LA JUSTA DETERMINACIÓN DEL HABER de la PBU y SU MOVILIDAD PREVISIONAL

El procedimiento para la determinación de la prestación básica universal es una ficción que carece de relación con las reales categorías a las cuales aportó mi mandante.

Cabe decir que el procedimiento para la determinación de la prestación básica universal en los casos de adquisiciones de derecho anteriores al año 2009, en la redacción original de la ley 24.241, era el AMPO - Aporte Medio Previsional Obligatorio (art. 32).

En el artículo 21 de la misma ley se estableció que el AMPO se obtendrá dividiendo el promedio mensual de los aportes establecidos en el artículo 39 (11%),

ingresados en cada semestre, excluidos los aportes sobre el sueldo anual complementario, por el número total promedio mensual de afiliados que se encuentren aportando, de acuerdo con el procedimiento que establezcan las normas reglamentarias.

Con los incrementos del AMPO debían ajustarse todas las prestaciones, incluida la PBU.

Solicito reajustar la PBU actualizando las categorías históricas con el ISBIC, con la movilidad que el AMPO-MOPRE debió tener con ese índice, más aún teniendo en cuenta que cuanto más antigua es la PBU, más reajustará por aplicación del fallo Badaro. En consecuencia, de no hacerse lugar a lo peticionado se estaría perjudicando económicamente al beneficiario.

Y así en este sentido, dos de las tres Salas del fuero han reconocido la actualización de este componente del haber, en estos precedentes:

Sala I: en autos “Perez José”, esta Sala ordenó aplicar la movilidad del fallo Badaro a la PBU original, que es lo mismo que aplicar la movilidad mencionada al AMPO MOPRE, con lo que se obtiene una PBU recalculada a la fecha de adquisición del derecho Sala III: en la causa “Bruzzo, Romilio Amario” esta Sala el 28/04/10, actualizó el AMPO con el ISBIC hasta la fecha de adquisición del derecho (Elliff) y luego movilizó la PBU con Badaro.

La norma constitucional del art. 14 bis, que prevee la garantía de jubilaciones y pensiones móviles está conculcada, y abre derechamente la cuestión federal simple. El hecho que la PBU sea general no significa que deba ser arbitraria o irrazonable y que el procedimiento legal no pueda ser revisado judicialmente, si agravia normativas constitucionales.

Que algo sea de aplicación masiva no significa que no perjudique derechos particulares que puedan accionar ante la Justicia, como es el caso de mi cliente. Esto no significa que la PBU deba ser considerada como un “reajuste por movilidad” sino que la movilidad propia de los salarios debe ser considerada para la fijación de esta prestación básica universal, con un criterio razonable, objetivo y necesariamente equitativo y justo, lo cual no se verifica en la especie, cuando se observa la diferencia de haberes que existe de más, a favor de mi cliente, cuando se aplica cualquiera de estos procedimientos de cálculo alternativos, que guardan razonabilidad y además objetividad y justeza.

Por otra parte, se afecta gravemente el derecho constitucional de igualdad, atento a que algunos beneficiarios les es reconocida esta mejora y a otro no, sin fundamente alguno.

Ello debido a que la ley 26.417 introdujo modificaciones a este componente determinando su valor en una suma fija, luego actualizándolo de acuerdo al índice de movilidad de esta ley.

Cabe tener en cuenta el grado de sustitutividad que originariamente tenía la PBU. En este sentido como ya manifesté, la misma equivalía a 2 veces y media el aporte promedio del sistema, por lo que: 2,5 x 11% que era el aporte promedio del sistema, representaba el 27.5%. Con la derogación del MOPRE, el valor de la PBU equivale al 11,62% del salario promedio del segundo semestre 2008 ($2760), por lo que resulta claro que la PBU ha perdido su carácter sustitutivo ya que tal reducción representa un 42.25%.

Tal reducción, además de ser confiscatoria violenta expresamente el principio de progresividad de las leyes consagrado en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad(...)”.

De este modo, la PBU está viciada en su valor inicial, por lo que se solicita su actualización para que integre un haber previsional que guarde relación con el salario en actividad del beneficiario.

Nuestro Máximo Tribunal sostiene que la necesidad de mantener una proporción justa y razonable entre el haber de pasividad y la situación de los activos, es consecuencia del carácter integral que reconoce la Ley Suprema a todos los beneficios de la seguridad social y de la íntima vinculación que guardan las prestaciones aseguradas al trabajador con aquellas de naturaleza previsional (conf. “Sánchez, María del Carmen”,17/05/2005).

También ha señalado que los tratados internacionales promueven el desarrollo progresivo de los derechos humanos y sus cláusulas no pueden ser entendidas como una modificación o restricción de derecho alguno establecido en la primera parte de la Constitución Nacional (art.75 inc. 22). La consideración de los recursos disponibles del Estado constituye una pauta que debe evaluar cada Estado al tiempo de establecer nuevos o mayores beneficios a los compromisos asumidos, mas no importa disculpa alguna para desconocer o retacear los derechos vigentes (art. 29 Declaración Universal Dchos. Humanos).

Es por ello que resulta ineludible el ajuste del haber inicial de la PBU si queremos que la prestación previsional guarde esa necesaria proporcionalidad con el salario en actividad, y en este sentido es necesario lograr su modificación, de lo contrario el haber previsional por vejez jamás podrá cumplir su objetivo final, cubrir adecuadamente la contingencia. (Cfr. Redeterminación del haber inicial de la PBU, Silvana C. Capece, publicado en Revista de Jubilaciones y Pensiones del Dr. Guillermo José Jáuregui). De este modo se escribe el libreto de esta obra, todo un andamiaje legal que esconde el argumento de fondo: la pura potestad arbitraria de la Administración para fijar los valores que se abonan, sin pauta objetiva alguna.

Por lo tanto, solicito se haga lugar a la actualización de la PBU de acuerdo al Indice del Isbic.

Así, el tribunal resolvió: “…En estas condiciones, considero que ha de hacerse lugar al planteo en un todo de acuerdo con la doctrina sentada por el Alto Tribunal en el precedente “Elliff, Alberto José” del 11.8.09, otorgando al A.M.P.O. -por analogía- el mismo tratamiento que el dispuesto para las remuneraciones base de cálculo de la P.C. y de la P.A.P., por lo que la P.B.U. habrá de ser estimada en función del guarismo que resulte de actualizar el importe de $ 80 por el I.S.B.I.C. hasta el 28.5.03, sin perjuicio de su movilidad posterior con arreglo a las pautas indicadas por la C.S.J.N. en el citado precedente…”

A tal fin y en virtud de lo resuelto en el fallo Quiroga de parte del Alto Tribunal, demostraré numéricamente cuál es la merma y la incidencia de no contemplar el reajuste de este componente. Cabe decir que en ese caso particular la incidencia se postergó para el momento de ejecución porque la actora no hubo de acreditarlo con anterioridad, lo cual no quiere decir que en todos los casos sea así.

Es por ello que adjunto los cálculos pertinentes y pido que tal como se acredita la incidencia y el perjuicio, se resuelva la cuestión en esta oportunidad:

De los cálculos que se adjuntan puede observarse lo siguiente: Anses parte de una PBU inicial de $1.805,53.

Si reajusto esa PBU según el índice ISBIC arroja un valor de $5.356,25.

La merma es de $3.550,72 ($5.356,25-$1.805,53=$3.550,72).

Esta merma tiene una incidencia de 44,55%, porcentaje que se obtiene de dividir la merma: $3.550,72 sobre el haber inicial de caja: $7.969,42 y multiplicar su resultado por 100.

Téngase en cuenta que se ha tomado el haber inicial como denominador para determinar la incidencia, lo cual es la variable que menor incidencia arroja. Quiere decir entonces que de tomar como denominador el ajuste también de la PC y la PAP o incluso el reajuste de los tres componentes, la incidencia sería mucho mayor.

Entiendo respetuosamente que esto puede resolverse en esta oportunidad sin necesidad de esperar a la etapa de ejecución, porque el perjuicio ya puede observarse.

Nótese que en el fallo Quiroga dejó supeditado al momento de ejecución por cuanto con anterioridad no se demostró el perjuicio, cosa que no sucede en el caso de autos.

Consecuentemente habiendo demostrado el perjuicio concreto que derivaría al beneficiario de no reajustar debidamente la PBU, pido se reajuste de acuerdo al índice ISBIC.

Dr Jose Luis Cavalieri.net

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