo de 300 metros de diámetro cuyo centro sea cualquier guardería o escuela infantil en edificación exclusiva, centro de enseñanza obligatoria, instituto de bachillerato, hospital o clínica en edificación sanitaria exclusiva, y residencia de ancianos en edificación exclusiva en el término municipal».
  5. La Ordenanza Reguladora de las condiciones para la instalación y funcionamiento de determinados sistemas de telecomunicación en el término municipal de Alcoy, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el 18 de junio de 2002 establece que, «para proporcionar un elevado nivel de protección de la salud, el límite de densidad de potencia recomendada será de 0,1 microw/cm2» y que «con carácter general, la instalación de estaciones base de telefonía móvil no podrá situarse a una distancia inferior a 100 metros de los centros destinados a uso docente, sanitario, asistencial, guarderías o parques públicos».
  6. El Ayuntamiento de Burlada, en su Ordenanza Municipal Reguladora de las Instalaciones Radioeléctricas pertenecientes a las Redes de Telecomunicaciones establece en su artículo 4 que «El Ayuntamiento, por razones de interés público, podrá limitar, o en su caso prohibir, las instalaciones de radiocomunicación y/o telecomunicaciones radioeléctricas en el entorno de centros hospitalarios y geriátricos, centros educativos, escuelas infantiles y otros. En todo caso, con carácter general, no se permite la ubicación de estas instalaciones en un radio de 100 metros medidos desde el perímetro exterior de los equipamientos indicados».
  7. El Ayuntamiento de Molina de Segura, en su Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación y Funcionamiento de Infraestructuras Radioeléctricas, establece que «ha de considerarse como valor objetivo provisional de exposición, con tendencia a la baja, el =0’1 microvatios por centímetro cuadrado hasta en niveles en que no se produzcan cambios celulares, en el exterior y 0’01 microvatios en el interior de las casas, que deberá alcanzarse en el plazo de 2 años». Igualmente, En todo caso, con carácter general, las instalaciones de telefonía móvil deberán de ubicarse en suelo no urbanizable, con unas distancias de al menos 100 metros de una vivienda y de 300 metros, de un centro educativo, sanitario, geriátrico o análogo, aunque esta distancia podrá ser revisada, aumentada o disminuida según sea el tipo de tecnología empleada (potencia, frecuencia, etc.), siempre en consonancia con el artículo 10.2».
De este modo, este Ayuntamiento de Basauri, considera que existen datos más suficientes para considerar que la normativa que regule la implantación, desarrollo y actividad de estas instalaciones en el su término municipal debe basarse en criterios de precaución y garantistas respecto de la salud de los ciudadanos, del medio ambiente y de la ordenación del territorio, dentro del marco competencial que corresponde a las entidades locales. 

Para ello, sus bases legales deben partir de la publicación del Real Decreto de fecha 28 de septiembre de 2001, en desarrollo de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, mediante el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, que viene a constituir el primer pilar para asentar la reglamentación.

Este Real Decreto-Ley, dictado en el marco de las competencias asignadas por la Constitución al Estado con carácter exclusivo, en materia de telecomunicaciones, se completa con la Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones, y donde se introducen determinadas precauciones para los espacios considerados sensibles.

Por otra parte, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco y la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco son aplicables a este tipo de actividades.

Igualmente, se ha aprobado este texto incluyendo las disposiciones aplicables de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. En concreto, las disposiciones referentes a las razones imperiosas de interés general que llevan a este Ayuntamiento a considerar que la materia regulada se incluye dentro de los casos en los que un Ayuntamiento puede optar por el régimen de autorización, de tal modo que este régimen se considera el más adecuado para garantizar la consecución del objetivo que se persigue con la aprobación de esta Ordenanza. En concreto, se considera que un control «a posteriori» de la instalación de estas infraestructuras podría suponer que la norma no fuera eficaz, debido a las implicaciones urbanísticas, paisajísticas, y de salud pública que se vinculan a las mismas.

De esta forma, con las normas de carácter estatal y regional en vigor, y ante la constante proliferación de instalaciones irregulares en el término municipal de Basauri, es un momento adecuado para que el Ayuntamiento apruebe una Ordenanza que complete la regulación de las infraestructuras de Telecomunicaciones, desde la perspectiva de las competencias municipales, que se centran en las materias de salubridad pública, de urbanismo y de medio ambiente, como reconoce la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 25.

Por tanto, esta normativa municipal será una Ordenanza de carácter de salubridad pública, urbanístico y de protección al medio ambiente, que respeta por tanto el marco competencial estatal, como autonómico, pretendiendo, en consecuencia, contribuir a compatibilizar el derecho de los ciudadanos a la protección de su entorno, en los diferentes campos paisajísticos y de ocupación, y fundamentalmente respecto a los efectos nocivos que para la salud de las personas pudieran derivarse de la exposición a los campos electromagnéticos, siguiendo el principio de precaución definido como
fundamental en el apartado 2 del artículo 174 del Tratado de la Comunidad Europea, con el de los usuarios a recibir un servicio por parte de los operadores con derecho a la ocupación del dominio público o propiedad privada para el despliegue de sus redes, reconocido a nivel estatal por el artículo 43 de la Ley General de Telecomunicaciones, como comunitario (art. 11 de la Directiva 97/33/CEE sobre interconexión).

Todo ello, teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes y aplicables a la materia, y más en concreto las previsiones recogidas por el Plan General de Ordenación Urbana de Basauri, en cuanto a las condiciones urbanísticas de cualquier actividad. En este sentido cabe resaltar que el estudio de las normas aplicables a este tipo de actividades comenzó por el artículo 6.3.20, de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Basauri, que regula las «condiciones particulares de la red de energía eléctrica y de la red de telecomunicaciones», y en el que se especifica que, en suelo urbano y urbanizable no se podrá hacer instalación aérea alguna, y toda la red de telecomunicaciones será
subterránea. Sin embargo, por la fecha de aprobación de estas normas, se ha considerado que tal previsión normativa está pensada para redes de telecomunicaciones por cable, y no inalámbricas, lo que lleva a considerar que dentro del término «red de telecomunicaciones» no está incluida la actividad de telefonía inalámbrica, que se ha de considerar como un uso de tipo productivo o industrial, y someterse a las prescripciones referentes a este tipo de usos.

Por último, para la elaboración de esta ordenanza se han tenido en cuenta los informes de especialistas en Medicina, Biología, Ciencias Físicas, Telecomunicaciones, y Derecho, puesto que este Ayuntamiento ha considerado, desde el inicio de la tramitación de esta norma, que todas las decisiones que se tomen al respecto deben contar con un respaldo técnico y jurídico suficiente. Cada término municipal es diferente a los demás, y requiere un estudio y planificación particular, puesto que la orografía, la disposición de sus edificios, la extensión, la presencia de lugares cuya protección sea especialmente relevante, o las necesidades específicas de un número de equipos determinados, hacen que no se pueda aplicar sin más
una normativa genérica que no tenga en cuenta estas especialidades. Así, el hecho de que exista una normativa tipo elaborada por la FEMP no implica necesariamente que esta pueda, ni deba, aplicarse a cualquier municipio, y por ello se ha considerado más interesante realizar un estudio específico del término municipal de Basauri que sirva de base a la Ordenanza, que aplicar sin más una norma que no tiene en cuenta parámetros poblacionales, geográficos y de otro tipo, que convierten a cada municipio en un lugar con necesidades normativas distintas.

Se regulan por tanto, las condiciones a las que deben someterse la localización, instalación y funcionamiento de los elementos y equipos de telecomunicación en el término municipal de Basauri, las condiciones para su implantación, fijando para algunas zonas o edificios protecciones especiales, previendo la posibilidad de instalaciones de reducidas dimensiones. 
Se hace referencia igualmente al Procedimiento para la obtención de licencias, y a la documentación requerida para ello, junto con el Régimen de protección de la legalidad y sancionador de las infracciones.

Finalmente, y en relación con las instalaciones ya establecidas con anterioridad a la aprobación de la presente Ordenanza,
se determinan las condiciones exigidas para su regularización definitiva, a través de las Disposiciones Transitorias.

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