Liquidaciones previsionales

Liquidación de Sentencias Previsionales

La liquidación de sentencia previsional constituye un procedimiento numérico destinado a cuantificar el monto de la condena judicial con sus accesorios. Igual sucede con otros actos de la economía del proceso, como el libramiento de cheques, que son providencias de mero trámite que no causan estado. Es decir, que en materia de liquidación las aprobaciones que ésta reciba no tienen el atributo de la cosa juzgada.

Es que una liquidación aprobada jamás alcanza el efecto definitivo que tiene la res judicata, porque ellas se aprueban “en cuanto ha lugar por derecho”, expresión un tanto difusa que viene a significar algo así como que, si las cuentas son correctas y que si no lo fueren por error en la práctica, podrán rectificarse aun a pedido de parte y hasta en la etapa de ejecución de sentencia.

Sin embargo, la posibilidad de revisión sólo alcanza a los errores meramente aritméticos, mas no a aquellos aspectos de fondo que no fueron planteados al correrse el traslado de la liquidación. En el caso, ellos quedan alcanzados por la preclusión, porque de otro modo, se admitiría una indebida posibilidad de replanteo acerca de cuestiones firmes. No obstante, el hecho que la liquidación no fuera observada tampoco obliga al juez o tribunal a aprobarla, pues ella debe resultar conforme a las pautas señaladas en el pronunciamiento.

De allí que si los jueces descubren un error de cálculo o aritmético en la liquidación practicada, y no la modifican. Incurrirían en falta grave, pues estarían tolerando la consagración de una gravísima lesión a los derechos del justiciable, cuya única fuente de derecho obraría sobre el error.


La ausencia de controversia no inhibe la posibilidad de impugnar la liquidación, pues por su propia naturaleza hasta que se produzca el pago con fuerza cancelatoria, la liquidación no sólo será susceptible de ser corregida en los errores que se constaten aun después de aprobada, sino que será esencialmente mutable por el transcurso del tiempo, por cuanto alguno de sus rubros dependen del paso de este último (intereses, actualización, etc. Por lo tanto, el conflicto debe ser planteado desde el punto de vista de los recaudos que requiere el pago de las obligaciones para adquirir capacidad cancelatoria, y no desde los supuestos de preclusiones o cosas juzgadas.


PERITO CONTADOR

PRACTICA PLANILLA DE LIQUIDACION

SEÑOR JUEZ FEDERAL

JOSE LUIS CAVALIERI, designado PERITO DE PARTE, en autos caratulados “………………..”. Expte. Nº …, que se tramitan por ante el JUZGADO FEDERAL Nº … SECRETARIA PREVISIONAL- A v.s. respetuosamente dice:

…………………………………………………………………………………..

Liquidación del Retroactivo de Diferencias de Haber e Intereses al 31 de julio de 2017, fecha del cálculo de análisis comparativo, y recalculado al 8 de abril de 2018 con el software Bluecorp licencia a mi nombre; correspondiente a ............................................................................................................

La fecha de cese es el 11 de octubre de 1993.

El Haber Percibido al 12/10/1993 es de pesos 1.192.42 calculado según la suma de los tres mejores años: Año 1991 $ 317,53 Año 1992 $ 312.37 Año 1988 $ 877.73. El Haber Reajustado al 12/10/1993 es de pesos 1.963,04.-

I) MOVILIDAD DEL HABER RECLAMADO

La Movilidad del Haber Reclamado es siguiendo los siguientes índices:

I.1) Nivel General de las Remuneraciones Extendido hasta el 31/03/1995

I.2) A.M.P.O. desde el 01/04/1995 hasta el 31/08/1997 aplicando el punto III de la Resolución del fallo de Autos “González Elisa Lucinda c/Anses s/Reajustes Varios Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala I Junio 2005. “ El pronunciamiento de la Corte Suprema en la causa “Sánchez” obliga por énfasis y contundencia de sus afirmaciones, a rechazar “…. Toda inteligencia restrictiva de la obligación que impone al Estado otorgar jubilaciones y pensiones móviles… “según el art. 14 de la constitución Nacional y a ponderar los concretos efectos de la aplicación del art. 7 punto 2 de la ley 24463, en atención a los agravios que sobre el punto expresa la actora. A partir de la sanción de la ley 24.463, excepción hecha por decreto de los haberes mínimo, no fueron objeto de movilidad alguna las prestaciones previsionales. Esto es, durante, más de diez años el Congresos de la Nación no ejerció la atribución-obligación de establecer por a la ley de Presupuesto la movilidad de las prestaciones del sistema público nacional. Pretende la reclamante que por el periodo posterior a marzo de 1995, sus haberes le sean reajustados en función del AMPO. La determinación del valor del Aporte Medio Previsional (Ampo) fue el sistema adoptado por la ley 24.241(art. 21 y 32, (diferencia entre Ampo) para calcular la movilidad del haber previsional. Si bien el art. 32 fue derogado por la ley 24.463, subsistió –hasta su derogación- por el Dto. 833 del 25 de agosto de 1997- el art. 21 de la referida norma, lo que permite verificar que el incremento de las remuneraciones de los activos, calculado en la forma inicialmente, alcanzo, en el periodo fin de marzo de 1994 hasta abril 1997, casi al 27 % (Resolución 171/94 de la Secretaria de Seguridad Social del 16/09/1994 –Ampo $ 63- hasta Resolución 27/97 del 4/4/97-Ampo $ 80.). La circunstancia apuntada aparece como suficiente como para que reconocer que los agravios al respecto, dejan de ser conjeturales 8 como lo señalara en su momento en “Heitt Rup”), ya que el referido incremento de los haberes de los activos, sin que se refleje en los pasivos, aparece excediendo en mucho el deterioro del 15 % en los haberes de pasividad que nuestro Máximo Tribunal ha entendí como soportable a partir del cual, la modificación del sistema de movilidad del haber previsto en la norma en virtud de la cual se otorga la prestación, se torna confiscatorio, en violación de garantías constitucionales ( arts. 14 bis y 17 de la C.N. ) . Así las cosas, corresponde acoger, en que exceda el referido parámetro de confiscatoriedad, el reclamo deducido”.-

Además según la Sentencia de .............., no se expresa “taxativamente” la expresión “Sin Movilidad” por el periodo indicado; confirmando mi liquidación de reajuste según el Fallo “González Elisa Lucinda c/Anses s/Reajustes Varios Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala I Junio 2005. “

I.3) SIN MOVILIDAD desde 01/09/1997 hasta 31/12/2001.

I.4) Salarios Nivel General INDEC anual desde el 01/01/2002 hasta el 31/12/2006

I.5) y desde el 01/01/2007 Aumentos Generales leyes 18037, 24241, 26417 y 27426

II) TOPE ART. 55 LEY 18037

Sobre el haber reclamado se aplicó el Tope Art. 55 Ley 18037 y Art. 9 Inc. 3 Ley 24463 desde el 21/10/1994 hasta el 30/11/2002, y desde el 01/12/2002 hasta el 31/05/2007, solo si la diferencia con el tope es menor al 15 % del haber reclamado.

Según lo indicado en la Sentencia de .............. Punto Cuarto " En lo que se refiere a la aplicación de los topes legales. sin perjuicio de que su constitucionalidad debe ser tratada en la etapa de ejecución, corresponde señalar que considero aplicable al respecto la doctrina judicial de CSJN en Monzo, Felipe j. c/Anses de fecha 15/08/06". Monzo, Felipe José c/ ANSeS s/ reajustes varios.


"Oposición de Excepciones" Letrada del Anses " Dado que el haber supera el tope legal vigente y la sentencia declara el diferimiento del art. 55 de la ley 18037 al remitirse al fallo "Monzó”, se deben solicitar salarios que hubiere percibido el titular de encontrarse en actividad desde la AFIP hasta la la actualidad a fin de efectuar una comparación con el salario reajustado". Esto es incompatible con el Régimen Jubilatorio que le corresponde a ................ No está jubilada por una Ley Especial, sino por el Régimen General Ley 18037.-


Actualmente se ha convertido en una regla de la Cámara Federal de la Seguridad Social, y de muchos tribunales inferiores, diferir el análisis de constitucionalidad de los haberes máximos fijados por los arts. 55 de la ley 18.037 y 9 de la Ley 24.463.

Justamente una de las finalidades de acompañar al escrito de demanda los cálculos realizados mediante programas informáticos, tienden a demostrar el grado de confiscatoriedad que generan las normas en cuestión.

Si de dicho cálculo, de haber sido realizado conforme los parámetros vigentes de acuerdo a la jurisprudencia en la materia, surge que de no aplicarse ningún tope máximo el haber superaría excesivamente el resultante del que arrojaría mediante su aplicación, se encontraría prima facie demostrado el agravio de manera actual y concreta.


Los distintos topes establecidos en las Leyes 18.037, 24.241 y 24.463, que la Administración Nacional de la Seguridad Social aplica a rajatabla, vulneran el carácter contributivo que se encuentra en la base del sistema de previsión social, ya que la aplicación de los mismos reducen el haber del beneficiario sin que se le tengan en cuenta la totalidad de aportes que con gran sacrificio ha realizado éste durante su época activa, con el convencimiento de que dicho esfuerzo sería reconocido y respetado en su futuro haber jubilatorio.


La no declaración en la sentencia de fondo de la inconstitucionalidad del sistema de topes y de haberes máximos, genera una permanente litigiosidad, ya que supone que el actor va a optar por la vía de la ejecución de sentencia judicial que prevé el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y de hecho lo obliga a utilizarla, cerrándole definitivamente la posibilidad de recorrer la vía de ejecución administrativa de cumplimiento de sentencia establecida en el nuevo artículo 22 de la Ley Nº 24.463 (conforme Ley 26.153), que establece que “Las sentencias condenatorias contra la Administración Nacional de la Seguridad Social serán cumplidas dentro del plazo de CIENTO VEINTE (120) días hábiles, contado a partir de la recepción efectiva del expediente administrativo correspondiente…”.

Si se declarase en la sentencia de fondo la inconstitucionalidad del sistema de topes y de haberes máximos, la ANSES se encontraría en condiciones de dar cabal cumplimiento a la misma en sede administrativa, sin aplicación de tope, quita o escala de reducción y sin necesidad de un nuevo pronunciamiento judicial. El expediente administrativo del beneficiario sería remitido, junto con las copias certificadas de las sentencia recaídas en las actuaciones judiciales, al sector de la Unidad de Cancelación de Deudas Provisionales (UCADEP) de la ANSES.

Tiempo atrás, cuando en las sentencias definitivas se declaraba la inconstitucionalidad de los topes y haberes máximos, la ANSES daba cumplimiento a las sentencias firmes en un tiempo extremadamente menor al de la tramitación de los procesos de ejecución de sentencia, los que han llegado incluso a tramitar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por cuestiones de tasa de interés aplicable a partir de enero de 2002.

De hecho, para que la ANSES pueda cumplir con dicha imposición legal de dar cumplimiento a la sentencia definitiva en el plazo de 120 días hábiles, es necesario que el expediente administrativo del actor sea devuelto al organismo administrador. Cuando se plantea la ejecución judicial de la sentencia dictada en el expediente, muchos juzgados de Primera Instancia manifiestan la necesidad de contar con dichas actuaciones administrativas, donde constan todos los servicios que se han considerado para el haber jubilatorio.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente “Otero, Sixto Ángel c/ ANSeS s/ reajustes varios", de fecha 13/11/07 (RJyP Tº 101, Pág. 654) ha establecido el deber del tribunal de declarar la inconstitucionalidad del art. 55 ley 18.037, manifestando “…5°) Que corresponde hacer lugar a los agravios del actor relacionados con el indebido diferimiento del examen sobre la validez constitucional del art. 55 de la ley 18.037, pues de la liquidación de fs. 4/10, que no fue objetada por la ANSeS en forma concreta y detallada, surge que la aplicación de la citada norma producirá en el haber previsional una disminución que resulta confiscatoria en los términos de la doctrina de esta Corte sentada en Fallos: 323:4216 (“Actis Caporale”), a cuyas consideraciones, en lo pertinente, cabe remitir por razones de brevedad...”.

Conclusión

Las sentencias definitivas en las que se analiza el reajuste de una prestación jubilatoria, necesariamente deben realizar de manera expresa el control de constitucionalidad del sistema de topes y haberes máximos aplicable al caso concreto, a fin de no diferirlo para la etapa de ejecución de sentencia, ya que ello genera una mayor litigiosidad y una permanente tramitación de las actuaciones judiciales. Expreso a VS. mi disconformidad con el este cálculo puesto que sostengo mi posición que es durante el proceso de Ejecución de Sentencia cuando se deben dictaminar al respecto.

Se adjunta fallo “Monzó, Felipe José c/Anses s/reajuste varios

Seguridad social. Recomposición de haberes. Base de cálculo. Precedente "Sánchez".

M. 675. XLI. "Monzó, Felipe José c/ ANSeS s/ reajustes varios".

Buenos Aires, 15 de agosto de 2006.

Vistos los autos: "Monzó, Felipe José c/ ANSeS s/ reajustes varios".

Considerando:

1°) Que contra la sentencia de la Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social que confirmó la de la instancia anterior que había ordenado la recomposición de los haberes del jubilado, ambas partes dedujeron recursos ordinarios de apelación que fueron concedidos según el Artículo 19 de la Ley Nº 24.463.

2°) Que el actor se agravia de que el a quo haya dispuesto que se aplique para el cálculo del nivel inicial de la prestación el precedente publicado en Fallos: 325:2699 ("Baudou"), pues entiende que de tal modo se frustra toda corrección de su haber ya que las pautas para el cotejo de los salarios percibidos resultan irrazonables y no reflejan su nivel de vida ni el esfuerzo contributivo realizado.

3°) Que tales impugnaciones resultan procedentes pues el antecedente cuestionado por el apelante tenía como fundamento que el Artículo 49 de la Ley Nº 18.037 había sido afectado por la derogación de normas indexatorias contenida en la Ley Nº 23.928, de modo similar a lo acontecido con el Artículo 53 de aquella ley, según se había resuelto en Fallos: 319:3241 ("Chocobar"), y en este aspecto el Tribunal fijó un nuevo criterio en la causa S.2758.XXXVIII "Sánchez, María del Carmen c/ ANSeS s/ reajustes varios", sentencias del 17 de mayo y 28 de julio de 2005, modificación que corresponde extender al presente caso.

4°) Que, en efecto, las disposiciones de la Ley Nº 18.037 vinculaban el monto inicial de la prestación con un promedio de los tres mejores ingresos anuales percibidos por el trabajador en la década anterior al cese, cuyos importes nominales debían ser actualizados a los fines del cómputo para que reflejaran las variaciones producidas en las remuneraciones de la generalidad de los activos, lo que respondía a la necesidad de fijar el primer haber en un nivel acorde con el que el peticionario tenía en los últimos años de su vida laboral.

5°) Que en los distintos votos que concurrieron en la solución del caso "Sánchez, María del Carmen" citado, se destacó que la utilización del índice del nivel general de las remuneraciones no tenía como finalidad compensar el deterioro inflacionario sino mantener una razonable proporción entre los ingresos de activos y pasivos, a la vez que se indicó que los salarios no habían sido alcanzados por la ley de convertibilidad y que las variaciones registradas después de su sanción no tuvieron naturaleza indexatoria, por lo que no existe fundamento válido para impedir el traslado de esos ajustes al cómputo del primer haber jubilatorio.

Que, en consecuencia, corresponde revocar el fallo impugnado y ordenar que el método de determinación del haber aprobado incorpore las modificaciones producidas en los indicadores hasta la fecha de cese.

6°) Que el planteo del apelante atinente a la movilidad que corresponde reconocer a su haber por el período que se extiende hasta el 1º de abril de 1995, remite al examen de cuestiones sustancialmente análogas a las resueltas en el referido precedente "Sánchez", cuyos fundamentos se dan por reproducidos.

7°) Que las objeciones del titular sobre la validez constitucional del sistema de haberes máximos ha sido examinado por el Tribunal en el precedente publicado en Fallos: 323:4216 ("Actis Caporale"), a cuyas consideraciones, en lo pertinente, corresponde remitir por razón de brevedad.

8°) Que no obstante haberse notificado a la demandada de la providencia que ordenaba poner los autos en secretaría a los fines del Artículo 280, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, no presentó el memorial exigido por dicha norma, lo que lleva a declarar la deserción del remedio intentado.

Por ello, el Tribunal resuelve: Declarar procedente el recurso ordinario de apelación deducido por el actor, desierto el interpuesto por la demandada, declarar en el caso la inconstitucionalidad del Artículo 55 de la Ley Nº 18.037y revocar la sentencia apelada con el alcance que surge de las consideraciones que anteceden. Notifíquese y devuélvase.

Enrique Santiago Petracchi - Elena I. Highton de Nolasco - Carlos S. Fayt - Juan Carlos Maqueda - E. Raúl Zaffaroni - Ricardo Luis Lorenzetti.

III) Sobre le haber reclamado el descuento de Obra social es el 3 % sobre el haber mínimo y el 6 % sobre la diferencia (I.N.S.S.J.P).

IV) La confiscatoriedad admitida es: sin Confiscatoriedad desde el inicio hasta el fin del periodo.

V) Las diferencias mensuales se calcularon por los periodos comprendidos entre el 21/10/1994 y el 31/05/2017.

VI) Los intereses se calcularon hasta el 13/05/2017 con la tasa Pasiva para uso de la Justicia (Com. 14290 BCRA).

VII) Los haberes, los descuentos y las diferencias están expresados en la moneda vigente. Los importes actualizados y los intereses están expresados en Pesos.

VIII) BONOS DE CONSOLIDACION LEY 25344

Los saldos Retroactivos se Consolidaron según la Ley 25344 actualizado a la fecha de cierre.

Saldo al 31/12/2001 Capital $ 126.186.89 Intereses $ 39926.36 Total $ 166.113.25 Pagado en el Periodo $ 94.850.90 Saldo $ 71.262.35 al 31/12/2001. Intereses hasta el 31/05/2017 $ 116.114.67 Saldo al 31/05/1987 $ 187.377,02.-

IX) INTERESES BONOS DE CONSOLIDACION LEY 25344

Intereses 162,94 % (12.4185 % de la Tasa Promedio de caja de Ahorro (Com. “A” 1828 BCRA) desde el 02/02/2202 hasta el 03/01/2010 + 150,5212 % de Tasa Pasiva para uso de la Justicia (com. 14290 BCRA hasta el 31/05/2017). se aplica la Tasa de Caja de Ahorro durante la vigencia del Bono y luego Tasa Pasiva de la Justicia, según fallo “Delfino María c/Anses s/Ejecución de Sentencia” de fecha 02/09/2014.-

SE ADJUNTA FALLO “DELFINO, MARIA C/ANSES S/EJECUCION PREVISIONAL

Ejecución de sentencia. Deudas consolidadas. Amortización de bonos de consolidación de leyes 23.982 y 24.130 y por edad de la actora. Interés. Tasa promedio de caja de ahorro común que publique el BCRA. Art. 6° de la ley 23.982 y art. 12 del dec. 1116/00.

Causa: “Delfino, María c/ANSeS s/Ejecución previsional”

Corte Suprema de Justicia de la Nación, D.389.XLVI, 2/9/14

1. La circunstancia de haberse cancelado el crédito de la actora en efectivo no importa su exclusión del régimen de consolidación de deudas sino el empleo de una de las alternativas de pago previstas y, por lo tanto, no corresponde apartarse del interés fijado por sus disposiciones (Del dictamen de la Procuradora Fiscal al que se remite la Corte).

2. La consolidación de las obligaciones alcanzadas por las leyes 23.982 y 25.344 opera de pleno derecho después del reconocimiento firme de la deuda, en sede judicial o administrativa. Como consecuencia de ello, se produce -en ese momento- la novación de la obligación original y de cualquiera de sus accesorios, por lo que sólo subsisten para el acreedor los derechos derivados de la consolidación que la misma ley establece: exigir el pago en efectivo en los plazos fijados por ella o la entrega de los bonos que correspondan. Tal circunstancia impone que el interesado se someta a las disposiciones de la ley y a los mecanismos administrativos previstos en ella y su reglamentación a fin de percibir los créditos que les son reconocidos, los cuales únicamente devengan el interés que prevé el art. 6° de la ley 23.982 o el art. 12, inc. a), del decreto reglamentario 1116/00, según corresponda. (Del dictamen de la Procuradora Fiscal al que se remite la Corte).

3. A partir de la consolidación, las obligaciones comprendidas devengarán solamente un interés equivalente a la tasa promedio de la caja de ahorro común que publique el Banco Central de la República Argentina, capitalizable mensualmente (art. 6° ley 23.982, norma reproducida en el art. 12, inc. a), anexo IV, del decreto 1116/00, relativo a las deudas consolidadas y pagaderas en moneda nacional y/o bonos emitidos en moneda nacional, aplicable a los créditos que se liquidan judicialmente en virtud de la remisión que efectúa el art. 13 del mismo decreto). (Del dictamen de la Procuradora Fiscal al que se remite la Corte).

4. Desde la fecha de corte establecida en la ley 23.982 hasta la amortización de los títulos públicos previstos por el decreto 1873/02, que dispuso la emisión de nuevos bonos para la cancelación de las deudas comprendidas en esos estatutos, se deben aplicar los intereses previstos en el art. 6 de la ley 23.982.

5. Desde el vencimiento de los bonos contemplados en el decreto 1873/02 para hacer frente a las deudas previsionales pendientes de cancelación de las leyes 23.982 y 24.130, hasta el efectivo pago de las acreencias, corresponde la aplicación de la tasa pasiva de interés (conf. “Domínguez, Norah Giselda c/ ANSeS del 11/11/08).

Suprema Corte:

-I-

A fs. 225 la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social hizo lugar al reclamo de la actora tendiente a que se aplique la tasa de interés fijada en la sentencia que se ejecuta sobre el monto de la condena a abonar en efectivo, desde que cada suma fue debida hasta su efectivo pago, por haberse producido la amortización de los bonos previstos por las leyes 23.982 y 24.130 y por la edad de la actora.

-II-

Disconforme con esta decisión, la Administración Nacional de la Seguridad Social -demandada en autos- interpuso el recurso extraordinario de fs. 237/243, que fue concedido parcialmente a fs. 249.

En lo sustancial, aduce que la sentencia se aparta de las normas aplicables y tergiversa el alcance del instituto de la novación de las obligaciones consolidadas al considerar que si se produce el vencimiento de los medios de pago ello implica la derogación de las leyes de consolidación. Pone de resalto que el único interés aplicable al pago en efectivo es el que prevén las leyes 23.982 y 25.344 y sus decretos reglamentarios.

-III-

Si bien es un principio asentado que las decisiones adoptadas en la etapa de ejecución no configuran la sentencia definitiva requerida por el art. 14 de la ley 48, ello admite excepciones cuando lo decidido pone fin a lo discutido y causa un gravamen de imposible reparación ulterior (Fallos: 323:3909 y sus citas), extremo que, en mi concepto, se verifica en autos, toda vez que el apelante no tiene otra oportunidad de replantear sus agravios. Por otra parte, también debe tenerse presente que en el sub lite se discute la interpretación de normas de carácter federal y la decisión recaída ha sido contraria al derecho que el apelante funda en ellas (art. 14 de la ley 48).

-IV-

En cuanto al fondo del asunto, entiendo que resulta admisible el planteo formulado por el apelante, toda vez que la circunstancia de haberse cancelado el crédito de la actora en efectivo no importa su exclusión del régimen de consolidación de deudas sino el empleo de una de las alternativas de pago previstas y, por lo tanto, no corresponde apartarse del interés fijado por sus disposiciones (v. sentencia del 30 de junio de 2009, in re N. 212, L. XLIV, “Nicklin, Nelly Edith c/ANSeS s/ejecución previsional”).

Al respecto, creo oportuno recordar que la consolidación de las obligaciones alcanzadas por las leyes 23.982 y 25.344 opera de pleno derecho después del reconocimiento firme de la deuda, en sede judicial o administrativa. Como consecuencia de ello, se produce -en ese momento- la novación de la obligación original y de cualquiera de sus accesorios, por lo que sólo subsisten para el acreedor. los derechos derivados de la consolidación que la misma ley establece: exigir el pago en efectivo en los plazos fijados por ella o la entrega de los bonos que correspondan (Fallos: 322:1421; 327:4749, entre otros). Tal circunstancia impone que el interesado se someta a las disposiciones de la ley y a los mecanismos administrativos previstos en ella y su reglamentación a fin de percibir los créditos que les son reconocidos (Fallos: 317:739), los cuales únicamente devengan el interés que prevé el art. 6° de la ley 23.982 o el art.12, inc. a), del decreto reglamentario 1116/00, según corresponda (Fallos: 322:1421).

El citado art. 6° establece que, a partir de la consolidación, las obligaciones comprendidas devengarán solamente un interés equivalente a la tasa promedio de la caja de ahorro común que publique el Banco Central de la República Argentina, capitalizable mensualmente. Esta norma ha sido reproducida en el art. 12, inc. a), anexo IV, del decreto 1116/00, relativo a las deudas consolidadas y pagaderas en moneda nacional y/o bonos emitidos en moneda nacional, aplicable a los créditos que se liquidan judicialmente en virtud de la remisión que efectúa el art. 13 del mismo decreto.

En tales condiciones, el criterio adoptado por la cámara en el sentido de que corresponde abonar los intereses fijados en la sentencia que se ejecuta con sustento en que se ha producido la amortización de los bonos de consolidación y en que la acreedora cuenta con la edad que requieren las normas aplicables a los fines de cancelar su crédito en efectivo, importa un injustificado apartamiento de normas de inexcusable aplicación en virtud del carácter de orden público que reviste el régimen de consolidación (Fallos: 326:1632 y su cita).

-V-

Opino, por tanto, que corresponde declarar procedente el recurso extraordinario interpuesto y revocar la sentencia apelada. Buenos Aires, 14 de mayo de 2012. Laura M. Monti. Procuradora Fiscal

Considerando:

l°) Que los agravios de la ANSeS referentes a la tasa de interés que corresponde aplicar a los créditos -pagaderos en efectivo- consolidados por las leyes 23.982 y 24.130, han sido objeto de adecuado tratamiento en el dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal, a cuyas consideraciones corresponde remitir por razón de brevedad.

2°) Que, en consecuencia, corresponde ordenar que desde la fecha de corte establecida en la primera norma citada hasta la amortización de los títulos públicos previstos por el decreto 1873/02, que dispuso la emisión de nuevos bonos para la cancelación de las deudas comprendidas en esos estatutos, se apliquen los accesorios previstos en el art. 6 de la ley 23.982 (conf. arg. causa M.702.XLVII “Marchetti, Osmar Edmundo c/ Yacimientos Mineros de Aguas Dionisio s/ daños y perjuicios”, del 26 de marzo de 2013).

3°) Que desde la fecha de vencimiento de los bonos contemplados en el decreto citado para hacer frente a las deudas previsionales pendientes de cancelación de las leyes 23.982 Y 24.130, hasta el efectivo pago de las acreencias, corresponde ordenar la aplicación de la tasa pasiva de interés, de conformidad con lo resuelto en el precedente D.1234.XXXIX “Domínguez, Norah Giselda c/ANSeS s/reajustes varios”, fallada el 11 de noviembre de 2008, cuyos fundamentos se dan por reproducidos.

Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada con el alcance indicado en la presente. Costas por su orden (art. 71 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y devuélvase. Ricardo Luis Lorenzetti. Elena I. Highton de Nolasco. Carlos S. Fayt. Juan Carlos Maqueda.

X) PAGOS A CUENTA

Se informa el detalle de los pagos ingresados a la Liquidación provenientes del:

Expediente 024-23-02385620-4-152-000001

(Código 49010000- U.C.A.D.E.P.- FECHA DE ALTA 26/08/2008)

X.1) 18/09/2006 $ 100.863.14 PESOS (CAPITAL + INTERESES)

NO SE TIENE EN CUENTA EL DESCUENTO OBRA SOCIAL 6% CORRESPONDIENTE AL CODIGO 518008

X.2) 18/09/2006 $ 94.850.90 BONOS SALDO CONSOLIDADO LEY 25344 (CAPITAL + INTERESES)

NO SE TIENE EN CUENTA EL DESCUENTO OBRA SOCIAL 6% CORRESPONDIEN


XI) La liquidación de sentencia constituye un procedimiento numérico destinado a cuantificar el monto de la condena judicial con sus accesorios. Es decir, que en materia de liquidaciones las aprobaciones que esta reciba no tienen el atributo de cosa juzgada. Es que una liquidación aprobada jamás alcanza el efecto definitivo que tiene la res judicata, porque ellas se aprueban “en cuanto ha lugar por derecho”, que significa que si las cuentas son correctas y ajustadas a las pautas ordenadas, ellas deben confirmarse; pero si no lo fuere por error en la práctica, podrán rectificarse aun sin pedido de parte y hasta la etapa de ejecución de sentencia. La etapa de liquidación no es más que el tiempo posterior a la sentencia que queda firme, donde se establece el cumplimiento. Esta etapa tiene su vigencia hasta que la Ejecución de Sentencia quede confirmada con la suma liquida a abonar y el embargo pertinente, según el art. 502 de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Teniendo en cuenta lo indicado en este punto, presento mi pericia de parte con todas las aclaraciones y observaciones que considero adecuadas y la correspondiente liquidación de sentencia, realizada con mi licencia Bluecorp, a los efectos de la cuantificación de la condena sustanciada en la sentencia.

Dr Jose Luis Cavalieri.net

info@joseluiscavalieri.com Te 54 11 4953 7944 Junin 658 Buenos Aires C1026ABN CABA, Argentina