Cultura Justa: una alternativa ética


Según la Coordinara Estatal de Comercio Justo (comerciojusto.org), los principales criterios que definen el Comercio Justo son:

  • Salarios y condiciones laborales dignos para los productores del Sur, organizados en asociaciones, cooperativas o grupos con un funcionamiento democrático.
  • Protección de los derechos fundamentales de las personas.
  • Igualdad de género.
  • No explotación infantil.
  • Elaboración de artículos de calidad con prácticas favorables al medio ambiente.

Como bien explican, el Comercio Justo es un sistema comercial basado en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internacional prestando especial atención a criterios sociales y medioambientales.


Aunque con diferentes grados y matices, en muchísimos países del Sur y del Norte, la educación y la cultura son consideradas por los gobiernos, organizaciones y empresas como gastos. De esta manera se oculta que son la única forma de garantizar el desarrollo de la libertad, la autonomía y la igualdad de oportunidades del ser humano. Seguidamente, para acceder a la cultura, para promoverla, para desarrollarla y para innovarla, los ciudadanos en general y los artistas y trabajadores de la cultura en particular tienen que lidiar con innumerables obstáculos éticos, financieros, laborales y fiscales.

Sólo a modo de borrador, y para abrir el debate, comparto estos puntos-ejes para instaurar un nuevo concepto: el de Cultura Justa.

  • Cachés, circuitos y condiciones laborales dignas para los trabajadores de la cultura, tanto en el Sur como en el Norte, organizados en asociaciones, cooperativas o grupos con un funcionamiento democrático.
  • Libre acceso a la cultura, sin criminalización del intercambio sin ánimo de lucro.

  • Elección sin restricciones, por parte de los autores, entre autogestionarse o trabajar con entidades de gestión de derecho de autor.

  • Creación de bienes culturales, tanto tangibles como intangibles, con prácticas favorables al medio ambiente y a la protección de los derechos fundamentales de las personas.

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