ECUADOR PIERDE MÁS POR LA INFORMALIDAD QUE POR LOS GRANDES EVASORES
La mayor parte de la evasión no está en los grandes grupos económicos, sino en la enorme economía informal que el propio Estado ha hecho casi imposible de formalizar.
Durante años, políticos de todos los colores, especialmente desde la izquierda, han señalado que los problemas económicos de Ecuador desaparecerían si se cobrara “todo lo que evaden los grandes grupos económicos”. Señalan a bancos, corporaciones y fortunas como si ahí estuviera el tesoro oculto capaz de financiar hospitales, carreteras y subsidios.
Sin embargo, la realidad es que la mayor parte de la evasión de impuestos está en la economía informal que sostiene a más de la mitad de los trabajadores del país.
En un Ecuador donde formalizar un negocio es caro y lleno de trabas, producto de un Estado diseñado en la Constitución de 2008 para supuestamente asegurar infinidad de derechos, más de 6 de cada 10 trabajadores en la Población Económicamente Activa (PEA) viven de actividades informales. Peor aún, solo 1 de cada 10 empresas en Ecuador registra ventas ante el SRI. El resto opera en una zona gris que no es criminal, pero sí precaria, de subsistencia, alejada de la burocracia porque no puede costear la formalidad.
En ese universo atomizado de vendedores autónomos, microemprendimientos y negocios que sobreviven día a día, está la verdadera base de la evasión. No en las torres corporativas.
Por eso, de acuerdo con Roberto Vera, economista y microempresario, si se quiere recaudar, hacer que la economía crezca, y que haya más dinero para obra pública y otros beneficios desde el Estado, “lo que se necesita es más facilidades para ser formal, un Estado más eficiente y que asfixie menos a los negocios, y menos discursos políticos”.
El famoso mito de los $7.000 millones de evasión de impuestos en Ecuador
El discurso político suele apoyarse en la estimación que la Comisión Económica para América Latina (Cepal) hizo hace varios años y que sostiene que Ecuador pierde cada año el equivalente al 7% del PIB en evasión, más de $7.000 millones.
Pero esa cifra, según el economista Andrés Pacheco, está construida sobre metodologías que sobrestiman el fenómeno al menos en un 40%. La Cepal basa sus cálculos en el método Múltiples Indicadores Múltiples Causas, un modelo que intenta detectar señales indirectas de la economía sumergida o informal para estimar su tamaño. El problema: incluso sus propios autores reconocen que la aproximación tiende a inflar los números.
Si se corrige el cálculo con supuestos más realistas, la economía sumergida no sería el 17% o 18% del PIB, sino cerca del 11%. Y si además se considera que subir impuestos o perseguirlos demasiado reduce la actividad económica, como demuestra el estudio de Raj Chetty de Harvard, que concluye que por cada 1% más de carga tributaria la gente trabaja hasta 1% menos, la supuesta “recaudación perdida” se desploma aún más.
El resultado final, según Pacheco, es que la evasión cobrable real bajaría del 7% del PIB a apenas el 1,47%, unos $1.140 millones anuales.
Una cifra importante, sí; transformadora, no. Sobre todo, cuando el país enfrenta un déficit fiscal de más de 5.400 millones para 2026 y necesitará más de $16.000 millones de nueva deuda para cubrir todos los gastos, deudas y obligaciones del próximo año.
Es decir, si se intentara cobrar impuestos a todo el mundo, incluyendo a los informales, pero sin antes haberles dado incentivos y facilidades para que ser formales no sea tan costoso y tortuoso, se podría recaudar más, pero el monto sería mucho menor a las grandes expectativas de los $7.000 millones de la Cepal.
La informalidad, y no las élites, explica por qué se evade en Ecuador
La evidencia internacional confirma lo que muchos prefieren ignorar: el dinero oculto de grandes corporaciones en paraísos fiscales representa apenas 0,33% del PIB mundial, según la Unión Europea.
En cambio, la mayor parte de la evasión ocurre en el segmento más frágil del tejido productivo: microempresas, trabajadores autónomos e informales, que simplemente no pueden absorber los costos de un sistema diseñado para empresas grandes y robustas.
Y mientras más pobre es un país, más grande es su economía sumergida. Como explica la economista Lorena Carrillo, “la economía sumergida funciona como un alivio para una sociedad de bajos recursos”, no como una conspiración de grandes fortunas.
Un Estado que aprieta a los formales, pero ignora la raíz del problema
Durante 2025, el Gobierno de Daniel Noboa ha intentado aumentar la recaudación a través de controles masivos: ISD en consumos con tarjeta, revisión de ganancias en venta de acciones, IVA e impuesto a la renta de profesionales y empresas, entre otros. Gracias a eso y al mayor movimiento económico de un año de rebote, se reporta un incremento del 3% en ingresos tributarios dentro del Presupuesto General del Estado (PGE) y más de $100 millones adicionales solo por controles.
Esfuerzos necesarios, pero dirigidos siempre al mismo pequeño grupo: los que ya pagan algo, es decir, el 30% formal o semiformal. En el Gobierno de Guillermo Lasso también aumentaron los controles a influencers y otros grupos.
Mientras tanto, el 70% restante, que implica todo el universo informal, sigue fuera de cualquier radar, no por malicia, sino por supervivencia.
Para Patricia López, economista, la clave no está en perseguir, sino en transformar:
“Hay que hacer que ser formal sea buen negocio. Para eso se necesitan subsidios directos de capacitación, asesoría legal y tributaria para microempresas, y eliminar trabas a la inversión y a la competencia”.
La batalla real no es contra los grandes evasores, sino contra la informalidad
Si el Ecuador quiere recaudar más, crecer más y reducir la pobreza, no basta con exprimir a los pocos que ya cumplen. Ni tampoco con repetir la narrativa romántica de que la corrupción de las grandes empresas lo explica todo.
El país necesita una estrategia inteligente que:
Baje los costos de formalizarse.
Simplifique trámites.
Deje de manipular políticamente el salario básico.
Genere servicios reales a las microempresas.
Profesionalice a los emprendedores.
Construya un ecosistema donde ser formal sea más barato y rentable que ser informal.
Solo entonces la evasión disminuirá de verdad. No por persecución, sino porque la economía tendrá espacio para crecer dentro de la legalidad.
JUEZ DEL TCE ADMITIÓ A TRÁMITE DENUNCIA PRESENTADA POR DIANA ATAMAINT EN CONTRA DE LUISA GONZÁLEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE RC
El juez de primera instancia señaló para el 7 de enero de 2026 la audiencia de pruebas y alegatos. La denuncia fue admitida por la presunta no subsanación de las observaciones a las cuentas de campaña de las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas de 2023.
El juez subrogante del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Richard González, admitió a trámite, hoy 28 de noviembre de 2025, una denuncia presentada por Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) en contra de la representante legal del Movimiento Revolución Ciudadana (RC) lista 5, Luisa González.
El juez, de primera instancia, señaló para el 7 de enero de 2026 la audiencia de pruebas y alegatos.
La denuncia fue admitida por la presunta no subsanación de las observaciones a las cuentas de campaña del proceso electoral “Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023”.
La denuncia admitida se extiende a:
• Maryuri Zambrano, responsable del manejo económico de la dignidad de asambleístas nacionales de la RC
• Francisco Hidalgo, jefe de campaña.
• Y subsidiariamente a los candidatos principales de la dignidad de asambleístas nacionales: Pierina Correa, José Agualsaca, Paola Cabezas, Ricardo Ulcuango, Liliana Durán, Eustaquio Tuala, Rosa Arotingo, Hoover Delgado, Gladys Rueda, Jaime Marquínez, Nicole Ramos, Gabriel Cruz, Diana Sanmartín y Daniel Montaño.
La presunta infracción está tipificada en el artículo 281, numeral 1 del Código de la Democracia en relación a las cuentas de campaña electoral.
Esta normativa señala que las infracciones relativas al financiamiento de la política y gasto electoral, serán sancionadas de conformidad con las siguientes reglas:
1. Los responsables económicos y las organizaciones políticas a través de su representantes y procuradores comunes en caso de alianzas, que no presenten los informes con las cuentas del partido o movimiento, el monto de los aportes recibidos, la naturaleza de los mismos, su origen, el listado de contribuyentes, su identificación plena, respaldos de ingresos y egresos serán sancionados con multa de 20 a 70 salarios básicos unificados y la suspensión de los derechos políticos de 2 a 4 años, sin perjuicio de la sanción relativa a la cancelación de la inscripción de la organización política establecida en esta Ley.
Los candidatos responderán solidariamente de manera pecuniaria, de acuerdo al nivel de responsabilidad que se determine en el incumplimiento, también dice el artículo.
Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio de Control Ciudadano (OCC), dijo que hay otras organizaciones políticas en litigio por la falta de rendición de cuentas de campaña y el CNE obligado a interponer las denucias en caso de la falta de justificaciones.
En 16 meses del Gobierno de transición, el presidente-candidato, Daniel Noboa decretó siete veces el estado de excepción total y focalizado, por diferentes razones.
La crisis de seguridad y la crisis energética empujaron al aspirante a Carondelet a recurrir a esta figura.
En este tiempo, el jefe de Estado decretó el estado de excepción por siete ocasiones; mientras que, por cuatro veces, renovó la medida.
La Corte Constitucional examinó la constitucionalidad de estas figuras; descartando, por tres veces, la causal de conflicto armado interno.
8 de enero
El primer estado de excepción se declaró el 8 de enero de 2024, a través del Decreto 110. La decisión dio pie a la declaratoria de conflicto armado interno, vigente hasta la fecha.
El Primer Mandatario dispuso esta medida en todo el territorio nacional por grave conmoción interna. El decreto incluyó a todos los centros de privación de la libertad y estuvo vigente por 60 días.
La Corte Constitucional revisó el decreto y el 29 de febrero declaró la constitucionalidad de esta medida.
7 de marzo
Una vez cumplido el plazo de 60 días, el presidente Daniel Noboa renovó el estado de excepción. Lo hizo a través de Decreto 193.
El documento establecía los mismos parámetros del Decreto 110. Es decir, a escala nacional y en los centros carcelarios, disponiendo la movilización de Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Además, se restringió el derecho a la libertad de asociación y a la inviolabilidad de domicilio.
El 21 de marzo, la Corte Constitucional declaró que esta medida también cumplía con los parámetros de constitucionalidad.
19 de abril
En abril, Daniel Noboa Azin volvió a recurrir a la figura del estado de excepción. En esa ocasión, lo hizo por la crisis energética, que retornó a Ecuador a los apagones.
El Ejecutivo de transición usó la figura de grave conmoción interna y calamidad pública, para declarar esta medida en todo el territorio nacional. En el Decreto 229, el Gobierno reconoció que hay una emergencia en el sector eléctrico.
Con el Decreto, el Gobierno Nacional dispuso el destino de fondos públicos para solventar esta emergencia.
El organismo constitucional conoció el decreto y tras su análisis determinó que este estado de excepción es constitucional, pero de manera parcial.
La corte observó que es constitucional la causal de grave conmoción interna, pero es inconstitucional la medida de movilización e intervención de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
30 de abril
Ese mismo mes, el Ejecutivo, nuevamente, declaró un estado de excepción. En esta ocasión, la medida fue focalizada para cinco provincias.
El Decreto Ejecutivo 250 dispuso el estado de excepción en El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, durante 60 días.
En este caso, la Corte Constitucional determinó que el recurso es inconstitucional. El organismo emitió un dictamen de desfavorable por la causal de conflicto armado interno. La decisión se adoptó el 9 de mayo.
La institución concluyó que el Decreto no cumple los requisitos previstos en la Constitución.
22 de mayo
En esta fecha, el presidente Daniel Noboa declaró una nueva medida, bajo la causal de conflicto armado interno. La medida también fue focalizada para siete provincias y un cantón.
En este sentido, el Decreto de estado de excepción se dispuso en las provincias de Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí, Sucumbíos, Orellana, Los Ríos; y en el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia del Azuay.
En estos territorios se restringió el derecho a la inviolabilidad de domicilio y la inviolabilidad de correspondencia.
Pero la Corte Constitucional, una vez más, emitió un dictamen desfavorable. El 13 de junio, el organismo argumentó que el Decreto 275 no justifica la causal para declarar un estado de excepción por conflicto armado interno.
Además, el ente llamó la atención a la Presidencia de la República por incumplir los requisitos previstos en la Constitución.
2 de julio
A inicios de julio, el jefe de Estado decretó un nuevo estado de excepción. El quinto desde que asumió la Presidencia. Nuevamente, la medida fue focalizada
Este decreto dispone la movilización de la Policía Nacional y Las Fuerzas Armadas en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay.
Noboa volvió a usar la causal de grave conmoción interna y conflicto armado interno.
El Decreto dispone la suspensión de varios derechos como la inviolabilidad de domicilio; la inviolabilidad de correspondencia; y el derecho a la libertad de asociación y reunión.
La media fue declarada a través del Decreto Ejecutivo 318.
30 de agosto
A través del Decreto 377, el jefe de Estado renovó, por treinta días más, la declaratoria de estado de excepción en las provincias de: Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón Camilo Ponce Enríquez de Azuay.
En el documento, el Gobierno de transición dispuso la renovación de esta medida en los mismos términos establecidos anteriormente; es decir, grave conmoción interna y conflicto armado interno.
3 de octubre
En medio de la crisis energética, con cortes de luz que alcanzaron hasta las 11 horas diarias, sumado al recrudecimiento de la violencia, Noboa firmó un nuevo documento con el que declaró el estado de excepción en seis provincias:
Guayas
Los Ríos
Manabí
Orellana
Santa Elena
El Oro
Además, añadió a Quito, que junto a Camilo Ponce Enríquez, son los dos únicos cantones de Ecuador bajo estado de excepción.
El ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, justificó que en la capital hay «intentos de desestabilización». Sumado al incremento de la inseguridad en el Distrito Metropolitano, son las dos razones por las que el Presidente de la República incluyó a Quito como uno de los territorios bajo estado de excepción.
Con el estado de excepción, el Ejecutivo decretó también el toque de queda, de 22:00 a 05:00, en 20 cantones.
Asimismo, se anunció la restricción de los derechos a la libertad de asociación, inviolabilidad de domicilio y correspondencia.
La medida regirá durante 60 días- dos meses-.
Este nuevo Decreto Ejecutivo deberá ser analizado por la Corte Constitucional.
2 de diciembre
Esa fecha, el gobernante volvió a renovar el estado de excepción en seis provincias y dos cantones. A través del Decreto Ejecutivo 469, el Primer Mandatario extendió esta medida por 30 días más en:
Guayas
Los Ríos
Manabí
Orellana
Santa Elena
El Oro
Distrito Metropolitano de Quito, en Pichincha
Cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay
El estado de excepción en estos territorios se amplió por grave conmoción interna. Sin embargo, en esta nueva declaratoria, el Ejecutivo de transición descartó la causal de conflicto armado interno, tras la sentencia de la Corte Constitucional.
En su pronunciamiento, el organismo declaró la inconstitucionalidad de esta figura.
«La configuración de un conflicto armado no internacional entre el Estado y los dos grupos criminales con mayor cantidad de integrantes y poder en el país», precisó la Corte.
De esta manera, el 8 de enero de 2025, Ecuador cumplirá un año bajo estado de excepción.
2 de enero 2025
A través del Decreto Ejecutivo 593, Daniel Noboa decretó el estado de excepción en las mismas siete provincias y dos cantones, que detalló un mes atrás.
Pese a las observaciones de la Corte Constitucional, el Ejecutivo volvió a recurrir a las figuras de conflicto armado interno y grave conmoción interna.
Sin embargo, un mes después, el organismo constitucional declaró la inconstitucionalidad de la figura de conflicto armado interno.
Además, en su dictamen, la CC desechó el estado de excepción en el sistema carcelario.
Asimismo, la Corte declaró la inconstitucionalidad de la orden de movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
3 de marzo 2025
Con estas observaciones, Noboa firmó el Decreto 552 con el que renovó el estado de excepción focalizado en las mismas zonas:
Provincias:
Guayas
Los Ríos
Manabí
Orellana
Santa Elena
El Oro
Sucumbíos
Cantones:
Distrito Metropolitano de Quito (Pichincha)
Camilo Ponce Enríquez (Azuay)
Asimismo, se aplicará el toque de queda, desde las 22:00 hasta las 05:00 del siguiente día, en las siguientes zonas:
Esta vez, el Ejecutivo descartó la causal de conflicto armado y solo invocó la de grave conmoción interna. El estado de excepción extendido, actual, es por 30 días.
ECUADOR PIERDE MÁS POR LA INFORMALIDAD QUE POR LOS GRANDES EVASORES
La mayor parte de la evasión no está en los grandes grupos económicos, sino en la enorme economía informal que el propio Estado ha hecho casi imposible de formalizar.
Durante años, políticos de todos los colores, especialmente desde la izquierda, han señalado que los problemas económicos de Ecuador desaparecerían si se cobrara “todo lo que evaden los grandes grupos económicos”. Señalan a bancos, corporaciones y fortunas como si ahí estuviera el tesoro oculto capaz de financiar hospitales, carreteras y subsidios.
Sin embargo, la realidad es que la mayor parte de la evasión de impuestos está en la economía informal que sostiene a más de la mitad de los trabajadores del país.
En un Ecuador donde formalizar un negocio es caro y lleno de trabas, producto de un Estado diseñado en la Constitución de 2008 para supuestamente asegurar infinidad de derechos, más de 6 de cada 10 trabajadores en la Población Económicamente Activa (PEA) viven de actividades informales. Peor aún, solo 1 de cada 10 empresas en Ecuador registra ventas ante el SRI. El resto opera en una zona gris que no es criminal, pero sí precaria, de subsistencia, alejada de la burocracia porque no puede costear la formalidad.
En ese universo atomizado de vendedores autónomos, microemprendimientos y negocios que sobreviven día a día, está la verdadera base de la evasión. No en las torres corporativas.
Por eso, de acuerdo con Roberto Vera, economista y microempresario, si se quiere recaudar, hacer que la economía crezca, y que haya más dinero para obra pública y otros beneficios desde el Estado, “lo que se necesita es más facilidades para ser formal, un Estado más eficiente y que asfixie menos a los negocios, y menos discursos políticos”.
El famoso mito de los $7.000 millones de evasión de impuestos en Ecuador
El discurso político suele apoyarse en la estimación que la Comisión Económica para América Latina (Cepal) hizo hace varios años y que sostiene que Ecuador pierde cada año el equivalente al 7% del PIB en evasión, más de $7.000 millones.
Pero esa cifra, según el economista Andrés Pacheco, está construida sobre metodologías que sobrestiman el fenómeno al menos en un 40%. La Cepal basa sus cálculos en el método Múltiples Indicadores Múltiples Causas, un modelo que intenta detectar señales indirectas de la economía sumergida o informal para estimar su tamaño. El problema: incluso sus propios autores reconocen que la aproximación tiende a inflar los números.
Si se corrige el cálculo con supuestos más realistas, la economía sumergida no sería el 17% o 18% del PIB, sino cerca del 11%. Y si además se considera que subir impuestos o perseguirlos demasiado reduce la actividad económica, como demuestra el estudio de Raj Chetty de Harvard, que concluye que por cada 1% más de carga tributaria la gente trabaja hasta 1% menos, la supuesta “recaudación perdida” se desploma aún más.
El resultado final, según Pacheco, es que la evasión cobrable real bajaría del 7% del PIB a apenas el 1,47%, unos $1.140 millones anuales.
Una cifra importante, sí; transformadora, no. Sobre todo, cuando el país enfrenta un déficit fiscal de más de 5.400 millones para 2026 y necesitará más de $16.000 millones de nueva deuda para cubrir todos los gastos, deudas y obligaciones del próximo año.
Es decir, si se intentara cobrar impuestos a todo el mundo, incluyendo a los informales, pero sin antes haberles dado incentivos y facilidades para que ser formales no sea tan costoso y tortuoso, se podría recaudar más, pero el monto sería mucho menor a las grandes expectativas de los $7.000 millones de la Cepal.
La informalidad, y no las élites, explica por qué se evade en Ecuador
La evidencia internacional confirma lo que muchos prefieren ignorar: el dinero oculto de grandes corporaciones en paraísos fiscales representa apenas 0,33% del PIB mundial, según la Unión Europea.
En cambio, la mayor parte de la evasión ocurre en el segmento más frágil del tejido productivo: microempresas, trabajadores autónomos e informales, que simplemente no pueden absorber los costos de un sistema diseñado para empresas grandes y robustas.
Y mientras más pobre es un país, más grande es su economía sumergida. Como explica la economista Lorena Carrillo, “la economía sumergida funciona como un alivio para una sociedad de bajos recursos”, no como una conspiración de grandes fortunas.
Un Estado que aprieta a los formales, pero ignora la raíz del problema
Durante 2025, el Gobierno de Daniel Noboa ha intentado aumentar la recaudación a través de controles masivos: ISD en consumos con tarjeta, revisión de ganancias en venta de acciones, IVA e impuesto a la renta de profesionales y empresas, entre otros. Gracias a eso y al mayor movimiento económico de un año de rebote, se reporta un incremento del 3% en ingresos tributarios dentro del Presupuesto General del Estado (PGE) y más de $100 millones adicionales solo por controles.
Esfuerzos necesarios, pero dirigidos siempre al mismo pequeño grupo: los que ya pagan algo, es decir, el 30% formal o semiformal. En el Gobierno de Guillermo Lasso también aumentaron los controles a influencers y otros grupos.
Mientras tanto, el 70% restante, que implica todo el universo informal, sigue fuera de cualquier radar, no por malicia, sino por supervivencia.
Para Patricia López, economista, la clave no está en perseguir, sino en transformar:
“Hay que hacer que ser formal sea buen negocio. Para eso se necesitan subsidios directos de capacitación, asesoría legal y tributaria para microempresas, y eliminar trabas a la inversión y a la competencia”.
La batalla real no es contra los grandes evasores, sino contra la informalidad
Si el Ecuador quiere recaudar más, crecer más y reducir la pobreza, no basta con exprimir a los pocos que ya cumplen. Ni tampoco con repetir la narrativa romántica de que la corrupción de las grandes empresas lo explica todo.
El país necesita una estrategia inteligente que:
Baje los costos de formalizarse.
Simplifique trámites.
Deje de manipular políticamente el salario básico.
Genere servicios reales a las microempresas.
Profesionalice a los emprendedores.
Construya un ecosistema donde ser formal sea más barato y rentable que ser informal.
Solo entonces la evasión disminuirá de verdad. No por persecución, sino porque la economía tendrá espacio para crecer dentro de la legalidad.
El presidente Daniel Noboa arrancó con el proceso para la Transformación Digital del Estado, con el objetivo de hacer uso de la tecnología para optimizar y automatizar los servicios públicos y la gestión gubernamental.
Como parte de esta transformación, el mandatario designó a Roberto Kury, quien se desempaña como gerente general de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), en el cargo de director de Transformación Tecnológica.
Para ello, el Gobierno Nacional también realizó alianzas con empresas tecnológicas de alto nivel para fortalecer la gestión en aspectos como salud, seguridad, ambiente, cedulación y gestión de aduanas, entre otros.
"Por años he observado de cerca el salto hacía el futuro de otros países donde viví o trabajé. Siempre quise que mi país tenga las mismas oportunidades en tecnología que ellos. Hoy le toca a Ecuador", dijo el mandatario, en su cuenta de Instagram.
Estos son los servicios y empresas con los que el Gobierno realizó alianzas tecnológicas:
- Google: para automatizar y digitalizar trámites ciudadanos en el Registro Civil, para combatir la delincuencia mediante el monitoreo satelital de áreas despobladas, detectando automáticamente amenazas como sitios de entrenamiento clandestinos, deforestación ilegal, narcotráfico y asentamientos irregulares, permitiendo intervenciones y medidas preventivas oportunas.
- Palantir: para mejorar los controles en la gestión de las aduanas, identificando con tecnología de punta casos de violación a la ley o contrabando.
- HealthBird: para la optimización de procesos en hospitales y centros de salud, evitando la venta de citas y la corrupción en el sector. Ampliaremos la cobertura médica mediante la telemedicina, garantizando y mejorando la atención a las familias ecuatorianas.
El organismo enfatizó que las autoridades no deben encubrir a los responsables, sino aclarar y hacer justicia por los niños de Las Malvinas.
Durante la sesión número 98 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, realizada la mañana del 23 de enero de 2024, se resaltó que «Ecuador retrocede profundamente en derechos de los niños».
En el espacio, se reflexionó sobre temáticas como salud, educación, desnutrición, trabajo infantil, privación de libertad y protección de las infancias.
Sin embargo, el tema que destacó fue la inseguridad y racismo al que están expuestos los menores que habitan en zonas marginadas o de escasos recursos.
Esto fue ejemplificado con la desaparición y posterior asesinato, presuntamente en manos militares, de Josué, Ismael, Steven y Saúl, los cuatro niños del barrio Las Malvinas en Guayaquil.
La relatora del Comité, Mary Beloff, tachó de “aberrantes» los hechos que sucedieron desde el 8 de diciembre de 2024, día de la desaparición de los menores.
“Es parte esencial de nuestra labor que haya verdad y justicia en cada violación de derechos de un niño ecuatoriano, que se provea reparación en tiempo oportuno para que nunca más suceda”, expresó Beloff.
Señaló además, que en Ecuador existe más de 50 normas que requerirían ajuste legal para que el país esté acorde a los compromisos internacionales.
Beloff se preguntó sobre las acciones que Ecuador implementa para mejorar la inversión y el gasto social.
“Ha habido una tendencia regresiva después de la pandemia y el país no ha logrado superar estos niveles”, apuntó.
Finalmente, solicitó explicaciones sobre las reducciones presupuestarias a los sectores sociales. “Esta falta de coordinación y ausencia institucional impacta en la garantía de derechos”.
Intervenciones del Comité de la ONU
La integrante del Comité, Velina Todorova, inició su intervención cuestionando las violaciones de derechos de menores durante los paros nacionales de octubre de 2019 y junio 2022.
Resaltó que Ecuador violó derechos de los niños en la «manifestación callejera».
Aseguró que el Estado no fue capaz de garantizar la protección y seguridad de los niños y niñas, cuyos padres participaron del paro.
Citó como ejemplo la irrupción policial a los lugares catalogados como zonas de paz.
“Cualquiera que plantea la defensa de derechos humanos es considerado una persona no patriótica y traidor”, lamentó.
Añadió que los niños de Ecuador no se sienten seguros por el incremento la de bandas criminales. «Muchos han visto tiroteos, amenazas y muertes», resaltó.
“Cuando nos reunimos, las niñas nos cuentan que tienen miedo de estar en las calles. Tienen miedo de ser violadas o secuestradas», añadió.
Sobre el caso de los niños de Las Malvinas aseguró que la ONU recibe información indicando que los menores de comunidades rurales son los más expuestos al peligro durante operativos de seguridad.
«Esto se centra en comunidades pobres y existe perfilamiento racial. Pasa cuando no son blancos. Es el estereotipo de delincuencia en Ecuador», indicó.
Finalmente, puso énfasis en que las autoridades ecuatorianas deben dar explicaciones claras del caso.
Agregó que se necesita garantizar el no encubrimiento, que los responsables se enfrenten a la justicia y que sean declarados culpables.
Otras reacciones sobre el caso
A propósito de la sesión de la ONU, la Universidad de Ginebra realizó un foro. Sucedió para reflexionar sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Ecuador.
En el encuentro intervino el defensor de derechos humanos, Fernando Bastías. Aseguró que la desaparición y asesinato de los menores no es un hecho aislado.
«Evidentemente, Ecuador está atravesando una grave crisis de inseguridad, una penetración del crimen organizado en estructuras políticas, económicas, financieras y comunitarias», señaló.
Añadió que el crimen organizado es una estructura compleja y, por lo tanto, las respuestas también deben ser estructuradas, no aisladas o únicamente aplicando medidas punitivas.
De su parte, la directora ejecutiva de Cepam, Lita Martínez, resaltó que como organizaciones de la sociedad civil deben llegar hasta las últimas consecuencias.
«Ecuador atraviesa una crisis profunda que combina brechas estructurales de desigualdad con inseguridad e inestabilidad política», dijo.
El juez que sigue el proceso convocó a Noboa y a su excónyuge, Gabriela Goldbaum, a una audiencia para el próximo 21 de enero de 2025.
El presidente Daniel Noboa pretende reducir la pensión de alimentos de su hija L., procreada en su primer matrimonio con Gabriela Goldbaum Smith, según informó el medio mexicano La Jornada, este viernes 10 de enero de 2025.
La procuradora judicial de Noboa, Catalina Ayala Murrieta, demandó la rebaja de pensión ante la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, provincia del Guayas.
De acuerdo con el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), el presidente paga desde marzo de 2024 una pensión mensual de $5.190 Dólares.
La Jornada trató de tener la versión de Goldbaum sobre este pedido de rebaja de la pensión para su hija, pero no respondió a los pedidos de entrevista y «una de sus personas allegadas señaló que sus abogados estarán en la audiencia y ahí darán a conocer su postura».
Se conoció extraoficialmente que la solicitud de rebaja sería a USD 2.000 mensuales, “en vista de que tiene ya otros dos hijos”, con su actual esposa Lavinia Valbonesi, según informa el medio mexicano La Jornada.
Noboa ha demandado por varias ocasiones a su exesposa:
El primer juicio, del 17 de diciembre de 2019, es por el régimen de visitas para garantizar la presencia de su hija en distintos horarios y días del mes.
El segundo juicio fue por divorcio planteado por Noboa, cuya sentencia se emitió el 4 de marzo de 2021. Noboa se volvió a casar el 28 de agosto del mismo año.
Proceso judicial para bajar pensión
El juez que lleva el proceso, Italo Zambrano Reyna, convocó a las partes a una audiencia para el próximo 21 de enero, a las 14:00, esto en «medio de la campaña electoral, en la cual el presidente ecuatoriano busca la reelección», según La Jornada.
Previamente, el juez Zambrano Reyna solicitó información de Noboa al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a la Superintendencia de Compañías, al Servicio de Rentas Internas (SRI), a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos y a la Superintendencia de Bancos.
De acuerdo con el reportaje de La Jornada, en la Superintendencia de Compañías, Daniel Noboa consta actualmente como accionista de las empresas Pesquera Marintan, Predios Cutiriba, Fantastisol, Cordenesa, Pozuelo de Oro Pozoro, Logic Choice Logch y Noboexport.
En cuanto a su patrimonio, en la declaración periódica de 2024 ante la Contraloría General del Estado, Noboa registra activos por USD 1.504.765 y pasivos por USD 811.503 lo que da un patrimonio de USD 693.262.
Impuestos
De acuerdo con el SRI, en 2023 Noboa pagó de impuesto a la Renta USD 35.000 y en 2022 USD 7.000
La Corte Constitucional modificó el acuerdo ministerial para que no se puedan hacer sumarios administrativos a las autoridades de elección popular.
La Corte Constitucional (CC) declaró inconstitucional el artículo 2 del acuerdo ministerial emitido por el gobierno de Daniel Noboa que fue la base para iniciar un sumario administrativo a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, y que terminó con una suspensión por cinco meses, sanción que fue a su vez dejada sin efecto por una jueza de primer nivel en el trámite de una acción de protección.
Con seis votos a favor de una sentencia aditiva de mayoría, el 9 de enero de 2025, los jueces declararon inconstitucional el artículo 2 del Acuerdo Ministerial MDT 2024-175, que suscribió la titular del Ministerio de Trabajo, Ivonne Núñez Figueroa.
Con este articulado se inició un sumario administrativo a Abad por no viajar a Turkiye para seguir con su función de embajadora de Ecuador en Israel antes del 1 de septiembre de 2024, como lo había dispuesto un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ella llegó a ese país el 9 de septiembre.
Esta normativa, llamado Acuerdo para expedir el procedimiento de sumario administrativo, seguirá vigente, pero con un cambio dispuesto por los jueces, que se denominada sentencia aditiva.
Ello porque aclaró el artículo 2 del acuerdo para que en adelante diga: “Las disposiciones de este instrumento son de aplicación obligatoria para las instituciones de la Función Ejecutiva. Se excluye del ámbito de aplicación del presente acuerdo a los funcionarios públicos de elección popular, a los servidores públicos bajo el régimen del Código del Trabajo, Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, Ley Orgánica de Educación Superior, Ley Orgánica de Educación Intercultural, Ley Orgánica de Empresas Públicas, Diplomática del Servicio Exterior y Carrera Sanitaria; a los servidores públicos que pertenezcan a la función legislativa a través de la Asamblea Nacional y a la función judicial por intermedio del Consejo de la Judicatura”.
Antes de esta modificación, el acuerdo señalaba que sus disposiciones “son de aplicación obligatoria para las instituciones del Estado determinadas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público...”.
Es decir, se aplicaban de forma obligatoria “en materia de recursos humanos y remuneraciones, en toda la administración pública, que comprende a los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial y Justicia Indígena, Electoral, Transparencia y Control Social, Procuraduría General del Estado y la Corte Constitucional”, entre otras.
Sobre esa base, el Ministerio del Trabajo abrió paso para sumariar a la segunda mandataria y sancionarla con la suspensión de su cargo por cinco meses (150 días) sin sueldo, configurando a su vez una posible destitución, ya que un servidor del Estado puede ausentarse por hasta tres meses, de acuerdo con la Losep.
Aunque una jueza de la Unidad de la Familia, Nubia Vera Cedeño, dejó sin efecto la sanción de suspensión y devolvió el cargo de vicepresidenta a Abad.
Sin embargo, este fallo de la CC, que se divulgó la noche de este viernes, 17 de enero, se produce por una consulta de norma que hizo un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha sobre cuatro artículos de este acuerdo para hacer sumarios.
Esto, en el trámite de un recurso de apelación que interpuso Verónica Abad en contra del fallo de una jueza de primer nivel que le negó una primera acción de protección con el que buscaba evitar el inicio de este procedimiento sumarial.
La Corte dilucidó que los “sumarios administrativos no forman parte de las causales taxativas de ausencia temporal establecidas en la Constitución para los funcionarios públicos de elección popular de la Función Ejecutiva”.
Es decir, según los jueces, estos procedimientos son incompatibles con el artículo 146 de la Constitución para aplicarlos a los funcionarios de elección popular de la Función Ejecutiva, en referencia al presidente y vicepresidente de la República.
Se agrega que estas acciones administrativas no están previstas como causales “taxativas de cesación de funciones o como un mecanismo de destitución establecido en la Constitución” para los mandatarios como lo contempla el artículo 145.
La CC anotó que “suspender o destituir a un funcionario público de elección popular de la Función Ejecutiva tiene un impacto en el derecho a elegir y ser elegido” que está reconocido en el numeral 1 del artículo 61 de la norma suprema.
La CC devolvió el expediente a la Corte Provincial de Justicia para que continúe con la sustanciación del recurso de apelación planteado por la vicepresidenta.
Sumario se abrió en septiembre de 2024
Este proceso se inició el 10 de septiembre de 2024 en un cruce de oficios entre la Presidencia de la República, la Cancillería y el Ministerio del Trabajo.
Ese día, la Secretaría Jurídica del Palacio de Gobierno informó a la ministra del Trabajo que Abad llegó a Ankara (Turkiye); y lo hizo después de que un viceministro de Relaciones Exteriores le había solicitado que lo haga antes del 1 de septiembre.
Luego, el 11 de septiembre de 2024, la ministra Núñez suscribió el acuerdo para hacer sumarios administrativos por faltas graves cometidas por los funcionarios.
A la par se pidió un informe del posible incumplimiento de la vicepresidenta; y, el 16 de septiembre de 2024, la directora de Recursos y Sumarios Administrativos del Servicio Público, Ruth Espinoza Avilés, arrancó con la sustanciación.
Abad presentó una acción de protección en contra del inicio de este sumario, pero una jueza de Quito negó el recurso.
Apeló el fallo para conocimiento de la Corte Provincial de Justicia, y el 23 de noviembre un Tribunal elevó a consulta de norma el contenido del acuerdo.
Días antes, el 8 de noviembre, se emitió la resolución de sanción con la suspensión por 150 días sin sueldo y Abad presentó una segunda acción de protección para dejar sin efecto esta decisión.
El 23 de diciembre, la jueza Nubia Vera aceptó el recurso y devolvió a Verónica Abad a su cargo; y, dictó medidas de reparación, como que el Ministerio del Trabajo emita una disculpa pública.
El informe de la Comisión Ocasional del Caso Aidita Ati determina que hay responsabilidad del Estado ecuatoriano, en la muerte de la subteniente del ejército.
La Comisión Ocasional por la Verdad, Justicia y Reparación del Caso Aidita Ati aprobó un informe final. El caso se investigó tras el asesinato de la subteniente del ejército, Pamela Aidita Ati, el 29 de junio de 2024, en el Fuerte Militar Napo de la provincia de Orellana.
Este 27 de diciembre la mesa legislativa aprobó el documento que pasará a conocimiento del Pleno de la Legislatura.
El texto concluye que en este caso hay responsabilidad del Estado ecuatoriano. Esto luego que se determinó que se violaron los derechos fundamentales por falta de supervisión en entornos militares.
La mesa estableció que la falta de acción permitió un entorno de riesgo y vulnerabilidad, que culminó con el fallecimiento de la subteniente Aidita Ati.
Otra de las conclusiones del informe es que hubo omisión de deberes por parte de las FF.AA, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de la Mujer.
De acuerdo con la comisión, se detectaron fallas en la reparación integral y revictimización en las Fuerzas Armadas.
Entretanto, el informe emitió recomendaciones, entre las que se destaca la reparación integral, económica y la realización de un acto público de disculpas por parte de las FF.AA.
También se recomienda emitir medidas de no repetición, capacitaciones periódicas en Derechos Humanos y perspectiva de género; así como implementar un sistema de monitoreo con indicadores de las políticas de género.
Asimismo, establecer reformas institucionales y conformar un órgano independiente para supervisar políticas de género en las Fuerzas Armadas.
Con estas observaciones, la Comisión Ocasional para la Verdad, Justicia y Reparación del Caso Aidita Ati recomendó iniciar procesos de juicio político en contra de:
Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa
Diana Salazar, fiscal general del Estado
Arianna Tanca, ministra de la Mujer y Derechos Humanos
La presidenta de esta mesa legislativa, Patricia Núñez (RC) comentó que la comisión determinó que las autoridades en cuestión incumplieron sus funciones en este caso.
«Hemos revisado que las Fuerzas Armadas no tienen un protocolo para actuar en materia de género. La subteniente quedó en desventaja porque no hubo un seguimiento ni apoyo para que se pueda prevenir su muerte», enfatizó.
Luz Elena Arismendi, la esposa de don Pedro, quien también murió en medio de la lucha por sus hijos, fue recordada durante el homenaje.
«Cuando el pueblo afroecuatoriano enfrenta una lucha similar, don Pedro se marcha», mencionó Lira, una de las artistas cuya voz se escuchó fuerte para rendir homenaje al padre de Santiago y Andrés, los dos niños desaparecidos por la Policía Nacional, hace más de 30 años, en Quito.
Fue con la entrada de María Fernanda, la hija, y de Pedrito Amaru, el nieto de Pedro Restrepo, que inició el tributo, que se realizó en la Casa de las Culturas, este 27 de diciembre de 2024.
Aplausos, lágrimas de dolor y nostalgia, ritual andino, memoria, canciones, una pequeña pambamesa y risas formaron parte de las expresiones de los amigos, compañeros y familiares que recordaron y resaltaron el legado del padre y «luchador incesante».
n el emotivo evento, las expresiones musicales y de protesta no podían faltar. De ello se encargó, «el chamo», Jaime Guevara, amigo personal y compañero de lucha de don Pedro, quien entonó, entre otras canciones, «Basta de Bestias».
A pesar de su edad o de su estado de salud, tanto don Pedro como Jaime solían posarse por horas en la Plaza Grande, entonando cánticos, reclamando y exigiendo verdad y justicia para los niños desaparecidos por la Policía.
Luz Elena, la esposa de don Pedro, quien también murió en medio de la lucha por sus hijos, fue recordada durante el homenaje. Sucedió gracias a la banda de rock ecuatoriano Sal y Mileto, que entonó la canción «Luz Elena». Los asistentes entonaron el tema a todo pulmón.
Finalmente, uno de los momentos más esperados llegó. Las palabras de María Fernanda, la niña que hace más de 30 años perdió a sus hermanos mayores, luego a su madre y ahora a su padre.
«Me olvidé de decirles que no vengan de negro. Yo vine de blanco porque es alegría y eso era mi papá, alegría. Él se fue alegre, con una sonrisa», resaltó.
Hizo un llamado a transitar la tristeza y el dolor que corresponden a estas situaciones, pero también a recordarlo y a contagiarse de «ese ánimo de resistencia, berraquera y lucha».
Recordó, además, cuando Pedrito le preguntó por su abuelo y juntos hicieron una analogía de superhéroes.
«No tenía capa, ni volaba, pero claro que fue un superhéroe y combatió a los malos. A muchos policías malos que nos tenían que cuidar y no nos cuidaron. A banderazos, cuando nos cerraron la Plaza Grande para poder ingresar una y otra vez», le contaba.
Entre risas de indignación, María Fernanda también relató la xenofobia de la que don Pedro fue víctima. Cuando le gritaban «colombiano, ándate a tu país», él respondía que Ecuador es su país.
«Aquí nacieron mis hijos y aquí los desaparecieron, no los hemos encontrado y yo no me voy de Ecuador», recalcaba don Pedro.
En medio del dolor, las palabras de María Fernanda provocaron risas, alegría, nostalgia y revivieron recuerdos en los asistentes, quienes no perdieron la atención en su discurso ni por un momento.
“Él será eterno mientras nosotros sigamos luchando por causas nobles y justas, y no nos derrumbemos”, enfatizó.
Además, en las inmediaciones de discoteca de Ambato, se dio ataque que dejó una persona muerte y dos heridas.
Sujetos desconocidos llevaron a las víctimas hasta un camino de tercer orden, en Pelileo, donde les dispararon y arrojaron a la maleza. La identidad de los asesinados no se confirmó.
A balazos fueron asesinados dos hombres en Pelileo. El hallazgo de los cadáveres ocurrió en un camino de tercer orden del sector Florida Bajo, ubicado a un costado de la vía en la U de Chambag.
Eran cerca de las 14:00 cuando la alerta del hecho se reportó al ECU – 911. Personal prehospitalario y policial arribó al lugar. Allí se constató la presencia de dos hombres que tenían varias heridas de bala en el cuerpo.
Ambos estaban sin signos vitales, por lo que las unidades especiales de la Policía, Dinased y Criminalística fueron convocadas inmediatamente.
Los hechos
Una mujer que transitaba por el lugar, les habría dicho a los uniformados que escuchó alrededor de seis o siete detonaciones de arma de fuego.
Fabricio Silva, coronel de Policía y comandante de la Subzona Tungurahua, aseguró que al parecer las víctimas fueron llevadas a ese camino abandonado, donde sujetos desconocidos los ejecutaron.
Una vez asesinados, los cadáveres fueron arrojados alrededor de 15 metros pendiente abajo, entre la maleza del sitio. Sobre las causas de estos dos crímenes, el oficial aseguró que esperarán al levantamiento de indicios y recabar la información necesaria, para determinar el posible móvil del violento acontecimiento.
Hasta el cierre de esta cobertura, los hombres no habían sido identificados, pero se supo que, al parecer, eran de nacionalidad ecuatoriana.
CIFRA
3
ASESINATOS
Se contabilizan este sábado 23 de noviembre de 2024.
Procedimiento
Los cadáveres fueron sacados de la pendiente con ayuda de los bomberos de Pelileo, quienes con camilla especial y sogas los extrajeron a la superficie.
Posteriormente, ambos cuerpos fueron trasladados hasta el Centro de Investigaciones Forenses de Ambato. Allí se les practicará la autopsia de rigor.
Mientras tanto, indicios balísticos y otras pruebas fueron fijadas por los uniformados, las mismas que fueron guardadas bajo cadena de custodia.
DATO
Los sujetos fueron ejecutados en el camino de tercer orden y arrojados
15 metros de una pendiente de un camino sin salida, de tercer orden.
Detalle
La madrugada de este sábado 23 de noviembre de 2024, otra muerte violenta se registró en Ambato. Este crimen, según la Policía, obedeció a inconvenientes entre bandas criminales por temas relacionados al tráfico interno de sustancias ilegales.
De ahí que, estos tres asesinatos, se suman a los otros siete que ya se contabilizaban sólo en lo que va de este mes. En total, 44 son los asesinatos que se han registrado durante el 2024.
Hombre enviaba mensajes a su tía y a su madre que está en el extranjero para pedirles dinero, indicando que estaba secuestrado.
La Policía Nacional arrestó a William Fernando T. M., de 32 años, tras descubrir que simuló estar secuestrado para exigir dinero a su madre, residente en Estados Unidos, y a su tía en Ecuador.
El individuo habría inventado toda la situación para obtener 25.000 dólares bajo la excusa de que su vida corría peligro.
Los seguimientos tras la denuncia pusieron al descubierto este hecho insólito. Según las autoridades, tanto la tía como la madre recibieron mensajes alarmantes a través de WhatsApp, en los que supuestos secuestradores aseguraban que William estaba retenido contra su voluntad.
La desesperación llevó a la tía a realizar un depósito por la cantidad solicitada, creyendo que así salvaría la vida de su sobrino.
La Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) inició una investigación que reveló rastros de los movimientos bancarios y consumos con las tarjetas del supuesto secuestrado.
Entre las transacciones figuraban gastos realizados en reconocidos locales de Machala, lo que despertó las sospechas de los investigadores.
Días después, se comprobó que William había adquirido un pasaje a Venezuela y viajó a ese país. Sin embargo, las comunicaciones con nuevas exigencias económicas continuaron llegando a su familia, lo que llevó a la Fiscalía a intensificar las pesquisas.
La colaboración entre la Fiscalía y la Policía permitió determinar que todo se trataba de una falsa retención. La evidencia mostró que William nunca estuvo en peligro y que su viaje a Venezuela formaba parte del engaño para obtener más dinero.
Luego de un tiempo, el hombre regresó al país y reanudó los mensajes afirmando que nuevamente estaba secuestrado. Este acto terminó de alertar a las autoridades, quienes organizaron un operativo para capturarlo.
La noche de este viernes 22 de noviembre se ejecutó el operativo Libertad 749 en Machala, logrando localizar a William. Al ser confrontado por los agentes, admitió que todo había sido una farsa y que jamás estuvo privado de su libertad.
Testimonios de vecinos confirmaron lo expuesto por la Policía, asegurando que William llevaba una vida completamente normal durante el tiempo en que supuestamente estaba secuestrado.
En el procedimiento, se incautó un teléfono celular como evidencia. Aunque la familia decidió no continuar con la denuncia, las autoridades calificaron el caso como un claro ejemplo de simulación de delito, advirtiendo que este tipo de acciones no quedarán impunes.
Bomberos y comuneros locales batallan contra los distintos focos de incendio en el sur de Ecuador.
El Gobierno nacional tomó medidas para la población afectada por los incendios forestales que devastan a las provincias de Azuay y Loja. Una de las disposiciones más relevantes ha sido la implementación de clases en modalidad no presencial en quince instituciones educativas del cantón Loja, vigente hasta el 19 de noviembre.
Esta medida busca salvaguardar la salud de estudiantes y docentes debido a las condiciones adversas generadas por el humo y la contaminación en el ambiente.
Además, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) suspendió actividades presenciales en la ciudad de Loja como medida preventiva, mientras que en Azuay se activó el Plan Nacional de Respuesta para la Reducción de Riesgos de Desastres EDUC-EC, brindando asistencia y monitoreo en instituciones educativas.
Este sábado, 16 de noviembre, en el ECU911 de Loja se realizó una sesión extraordinaria del Gabinete Sectorial de lo Social para coordinar acciones interinstitucionales que permitan enfrentar la emergencia. La ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, lideró esta reunión siguiendo disposiciones desde la Presidencia.
Según un comunicado, las autoridades se trasladaron a las zonas más afectadas para evaluar necesidades. En Loja, los incendios han impactado a 16 cantones, siendo los más graves los registrados en Chuquiribamba, Fierro Urco y Zamora Huaico Alto.
En Azuay, al menos ocho incendios permanecen activos en cantones como Cuenca, San Fernando y Sígsig, afectando áreas sensibles como el Parque Nacional Cajas.
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGRE), junto con bomberos, las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y voluntarios locales, lidera labores de monitoreo y extinción. Equipos especializados trabajan con helicópteros, incluidos dos enviados por el Gobierno peruano, equipados con sistemas bambi buckets para descargar agua en zonas críticas.
En paralelo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) habilitó un centro de acopio en Loja, donde se reciben donaciones de alimentos no perecederos, bebidas hidratantes y mascarillas. También se prepararon 71 kits de ropa para posibles desplazados.
Finalmente, se anunció que el Ministerio de Salud Pública desplegó brigadas médicas. En Cuenca operan ocho equipos de atención integral en salud (EAIS), dos unidades móviles y una ambulancia, brindando atención inmediata a las comunidades afectadas por el humo y otros riesgos asociados.
La SNGRE informó que se realizan investigaciones para determinar las causas de los incendios, pues existen indicios de que algunos habrían sido provocados de manera intencional. Esto ha motivado un llamado a la ciudadanía para colaborar en la denuncia de actividades sospechosas y tomar precauciones para evitar nuevos siniestros
Con el último Decreto, el Gobierno de transición de Daniel Noboa suma seis declaratorias de estado de excepción. La crisis de seguridad es la principal razón para tomar esta decisión.
Ecuador es un país en constante estado de excepción. La crisis de seguridad y la crisis energética son las dos principales razones por las que el presidente de transición, Daniel Noboa, ha recurrido a esta figura.
El 23 de septiembre pasado, el Primer Mandatario cumplió 10 meses en el poder- que se extenderá hasta mayo de 2025-. En este tiempo, Noboa Azin firmó seis decretos de estados de excepción.
8 de enero
El primer estado de excepción se declaró el 8 de enero de 2024, a través del Decreto 110. La decisión dio pie a la declaratoria de conflicto armado interno, vigente hasta la fecha.
El Primer Mandatario dispuso esta medida en todo el territorio nacional por grave conmoción interna. El decreto incluyó a todos los centros de privación de la libertad y estuvo vigente por 60 días.
La Corte Constitucional revisó el decreto y el 29 de febrero declaró la constitucionalidad de esta medida.
7 de marzo
Una vez cumplido el plazo de 60 días, el presidente Daniel Noboa renovó el estado de excepción. Lo hizo a través de Decreto 193.
El documento establecía los mismos parámetros del Decreto 110. Es decir, a escala nacional y en los centros carcelarios, disponiendo la movilización de Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Además, se restringió el derecho a la libertad de asociación y a la inviolabilidad de domicilio.
El 21 de marzo, la Corte Constitucional declaró que esta medida también cumplía con los parámetros de constitucionalidad.
19 de abril
En abril, Daniel Noboa Azin volvió a recurrir a la figura del estado de excepción. En esa ocasión, lo hizo por la crisis energética, que retornó a Ecuador a los apagones.
El Ejecutivo de transición usó la figura de grave conmoción interna y calamidad pública, para declarar esta medida en todo el territorio nacional. En el Decreto 229, el Gobierno reconoció que hay una emergencia en el sector eléctrico.
Con el Decreto, el Gobierno Nacional dispuso el destino de fondos públicos para solventar esta emergencia.
El organismo constitucional conoció el decreto y tras su análisis determinó que este estado de excepción es constitucional, pero de manera parcial.
La corte observó que es constitucional la causal de grave conmoción interna, pero es inconstitucional la medida de movilización e intervención de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
30 de abril
Ese mismo mes, el Ejecutivo, nuevamente, declaró un estado de excepción. En esta ocasión, la medida fue focalizada para cinco provincias.
El Decreto Ejecutivo 250 dispuso el estado de excepción en El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, durante 60 días.
En este caso, la Corte Constitucional determinó que el recurso es inconstitucional. El organismo emitió un dictamen de desfavorable por la causal de conflicto armado interno. La decisión se adoptó el 9 de mayo.
La institución concluyó que el Decreto no cumple los requisitos previstos en la Constitución.
22 de mayo
En esta fecha, el presidente Daniel Noboa declaró una nueva medida, bajo la causal de conflicto armado interno. La medida también fue focalizada para siete provincias y un cantón.
En este sentido, el Decreto de estado de excepción se dispuso en las provincias de Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí, Sucumbíos, Orellana, Los Ríos; y en el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia del Azuay.
En estos territorios se restringió el derecho a la inviolabilidad de domicilio y la inviolabilidad de correspondencia.
Pero la Corte Constitucional, una vez más, emitió un dictamen desfavorable. El 13 de junio, el organismo argumentó que el Decreto 275 no justifica la causal para declarar un estado de excepción por conflicto armado interno.
Además, el ente llamó la atención a la Presidencia de la República por incumplir los requisitos previstos en la Constitución.
2 de julio
A inicios de julio, el jefe de Estado decretó un nuevo estado de excepción. El quinto desde que asumió la Presidencia. Nuevamente, la medida fue focalizada
Este decreto dispone la movilización de la Policía Nacional y Las Fuerzas Armadas en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay.
Noboa volvió a usar la causal de grave conmoción interna y conflicto armado interno.
El Decreto dispone la suspensión de varios derechos como la inviolabilidad de domicilio; la inviolabilidad de correspondencia; y el derecho a la libertad de asociación y reunión.
La media fue declarada a través del Decreto Ejecutivo 318.
30 de agosto
A través del Decreto 377, el Jefe de Estado renovó, por treinta días más, la declaratoria de estado de excepción en las provincias de: Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón Camilo Ponce Enríquez de Azuay.
En el documento, el Gobierno de transición dispuso la renovación de esta medida en los mismos términos establecidos anteriormente; es decir, grave conmoción interna y conflicto armado interno.
3 de octubre
En medio de la crisis energética, con cortes de luz que alcanzaron hasta las 11 horas diarias, sumado al recrudecimiento de la violencia, Noboa firmó un nuevo documento con el que declaró el estado de excepción en seis provincias:
Guayas
Los Ríos
Manabí
Orellana
Santa Elena
El Oro
Además, añadió a Quito, que junto a Camilo Ponce Enríquez, son los dos únicos cantones de Ecuador bajo estado de excepción.
El ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, justificó que en la capital hay «intentos de desestabilización». Sumado al incremento de la inseguridad en el Distrito Metropolitano, son las dos razones por las que el Presidente de la República incluyó a Quito como uno de los territorios bajo estado de excepción.
Con el estado de excepción, el Ejecutivo decretó también el toque de queda, de 22:00 a 05:00, en 20 cantones.
Asimismo, se anunció la restricción de los derechos a la libertad de asociación, inviolabilidad de domicilio y correspondencia.
La medida regirá durante 60 días- dos meses-. Este nuevo Decreto Ejecutivo deberá ser analizado por la Corte Constitucional.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), confirmó los resultados preliminares de la inscripción de candidaturas para las próximas elecciones de 2025. Hasta este miércoles 2 de octubre a las 18h00, 16 binomios presidenciales se inscribieron.
Las organizaciones políticas que se inscribieron fueron: Creando Oportunidades (CREO), Acción Democrática Nacional (ADN), Centro Democrático (CD), Sociedad Patriótica (PSP), Unidad Popular (UP), Partido Socialista, Revolución Ciudadana en alianza con Reto.
También se inscribieron Sociedad Unida Más Acción (SUMA), Democracia Sí, Construye, Movimiento Amigo/ Acción Movilizadora Independiente, Generando Oportunidades, Izquierda Democrática (ID), Pueblo Igualdad Democrática, Partido Social Cristiano (PSC). Avanza.
De los 16 binomios inscritos, cuatro ya fueron calificados al no recibir objeción de parte de los sujetos políticos y que son los siguientes:
Movimiento Acción Democrática( (ADN), lista 7 de los candidatos Daniel Noboa y María José Pinto.
Creando Oportunidades (CREO), Lista 21 de los candidatos Francesco Tabacchi y Blanca Sacancela.
Partido Sociedad Patriótica (PSP), lista 3: Andrea González Nader y Gonzalo Navarrete.
Partido Unidad Popular (UP), lista 2 de los candidatos Jorge Escala y Pacha Terán.
El binomio de Jimmy Jairala presentó novedades
Los consejeros no dieron paso al binomio de Centro Democrático (CD), lista 1 integrado por Jimmy Jairala y Lucía Vallecilla debido a inconsistencias en la documentación presentada. El pleno del CNE les dio un plazo de 48 horas para subsanar la documentación.
¿En qué consiste el proceso de calificación del CNE?
El CNE calificó las candidaturas que no recibieron impugnaciones de otras organizaciones políticas. Posteriormente, se remite el listado final ante los sujetos políticos que tendrán un plazo de dos días, para presentar sus impugnaciones. El pleno del CNE tiene dos días adicionales para resolver si se acepta o no la inscripción.
En caso de que no existan consensos, en un plazo de dos días se podrá impugnar la resolución del CNE.
La última instancia a la que los candidatos podrán acudir es ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), para impugnar cualquier decisión del Consejo Nacional Electoral.
El CNE también informó que 16 listas se inscribieron para asambleístas nacionales, 15 listas para parlamentarios andinos, 32 para asambleístas por el exterior y 463 de legisladores provinciales y por circunscripción.
En Ecuador se ha hecho tendencia el uso de tarjetas de crédito o débito o billeteras móviles que facilitan las transacciones de los usuarios sin necesidad de tener dinero en efectivo en el bolsillo.
¿Cuáles son las ventajas de usar una tarjeta de débito en lugar de efectivo?
Según el experto Stalin Espinoza, “una tarjeta de débito puede transformar la forma de manejar el dinero, ofreciendo seguridad, conveniencia y beneficios adicionales que van más allá de lo que el efectivo puede proporcionar”, mencionó.
Entre las más importantes destacan:
Seguridad reforzada
Cuando se usa una tarjeta de crédito en lugar de efectivo, el riesgo de perder el dinero en caso de un robo se minimiza. Los bancos recomiendan bloquear la tarjeta de forma inmediata a través de aplicativos móviles o la línea de atención al cliente, protegiendo así los fondos. También es importante denunciar el hecho ante la entidad bancaria para poder solicitar la devolución de estos valores.
En algunos casos, las tarjetas de débito cuentan con filtros de seguridad adicionales, como los token digitales para encriptar la información durante las transacciones.
Practicidad en el control financiero
Las transacciones que un usuario realiza con una tarjeta de débito, le permite dar un seguimiento a los gastos y una mejor planificación del presupuesto.
Acceso a promociones
En varios casos, las tarjetas ofrecen planes de recompensas, promociones y descuentos para una serie de establecimientos comerciales.
Reducción del impacto ambiental
Optar por pagos electrónicos contribuye a la reducción de la demanda de recursos naturales y energía necesaria para la producción y circulación de billetes y monedas. Es un aporte al medioambiente.
Facilidades para compras en línea a nivel nacional e internacional.
El uso de tarjetas de crédito o débito se vinculan con aplicativos móviles para realizar pagos mediante un dispositivo móvil o un computador.
En el caso de compras en el exterior las tarjetas de débito al igual que las de crédito son internacionales y pueden ser usadas en locales comerciales o cajeros automáticos.
¿Qué ocurre con las tarjetas de crédito?
Según información de la Asociación de Bancos del Ecuador (Asobanca), con corte a marzo de 2024, existen 2′192.424 tarjetahabientes en el país que han realizado 104’735.302 consumos. Las personas entre 26 y 35 años son los que usan más una tarjeta de crédito con un 28,9% le siguen las personas entre 36 a 45 años con el 26,8%.
La generación “baby boomers” son los que usan menos la tarjeta de crédito con edades entre los 56 a 65 años.
Según las entidades bancarias las ventajas no son muy distintas a las de las tarjetas de débito, sumado a planes de remcompensas, acumulación de millas o canje de productos.
Entrarán en vigencia una vez que se haya agotado el estocaje existente tanto en la fábrica de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), GAD o mancomunidades.
La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó que a partir de 2025 se implementarán nuevas placas vehiculares con el objetivo de elevar los niveles de seguridad y prevenir su adulteración. El directorio de la entidad emitió el reglamento para la gestión integral de placas de identificación vehicular que faculta los cambios.
La Ley de Tránsito prohíbe expresamente la falsificación y uso de placas adulteradas. El incumplimiento de estas disposiciones será sancionado de conformidad con el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La ANT indicó que estas nuevas placas entrarán en vigencia una vez que se haya agotado el estocaje existente tanto en la fábrica de la ANT como en los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) metropolitanos, municipales o mancomunidades correspondientes.
La entidad recalcó que, hasta entonces, los usuarios podrán continuar utilizando y solicitando las placas vigentes.
¿Cómo se solicitará la nueva placa?
La ANT detalló que los propietarios de vehículos automotores deberán solicitar la emisión de la nueva placa de identificación en un plazo no mayor a dos años. Este proceso lo deberán realizar en el GAD municipal de su localidad. El tiempo para solicitar rige a partir de la emisión del reglamento, es decir, el 4 de julio de 2024.
La nueva placa, informó la autoridad, se entregará únicamente a los vehículos nuevos y a los que aprueben la revisión en un centro de revisión técnica vehicular autorizado por la ANT.
De acuerdo al reglamento, la instalación de placas en los vehículos nuevos se realizará una vez concluido el proceso de matriculación y que se verifique el pago correspondiente, de acuerdo al cuadro tarifario vigente. Posteriormente, podrá circular en la zona urbana y en la red vial nacional.
“Reiteramos que es responsabilidad de los GAD y mancomunidades cumplir con los requisitos previos para la entrega de placas metálicas por parte de la ANT, con la finalidad de que mantengan un stock que permita brindar estos servicios”, dijo la entidad.
La entidad recalcó que la asignación de series alfanuméricas para la matriculación vehicular es responsabilidad de ANT. Mientras que los GAD, en ejercicio de la competencia de matriculación y revisión técnica vehicular, con base en sus proyecciones anuales de matriculación de vehículos nuevos, solicitará la asignación de series a la ANT.
“Cabe recalcar que las placas constituyen instrumentos públicos únicos para la identificación y control de los automotores, mediante la asignación de un carácter alfanumérico propio para cada GAD, de acuerdo al tipo de servicio”, precisó la entidad a través de un comunicado.
El jefe de Estado propone reformar los artículos 110 y 115 de la Constitución.
Como una “cortina de humo” para desviar la atención de la crisis energética. Así califican dirigentes de algunas organizaciones políticas nacionales a la propuesta del presidente de la República, Daniel Noboa, para reformar parcialmente la Constitución vigente y que el Estado deje de financiar a los partidos y movimientos.
El anuncio del Ejecutivo se realizó la tarde de este viernes, 20 de septiembre de 2024. El jefe de Estado propone reformar los artículos 110 y 115 de la Constitución. La idea es retirarle al Estado la obligación de financiar el funcionamiento de partidos y movimientos políticos, así como el financiamiento de su publicidad electoral.
Actualmente, las agrupaciones políticas reciben recursos estatales a través del Fondo Partidario Permanente (que no es para todos sino para los que cumplan ciertos requisitos de votación) y el Fondo de Promoción Electoral (que se reparte de manera equitativa entre todos los que presenten candidaturas).
La propuesta de Noboa fue remitida a la Corte Constitucional (CC) para que determine la vía para hacer esta modificación. La jueza ponente es Karla Andrade.
Gustavo Larrea, presidente del movimiento Democracia Sí, lista 20, dijo que la propuesta no le parece mala, pero sí cuestiona el momento en el que se la presenta. “Es una cortina de humo para desviar la atención de la crisis energética”, señaló.
Larrea también aclaró que el Estado no financia a las organizaciones. El aporte estatal en los procesos electorales se da a través de las franjas publicitarias, explica. Y añade que este hecho tiene una razón y es el principio de la igualdad en las campañas.
Según Larrea, si no existiera esto, se correría el riesgo de que existan campañas millonarias sin control. Y lo que más le preocupa es que dentro del financiamiento de los partidos políticos haya fondos oscuros o ilegales provenientes del narcotráfico.
Por eso, señaló que la Corte debe analizar con mucha responsabilidad el pedido de reforma parcial de Noboa.
Desde el lado de la Revolución Ciudadana (RC), lista 5, también se refieren a la iniciativa del Ejecutivo como una estrategia de apartar la atención de la crisis energética.
El asambleísta Leonardo Berrezueta señaló que es “una propuesta demagógica para desviar la atención de los verdaderos problemas que tiene el país”.
Según el legislador de RC, la intención del Gobierno es poner a discutir este tema a la clase política en un momento que no es el oportuno. “Me parece que es pura estrategia electoral”, señaló.
Jimmy Jairala, fundador de Centro Democrático, lista 1, consideró que esta reforma debe estar acompañada de un plan o un esquema que limite la inversión de los partidos políticos en las campañas electorales.
Si esto no sucede, Jairala afirmó que se perdería el principio de equidad y que los más perjudicados con esto serían los medios de comunicación.
Por otro lado, indicó que la propuesta de que los movimientos y partidos políticos generen sus propios fondos no le parece mal. Sin embargo, señaló que en el futuro al único que beneficiaría esto sería al presidente de turno que busque la reelección. Esto porque “la publicidad del presidente no tiene límites”, reflexionó.
Para Arturo Moreno, fundador del movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), la propuesta de reforma atenta contra los derechos políticos de las organizaciones.
Él afirma que el aporte estatal en las campañas electorales precisamente garantiza la participación de dirigentes sociales que no tienen poder económico como otros partidos. “Hace años solo los más poderosos podían ser candidatos. Los líderes sociales y comunitarios no tenían posibilidades para costear una campaña electoral, y por eso no tenían oportunidades”, señaló.
Para él, la propuesta “significa que estamos volviendo a la época donde había dueños del país por la capacidad económica (...). Quieren quedarse solo los que tienen poder económico, y los que no estarían fuera de las candidaturas”.
Esta es la segunda propuesta de reforma parcial que presentó Noboa en la Corte en la semana que culmina. La otra se refiere a levantar la prohibición de instalar bases militares extranjeras en territorio nacional. El juez ponente en ese caso es Enrique Herrería.
"Todos al aula" es la iniciativa del Ministerio de Educación para que jóvenes y adultos puedan culminar sus estudios.
El Ministerio de Educación puso en marcha diversas iniciativas para identificar y reintegrar a la población que abandonó sus estudios durante el periodo 2022-2023.
Y una de estas es la estrategia “Todos al aula”, una propuesta que busca garantizar la inclusión educativa mediante acciones focalizadas en los territorios, la coordinación interinstitucional con otras entidades del Estado y la colaboración con organizaciones internacionales y de la sociedad civil.
El Ministerio de Educación puso en marcha diversas iniciativas para identificar y reintegrar a la población que abandonó sus estudios durante el periodo 2022-2023.
Y una de estas es la estrategia “Todos al aula”, una propuesta que busca garantizar la inclusión educativa mediante acciones focalizadas en los territorios, la coordinación interinstitucional con otras entidades del Estado y la colaboración con organizaciones internacionales y de la sociedad civil.
Homeschooling o educación en casa, una alternativa que cada vez más atrae a padres por la pandemia del coronavirus COVID-19 en Ecuador
La estrategia se centra en identificar y reincorporar a la población que está fuera del sistema educativo, logrando resultados concretos de acuerdo con los siguientes ejes:
Coordinación interinstitucional: Se han establecido alianzas estratégicas con otras instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la estrategia.
Atención personalizada: El Ministerio ha implementado un sistema de acompañamiento personalizado en el proceso de matrícula. Equipos de gestión territorial (EGT) realizan llamadas telefónicas y/o visitas puerta a puerta en casos excepcionales para asistir a las familias y garantizar que los estudiantes reciban el apoyo necesario.
Plataforma digital: Está habilitada para los procesos de matrícula ordinaria y extraordinaria el aplicativo https://juntos.educacion.gob.ec/, que permite realizar los trámites de matrícula de manera ágil, gratuita y segura.
“Todos al aula” da prioridad a la identificación de niñas y adolescentes gestantes o madres menores de 20 años que han abandonado sus estudios, así como a niños y adolescentes de 3 a 14 años que se encuentran fuera del Sistema Nacional de Educación. Esta labor se realiza en articulación con la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil.
Con esta estrategia, el nivel de educación inicial y subniveles de preparatoria y elemental han registrado un incremento significativo en las tasas de matriculación.
Hasta el 19 de septiembre de 2024, 30.326 niños, jóvenes y adultos han vuelto a las aulas.
"Todos al aula" es la iniciativa del Ministerio de Educación para que jóvenes y adultos puedan culminar sus estudios.
El Ministerio de Educación puso en marcha diversas iniciativas para identificar y reintegrar a la población que abandonó sus estudios durante el periodo 2022-2023.
Y una de estas es la estrategia “Todos al aula”, una propuesta que busca garantizar la inclusión educativa mediante acciones focalizadas en los territorios, la coordinación interinstitucional con otras entidades del Estado y la colaboración con organizaciones internacionales y de la sociedad civil.
El Ministerio de Educación puso en marcha diversas iniciativas para identificar y reintegrar a la población que abandonó sus estudios durante el periodo 2022-2023.
Y una de estas es la estrategia “Todos al aula”, una propuesta que busca garantizar la inclusión educativa mediante acciones focalizadas en los territorios, la coordinación interinstitucional con otras entidades del Estado y la colaboración con organizaciones internacionales y de la sociedad civil.
Homeschooling o educación en casa, una alternativa que cada vez más atrae a padres por la pandemia del coronavirus COVID-19 en Ecuador
La estrategia se centra en identificar y reincorporar a la población que está fuera del sistema educativo, logrando resultados concretos de acuerdo con los siguientes ejes:
Coordinación interinstitucional: Se han establecido alianzas estratégicas con otras instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la estrategia.
Atención personalizada: El Ministerio ha implementado un sistema de acompañamiento personalizado en el proceso de matrícula. Equipos de gestión territorial (EGT) realizan llamadas telefónicas y/o visitas puerta a puerta en casos excepcionales para asistir a las familias y garantizar que los estudiantes reciban el apoyo necesario.
Plataforma digital: Está habilitada para los procesos de matrícula ordinaria y extraordinaria el aplicativo https://juntos.educacion.gob.ec/, que permite realizar los trámites de matrícula de manera ágil, gratuita y segura.
“Todos al aula” da prioridad a la identificación de niñas y adolescentes gestantes o madres menores de 20 años que han abandonado sus estudios, así como a niños y adolescentes de 3 a 14 años que se encuentran fuera del Sistema Nacional de Educación. Esta labor se realiza en articulación con la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil.
Con esta estrategia, el nivel de educación inicial y subniveles de preparatoria y elemental han registrado un incremento significativo en las tasas de matriculación.
Hasta el 19 de septiembre de 2024, 30.326 niños, jóvenes y adultos han vuelto a las aulas.
El abogado de La Posta acaba de renunciar públicamente como representante de la compañía digital tras la filtración de un informe confidencial que había solicitado a la Fiscalía de Ecuador para proteger a Andersson Boscán. Aclaró que la Fiscalía nunca ocultó información.
Pese a mi cariño a La Posta, me resulta imposible permitir que se consume una injusticia. Mi deber, como hombre de bien, es decir públicamente la verdad.
Esta semana vimos a Andersson y a Moni partir a Canadá para salvar sus vidas y la de su inocente familia.
Ante ello, Andersson y Luis exhibieron al país un informe en el cual se lee claramente un plan trazado para asesinar a Andersson, el cual, en palabras de ellos, fue ocultado por Fiscalía, sobre el cual se habría ordenado no realizar investigación alguna y que habría llegado a sus manos porque un Fiscal, a espaldas de la Fiscal General, no pudo contenerse más y les entregó esas copias.
Vamos punto a punto. Primero veamos qué es verdad
1.Sí, el informe existe. Existió un plan para asesinar a Andersson y su vida en Ecuador era insostenible.
2.Sí, el informe para matarlo se halló en el teléfono de Cherrez
Pero yo, como abogado patrocinador del caso, sin revelar datos sometidos a reserva, les puedo garantizar que:
1.Fiscalía no ocultó la información. Es más, un año atrás nos lo informaron para que Andersson tome precauciones.
2.Siempre nos dieron acceso al informe y atendieron diligentemente todos mis pedidos.
3.El Dr. Fernado Guerrero, de la UNIDOT, jamás, ni por un segundo, dejó de investigar el caso, hasta hoy.
4.Hasta donde a mí me consta, Diana Salazar no ha metido sus narices en este caso ni ha ordenado paralizar la investigación.
5.Las copias del informe la solicité yo con una condición inquebrantable: que jamás se haga público y para que su uso exclusivo sea para que se les conceda un asilo justo y merecido. No es verdad que el Fiscal nos lo haya entregado en secreto. Lo hizo porque conforme al COFJ, era su obligación.
Luego, para mi sorpresa, vi que el informe se hacía público con la narrativa que expongo hoy.
Escribo esto porque si me callo, la única víctima será Fernando Guerrero, un fiscal al que conozco desde que yo era pasante con 18 años. Él es ejemplo de un funcionario público honesto, inquebrantable, de sabiduría envidiable. El Dr. Guerrero representa el ideal de lo que todo funcionario público debería ser y mi lealtad será siempre absoluta hacia hombres como él.
Me alegro de corazón que Andersson, Moni y sus hermosas hijas por fin tengan paz, pero no me pidan, nunca, que me calle ante una injusticia. No puedo permitir que sacrifiquen a un fiscal inocente.
Entiendo la motivación para haber incumplido su palabra conmigo: tener credibilidad. Pero, esa decisión tuvo un precio: sacrificar mi credibilidad, sacrificar el honor del abogado que durante siete años se enfrentó a enemigos que no eran suyos para defender su libertad de expresión.
Muchas cosas feas se dijeron de Andersson y de Luis. Les doy mi palabra que son mentira. Pero también les doy mi palabra que los desmentiré cuando lo que ellos digan no sea la verdad.
Muchos me han criticado por defender a Andersson y Luis. Sean libres de criticarme, que yo no les rindo cuenta a ustedes, sino a mi conciencia. Camino con la paz de haber ganado porque la razón y la ley siempre nos asistió.
Pero por todo lo expuesto informo públicamente que hasta hoy llega mi servicio como abogado de La Posta y a su maravilloso equipo. Formalmente he renunciado a seguir representándoles, deseándoles siempre una vida plena y llena de felicidad.
En esta vida cada quien tiene su brújula personal. Pero, cuando el Norte de cada uno cambia de dirección, es mejor desearse lo mejor y seguir cada uno su camino.
Con 40% y 22,3% respectivamente, según la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI)
Con un mega evento, en Ibarra, la Secretaria Técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), presentaron este jueves 12 de septiembre de 2024 los resultados de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI).
Roberto Castillo, director del INEC, detalló que el país ha logrado reducir casi un punto porcentual la tasa de prevalencia de desnutrición crónica infantil respecto al año anterior: de 20,1% a 19,3%.
Este avance ha sido posible gracias a un esfuerzo conjunto del gobierno ecuatoriano, la cooperación internacional y organismos como, el Banco Mundial y la CEPAL, mencionó Castillo.
Cada día nacen aproximadamente 723 niños en Ecuador, lo que resulta en un estimado de 264.000 nuevos nacimientos al año. De ese total, los niños menores de dos años son el grupo más vulnerable a la desnutrición.
“El enfoque del programa ‘Ecuador Crece Sin Desnutrición’ es crucial durante los primeros mil días de vida del niño, ya que en este periodo se define su desarrollo físico y cognitivo”, señaló Castillo.
Además, destacó que la encuesta, que se llevó a cabo en más de 20.000 hogares a lo largo de 12 meses, tiene los más altos estándares internacionales, permitiendo una evaluación precisa de la situación.
Impacto por provincias
La reducción de la desnutrición crónica infantil sigue representando un desafío estructural para el país, especialmente en las zonas rurales y entre las poblaciones más vulnerables, como los niños indígenas.
El informe señala que Chimborazo es la provincia con mayor prevalencia de desnutrición crónica infantil, alcanzando el 40% en menores de dos años.
En otras provincias, como Imbabura, la tasa se sitúa en el 22,3%.
Además, siete cantones presentan niveles críticos de desnutrición, con índices superiores al 40%. Estos cantones son Sigchos, Colta, Guamote, Taisha, Alausí, Sevilla del Oro y Deleg.
Castillo subrayó que la desnutrición crónica no es exclusivamente un problema de pobreza, sino que afecta a todas las capas sociales del país, con un impacto más severo en las comunidades indígenas.
Estrategias y avances
María José Pinto, Secretaria Técnica de Desnutrición Infantil y precandidata a la vicepresidencia del Ecuador, celebró el avance en la reducción de la desnutrición crónica infantil y destacó que más niños menores de dos años y mujeres embarazadas tienen acceso a servicios esenciales como la vacunación, controles de salud, alimentación saludable y agua potable.
Pinto también resaltó que el gobierno ha incrementado el presupuesto destinado a la primera infancia en 40 millones de dólares, alcanzando los 390 millones.
“Hemos logrado que una de cada dos madres brinde lactancia materna exclusiva a sus bebés, lo que ha sido clave para reducir la desnutrición”, afirmó Pinto.
Además, destacó el incremento del 7,5% en los controles prenatales y de salud en relación con el año pasado, así como el aumento del 4% en la cobertura de vacunación oportuna.
Agua de mala calidad
A pesar de los avances, el acceso al agua potable sigue siendo un reto importante en varias provincias del país. En este sentido, Castillo dio a conocer que existe una reducción en la prevalencia del agua contaminada con la bacteria Escherichia coli (E. Coli): del 38,7% al 32,9%.
Esta bacteria puede causar cólicos abdominales intensos, diarrea con sangre y vómitos.
30 mil niños están consumiendo agua de mejor calidad, aseguró el funcionario.
El informe revela que las provincias con mejor calidad de agua son: Pichicha, Azuay, Guayas e Imbabura; sin embargo, en la costa ecuatoriana, muchas viviendas no cumplen con los estándares de cloro residual en el agua, lo que pone en riesgo la salud de los niños.
“Es necesario que los gobiernos autónomos descentralizados prioricen la inversión en infraestructura de agua potable para combatir la desnutrición infantil”, enfatizó Castillo.
El periodista Andersson Boscán y su esposa Mónica Velásquez abandonaron Ecuador, este martes 10 de septiembre de 2024.
Boscán grabó un video y lo difundió a través de las redes sociales del medio digital La Posta, explicando el destino y las razones.
La noche de este martes, la pareja dijo que su salida del país es de forma indefinida y se dio por diferentes amenazas.
“A esta hora podemos confirmar que somos formalmente solicitantes de asilo ante el Gobierno de Canadá y nos encontramos ya en territorio canadiense”, señaló Velásquez.
La pareja informó que su salida se dio por “muchas amenazas” tras denunciar actos de corrupción y por eso han tenido que buscar un sitio para protegerse.
Andersson Boscán agradeció el apoyo de organizaciones internacionales como Reporteros sin Fronteras y Amnistía Internacional.
Velásquez aseguró que, en los últimos años, no han podido salir de su casa.
Boscán dijo que drones sobrevolaban cerca del cuarto de sus hijas y que sufrían amenazas cada semana.
La dirección de Inteligencia de la Policía Nacional “dirigió seguimientos contra nuestra familia”, manifestó Boscán.
Según el periodista, esto se demuestra con un documento de la Fiscalía.
Boscán y Velásquez señalaron que seguiran con el trabajo periodístico desde el exterior.
En un comunicado posterior, La Posta señaló que Boscán y Velásquez sufren persecución del crimen organizado y del propio Estado, principalmente, de la Fiscalía General del Estado “y los opacos cuerpos de inteligencia”.
En marzo de este año, la Fiscalía abrió una investigación contra Boscán por el presunto delito de acción pública, por supuestamente aparecer en los chats de Leandro Norero
Leandro Norero es un capo asesinado en la cárcel de Latacunga, cuyos chats dieron origen al caso Metástasis.
Boscán no está vinculado al caso Metástasis.
46 productores de la Asociación de Producción Agropecuaria Inter Chimborazo (Asopaich) se graduaron en las Comunidades de Aprendizaje de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) implementadas en el territorio por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Los graduados, en su mayoría mujeres, pertenecen al cantón Penipe y a las parroquias San Luis, Cubijíes, Yaruquíes, Quimiag y San Juan, del cantón Riobamba.
El evento se desarrolló en la comunidad Ayanquil, del cantón Penipe. Los participantes se capacitaron a través del equipo técnico del MAG, en el manejo de buenas prácticas agrícolas para fortalecer la actividad hortícola y de especies menores que desarrollan.
La agricultura familiar campesina es de vital importancia, por ello uno de los objetivos institucionales del MAG como ente rector y ejecutor de las políticas públicas agropecuarias, es fortalecer las capacidades de los productores, impulsando la asociatividad, señaló Jorge Ordóñez director distrital de Chimborazo.
Indicó que se continuará trabajando con el equipo territorial para que este grupo pueda formar una Agencia de Extensión Rural para que puedan seguir beneficiándose y potenciando su actividad agropecuaria, así como mejorar procesos de comercialización de forma asociativa .
Dinora Maldonado, coordinadora del Comité de Vigilancia de la Asociación, señaló que los conocimientos que han compartido los técnicos les ha permitido fortalecerse como organización y les ha beneficiado como mujeres organizadas para ser entes de producción para aportar económicamente en sus familias.
Por su parte Silverio Gamarra, productor de 80 años del sector la Inmaculada, manifestó su satisfacción de ser agricultor y haber participado en la capacitación. “Ya no sembramos con químicos, hacemos abono natural ; yo hago el biol y comparto con mis compañeros y seguimos adelante”.
Las Comunidades de Aprendizaje son escuelas de campo bajo la modalidad aprender- haciendo, para brindar capacitación permanente en el territorio, con el objetivo primordial de formar a nuevos ciudadanos y ciudadanas rurales que fortalezcan sus conocimientos y habilidades, respetando sus saberes ancestrales.
Los analistas Pedro Donoso y Tatiana Larrea examinan el panorama preelectoral y sostienen que hay una crisis de partidos y de representación. Todo a menos de un año de las presidenciales de febrero.
Desde el 12 de septiembre, Ecuador entrará en la etapa electoral, de cara a los comicios generales que se celebrarán el 9 de febrero de 2025. Todo, en medio de una crisis de partidos.
Son 17 binomios que buscan alcanzar el poder en los comicios generales, tras el cierre de la etapa de democracia interna o primarias.
De todos ellos, solo cuatro organizaciones políticas tienen precandidatos orgánicos. Es decir, aspirantes que pertenecen a las filas del movimiento y no han figurado antes en otra organización. Estos son: El Partido Social Cristiano (PSC), Revolución Ciudadana, Pachakutik y CREO.
El resto de precandidatos figurará por primera vez en una organización. Incluso, hay quienes ni siquiera tenían un movimiento o partido.
El consultor político y director Ejecutivo de Icare, Pedro Donoso, analiza este fenómeno y sostiene que Ecuador es un país de candidatos sin partidos y de partidos sin candidatos y sin ideología.
«Somos un país donde los candidatos presidenciales no tienen una relación militante con el movimiento que los auspicia», dice
Con este criterio coincide, Tatiana Larrea, consultora política y Directora de Investigación del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (CIEES), quien argumenta que, actualmente, en Ecuador hay una crisis de representación de partidos políticos.
«Vemos figuras sin partido. Hay pocas organizaciones que pueden sacar candidatos de sus filas y eso es señal de debilitamiento», enfatiza.
Entretanto, Donoso considera que este fenómeno es grave, pues cuando el candidato alcanza una esfera de poder, no tiene una relación política con el movimiento que lo auspició en el proceso electoral.
Larrea, en cambio, recalca que es importante que las organizaciones políticas formen sus propios cuadros. Pero esto, dice, no ha pasado en Ecuador.
Algunos ejemplos
Esta problemática se evidencia al analizar precandidaturas como la de Víctor Araus, general en servicio pasivo de la Policía, quien anunció su precandidatura presidencial, pero no tenía un movimiento que lo represente. Finalmente, fue anunciado por Pueblo Igualdad Democracia.
O la aspiración de Andrea González. En las elecciones anticipadas de 2023, fue candidata a la Vicepresidencia con Fernando Villavicencio (+), por el Movimiento Construye. Para esta carrera electoral ha decidido aliarse con Fuerza Valiente y con el Partido Sociedad Patriótica, del expresidente Lucio Gutiérrez.
Sin embargo, el 22 de agosto de 2024, la organización Fuerza Valiente, retiró el apoyo a González.
Henry Cucalón es otro ejemplo.
El político ha pasado por varias organizaciones. Desde 2013 hasta 2021 fue asambleísta por el Partido Social Cristiano. Luego, figuró como ministro de Gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Hoy, Cucalón es la carta del movimiento Construye, de María Paula Romo, exministra de Lenín Moreno.
ORGANIZACIÓN POLÍTICA LISTA BINOMIO
Partido Sociedad Patriótica Lista 3 Andrea Gonzáles y Galo Moncayo
Izquierda Democrática Lista 12 Carlos Rabascall y Alejandra Rivas
Acción Democrática Nacional Lista 7 Danie Noboa y María José Pinto
Movimiento RETO Lista 33 Eduardo Sánchez y Katya Caicedo
Movimiento Creo Lista 21 Francesco Tabacchi y Blanca Sacancela
Movimiento Construye Lista 25 Henry Cucalón y Carla Larrea
Partido Social Cristiano Lista 6 Henry Kronfle y Dallyana Passailaigue
Democracia Sí Lista 20 Iván Saquicela y Martha Rizzo
Movimiento SUMA Lista 23 Jan Topic y Mishelle Calvache
Unidad Popular Lista 2 Jorge Escala y Pacha Terán
Centro Democrático Lista 1 José Serrano y Ana Cristina Bernal
Movimiento Amigo Lista 16 Juan Iván Cueva y Cristina Reyes
Movimiento Pachakutik Lista 18 Leonidas Iza y Katiuska Molina
Avanza Lista 8 Luis Felipe Tillería y Karla Rosero
Revolución Cuidadana Lista 5 Luisa González y Diego Borja
Partido Socialista Lista 17 Pedro Granja y Verónica Silva
Pueblo Igualdad Democracia Lista 4 Victor Araus y Cristina Carrera
Este viernes 23 de agosto de 2024 se realizó la colocación de la primera piedra para la regeneración urbana de la Avenida Chimborazo, con la presencia del alcalde del cantón, Frantz Joseph, concejales, directores de Obras Públicas y Planificación, así como residentes del barrio La Estación y miembros de la sociedad civil.
Este proyecto, solicitado a anteriores administraciones hoy se hace realidad gracias a la actual gestión. La regeneración abarcará 770 metros desde la entrada a la Gruta de la Virgen, beneficiando directamente a 300 habitantes y a 3,000 de forma indirecta.
Oswaldo Rosero, director de Obras Públicas del GADMCH, detalló que la obra incluirá el levantamiento y la colocación de adoquines ornamentales de 10x20x6 cm. Aclaró también que la línea férrea se retirará temporalmente durante las obras, para ser reinstalada una vez concluido el proyecto. “La vía posee grandes deterioros y gracias a la administración del señor alcalde Frantz Joseph hoy colocamos la primera piedra, los trabajos que se van a realizar son: levantamiento de adoquín, colocación de adoquín ornamental 10X20X6CM” dijo
El inicio de los trabajos está previsto para el 24 de agosto del presente año y el plazo de ejecución es de 90 días, con un presupuesto de USD 162,456.31. El contratista a cargo es el ingeniero César Novillo Saltos quien dio detalles de los trabajos a ejecutarse. “La calzada tendrá un ancho promedio de 6 metros más 2 metros de aceras en cada lado. La avenida estará diseñada para soportar un tráfico futuro de aproximadamente 542 vehículos, con una velocidad máxima permitida de 50 km/h” indicó.
En su discurso, el alcalde Frantz Joseph reconoció la perseverancia de los residentes del barrio y se comprometió a que el proyecto será uno de los grandes logros para el cantón. "Hoy empieza un sueño para los moradores de este barrio. Este proyecto no solo es mi labor, sino también de los concejales y todo el equipo municipal," afirmó.
Walter Díaz, presidente del barrio La Estación, agradeció a las autoridades por hacer realidad la regeneración de la avenida. Recordó las dificultades sufridas en el pasado, especialmente durante el invierno, y expresó su gratitud por el cumplimiento del compromiso por parte de la administración. "Antes nos inundábamos en invierno y sufríamos con el polvo en verano. Hoy agradezco al alcalde por cumplir con su promesa," señaló.
German Peñafiel, también residente del barrio La Estación, expresó su agradecimiento y alegría por el inicio de la obra. Se comprometió a cuidar y mantener el trabajo una vez finalizado. "Nos comprometemos a cuidar los trabajos y, durante la ejecución, brindar apoyo a los trabajadores, ya que este proyecto es para todos," concluyó.
- Estas compañías fueron creadas y operan, a pesar de existir investigaciones en Fiscalía por narcotráfico:
1.- RIOMEL GOLD CORPORATION CIA LTDA.
Empresa constituida el 31 de octubre de 2023, en Guayaquil, Puerto Santa Ana. después de las denuncias de la Posta.
Estado: Activa.
Objeto social de la compañía es la extracción y dragado de arenas para la industria, arenas para la construcción, grava y gravilla.
Extracción de oro, playa y platino.
Suscripción por constitución:
Lalangui Medina Julio César
Dritan Gjika
Observaciones: La empresa constituida después de la publicación León de Troya o El Gran Informe en el Gobierno de Guillermo Lasso, en el documento tiene logo, firma y sello de su gobierno. Los accionistas son Julio César Lalangui y Dritan Gjika, con la misma cantidad de acciones $ 500.000 cada uno.
2.- CANNMANÁ S.A.S.
Empresa constituida el 17 de agosto de 2021, en La Maná provincia de Cotopaxi.
Estado: B.I.C. en liquidación.
Activa hasta 5 de marzo de 2024.
Objeto social son actividades de importación, siembra, cultivo, cosecha, pos cosecha, almacenamiento y comercialización de canabis.
Suscripción por constitución:
Lalangui Pillasagua Bryan Alexis
Dritan Gjika
Lalangui Medina Julio César, alias El Agrónomo
Alcívar Barrionuevo Fidel Gregorio
Observaciones: La empresa CANNMANÁ hace referencia a las oficinas de la empresa AGRICOMTRAD, que opera frente al Estadio, que se encuentra activa.
3.- AGRICOMTRADE S.A.
Empresa constituida el 11 de mayo de 2015 en Guayaquil. Sky Building.
Estado: Activa.
Objeto social es la venta al por mayor de banano y plátano. Cultivo de arroz, incluído el cultivo orgánico y el cultivo de arroz genéticamente modificado.
Venta de empresa el 23 de febrero de 2024.
Venta: Dritan Gjika
Compra: Lalangui Pillasagua Bryan Alexis
Observaciones:
El accionista es el hijo de Lalangui Medina Julio César, alias El Agrónomo.
4.- CRESMARK S.A.
Empresa constituida el 21 de febrero de 2014, Guayaquil. Sky Building.
Estado: Activa.
Objeto social dedicada a la exportación e importación de toda clase de productos agrícolas tales como banano, frutas y vegetales.
Venta de empresa el 28 de enero de 2022.
Venta: Spahiu Erjon – Extranjero
Compra: Dritan Gjika
La cartera de Estado indica que fortalece sus acciones y estrategias en las nueve coordinaciones zonales en vigilancia epidemiológica.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó este lunes que no se registran casos de viruela símica en el pais causados por la variante Mpox Clado lb, cepa que provocó la declaración de la emergencia sanitaria a escala internacional, anunciada el pasado 14 de agosto por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Sin embargo, detalla que en 2024, en Ecuador se identificaron cinco casos de viruela de mono, correspondientes a la cepa Monkeypox Clado II (brote anterior), identificado mediante técnica de gPCR, a través de pruebas realizadas por el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI).
El último caso corresponde a un ciudadano ecuatoriano de 34 años, en la semana epidemiológica 33 (11 al 17 de agosto).
En primera instancia, el paciente requirió manejo hospitalario, pero actualmente cumple asilamiento domiciliario en condiciones estables, con seguimiento especializado por el MSP. Se agrega que los casos presentados en el país están monitorizados, estables y ambulatorios, y no corresponden a la nueva cepa Mpox Clado lb.
Ante esta nueva cepa, el MSP informa que fortalece sus acciones y estrategias en las nueve coordinaciones zonales en vigilancia epidemiológica, donde se difunde acciones de prevención, detección temprana, seguimiento, control y monitoreo frecuente para evitar posibles contagios. Además, se brinda información dirigida a la población general, con énfasis en grupos de población clave y vulnerable.
Recuerda a la población continuar con las medidas de prevención como: la higiene de manos, evitar contacto con personas que presenten erupciones o síntomas, uso de protección en relaciones sexuales, búsqueda de atención médica oportuna si se presenta fiebre, erupciones mucocutánea o ganglios inflamados.
Es indispensable no automedicarse y, en caso de presentar síntomas, acudir al médico o centro de salud más cercano.
Pasó toda la noche en medio del frío con temperaturas entre los 12 y 15 grados, habría utilizado la paja del páramo para protegerse.
“La paja ya no valía (para protegerme), busqué otro hueco y ahí me metí. Luego, al amanecer, corrí para arriba a ver si asomaba alguien”. Ese fue parte del relato de un niño de 6 años que permaneció extraviado en las inmediaciones de los Illinizas desde la tarde del miércoles 14 hasta la mañana de hoy jueves, 15 de agosto, que se le encontró.
El menor permaneció a la intemperie por más de doce horas en una zona en donde las temperaturas oscilan entre los 12 y 15 grados centígrados, por lo que tuvo que soportar la oscuridad de la noche y el frío del páramo.
La alerta a través del ECU911 se generó a las 18:48 de este miércoles, cuando una llamada de los padres del menor informó que el niño se había extraviado desde hace dos horas en las inmediaciones de los Illinizas, en el sector San Juan de Pastocalle, cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi.
Luego de la alerta, la sala operativa ECU911 Cotopaxi coordinó con personal especializado en alta montaña del Cuerpo de Bomberos de Latacunga y Policía Nacional para las acciones de búsqueda y rescate del menor.
El rastreo se realizó con ayuda de voluntarios de la comunidad, pero lamentablemente sin resultados positivos. Debido a las condiciones climáticas de la noche, las labores del miércoles se suspendieron y fueron retomadas en la mañana de este jueves 15 de agosto.
A las 10:00 de este jueves, luego de las labores de ubicación y rescate, comuneros del sector y personal de las instituciones articuladas localizaron al menor.
Luego de darle los primeros auxilios, en compañía de sus familiares fue trasladado a una casa de salud para que reciba una atención más especializada y descartar alguna dificultad en su salud.
El menor estaba en condiciones estables, se informó desde el ECU911.
Con la finalidad que el Estado genere mecanismos adecuados para el ejercicio de la democracia comunitaria, que garantice el derecho de los pueblos y nacionalidades a la autodeterminación y autonomía para garantizar a los ciudadanos la efectiva participación en la designación de sus autoridades, la legisladora Carmen Tiupul presentó el proyecto de reforma a los artículos 3 y 25 al Código de la Democracia.
La legisladora por la provincia de Chimborazo, fundamenta su propuesta normativa en el derecho comparado, Sentencia de la Corte Constitucional N° 1779-18-EP/21, del 28 de julio de 2021, párrafos 66 y 67, Constitución de la República y experiencias de ejercicio de democracia comunitaria en pueblos y nacionalidades, como en la parroquia Cacha y otras.
En la reforma propone que el Estado adopte medidas de acción afirmativa para la participación de los sectores discriminados, promueva y reconozca la designación de las autoridades de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades en el ejercicio del derecho a la autodeterminación.
Precisa que, la democracia comunitaria será entendida como el respeto y ejercicio de los derechos colectivos identificados en las costumbres y tradiciones de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que a través de decisiones colectivas mediante la aplicación de la democracia comunitaria eligen y designan a sus autoridades para que los representen frente al Estado.
En este sentido, el Estado reconocerá sus normas y procedimientos propios, para el ejercicio del derecho a la organización social y designación de sus autoridades.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) garantizará que el proceso de democracia comunitaria se desarrolle sin interferencia o imposiciones de parte de la estructura del Estado, reglamentará y establecerá las condiciones necesarias para su efectiva aplicación.
El CNE elaborará el reglamento para el registro del ejercicio de la democracia comunitaria y de sus autoridades electas, mediante procedimientos propios a favor de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y montubio.
La Arcotel señala que el cliente debe notificar a la operadora con 15 días de anticipación para evitar cobros adicionales.
Como un dolor de cabeza, así describe Iván el proceso para suspender su plan de Internet y telefonía. Contó con el servicio durante 11 años y, cuando se cambió de casa, no se imaginó lo que le esperaba.
Los problemas se agudizaron cuando Iván canceló el servicio de Internet, pero asegura que, desde la operadora, continuaron descontándole de su cuenta bancaria durante cinco meses un servicio que ya no ocupaba.
Le mantuvieron en un constante ir y venir asegurándole que revisarían su caso. Pero no fue así, incluso, fue a la Defensoría del Pueblo a denunciar el caso, pero tras oficios, papeleos y ofrecimiento de ayuda, tampoco obtuvo una solución.
Algo similar, pero con otra marca telefónica, le sucedió a Darío, a quién le ofrecieron un plan de celular y los beneficios que ello suponía.
Cuando quiso cancelar el plan, por el cobro de precios indebidos, a Darío no le dejaron salirse y le indicaron que debía seguir pagando, caso contrario perdería su número y lo habrían amenazado con seguirle un juicio.
Asistió a la Defensoría del Pueblo, pero tampoco le habrían ayudado.
De acuerdo con denuncias ciudadanas, la cancelación de estos servicios se da en su mayoría, por inconvenientes o fallas no resueltas de manera oportuna en el servicio.
Desde las empresas y telefónicas aseguran que, para cancelar el servicio, el usuario no debe tener deuda con la empresa, además, tener presente el día de facturación y los días que tiene para que no se vuelva a facturar el servicio.
De su parte, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) señala que el cliente debe notificar a la operadora con 15 días de anticipación para evitar cobros adicionales.
Por la #violación a su sobrina política, con base en las pruebas presentadas por la #Fiscalía, un Tribunal de Garantías Penales de Chimborazo declaró culpable a Olger Efrén M. O. y lo sentenció a veintinueve años con seis meses de pena privativa de la libertad.
En la audiencia de juzgamiento, el Fiscal de la Unidad de #Violencia de Género 1 expuso ante los jueces los testimonios de los #peritos que realizaron los informes psicológico y de entorno social practicado a la víctima. También se reprodujo el testimonio anticipado de la agraviada.
Asimismo, los jueces escucharon la conclusión del informe #médico-legal ginecológico, el detalle del reconocimiento del lugar de los #hechos, los testimonios de familiares, entre otros.
De esta forma, Fiscalía demostró que las #agresiones empezaron en 2015, en un inmueble ubicado en el cantón Riobamba, cuando el hoy sentenciado habría aprovechado que la niña (en aquel entonces de 8 años) se quedaba en la casa que compartía con su esposa (tía de la menor de edad), para cometer el #delito.
Desde esa fecha, Olger Efrén M. O. esperó los momentos en que su sobrina política estaba #sola y, mediante amenazas, la atacó en varias ocasiones, hasta que la #víctima cumplió 10 años.
Luego de varios años, cuando la agredida tenía 15 años, superó el #temor y contó a sus familiares lo sucedido, quienes presentaron una denuncia en #Fiscalía, para el inicio del proceso en contra del agresor que concluyó con una sentencia, al comprobarse su responsabilidad en el delito.
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La #Fiscalía procesó este caso con base en lo dispuesto en el artículo 171, inciso segundo, numeral 3, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el #delito de violación con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años. La pena se incrementó porque se consideraron las circunstancias agravantes de la infracción.
La alianza de organizaciones políticas de izquierda va tomando forma. La Coordinación Nacional de las Organizaciones Sociales de Izquierda y Progresismo buscaría unificar las candidaturas para las elecciones de febrero de 2025.
Son cinco fuerzas de izquierda que ya han celebrado dos mesas de diálogo. Estas son:
Revolución Ciudadana
Pachakutik
Partido Socialista Ecuatoriano
Centro Democrático
Reto
En estos encuentros, los bloques acordaron un pacto ético de no agresión. Además, se comprometieron a deponer diferencias y trazar una hoja de ruta que se concrete en un proyecto político para las elecciones generales.
Las fuerzas no descartan unificar una candidatura o, a su vez, apoyarse en caso de que un binomio llegue a segunda vuelta.
Entretanto, para este lunes 12 de agosto está prevista una nueva mesa de diálogo entre las cinco organizaciones políticas.
Andrés Arauz, representante de la Revolución Ciudadana en estos diálogos, aclaró que cada movimiento debe celebrar sus primarias y designar a sus precandidatos a la Presidencia, Asamblea Nacional y Parlamento Andino.
En su cuenta de la red social X, el economista precisó que luego de los procesos de democracia interna, el plazo para inscribir una alianza en el Consejo Nacional Electoral (CNE) vence el 30 de agosto.
«Y luego, las organizaciones políticas que aspiren a ir juntas deben acordar un binomio conjunto», puntualizó.
En caso de una alianza oficial, se deberá elegir un solo binomio que represente a los cinco bloques. Lo mismo sucederá con los precandidatos a la Asamblea.
«Si somos cinco partidos, son 10 nombres. De esos 10 nombres deberá salir el binomio de la Alianza. Igual caso para la lista de asambleístas nacionales. Si se hace alianza, la lista conjunta debe reflejar esa unidad. Ese plazo vence el 1 de octubre», precisa.
A criterio de Andrés Arauz, «lo lógico sería escoger a la combinación de nombres con más probabilidades de derrotar a la derecha oligárquica».
Otro asambleísta de Construye abandonó el bloque legislativo. Jorge Chamba, quien alcanzó una curul con el movimiento de María Paula Romo se fue con el oficialismo Acción Democrática Nacional (ADN).
Chamba- asambleísta por Guayas Distrito 1- apareció en la convención nacional del Movimiento ADN, que se celebró en Quito, el pasado 9 de agosto.
«He sido invitado por el partido de Gobierno. He venido a sumarme a esta lucha. Yo no tengo banderas políticas», dijo el exconstruye.
El legislador dijo que abandona Construye sin resentimientos, «cuando el barco sale a flote». Se espera que Chamba sea uno de los precandidatos a asambleístas provinciales, por ADN, en las elecciones de 2025.
De esta manera, Construye se queda con 13 integrantes y pierde el número mínimo (14) que se necesita en la Asamblea Nacional, para conformar una bancada legislativa.
Antes de Chamba, Nataly Morillo también se desvinculó del bloque.
¿Qué beneficios tiene una bancada?
Una bancada se constituye legalmente con 14 asambleístas. Esto le da derecho a una vocalía en el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Aunque Construye nunca tuvo un representante en el CAL.
Además, abre la posibilidad de estar y participar en las reuniones con el Presidente de la Asamblea, para definir la agenda parlamentaria.
Asimismo, una bancada tiene el derecho a tener asesores únicamente para este bloque.
Sin embargo, Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, explica que en la ley no se establece qué pasa cuando una bancada, que ya se constituyó legalmente, se queda sin el número mínimo.
En este caso, puntualiza Celi, Construye podría adherir a uno o dos integrantes para tener la cantidad necesaria de integrantes que requiere una bancada.
«Construye no deja de llamarse bancada», aclara.
Las bajas de Construye
En noviembre de 2023, la bancada de Construye, del movimiento liderado por la exministra María Paula Romo, inició este periodo legislativo de transición con 28 integrantes, con la alianza con Gente Buena.
En ocho meses, el bloque perdió la mitad de sus asambleístas. Tras sufrir la separación de los legisladores de Gente Buena, se quedó con 19 miembros.
Luego, los asambleístas: Sofía Sánchez, Carla Cruz, Andrea Rivadeneira, Alexandra Castillo y Francisco Cevallos y Nataly Morillo abandonaron el bloque.
Con la salida de Chamba, Construye sufre una nueva baja y se queda con 13 legisladores.
Un policía vestido de civil disparó e hirió a dos adolescentes que habrían intentado robarle su motocicleta mientras se movilizaba en esta, tras finalizar su jornada laboral, en el sur de Guayaquil.
El agente se movilizaba aproximadamente a las 23h00, a lo largo de la avenida 25 de Julio, por el sector Siete Lagos, cuando tres menores, dos de 15 y uno de 17 años, lo interceptaron en un vehículo.
De acuerdo al jefe subrogante del distrito Sur, Freddy Ávalos, cuando el policía involucrado vio a uno de los menores de edad levantar un objeto con características similares a un arma de fuego, disparó para defenderse, aplicando el uso progresivo de la fuerza.
Los adolescentes alcanzados por los proyectiles balísticos fueron trasladados a un centro de salud, en el que permanecen en condición estable. El otro joven, que resultó ileso, fue aprehendido.
Los tres fueron procesados. No obstante, en la audiencia de flagrancia por el presunto intento de robo, el juez encargado dispuso que solo uno sea aislado provisionalmente y que los otros dos sean liberados con medidas sustitutivas, como la prohibición de salida del país.
Cuestionada decisión del juez
“Nuestros eruditos magistrados, según su lógica jurídica, manifiestan que no pueden quedar detenidos porque el compañero policía debía haberse dejado robar para que después pueda recuperar (la moto)”, reprochó Ávalos.
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“Bajo esa lógica, nos están diciendo (que) esperemos (a) que los policías sean agredidos, disparados, para después reaccionar. No encontramos lógica”, acotó, lamentándose.El jefe policial agregó que las leyes referentes a la detención preventiva de menores de edad debe endurecerse e inclinarse a favor del accionar de los policías, quienes, según relata, actualmente deben esperar a que primero le disparen para así poder disparar su arma de dotación, dentro de los márgenes de la Ley.
Desde inicios de año, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elevó la lucha contra la inseguridad a la categoría de "conflicto armado interno", con el que pasó a catalogar a las bandas de crimen organizado como grupos terroristas.
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A estas agrupaciones, dedicadas principalmente al narcotráfico, se les atribuye la ola de violencia que azota a Ecuador y que le ha llevado a figurar como el país con más homicidios per cápita del continente americano, al registrar 47,2 por cada 100.000 habitantes en 2023, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).
La Policía Nacional informó sobre las acciones que ejecutará durante este feriado del 10 de agosto. En total 55.288 policías estarán desplegados a nivel nacional. El operativo inició este 8 de agosto a las 12h00 y culminará a las 00h00 del 12 de agosto.
En los ejes viales y terminales terrestres existirá la presencia de 1.310 uniformados. También se desplegarán a zonas de montaña, rutas de senderismo, sitios turísticos, playas, balnearios, iglesias y actividades públicas.
La Policía coordinará acciones conjuntamente con el ECU 911, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Salud Pública, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Agencia Nacional de Tránsito; entre otras instituciones.
En las carreteras también se intensificará la presencia policial en las provincias de: Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, Manabí, Esmeraldas tanto a nivel de transporte de carga o pasajeros.
La Policía vigilará la seguridad en eventos masivos
Quito contará con 14 eventos en los que la Policía intervendrá para evitar situaciones de inseguridad.
Mapping Quito Luz de América se desarrollará desde el 8 al 10 de agosto, 300 servidores policiales se encargarán del control de la seguridad de este evento.
Durante esos días varias vías permanecerán cerradas por eso la Policía recomienda el uso de las siguientes vías alternas: Av. Mariscal Sucre, Av. Velasco Ibarra, Av. Pichincha, Av. 10 de agosto, Av. Gran Colombia, Viaducto 24 de mayo.
El metro estará habilitado 24 horas
Durante este feriado el Metro de Quito estará habilitado las 24 horas. Se ha establecido a la parada de San Francisco como zona de llegada al centro de la capital y para salir se habilitará la estación 24 de mayo.
Partidos de fútbol
La Policía también vigilará la seguridad durante varios cotejos deportivos. El sábado en el Estadio Rodrigo Paz Delgado será el partido LDU- Cumbayá y el partido Católica -Libertad en el Estadio Olímpico Atahualpa. El domingo será el partido de fútbol entre Nacional vs. Macará.
Cuando se detecta contaminación en los alimentos, las empresas están obligadas a retirarlos de la percha, sin embargo, no siempre se cumple.
Algunos lotes de alimentos de leche, quesos, morcilla, canela y otros, han sido detectados con contaminación microbiológica y con metales pesados, así lo han revelado informes de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), luego de realizar procesos de análisis sanitario.
¿Qué ocurre con estos alimentos contaminados?
Cuando la Arcsa detecta anomalías en los productos, establece dos acciones importantes:
El retiro inmediato de las perchas donde se comercializan.
Y, el análisis del resto de lotes para determinar si hay más contaminación.
Según la información que se encuentra en la página web de la Arcsa, de los 26 productos que han registrado alertas, apenas 11 fueron retirados de percha. El resto (58% de los productos con anomalías) continúa siendo comercializado.
Esta información se ha transparentado desde diciembre de 2023.
Control sanitario
El área de comunicación de la Arcsa explicó a Radio Pichincha que la entidad realiza aleatoriamente los controles sanitarios en productos alimenticios. Lo hace sobre uno de todos los lotes, a fin de tomar una muestra.
Cuando la Arcsa detecta algún tipo de contaminación se notifica a la empresa a cargo y se le pide que haga un examen sobre todos los lotes de alimentos, para posteriormente presentar un informe a la autoridad competente y así poder comercializarlos.
“El informe debe ser presentado de manera inmediata, dentro del proceso sancionatorio que se abre una vez que se ha notificado la irregularidad”, indicó la Arcsa.
Acciones de la Arcsa
Cuando se detecta contaminación en los alimentos, las empresas no solo están en la obligación de retirarlos de la percha, sino que se ordena incinerar los productos. En caso de que esto no se cumpla, la entidad emite sanciones severas.
Para ello, según el área de comunicación de la entidad, existen funcionarios a escala nacional que se dedican a verificar el cumplimiento de disposiciones.
¿Qué ha ocurrido con los productos contaminados y comercializados?
En la página de transparencia de la Arcsa no se hace un seguimiento sobre el cumplimiento de retiro de percha de alimentos contaminados, es así que constan 15 productos, que pese a tener irregularidades, continuaron a la venta al público.
Se trata de:
Arroz
Agua envasada de diferentes marcas con gas y sin gas
Leche entera ultra pasteurizada
Mantequilla con sal
Queso entero semiduro de diferentes marcas
Queso parmesano rallado
Tipo de contaminación
La contaminación detectada en los diferentes productos es por:
Arsénico (metales pesados)
Microbiológica con aerobios mesófilos
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Incumplimiento de esterilidad
Enterobacterias
Listeria Monocytogenes
Plomo
Algunos de estos contaminantes pueden causar infección intestinal, infecciones en el tracto urinario, fiebre, diarrea, entre otros.
La #sentencia condenatoria –mediante procedimiento abreviado– contra Estiben Sesmith G. C. y Alexis Israel S. A. fue ratificada por la #Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo.
#Fiscalía demostró –en segunda instancia– que los #procesados son coautores del delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a #fiscalización a mediana escala, por lo que deberán cumplir treinta y veinticuatro meses de pena privativa de libertad, respectivamente.
Según lo expuesto por Fiscalía, el hecho #investigado ocurrió la noche del 24 de febrero de 2024, en el sector de “La Camilo Ponce”, en #Riobamba. Agentes de Policía cumplían con un patrullaje preventivo en el sector, cuando observaron que Alexis Israel S. A. se acercó a un #vehículo, que era conducido por Estiben Sesmith G. C., y realizaron un “cruce de manos”.
Al percatarse de la presencia policial, Estiben Sesmith G. C. guardó bajo el asiento del automotor una #funda, misma que los #agentes de Policía registraron, encontrando en su interior una sustancia verdosa, que dio positivo para #marihuana (con un peso neto de 120 gramos).
Los dos fueron aprehendidos en #delito flagrante.
En el desarrollo de la audiencia de apelación, la #Fiscal del caso señaló que –en su momento– se presentaron las pruebas que demostraron la materialidad de la infracción y la culpabilidad de Estiben Sesmith G. C. y Alexis Israel S. A. y que las mismas fueron valoradas por el Tribunal de primera instancia, que dictó la #sentencia correspondiente en abril de 2024.
Entre estas se incluyeron: el informe de #reconocimiento de evidencias, testimonios de los #agentes aprehensores, el informe de #reconocimiento del lugar de los hechos, el informe de verificación y pesaje de la #sustancia, la pericia química de la #sustancia decomisada, entre otras.
Con lo expuesto, #Fiscalía solicitó a la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo que la #condena de primera instancia sea ratificada en todas sus partes, lo que fue aceptado por los magistrados.
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Fiscalía procesó este caso por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tipificado en el artículo 220, numeral 1, literal b (mediana escala), del #Código Orgánico Integral Penal que se sancionaba, a la fecha de hechos, con pena privativa de #libertad de tres a cinco años. Sin embargo, en este caso se aplicó el procedimiento abreviado, lo que permitió la #reducción de la pena.
La oficial fue abusada sexualmente, pues tenía hematomas en el cuerpo, incluidas sus partes íntimas. Además las lesiones revelan “que fue retenida por varias personas para ser violada».
El caso de la subteniente de logística, Aidita Ati, asesinada en el Fuerte Militar Napo, presenta novedades.
La autopsia final revela que la militar fue violentada sexualmente en forma brutal, con golpes en todo el cuerpo.
Según el nuevo informe, se observa un “presunto abuso sexual con fisuras” y enrojecimiento e inflamación en el himen.
La oficial tenía hematomas en el cuerpo, incluidas sus partes íntimas. Además, las lesiones revelan que “fue retenida por varias personas para ser violada», indicaría un parte médico del caso, al cual accedió Ecuavisa.
La nueva información está en conocimiento del Tribunal de la Corte de Justicia de Orellana, que ordenó la prisión preventiva de los cuatro militares sospechosos, quienes están recluidos en la cárcel 4, de Quito, para evitar su fuga o injerencia en las investigaciones.
Los sospechosos son investigados como autores y coautores del delito de femicidio.
La subteniente fue encontrada sin vida, en el Fuerte Militar Napo el pasado 29 de junio de 2024, en el Fuerte Militar N.º 19 de Napo, en la provincia de Orellana.
Según la hipótesis de la Fiscalía, la joven de 25 años, fue asfixiada para evitar que identifique a los autores.
Ayer el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, informó que se han reforzado los protocolos de género en las entidades militares, para evitar que se repitan es tipo de casos.
Loffredo anunció que se implementó un botón de pánico para que puedan pedir ayuda en caso de ser necesario y que se proporciona asistencia psicológica a los familiares de Aidita Ati.
La Conaie oficializa a Leonidas Iza como su candidato presidencial
Luego de una larga sesión de Consejo de Gobierno, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) escogió la noche del 20 de julio a Leonidas Iza como su candidato presidencial para las elecciones de 2025.
La noticia la dio a conocer Apawki Castro, exdirigente de la Conaie y hoy coordinador de Pachakutik, quien resaltó que la elección de Iza se realizó en consenso.
Desde la mañana del sábado, Conaie, Ecuarrunari y Confeniae se reunieron en Conocoto, al sureste de Quito, para definir un candidato para las próximas elecciones presidenciales, posibles alianzas e incluso eventuales movilizaciones por el encarecimiento de las gasolinas en el país.
Iza ha recibido el cobijo también dePachakutik para ser un contendor en los comicios 2025. El pasado 8 de junio la organización lo seleccionó en una convención nacional.
Las barajas presidenciales se empiezan a definir, pues para mediados de agosto ya deben inscribir sus nombres en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Un choque frontal entre un bus interprovincial y un carro particular ocurrió en el sur de Cuenca esta madrugada.
Choque entre un bus de pasajeros y un carro particular en la Panamericana Sur, Cuenca, en Azuay, el 22 de julio de 2024.- FotoCruz Roja del Azuay
Un trágico accidente de tránsito ocurrió la madrugada de este lunes 22 de julio en el kilómetro 13 de la vía Panamericana Sur, en el sentido Cuenca- Cumbe, en Azuay.
Un choque frontal entre un bus interprovincial de la cooperativa Viajeros y un carro particular dejó seis personas fallecidas y dos heridas, según el reporte preliminar de la Cruz Roja del Azuay.
Al sitio del siniestro acudieron también paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Cuenca y del Ministerio de Salud, quienes atendieron a los heridos y los trasladaron a casas de salud.
Personal del Cuerpo de Bomberos confirmó que de las seis víctimas, tres son menores de edad y los otros tres son adultos.
La parte delantera del vehículo quedó destrozada, las piezas del carro quedaron regadas en la vía, mientras que el bus terminó con el parabrisas roto.
Personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador se encuentra en el sitio mientras se habilita la vía por completo.
Wilman Terán habló de Diana Salzar y dejó hilos sueltos. En su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional, el 17 de julio, el expresidente del Consejo de la Judicatura mencionó su relación con la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
Ante los legisladores, Terán presentó supuestos chats que mantuvo con la fiscal. Estas conversaciones, dijo el exvocal, fueron periciadas y certificadas de que no tienen alteraciones.
Los diálogos se habrían dado a través de la red de mensajería Signal, que tiene mayor seguridad y cifrado que WhatsApp.
Según Wilman Terán, estos chats evidenciaría la injerencia de la Fiscalía General del Estado en casos de connotación nacional como el del exasambleísta Peter Calo, Purga, Freddy Carrión o el Caso Sobornos.
Asimismo, se revelarían supuestas presiones o intimidaciones a jueces de la Corte Nacional de Justicia. El expresidente del Consejo de la Judicatura pidió que se investiguen los procesos judiciales, abiertos en contra de los magistrados nacionales.
«Se pone en complicidad con otros jueces, porque los jueces de la Corte Nacional están intimidados, en su mayoría, con investigaciones previas. Y solicito que fiscalicen y pidan todas las investigaciones contra los jueces y juezas nacionales y provinciales».
«Están bajo la amenaza extorsiva que si no cumplen los deseos de la Fiscalía, esas investigaciones avanzarán», dijo.
Pero no solo eso. Wilman Terán también dijo que en estas comunicaciones se menciona como Diana Salazar «salva a funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) de procesos disciplinarios».
Además de una posible incidencia en el concurso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia.
enganza y mentiras de Diana Salazar?
En su comparecencia en la legislatura, el extitular de la Judicatura sostuvo que es víctima de persecución por parte de la fiscal Salazar. De acuerdo con su discurso:
«Hay una vendetta. Hay una forma de persecución. Persiguió a asambleístas y ahora persigue a quien tiene una bancada. Si no es así, que se le ha subido el cargo para empezar una persecución desmedida contra inocentes, soliciten una verdadera fiscalización», animó.
Wilman Terán también dijo que Diana Salazar miente.
«Yo no escribí los mensajes. A mí me mintió diciendo que viajó a México», resaltó el exfuncionario y sostuvo que la fiscal ha mentido en su caso- Metástasis-.
«Así veo que miente en ese caso Purga, en el caso Plaga. Que se establezca también el porqué no mintió en el Caso Sobornos», enfatizó.
Acto seguido, el expresidente del Consejo de la Judicatura «retó» a la fiscal general del Estado a someterse a una pericia de teléfonos.
«Le reto a un duelo de verdades: que saque su teléfono y el mío y permita que el país y el mundo sepan la verdad y no se dedique a escudarse tras comunicados».
Finalmente, Terán consideró que el cargo ha cegado a Diana Salazar. «El peso de su cargo hace que pierda el control y persiga a quien sea, cueste lo que cueste», sentenció.
Ante lo dicho en la comparecencia de Terán, la fiscal Diana Salazar no se ha pronunciado.
El Centro Zonal 3 del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 coordinó la respuesta inmediata de los organismos de socorro ante un deslizamiento de tierra ocurrido en el sector Yanahurco Grande, en Saquisilí, provincia de Cotopaxi, durante la madrugada del viernes 19 de julio.
A las 03:09, mediante una llamada a la línea 9-1-1 se informó que una vivienda resultó afectada tras producirse un deslizamiento de tierra, además, solicitó la asistencia de personal de rescate para ubicar dentro del inmueble a los habitantes.
De forma inmediata y oportuna, el ECU 911 coordinó la movilización del contingente de respuesta del Cuerpo de Bomberos de Saquisilí y de la Policía Nacional para realizar la verificación y el rescate de las personas afectadas, en la vivienda ubicada en Yanahurco Grande (Canchagua).
Una vez que los organismos de respuesta llegaron al lugar, verificaron que una vivienda colapsó por un deslave ocurrido en horas de la madrugada. Donde una mujer y un hombre fueron encontrados, entre los escombros, sin signos vitales.
Las instituciones competentes realizan las pericias de rigor para el levantamiento de los cuerpos; además en coordinación de las autoridades locales se determinarán acciones inmediatas para evitar afectaciones a lugares aledaños.
Una jueza especializada en Violencia Contra la Mujer revocó las medidas alternativas dictadas para cuatro militares, procesados por el presunto femicidio de la subteniente Pamela Ati, en la Brigada de Selva 19 Napo.
Además, ordenó su prisión preventiva. Esto luego de que el tribunal aceptara el recurso de apelación interpuesto por los familiares.
Los militares procesados por el femicidio ya no enfrentarán el proceso penal en libertad: lo harán desde la cárcel 4 de Quito. Esto tras aceptar el recurso de apelación interpuesto por la familia de la víctima y la fiscal de género Eulalia Rodríguez.
El 30 de junio, la juez contra la violencia de la mujer, Mireya Torres, dictó lapresentación periódicade los mayores Xavier Pinoargote, Freddy Quintanilla y los tenientes Jhon Mena y Ángel Orozco,sospechosos del estrangulamiento y violación de la militar.
La familia estuvo en desacuerdo y apeló la resolución. La audiencia se desarrolló el lunes y la Fiscalía y abogados de la víctima argumentaron que se corre el riesgo de que los militares fuguen y de que haya injerencia.
Sobre el proceso, pues pueden influir en las versiones de sus subalternos. Además, se trata de un delito grave, sancionado con hasta 34 años de cárcel, con agravantes.
El juez ponente, Freddy Cisneros, leyó la resolución en la que otorgó la razón a la parte acusadora. El tribunal dispuso la captura inmediata y que el Comandante de la Brigada 19 Napo, de Orellana, Marco Guerrón, dé facilidades para la detencióny traslado de los oficiales bajo su mando.
La plaga Moko se produce por una bacteria que ataca las plantas de banano y plátano. Marchita las hojas, poniéndolas amarillas.
Según la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad), la peste se extendió a escala nacional, y hasta el momento, hay 535 brotes en 15 provincias:
Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Manabí, Guayas, El Oro, Carchi, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza y Zamora Chinchipe
Las autoridades indicaron que, desde enero hasta junio de este año, hicieron un barrido de 20 Mil hectáreas de cultivos de banano y plátano, pero no tienen claro cuántas de esas plantaciones están afectadas.
“Estamos monitoreando con la misma dinámica a través de los técnicos que tiene desplegado la agencia a nivel nacional. Podremos tener un corte en unos 15 días de cómo está la situación. Estimamos de manera extraoficial que la afectación no va a llegar ni cerca del 8 %“, comentó Larry Rivera, coordinador de Sanidad Vegetal de Agrocalidad.
Sin embargo, Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Productores de Banano del Ecuador asegura que el daño es mayor.
“Nosotros consideramos que deben haber alrededor de 40 Mil hectáreas por el Moko, y creemos que hay una pérdida de 20 Mil hectáreas. Creo que deberíamos transparentar estas cifras”, dijo.
Las inundaciones que ocurrieron en el primer trimestre de este año provocaron la proliferación de la bacteria mediante el agua, el suelo y porque en las fincas no hubo control sanitario de las personas y vehículos que ingresan a los cultivos, la plaga incluso se puede transmitir por los insectos.
Según el gremio de productores, por esta enfermedad se pierden 400 mil cajas de banano cada semana. “Al momento no afecta porque estamos en una demanda baja internacional de banano, pero obviamente cuando venga la demanda alta, y hacer falta esas cajas, y será ineludible que afecte al precio. Lamentablemente no hay una política del gobierno y de los gobiernos provinciales”, apuntó Torres.
La presencia del Moko también ha generado que los exportadores de banano, e incluso algunos productores eviten dar declaraciones sobre el tema, porque puede afectar el comercio internacional del banano ecuatoriano.
Nuevo precio de gasolinas Extra y Ecopaís rige en Ecuador este 28 de junio del 2024
El nuevo precio de las gasolinas Extra y Ecopaís rige en Ecuador desde este viernes 28 de junio del 2024 tras la eliminación del subsidio por el Gobierno de Daniel Noboa. A la par, entró en vigencia el mecanismo de compensación para transportistas.
Con el Decreto Ejecutivo N° 308, el presidente Daniel Noboa dispuso que se incremente el valor en 0,25 dólares. Además, se determinó un esquema para que esta tarifa no suba más de 5% mensual o baje más de 10%, de acuerdo a la referencia del precio internacional del petróleo.
Ese decir, que a partir de las 00:00 de hoy el costo de las gasolinas Extra y Ecopaís pasa de 2,46 dólares a 2,72 dólares a escala nacional. El objetivo del Gobierno es «alcanzar un precio internacional de una gasolina comparable con la misma calidad«.
Sin embargo, a partir del viernes 12 de julio de 2024 el precio de estas gasolinas de bajo octanaje (85 octanos) volverá a cambiar. Podría aumentar o disminuir con los niveles máximos y mínimos de incrementos establecidos por el Ejecutivo.
La medida generó largas filas la noche del jueves en las gasolineras de ciudades. Decenas de conductores acudieron a estas distribuidoras para llenar el tanque de sus vehículos y motocicletas con el objetivo de aprovechar el valor anterior.
No obstante, esta mañana el panorama fue diferente. Los vehículos circularon con normalidad y las gasolineras también tienen un flujo estándar a días anteriores.
Organizaciones sociales y políticas expresaron su rechazo al incremento de las gasolinas y advirtieron a Noboa sobre nuevas movilizaciones. No obstante, desde el gremio de transportistas se acordó el sistema de compensación para taxistas, motocicletas y camionetas para no afectar a los usuarios de estos servicios.
A través de este mecanismo, los taxistas recibirán 40,56 dólares mientras que a las tricimotos se asignarán 23,40 dólares y para camionetas será de 37,70 dólares. Los transportistas registrados hasta el lunes 24 de junio.
La defensa de la periodista también apeló, por vía administrativa, la resolución de la Cancillería con la que se notificó la revocatoria de la visa.
La defensa de la periodista cubana Alondra Santiago interpuso el jueves 27 de junio una acción de protección para impedir que sea deportada, luego que el lunes la Cancillería le revocó la visa de amparo argumentando que, con base en informes reservados y secretos, la comunicadora habría cometido actos que atentan contra la seguridad del Estado.
La acción de protección incluye una solicitud de medida cautelar conjunta, precisó Carlos Soria, abogado de Santiago, en una entrevista con EL UNIVERSO.
El recurso legal se planteó contra el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. La causa recayó en conocimiento de la jueza Sandra Yanchatipan, de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en la parroquia Mariscal Sucre, en Quito, según consta en el sistema de consulta de procesos de la Función Judicial.
Carlos Soria explicó que el objetivo, primero, es que la jueza designada conozca la solicitud de medida cautelar “y pueda poner un ‘pare’ a las violaciones en contra de los derechos humanos de Alondra”.
Después, detalló el abogado, se espera que la jueza convoque a una audiencia, “para poder explicar por qué todos los actos que ha hecho tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana son nulos”.
Soria explicó que en la acción de protección también se pidió que se incluyan en el expediente los informes reservados y secretos del Ministerio del Interior y del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), en los que la Cancillería se basó para retirar la visa.
Además, este jueves la defensa también interpuso, por vía administrativa, en el Ministerio de Relaciones Exteriores una apelación a la resolución que fue notificada con la revocatoria de la visa de Alondra Santiago. “Quien tiene que resolver es la máxima autoridad institucional, en este caso la ministra Gabriela Sommerfeld”, aclaró Carlos Soria.
“Es una barbaridad. No tiene un parangón jurídico lo que acaba de hacer el gobierno de Daniel Noboa. Es muy importante que se establezcan las razones claras de por qué el CIES está siendo utilizado para perseguir a periodistas, y no enfocado realmente en la paz que requiere el Ecuador”, comentó el abogado.
Carolina del Norte, EE. UU — Cuatro meses después de buscar asilo en Estados Unidos, Fernando Hermida comenzó a toser y a sentirse cansado. Primero pensó que estaba resfriado. Luego aparecieron llagas en su ingle y empezó a empapar su cama de sudor. Se hizo una prueba.
El día de Año Nuevo de 2022, a los 31 años, supo que tenía VIH.
“Pensé que me iba a morir”, dijo, recordando el escalofrío que le recorrió el cuerpo cuando revisaba sus resultados. Luchó por navegar un nuevo y complicado sistema de atención médica. A través de una organización de VIH que encontró en internet, recibió una lista de proveedores médicos en Washington, D.C., donde estaba en ese momento. Pero no le devolvieron las llamadas durante semanas.
Para cuando Hermida recibió su diagnóstico, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) impulsaba desde hacía unos tres años una iniciativa federal para acabar con la epidemia de VIH en la nación, invirtiendo cada año cientos de millones de dólares en algunos estados, condados y territorios con las tasas de infección más altas.
El objetivo era llegar a los aproximadamente 1,2 millones de personas que viven con VIH, incluidas algunas que ni siquiera lo saben.
En general, las tasas estimadas de nuevas infecciones por VIH han disminuido un 23% de 2012 a 2022. Pero un análisis de KFF Health News y Associated Press comprobó que la tasa no ha bajado para los latinos (que pueden ser de cualquier raza) tanto como para otros grupos raciales y étnicos.
Si bien en general los afroamericanos continúan teniendo las tasas más altas de VIH en el país, los latinos representaron la mayor parte de los nuevos diagnósticos e infecciones de VIH entre hombres gays y bisexuales en 2022, según los datos disponibles más recientes, en comparación con otros grupos raciales y étnicos.
Los latinos, que constituyen aproximadamente el 19% de la población de Estados Unidos, representaron alrededor del 33% de las nuevas infecciones por VIH, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). El análisis determinó que los latinos están experimentando un número desproporcionado de nuevas infecciones y diagnósticos en todo el país, con las tasas de diagnóstico más altas en el sureste.
Oficiales de salud pública en los condados de Mecklenburg, en Carolina del Norte, y de Shelby, en Tennessee — donde los datos muestran que las tasas de diagnóstico han aumentado entre los latinos — dijeron a KFF Health News y AP que no tienen planes específicos para abordar el problema del VIH en esta población, o que estos aún no se han finalizado.
Incluso en lugares con buena cantidad de recursos como San Francisco, en California, las tasas de diagnóstico de VIH aumentaron entre los latinos en los últimos años mientras disminuían entre otros grupos raciales y étnicos, a pesar de los objetivos del condado de reducir las infecciones entre los latinos.
“Las disparidades de VIH no son inevitables”, dijo en un comunicado Robyn Neblett Fanfair, directora de la División de Prevención del VIH de los CDC. Destacó las inequidades sistémicas, culturales y económicas, como el racismo, las diferencias de idioma y la desconfianza en los médicos.
Y aunque los CDC proporcionan algunos fondos para grupos minoritarios, defensores de las políticas de salud para los latinos quieren que el HHS declare una emergencia de salud pública con la esperanza de dirigir más dinero a las comunidades latinas, argumentando que los esfuerzos actuales no son suficientes.
“Nuestra invisibilidad ya no es tolerable”, dijo Vincent Guilamo-Ramos, co-presidente del Consejo Asesor Presidencial sobre VIH/SIDA.
Hermida sospecha que contrajo el virus mientras estaba en una relación abierta con un compañero masculino antes de llegar a Estados Unidos. A fines de enero de 2022, meses después de que comenzaran sus síntomas, fue a una clínica en la ciudad de Nueva York que un amigo lo ayudó a encontrar y finalmente recibir tratamiento para el VIH.
Demasiado enfermo para cuidarse solo, Hermida finalmente se mudó a Charlotte, Carolina del Norte, para estar más cerca de su familia y con la esperanza de recibir atención médica más constante. Se inscribió en una clínica de Amity Medical Group que recibe fondos del Programa Ryan White de VIH/SIDA, un plan de la red de seguridad federal que atiende a más de la mitad de los diagnosticados con VIH en la nación, independientemente de su estatus migratorio.
Después que se contactó con gestores de casos, su VIH se volvió indetectable. Dijo que, con el tiempo, la comunicación con la clínica se volvió menos frecuente y no recibía ayuda regular de un intérprete durante las visitas con su médico, que hablaba inglés.
Un representante de Amity confirmó que Hermida fue cliente, pero no respondió preguntas sobre su experiencia en la clínica.
Los usuarios de WhatsApp podrán crear un nombre único dentro de la aplicación para comunicarse con titulares de otras cuentas sin el requerimiento de compartir su número telefónico.
El nuevo método de identificación, aún en desarrollo y similar al que utiliza la plataforma de mensajería Telegram, será incorporado a la aplicación en una nueva actualización, según detalló el medio especializado WaBetaInfo en un artículo sobre la beta para IOS 23.20.1.71.
Con la adición de este método de identificación se prevé que los usuarios sean capaces de acogerse a mayor privacidad y puedan encontrar a otros contactos mediante dicho nombre, sin tener que registrarlos con su número telefónico, lo cual es imposible excepto al establecer contacto con miembros de un grupo.
“Será posible elegir su nombre de usuario de WhatsApp directamente dentro de la configuración de su perfil, ya que en una futura actualización se introducirá una nueva sección dedicada a esta función en esta pantalla”, detalló el sito web referido, que tuvo acceso a la versión en desarrollo.
“Los nombres de usuario de WhatsApp aceptarán caracteres alfanuméricos y algunos caracteres especiales, pero no admiten discriminadores”, acotó el portal, recalcando que el nuevo método de identificación se debe distinguir del nombre de perfil que se puede establecer actualmente en la cuenta, pero solo para complementar la información del usuario.
La nueva función se desarrolla en el marco de una serie de compromisos que WhatsApp ha establecido con sus usuarios para fortalecer los mecanismos de confidencialidad dentro de la aplicación, utilizada por cientos de millones de personas alrededor del mundo.
Personal del Cuerpo de Bomberos localizó el lunes el cuerpo de un hombre de 44 años que se habría ahogado en un reservorio del barrio El Rosario, en el cantón Pedro Moncayo, al norte de Pichincha.
Según los moradores del sector, el hombre cayó al reservorio cuando intentaba salvar a un ternero.
La noche anterior, las unidades de auxilio llegaron hasta el lugar para iniciar la búsqueda, pero, debido a la oscuridad, no pudieron continuar con las labores de recate.
El equipo de buceo reanudó sus acciones a las 07:00 del lunes y, cerca de las 8:15, encontró el cadáver del hombre.
Posteriormente, lo sacaron del reservorio y lo trasladaron hacia la morgue.
En eso de las 05:20 horas de la madrugada de este martes 3 de octubre, un vehículo de marca Chevrolet de color plomo se chocó contra un árbol en la Av. Rocafuerte y calle octava, en el vehículo que después se incendió, andaban 3 personas, los cuales comentaron que la razón del accidente fue porque iban siendo perseguidos y otro vehículo les cerró el paso e incluso realizaron disparos, al parecer los querían asaltar.
Los moradores del sector al escuchar el impacto y también los pedidos de ayuda, salieron a ver que pasaba, encontrándose con la escena y de inmediato se pusieron a ayudar a apagar el fuego con extintores y agua, logrando apagar las llamas.
La policía llegó al lugar para realizar las investigaciones respectivas, además de conversar con las personas que iban en el vehículo, las cuales salieron ilesas.
No se proporcionaron los nombres de las personas, ni de quien era el vehículo hasta el cierre de este reportaje.
Gustavo Zúñiga, un exfuncionario del Municipio de Guayaquil, fue secuestrado la tarde del sábado y localizado horas después.
El secuestro de Zúñiga, quien sirvió en administraciones socialcristianas por más de 30 años, trascendió en la noche y fue confirmado por el ministro de Gobierno, Henry Cucalón.
Ocurrió al salir de su vivienda de Chongón, desde donde se aprestaba a movilizarse hacia Salinas, provincia de Santa Elena. Su vehículo fue encontrado abandonado en el sector del Batalló del Suburbio.
Ya en horas de la madrugada, alrededor de las 01:00, se confirmó que fue localizado a la altura del Centro de Atención Municipal Integral (CAMI) de Los Esteros.
Desde ahí, fue trasladado a una casa de salud, pues presentaba varios golpes.
La Policía, hasta el momento, no se ha pronunciado al respecto, por lo que se desconocen las motivaciones del delito.
Durante sus años de servicio, Zúñiga ocupó varios cargos en el cabildo porteño, entre ellos el de director de Aseo Cantonal y Mercados y de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG).
En diciembre de 2022, estuvo involucrado en un siniestro de tránsito y fue criticado por supuestamente actuar de manera prepotente y evadir el control de las autoridades.
Cuando se confirmó el triunfo de Aquiles Alvarez y el fin del dominio socialcristiano, Zúñiga renunció a su cargo.
Tras una reñida primera vuelta en las Elecciones Presidenciales de Ecuador, los candidatos Luisa González y Daniel Noboa se enfrentarán en una emocionante segunda vuelta que definirá quién dirigirá los destinos del país en los próximos años
Luisa González, candidata del partido Revolucion Ciudadana, logró posicionarse como una de las favoritas en la primera vuelta electoral gracias a su propuesta de gobierno centrada en políticas de inclusión social, desarrollo sostenible y lucha contra la corrupción. González, una economista con experiencia en el sector público y privado, ha prometido impulsar reformas económicas que beneficien a la población más vulnerable, así como fortalecer la educación y el sistema de salud.
Por su parte, Daniel Noboa, del movimiento Alianza Acción Democrática Nacional, también avanzó a la segunda vuelta con un sólido respaldo electoral. Noboa, ha enfocado su campaña en propuestas de seguridad ciudadana, estímulo a la inversión extranjera y reducción de la burocracia estatal. Ha destacado la importancia de fortalecer la economía y fomentar la creación de empleo para impulsar el desarrollo del país.
La segunda vuelta electoral se ha perfilado como un enfrentamiento entre dos visiones contrastantes para el futuro de Ecuador. González ha enfatizado la importancia de garantizar un mayor acceso a la educación y la salud, así como la protección del medio ambiente. Por otro lado, Noboa ha subrayado la necesidad de atraer inversiones y mejorar la seguridad, argumentando que un entorno económico estable es fundamental para abordar otros desafíos del país.
Los resultados de esta segunda vuelta tendrán un impacto significativo en la dirección que tome Ecuador en los próximos años. Los votantes deberán decidir entre dos propuestas políticas distintas, cada una con su enfoque particular en cómo abordar los retos y oportunidades que enfrenta la nación. La elección se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre, y tanto González como Noboa se han comprometido a respetar los resultados y trabajar en pro del país, independientemente del desenlace.
Los observadores nacionales e internacionales estarán atentos a esta contienda electoral, que promete ser un reflejo de la diversidad de opiniones y necesidades de la sociedad ecuatoriana.
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En un ambiente electoral ya tenso, una noticia sacude las estructuras políticas de Ecuador. Un presunto atentado contra Luisa González, candidata a la Presidencia de la nación por el movimiento Revolución Ciudadana, fue recientemente denunciado. La revelación provino del exmandatario Rafael Correa, quien compartió a través de su perfil en la plataforma social X (previamente conocida como Twitter) detalles alarmantes del incidente.
Según la información brindada por Correa, las autoridades detuvieron a un individuo que poseía granadas y otras armas. Aterradora fue su declaración: planeaba utilizar el armamento en un atentado contra González. "Nos dicen que han detenido a este tipo con armas y que declaró que era para un atentado contra Luisa. Necesitamos verificar esto", escribió el ex presidente, añadiendo una captura de pantalla de una conversación que respalda sus declaraciones.
El detenido, en un giro aún más inesperado, solicitó protección policial alegando haber recibido amenazas de muerte si revelaba detalles. Aunque la veracidad de estas afirmaciones todavía está siendo investigada, el hecho añade otra capa de complejidad a la situación.
Todo esto sucede en un contexto en el que se han registrado explosiones en la capital, Quito. Mientras tanto, Ecuador espera con gran anticipación la segunda vuelta presidencial programada para el 15 de octubre entre Luisa González y su oponente, Daniel Noboa.
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San Luis de Pambil, Echandía y Salinas de Bolívar finalmente contarán con la ampliación de la vía de comunicación que conectará estas parroquias de manera más rápida y eficiente. Mejorando la calidad de vida de los habitantes de estas comunidades. Con este arreglo vial, se espera fomentar el flujo de personas y bienes, así como impulsar el turismo y ganadería en la zona
En un esfuerzo conjunto por mejorar la conectividad y facilitar el acceso a sus propiedades, los habitantes de la comunidad de La Palma, perteneciente a la parroquia Salinas, han tomado la iniciativa de ampliar y rehabilitar varias carreteras clave en la zona. El presidente de la Comuna, informó que la comunidad ha trabajado de manera coordinada en la ampliación de tres rutas fundamentales: una que conecta con la parroquia de Salinas, otra que enlaza con el cantón Echandía y la tercera que une con la parroquia de San Luis de Pambil.
Esta decisión surge de la imperante necesidad de movilidad que enfrentan los habitantes de La Palma, cuya actividad económica se centra en la agricultura y la ganadería. Las vías de acceso a sus propiedades y la posibilidad de transportar los productos agrícolas y ganaderos son vitales para su sustento. A pesar de los obstáculos iniciales, la comunidad ha avanzado significativamente en esta tarea desde el comienzo del año actual.
No obstante, el proceso no ha estado exento de desafíos. Las autoridades de obras públicas de la provincia Bolívar no han proporcionado los materiales necesarios para la maquinaria debido a la escasez de combustible. En respuesta a esta situación, los residentes de La Palma han buscado y obtenido el apoyo de diversas instituciones, destacándose la colaboración valiosa de la Sra. Silvana Chamorro y el Sr. Freddy Fáricela, este último teniente político y candidato anterior a la tenencia política de la junta de Salinas, quienes contribuyeron con dos tanques de combustible.
El avance logrado hasta ahora es impresionante, alcanzando el 75% de ejecución gracias a la autogestión de los moradores y el apoyo de las autoridades locales. Sin embargo, el 25% restante del proyecto se encuentra detenido debido a la falta de combustible para las maquinarias, que permanecen inoperativas en el lugar.
Quishpe concluyó su mensaje enfatizando la importancia de llamar la atención de las autoridades pertinentes sobre esta situación. Hizo hincapié en que estos obstáculos no deben seguir retrasando el progreso, no solo de las comunidades, sino también de toda una provincia con un enorme potencial de crecimiento en los sectores agrícola y ganadero. Es su firme esperanza que esta voz sea escuchada y que se tomen medidas para garantizar un desarrollo sostenible y equitativo en la región.
La Sala Especializada en lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) negó este jueves el recurso de habeas corpus solicitado por el e asambleísta Peter Calo, acusado del presunto delito de violación.
El exlegislador se encuentra cumpliendo prisión preventiva en la Cárcel 4, al norte de Quito, tras retirarse el grillete electrónico que se le había colocado tras ser capturado en flagrancia supuestamente abusando sexualmente de una joven de 19 años, a la que había citado para una entrevista de trabajo.
La defensa de Calo argumentó que realizó la solicitud de habeas corpus, ya que su detención se dio, supuestamente, sin orden judicial.
Sin embargo, el tribunal señaló que la aplicación de las medidas cautelares en materia penal se notifica oralmente en audiencia y que su ejecución es inmediata, por lo que, en este caso, la orden de detención sí se dio en el marco de la ley.
Por este motivo, se concluyó que no existió vulneración de derechos, por lo que el exlegislador seguirá detenido.
UN CARRO SE PARTIÓ EN DOS POR EL FUERTE IMPACTO EN CUENCA.
La madrugada de este lunes 20 de febrero, a las 04:44 una llamada a la línea 9-1-1 alertó a los servicios de emergencia sobre el choque de un vehículo contra un poste en el sector de Challuabamba, en Cuenca.
Miembros del Cuerpo de Bomberos indicaron que dos personas resultaron heridas.
Una mujer de 26 años, quien se encontraba atrapada en el vehículo siniestrado, fue liberada y trasladada al Hospital Regional Vicente Corral Moscoso, mientras que un hombre de 27 años fue movilizado al Hospital José Carrasco Arteaga del IESS.
En Ecuador, hay 173.951 influencers. El SRI llamará a comparecencias voluntarias a los influencers que han declarado impuestos que no coinciden con los ingresos que ganan.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) ya tiene un catastro de 500 influencers, sobre los que ha puesto su lupa, para que paguen impuestos de acuerdo a sus ingresos.
La intención del SRI es que la recaudación de impuestos en 2023 aumente como resultado de mayores controles para reducir la informalidad y la evasión, ya que el Gobierno ha descartado aumentar impuestos este año.
¿Quién es influencer? Para el SRI, un influencer es una persona natural que tiene “presencia significativa en redes sociales” y que percibe ingresos por crear contenido publicitario, de explotación de imagen y para expresión de opiniones en medios digitales.
El SRI no ha definido un número de seguidores en redes sociales que debe tener el creador de contenidos para estar dentro de su radar.
Ecuador tiene 173.951 influencers; es decir, casi el 0,9% de su población, según un informe de Influencity, una plataforma española especializada en Marketing e influencers.
De hecho, Influencity ubica a Ecuador en el sexto lugar entre los países de América Latina con más personas consideradas influencers. Brasil lidera la lista.
Según Influencity, hay al menos cuatro categorías de influencers:
- Nano: Personas que tienen entre 1.000 y 10.000 seguidores.
- Micro: Tienen hasta 100.000 seguidores.
- Macro: Personas que han alcanzado hasta 1 millón de seguidores en sus redes sociales.
- Mega: Aquellas personas que tienen más de 1 millón de seguidores en sus redes sociales.
Lo que se viene
En una primera etapa, el SRI realizará campañas de información y aplicará Planes de Control Rápidos (PCR tributario) a estos creadores de contenido.
Un PCR tributario es un proceso en el que el SRI llama a comparecencia voluntaria a determinados contribuyentes.
En este caso, el SRI realizará PCR tributarios a los influencers que ha identificado que tienen diferencias entre lo que han declarado en impuestos y los ingresos que perciben por sus actividades.
Tras el PCR, el influencer puede realizar correcciones en lo que ha declarado y pagar los impuestos que hiciera falta.
Este tipo de control se realizará mediante cruces de información local y del exterior, a través de convenios de intercambios de información.
El SRI, incluso, planea revisar información que refleje el estilo de vida de las personas.
Esto incluye, por ejemplo, las salidas del país y los consumos con tarjeta de crédito.
Las obligaciones
ay tres tipos de ingresos por los cuales estos creadores de contenido deben emitir comprobantes y, por lo tanto, pagar impuestos según corresponda, dice la abogada tributaira Yael Fierro.
1.- Los ingresos que perciben en efectivo de empresas domiciliadas en Ecuador, que contratan sus servicios.
2.- Pagos que perciben de redes sociales y de empresas que no están domiciliadas en Ecuador.
3.- Bienes que reciben como pago o canje por sus servicios.
Los impuestos a pagar depende del régimen tributario al que pertenecen.
Estas personas pueden estar en dos categorías, añade Javier Bustos, abogado tributario:
- El Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (Rimpe).
- O en el Régimen General, como personas naturales.
El RIMPE
Un creador de contenido puede estar en el Rimpe si tiene ingresos de máximo USD 300.000 al año.
Dentro del Rimpe hay dos segmentos:
- Negocios Populares: personas con ingresos anuales de hasta USD 20.000.
- Emprendedor: persona con ingresos de entre USD 20.001 y USD 300.000 al año.
Los contribuyentes del grupo de Negocios Populares no están obligados a emitir facturas, solo notas de venta.
Tampoco tienen que pagar Impuesto a la Renta, sino un impuesto único anual de USD 60.
Pero si el influencer gana más de USD 20.000 al año debe emitir facturas electrónicas y pagar Impuesto a la Renta de entre 1% y 2%, según sus ingresos. Además, tendrá que declarar de manera semestral el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El Regimen General
En el Régimen General de personas naturales entran aquellos influencers que tienen un Registro Único de Contribuyente (RUC) para actividades por servicios profesionales, es decir, personas que tienen un título profesional, explica Fierro.
Las personas con RUC por servicios profesionales no pueden entrar al Rimpe, sin importar cuántos ingresos perciban.
Aquellos creadores de contenido que tienen un título profesional de comunicadores o de periodistas, por ejemplo, están en este grupo, añade Fierro.
También pueden estar en el Régimen General las personas que tienen un RUC por prestación de servicios generales o por servicios publicitarios.
Lo anterior, debido a que no hay una categoría específica de RUC para creadores de contenido en redes sociales.
Estas personas naturales deben emitir facturas electrónicas y pagar Impuesto a la Renta en marzo de cada año.
La tarifa es de hasta el 37% de sus ingresos. En este segmento, el contribuyente, además, está obligado a declarar el IVA.
1 400 nuevos guías formarán parte del sistema penitenciario en Ecuador.
La presentación de los aspirantes al curso de formación para el Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciaria (CVSP) se realizó la mañana de este lunes 11 de julio, en Quito.
1 300 son aspirantes al CVSP y 100 serán capacitados para inspectores educadores de centros de adolescentes infractores.
Los 1 300 agentes trabajarán desde noviembre de este año. En el país existe 32 600 personas privadas de libertad (PPL)
que permanecen en 36 centros carcelarios.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, durante el evento, anunció que el próximo año habrá una segunda convocatoria, para incrementar
1 000 agentes y completar los 4 000 que el sistema penitenciario del país requiere para cumplir las normas internacionales.
“Por primera vez en la historia del Ecuador, hasta finales de año, empezará a funcionar la Escuela de Formación de Agentes Penitenciarios”, sostuvo al especificar que en este espacio tendrán un plan de carrera, entrenamiento e instructores especializados.
El presidente, Guillermo Lasso, y el ministro del Interior, Patricio Carrillo, entraron en contradicciones sobre las denuncias del Gobierno respecto a un presunto financiamiento del paro de la Conaie, que duró 18 días.
El propio Mandatario se contradijo sobre el monto del financiamiento, en entrevistas con medios internacionales. A la cadena argentina Infobae le dijo que el costo fue de USD 15 millones, pero horas después, en el canal estadounidense Univisión, cambió la cifra y dijo que fueron USD 20 millones.
Lasso aseguró de manera convincente contar con las pruebas del financiamiento y responsabilizó de ello al narcotráfico, a guerrilleros y al movimiento UNES, del cual dijo tiene vinculación y lo calificó de narcopolíticos.
Según el gobernante, el dinero que costó mantener los 18 días de paralización no lo tiene ningún partido político y proviene del narcotráfico vinculado a un político corrupto que vive en el exterior.
Dos días después, en una entrevista en el medio Teleamazonas, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, contradijo al presidente sobre las pruebas del financiamiento.
Al ser consultado por el periodista sobre este hecho concreto, Carrillo respondió que eso le corresponde investigar a los organismos de justicia y que lo que ha hecho Lasso es hacer una denuncia para que se investigue.
Es decir, el Jefe de Estado hizo aseveraciones en medios de prensa internacionales sin contar con sustentos, porque el supuesto financiamiento recién será investigado.
A esto se suma que dentro de las 369 investigaciones previas y 34 instrucciones que abrió la Fiscalía General, en el contexto de las movilizaciones, no consta ningún proceso sobre el financiamiento de las protestas.
Entre los delitos que investiga la Fiscalía, están la paralización de servicios públicos, daños a bien ajeno, robo, ataque o resistencia, secuestro, terrorismo, lesiones y otros.
BaltazarUshca de 78 años es reconocido como el “Último Hielero”, que ha arrancado hielo del volcán Chimborazo a lo largo de su vida, desde los 15 años. Luego de la visita y realización del documental, “El agua más pura del glaciar por el legendario rompehielos”, del cineasta ucranianao Dmytro Komarov, surgió el emprendimiento del agua de la marca “Baltazar Ushca” que posteriormente regaló.
Komarov, es un famoso presentador de televisión ucraniano y autor de la producción "El mundo al revés", en la que junto con el cineasta Oleksandr Dmytriev, viaja a países que deben ser visitados por los turistas.
En la provincia y junto a Baltazar, los cineastas realizaron el recorrido por el emblemático volcán, ícono de Chimborazo , ícono de Ecuador. Como resultado de la visita el cineasta ucraniano logró impulsar la idea de procesar el hielo extraído de la montaña.
El agua es realizada con el mismo hielo extraído de un glaciar más puro debajo de la cumbre del nevado Chimborazo, luego es tratada y embotellada en purificadora “Chimborazo”, para el consumo y venta a los visitantes que concurren al Museo en la ciudad de Guano, que se encuentra ubicado junto a la biblioteca municipal, en el barrio El Rosario, frente al Parque Infantil, en las calles Pasaje Cacique Toca y Los Franciscanos, siendo este el único lugar en donde se puede encontrar agua “Baltazar”, dice un comunicado municipal.
Eso fue lo que logró el ucraniano quien siguió el proceso de producción de las primeras 167 botellas de agua, con 5 trozos de glaciar que extrajo don Baltazar, que costó usd 50 y que procesado dejará más de usd 400. Cada botella de agua tiene un valor de usd 3.
El valor recaudado de este emprendimiento, según el modelo acordado, se distribuye en un porcentaje directo para Baltazar y el restante es utilizado para costear el valor de la purificación del agua.
3 MUERTOS PRESUMIBLEMENTE POR SICARIATOA EN EL NIGHTI CLUB MANGOS AL NORTE DE #RIOBAMBA
Se registraron tres muertes, dos en el interior del #nightclub #Mangos, ubicado al norte de la ciudad en la Av. Monseñor Leónidas Proaño.
Al parecer el asesino ingreso al sitio donde se encontraban las victimas y las acribilló a bala dentro del nightclub, en su huida disparo en la parte posterior del salón de citas, a una tercera víctima quien falleció en el Hospital Policlínico de Riobamba.
Somos #LavozciudadanaEc
El gremio de transportistas interprovinciales, ante los rumores que se difunde por redes sociales de unirse al paro nacional este lunes 27de junio sus representantes desmienten sobre esta falsa información.
En su oración dominical, el papa Francisco expresó su preocupación por lo que esta sucediendo en Ecuador, y pidió que se pueda llegar a un dialogo con los manifestantes y el primer mandatario.
El viernes 28 de junio el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 coordinó con las instituciones articuladas el rescate de una persona que resultó herida al realizar una excursión en el volcán Carihuayrazo.
En la llamada que ingresó a las 11:40 a la central de emergencias 9-1-1, el alertante comunicó que su acompañante cayó de una pendiente, “se golpeó la cabeza y se rompió su mano”, detalló. Desde la consola del Ministerio de Salud Pública (MSP) en el ECU 911 Ambato, vía telefónica le indicaron las acciones de primeros auxilios básicos a realizar hasta que las unidades de primera respuesta puedan llegar y auxiliarlos.
A la par del soporte telefónico, desde la sala de operaciones se coordinó el despacho del personal y equipos de rescate de alta montaña y atención prehospitalaria del Cuerpo de Bomberos Tisaleo (CBT).
Cerca de las 19:00 del viernes, los rescatistas pudieron tomar contacto con los montañistas; atendieron a una mujer de 28 años, la herida presentaba una fractura expuesta de su dedo anular de su extremidad superior derecha, trauma de cadera y golpes en su cabeza. Posteriormente a la atención prehospitalaria la paciente y sus dos acompañantes fueron trasladados al Hospital General de Riobamba para una atención más especializada.
Recuerde estas recomendaciones para excursiones en las montañas:
• Utilice zapatos adecuados, ropa abrigada e impermeable, gafas y guantes.
• Use protector solar, en esta temporada sube la radiación solar.
• Lleve un botiquín.
• Planifique la ruta y tome en cuenta el estado del clima.
• Tenga comida y líquidos suficientes.
• No arroje basura, no fume y no encienda fogatas.
• Contrate un guía especializado en estas actividades.
• Informe a sus familiares sobre su ruta y el tiempo de duración de la excursión.
• Lleve un celular con la carga de batería completa.
En caso de emergencia recuerde marcar de manera inmediata al 9-1-1.
El parque termoeléctrico es clave para superar los apagones generalizados. Ahora mismo, Ecuador afronta una crisis eléctrica debido a la falta de inversión en nueva generación y por el estiaje.
El parque termoeléctrico es de 1.900 megavatios, pero solo funciona la mitad.
La realidad de las termoeléctricas cobra importancia en medio de los apagones generalizados en el país, por los estragos del estiaje, por la poca inversión en nueva generación y también por la falta de mantenimiento del parque termoeléctrico.
El Gobierno de Daniel Noboa asumió el poder -a finales de noviembre de 2023- en medio de una crisis eléctrica. Incluso, en diciembre de ese año hubo apagones.
Y, el abril de 2024, el presidente Noboa se vio obligado a declarar la emergencia ante los repentinos apagones, según dijo, por «la extensión de la sequía, el incremento de las temperaturas, la falta de mantenimiento a toda la infraestructura del sistema eléctrico en años anteriores y la presencia de niveles de caudales mínimos».
Pero esa alerta había sido notificada por el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) al Gobierno de Noboa en enero de 2024, cuatro meses antes de la primera emergencia eléctrica.
Allí se alertó de la necesidad de mejorar el parque térmico frente a posibles estiajes.
Esa alerta partió de un pedido de información -que hizo el Viceministerio de Electricidad y Energía Renovable el 26 de diciembre de 2023- sobre el sector eléctrico con la intención de tomar acciones o emitir directrices de forma oportuna ante el próximo estiaje (abril de 2024).
Al respecto, Cenace preparó un documento titulado “Análisis de Suficiencia en el Mediano Plazo para el Abastecimiento de Electricidad durante el siguiente estiaje (2024 -2025)”, con base al cálculo de 50 escenarios hidrológicos entre enero 2024 – diciembre 2025.
El informe fue entregado al Viceministerio de Electricidad el 19 de enero de 2024.
Del cálculo de 50 escenarios hidrológicos, Cenace presentó tres casos proyectados:
Caso 1: Se considera la indisponibilidad por mantenimientos programados reportados por los generadores para el Plan Bianual de Operación del Sistema Nacional Interconectado (SNI).
• Caso 2: Se considera el Caso 1 más la indisponibilidad histórica no programada de generación térmica.
• Caso 3: Se considera el Caso 2 más el retraso del ingreso de la nueva generación (Alluriquín y
Bloque de 400 megavatios (MW) firmes).
De hecho, Alluriquín, que es parte del proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón, debía entrar en operaciones en 2022, luego se postpuso para 2023 y ahora, la nueva fecha de inicio de operaciones es diciembre de 2024.
Esta semana, las autoridades del Gobierno, entre ellas el presidente Daniel Noboa, constataron el montaje electromecánico en la central, que actualmente posee un avance de obra del 98%.
La culminación de los trabajos en Alluriquín significarán un aporte adicional de 204 megavatios.
Informe de Cenace
En la parte medular, el informe revela la importancia del parque termoeléctrico:
«…para cubrir el criterio de suficiencia del Plan Maestro de Electricidad (límite del 10% con el escenario de 90% de probabilidad de excedencia), es necesario el ingreso adicional de 475 MW de generación con al menos el 85% de factor de planta, para el inicio del estiaje 2024-2025 (mes de septiembre 2024). Para ello, se recomienda la utilización de combustibles fuel oil 6, cuya disponibilidad ha sido informada por Petroecuador. Adicionalmente, es importante destacar que, los 475 MW no cubren retrasos de los proyectos informados en el Plan de Expansión. Por último, el ingreso adicional de generación permitirá viabilizar los requerimientos de mantenimientos ya que, por la capacidad de generación restringida, no han podido ser programados».
Un parque térmico antiguo
El informe de Cenace reconoce la antigüedad del parque térmico, pues presenta una alta probabilidad de indisponibilidad (mantenimientos emergentes), lo cual afecta la programación de los despachos de mediano y corto plazo.
Las centrales térmicas -con más de 40 años de antigüedad- suman una capacidad nominal de 557,3 megavatios (con corte a 2023).
Contando con el antiguo parque termoeléctrico y con el nuevo, actualmente, las termoeléctricas inyectan 1.900 megavatios, pero según cálculos de expertos eléctricos, solo funcionaría la mitad, es decir, 950 megavatios.
Cabe resaltar que el déficit de generación de Ecuador era de 1.080 megavatios para 2024 antes de que comiencen los cortes de luz.
Pero, tras la decisión del gobierno Colombiano de limitar totalmente la venta de energía a Ecuador, el déficit llegaría a alrededor de 1.400 megavatios.
Además del alquiler y compra de generación térmica, es clave el mantenimiento del parque termoeléctrico del país.