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Ley




Art. 4º.— Ámbito subjetivo.

Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales.

Fuente: art. 1º del Proyecto de 1998.




Ámbito subjetivo

El art. 1º del Código Civil derogado contenía un texto similar agregándose, ahora, la categoría de los "residentes" y la salvedad de "lo dispuesto en leyes especiales". Ambos agregados ya estaban contemplados en el art. 1º del Proyecto de 1998, que se reitera textualmente con la salvedad del epígrafe, cuyo término era "extensión" (en vez de "ámbito subjetivo").

El precepto —como sus antecedentes— consagra el postulado de la territorialidad, cuya adopción se vincula al principio de la soberanía nacional y la igualdad ante la ley. La obligatoriedad de las leyes —imperativas o supletorias— comprende a todos los que habitan el territorio nacional —independientemente de su calidad de ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes— y guarda vinculación con los derechos reconocidos a todos ellos por la Constitución Nacional en los arts. 7º, 14, 14 bis, 15, 16, 17, 18, 21, 31, 41 y 42. El artículo, más ampliamente, abarca, además de las prerrogativas, las prohibiciones.

De cualquier modo, el artículo solo consagra una regla: en determinadas situaciones y relaciones jurídicas se admite la aplicación de las leyes extranjeras, aunque ello será así cuando lo establezcan los tratados y convenciones internacionales suscriptos por la Nación o, en defecto de ellos, se apliquen normas del Estado argentino de fuente interna. La salvedad indicada explica la referencia del agregado "sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales".

En realidad, la "internalización" de las relaciones y situaciones jurídicas —cada vez más extendida en razón del fenómeno de la globalización— determina la necesidad de establecer la ley aplicable —además del tribunal competente— para entender en las situaciones que se presenten; ellas están reguladas por el derecho internacional privado. El Libro 6º del Título IV del Código Civil y Comercial contiene disposiciones de esa naturaleza (arts. 2594 a 2671) a cuyos comentarios se remite.




Art. 5º.— Vigencia.

Las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial, o desde el día que ellas determinen.




1. Nociones iniciales

Dos momentos deben distinguirse en la vida de la ley: el de su existencia y el de su vigencia. Con solo existir (la sanción y la promulgación) todavía no entran en vigencia. Es menester un paso posterior que coloque la ley al alcance del conocimiento de los destinatarios (aunque sea ficticio) y la publicación es el medio(1).

En definitiva, en tesis de principio, las leyes no obligan sino después de su publicación y una vez publicadas es que se las presume conocidas(2). Es manifiesto que esta presunción no responde a la realidad, pues la sola publicación de la ley no asegura —ni mucho menos— su conocimiento por todos los destinatarios.

Sin embargo, no hay posibilidad de un sistema mejor: la alegación válida de la ignorancia de las leyes —aun cierta— desembocaría en un verdadero caos (sobre el tema, infra, comentario art. 7º). Por lo demás, resultaría arbitrario que la ley entrara en vigencia antes que los destinatarios tuvieran la posibilidad de conocerla y saber de su texto auténtico: el requisito queda satisfecho con la posibilidad del conocimiento, aunque efectivamente se lo ignore(3).

Es deber del Poder Ejecutivo la publicación de las leyes del Congreso Nacional y de sus propios decretos. Dice el art. 99 de la Constitución Nacional: "El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones (...) 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo de la Constitución, las promulga y hace públicas..." (sobre las consecuencias del incumplimiento o la tardanza en hacerlo, infra, núm. 3).




2. Antecedentes




a) El Código de Vélez Sarsfield y el texto original del art. 2º

Decía el texto original del art. 2º del Código Civil derogado: "Las leyes no son obligatorias sino desde su publicación y desde el día que ellas determinen. Si no designan tiempo, la ley publicada en la Capital de la República o en la Capital de la Provincia, es obligatoria desde el día siguiente de la publicación; en los departamentos de campaña desde ocho días de publicada en la ciudad Capital del Estado o Capital de la Provincia".

El texto suscitaba algunos problemas:

Uno de ellos era que no preveía la forma en que correspondía hacer la publicación; debido a ello una opinión consideraba que era facultad de los jueces determinar cuándo debía tenerse por cumplido el requisito de la publicación, sin estar constreñidos a admitir la publicación oficial que organizaba el poder administrador.

Sobre la base de ese criterio, una jurisprudencia estimó suficiente, en ocasiones, las publicaciones en diarios o revistas de adecuada difusión; en otras, las realizadas en publicaciones jurídicas especializadas llegándose a admitir, incluso a publicación oral (radiodifusión) cuando se estimó que por ese medio se había obtenido un conocimiento generalizado. Pero también se consideraba la necesidad que la publicidad se hubiera realizado en un diario periódico oficial(4).

Era perceptible la inconveniencia de una situación como la descripta: a la par de pronunciamientos judiciales contradictorios y la dificultad de evaluar, en todo caso, la extensión de la difusión privada con la consiguiente incerteza que ello producía, se agregaba la inseguridad acerca de la exactitud y autenticidad del texto difundido.

Otra inquietante cuestión se relacionaba con la entrada en vigencia escalonada: la prescripción legal tenía su razón de ser en las dificultades de transporte y de difusión en lugares alejados de los centros urbanos, propias de la época de la entrada en vigencia del Código Civil. Pero la disociación territorial de la obligatoriedad de las leyes —además de afectar el principio constitucional de la igualdad ante la ley— suponía un anacronismo incompatible con el posterior progreso de los medios de comunicación y difusión.

El abandono del sistema escalonado había sido propiciado por el Anteproyecto Bibiloni (art. 2º); el Proyecto de 1936 (art. 1º) y el Anteproyecto de 1954 (art. 2º).




b) La ley 16.504

El texto original fue modificado por la ley 16.504 (BO 3/11/1964). Decía el nuevo texto: "Las leyes no son obligatorias sino desde su publicación y desde el día que determinen. Si no designan tiempo, serán obligatorias después de los ocho días siguientes al de su publicación oficial".

Resultaba de ello que la publicación debía ser "oficial" y que la entrada en vigencia era uniforme en todo el Estado. Además, que el legislador gozaba de la facultad de establecer el plazo de la entrada en vigencia y de no hacerlo, eran obligatorias después de los ocho días siguientes al de su publicación.




c) El Proyecto de 1998

El Proyecto del Ejecutivo de 1993 no propuso modificaciones al art. 2º (texto según ley 16.504). El art. 2º del Proyecto de 1998, en cambio, proponía el siguiente texto: "Existencia y vigencia. Las leyes rigen después del octavo día de su publicación o desde el día que ellas determinen".

El precepto mantenía el sistema de vigencia uniforme y omitía el requisito de que la publicación debía ser "oficial". La omisión no podía ser sino deliberada y suponía que se habrían reinstalado los trastornos que había generado, en este aspecto, el texto original del Código Civil derogado.




3. El artículo. Entrada en vigencia uniforme. Publicidad oficial

El precepto que se considera reitera el principio de la entrada en vigencia uniforme de las leyes y retoma —acertadamente— la exigencia de la forma de la publicidad oficial.

Sucede que la publicidad tiene como fin, además de la posibilidad de hacer conocer las leyes a los destinatarios, la de otorgar certeza sobre la autenticidad del texto legal, y ello se logra más acabadamente con la publicidad oficial. De ese modo, se obtiene también que la entrada en vigencia sea uniforme, pues será único el órgano y única la fecha de la difusión, eliminándose toda duda acerca de si la difusión en los medios de información no oficial fue lo suficientemente extendida o si el medio fue o no adecuado.

Como se vio, es deber del Poder Ejecutivo la publicación de las leyes. Una cuestión se suscita en la hipótesis de la omisión o tardanza en hacerlo. Una respuesta es clara: la omisión en la publicación no puede tener por resultado privar a un particular de prerrogativas frente al Estado otorgadas por la ley no publicada, pues la omisión en cumplir el deber no puede beneficiar al moroso(5). Más aún, la publicación es requerida para que la población pueda tener conocimiento de las leyes y quien las dictó no necesita de publicación alguna(6).

Más compleja es la solución cuando la situación jurídica alcanzada por la nueva ley no publicada por la mora del poder administrador es entre particulares. Probablemente la cuestión requiera ser resuelta con base en las circunstancias de cada caso(7) (la extensión de la difusión de la ley por otros medios; la notificación del contenido de la ley por una comunicación privada).




4. Los plazos de entrada en vigencia

El precepto faculta al legislador a establecer la fecha de entrada en vigencia de la ley y en caso de no hacerlo, ellas rigen después del octavo día de la publicación.

El alcance de las facultades atribuidas al legislador no deja de ser conflictivo, ¿la fecha de entrada en vigencia de la ley debe ser necesariamente posterior al de la publicación, de modo que quede cumplida la razón de ser esencial de ella (la posibilidad que la conozcan sus destinatarios)? ¿O puede ser anterior a ella y en ese caso cuán anterior?

El art. 2º del Código Civil derogado facilitaba una contestación afirmativa al primer interrogante: las leyes no eran obligatorias "sino después de su publicación y desde el día que ellas determinen". En una interpretación gramatical del texto la fecha establecida por el legislador debía ser necesariamente posterior(8).

No obstante ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contrariamente, había resuelto que era facultad del legislador establecer su entrada en vigencia desde la promulgación(9) y ello era compartido por alguna doctrina(10).

El precepto que se examina —lo mismo que el Proyecto de 1998 (art. 2º)— prescinde de limitar la facultad del legislador a una fecha posterior a la publicación, de modo que parece que habrá que entender que es factible la fijación de una fecha anterior a ella (con las salvedades que se indican enseguida); resultaría de ello que la ley será obligatoria sin que sus destinatarios hayan tenido la posibilidad de conocerlas y de acceder a un texto auténtico (fundamento último de la publicación). De esta conclusión deben quedar excluidas las leyes penales.

Aun aceptadas las conclusiones del párrafo anterior, es preciso señalar la inconveniencia de la solución: las facultades del legislador debieran quedar limitadas a establecer una fecha de entrada en vigencia que sea posterior al cumplimiento del requisito cuyo fundamento es hacer conocer a los destinatarios de las leyes sus cláusulas permisivas y las prohibitivas.

A propósito de lo expuesto, se ha destacado que no son pocas las leyes que disponen expresamente su entrada vigencia desde la promulgación y, aun, algunas de ellas desde su sanción(11).

De cualquier modo, se imponen algunas precisiones: es posible aceptar la constitucionalidad de la ley que dispone su entrada en vigencia desde la promulgación: la ley "existe" desde entonces y la que lo dispone, además, es de igual jerarquía y de fecha posterior a este art. 5º.

La solución es distinta cuando el legislador establece la entrada en vigencia desde la sanción: la "existencia de la ley" requiere además de la promulgación y es constitucionalmente objetable que una ley entre en vigencia en una fecha en que, estrictamente, no "existe" como tal(12).

No plantea inconvenientes, en cambio, la hipótesis de la ley publicada sin que el legislador le haya atribuido fecha de entrada en vigencia: ella es obligatoria después de los ocho días de su publicación.




5. Las leyes secretas

Desde antiguo, se discute sobre la constitucionalidad de las llamadas "leyes secretas"; el tema, como es obvio, se vincula al postulado de la publicidad de los actos de gobierno y la controversia acerca de si es posible justificar limitaciones fundadas en materia de seguridad interna. El tema no se circunscribe a la publicación de las leyes sino al procedimiento mismo que conduce a la sanción.

En la controversia —en lo que al ámbito del derecho privado interesa— es claro que de leyes de ese tipo no pueden surgir preceptos obligatorios para los particulares(13).

De cualquier modo, la cuestión ha quedado concluida: la ley 26.134 dejó sin efecto el carácter secreto o reservado de toda ley que hubiera sido considerada en tal carácter a partir de su entrada en vigencia (art. 1º) prohibiendo para el futuro el dictado de leyes de carácter secreto o reservado (art. 2º).




Opinión de Alterini, J. H. y Alterini, I. E. en la 1ª edición

Pensamos que el art. 5º no constituye, por las dificultades propias del tema, una herramienta que evite eventuales conflictos sobre la vigencia y publicidad de las leyes.

Resulta evidente que del propio texto de la norma se infiere que las leyes pueden regir aunque carezcan de "publicación oficial", ya que pueden entrar en vigencia desde el día en que ellas determinen.

Si la ley puede regir aunque no haya sido publicada oficialmente, parece congruente sostener que igualmente es vinculante para quienes se les pueda probar un efectivo conocimiento. Ese efectivo conocimiento que podría acreditarse que tuvieron los terceros, se supone que inexorablemente existió para los que gestaron las leyes respectivas.

También, debemos puntualizar que el art. 5º es una norma que será aplicable de no mediar otra posterior que trate la cuestión en sentido distinto, pero igualmente vinculante en su esfera de aplicación.

Si bien la ley 26.134 quiso desalentar las leyes secretas, como su jerarquía no es superior a otras eventuales leyes de igual rango que decidan permanecer ocultas, no es descartable la existencia de leyes secretas que desmerezcan la publicidad que persiguen los sistemas republicanos.




Art. 6º.— Modo de contar los intervalos del derecho.

El modo de contar los intervalos del derecho es el siguiente: día es el intervalo que corre de medianoche a medianoche. En los plazos fijados en días, a contar de uno determinado, queda éste excluido del cómputo, el cual debe empezar al siguiente. Los plazos de meses o años se computan de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entiende que el plazo expira el último día de ese mes. Los plazos vencen a la hora veinticuatro del día del vencimiento respectivo. El cómputo civil de los plazos es de días completos y continuos, y no se excluyen los días inhábiles o no laborables. En los plazos fijados en horas, a contar desde una hora determinada, queda ésta excluida del cómputo, el cual debe empezar desde la hora siguiente. Las leyes o las partes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo.

Fuente: arts. 9º a 14 del Proyecto de 1998.




1. Modo de contar los intervalos del derecho

El artículo reemplaza al Título preliminar II —"Del modo de contar los intervalos de derecho" — del Código Civil derogado, cuyos arts. 23 a 28 regulaban el tema.

El Proyecto de 1998 (Libro Primero —"Del Derecho"—, Título IV —"Del modo de contar los intervalos del Derecho"—) propiciaba mantener las soluciones entonces vigentes "con una redacción más precisa" (Fundamentos), agregando el modo de contar los plazos fijados en horas e incorporando el "plazo de gracia" (arts. 9º a 14).

El nuevo precepto mantiene los lineamientos de sus predecesores, agrupándolos en un solo artículo, con la exclusión del plazo de gracia propuesto por el citado Proyecto (infra, más adelante) y la incorporación del modo de contar los plazos en horas.




a) Plazo de días

Comprende el plazo de 24 horas que corren desde la medianoche hasta la medianoche. En los plazos fijados en días a contar desde uno determinado, éste queda excluido del cómputo y el plazo comienza a correr el día siguiente (si el 5 de enero se contrajo la obligación a pagar en diez días, el plazo empieza a correr el día 6 y vence a la hora 24 del último día). De ese modo, se recoge el criterio clásico que descarta el sistema de computar los días de momento a momento, debido a la perceptible dificultad, en ocasiones, de la prueba del momento inicial(14).




b) Plazo de horas

No contenía previsiones el Código Civil derogado(15) y la regulación es tomada del Proyecto de 1998 (art. 12). En el cómputo respectivo, a contar desde una hora determinada, se la excluye y el plazo comienza desde la hora siguiente.




c) Plazo de meses o años

Los plazos de meses o años se computan de fecha a fecha y vencen a la hora veinticuatro del día del vencimiento respectivo. Si en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al del inicial del cómputo, el plazo expira en el último día del mes (por ejemplo, la fecha de inicio es del 30 de diciembre y el plazo es de dos meses, venciendo el 28 de febrero o el 29 si es un año bisiesto). La regla no rige en la situación inversa (por ejemplo, la fecha de inicio es del 28 de febrero y el plazo es de dos meses, venciendo el 28 de abril).

A diferencia del Proyecto de 1998, no se contempla la situación en que el vencimiento se produzca en un día inhábil (éste preveía que quedaba prorrogado hasta "el día hábil siguiente"). Debe entenderse, por lo tanto, que el vencimiento se produce en el día inhábil.




d) Plazo de semanas

El texto que se considera no consagra regla alguna a fin de computar los plazos de semanas (tampoco lo hacía el Código Civil derogado). Ha de entenderse, por aplicación de la analogía, que rigen las mismas reglas de los plazos de meses. Así, si se alquiló un bien mueble un miércoles por el término de una semana, se lo debe devolver el miércoles siguiente antes de la hora 24.

Alguna incertidumbre han causado los casos en que se pactan plazos de "ocho días" o "quince días" (en el sentido de establecer si se trata de ese número de días o de una o dos semanas, respectivamente). Independientemente del argumento estrictamente gramatical, la solución de atenerse al número de días previsto, es la solución menos rigurosa para el deudor. La contempla expresamente el art. 38 del decreto-ley 5965/1963: las expresiones "ocho días" y "quince días" para el vencimiento de una letra de cambio, se entienden, no de una o dos semanas, sino de un plazo de ocho o quince días.




2. Carácter continuo y completo de los plazos y suplementario de la norma

Los plazos son continuos, es decir, que una vez que comienzan a correr no se suspenden computándose los días inhábiles, los feriados y los no laborables.

La regla es de carácter general y no rige cuando una norma legal establece lo contrario (por ejemplo, causales de suspensión o interrupción de la prescripción); plazos procesales (art. 156, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación); plazos administrativos (art. 1º, ley 19.549). A propósito de los plazos procesales, ellos deben distinguirse de los plazos judiciales: los últimos son los fijados por los jueces en sus resoluciones (caso de las "astreintes") y siendo plazos civiles se les aplican las reglas del artículo (se computan los días hábiles y los inhábiles, pudiendo terminar en uno de éstos)(16).

Además de continuos, los plazos son "completos" o sea que el acto o la prestación puede realizarse durante toda su duración: el plazo le pertenece al deudor (en el caso de días, hasta la medianoche del último día). Hay que anotar la excepción de los plazos procesales, pues las diligencias deben hacerse en días y horas hábiles (art. 152CPCCN).

El último párrafo del artículo se encarga de precisar su carácter supletorio: "...las leyes o las partes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo". Se sigue de ello que también las partes pueden apartarse de la regla del artículo (por ejemplo, prescindiendo del cómputo de los días inhábiles).




3. La exclusión del plazo de gracia

Como es sabido, el art. 124 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dispone que el escrito no presentado dentro del horario judicial el día de su vencimiento puede ser entregado válidamente en el día hábil inmediato dentro de las dos primeras horas del despacho. Es el llamado "plazo de gracia".

El Proyecto de 1998 contemplaba una suerte de "extensión" de esa norma colocándola en una norma de fondo, comprensiva del ámbito judicial o administrativo. Decía: "...Si se trata de un acto que no puede cumplirse hasta la hora veinticuatro (24) por entenderse cerradas las respectivas oficinas judiciales o administrativas, se considera (el plazo) prorrogado hasta las dos primeras horas hábiles siguientes".

El artículo —acertadamente— no reitera esa "extensión", seguramente por entender que supondría una inferencia en materia no delegada al poder central y por ende privativa de regulación por las provincias(17).




Art. 7º.— Eficacia temporal.

A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales.

Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.

Fuentes: art. 3º del Código Civil, art. 4º del Proyecto de 1998.




1. Nociones introductorias

El tema regulado por el artículo —materia del derecho intertemporal o transitorio o conflicto de leyes en el tiempo— agrega a su natural complejidad una vez que se profundiza la investigación(18), la particular importancia que adquiere cuando se producen cambios significativos de gran trascendencia (como lo es la derogación de dos Códigos centenarios y su reemplazo por uno nuevo). Se multiplicarán seguramente las situaciones jurídicas en que será menester establecer si serán aplicables las normas de los Códigos Civil o Comercial anteriores o las del Código Civil y Comercial(19). El problema es propio de todo sistema normativo: éste se renueva y actualiza por medio de normas que derogan o modifican las anteriores y ello requiere de la existencia de un sistema que establezca cuáles de ellas (las nuevas o las anteriores) han de ser aplicadas a una determinada situación jurídica.

Se ha visto (supra, comentario art. 5º) que las leyes tienen una entrada en vigencia determinada a partir de las cuales quedan derogadas o modificadas las anteriores: el deslinde entre ambas es nítido y se aplica el art. 5º. La nueva ley reemplaza desde su entrada en vigencia la "fuerza abstracta" de la ley anterior.

Una cuestión distinta es la de determinar el "efecto material", es decir, la aplicación de una u otra ley a una determinada situación jurídica(20). Hay supuestos que, al menos en principio, no presentan dificultades especiales. Así: a) la situación jurídica nace cuando ya está vigente la nueva ley, en que resulta claro que le alcanza su efecto material, estando regida por ella en todos los aspectos; b) la situación jurídica nace, desarrolla sus efectos y se extingue bajo la vigencia de la ley anterior; ella se regirá, normalmente por ésta y no por la ley nueva.

Los problemas de los efectos materiales de la ley nueva o la anterior se presentan particularmente en dos supuestos: a) la situación jurídica nace bajo la vigencia de la ley anterior y sus efectos (o algunos de ellos) se desarrollan bajo la vigencia de la nueva ley; b) la situación jurídica se encuentra en proceso de formación cuando se produce el cambio legislativo; se distingue según se trate de una situación de formación continua (por ejemplo, un término de prescripción que la ley nueva alcanza) y una situación jurídica de formación sucesiva (por ejemplo, el testamento y la muerte del testador); parecida cuestión se presenta cuando la situación jurídica se presenta en proceso de extinción.

Ambos supuestos requieren establecer si la ley aplicable es la nueva o la anterior y es ello lo que es materia principal de regulación por el derecho intertemporal o transitorio.

En teoría, se podrían considerar dos soluciones extremas (ambas insatisfactorias): a) la vigencia absoluta de la nueva ley en razón de su efecto inmediato e irretroactivo; b) la ultra actividad de la ley anterior, como corolario de lo cual el efecto material de la nueva ley quedaría circunscripto a las situaciones jurídicas nacidas después de su entrada en vigencia.

Pero es perceptible que la primera opción afecta en términos inaceptables el postulado de la seguridad jurídica: no es concebible regular el pasado hasta un punto en que la ley nueva pueda hacer ilusorio lo que era lícito convirtiéndolo en ilícito o a la inversa. La inseguridad más extrema resultaría de ello, a lo que debe agregarse que la retroactividad no puede afectar derechos constitucionales.

La segunda opción, en cambio, posterga el progreso social: es de suponer que la ley nueva es mejor que la anterior y la ultra actividad de esta última retardaría la fuerza material de la nueva.

Descartadas ambas opciones como criterio general, se verá que es admisible admitirlas, aunque en situaciones de excepción.




2. Antecedentes

Determinado en el número anterior cuáles situaciones jurídicas requieren establecer reglas de derecho intertemporal, es de interés detenerse en los antecedentes nacionales:




a) El Código Civil derogado (los derechos adquiridos y las simples expectativas)

Vélez Sarsfield recogió la teoría clásica —entonces predominante— de los "derechos adquiridos".

El tema estaba regulado en los arts. 3º a 5º, 4044 y 4051. El primero de ellos establecía el postulado fundamental de la irretroactividad de las leyes. Decía: "las leyes disponen para el futuro; no tienen efecto retroactivo ni pueden alterar derechos adquiridos".

La misma idea aparecía en el art. 4044: "las nuevas leyes deben ser aplicadas a los hechos anteriores, cuando solo priven a los particulares de derechos que sean meros derechos en expectativa..."(21).

Para establecer cuándo una ley era retroactiva, se recurría a las nociones de "derechos adquiridos" y "simples expectativas" conjugando el contenido de los arts. 3º, 4044 y 4045 (como principales): la retroactividad existía cuando se afectaban derechos adquiridos pero no cuando se frustraban meras expectativas, simples esperanzas o facultades no ejercidas.

El criterio del codificador argentino —también de otros códigos— fue objeto de críticas fundadas. Se cuestionaba: la dificultad que una ley nueva modifique otra anterior sin afectar de una u otra manera derechos adquiridos al amparo de aquélla, con la consecuencia que la discusión se trasladaba a establecer cuáles derechos eran los que las leyes nuevas debían respetar; hay leyes que afectan derechos adquiridos que no son retroactivas (por ejemplo, la congelación de los alquileres desde su entrada en vigencia)(22).

Más drásticamente, se le reprochaba ser estrecha y, por ello insuficiente, al apreciar todo bajo el aspecto de los derechos subjetivos y, aun, solo de los patrimoniales; quedaban fuera de ella amplios espacios de la vida jurídica que estaban al margen de los derechos subjetivos (capacidades, estados, intereses, potestades)(23) e, incluso, derechos extrapatrimoniales(24).

Todavía, las insuficiencias del sistema terminaban por desnaturalizar su esencia: así, se consideraba "simple expectativa" a una reforma acerca del contenido del derecho de propiedad (art. 2513, Código Civil derogado modificado por la ley 17.711) —que obligaba a todos los propietarios— cuando en realidad el derecho tenía más consistencia que los derechos resultantes de los contratos (en que se sostenía que había derechos adquiridos)(25).




b) La ley 17.711

Simultáneamente con las críticas y consiguiente retroceso de la doctrina de los derechos adquiridos, se desarrolla paulatinamente otro criterio —denominado método objetivo— cuyo desarrollo, con variantes según los autores (Chironi, Vareilles-Sommieres, Duguit, Jeze Roubier, Level y otros) no es posible seguir aquí.

El enfoque parte de la existencia de situaciones jurídicas producidas o pendientes o futuras al momento de entrada en vigencia de la nueva ley y el esquema básico en que se sustenta el derecho intertemporal, es —en sus lineamientos muy generales— el siguiente:

i. situaciones jurídicas ya creadas o extinguidas al tiempo de entrada en vigencia de la nueva ley: ella, en principio, no puede modificarlas pues de otro modo sería retroactiva (principio de irretroactividad);

ii. situaciones jurídicas en proceso de formación (continua o sucesiva): en principio, son regidas por la nueva ley, siendo el corolario de su efecto inmediato; se resguardan, no obstante, los efectos ya producidos bajo la vigencia de la ley anterior (principio de irretroactividad);

iii. efectos de situaciones jurídicas ya cumplidas al momento de entrada en vigencia de la nueva ley: se rigen por ésta pues de otro modo habría retroactividad;

iv. efectos futuros de situaciones jurídicas anteriores; las regula la nueva ley debido a que ello es propio de su efecto inmediato.

Los puntos de partida, como se puede ver, lo constituyen el efecto inmediato y no retroactivo de las leyes y la distinción entre situaciones jurídicas y consecuencias (o efectos) de las situaciones jurídicas.

La ley 17.711 desechó la doctrina de los derechos adquiridos, recogió la del método objetivo y —sobre la base de una ponencia de Guillermo A. Borda al III Congreso Nacional de Derecho Civil, que fue recogida por el Congreso— modificó el art. 3º. Decía el nuevo texto: "A partir de la entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aun a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales. A los contratos en curso de ejecución les son aplicables las nuevas leyes supletorias".

El texto del Código Civil y Comercial, como se verá, recoge los lineamientos básicos de la reforma de la ley 17.711. Por tal motivo, su explicación se realiza simultáneamente con la del mencionado texto, en donde se mencionan algunos de los debates que suscitó la nueva redacción del art. 3º.




3. El artículo: consideraciones iniciales

Los antecedentes expuestos en el número anterior son indicativos de que, independientemente de los debates iniciales que suscitó la modificación del art. 3º por la ley 17.711, su estructura tuvo el beneplácito de los proyectos legislativos más recientes y, ahora, del Código Civil y Comercial; ello resulta indicativo de la consolidación de un consenso doctrinario acerca del modo de regular las cuestiones de conflicto de leyes en el tiempo(26).

El método objetivo adoptado, como se dijo, parte de la utilización del concepto de "situación jurídica": se trata de un término no unívoco que es utilizado en sentidos diversos, asimilándolo o distinguiéndolo de la "relación jurídica". La circunstancia que el artículo aluda indistintamente a los términos "situación jurídica" y "relación jurídica" elimina la dificultad de ingresar en la controversia; en materia de derecho intertemporal puede asimilárselas, no obstante que se tiende a considerar —con razón— que el primer término es genérico y subsume al segundo.

De cualquier modo, debe señalarse que a la dificultad que era propia de la doctrina de los derechos adquiridos (distinguir cuándo se estaba en presencia de un derecho adquirido o de una simple expectativa), el método objetivo adoptado por el artículo presenta otra dificultad: determinar cuándo se está en presencia de una situación jurídica y cuándo de una consecuencia (o efecto) de la situación jurídica. Es esta la observación fundamental que se formula al criterio receptado, con la particularidad que la distinción entre situación (o relación jurídica) y "consecuencias" de ellas es el aspecto central para dilucidar las cuestiones que se presentan.

A propósito de ello, un autor —además de señalar la imprecisión del concepto de situación jurídica— alude a la "imposibilidad" de discernir con certeza lo que hace a su "creación" de lo que hace a su "efecto"(27). En nuestro país, es ilustrativo el retruécano de López de Zavalía a la conocida frase de Duguit ("...Sé lo que es un derecho y aún no estoy muy seguro de ello, pero jamás he sabido lo que es un derecho adquirido"). Decía el autor nacional: "Sé lo que es una relación y una situación jurídica, aún no estoy muy seguro de ello, pero jamás he sabido lo que es una consecuencia de una relación o de una situación jurídica"(28).

No obstante, debe decirse que ello es propio de la complejidad del derecho intertemporal, aunque el sistema —pese a todo— se "adapta mejor a las situaciones prácticas, contribuyendo a resolverlas con técnica más apropiada"(29). En la búsqueda de aportar alguna claridad a un tema de por sí complejo, puede decirse que las "consecuencias" de una situación o relación jurídica, no pueden referirse a los elementos que la integran sino a los efectos que reconocen como causa una situación o relación jurídica ya existente. Son las consecuencias jurídicas (o efectos jurídicos) que "resultan" de la situación o relación jurídica que les da origen(30).




4. Exégesis del artículo

Según se dijo, el precepto recepta las reglas del método objetivo: el principio del efecto inmediato de la nueva ley a las situaciones y relaciones jurídicas en curso y a las consecuencias de las existentes; el principio de la irretroactividad de la ley, salvo la disposición legal en contrario y el límite de la retroactividad dispuesta por el legislador, que está dado por los derechos amparados por la Constitución.

Se agrega a ello otra regla: la ultra actividad de las leyes supletorias que estaban vigentes al tiempo de la conclusión de los contratos y un límite a este límite debido a que la ultra actividad no se extiende a las normas más favorables al consumidor.

Se analiza todo ello a continuación. Antes, es preciso señalar que en el debate acerca del significado de la norma, parecen entrecruzarse otras cuestiones: una de ellas, la advertencia que la cuestión tendría un componente político de trasfondo (la de quienes proclaman la necesidad de no demorar el progreso y postulan la aplicación inmediata de la ley y la de quienes, más conservadores, sostendrían posturas restrictivas contra el "trastorno de las innovaciones"(31). Otra, la creencia que el art. 7º constituye una herramienta insuficiente debido a que propone una "fórmula parcial, confusa y contradictoria" que, por ello, requeriría de otros elementos no provistos por la fórmula del artículo(32).

Sin descartar del todo la primera opinión —solo en el sentido de que eventualmente puedan sostenerse interpretaciones restrictivas acerca del alcance a atribuir al efecto inmediato de la nueva ley (en el que éste oculta una no declarada intención de "retrasar" su vigencia)— debe reiterarse aquí la afirmación que las dificultades son propias de la aplicación del derecho intertemporal (recuérdese el retruécano de López de Zavalía) y que la reiteración de la fórmula del artículo 3 del Código Civil derogado, permite mantener una fórmula que en su aplicación práctica —durante casi 50 años— no demostró haber generado dificultades significativas. Más aún, la jurisprudencia y doctrina elaborada alrededor de un texto que ahora se reitera en lo sustancial, constituye una base de particular utilidad para resolver las cuestiones que se susciten. Todavía, habría que reiterar que independientemente de los debates que inicialmente suscitó la modificación del art. 3º del Código de Vélez Sarsfield, los Proyectos posteriores mantuvieron la fórmula y que ella tuvo en general el beneplácito de la doctrina argentina(33) (supra número anterior)(34).

Las consideraciones precedentes sirven también para contestar los cuestionamientos realizados a la fórmula adoptada (el de ser una herramienta insuficiente por "parcial, confusa y contradictoria"). No creemos, de todos modos, que ello sea un obstáculo para que el legislador contemple reglas específicas para algunos casos particulares que se estimen conflictivos y de particular relevancia(35).




a) Efecto inmediato

El primer párrafo del artículo reitera el primer párrafo del art. 3º del Código Civil derogado (con la supresión del término "aún", que solo tendía a acentuar el alcance de lo prescripto): las nuevas normas son aplicables a las consecuencias de las situaciones y relaciones jurídicas existentes y ello es el corolario de la regla de la aplicación inmediata de la ley nueva(36).

El efecto inmediato tiene dos excepciones: cuando el legislador le atribuye, también, efecto retroactivo y la supervivencia de las normas supletorias, que determina la no aplicación de las normas supletorias de la nueva ley.

La indicada aplicación del efecto inmediato supone, correlativamente, su no aplicación a las situaciones y relaciones jurídicas constituidas o ya extinguidas y a las consecuencias ya producidas bajo la ley anterior.

Una cuestión especial es la de la situación jurídica en proceso de formación (continua o sucesiva) al tiempo de entrada en vigencia la nueva ley. Lo propio del efecto inmediato establecido por el primer párrafo es que la situación sea regida por ella. Cabe señalar la excepción de los casos en que los elementos ya producidos bajo la vigencia de la ley anterior tengan valor jurídico propio, pues de otro modo habría retroactividad(37).

Hay que señalar, asimismo, que el efecto inmediato tiene también el límite de las garantías constitucionales: si de aquél deriva la privación de un derecho amparado por la Constitución no corresponderá su aplicación. También la regla del efecto inmediato —como el de la aplicación retroactiva— funciona dentro del marco de la supremacía constitucional(38).




b) Irretroactividad

El segundo párrafo consagra el postulado de la irretroactividad de la nueva ley, sea o no de orden público. La retroactividad sucederá cuando la nueva ley se aplica a una situación o relación jurídica constituida o extinguida bajo la ley anterior o a las consecuencias ya producidas bajo la vigencia de ella; no hay allí aplicación inmediata de la ley nueva, sino retroactividad de ella. Es de señalar que, en tesis de principio, la irretroactividad es una regla de índole legal, a salvo la materia penal en que la irretroactividad está consagrada por la Constitución Nacional y sin perjuicio de la regla legal del beneficio de la ley más benigna (art. 2º, Código Penal). Es precisamente por ello, como se dice enseguida, que el legislador puede disponer la aplicación retroactiva de la nueva legislación.

Ya se ha anoticiado de la dificultad en determinar la presencia de una situación jurídica o una consecuencia de ella. Hay que agregar, ahora, la dificultad, en ocasiones, de distinguir la conexa cuestión entre efecto inmediato y efecto retroactivo.

El mismo párrafo establece la excepción de la disposición legal en contrario. La excepción tiene, a su vez, una excepción que supone la vuelta a la regla general de la irretroactividad: la retroactividad no puede afectar "derechos amparados por garantías constitucionales". Se había señalado respecto de igual precepto del art. 3º del Código Civil derogado, que se trataba de un límite innecesario, pues ello surgía manifiestamente del ordenamiento jurídico (la supremacía de las normas constitucionales). También, que la limitación suponía volver a la noción de "derechos adquiridos" pues son derechos de esa naturaleza los amparados por la Constitución Nacional(39), a lo que se contestó —con razón— que la Constitución protege los derechos sin la calificación de "adquiridos" sino tomándolos en su esencia(40).




c) La ultra actividad de las leyes supletorias

El tercer párrafo, como se adelantó, consagra una excepción a la regla del efecto inmediato de la nueva ley; cuando ésta es supletoria no se aplica a los "contratos en curso de ejecución", pues la que se aplica es la supletoria vigente al momento de la celebración del contrato (ultra actividad de la ley anterior).

El igual texto del artículo anterior había suscitado controversias en la doctrina. Un grupo de autores cuestionaba la solución, pues propiciaba la aplicación inmediata de la ley a los contratos en curso(41). Argumentaba con la coexistencia de dos ordenamientos jurídicos distintos en materia contractual; con lo insustancial de la presunción de que las partes recurrían a la legislación supletoria y que debía considerarse que las leyes nuevas eran mejores a las derogadas o modificadas.

Pero las criticas eran insuficientes para desvirtuar la solidez de la solución legal, cuyo fundamento decisivo radica en que la legislación supletoria debe presumirse incorporada al contrato aunque las partes no lo hayan dicho expresamente; una solución contraria importaría una mutación importante de lo que habían acordado en el contrato(42).

Interesa precisar, sin embargo, que hubiera sido conveniente extender la ultra actividad de las leyes supletorias a los negocios jurídicos y no circunscribirla a los contratos.

Finalmente, si la nueva ley atribuye carácter imperativo a las anteriores disposiciones supletorias, la primera tiene efectos inmediatos: la nueva ley, en ese caso, no permite la autonomía de la voluntad donde la ley anterior lo permitía(43).

La novedad del último párrafo consiste en que la ultra actividad de la ley supletoria no se extiende a "las normas más favorables en las relaciones de consumo". Es el corolario que ellas deben ser apreciadas de acuerdo con el principio de protección al consumidor y el acceso al consumo sustentable (art. 1094)(44). Cabe descartar en ese caso, la presunción de una voluntad común sobre la remisión a las normas supletorias vigentes y atenerse a la consideración que serán aplicables las nuevas leyes, siempre que ellas sean más favorables al consumidor(45).




5. Derecho intertemporal y plazos de prescripción en curso. Remisión

También el art. 2537 regula una cuestión de derecho intertemporal: el relativo a los plazos de prescripción en curso al momento de la entrada en vigencia de la nueva ley.

El precepto es similar al art. 4051 del Código Civil derogado —aunque no idéntico— y parcialmente distinto al que proponía el art. 2505 del Proyecto de 1998.

El aludido artículo del Código Civil y Comercial establece que los plazos de prescripción en curso se rigen por la ley anterior; empero, si ellas requieren mayor tiempo que el que fijan las nuevas leyes, queda cumplido una vez que transcurra el tiempo fijado por estas últimas, contado desde el día de su vigencia; no obstante, si el plazo fijado por la ley antigua finalizara antes que el nuevo plazo contado a partir de la vigencia de la nueva ley, se mantiene el plazo de la ley anterior.

Para el análisis de la norma y su correlación con las reglas generales de este artículo, corresponde remitirse a su comentario (infra, art. 2537).




Opinión de Alterini, J. H. y Alterini, I. E. en la 2ª edición




¿"Relaciones y situaciones jurídicas"?

En el art. 7° subsiste la dicotomía entre "relaciones" y "situaciones" jurídicas, no obstante que a estar a directivas del propio Código no corresponde que sean contrapuestas.

La contraposición no discutible es entre "poderes" y "relaciones jurídicas".

Subyace en el art. 1120 que una situación jurídica puede ser consecuencia de una relación jurídica, o incluso de varias de ellas. Según esa norma: "Se considera que existe una situación jurídica abusiva cuando el mismo resultado se alcanza a través de la predisposición de una pluralidad de actos jurídicos conexos".

Quiere decir que la situación jurídica abusiva puede ser desencadenada por una "pluralidad de actos jurídicos conexos"; así, por ejemplo, varios contratos conectados entre sí que generan relaciones jurídicas que pueden involucrar a sujetos distintos, pero que al estar conjugados producen la derivación abusiva.

Se advierte así que la caracterización como situación jurídica es muy abarcativa, pues desborda los poderes con los que muchas veces se la identifica y aparece en escenarios en los cuales no median potestades, sino hasta meras derivaciones de relaciones jurídicas.

Si se pensara que la mora es una situación jurídica, como lo sostuvo Moisset de Espanés (Irretroactividad de la ley y el nuevo art. 3 [Código Civil], Universidad Nacional de Córdoba, 1976, p. 116), se asistiría a un muy claro ejemplo donde aquélla sería extraña a toda idea de poder. De ser así, se asistiría a una situación jurídica que aparece en el marco de una relación jurídica, concretamente de una obligación.

Se hubiera avanzado en la clarificación de la temática a través de acudir a la alternativa de "relaciones jurídicas" y "poderes", o con la lúcida visión de Roubier hablar simplemente de "situaciones jurídicas" (ver ideas propuestas por Roubier en el marco del trabajos de intentos reforma del Código Civil francés, citadas por Aída Kemelmajer de Carlucci en "Las situaciones jurídicas preexistentes, a un año de la vigencia del Código Civil y Comercial (Varios personajes en busca de un autor), LA LEY, 1/8/2016, aunque la autora no extrae las implicancias interpretativas que propiciamos).

Con el alcance sugerido, una situación jurídica es el emplazamiento de la persona en determinado ámbito jurídico, en el cual se ubica como sujeto de relaciones jurídicas y de poderes y sometido a unos o a otros.




Incidencia de las leyes supletorias con relación a los contratos en curso de ejecución

Por de pronto, hubiera sido más adecuado que sostener la inaplicabilidad de las leyes supletorios "en los contratos en curso de ejecución", disponer que tal inaplicabilidad lo fuera a las situaciones jurídicas contractuales en curso de ejecución, pues el tercer párrafo del art. 7° no debe entenderse como una excepción a la regla de la irretroactividad (segundo párrafo) sino como una excepción a la directriz de la aplicación inmediata de las leyes a las "consecuencias", o sea a los efectos no consumados de las situaciones jurídicas (primer párrafo).

La supuesta salvedad que regula el último párrafo del art. 7°, aunque implica una solución adecuada, es superflua. Es acertado que se apliquen a situaciones jurídicas contractuales en curso de ejecución "las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo"; así lo impone la ontología característica de la temática del consumo, pero esa naturaleza convierte a las normas que lo reglan en normas indisponibles.

La salvedad no es tal porque no se trata de un supuesto de norma supletoria aplicable a una situación jurídica contractual en curso de ejecución, sino porque las normas del consumo son aplicables también en este caso por su carácter de normas indisponibles y no supletorias (arg. art. 65, ley 24.240).




Orden temático

Por las razones expuestas, los tres párrafos del art. 7° deberían leerse con el siguiente orden: el párrafo primero, debería mantener esa prioridad, pero lo debería suceder el párrafo tercero y no el segundo, que debería descender a una tercera ubicación.




Art. 8º.— Principio de inexcusabilidad.

La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento, si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico.

Fuente: art. 20 del Código Civil.




1. Inexcusabilidad del error de derecho

En el comentario del art. 257, se considera la noción de ignorancia o error de derecho y se da cuenta de la controversia doctrinaria existente bajo la vigencia del Código Civil derogado acerca del significado a atribuir a los textos legales involucrados (arts. 20 —similar al que se considera— y 953, en lo principal): una tesis tradicional —de la que participábamos— concluía que el error de derecho no podía invocarse para obtener la anulación de un acto ni para eximirse de responsabilidad en los actos ilícitos; otra —amplia— sostenía en cambio —aferrándose, sobre todo, a la nota del art. 923— que el acto era involuntario si el error de derecho había sido el motivo determinante de la celebración, de modo que de otra manera no se habría celebrado, debiendo distinguirse esa situación de aquella otra en que se pretendía invocar el error de derecho para sustraerse a los efectos del acto.

En el mismo lugar, se analiza este art. 8º, concluyendo que el precepto impide la alternativa de invocar la ignorancia o el error de derecho como causal de invalidez de un acto, con la excepción de los supuestos que contempla el ordenamiento jurídico. Para las consideraciones sobre este artículo, por consiguiente, corresponde remitirse al comentario al art. 257, núm. 6.




2. El error de derecho y los actos ilícitos civiles

Corresponde considerar aquí si igual solución a la que se arriba en el comentario al art. 257 en materia negocial, rige en materia de actos ilícitos civiles.

Interesa recordar que bajo la vigencia del Código Civil derogado, una opinión —coincidente con la postura que sostenía respecto del error de derecho en materia negocial— postulaba que el sistema del Código (arts. 20, 923 y 930, en lo principal), impedía acoger al error de derecho como causa de excusación de culpabilidad en los actos ilícitos civiles(46).

En un sentido distinto, otro punto de vista aplicaba los argumentos desarrollados para admitir un margen legal del error de derecho acaecido en los actos lícitos, proyectándolos a los actos ilícitos civiles.

Es probable que la controversia subsista en términos parecidos, tanto en la materia negocial como en la de los actos ilícitos civiles. Nosotros pensamos, sin embargo, que el texto del artículo, sumado a los fundamentos de la Comisión (de alguna importancia en la inicial vigencia de las leyes) permite afirmar que el error de derecho es ininvocable en ambos ámbitos.




Opinión de Alterini, J. H. y Alterini, I. E. en la 1ª edición

Un ilustrativo estado de la cuestión, en el marco del Código Civil derogado, puede encontrarse en: Vázquez, Gabriela A., "El error de derecho en el Código Civil y en el Convenio Nº 169 (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes", en Los vicios de la voluntad, Biblioteca de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Serie IV, Instituto de Derecho Civil, dirigido por Santos Cifuentes, La Ley, Buenos Aires, 2005, pp. 25 y ss.