Inconstitucionalidad del régimen de movilidad Ley 27.426

El marco político vergonzoso en el que se dictó esta normativa, como flagrante evidencia de un gobierno que favorece a grupos concentrados de la economía, al mismo momento que financia sus errores y su caja, quitándole con ostentación represiva a los más vulnerables y a los que menos tienen, es de público y notorio y ajeno a la jurisdicción de V.S.

Corresponde aquí el análisis técnico de la normativa, para que evalúe V.S. la viabilidad de su inserción en el sistema jurídico o si corresponde su tacha por inconstitucional como aquí se pide, y también la prueba de los perjuicios que produce. En primer lugar se analizará entonces la situación jurídica y luego la situación fáctica que se deriva de su nueva “fórmula” que delatan los perjuicios que produce al presente y para el futuro.

Situación jurídica

Antijuridicidad de la Ley 27.426 y normativa de aplicación concordante en cuanto contraría los principios del Derecho de la Seguridad Social, la Constitución Nacional, normas de tratados e instrumentos internacionales con jerarquía constitucional y otros sin jerarquía constitucional pero superiores a las leyes; y normas del derecho común.

La ley 27.426 que en su artículo primero vino a sustituir el art. 32 de la ley 24.241, viola con su contenido normas de la Constitución Nacional, normas de los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, normas de tratados e instrumentos internacionales sin jerarquía constitucional pero superiores en la pirámide normativa a las leyes y leyes de derecho común de un modo tal que al margen de los perjuicios que provoca debe ser tachada de inconstitucional.

A la violación de cuantiosos principios jurídicos cabe sumar las declaraciones de diversos diputados y senadores quienes dijeron que su voluntad había sido coercionada por sus respectivos gobernadores para cuidar la economía de cada provincia … un hecho ya conocido históricamente pero que no deja de ocasionar perplejidad y escándalo.

La ley 26.417 había determinado la movilidad de las jubilaciones y pensiones

ordenada por el art. 14 bis de la CN supliendo una omisión legislativa y estableció un estándar o piso para el derecho a una movilidad del haber previsional que no puede ser modificado de forma de afectar ese derecho con una degradación, una disminución del mismo.

A fin de fundar la petición esbozada organicé un análisis temático, destacando en cada caso las normas controvertidas.

1. Irretroactividad de la norma.

La norma aquí atacada es inconstitucional por violar el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación al aplicarse retroactivamente afectando derechos amparados por garantías constitucionales, como ser la movilidad jubilatoria. En efecto, al disponer la eficacia temporal de las normas y luego de establecer el principio general de irretroactividad, admite la excepción con la salvedad de los derechos constitucionales al establecer que: “La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales.…”

La ley 26.417 establecía un método semestral de determinación de la movilidad, es decir, que para el aumento de marzo se tomaban los índices del semestre inmediatamente anterior y así sucesivamente.

La ley 27.426, modifica la liquidación de la movilidad a períodos trimestrales y en marzo de 2018 tomará los índices del trimestre junio-septiembre 2017.

Es de perogrullo que esto implica dos situaciones fácticas perjudiciales evidentes:

1. la movilidad se determina en forma trimestral, omitiendo en el cálculo de marzo “tres” meses de movilidad, cuando se encontraba adquirido un derecho al cálculo de la movilidad en forma semestral y habiéndose devengado esta movilidad, cuyas pautas ya se habían consumado, entre los meses de septiembre y diciembre; y

2. hay un desfasaje de 6 meses para la determinación del aumento o movilidad, lo cual hará ese “aumento” se licúe … y que se mitigue el propio fin de la norma que es la “actualización” de los beneficios para que no pierdan valor adquisitivo pudiendo mantener cierto nivel de vida.

Lisa y llanamente lo que se hizo aquí fue recortar el aumento a los jubilados a otorgarse en marzo de 2018: primero porque se omite la liquidación de un trimestre y segundo porque se determinará un aumento en base a índices de 6 meses anteriores a su otorgamiento.

De esta manera, en marzo 2018 se le pagará una movilidad determinada según un índice fijado para el período junio-septiembre 2017 la cual se verá licuada por los aumentos que sucedan entre octubre 2017 a marzo 2018.

En su caso, debió liquidar la movilidad correspondiente a marzo 2018 y a partir de allí aplicar la nueva ley, más aún cuando para la primer movilidad bajo esta nueva ley, se está tomando un trimestre que ya fue pagado. Es decir en el mes de septiembre 2017 los beneficiarios recibieron una movilidad por el período semestral inmediatamente anterior, en ese semestre se encuentra incluído el trimestre (junio-septiembre) que determinará la movilidad de marzo de 2018.

Es una sinvergüenzada que así queda perfectamente desenmascarada y que lamentablemente viniendo de organismos técnicos administrativos, no puede tener otro propósito que el producir efectivamente esa reducción de los haberes de la clase pasiva. No puedo ahondar en más adjetivos sin faltar al decoro. Queda así demostrado que el fin de esta norma es ahorrar dinero a favor de otras diversas políticas de Estado, como ser mayor jerarquización e ingresos de mayor cantidad de funcionarios, y a costa de los beneficiarios de la seguridad social.

Esto es evidente y suficiente para tachar de inconstitucional la retroactividad de esta normativa.

Pero téngase presente además que esta violación al principio de irretroactivdad de la pues se desestabiliza el sistema normativo y se viola el derecho de propiedad con respecto a la movilidad semestral desconsiderada y ya adquirida por ley entonces vigente por el beneficiario.

Queda reservado suficientemente el caso federal.

2. Prohibición de regresión en el marco del derecho de progresividad.

La insatisfacción de derechos que provoca una movilidad inferior al estándar adquirido con la ley 26.417, viola además los siguientes principios y derechos recogidos en las siguientes normativas:

“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”; “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. (Arts 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos)

Así también se viola el Principio de progresividad, el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que: en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales: Desarrollo Progresivo: “Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre

educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”.

Este principio se refuerza en el art. 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" que establece que: “Los Estados partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo”.

Este principio también fue establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su art. 2 inc. 1 establece que: “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”.

La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re SÁNCHEZ, María del Carmen c/ ANSeS s/ reajustes varios - S. 2758. XXXVIII, sentencia del 17 de mayo de 2005 estableció: “Que los tratados internacionales promueven el desarrollo progresivo de los derechos humanos, y sus cláusulas no pueden ser entendidas como una modificación o restricción de derecho alguno establecido por la primera parte de la Constitución Nacional (art. 75, inc. 22). La consideración de los recursos disponibles de cada Estado (Cf. arts. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) constituye una pauta que debe evaluar cada país al tiempo de establecer nuevos o mayores beneficios destinados a dar satisfacción plena a los compromisos asumidos por esos documentos, mas no importa disculpa alguna para desconocer o retacear los derechos vigentes (Cf. art. 29 de la convención citada). Debe suponerse que el legislador ha sopesado los factores humanos, sociales y económicos al establecer la extensión de las prestaciones reconocidas y no corresponde a los jueces sustituir dicha valoración mediante razonamientos regresivos que, en la práctica, sólo conducen a negar el goce efectivo de esos derechos en los momentos de la vida en que su tutela es más necesaria...".

Este principio de progresividad no sólo implica que el Estado Nacional se compromete a realizar acciones positivas para efectivizar derechos consagrados en los Instrumentos Internacionales suscriptos, sino que también implica que el Estado Nacional debe omitir realizar acciones que retrograden pisos o estándares adquiridos en pos de efectivizar estos derechos.

Como ya se ha dicho supra la ley 26.417 logró un estándar o piso mínimo para el cálculo y determinación de la movilidad que el Estado no puede retrogradar normativamente sin violar este principio de progresividad.

Ya expliqué cómo la aplicación de la fórmula tal como está sancionada implica un retroceso sobre los principios fundamentales del sistema previsional que están garantizados por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, ya que tiende a disminuir el monto del haber jubilatorio. Al respecto, es de público y notorio por Infinidad de informes económicos que se han publicado, cómo el índice de movilidad según ley 26.417 correspondiente a marzo de 2008 es casi el triple de lo que se otorgará según el índice de la fórmula recientemente sancionada.

Toda norma que tienda a deteriorar estos principios es inconstitucional.

En efecto, de conformidad a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación, es inconstitucional toda medida estatal que disminuya el grado de protección que

hubiesen alcanzado en el orden interno, los señalados derechos, libertades y garantías (prohibición de retroceso).

No hay que hacer ningún razonamiento muy sofisticado para darse cuenta que se está afectando el derecho alimentario de un grupo vulnerable, ya que el haber previsional es el ingreso esencial para un jubilado. Esto es el “a-b-c” del derecho aplicado a los derechos humanos, esgrimió el constitucionalista Sabsay con fundamento en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y también en el Pacto de Naciones Unidas sobre derechos económicos, sociales y culturales, artículos ya mencionados supra.

Es evidente que los jubilados y pensionados se verán afectados en su derecho a la seguridad social en cuanto a una “vejez digna” violándose el art. 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" que establece que: “1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes”.

En el mismo instrumento mencionado, en su art. 17 se establece la “Protección de los Ancianos” “Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica…”

Esos derechos y principios están conculcados claramente, violándose los pilares básicos sobre el que se asienta nuestro sistema de seguridad social como ser “la justicia

redistributiva” (La garantía constitucional de la movilidad de las jubilaciones y pensiones . Un contrapunto entre los poderes legislativo y ejecutivo con el poder judicial . por JUAN BAUTISTA GONZÁLEZ SABORIDO 19 de Octubre de 2015 www.infojus.gov.ar Id SAIJ: DACF150780)

En efecto, ignora o maliciosamente soslaya la mayoría gobernante que la Seguridad Social en su sentido amplio, garantiza la cohesión social, mediante la redistribución y la protección social inclusiva de todos los ciudadanos.

Como todo derecho éste también se sostiene en hechos y realidades fácticas que le dan legitimidad y necesariedad y por los cuales fueron sancionados y establecidos. Son hechos tan claros como ineludibles de reconocimiento por parte de todos quienes amen la justicia y la razonabilidad. Considérese en este marco, primero, que los ciudadanos no están en igualdad de condiciones en el mercado para obtener ingresos en suficiencia para su vida activa, y en consecuencia mucho menos para la pasiva: y segundo y no menos importante, que el mercado por sí solo no puede generar bienestar general.

Por eso vengo sosteniendo la inconstitucionalidad de la normativa, porque su aplicación retrogradará derechos en la percepción de un monto inferior de haber, y a futuro igualmente un monto inferior a lo que hubiere percibido de continuar vigente la fórmula de ley 26.417, afectándose así la redistribución del ingreso de este colectivo de personas mayores, por cuanto más excluidos quedarán, teniendo menos protección social para desarrollar de manera digna esta etapa de su vida (Cfr. La garantía constitucional de la movilidad de las jubilaciones y pensiones. Un contrapunto entre los poderes legislativo y ejecutivo con el poder judicial por JUAN BAUTISTA GONZÁLEZ SABORIDO 19 de Octubre de 2015 www.infojus.gov.ar Id SAIJ: DACF150780)

En cuanto a nuestra Constitución Nacional, ya se dijo supra cómo la ley 27.426 en su art. 1 viola el art. 14 bis en cuanto a que las jubilaciones y pensiones deben ser móviles.

En esta materia de “movilidad” de los haberes, los precedentes de la Corte Suprema

de Justicia de la Nación -"Badaro" y "Elliff", han interpretado la garantía de la movilidad de las jubilaciones y pensiones amparadas en el art. 14bis, en base a los llamados principios de proporcionalidad y de sustitutividad del haber jubilatorio, lo cual significa que el haber jubilatorio debe guardar una adecuada proporcionalidad con los salarios de los trabajadores activos.

También se encuentra violado el art. 75 que determina que corresponde al Congreso:

inc. 23. “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.

Nótese que aquí se especifica que los ancianos, como grupo social, se trata de un grupo vulnerable para el cual se prevé cierta protección especial, que no se ve reflejada en la nueva normativa aquí atacada de inconstitucional.

Dentro del grupo de normas vulnerados, se encuentra también la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores que en su art. 1 establece que: “El objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. …”

En su art. 4 establece que “Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor enunciados en la presente Convención, sin discriminación de ningún tipo, y a tal fin:

b) Adoptarán las medidas afirmativas y realizarán los ajustes razonables que sean necesarios para el ejercicio de los derechos establecidos en la presente Convención y se abstendrán de adoptar cualquier medida legislativa que sea incompatible con la misma.

d) Adoptarán las medidas necesarias y cuando lo consideren en el marco de la cooperación internacional, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales; sin perjuicio de las obligaciones que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional”.

En el art. 17 se garantiza el derecho a la seguridad social: “Toda persona mayor tiene derecho a la seguridad social que la proteja para llevar una vida digna. Los Estados Parte promoverán progresivamente, dentro de los recursos disponibles, que la persona mayor reciba un ingreso para una vida digna a través de los sistemas de seguridad social y otros mecanismos flexibles de protección social….”

Explica el Dr. Walter Carnota en su artículo “El artículo 14 bis a la luz de la jurisprudencia actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: homenaje y balance”,publicado el 23/12/07 en la página 32 del Suplemento Constitucional de La Ley, que “...la progresividad viene a ser un análisis ulterior que se viene a adicionar a la necesaria razonabilidad que debe mostrar toda reglamentación de un derecho subjetivo” -cita de Abramovich y Courtis- siendo sospechosa toda regulación regresiva.

3. Cuestión técnica de los coeficientes e índices aplicados.

Prueba del perjuicio.

A toda la prueba lógica y jurídica ya esbozada, cabe agregar que la normativa es regresiva puesto que es regresiva la fórmula de movilidad seleccionada.

El índice elegido del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional no refleja un real aumento. Sabido es que la canasta de consumo de los adultos mayores es más cara. Los jubilados tienen un consumo diferente al general, no pudiendo el íncide aplicado capturar en su totalidad la incidencia de los aumentos en el presupuesto del hogar de los jubilados. Por ejemplo, los rubros “salud” y “servicios de la vivienda” para los jubilados,

tiene una ponderación que duplica la de los trabajadores registrados. Por ese motivo el haber de los jubilados perderá poder adquisitivo en relación a la variación de precios de la canasta de bienes y servicios de los adultos mayores. Entonces, la retroactividad ilegal y el ajuste trimestral no sólo achicarán los haberes en términos reales, sino que la situación especial de este grupo social que simpáticamente algunos legisladores han llamado

“nuestros abuelos” a pesar de plantarles esta normativa, puede ser todavía peor. Los irá devaluando paulatinamente, es el genocidio moderno, sistémico y silencioso.

Reitero que el perjuicio será por partida doble, con el aumento de las jubilaciones más bajo y el coeficiente aplicado, un cóctel para el retroceso del poder real adquisitivo.

Los investigadores del ITE de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo realizan un seguimiento específico para evaluar la inflación de los jubilados. En 2016 fue de 44 por ciento, alza más intensa que el IPC general. El último registro del ITE fue la inflación interanual de los jubilados de octubre pasado que alcanzó el 26,6 por ciento, cuatro puntos por encima del IPC-Indec. (Cf. Alfredo Zaiat 24 de diciembre de 2017 Regresiva, inconstitucional y discriminatoria, Diario Página 12) El hecho de que se haya omitido por completo prever cómo compensar la pérdida de un 7% -siete por ciento- de la movilidad en la transición del régimen de la ley 26.417 a otro; sumado a la imprevisión respecto a la aplicación intertemporal de las normas; y a la ausencia de preocupación respecto al resguardo de los valores prestacionales; patentizan la falta de prudencia y cuidado que hubo en la sanción legislativa (Cfr. Horacio N. Acebedo,

Inconstitucionalidad de un proyecto que tiene grandes probabilidades de convertirse en ley, publicado en diciembre 2017 Revista del Dr. Guillermo Jáuregui)

Es asombroso el artilugio hecho para tratar de justificar esta normativa, véase que el Procurador General del Tesoro, Dr. Bernardo Saravia Frías, en su dictamen favorable a esta ley defiende que su aplicación no es retroactiva citando sólo una parte del art. 7 del Código Civil y Comercial: justamente no cita la parte del artículo que habla sobre la afección de derechos amparados por garantías constitucionales… Esto es vergonzoso para un profesional y un hombre de Estado.

Luego dice: “El jubilado recibirá en marzo de 2018 un incremento y deberá esperar un trimestre para obtener una compensación mayor que finalice el empalme por cambio de sistema. Se desdobla el pago, y se posterga una parte; eso es todo”.

Esto no surge de la ley y sus conclusiones se basan en futurología, y los futuribles son los posibles, no son hechos, es como sostener que la inflación será de equis porcentaje y a los pocos días, decir que las metas de inflación deben “flexibilizarse”.

Luego cita la Jurisprudencia del Alto Tribunal: “En cuanto a los fines y condiciones que debe cumplir el haber jubilatorio, la CSJN señaló: “El empleo de un indicador salarial en materia previsional no tiene como finalidad compensar el deterioro inflacionario sino mantener una razonable proporción entre los ingresos activos y pasivos, que se vería afectada si en el cálculo del haber jubilatorio no se reflejaran las variaciones que se produjeron en las remuneraciones” (Fallos 332:1914)”. (Cf Horacio N. Acebedo, Inconstitucionalidad de un proyecto que tiene grandes probabilidades de convertirse en ley, publicado en diciembre 2017 Revista del Dr. Guillermo Jáuregui).

“La prestación previsional viene a sustituir el ingreso que tenía el peticionario como consecuencia de su labor, de modo que el nivel de vida asegurado por la jubilación debe guardar una relación justa y razonable con el que le proporcionaban al trabajador y a su núcleo familiar las remuneraciones que venía recibiendo y que definían la cuantía de sus aportes, lo que ha llevado a privilegiar como principio el de la necesaria proporcionalidad entre los haberes de pasividad y de actividad” (idem).

A partir de esta Jurisprudencia el Procurador dice: “El proyecto respeta los parámetros fijados por la Corte Suprema”.

Para esta parte respetuosamente, el Señor Procurador leyó otro proyecto por cuanto:

a. Si la Corte dice que el empleo de un indicador salarial en materia previsional no tiene como finalidad compensar el deterioro inflacionario … es porque la actualización del haber no solamente debe acompañar la inflación sino “algo más” … ese algo más es equiparse con los que están en actividad.

b. La Corte también dice que esa proporción se vería afectada si no se tuvieran en cuenta las variaciones que se produjeron en las remuneraciones. Nótese que la ley sancionada toma el índice RIPTE, como variación salarial, en un 30% del componente para la movilidad y como es sabido para todos los que trabajamos en esta materia, es un índice por mucho inferior a otros que también tienen en cuenta las variaciones salariales.

c. Me surge la pregunta ¿qué nivel de vida asegurará esta forma de movilidad para todos los beneficiarios? De acuerdo al Procurador la fórmula no lleva ínsitamente ningún inconveniente. Tampoco explica de qué modo la fórmula cumple con estos parámetros.

d. Incluso luego de mencionar la Jurisprudencia de la Corte en la que se determina que la inflación no es el único parámetro a tener en cuenta para la actualización de los beneficios, teniendo en cuenta que la fórmula sancionada tiene en un 70% sólo este componente, remata diciendo que “son las referencias que se utilizan en la casi totalidad de países que son parte de OCDE (i.e. salarios e inflación)”

Luego afirma el Procurador: “Si bien las exigencias de proporcionalidad y sustitutividad radican en la circunstancia de que las jubilaciones y pensiones acordadas constituyen verdaderos derechos que se incorporan al patrimonio y no pueden ser desconocidos, suprimidos ni alterados (salvo por causas sobrevinientes previstas previamente en la ley), sí pueden ser reducidas o rebajado su monto para el futuro, cuando median para ello razones de orden público o de beneficio general y en tanto la reducción no resulte confiscatoria o arbitrariamente desproporcionada (conf. Fallos: 170:12; 173:5; 234:717; 235:783; 258:14; 266:279)”.

No explica nada más.

Esta afirmación está diciendo: 1. que los beneficios pueden ser reducidos y 2. que se justificarán en razones de orden público o de beneficio general.

Si esto así fuera el Estado debió explicar cuáles eran aquéllas razones de orden público o de beneficio general, en forma previa a la sanción de la ley … además de explicar porque no tomaba el dinero que no pagará a los beneficiarios de otro lugar de la economía…

Luego cita en relación al principio de progresividad diversa jurisprudencia, rematando con la frase: “A contrario sensu, la doctrina de la CSJN no impide ni prohíbe una alegada regresión formal, en tanto resulten medidas debidamente justificadas”. Vuelvo a preguntarme entonces ¿cuál es la justificación de estas medidas? ... esto es lisa y llanamente un reconocimiento de que puede ser que la fórmula de movilidad afecte derechos amparados por garantías constitucionales pero que estará justificada esa afección….

Las conclusiones a las que arriba sin dar fundamento alguno, son dignas de una telenovela: “no puede perderse de vista que lo único que ocurriría con la aplicación de la nueva fórmula es un desdoblamiento del pago, y su postergación inicial (en el primer pago).

Luego los beneficios del cambio tendrían toda su extensión, asegurando la progresividad, movilidad y sustittutividad”.

No se entiende cómo la nueva fórmula será tan brillante del modo en que está formulada y con los índices seleccionados para efectivizarla.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido la competencia del Poder Judicial en la revisión de la razonabilidad de las normas, afirmando: “...Las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran, o cuando consagran una manifiesta inequidad” (Fallos 299:428, caso Rolón Zappa, 30/10/86).

La justicia social se inscribe entre los principales valores y objetivos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es la justicia en su más alta expresión, y consiste en ordenar la actividad intersubjetiva de los miembros de la comunidad y los recursos con que ésta cuenta con vistas a lograr que todos y cada uno de sus miembros participen de los bienes materiales y espirituales de la civilización; es la justicia por medio de la cual se consiguen o se tienden a alcanzar las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme con su excelsa dignidad. Constituye un medio para establecer la paz universal, y un fin propio. (Cfr. Horacio N. Acebedo,

Inconstitucionalidad de un proyecto que tiene grandes probabilidades de convertirse en ley, publicado en diciembre 2017 Revista del Dr. Guillermo Jáuregui).

Por todo lo expuesto pido se declare la inconstitucionalidad de la normativa aquí atacada, aplicando la fórmula de movilidad vigente con anterioridad, esto es, la fijada en la ley 26.417.

Dr Jose Luis Cavalieri.net contadores abogados licenciados en administracion Derecho Tributario Previsional Civil y Comercial info@joseluiscavalieri.com Te 54 11 4953 7944 Junin 658 Buenos Aires C1026ABN CABA, Argentina