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Ejecucion de Sentencia Previsional

Cobra el 100 % Costas al vencido

Exenta del Impuesto a las Ganancias


Ejecucion de Sentencia contra un Ente Autarquico

del Estado sin el beneficio de sentencias declarativas


Calculos BlueCorp de Sentencias de Reajuste de Haberes:

Badaro/Elliff y su comparacion con la ley de Reparacion Historica

Calculos con Retencion al Pago y

Metodo Devengado del Impuesto a las Ganancias.


Cobertura:

incluye todos los Calculos requeridos

durante el Proceso de Ejecucion de la Sentencia

( art. 503, art.504, art. 502) del

Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion.


DEMO SIN VALOR JUDICIAL

RETROACTIVO SENTENCIA JUDICIAL

Confección y Análisis

Liquidación de Sentencia de Reajuste

Leyes Generales y Especiales

Información requerida :

---Sentencia firme

---Resolución otorgamiento del beneficio

---Histórico de Pagos Ansés

---Tasa pasiva promedio 30 días Banco Central

---Fecha inicial de Pago

---Movilidad aumentos Sueldos de Referencia

---Indices a utilizar, si es más de un indice; indique las respectivas fechas de corte

---Liquidación UCADEP - Paseo Colón 329 Piso 5º

---Tasa de interés.

---Si la sentencia tiene pauta de confiscatoriedad, indique el porcentaje de quita; el periodo por el cual lo aplica: todo el periodo o hasta una fecha en particular.

---Si corresponde la aplicación de lo topes, o nó.

---Si corresponde el descuento del art. 9 de la ley 24.463.

---Si corresponde la aplicación del precedente Villanustre, o si la liquidación es con sueldo de actividad debe acompañarse el informe de los salarios por todo el periodo no prescripto.

---Indique si solicita consolidación de la deuda, y en su caso conversión de bonos a efectivo. De solicitarlo indique el criterio de conversión.

---Si se trata de un haber mixto (servicios dependientes y autónomos), para el supuesto que se ordene el recálculo de la porción autónoma del haber en función de las categorias aportadas; deberá acompañar detalle de las categorías históricas aportadas por el trabajador.

---Si se tratara de una ejecución de sentencia, deberá acompañar copia de la liquidación practicada por la Ansés y de todos los recibos de cobro de haberes desde la fecha en que se hizo efectivo el reajuste de haberes hasta la actualidad o histórico de pagos emitido por la Anses por idéntico lapso.


PROCESOS DE EJECUCIÓN

PROMUEVE EJECUCION DE SENTENCIA

1) Objeto :

Procedencia de ejecutar la sentencia y de presentar

la liquidacion practicada por esta parte actora

2) Hechos :

2.1) Bases para la Liquidacion

2.2) Aplicacion de las bases precedentes en la planilla

anexo I que se acompaña como liquidacion por esta parte actora

3) Se declare la exencion del impuesto a las ganancias

4) Prueba documental

5) Petitorio


Hechos

Sentencia firme y ejecutoriada art 499 CPCyCN

Parcialmente incumplida por ANSES / AFIP

Reclamo del efectivo reconocimiento y ejecucion que le corresponde en su calidad de cosa juzgada.

Reclamo del integro cumplimiento y ejecucion art. 903 y art. 870 del CCyCN

Reclamo por el saldo adeudado correspondiente a la Retencion del Impuesto a las Ganancias

Reclamo por errores de la anteriores Liquidaciones de Sentencias presentadas por los peritos.

Prueba Documental :

Copia simple de la sentencia

Copia certificada en Poder del Tribunal para ser agregada a Autos

Calculos de la Sentencia Omnicompresiva de lo actuado en el expediente

para probar el saldo adeudado a la fecha de presentacion y

a futuro para defensa de todas las impugnaciones que se le efectuen.



EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

Etapas procesales

1. Practica liquidación. Embargo (Arts. 499 - 502 – 503 CPCCN)

2. Oficio de embargo sobre bienes registrables (Art. 502 CPCCN)

3. Oficio de embargo sobre suma de dinero (Art. 502 CPCCN)

4. Mandamiento de embargo sobre bienes muebles (Art. 502 CPCCN)

5. Impugna liquidación (Art. 504 CPCCN)

6. Se apruebe liquidación (Art. 504 CPCCN)

7. Se intime por cédula al ejecutado (Art. 504 CPCCN)

8. Se cite de venta al deudor (Art. 505 CPCCN)

9. Se trabe embargo sobre bienes muebles. Se cite de venta al deudor (Art. 505 CPCCN)

10. Opone excepción (Arts. 506 – 507 CPCCN)

11. Contesta traslado de excepción (Art. 508 CPCCN)

12. Se mande continuar la ejecución (Art. 508 CPCCN)

13. Se conceda apelación con efecto devolutivo. Ofrece caución (Art. 509 CPCCN)

14. Ejecutado solicita se establezcan modalidades de la ejecución (Art. 511 CPCCN)

15. Ejecuta condena a escriturar (Art. 512 CPCCN)

16. Ejecuta condena a hacer (Art. 513 CPCCN)

17. Ejecuta condena a no hacer (Art. 514 CPCCN)

18. Ejecuta condena a entregar cosas (Art. 515 CPCCN)

19. Ejecuta sentencia dictada por tribunal extranjero (Arts. 517-518 CPCCN)


JUICIO EJECUTIVO

DISPOSICIONES GENERALES

20. Inicia juicio ejecutivo (Arts. 520 - 523 – 524 CPCCN)

21. Prepara vía ejecutiva. Ofrece prueba pericial subsidiaria (Arts. 525 - 526 – 528 CPCCN)

22. Ejecutante solicita se tenga preparada la vía ejecutiva, se imponga multa y se intime de pago (Art. 528 CPCCN)


EMBARGO Y EXCEPCIONES

23. Mandamiento de intimación de pago y citación para oponer excepciones (Art. 531 CPCCN)

24. Mandamiento de intimación de pago, embargo y citación para oponer excepciones (Art. 531 CPCCN)

25. Ejecutante solicita inhibición general de vender o gravar bienes (Art. 534 CPCCN)

26. Ejecutado presenta otros bienes a embargo (Art. 535 CPCCN)

27. Oficio de embargo sobre bienes registrables (Art. 538 CPCCN)

28. Amplía ejecución (Arts. 540 – 541 CPCCN)

29. Oficio ampliación de embargo (Arts. 540 – 541 CPCCN)

30. Ejecutado opone excepciones (Arts. 542 – 544 CPCCN)

31. Ejecutado solicita nulidad de la ejecución (Art. 545 CPCCN)

32. Contesta traslado de excepciones (Art. 547 CPCCN)

33. Se dicte sentencia de remate (Arts. 548 - 550 – 551 CPCCN)

34. Apela sentencia de remate (Art. 554 CPCCN)

35. Ejecutante solicita se conceda apelación en efecto devolutivo. Se fije fianza (Art. 555 CPCCN)

36. Ejecutado requiere se haga extensiva fianza (Art. 556 CPCCN)

37. Se fije audiencia para establecer modalidades de la ejecución (Art. 558 bis CPCCN)


CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE REMATE

38. Ejecutado apela resolución dictada durante el trámite de cumplimiento de la sentencia (Art. 560 CPCCN).

39. Practica liquidación. Se libre giro (Art. 561 CPCCN)

40. Solicita se den en pago acciones (Art. 562 CPCCN)

41. Se deje sin efecto nombramiento de martillero (Art. 563 CPCCN)

42. Se remueva al martillero (Art. 563 CPCCN)

43. Solicita propaganda adicional (Art. 567 CPCCN)

44. Solicita subasta progresiva (Art. 569 CPCCN)

45. Se admitan posturas bajo sobre cerrado (Art. 570 CPCCN)

46. Solicita medida para la regularidad del remate (Art. 572 CPCCN)

47. Oficio comunicando subasta a jueces embargantes e inhibientes (Art. 575 CPCCN)

48. Cédula de citación a acreedores hipotecarios (Art. 575 CPCCN)

49. Acreedor de grado preferente solicita aumento de base (Art. 575 CPCCN)

50. Inicia etapa de cumplimiento de la sentencia de remate. Se pidan informes de deuda. Se intime a acompañar título de propiedad (Arts. 561-576 CPCCN)

51. Oficio sobre deuda de impuestos, tasas y contribuciones (576)

52. Solicita se libre nuevo testimonio de título de propiedad (Art. 576 CPCCN)

53. Oficio solicitando expedición de nuevo testimonio del título de propiedad (Art. 576 CPCCN)

54. Se decrete subasta (Art. 577 CPCCN)

55. Se aumente base de subasta (Art. 578 CPCCN)

56. Manifiesta disconformidad con la tasación del perito (Art. 578 CPCCN)

57. Acredita depósito de saldo del precio. Solicita indisponibilidad de fondos, entrega de la posesión y levantamiento de medidas cautelares al sólo efecto de escriturar. Designa escribano para escriturar (Arts. 580 – 582 – 586 – 588 CPCCN)

58. Comprador solicita suspensión del plazo para depositar saldo del precio (Art. 580 CPCCN)

59. Se intime al comprador a cumplir la obligación de depositar saldo del precio (Art. 580 CPCCN)

60. Se imponga multa al comprador por articulaciones infundadas (Art. 581 CPCCN)

61. Comprador solicita indisponibilidad de fondos

62. Se fije plazo para escriturar bajo apercibimiento de levantar la indisponibilidad de fondos (Art. 582 CPCCN)

63. Solicita sobreseimiento (Art. 583 CPCCN)

64. Se declare al comprador postor remiso. Se deje sin efecto subasta. (Art. 584 CPCCN)

65. Solicita nueva subasta por falta de postores (Art. 585 CPCCN)

66. Mandamiento de posesión (Art. 586 CPCCN)

67. Adquirente solicita escrituración. Levantamiento de medidas precautorias (Arts. 587 - 588 CPCCN)

68. Solicita desocupación del inmueble (Art. 589 CPCCN)

69. Acreedor plantea cuestión de privilegio (Art. 590 CPCCN)

70. Practica liquidación (Art. 591 CPCCN)

71. Impugna liquidación (Art. 591 CPCCN)

72. Se libre giro (Art. 591 CPCCN)

73. Ejecutado pide fianza del ejecutante (Art. 591 CPCCN)

74. Cancelación de fianza. Se libre cheque. Se imponga multa al ejecutado (Art. 591 CPCCN)

75. Solicita nulidad de la subasta (Art. 592 CPCCN)

76. Se imponga multa al ejecutado por temeridad (Art. 594 CPCCN)


EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA - (Artículos 497-514)

Art. 497

Sumario: § 729. A. Generalidades: 1. Noción del proceso de ejecución. 2. Sentencias y resoluciones ejecutables. 3. El proceso de ejecución en la legislación comparada; las astreintes y el contempt of court. 4. Personas y cosas ejecutables. B. Procedimiento de ejecución de sentencia. 5. Reglas según la distinta naturaleza de las obligaciones contenidas en la sentencia a ejecutar. 6. Cantidad líquida. 7. Cantidad ilíquida. 8. Condena de hacer o no hacer. 9. Sentencias que condenan a dar. 10. Liquidaciones complicadas o rendiciones de cuentas. C. Excepciones. D. Trámite. E. Ejecución de sentencia extranjera. F. Últimas precisiones sobre el tema. § 729 bis. Los medios de coacción para asegurar el cumplimiento de las decisiones judiciales. § 730. Resoluciones ejecutables: Artícu­lo 497. § 730 bis. La ejecución provisoria de la sentencia como tutela de urgencia y como tutela de evidencia. § 731. Aplicación a otros títulos ejecutables: Artícu­lo 498. § 732. Competencia: Artícu­lo 499. § 733. Suma líquida. Embargo: Artícu­lo 500. § 734. Liquidación: Artícu­lo 501. § 735. Conformidad. Objeciones: Artícu­lo 502. § 736. Citación de venta: Artícu­lo 503. § 737. Excepciones: Artícu­lo 504. § 738. Prueba: Artícu­lo 505. § 739. Resolución: Artícu­lo 506. § 740. Recursos: Artícu­lo 507. § 741. Cumplimiento: Artícu­lo 508. § 742. Adecuación de la ejecución: Artícu­lo 509. § 743. Condena a escriturar: Artícu­lo 510. § 744. Condena a hacer: Artícu­lo 511. § 745. Condena a no hacer: Artícu­lo 512. § 746. Condena a entregar cosas: Artícu­lo 513. § 747. Liquidación en casos especiales: Artícu­lo 514.


§ 729

A. Generalidades

1. Noción del proceso de ejecución

a) Caracterizado el proceso de ejecución como instrumento autónomo para la realización práctica del derecho, recuerda Alsina que el título que sirve de base para ello puede ser tanto una sentencia como un reconocimiento extrajudicial, o un acto administrativo. De ahí que las leyes procesales distingan, regulándolos por separado, la ejecución de sentencia, el juicio ejecutivo y el juicio de apremio. No obstante, difícil es hallar la diferencia que justifique la razón de ser de tales categorías. El concepto de ejecución forzada es común a todas ellas, las que, por otra parte, responden a iguales principios.

Como tendremos ocasión de verificarlo cuando estudiemos el juicio ejecutivo (infra, § 751), la doctrina ha puntualizado que siempre se han presentado en el curso de su historia los elementos de la función declarativa y de la ejecutiva, unidos inseparablemente, aunque a veces en una medida mayor que en otras.

El complejo fenómeno jurisdiccional [supra, § 544] atraviesa, en síntesis, por un triple aspecto, a saber: conocimiento, juzgamiento y ejecución. En el primer período, el del conocimiento, el tribunal se limita a oír a las partes, a consignar las alegaciones formuladas en defensa de sus pretensiones, a recibir las pruebas que quieran suministrarle para acreditar legalmente los derechos invocados y a decretar, de oficio, las medidas necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos que su prudencia le aconseja. En el período subsiguiente, del juzgamiento, una vez el tribunal en poder de los antecedentes de hecho y de derecho que constituyen la controversia jurídica sometida a su decisión, la resuelve, la falla, declara el derecho controvertido. Por último, en el período de ejecución, el tribunal pone toda su autoridad en favor de la parte beneficiada con su fallo, a fin de que éste sea debidamente cumplido y el vencedor satisfecho en sus pretensiones declaradas o reconocidas por la sentencia.

Mientras en el proceso ordinario el juez conoce primero y ejecuta después, en el proceso de ejecución su oficio consiste, simultáneamente, en conocer y ejecutar. La característica específica de aquél es, entonces, la de reunir en un proceso único las fases de la cognición y de la ejecución, que normalmente aparecen separadas en distintos procesos. En la ejecución de sentencia el acento se pone obviamente en la ejecución misma, aunque, sin embargo, no queda eliminada toda cognición(1).

b) Admiten los autores que cuando el título con que se persigue la ejecución sea una sentencia, se lo denomine título ejecutorio; en cambio, tratándose de títulos extrajudiciales, se lo designe como título ejecutivo.

Como nítidamente lo enseña Liebman en una nota a la explicación de Chiovenda: "El proceso ejecutivo, típica y original creación del proceso medieval italiano, que se difundió rápidamente en la mayor parte del continente europeo, tenía la precisa finalidad de tornar más fácil y más rápida la satisfacción de los créditos fundados en prueba escrita particularmente segura. Este propósito era alcanzado mediante la concesión, a favor de tales créditos, del privilegio de poder iniciarse la ejecución forzada (executio parata), sin la necesidad de pasar a través de la larga vía del proceso ordinario de cognición; más exactamente, para que en semejante hipótesis el derecho del acreedor no se subordinara a aquel severo control, la existencia del crédito y la legitimidad de la ejecución se debían justificar sumariamente en el curso del mismo procedimiento (con reserva de proceso ordinario separado).

El proceso ejecutivo desapareció en casi todas partes algunos siglos más tarde bajo la influencia de la práctica y la legislación francesas, las cuales acentuaron la separación entre la ejecución y la cognición lo que representaba, en consecuencia, terreno poco favorable a un proceso en que esas dos actividades se encontraban confundidas y mixturadas. Los casos que promovían el proceso ejecutivo se dividían en dos grupos: algunos dieron origen al proceso documental y cambiario, proceso de cognición, bien que incompleto; otros convirtiéronse en títulos ejecutorios propiamente tales, equiparables a la sentencia de condena (instrumentos públicos, en Italia inclusive la cambial)"(2).

c) Importa igualmente reparar en que el deudor (vencido) sólo puede alegar contra la ejecución de la sentencia hechos extintivos posteriores al momento de haber sido aquélla pronunciada, en razón de que la cosa juzgada no permite el examen de los que fueron anteriores.

d) En la legislación comparada, además de la sentencia de condena, son títulos ejecutorios, por ejemplo en Francia, las escrituras públicas que contengan una obligación exigible; los actos bajo firma privada reconocidos por notario y algunos instrumentos administrativos. En Italia, también las letras de cambio y las escrituras públicas (art. 474, Cód. Proc. Civ. de 1940). En Alemania, las sentencias y las escrituras públicas que estipulen una cláusula convencional de sumisión a la ejecución (arts. 704 y 794 de la ZPO).

La legislación española computó entre los títulos ejecutivos a la sentencia judicial ejecutoriada y atribuyó competencia para conocer de los trámites de su ejecución al mismo tribunal que la dictó en primera o en única instancia, concediendo que el vencido pueda oponerse a ella con excepciones limitadas, siempre y cuando estuvieran fundadas en hechos acaecidos con posterioridad a la sentencia. Por lo demás, el apremio en sí, la coacción específica, estaba condicionado a la naturaleza de la prestación que impone la sentencia (ver infra, § 751 y remisiones).

2. Sentencias y resoluciones ejecutables

Buena parte de la doctrina afirma que no todas las sentencias son susceptibles de ejecución forzada. Este trámite quedaría reservado para el cumplimiento de las sentencias condenatorias, en las que la ejecución no es sino la proyección del proceso de declaración, ya que el vencedor no puede contentarse con un mero reconocimiento de su derecho (Alsina). No obstante, en última instancia, el conjunto de las sentencias —no sólo las de condena sino también las declarativas y constitutivas— son ejecutables, aunque con las características propias de cada una de ellas. Así, la sentencia de adopción, constitutiva, debe inscribirse en los Registros de las Personas, asentándose las pertinentes anotaciones marginales. Igualmente, las sentencias declarativas, de mera certeza o de fijación, tienen la publicidad que corresponde a la naturaleza de la litis que vienen a resolver y de los objetos o bienes sobre las que ellas versen. Por eso ha resuelto la jurisprudencia que aunque las sentencias de estado, especialmente las de divorcio, en algunos casos no sean susceptibles de ejecución en sentido estricto, igualmente lo son en sentido general si, con las mismas, se intenta producir algún efecto jurídico, aunque sea secundario.

La idea básica que hay que tener en cuenta en el procedimiento de ejecución de sentencia es que no puede admitirse discusión sobre el derecho allí decidido, ni dilaciones que contraríen su propósito.

3. El proceso de ejecución en la legislación comparada; las astreintes y el contempt of court

a) Los Códigos Procesales, cuando se trata de condenas de obligaciones de hacer o no hacer, con sujeción a lo dispuesto en el artícu­lo 505 del Código Civil (ley 340; art. 730, Código Civil y Comercial de la Nación), reglan los procedimientos que venimos explicando. Sin embargo, la doctrina y jurisprudencia, especialmente en los últimos años, habían terminado por receptar la aplicación de las astreintes, voz francesa que denomina a la multa compulsiva y conminatoria que se aplica con el objeto de constreñir al vencido al cumplimiento de la obligación. Es decir, que el acreedor —vencedor— se encuentra facultado para pedir las medidas de compulsión necesarias cuando, por ejemplo, con relación a la ejecución de obligaciones de no hacer, quiere evitar que los hechos que significan su violación se repitan en el futuro (ver infra, § 745).

De acuerdo a la enseñanza más generalizada, las astreintes no constituyen una medida disciplinaria contra la falta de respeto a la autoridad del tribunal (el contempt of court de la legislación anglosajona); ni una manera de indemnizar los posibles perjuicios ocasionados por el incumpliente; ni un castigo debido a consecuencia de una infracción. Configuran una forma de coacción psicológica sobre el condenado, a fin de determinar su voluntad forzándolo a cumplir la resolución, cuando la clase de la prestación contenida en la condena impide que se obtenga por otros medios. Es decir, en los casos en que la ejecución depende exclusivamente de la voluntad del obligado.

b) Los Códigos de fines del '60 han consagrado estas sanciones conminatorias. "Los jueces y tribunales (art. 37, Cód. Proc. Bs. As. o Cód. Proc. Nac.) [supra, § 223] podrán imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que las partes cumplan sus mandatos, cuyo importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento. Las condenas se graduarán en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y podrán ser dejadas sin efecto, o ser objeto de reajuste, si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder".

c) El derecho anglosajón ha consagrado la institución del contempt of court, significando la palabra contempt, desprecio o menosprecio, de modo que debe ser entendida como "desprecio, desatención o falta de respeto voluntaria a la autoridad de un tribunal o legislatura". Se ha explicado que la teoría del contempt of court debe su desarrollo a la jurisdicción del Tribunal del canciller (Equity), para asegurar la obediencia de sus decisiones, sin que haya sido aplicada por los tribunales de derecho común (common law). Lo cierto es que el concepto originario que inspira a esta figura, es el de que no puede dejar de ser castigado por el cuerpo ofendido todo menoscabo a una emanación de la soberanía. Trátase de una autodefensa que responde eficazmente a exigencias políticas [infra, § 743, Anotación jurisprudencial, punto d].

Precisando más el concepto, cabe señalar que el poder con que han sido investidos los jueces ingleses de castigar el desacato, se acuerda no sólo con miras a su protección personal, sino especialmente para asegurar el decoro con que deben ser preservados los tribunales de justicia.

El principal elemento constitutivo del contempt es el menosprecio a la autoridad del tribunal, pudiendo agruparse los actos configurativos del desacato en tres categorías: los que producen escándalo en el tribunal; aquellos mediante los cuales abusan en los negocios que tramitan ante el tribunal; por último, los que predisponen a la gente contra el tribunal o los litigantes, antes de la resolución del conflicto judicial. Entre nosotros, algunos de esos actos son punibles por el Código Penal, en tanto los restantes son neutralizados por la potestad de los órganos judiciales que las distintas leyes de enjuiciamiento legislan bajo la común denominación de facultades o poderes disciplinarios (véase el art. 35, Cód. Proc. Bs. As. o Cód. Proc. Nac.; § 220) (Com.: Proyecto Buzaid, arts. 646, 647 y 648) [infra, § 730].

4. Personas y cosas ejecutables

a) Las personas físicas o individuales, como las jurídicas y las simples asociaciones, pueden ser sometidas a ejecución. Desde que han asumido el carácter de parte y han sido vencidas, se hallan sujetas a los efectos de la sentencia.

Sin embargo, el rigor de ese principio tiene algunas excepciones. Por de pronto el Estado —Nación— goza del privilegio de que las sentencias de condena (cualquiera sea la naturaleza de la prestación: dar, hacer o no hacer) que contra él se dicten, tienen sólo efecto declarativo (art. 7º, ley 3952)(3).

Es decir, que la sentencia, en esos casos, se limita a declarar que la Nación debe cumplirla, no correspondiendo, en principio, determinar plazo para ello. El carácter meramente declarativo de las sentencias dictadas contra la Nación, según el precepto del artícu­lo 7º, ley 3952, encuentra su fundamento en las cláusulas constitucionales que acuerdan al Poder Legislativo la facultad de crear recursos y determinar el destino de las rentas públicas, y también en las exigencias propias de la buena marcha de los poderes y su independencia en el ejercicio de sus funciones.

Dicho privilegio, sin embargo, no es absoluto. Así, el aludido carácter declarativo no alcanza a las sentencias dictadas en juicio de expropiación, pues en tales procesos no concurren las circunstancias tenidas en cuenta por la disposición legal recordada, y su aplicación, por otra parte, sería inconciliable con la exigencia constitucional (art. 17) del pago previo de la indemnización debida al expropiado. O, dispuesto en un interdicto deducido contra el Estado, que éste debe restituir los bienes bajo apercibimiento de librarse el respectivo mandamiento, no es posible considerar la sentencia como meramente declarativa, dentro del régimen de la ley 3952, ya que, con esa conclusión, se impediría la reparación del perjuicio ocasionado por el poder público a los derechos de los particulares por un acto estatal de despojo.

Jurisprudencia, en suma, que ha morigerado considerablemente el rigorismo de la norma legal (véase infra, § 730; § 54). Fuera de que, en todos los casos, este privilegio en favor del Fisco no obsta a la prosecución de los trámites hasta la aprobación de la liquidación respectiva, y que la cantidad resultante devengue intereses desde entonces.

b) Similar prerrogativa de excepción sancionó la ley bonaerense 8227, del 12 de setiembre de 1974, al establecer que "las sentencias judiciales firmes que condenen a la provincia de Buenos Aires, incluidas sus entidades autárquicas, empresas del Estado o cualquier otra categoría de persona jurídica estatal, al pago de sumas de dinero, tendrán carácter meramente declarativo", limitándose al simple reconocimiento del derecho que se pretenda (art. 1º); con exclusión de las condenas por obligaciones derivadas de la responsabilidad extracontractual (art. 2º). El sistema de la ley provincial se complementa con la previsión que pone a cargo del Poder Ejecutivo la obligación de incluir en los proyectos de presupuesto general para los ejercicios subsiguientes —a partir de la fecha en que cada sentencia quede firme— los medios conducentes al cumplimiento de la misma. Transcurridos cinco años desde que ha quedado firme la sentencia, sin que hasta entonces se le hubiere dado cumplimiento, recién se le reconoce plena ejecutoriedad (art. 3º). Finalmente, el Poder administrador deberá comunicar a la Legislatura, en oportunidad de remitir el proyecto de presupuesto, las sentencias que se encuentren firmes y en las cuales el Estado provincial o sus entidades mencionadas en el artícu­lo 1º, hayan sido condenadas a abonar suma de dinero (art. 4º).

Varias son las objeciones y reparos de que resulta susceptible la ley en estudio. En primer lugar, en cuanto se contraría la doctrina constitucional sentada invariablemente por la Corte Suprema de la Nación, que desde antiguo había venido descalificando diversas leyes provinciales de alcance similar, subrayando que "cualquiera sean las disposiciones que contengan las leyes locales tendientes a sustraer de la acción de los acreedores los bienes, recursos y rentas del Estado contrariando los derechos y garantías que acuerda la ley civil, no pueden ser válidamente invocados, pues las relaciones entre acreedor y deudor son de exclusiva legislación del Congreso Nacional (arts. 64, inc. 11, 31, 108, Const. Nac.)" (Fallos 171:431; 172:11; 176:230; 188:383; LL 138-461) [véase § 55]. No menor observación suscita la normativa sancionada, en tanto podría ser violatoria del principio de igualdad (art. 10, Const. prov.) [véase § 28] y del artícu­lo 151 de la misma Carta, que atribuye a la Suprema Corte de Justicia poderes suficientes para mandar cumplir directamente sus sentencias por las oficinas o empleados de la Administración, en las causas contencioso-administrativas. Materia esta última en la que, por lo demás, la previsión del artícu­lo 80 del Código de Varela había solucionado la cuestión, con un alabable sentido de justicia, ya que si bien posibilita la suspensión de la ejecución de la sentencia, a pedido de la autoridad administrativa, impone a ésta la condición de indemnizar los perjuicios que se causen.

Desde otro punto de vista, el lapso máximo de paralización de la ejecución —de cinco años— parece contrariar el principio de razonabilidad, entendido como el grado de adecuación entre las obligaciones que la ley impone —magnitud del sacrificio particular— y los fines —interés general— cuya realización procura (Fallos 247:121, in re "Cine Callao"). Sin que —en nuestro entender— se legitime el enervamiento de la ejecución durante semejante lapso, por la obligación puesta a cargo del Poder Ejecutivo de efectuar las previsiones presupuestarias pertinentes; con mayor razón, si se advierte que el artícu­lo 3º no le impone, siquiera, la observancia de un orden o prioridad cronológica para la satisfacción de las condenas, con lo que a fortiori viene a quedar librada al arbitrio discrecional de la Administración, durante todo el lapso de espera legal.

De otra manera, si se obviara la consideración acerca de su validez constitucional, ha de convenirse que estrictas razones de justicia obligan a formular una interpretación restringida de sus alcances, como quiera que se trata de un dispositivo excepcional. Únicamente a las sentencias que condenan al pago de sumas de dinero, con exclusión de las provenientes del área de la responsabilidad extracontractual, ha de reconocérseles el privilegio legal.

Y, en relación a las mismas, con su fundamento ineludible de equidad, habrá de concederse a la parte que ha de absorber la espera legal, una reparación adecuada que han de fijar los jueces en cada caso ocurrente, verbigracia mediante el reajuste de la condena al momento del efectivo cumplimiento, por aplicación de los patrones objetivos en uso hasta abril de 1991 (índices oficiales de ajuste) (arg. arts. 508, 509, 519, 725 y afines, Cód. Civ.).

Las reformas del Estado y la consolidación de la deuda interior en el marco de la legislación económica social de emergencia (a partir de 1989) han suscitado un replanteo de la interpretación de anteriores precedentes del Alto Tribunal, en lo que hemos denominado "jurisprudencia de acompañamiento". Concediéndose a las políticas económicas un aval excesivo, en desmedro de la tutela efectiva de los derechos constitucionales de propiedad (involucrando en ella el de la cosa juzgada de la sentencia judicial), de la defensa en juicio y del principio de la seguridad jurídica. Los destacaremos en la anotación (ver Morello, Augusto M., Las dos Cortes: la de 1983 y la de 1990, JA 1992-III-886, idem, El principio de seguridad jurídica, JA, diciembre 7 de 1992; idem, ¿Durante la emergencia económica la tutela de los derechos desaparece?, JA diciembre 23 de 1992; idem, Las Cortes políticas y la independencia del Poder Judicial, ED, diciembre 15 de 1993, con sus referencias bibliográficas).

La Corte Suprema (con nuestra anotación crítica) ha emplazado incorrectamente el embargo ejecutorio, al expresar que él no se diferencia del preventivo ni tampoco consagra un privilegio instrumental (Corte Sup., "Kasdorf SA v. Provincia de Jujuy", diciembre 23 de 1992)(4).

¿Cuál es el fundamento (que con rigor pueda justificar ese criterio) que devalúa la virtualidad y consistencia del "derecho" que consagra el régimen procesal al embargo hecho efectivo dentro del proceso o fase ejecutoria? Nos parece que él no se hallará y es insistir en una posición descalificatoria del ámbito procesal (por caso también al excluir como regla esos temas como cuestión federal habilitante del recurso extraordinario federal).

Correctamente lo entendió la minoría [Dres. Levene (h.), Petracchi y Moliné O'Connor], al reconocer en sus verdaderos alcances los efectos propios (y "fuertes") del embargo, que sobre los fondos había recaído la medida ejecutoria y que habían quedado "atrapados" a la orden del juez actuante con anterioridad a la vigencia de la legislación de emergencia económica —régimen de consolidación de deudas, ley 23.982— a la que la Provincia de Jujuy había adherido mediante el decreto local 88/1991, inaplicable (imponible) a la traba precedente a su vigencia.

c) Respecto de los bienes sobre los que el vencedor puede concretar la responsabilidad del vencido, rige la directiva de que el patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores y que, en consecuencia, en principio están sujetos a ejecución todos los bienes que componen su haber.

No obstante, un sinnúmero de leyes determina, en consideración a razones de dignidad de la persona o de solidaridad, que algunos bienes son inembargables y también, por lo tanto, inejecutables. En tales casos y a los efectos de la ejecución, las cosas así excluidas se encuentran fuera del comercio, quedando expresamente prohibida por la ley su enajenación forzosa (arts. 2336 y 2337, Cód. Civ. - ley 340). De ellos nos ocupamos al tratar de los bienes susceptibles de embargo (supra, § 405), debiéndose reparar que tales excepciones, en razón a la posición económica del deudor, caso de los muebles de uso indispensable; o por la naturaleza de los bienes, como las jubilaciones y pensiones, etc., deben interpretarse a tenor de criterios circunstanciales, sin olvidar, obviamente, su fundamento social.

En tal sentido, establece ahora el artículo 242 del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994) que "todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos que este Código o leyes especiales declaran inembargables o inejecutables. Los patrimonios especiales autorizados por la ley sólo tienen por garantía los bienes que los integran", principio reiterado en el art. 743 del mismo estatuto legal, enumerándose en el artículo siguiente (art. 744) los bienes que quedan excluidos de aquella garantía.

d) Los Códigos que estamos comentando, en consonancia con manifiestas y vigentes motivaciones humanas y solidaristas, acuerdan amplias facultades a los jueces, conjugando especialmente motivos de conveniencia general, económicos y sociales para adecuar la ejecución. Un facultamiento genérico es el que se contiene en el artícu­lo 509 del Código Procesal de Buenos Aires (art. 511, Cód. Proc. Nac.): "...A pedido de parte, el juez establecerá las modalidades de la ejecución o ampliará o adecuará las que contenga la sentencia, dentro de los límites de ésta". El que se complementa con la disposición específica del artícu­lo 534 del Código Procesal de Buenos Aires (art. 536, Cód. Proc. Nac.), a la que nos referiremos infra, § 768.

B. Procedimiento de ejecución de sentencia

5. Reglas según la distinta naturaleza de las obligaciones contenidas en la sentencia a ejecutar

Sentado que lo que se ha de ejecutar es la sentencia, y que las facultades del juez de la ejecución están limitadas por el contenido decisorio, los Códigos establecen reglas diferentes según sean las clases de obligaciones a que la sentencia condene, a saber: 1º) pago de cantidad líquida; 2º) pago de cantidad ilíquida; 3º) hacer o no hacer; 4º) entregar cosas.

6. Cantidad líquida

Remisión: artícu­lo 500, infra, § 733.

7. Cantidad ilíquida

Remisión: artícu­los 501 y 502, infra, §§ 734 y 735.

8. Condena de hacer o no hacer

Remisión: artícu­los 510, 511 y 512, infra, §§ 743, 744 y 745.

9. Sentencias que condenan a dar

Remisión: artícu­lo 513, infra, § 746.

10. Liquidaciones complicadas o rendiciones de cuentas

Remisión: artícu­lo 514, infra, § 747.

C. Excepciones

Remisión: artícu­los 503, 504 y 505, infra, §§ 736, 737 y 738.

D. Trámite

Remisión: artícu­los 506, 507, 508, infra, §§ 739, 740 y 741.

E. Ejecución de sentencia extranjera

Remisión: artícu­los 515, 516, 517, infra, §§ 748, 749 y 750.

F. Últimas precisiones sobre el tema

El lector, pese a lo explicado hasta aquí, sabrá adecuar esos buenos principios teóricos a la realidad concreta del tráfico y a una necesaria (y deseada) flexibilización impuesta por exigencias provenientes de la prioritaria gravitación de principios o valores subordinantes: tal la efectividad de la garantía de defensa (art. 18, Const. Nac.; art. 15, Const. Prov.), o la comprobación —aun de oficio— de la ausencia de presupuestos o condiciones esenciales que obstan a que la jurisdicción habilite como título ejecutorio o ejecutivo, a lo que, por sus carencias de esencia, no lo son. Nada es lineal, rígido y absoluto en el mundo jurídico; tampoco una aplicación sólo maquinal, sino valorativa, axiológica y atendiendo a resultados útiles.

Por caso el juego de la defensa de falta de legitimación que, como sabemos, se configura cuando alguna de las partes no es titular de la relación jurídica sustancial en que se sustenta la pretensión (Corte Sup., Competencia 521.L.XXI, "Ogando, Roberto y otro v. Banco Agrario Comercial e Industrial", sentencia de diciembre 31 de 1987) y que, por exigencia del art. 347, inc. 3º del CPCN debe aparecer como manifiesta (Corte Sup., Fallos 289:221); de manera que si ese extremo no se halla configurado en la especie se aseguran mejor las posibilidades del debate que el examen de los fundamentos y atendibilidad de la aludida defensa no sea tratada como de previo y especial pronunciamiento sino, por el contrario, diferirla al momento de dictar sentencia (Corte Sup., "Dimensión Integral de Radiodifusión SRL v. Provincia de San Luis", 27/4/1993).

En el plan del desarrollo del litigio, se verifica que pueden abrirse varias posibilidades pero siempre será una de ellas la que, conforme con la lógica interior en que se sustenta el "proceso justo", reflejará mejor la efectividad de la garantía.

Ello acontece en sus etapas coordinadas y rige asimismo en la actividad o fase ejecutoria.

Veamos su explicitación (en ejecución de sentencia) y cómo se concreta en esos diversos registros de lo compulsorio o forzoso.

a) Por de pronto la ejecución sólo puede ser promovida por aquel a cuyo favor el fallo reconoce el crédito, o aquel que por sucesión o subrogación se le hubiere transferido con las formalidades legales y contra el que —de acuerdo a los términos de la sentencia— resulte deudor del mismo.

b) Como regla, no puede ampararse en la cosa juzgada el tercero ajeno al objeto de la litis, el que no es titular del crédito (o que no le fue transmitido regularmente), ni oponerse al que no está obligado a su pago.

c) La doctrina y la jurisprudencia (ver comentarios y anotación) han señalado que no puede negarse al ejecutado el derecho de atacar la fuerza ejecutoria (por el carril y sustento de la inhabilidad de título), admitiéndose, así, las defensas que niegan los presupuestos procesales necesarios para la viabilidad de la ejecución.

d) En esos supuestos —u otros similares— la sentencia es un título inhábil para ejecutar. Le faltan las condiciones —los presupuestos procesales— mínimos para calificarlo como título idóneo: se quiebra la identidad de la persona del actor con la del titular del derecho y, en la contrapartida, se divorcia la identidad de la persona del obligado con la demandada.

Al no estar la causante obligada por la condena impuesta en el pronunciamiento que se ejecuta resulta innegable el derecho de su sucesora universal a oponerse a la ejecución de sentencia promovida (arts. 497 y 504, inc. 1º, CPBA) pues, en caso contrario, el presunto deudor quedaría indefenso violándose el proceso justo.

e) Al cabo, que si bien las excepciones "están limitadas" en el trámite de ejecución de sentencia ("sólo" las que enumera el citado art. 504, norma que por cierto no menciona a la inhabilidad de título), no median razones justificantes suficientes que obsten a esgrimir lo que, por su significación jurídica, es básico, pues es evidente que los requisitos esenciales del título ejecutorio (o del ejecutivo) o de las condiciones exigidas para que proceda la ejecución que se pretende hacer valer(5), están faltando.

§ 729 bis

A. Los medios de coacción para asegurar el cumplimiento de las decisiones judiciales(6)

1. Medios de coacción y "justo proceso"

En los inagotables debates acerca de la necesidad de asegurar la efectivización de los mandatos judiciales y la inoperancia de los medios instrumentales que se prevén en el modelo procesal, aflora, entre otras, la cuestión visceral de las vías de ejecución directa y especialmente de aquellos medios típicos de coacción, coercitivos, su configuración y límites.

La ejecución forzada por uno u otro carril, se erige casi siempre en el camino insorteable para el logro de la satisfacción en concreto del derecho material reconocido en la decisión de mérito, o aun en las cautelares, anticipatorias o urgentes. De ahí que el derecho fundamental a la tutela judicial eficiente y oportuna se integra con la ejecución coactiva; cuanto más rápida y adecuada sea ésta tanto más efectiva y justa resultará la prestación jurisdiccional. En ese marco, que resalta la creciente significación del rol del juez, se inscribe el intento de transformación de las vías de ejecución tradicionales, sin dejar de enfatizarse el nuevo plano de los derechos fundamentales que se sintetiza en el ideario ético-jurídico del proceso justo. Precisamente, en esa concepción tal imperativo presupone en relación a los medios de coacción, que resulten adecuados a los fines del proceso todo y, por tanto, que equilibradamente no produzcan efectos insuficientes ni exorbitantes en relación a aquéllos(7).

En la regulación de las instituciones del proceso, y al margen de su irrebatible naturaleza pública, queda librado a las elecciones de oportunidad que, en relación a cada una de aquéllas, compete al legislador. Se trata, casi siempre, de discernir razonablemente entre los componentes publicísticos y privatísticos del proceso y tales elecciones aparecen notoriamente influenciadas por un sinnúmero de cuestiones. Así, las costumbres y tradiciones, tanto como por las aptitudes de los operadores jurídicos llamados a gestionarlas, pero también, y sobre todo, por el diverso punto de equilibrio entre tales componentes. Una de esas cuestiones relevantes, en cuanto aquí nos interesa, es la relativa a cuáles especies de medidas coercitivas han de ser introducidas en un ordenamiento dado en soporte o garantía de la actuación y efectividad de las condenas de contenido inhibitorio, o que imponen el cumplimiento de obligaciones de hacer infungibles, y con cuáles límites para la tutela de la libertad de la persona(8). Estamos frente a un tópico particularmente sensible, influido sin duda por posturas contrapuestas y, desde luego, coloreadas por las diversas ideologías que campean en las opuestas concepciones privatísticas y publicísiticas del proceso civil. Su vértice, es sabido, pasa por la amplitud de los poderes que, se discute, corresponden al juez para ser ejecutados en las distintas etapas del derrotero procedimental. Claro que —y aquí deviene definitorio— el ámbito de la coacción se inserta, precisamente, en la instancia crucial del efectivo cumplimiento de las decisiones, con lo que su objetivo no es tan sólo el de asegurar la virtualidad del derecho privatístico de la parte favorecida, sino aun, y por encima de ello, la efectivización del singular mandato público emanado de la jurisdicción. Y, con ello, su propia autoridad y prestigio, desafiados por la inatención y el alzamiento de la parte obligada a observar aquel mandato.

2. Medios de ejecución directa y medidas coercitivas

En la clásica distinción chiovendiana entre "medios de subrogación" que se concretan en la ejecución forzada y "medios de coacción", aquellos con los cuales los órganos jurisdiccionales tienden a influir sobre la voluntad del obligado para que se determine a efectivizar la prestación de lo debido, se sostenía que mientras los primeros suponen la ejecución judicial directa que constituía la regla, en cambio estos últimos eran tan sólo alternativos o integrativos de aquellos "subrogatorios". Sin embargo, el pensamiento tradicional en el que el cauce natural es la realización de la tutela ejecutiva en la forma de la ejecución directa, ha sido replanteado para dar paso a un revival de las medidas coercitivas o de ejecución indirecta, a tono con la creciente tendencia a asegurar la efectividad de los medios de tutela jurisdiccional, y en particular de la sentencia. Bien que, como se ha sostenido, el espacio reservado a las medidas de coacción no puede ser sino residual y que cuanto más se amplifique el ámbito de la ejecución en forma específica, tanto menos se deba recurrir a la ejecución judicial indirecta(9).

En última instancia debe atenderse a los juicios de valor ínsitos en el rumbo legislativo que anima la historia de las medidas coercitivas, resumida en la contraposición entre autoridad y libertad, por manera que si se admite pacíficamente el recurso a las medidas patrimoniales de ejecución directa no puede dejarse de mirar con recelo la aplicación de las medidas de coerción en los supuestos que resulta viable la ejecución directa específica. De ahí que aquéllas, por principio, deberían reservarse para ser aplicadas exclusivamente en relación a obligaciones de hacer o de no hacer en las cuales la prestación sea infungible, sin que pueda admitirse coerción o presión directa o indirecta alguna sobre derechos de la personalidad y otros semejantes que hacen a la libertad individual(10).

3. Sistemas de medidas de coerción

En los análisis comparatísticos se suele distinguir tres modelos o sistemas de medidas coercitivas(11): el francés de las astreintes, el alemán y austríaco, y por último, el contempt of court anglosajón.

a. En el modelo originariamente jurisprudencial francés de las astreintes se autoriza al juez para que en el momento de pronunciar condena al cumplimiento de obligaciones de hacer o de no hacer, determine la suma de dinero que el obligado deberá pagar al acreedor por cada día de retardo en el cumplimiento de la resolución, importe que no tiene relación con los daños eventualmente sufridos por el acreedor sino que se gradúa en atención a las circunstancias patrimoniales del obligado. Constituye una sanción pecuniaria que favorece al acreedor y se suma al eventual resarcimiento de daños(12).

En nuestro derecho el art. 37 CPCN establece la potestad judicial para imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que las partes o los terceros cumplan los mandatos, cuyo importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento. Se gradúan en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y pueden ser dejadas sin efecto o ser objeto de reajuste, si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder. Suponen la insuficiencia o inoperancia de los medios normales de ejecución, en el caso concreto; y se aplican aun de oficio sea que el mandato incumplido —incluyendo medidas preliminares, cautelares, anticipatorias o de urgencia— imponga la satisfacción de prestaciones de dar, hacer o no hacer, en cuanto dependan de la voluntad del obligado. Bien que la ley procesal, la jurisprudencia y la doctrina señalan el carácter excepcional con que debe acogerse la admisibilidad de las astreintes(13), lo cierto es que constituyen un medio de coacción psicológica apto para alentar el cumplimiento de los mandatos judiciales.

De hecho, el sistema de las astreintes está recogido en las mayorías de los ordenamientos contemporáneos(14)incluyendo el italiano recién a partir de la ley 69/2009, que sancionó el art. 614 bis del CPC(15). El art. 398 del Código Modelo de Proceso Civil, para Iberoamérica, al igual que gran parte de los Códigos de la región le brindan también recepción a título de multas conminatorias(16).

b. En el sistema alemán las medidas coercitivas adquieren un perfil más marcadamente publicístico. Si bien tales medidas, al igual que las astreintes son utilizadas para el cumplimiento de obligaciones de hacer infungibles y de no hacer, se caracterizan por posibilitar la aplicación de sanciones limitativas de la libertad personal, como el arresto; y, por otro lado, las penas pecuniarias ingresan al patrimonio público estatal, y no al del acreedor (§§ 888 y 889 ZPO alemana). Régimen similar se instituye en la legislación austríaca (§§ 354 y 355 EO). En caso que el deudor incumple una obligación de no hacer, a petición del acreedor, puede ser condenado al pago de una multa disciplinaria, y para el caso de incumplimiento, a arresto domiciliario de hasta seis meses. Previamente, debe escucharse al deudor (§ 891 ZPO). En caso que éste se resista nuevamente, el acreedor puede requerir al oficial de ejecución a los efectos de la eliminación de la oposición mediante el uso de la fuerza pública (§ 892 ZPO)(17). Se ha señalado sin embargo, que no obstante la clara tendencia publicística que alienta la ZPO alemana, influida por el pensamiento de F. Klein sobre las finalidades del proceso civil, y que sin duda suscitan la regulación de las medidas de coacción, de todos modos, el genérico poder del juez en el proceso civil ha de entenderse siempre limitado por el principio de la libertad y de la responsabilidad de las partes(18).

En el derecho español —en sintonía con el sistema alemán— la LEC 1/2000 permite imponer multas coercitivas al ejecutado que no presente relación de sus bienes pignorables (art. 589) y también abrir proceso criminal contra el deudor o tercero que viola el deber de colaboración, una de las principales novedades del ordenamiento en vigor(19).

c. El derecho anglosajón ha consagrado la institución del contempt of court(20), cuyo principal elemento constitutivo es el menosprecio a la autoridad del tribunal, la ofensa a la Corte.

El contempt puede ser criminal o civil(21). El criminal está destinado a la punición de la conducta atentoria, a través de un proceso sumario autónomo instaurado de oficio o a petición de parte interesada. El contempt civil, en cambio, tiene por objeto el cumplimiento de la decisión judicial por aplicación de medios coercitivos, se promueve por instancia del interesado, garantizándose la amplia defensa, y admite la transacción. Las sanciones aplicables —sea en el criminal o en el civil— son el arresto, la multa que puede o no ser compensatoria, el secuestro y la pérdida de derechos procesales. La prisión civil, aplicada con prudencia, es considerada medida de gran utilidad; sin embargo, ha sido abolida en el sistema anglo-americano, excepto por débitos de prestación alimentaria(22).

El contempt civil puede ser directo, que autoriza al juez a prender inmediatamente al contumaz, concediéndole un plazo para justificar su conducta. En cambio, el indirecto exige un procedimiento incidental contradictorio previo a la aplicación de la sanción, por lo que se reconoce que es el más apropiado(23).

4. Las medidas de coerción y el Contempt of Court en la legislación brasileña

Interesa especialmente detenernos en el análisis del derecho brasileño(24), que ha evolucionado paulatinamente para acoger una institución típica nutrida en el sistema anglosajón del common law.

a. En primer lugar cabe mencionar la transformación del procedimiento de ejecución de sentencia, que se opera con la reforma del art. 461 del CPC(25). Según la redacción que le confiriera la ley 8952, de 1994 (complementada por la ley 10.444, de 2002), la sentencia en torno del cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer debe conceder a la parte la "tutela específica", de modo que siendo procedente el pedido, el juez "determinará providencias (liminares o sentencia) que aseguren el resultado práctico —in natura— equivalente al de implementación". Para alcanzar ese objetivo se deberá, conforme al caso, adoptar resolución de anticipación de tutela y se podrá disponer —aun de oficio— medidas de coerción y apoyo, como multas diarias (astreintes), búsqueda y aprehensión, remoción de personas y cosas, demolición de obras e impedimento de actividad nociva. Se reconoce al acreedor el acceso a los actos de satisfacción de su derecho, sin depender del procedimiento de ejecución de sentencia. En otras palabras, las sentencias relativas a obligación de hacer o no hacer ya no se cumplen según las pautas de la actio iudicati autónoma, sino de acuerdo con las aludidas reglas del art. 461.

En la misma línea de ideas, el art. 461-A CPC, incorporado por la ley aludida, extendió el criterio antes referido al ámbito de las acciones de conocimiento cuyo objeto fuere la entrega de cosa. Igualmente en relación a las obligaciones de dar o restituir, la tutela jurisdiccional deberá ser específica, de modo que el no cumplimiento voluntario de la condena acarreará, en las propias actuaciones en que se pronunció la sentencia, la pronta expedición de mandato de búsqueda y aprehensión o de inhibición en la posesión (art. 461-A, § 2º)(26). También se sancionan reformas de la ejecución por cuantía cierta (ley 11.232, de 2005), en cuya virtud la condena a pago de cantidades ciertas se simplifica notablemente, pues en el propio pronunciamiento de condena el juez asignará el plazo en que el deudor habrá de realizar la prestación debida. Transcurrido dicho término sin el pago voluntario, opera, en la misma relación procesal en que la sentencia fue pronunciada, la expedición del mandato de embargo y valuación para preparar la expropiación de los bienes necesarios para la satisfacción del derecho del acreedor (nuevo art. 475-J)(27).

b. Sentado lo anterior, hemos de analizar la ley 10.358, de 2001, que introdujo profundas modificaciones en las normas que regulan los deberes de las partes y sus procuradores, con el explícito objetivo de asegurar la efectividad de las decisiones judiciales, incorporando —aunque con ciertas particularidades— el denominado Contempt of Court.

1. De acuerdo al párrafo único del art. 14 del CPC, todo aquel que de algún modo actúe en el proceso podrá ser declarado responsable por la frustración integral o parcial del resultado de la prestación jurisdiccional, vale decir, por el desacato a la decisión judicial (o, si preferimos, por el Contempt of Court)(28). La utilización de las denominadas "medidas de apoyo" para asegurar el cumplimiento, en verdad reconocía antecedentes directos en el Código de Defensa del Consumidor de 1990 (art. 84).

2. El texto legal no se refiere exclusivamente al comportamiento de las propias partes, de sus abogados, de los auxiliares del juicio, etc., sino que comprende genéricamente a todos aquellos que de alguna forma participen en el proceso. En cuanto a la conducta que se sanciona, son todos los actos u omisiones, culposos o no, que obstaculicen o creen dificultades de cualquier especie al logro del resultado práctico a que está destinado el proveimiento jurisdiccional (sea que se trate de sentencias, resoluciones anticipatorias o cautelares). Se genera —de ese modo— una responsabilidad objetiva, desde que prescinde, para su declaración, de la presencia de culpa(29).

3. La principal de entre las diversas consecuencias de la regla del art. 14 es, sin duda, la posibilidad de imposición de multa punitiva al responsable por el incumplimiento o por la obstrucción al cumplimiento de los proveimientos jurisdiccionales. Verificada la situación perniciosa, podrá el juez mediante resolución irrecurrible aplicar multa de hasta el veinte por ciento del valor de la causa, porcentual variable dependiendo de la gravedad de la conducta impu­tada. Con la particularidad de que la multa no beneficia a la propia parte, a diferencia de lo que ocurre con la multa aplicable en la hipótesis de litigancia de mala fe, sino que revierte a favor de la Hacienda Pública de la Unión, del Estado o del Distrito Federal. La propia ley prevé expresamente que si la multa no fuera pagada por el responsable en el plazo fijado por el juez, podrá ser inscripta en deuda activa.

4. Igualmente, en caso de incumplimiento de la decisión judicial debida a conducta de funcionarios públicos, el propio agente —incluyendo gobernador de Estado, prefectos municipales, etc.— será personalmente responsabilizado con su patrimonio personal por la vía de la ejecución fiscal.

Conviene subrayar el significado político-institucional de tal principio que supone en esencia el sometimiento de la Administración y de sus propios funcionarios a la observancia irrestricta de los mandatos judiciales. La regla resulta congruente con la supremacía reconocida a las decisiones del STF en el ejercicio del control de constitucionalidad, las cuales producen eficacia y efecto vinculante en relación a la Administración Pública directa e indirecta, en las esferas federal, estadual y municipal (art. 102, III, § 2º, Const. Federal, texto Enmienda Constitucional nº 45/2004).

La autoridad pública no puede incumplir los mandatos judiciales ni siquiera invocando un interés público(30). El propio TSJ ha declarado que la orden judicial suspensiva dictada liminarmente en un mandado de segurança, torna ilícito el obrar de la Administración Tributaria que, en desobediencia de dicha orden y desprecio del Poder Judicial, adelantó el procedimiento de constitución de un crédito tributario. Semejante conducta, destacó el Tribunal, caracteriza, inequívocamente, el Contempt of Court(31).

5. Por otro lado, el texto del art. 14 autoriza a ordenar al agente público que cumpla la orden bajo pena del delito de responsabilidad o del pago de multa, que debe satisfacer con su patrimonio particular. Como ha señalado Marinoni(32), es absurdo pensar que la sanción no pueda recaer en la persona del propio funcionario, desde que la efectividad del uso de la multa en relación al poder público reposa precisamente en su propia naturaleza. Si la multa tiene por objetivo compeler al obligado a cumplir, su efectividad depende de su aptitud intimidatoria sobre una voluntad, que solamente pertenece al agente público y no al Estado. De ahí que la multa sólo puede lograr su objetivo cuando es impuesta directamente al agente capaz de dar cumplimiento a la decisión jurisdiccional. De lo contrario, si la multa incidiera sobre la Administración, sólo acarrearía gastos a las arcas públicas, acabando por ser pagada por los contribuyentes.

La aplicación de la multa del art. 14 no excluye otras sanciones criminales, civiles y procesales. Así las previstas en los arts. 600 y 601 CPC, que imponen al ejecutado multas por actos considerados "atentatorios" a la dignidad de la justicia, y que revierten en provecho del acreedor no obstante su naturaleza coercitiva y no compensatoria. Bien que se afirma coincidentemente que en la práctica son muy raras las oportunidades en que se aplican sanciones al litigante de mala fe(33).

6. Al aplicar la multa del art. 14 CPC el juez no ejercita funciones jurisdiccionales sino administrativas. De ahí que no sólo puede dictarse oficiosamente sino que lo hace sin debate ni sustanciación previa; la garantía del contradictorio se ejercita en el ulterior trámite de ejecución de la sanción pecuniaria, desde que aquélla no configura cosa juzgada material. Algo similar acaece con las sanciones por temeridad y malicia, si bien responden a patrones de sustentación diversos. La atribución judicial, en definitiva, se inserta en el campo genérico del derecho administrativo sancionador no penal; es por ello que, excepcionalmente, la punición sea extensible a título de responsabilidad subsidiaria aun a terceros diversos de las partes, siempre que se compruebe la culpa del agente causante del acto atentatorio(34).

7. Sin embargo, el art. 14 CPC excluye expresamente la responsabilidad de los abogados, cuya actuación queda sujeta exclusivamente al juzgamiento disciplinario "conforme a los estatutos de la Orden de los Abogados de Brasil" (parágrafo único). La excepción, que no estaba incluida en el proyecto original, ha sido ácidamente cuestionada con el argumento de que se trata de una mal entendida protección corporativa que puede llevar a salvaguardar a los malos abogados que resisten injustificadamente las órdenes judiciales(35).

8. El mentado art. 14 no prevé la prisión civil como sanción. Naturalmente se trata de una cuestión altamente conflictiva, que se sigue debatiendo en Brasil. El proyecto originario de 2000 establecía que si el responsable del incumplimiento del mandato judicial, debidamente advertido, reitera la conducta atentatoria al ejercicio de la jurisdicción, el juez podrá imponerle prisión civil hasta treinta días, que será revocada cuando se cumplimente la decisión. Una propuesta similar se incorpora en un proyecto legislativo de 2004 en trámite desde entonces. Un arduo debate tanto constitucional como político-institucional sigue abierto(36).

9. En definitiva —como destacara Barbosa Moreira(37)—, las sucesivas reformas han incrementado considerablemente los poderes de coerción —aquellos que son inherentes a la condición de órgano público de que el juez está investido—, cuyo ejercicio tiende a obtener compulsivamente el cumplimiento de sus mandatos, a través de medidas coercitivas personales o patrimoniales. De esa manera —sostiene la doctrina en general(38)—, el derecho procesal se ha adecuado al derecho material, proporcionándole instrumentos de tutela diversificados y compatibles con las características de los derechos sustanciales en crisis y amoldados flexiblemente, con practicidad, a la situación en que deberán ser tutelados y efectivizados.

Bien que no dejan de oírse voces críticas que no sólo ponen en cuestión la operatividad efectiva de semejante arsenal normativo, sino también reclaman por lo que consideran su insuficiencia para el logro del objetivo de la más eficaz y rápida concreción de los derechos, llegándose a propiciar —como lo hace Ada Pellegrini Grinover(39)— la adopción del contempt of court civil indirecto, que posibilite —además de la multa compensatoria destinada al erario— el arresto o prisión a ser aplicado por el juez a la parte contumaz hasta el cumplimiento de la decisión judicial. Delicada cuestión que, como quedó señalado, es objeto de arduo debate doctrinal.

5. Algunas reflexiones conclusivas, a propósito del perfeccionamiento de los medios de coacción en nuestra legislación procesal

1. Parece indispu­tado que el aseguramiento del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y oportuna presupone dotar a los jueces de los medios de coerción para el cumplimiento de sus mandatos, sea los contenidos en la sentencia de mérito, ya en los pronunciamientos cautelares, anticipatorios o urgentes.

No menos notorio, a la luz de la frustrante experiencia cotidiana, deviene que el catálogo circunscripto de los medios compulsorios que se regulan en nuestro derecho, resulta insuficiente para el logro de aquellos objetivos. Más allá de las bondades del régimen de las astreintes y de su virtualidad operativa que resalta la doctrina y denota la jurisprudencia(40), lo cierto es que las potestades disciplinarias derivadas del art. 18, dec.-ley 1285/1958 y mod., concedidas para sancionar la obstrucción del curso de la justicia y salvaguardar la autoridad, dignidad y el decoro de los jueces, incluyendo la resistencia a los mandatos judiciales(41), poco o nada han agregado en la práctica. Y el delito de desobediencia del art. 239, Cód. Penal, ha operado más como disuasivo que como verdadera punición, librada como queda a la actuación de la justicia criminal.

2. Resulta evidente, entonces, la necesidad de regular otros diversos y más eficaces medios de compulsión, lo que plantea la ardua cuestión de sus alcances y límites, en tanto la correlativa restricción a las libertades que conlleva.

3. En ese análisis no se puede prescindir de la reciente y todavía en curso experiencia brasileña. Aun admitiendo las dificultades que supondría la adopción del Contempt of Court, en cualquiera de sus variantes, bien podría avanzarse en la regulación del régimen de cumplimiento in natura de las obligaciones de hacer y de no hacer para conceder la "tutela específica" y asegurar el resultado práctico equivalente, mediante medidas concretas de coerción y apoyo. Y lo propio en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de entrega de cosas. La doctrina y jurisprudencia han consagrado, en esa línea, las denominadas medidas conminatorias para el cumplimiento in natura de los mandatos desobedecidos(42).

4. El debate en torno del Contempt of Court, parece claro, no puede desentenderse de la existencia entre nosotros de una fuerte cultura tradicional que ha sido refractaria, por razones múltiples, no sólo a la criminalización de las conductas de incumplimiento de los mandatos judiciales, sino siquiera al reconocimiento de simples poderes disciplinarios para la aplicación y la sanción de arresto, en los términos del art. 18 de la LOPJ(43).

5. Es exacto que cabe una clara distinción entre la arcaica y desde luego definitivamente abolida "prisión por deudas", y la posibilidad legítima de amenazar y aun, si es necesario, imponer sanciones personales al ejecutado recalcitrante que persiste obstinadamente en desobedecer la orden judicial, o de algún modo dificulta y entorpece de modo reiterado el desenvolvimiento normal del proceso de ejecución. Se trata tan sólo, en todo caso, de brindar al juez mayores herramientas punitivas para tornar efectiva la jurisdicción. Sin embargo, la escalada de las medidas de punición reconoce un límite infranqueable que está dado por los principios esenciales de la razonabilidad o proporcionalidad de la coerción(44)y el imperativo de no dañar o perjudicar innecesariamente al deudor obligado(45). Un esquema, en definitiva, equilibrado, que balancee adecuadamente los intereses en juego, que no se agotan en los propios y públicos de la jurisdicción.

6. Finalmente, queda un amplio capítulo de los medios de coacción habitualmente contaminado por razones bien ajenas a la propia funcionalidad de las medidas, que es el de la ejecución de los mandatos judiciales contra el Estado. Sólo resulta aquí pertinente señalar y prevenir no sólo respecto a las dificultades que presentan tales medidas en su operatividad, sino la ínsita e inevitable correlación que puede verificarse entre este fenómeno, tan negativo y frustrante para el ejercicio de la jurisdicción, y la institucionalidad republicana y democrática. Parece irrefutable que la calidad de las instituciones y el grado de su fortaleza constituye un presupuesto ineficiente del Estado Democrático de Derecho y, con ello, de la efectividad de los mandatos judiciales. De poco sirve el empeñoso esfuerzo de los jueces y su celo comprometido por la realización concreta del derecho que enuncian sus sentencias, particularmente cuando es el propio Estado el que debe cumplirlas, si sus funcionarios asumen posturas desdeñosas, renuentes e incluso desafían la propia autoridad de los mandatos. En un contexto de institucionalidad republicana y democrática ostensiblemente menguado, en recesión, los mejores empeños de los jueces suelen tropezar con obstácu­los insalvables. Lo que es, si cabe, peor: el desconocimiento reiterado de la autoridad de los jueces agrega, todavía, un factor más que agrava la baja institucional.


Libro III - PROCESOS DE EJECUCIÓN


Título I - EJECUCIÓN DE SENTENCIAS


Capítulo I - SENTENCIAS DE TRIBUNALES ARGENTINOS


§ 730


Art. 497 — Resoluciones ejecutables.

Consentida o ejecutoriada la sentencia de un tribunal judicial o arbitral y vencido el plazo fijado para su cumplimiento, se procederá a ejecutarla, a instancia de parte, de conformidad con las reglas que se establecen en este capítulo.

CPCCN: Art. 499 — Resoluciones ejecutables. Consentida o ejecutoriada la sentencia de un tribunal judicial o arbitral y vencido el plazo fijado para su cumplimiento, se procederá a ejecutarla, a instancia de parte, de conformidad con las reglas que se establecen en este capítulo.

Podrá ejecutarse parcialmente la sentencia aunque se hubiere interpuesto recurso ordinario o extraordinario contra ella, por los importes correspondientes a la parte de la condena que hubiere quedado firme. El título ejecutorio consistirá, en este caso, en un testimonio que deberá expresar que ha recaído sentencia firme respecto del rubro que se pretende ejecutar por haber sido consentido.

Si hubiere duda acerca de la existencia de ese requisito se denegará el testimonio; la resolución del juez que lo acuerde o, en su caso, lo deniegue, es irrecurrible.

CPCCN (LEY U-0692): Art. 487.


Concordancias(46)

Código Procedimiento Buenos Aires, derogado, 547. Código Procedimiento Capital, derogado, 535.

Exposición de motivos del Código Procesal Nacional

"Libro III. Procesos de ejecución. Comprende, en tres títulos, la ejecución de sentencias, el juicio ejecutivo y las ejecuciones especiales. Título I, Ejecución de sentencias. El capítulo I, a partir del artícu­lo 499, trata la ejecución de las que emanan de tribunales argentinos, especificando cuáles son los títulos ejecutorios a los que se aplica este procedimiento; la competencia; los trámites de la liquidación, considerablemente simplificados; las excepciones y recursos.

Además de haber incluido el caso de la condena a escriturar, se han perfeccionado las reglas sobre ejecución de condenas a hacer, a no hacer, o a entregar cosas.

En los artícu­los 517 y 518, el proyecto ha completado los requisitos que deben concurrir para el otorgamiento del exequatur, previo a la ejecución de sentencias extranjeras, y ha regulado su trámite.

La simple invocación de una sentencia extranjera en el curso de un juicio ha sido contemplada en el artícu­lo 519. Tendrá eficacia si reúne los mismos requisitos exigidos para el caso en que se pretendiera su ejecución".

Antecedentes(47)

Proyecto Lascano: De acuerdo con el criterio de los Códigos argentinos y de los principales proyectos de reforma, hemos preferido no incluir entre los títulos ejecutivos (propios del juicio ejecutivo) la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, y reservar para ella el procedimiento especial de ejecución de sentencia (n. al art. 226).

Proyecto Buzaid: Dentro de las innovaciones contenidas en el libro II, dos merecen especial relevancia: la primera se refiere a la unidad del proceso de ejecución; la segunda al fenómeno de la insolvencia civil.

El derecho luso-brasileño conoce dos medios de realizar la función ejecutiva: a) por la parata executio (véase supra, § 729); b) por la acción ejecutiva. Esta se fundaba en un título extrajudicial; aquélla en sentencia condenatoria. Mas, como observa Liebman (Proceso de execución, nº 6, p. 10) diferentes fueron los resultados de la evolución histórica en los países del continente europeo. El derecho francés de las costumbres reafirmó enérgicamente la equivalencia de la sentencia y de los instrumentos públicos (lettres obligatories faites par devant notaire ou passés sous Scel Royal); se reconoció a ambos la execution parée. Este principio fue acogido por las Ordenanzas reales y después por el Código de Procedimiento Civil napoleónico de 1806, del cual pasó a la mayor parte de las legislaciones modernas. Adoptaron en nuestros días el sistema unificado, los Códigos de Italia (art. 474), de Alemania (§§ 704 y 794), de Portugal (art. 46) y la Ley de Ejecución de Austria (§ 1). El Anteproyecto sigue esta orientación porque, en verdad, la acción ejecutiva no es sino una especie de la ejecución general; por lo que parece aconsejable unificar los títulos ejecutivos judiciales y extrajudiciales. En el aspecto práctico son evidentes las ventajas que resultan de esa unificación, pues el Anteproyecto suprime la acción ejecutiva y la ejecución fiscal (Exposición de motivos, nº 25) [ver 1ª ed.].

a) Sentencia consentida o ejecutoriada

La sentencia se consiente: 1) cuando las partes, luego de estar notificadas, dejan transcurrir los plazos legales sin interponer recursos; 2) cuando deducidos éstos, no se cumple con la carga de fundarlos idóneamente; 3) si se produce la caducidad de la segunda instancia. En todas estas hipótesis, la sentencia de primera instancia pasa en autoridad de cosa juzgada.

Una sentencia queda ejecutoriada, en cambio, cuando es confirmada por el tribunal de grado o, en el caso que aquí interesa, de que la Alzada revoque una sentencia absolutoria de primera instancia, condenando a alguna de las partes.

b) Laudo arbitral

Los árbitros carecen de imperium para ejecutar sus laudos (arts. 791, Cód. Proc. Bs. As., o 780, Cód. Proc. Nac.).

c) Instancia de parte

En concordancia con el principio dispositivo [§ 157], que sigue prevaleciendo en nuestro proceso, la ejecución de la sentencia sólo se lleva a cabo a solicitud del vencedor.

d) Actualidad

Las ideas y tendencias —la línea de sentido— que dibujan el rostro reciente (1980-1994) de la ejecución, las iremos exponiendo en los lugares respectivos; pero anticipamos al lector que el núcleo de las mismas recortan este panorama básico:

En el ámbito de la ejecución (latu sensu: ejecutoria y proceso ejecutivo), hemos procurado abordar de manera más destacada en esta edición lo que al presente concita replanteos o los mayores desencuentros: a) la crisis del procedimiento ejecutivo; b) la búsqueda de su adecuado perfil institucional; c) la necesidad de alcanzar (a partir del plano constitucional) la armonización de las tutelas debidas al ejecutante y al ejecutado; d) la admisión de la estructura monitoria como una moderna y funcional alternativa o variante complementaria del proceso ejecutivo; e) la efectividad de la compulsión, incorporando como normas positivas las que contemplen el deber de información acerca de sus bienes y estado de liquidez patrimonial del ejecutado; f) el acordar eficacia ejecutoria inmediata a la sentencia de primera instancia.

Es lo que se evidencia, entre 1980 y 1994, en los emprendimientos reformadores de España, Italia, Francia y Uruguay, entre otros países que hacen al fondo del derecho comparado común y lo que se palpa entre nosotros en los Congresos Nacionales y Provinciales, en los que la puesta al día de la ejecución ocupa casi siempre uno o más puntos de las agendas convocantes (Rosario, Santa Fe, Junín, Mar del Plata, etc.).

Las iremos examinando en los sitios pertinentes. Véase, además de las obras que citamos en sus lugares: Tarzia, Lineamenti... cit., p. 186; Comoglio, ob. cit., p. 368; Ferro, Corrado, In tema di esecutorietá della sentenza e inibitoria, Rivista di Diritto Processuale, nº 2 (1993), ps. 558 a 568; Greif, Jaime, Il processo esecutivo nel progetto di codice modello per l'America Latina, Rivista di Diritto Processuale, nº 1 (1990), ps. 239-253; Vescovi, Enrique, El nuevo sistema judiciario en el Uruguay (un modelo de reforma del Servicio de Justicia en América Latina), (en italiano), Rivista di Diritto Processuale, nº 2 (1991), ps. 388-413, en especial, p. 410, nº 5 (el proceso monitorio); De Miguel y Alonso, Carlos, Informe general, citado.

Se advierte que la mayoría de los aspectos en reconsideración se agrupan en el cuadrante del juicio ejecutivo.


Jurisprudencia bonaerense

Ejecución procesal forzada(48)

a) Principios generales

El proceso no termina con la sentencia definitiva, sino que incluye el eventual procedimiento de ejecución de sentencia hasta la satisfacción del interés sustancial del pretendiente (ver Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Furlán y familiares v. Argentina", sent. 31/8/2012, consideración nº 150). (C. Civ. y Com. Trenque Lauquen, 24/4/2013, "Quarteroni María Beatriz v. Liberotti Arturo s/ejecución de sentencia").

Así, la legislación adjetiva prevé que, una vez reconocidos sus derechos mediante el dictado de la sentencia definitiva, el acreedor puede obtener en forma forzada su ejecución si el obligado no la cumple voluntariamente en el plazo que aquélla estableció, acudiendo al trámite previsto en el Código de rito dentro de los límites marcados por el estricto cumplimiento del fallo (arts. 497 y ss. del CPCC) (C. Civ. y Com. Quilmes, sala 1ª, 20/8/2010, "Martínez, Egidio Lasaro v. Municipalidad de Florencio Varela s/Ejecución de sentencia", Juba sumario B2904909).

El proceso de ejecución de sentencia constituye —fundamentalmente— una vía procesal tendiente a resguardar el derecho de propiedad del actor ganancioso. Además, la efectividad del proceso se engarza en los estratos constitucionales (arts. 33, 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, 8º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 2º, inciso 3º, apartado a] del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos), habiendo sido incluso receptada en la Constitución Provincial (artícu­lo 15) (C. Civ. y Com. Morón, sala 2ª, 16/8/2007, "Raco María Cristina y otros v. Raco, Pablo y otra s/ejecución de sentencia", Juba sumario B2351686).

Los dos períodos en que se desarrolla el proceso, uno informativo, de conocimiento, que se cierra al declararse o reconocerse en la sentencia el derecho; y el otro de ejecución de lo resuelto, se encuentran íntimamente vinculados, constituyendo el último la continuación y cumplimiento del primero (C. 2ª La Plata, sala III, causa B-15.484, reg. int. 645/66).

Este procedimiento de ejecución de sentencia no es un proceso autónomo, sino una nueva etapa de cumplimiento del fallo judicial firme, y la actividad procesal que demanda está encaminada a dar la plena y justa satisfacción de las pretensiones acogidas en el pronunciamiento jurisdiccional pasado en autoridad de cosa juzgada (C. 1ª Bahía Blanca, sala I, DJBA 120-272; C. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 1ª, 16/5/2002, "Banco Francés SA s/Incidente de indemnización", Juba sumario B254487; C. Civ. y Com. Pergamino, 23/12/2013, "Garay, Ramón Salvador v. Sem Car SA s/ ejecución de sentencia").

Con todo, más actualmente se ha señalado que la pretensión ejecutoria abre otra causa y tanto es otra que si no lo fuera no habría tenido sentido que el CPCC se tomara el trabajo de puntual y específicamente distinguirla para asignarla a renglón seguido al mismo juez emisor de la sentencia firme incumplida: si fueran la misma pretensión y la misma causa no habría habido necesidad de distinguir nada.

Que la pretensión ejecutoria tramite en el mismo expediente principal o en pieza separada no quita ni agrega nada a su naturaleza: el reclamo ante el incumplimiento voluntario es el primer paso del trámite de una ejecución de sentencia, se sustancie en el principal o fuera de él (art. 497 y ss. Cód. Proc.).

Suponer que la faz física de la tramitación de una pretensión puede alterar su naturaleza entraña confusión entre lo meramente administrativo y lo netamente procesal de la función jurisdiccional (C. Civ. y Com. Trenque Lauquen, 29/9/2010, "Moya, Mariela Alejandra v. Aristimuño, Fernando s/ Alimentos").

Uno de los principales efectos de la sentencia pasada en cosa juzgada plena, esto es, en cosa juzgada sustancial, es el de la coercibilidad, en cuanto tiene la virtud de ser ejecutable compulsivamente en caso de eventual resistencia del obligado (Couture, Fundamentos de derecho procesal, p. 244). Es decir, que cuando el vencido no cumple voluntariamente con la sentencia, puede ser ejecutada, a petición de parte, por el juez. Ello es una consecuencia del imperium de que está dotado el poder jurisdiccional, debiendo tenerse presente que precepto y sanción son elementos inescindibles de la actuación de la ley en la sentencia (Podetti, Tratado de los actos procesales, p. 456, nº 128 y Tratado de las ejecuciones, p. 445, nº 242). De ahí que, por generar la sentencia definitiva un título ejecutorio a favor del vencedor, es viable que a pedido de éste el órgano jurisdiccional disponga la ejecución coactiva de la misma (Sup. Corte Bs. As., Ac. y Sent., 1957-II-307 o JA 1957-III-213; Ac. y Sent., 1959-II-70; C. 1ª La Plata, sala II, causas 90.680, reg. int. 148/59; 106.951, reg. int. 652/62).

La ejecución de la sentencia está concebida así en función de la realización forzada, quedando excluidas cuestiones o debates propios de los procesos de conocimiento.

La misma se caracteriza por la coacción y no cabe emitir declaraciones de derecho. Allí juega la ejecutoriedad coactiva, o sea, el acto de coerción para llegar al cumplimiento efectivo de la sentencia (arts. 497, 500, 501, 502, 503, 506, 508, Cód. Procesal) (C. 2ª La Plata, sala I, causa B-54.121, reg. sent. 37/84).

Dicho proceso de ejecución no admite ninguna "cuestión previa", "condicionante" y menos aún bajo la forma procedimental de la acción sumaria, pues el derecho nacido de la sentencia firme —el título ejecutorio— trae por sí solo aparejada ejecución. A lo sumo el ejecutado, fuera de las excepciones legítimas, podrá plantear el tema por vía de incidente (C. 1ª San Isidro, sala I, Der. 93-515; C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 1ª, 4/7/2006, "Forace, Tomás v. Solla, José y ots. s/ejecución de sentencia", Juba sumario B1353266).

Consecuentemente, el contenido del cumplimiento de dicha condena, ha de estar delimitado por el alcance de la sentencia que dinamiza y a su vez legitima, la determinación de la suma líquida a oblar, sin que sea admisible resolución alguna que contraríe lo decidido con autoridad de cosa juzgada, sea sobre lo principal o lo accesorio, como ser pautas indexatorias o intereses (Fassi, Código, v. II, ps. 192-193; Corte Sup., LL 129-712) (C. 2ª, sala I, causa A-34.748, reg. sent. 33/80, 25/7/2008, "Yacin, María Luisa v. Carrizo, José M. s/incidente de ejecución de sentencia", Juba sumario B256949).

Sólo es materia ejecutable lo que estrictamente haya sido objeto de la litis y emerja directamente de la sentencia, no siendo posible incluir pretensiones que no fueron objeto de litis en la causa principal (C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 2ª, 11/3/2011, "Trejo, Mirta Inés y otro v. Peña, Ernesto s/ ejecución de sentencia").

Siendo inviable pretender alterar, en esta etapa procesal los contenidos de la condena, irrumpiendo los lineamientos prefijados (C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 3ª, 9/3/2011, "Fernández, Daniel Esteban v. Feudis, Mario Oscar s/ejecución de sentencia").

Con la misma orientación, únicamente podrá perseguirse por esta vía el cumplimiento del crédito reconocido en sentencia y no de cualquier otro que —aunque se encuentre vinculado— no surja del mismo título (C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 2ª, 11/7/2006, "Contreras, Arnaldo v. Roldán, Roberto s/ejecución de sentencia").

En este sentido, se ha indicado que la ejecución de la sentencia dictada se encuentra circunscripta a los límites de la decisión recaída en el proceso de conocimiento y dentro de los términos que producen la eficacia de la cosa juzgada. Ello evidencia el valladar infranqueable que conforman los términos de la sentencia dictada y firme, que no pueden ser modificados estableciéndose una tasa de interés no contemplada en el fallo. Es inviable alterar, en esta etapa procesal, los contenidos de la condena, irrumpiendo los lineamientos prefijados, con la inclusión de una tasa de interés diferente al que fue fijado en el decisorio firme y que en autos también se encuentra con liquidación aprobada, al no ser cuestionada por los demandados. En consecuencia, consentida por ambas partes la sentencia dictada, el ámbito de su ejecución está circunscripto a los límites de la decisión recaída en el proceso de conocimiento y dentro de los términos que producen la eficacia de la cosa juzgada (C. Civ. y Com. Dolores, 15/11/2007, "CESOP v. Ortega Vicente s/Sumario", Juba sumario B951092).

Y que resulta absolutamente improcedente adoptar en un proceso de ejecución de sentencia una decisión que contradice la cosa juzgada de que goza lo decidido en el principal, sobre la misma cuestión (Sup. Corte Bs. As., 26/9/2007, "Fuhr, Norma v. Banco Francés s/Amparo", Juba sumario B28694).

Sin que un posterior cambio de criterio por parte del tribunal de orden pueda variar esos derechos ya adquiridos, aún en el supuesto que ese cambio fuera motivado por un adecuamiento a la doctrina del Superior Tribunal (Sup. Corte Bs. As., 29/8/2007, "Correa, Oscar Jesús v. Carboclor Industrias Químicas SAIC s/Indemnización enfermedad", Juba sumario B52392).

Con todo, en algún caso extremo, ha resuelto la Suprema Corte que corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley que denuncia la violación al principio de la cosa juzgada al modificarse en la etapa de ejecución de sentencia la tasa de interés aplicable, bajo el argumento de estar consentida por la parte, cuando basta la mera observación de la cuantía del crédito liquidado para verificar que los mecanismos utilizados, destinados a preservar la intangibilidad del crédito y el pago de los intereses moratorios, no han sido los apropiados para satisfacer los daños y perjuicios, ya que su monto ha excedido holgadamente toda expectativa de conservación patrimonial y la proporcionalidad que debe existir entre aquéllos y el daño resarcido (Sup. Corte Bs. As., 29/11/2006, "B., A. v. H. I. e. m. i. s/Daños y perjuicios", Juba sumario B28693; 3/4/2014, "Folchi, Anibal Raúl y otra v. Yaguar, Florencio y otros s/Daños y perjuicios", Juba sumario B3904775, voto de la mayoría).

Ha de repararse, a su vez, que el primer requisito para que se pueda ejecutar una sentencia es que la misma esté consentida; y a su turno, el primer presupuesto para que lo esté es que se le haya notificado sobre todo a la parte que resultó condenada, en el domicilio constituido en los autos. Tiene así suma importancia que la sentencia se encuentre consentida o ejecutoriada (C. 2ª La Plata, sala II, DJBA 16-385).

La ejecutoriedad es la consecuencia del consentimiento o firmeza que ha adquirido en el curso del proceso, toda vez que recién puede cumplimentarse lo resuelto cuando no exista posibilidad alguna de ataque por vía de los remedios que la ley adjetiva ha estructurado (C. 2ª La Plata, sala I, causa B-44.672, R DJ 979-7-37, sum. 115).

Tocante a la condición de que para ejecutar la sentencia debe procederse a instancia de parte interesada, cabe agregar que ello es corolario del principio dispositivo que inspira nuestras instituciones procesales y que determina que el proceso de ejecución (que tiene como fundamento la sentencia), sólo puede ser ejercido por aquel a quien se reconoce titular del derecho contra el que se declara sujeto pasivo de éste, o sea, el vencedor (Alsina, Tratado, 2ª ed. v. V, p. 112, nº 3 "a"), p. 115, "d"; Morello-Passi Lanza-Sosa-Berizonce, Códigos Procesales, 1ª ed., t. VI-1. p. 25) (C. 2ª La Plata, sala I, causa B-50.432, reg. int. 235/81; idem, sala III, causa B-33.893, reg. int. 84/72).

Como correlato de ello, sólo puede ser promovida por quien tiene a su favor el título ejecutorio, desde que no cabe admitir que pueda ser deducida por un tercero ni por el vencido contra quien no ha sido condenado (C. 1ª Mar del Plata, sala II, causa 71.260, reg. int. 890/88).

Queda así subrayado, que las sentencias sólo pueden ser ejecutadas por aquel en cuyo favor han sido dictadas, por su continuador o subrogante y en contra del condenado y sus sucesores; fuera de esos casos, la sentencia es un título inhábil para ejecutar por falta de un presupuesto procesal cual lo es, en la primer hipótesis, el de la identidad de la persona del obligado con la demandada (DJBA 25-709 y 761) (C. 2ª La Plata, sala I, LL 48-954; idem sala II, causa 90.696, reg. sent. 283/59; idem, sala III, causa B-1119, reg. sent. 269/60).

En el cuadrante de la legitimación pasiva, se ha señalado que la sentencia consentida o ejecutoriada sólo puede ser ejecutada contra quienes hayan sido partes en el proceso, ya que aquella hace cosa juzgada únicamente para los mismos. Por lo tanto, no sería en principio viable la pretensión del ejecutante de dirigir la ejecución contra una sociedad que no ha integrado oportunamente la litis y respecto de la cual no se ha acreditado, en grado suficiente, la continuidad jurídica que tendría respecto de la consignada en el fallo dictado (C. Civ. y Com. San Martín, sala 1ª, 3/2/2009, "Casal Ferreiro, María del Carmen v. Transporte Automotor Plaza SA s/Ejecución de sentencia", Juba sumario B1952361).

Que si bien asiste razón al apelante cuando sostiene la solidaridad pasiva de las deudas de un fondo de comercio cuando —pese a ser transferido— no se ha dado cumplimiento al trámite previsto la ley 11.867, ello no conduce a suponer que puedan alcanzar al adquirente los efectos del proceso llevado exclusivamente contra el transmitente sin su intervención. De este modo, y dados los límites subjetivos de la cosa juzgada, es improcedente el mandamiento de embargo respecto de bienes del adquirente, en la ejecución de una sentencia que no lo comprende (C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 1ª, 13/10/2011, "SADAIC v. Carlucci Mónica Carina s/ ejecución de sentencias").

Asimismo, que la expresión "y/o quien resulte titular de la explotación...", consignada en la demanda, no puede derivar en una condena a un sujeto incierto, salvo —claro está— que al momento de notificarse la demanda ese sujeto haya sido determinado y se le haya entregado un juego de copias para que la conteste y/o comparezca a estar a derecho. Por ello, si no hay identificación del codemandado, sólo podrá dictarse la sentencia contra aquel que sí fue individualizado. Y aun cuando la condena —equivocadamente— haya sido impuesta (sin identificación de sujeto de derecho alguno) "al titular del fondo de comercio", ello no puede servir para ejecutar la sentencia contra aquel que, aunque actualmente posea la calidad de titular, no fue parte en el proceso de conocimiento en el que se dictó aquélla (C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 3ª, 6/7/2010, "Sadaic v. Pin Lark SA y otro s/ Ejecución de sentencia").

Corresponde igualmente repararse en que no es bastante que la sentencia se encuentre consentida o ejecutoriada y que medie petición de parte interesada, sino además que haya vencido el plazo fijado para su cumplimiento. Claro está, que cuando la sentencia no fija plazo, puede solicitarse su ejecución tan pronto ella haya pasado en autoridad de cosa juzgada; de lo que se sigue que no es necesario solicitar ni conceder a posteriori plazo al efecto (Alsina, Tratado, 2ª ed. v. V, p. 112, nº 3, "c") (Sup. Corte Bs. As., DJBA 113-71 o Der. 76-251; C. 2ª La Plata, sala I, causa B-45.483, R DJ 979-12-50, sum. 170; idem, sala II, causa B-12.425, reg. int. 90/66; C. 1ª Mar del Plata, sala I, LL 146-145).

Ya más actualmente, y sintetizando los recaudos necesarios para la promoción y tramitación del compulsorio, la jurisprudencia local ha señalado que la ejecución de sentencia firme e incumplida: a) no puede ser impulsada de oficio sino que debe mediar pedido de parte; b) debe ser realizada de conformidad con las reglas del capítulo I del título I del libro III del CPCC (C. Civ. y Com. Trenque Lauquen, 12/11/2013, "Falcioni, Marta Beatriz v. Hazelhoff, Manuel y otro/a s/ ejecución de honorarios").

Y, asimismo, que los presupuestos de la ejecución de sentencia son dos: a) el primero consiste en que ésta se encuentre consentida o ejecutoriada, configurándose la primera situación cuando las partes, una vez notificadas, dejan transcurrir los plazos sin interponer recurso alguno, se lo declara desierto o se decreta la caducidad de la segunda instancia; b) el segundo presupuesto es el vencimiento del plazo que la sentencia hubiese fijado para su cumplimiento, el que se compu­ta desde la notificación de aquélla en la alzada, y no desde la notificación de la providencia "por devueltos" (C. Civ. y Com. Bahía Blanca, sala 1ª, 25/2/2014, "Rimaudo Haydée v. Ravaioli Miguel Ángel s/ rendición de cuentas").

b) Sentencias contra el Estado: suspensión

Aunque resultase demandado en juicio cualesquiera de los sujetos comprendidos en la ley que ha suspendido la tramitación de los procesos contra esas personas —en el caso, ley 11.174—, no corresponde decretar la suspensión dispuesta por aquélla, si la sentencia rechazó la demanda contra los mismos y tal aspecto del decisorio se encuentra firme (Sup. Corte Bs. As., Ac. 47.285, 23/4/1992).

La ley 11.184 no derogó a la ley 11.174, sino que ambas se complementan. La primera de ellas, por su art. 40 dispuso la vigencia —entre otros— del capítulo IV de la ley 10.867. Por este se suspendían todas las ejecuciones de sentencia que condenaban al pago de sumas de dinero contra los entes del Estado provincial (art. 1º y 10, ley cit.), quedando excluidas de tal régimen, junto con otros, las ejecuciones de los honorarios profesionales (art. 13, inc. g], ley 10.867) (C. 1ª La Plata, sala II, causa 212.349, reg. int. 358/92).

A su vez, se ha puesto de relieve que estas leyes, que son de orden público, deben aplicarse de oficio, y si estaban vigentes al tiempo de promoverse la demanda, es improcedente plantear ante la Alzada la inconstitucionalidad, puesto que se trata de un tema que pudo y debió ser propuesto, oportunamente, al Juez de primera instancia (art. 272, Cód. Procesal) (C. 2ª La Plata, sala III, causa B-73.472, reg. sent. 136/92).

El principio de la no ejecutoriedad de las sentencias contra el Estado, no significa sustraer a éste del deber de cumplir las sentencias judiciales, debiendo intimarse su acatamiento cuando media irrazonable dilación en el cumplimiento (C. Apel. Junín, DJ, 1988-2-167).

También se ha declarado que para mantener la cuestión de la suspensión de la ejecución de sentencias contra el Estado, dentro del marco de los derechos y garantías constitucionales, es menester que tal suspensión consista en un expediente excepcional, rodeado de todas las garantías posibles a fin de que la ley que la estatuye —en el caso, la nº 10.235— no venga a contravenir, tanto la Carta Magna provincial, como la Nacional (C. Civ. y Com. Apel. Azul, causa 32.804, reg. sent. 120/91).

Más actualmente, ha indicado la casación local que la consolidación de la obligación impone que los interesados se sometan a las disposiciones de la ley y a los métodos administrativos previstos por ella a fin de percibir los créditos que les son reconocidos, pues su aplicación resulta inexcusable en atención al carácter de orden público que revisten (art. 16 de la ley) lo que trae aparejadas la irrenunciabilidad e imperatividad de esas disposiciones (Sup. Corte Bs. As., 14/9/2011, "Monterisi, Ricardo Domingo v. Banco Central de la República Argentina s/Incidente de ejecución de sentencia"; 2/5/2013, "Banco Patagónico SA (Quiebra) v. Sotavento SRL s/Ejecución", Juba sumario B3900849).

Respecto de este tipo de normas (que sucesivamente se han ido dictando a nivel provincial) se ha dicho que su aplicación tiene como efecto postergar el cumplimiento del fallo en función de las modalidades establecidas como resultado de la consolidación de pasivos estatales. Agregando que el derecho adquirido a obtener mediante la ejecución de la sentencia firme, lo que la misma determina, no resulta sustancialmente modificado, ya que una cosa es que toda sentencia debe poder ser ejecutada y otra cómo y cuándo haya de serlo (Sup. Corte Bs. As., 27/6/2012, "Ricca, Rufina v. Reguera, José Luis s/Daños y perjuicios", Juba sumario B24318).

c) Ejecución parcial

Si bien es derecho positivo la posibilidad de ejecución parcial de una sentencia, si la situación se adecua a los términos del art. 500 del CPCC, este planteo está supeditado a los recursos extraordinarios interpuestos. Y aunque la facultad revisora del Superior Tribunal se circunscribe, en principio, al contenido del fallo y a la concreta impugnación del recurso, ello no impide que de oficio se expida acerca de la validez misma de la sentencia, ante el deber de resguardar tanto la defensa en juicio como el debido proceso legal. De ello se deduce que, hasta tanto la instancia superior se pronuncie, no es dable intimar al pago, si existe como se deja establecido, la posibilidad de que la sentencia, de oficio, sea cuestionada (C. Civ. y Com. San Isidro, sala 2ª, 19/9/2002, "Provincia de Buenos Aires v. Macores SRL s/Expropiación incidente de indemnización de monto de la Alzada", Juba sumario B1750572).

Así también, que el efecto suspensivo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley entronca con el principio de la cosa juzgada. Ergo, si la sentencia no se encuentra firme, carece de interés práctico bilateralizar una liquidación. Siguiendo con esta directriz, implicaría un inútil dispendio de actividad jurisdiccional, y hasta un predicamento en abstracto, aprobar una liquidación respecto de una sentencia que, por estar sujeta a un recurso extraordinario pendiente, podría ser revocada, y/o modificada por el Superior Tribunal local (C. Civ. y Com. Lomas de Zamora, sala 3ª, 8/5/2009, "Lerta, Miriam Elizabeth v. Piñeiro, Manuel José s/Ejecución de sentencia", Juba sumario B3750082).

Aunque, contrariamente se ha postulado que el haber interpuesto contra la sentencia dictada varios recursos extraordinarios, no obsta al progreso de su ejecución parcial en los contenidos que han quedado firmes. Ello así en cuanto son separables los tópicos del pronunciamiento cuestionados y los que no lo han sido, subyaciendo un evidente interés en no demorar la plasmación del derecho en las personas de los respectivos acreedores, que de otro modo se verían afectados por una demora innecesaria (C. Civ. y Com. San Nicolás, 13/8/1991, "Rochetti de Crivelli M. B. v. Sideco SA s/daños y perjuicios", Juba sumario B853113).

En sentido análogo, que el planteo efectuado por el ejecutado —queriendo hacer valer con la excepción de falsedad de la ejecutoria el efecto suspensivo generado por el recurso extraordinario articulado por otro codemandado— sería en principio procedente y, por ende, inviable la ejecución de sentencia. Sin embargo, si el único agravio que se planteó a efectos de ser abordado por la Suprema Corte se refiere a la tasa de interés que corresponde aplicar por considerar que corresponde la pasiva y no la fijada en la sentencia apelada, y dado que la sentencia dictada en el proceso principal ha pasado en autoridad de cosa juzgada en todo lo que no ha sido materia de controversia con la vía impugnaticia extraordinaria. En otras palabras, en el caso de autos el actor se encuentra facultado para ejecutar la sentencia que fuera confirmada por la Alzada, reclamando el capital histórico con más los intereses a tasa pasiva, por ser esta la tasa que, cuando menos, el Máximo Tribunal de la provincia terminará por establecer.

En tal inteligencia, corresponde que la sentencia que manda llevar adelante esta ejecución contemple el capital de condena con más la tasa pasiva desde la fecha de la mora y hasta el efectivo pago, sin perjuicio de la diferencia resultante que pueda existir entre las tasas pasiva y activa para una vez que la Suprema Corte de Buenos Aires dilucide la suerte del recurso extraordinario (C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 2ª, 12/10/2010, "Colangelo Juan Daniel y otra v. Repsol Gas SA s/ Ejecución de sentencia").

d) La iniciación de la ejecución de sentencia. Requisitos tributarios y previsionales

Se ha señalado que si la tasa de justicia se abonó en el principal, no cabe exigirla de nuevo para la ejecución de sentencia (C. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 1ª, 24/9/2009, "Israel Silicaro, Osvaldo Juan v. Salido, Andrés y ot. s/Ejecución de sentencia"; C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 2ª, 30/7/2013, "Grieco Antonio Juan v. López Mario José s/ejecución de sentencia").

Asimismo, que en la ejecución de sentencia no procede el pago del bono ley 8480, pero sí el anticipo del jus previsional (C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 1ª, 22/5/2012, "Contino Silvia Graciela v. Gómez Osvaldo s/ ejecución de sentencia").


Jurisprudencia nacional

Ejecución procesal forzada

a) Principios generales

En los procesos de conocimiento la sentencia constituye —junto con la culminación del proceso— el título individual que faculta al titular a poner en funcionamiento el aparato coactivo del Estado (C. Nac. Com., sala D, 12/2/1976, LL 1977-A-551, 33.980-S).

De allí que obtenido el reconocimiento de los derechos, mediante la sentencia, si el obligado no la cumple voluntariamente, el acreedor puede obtener en forma forzada su ejecución, sustituyendo el órgano jurisdiccional la actividad del deudor, dentro de los límites marcados por el estricto cumplimiento del fallo (C. Nac. Civ., sala A, 29/6/1959, LL 95, 2461-S).

La finalidad de esta pretensión ejecutoria consiste, fundamentalmente, en modificar una situación de hecho existente en forma de adecuarla a una situación jurídica resultante, sea de una sentencia condenatoria, sea de un documento al que la ley asigna fuerza ejecutiva, ya no se trata, como ocurre con la pretensión de conocimiento, de obtener un pronunciamiento acerca de un derecho discutido, sino de actuar, de traducir en hechos reales un derecho que, pese a la circunstancia de haber sido judicialmente declarado, ha quedado insatisfecho (C. Nac. Civ., sala A, 3/11/1989, LL 1992-C-168).

Se ha establecido como premisa general de la ejecución de sentencia, que sus modalidades y resultado no pueden ejercerse más allá de los límites que determina la propia decisión. Es que, como la existencia de cosa juzgada veda el apartamiento del contenido del fallo, no resulta posible extender el marco de la ejecución a aspectos de conocimiento y su consecuente e ilegítimo tratamiento de cuestiones que no fueron objeto de oportuno debate, o bien implican la revisión de temas litigiosos definitivamente decididos (C. Nac. Civ., sala A, 3/11/1989, LL 1992-C-168).

Dicha ejecución de sentencia sólo procede a "instancia de parte", debiendo entenderse por ella a la que tiene a su favor el título ejecutorio, desde que no cabe admitir que la ejecución pueda ser provocada por un tercero, ni por el vencido contra quien no ha sido condenado. Empero, tratándose de lo que en doctrina se ha denominado sentencias de ejecución bilateral, en las que tanto el vencedor como el vencido deben llevar a cabo actos para que la ejecución quede cumplida, y, en consecuencia, hay por ambas partes interés legítimo en la ejecución para cumplir la obligación a su cargo y exigir de la contraria la debida contraprestación, es admisible que la parte demandada (en el caso vendedor de un inmueble y obligada a escriturarlo) promueva la ejecución de sentencia, ya que ésta es obligatoria para ambas partes (C. Nac. Civ., sala B, 29/2/1980, LL 1980-D-187).

En efecto, es correlativo del derecho a peticionar el cumplimiento de la obligación y de la condena, liberarse de la misma, siendo innegable el legítimo derecho de quien revista como parte, en calidad de deudora, de lograr la liberación de la prestación que pesa sobre ella y de peticionar, consecuentemente, el cese de la situación de condena que pareciera prolongarse sine die (C. Nac. Civ., sala D, 11/9/1980, LL 1981-A-66) [art. 505, in fine,Cód. Civil].

A su vez, es presupuesto que la sentencia se encuentre consentida o ejecutoriada. Un fallo queda consentido, cuando: a) no se interpuso recurso de apelación dentro del plazo; b) o cuando se ha producido la deserción del recurso; o c) cuando ha sobrevenido la caducidad de la segunda instancia. Y a su turno, se encuentra ejecutoriado, cuando el pronunciamiento de condena ha sido confirmado o bien cuando se ha revocado la sentencia absolutoria (C. Nac. Civ., sala C, 24/5/1985, LL 1986-A-617, 37.112-S).

Asimismo, es necesario que haya vencido el plazo establecido en la sentencia para su cumplimiento. Al respecto se ha dicho que por razones de fijeza y seguridad jurídica, debe consignarse en la sentencia un plazo —generalmente breve— para su cumplimiento, pues el litigio acaba con una situación que viene de lejos y las partes deben estar preparadas y dispuestas para ese evento. Pero si en el decisorio no se hubiere fijado dicho plazo, la obligación se hace exigible una vez consentida o ejecutoriada, sin que fuere necesario requerir que se lo fije para que recién pueda procederse a su cumplimiento (C. Nac. Civ., sala B, 11/7/1967, LL 128-698 o JA 1967-VI-237; idem, sala F, 21/11/1980, LL 1981-C-57).

En tales casos, la obligación derivada de una sentencia origina la mora automática. Lo contrario resultaría una negativa a reconocer el imperium de la misma (C. Nac. Fed., sala I, cont. adm., Der. 64-343).

Los plazos de ejecución de la sentencia no son procesales porque la litis contestatio no produce novación y, por ende, el plazo que puede asignar el juez debe compu­tarse, como que se trata de cumplimiento de una obligación, se rigen por los arts. 28 y 29 del Código Civil (C. Nac. Civ., sala D, 23/6/1981, Der. 95-297; 31/10/1980, Der. 92-150; idem, sala G, 24/9/1980, JA 1981-II-382; C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala I, 14/3/1989, LL 1989-C-389 o DJ 1989-2-844). En efecto, la decisión final que concluye el litigio y configura un acto sustantivo, es la culminación del proceso que ha substituido la exclusiva actividad de las partes, que pudieron suplirlo por medio del negocio jurídico, mediante un acto que, si en su forma es procesal, no lo es en cuanto a su contenido. La sentencia configura título o causa y entra en la categoría de los negocios jurídicos o actos procesales materiales. Tanto la pretensión como la decisión se encuentran al margen del derecho procesal formal (C. Nac. Civ., sala D, 26/8/1980, JA 1981-II-353).

En lo que se refiere al cómpu­to del plazo, se ha declarado que se cuenta desde su notificación en la alzada y no desde la notificación de la providencia "por devueltos" (C. Nac. Civ., sala C, 11/4/1984, Der. 110-419).

b) Sentencias declarativas

La sentencia meramente declarativa no requiere un estado de hecho contrario al derecho, sino que basta un estado de incertidumbre sobre el derecho, y por eso a nada obliga, limitándose a declarar o negar la existencia de una situación jurídica, vale decir que no es susceptible de ejecución porque la declaración judicial [el "acertamento"] basta para satisfacer el interés del actor (C. Nac. Civ., sala F, 27/10/1964, Der. 12-23). De todos modos, aun cuando no se requiere un proceso ulterior de ejecución, propio de las sentencias de condena, hay un trámite que se agota con su inscripción o asiento en el registro público pertinente, lo que se conoce con el nombre de ejecución en sentido amplio o "impropia" (C. Nac. Civ., sala F, 16/12/1979, JA 1980-III-241; C. Nac. Civ., sala D, 22/10/1997, "Bernasconi SA v. Municipalidad de Buenos Aires", LL 1998-E-487) [Ver Enderle, G., La pretensión meramente declarativa, Platense].

c) Sentencias homologatorias

Como la sentencia homologatoria, participa de los efectos de la sentencia definitiva, su ejecución tiene lugar por la vía que contemplan los arts. 499 y ss. del Código Procesal (C. Nac. Civ., sala C, 5/4/1984, DJ 1984-6-173 o Der. 109-328).

d) Efectos: aseguradora

El fallo tiene fuerza de cosa juzgada y es ejecutable contra la aseguradora en la medida del seguro, si fue citada al juicio, máxime si tuvo activa intervención procesal en el mismo, de lo que se hizo mención en los resultandos y hasta referencia en los considerandos en la sentencia con motivo de la absolución de posiciones producida por ella, siendo además notificada la compañía de seguros en forma independiente al asegurado y habiendo además contestado la demanda, ofrecido y producido prueba en descargo, aun cuando por una omisión material, en la parte dispositiva de la sentencia se condenó al principal demandado sin incluir a la aseguradora, lo que no fue motivo de aclaratoria, pese a su procedencia, ni de agravios de parte de los actores (C. Nac. Civ., sala C, 9/9/1976, JA 1977-III-532).

e) Ejecución parcial

El art. 499 del Código Procesal no impide que el actor pueda ejecutar la parte de la sentencia que ha quedado firme y consentida por el demandado que no apeló en ningún aspecto, y sin perjuicio de la ejecución posterior de las restantes pretensiones del actor sobre las cuales deberá decidir la alzada (C. Nac. Com., sala C, 11/2/1977, LL 1977-C-148; 15/4/1977, LL 1977-D-564).

O si se trata de la regulación de honorarios que ha quedado consentida por los obligados en cuanto a la cantidad líquida, encontrándose sólo pendiente en su caso un "plus" de incremento solicitado por la ejecución del crédito, resulta procesalmente admisible la ejecución de aquélla en virtud del art. 502, última parte del Código Procesal, en correlación con lo previsto expresamente por el art. 499, apart. 2º, según la reforma de la ley 22.434 (C. Nac. Civ., sala F, 1/4/1981, LL 1981-D-211 o Der. 93-687).

No existe óbice para que, aun declarada procedente la queja y suspendidos los procedimientos de ejecución, el interesado pueda ejecutar la sentencia apelada respecto de los importes correspondientes a la parte de la condena que hubiere quedado firme (Corte Sup., 27/11/2007, "Reynal Ayerza, Diego Jorge v. Lemesoff y Cía. SA", DJ 13/2/2008, 326).

f) Remisión de las actuaciones originales a otro Juzgado. Devolución a los fines de su ejecución

La circunstancia de que las actuaciones originales hubieran sido giradas a otro Juzgado para ser agregados a otros autos, no es idónea para impedir el cumplimiento de la sentencia, ya que nada obsta a que se solicite la extracción de fotocopias de aquéllas, las que luego de su certificación por el actuario quedarán glosadas al juicio y podrán retirarse las constancias originales a fin de su ejecución (C. Nac. Fed. Cont. Adm., 3/11/1989, LL 1992-C-168).

g) Sentencias contra el Estado

A través de rancios fallos, ha quedado sentado, que no corresponde dictar emplazamiento contra la Nación, ante los preceptos de la Constitución que atribuyen al Poder Legislativo, y sólo a él, la facultad de crear recursos, la de arreglar el pago de las deudas del Estado y determinar en general el destino de las rentas que aquéllos produzcan (Corte Sup., 7/8/1942, Fallos 193:337 o LL 27-839 o JA 1942-III-1025). Precisamente respondiendo a esa raigambre constitucional el art. 7º de la ley 3952 sienta la directriz de que los pronunciamientos condenatorios contra la Nación tienen carácter meramente declarativo (Corte Sup., 3/8/1962, Fallos 253:312 o LL 109-87 o JA 1962-VI-43) o, su efecto se limita al reconocimiento del derecho pretendido, no pudiendo seguirse el denominado procedimiento de apremio (Corte Sup., 15/5/1968, Fallos 270:425). De ahí, que en principio, no pueden ejecutarse dichas sentencias, pues ello excede el simple reconocimiento del derecho (C. Nac. Fed., sala III, cont. adm., 8/4/1980, LL 88-489).

Al respecto también se ha declarado que la voluntad de la ley 3952 contenida en su art. 7º impera en todos los casos, cualquiera fuera el papel que la Nación asuma en el proceso (Corte Sup., 13/3/1940, Fallos 186:151 o LL 18-186 o JA 69-927).

Sin embargo, el principio aludido ha sido morigerado con alabable criterio. Una primera excepción se admitió en materia de expropiación, desde que el alcance que se asigna a lo dispuesto en el art. 7º de la ley 3952, no puede llegar a desvirtuar normas constitucionales como la relativa a la indemnización previa en las expropiaciones, pues de no ser así se menoscabaría la cláusula del art. 17 de la Constitución Nacional. En consecuencia, se autoriza la imposición de un plazo para el pago de la justa indemnización en concepto de expropiación (Corte Sup., 8/9/1948, Fallos 211:1547; 28/4/1958, Fallos 240:382 o LL 95-645, con nota; 24/9/1958, Fallos 241:382 o LL 94-302, con nota; 23/10/1961, Fallos 251:98; 27/9/1988, Fallos t. 311, v. 2, p. 2001).

También ha declarado el Alto Tribunal, que tal solución resulta extensiva a los casos en que la aplicación de aquel precepto produzca o pueda producir el efecto de frustrar la garantía de la propiedad, a lo menos mientras no se hallen comprometidos los principios en que se funda el privilegio estatal. De lo que se deriva que la disposición legal mencionada no impide la ejecución de la sentencia que hizo lugar al interdicto de recobrar la posesión deducido contra la Nación, y dispuso que ésta restituyera los bienes litigiosos dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento de librar el mandamiento pertinente (Corte Sup., 29/6/1960, Fallos 247:190 o JA 1960-V-416 o LL 100-769, 5793-S; 31/5/1961, Fallos 249:691).

Otra excepción se consagró al decidir que a las entidades autárquicas no les corresponde el beneficio del art. 7º de la ley 3952 (Corte Sup., 23/3/1973, Fallos 285:173 o LL 151-383 o JA 1973, v. 18, p. 411), máxime si no alegó ni demostró que el cumplimiento de la sentencia le resultara imposible o que pudiera perturbar su normal funcionamiento (Corte Sup., 11/1/1982, Fallos 304:120).

Empero, si la autarquía se limitaba a su organización y funcionamiento, sin alcanzar a la percepción de tributos (art. 3º, ley 11.683, modificado por la ley 23.495), se había considerado que resultaban de aplicación las disposiciones de los arts. 7º de la ley 3952 y 88 de la ley 11.683 (C. Nac. Fed. Cont. Adm. sala III, 31/5/1988, LL 1988-E-566, 38.048-S), o que les resultaba aplicable cuando actuaban en defensa de bienes o rentas de la Nación (C. Nac. Fed. Cont. Adm., sala III, 7/7/1988, LL 1989-A-264).

Jalonando esa evolución hermenéutica, se vigorizó la buena doctrina al resolver que si bien es razonable la regla del art. 7º de la ley 3952, en cuanto tiende a evitar que el Estado pueda verse colocado, por efecto de un mandato judicial perentorio en situación de no poder satisfacer el requerimiento por no tener fondos previstos en el presupuesto para tal fin o en la de perturbar la marcha normal de la Administración, no lo es menos que dicha norma en modo alguno significa una suerte de autorización al Estado para no cumplir las sentencias judiciales. Ello importaría tanto como colocarla fuera del orden jurídico, cuando es precisamente quien debe velar con más ahínco por su respeto (Corte Sup., 10/5/1977, Fallos 297:467 o LL 1977-D-475; 6/5/1980, Fallos t. 302, v. 1, p. 349 o LL 1980-C-552 o Der. 88-380; C. Nac. Com., sala C, 11/4/1983, Der. 105-161; C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala I, 6/9/1974, LL 1975-A-469; C. Nac. Fed. Cont. Adm. sala II, 19/2/1985, JA 1986-I-129 o LL 1987-B-598, 37.622-S; idem, sala III, 15/11/1979, BCNFed. oct. dic. 979-95, núm. 167).

Tal criterio es aplicable en el caso en que los fondos se hallan depositados a la orden del juzgado de la causa y, lo que es más importante, no se advierte ni se alega de qué modo se alteraría el regular desenvolvimiento de la Administración en caso de hacerse lugar al reclamo de la actora (Corte Sup., 6/5/1980, Fallos t. 302, v. 1, p. 349, o LL 1980-C-552 o Der. 88-380), aun cuando esos fondos hayan sido depositados en virtud de una medida cautelar(49)(Corte Sup., 10/5/1977, Fallos 297:467 o LL 1977-D-475). O resulta pertinente una intimación judicial tendiente al adecuado acatamiento del fallo, en el caso de una irrazonable dilación en su cumplimiento por la Administración Pública. Consecuentemente, puede requerirse del gobierno nacional manifieste en qué fecha va a cumplir la sentencia, con lo que el intimado queda en condiciones para tomarse el lapso razonable que corresponda; y la advertencia final de que de mediar silencio, el plazo —en la especie, desalojo— será fijado judicialmente, no es sino el corolario lógico de la potestad de los jueces de hacer cumplir sus decisiones en defensa del imperio del derecho (Corte Sup., 3/6/1970, Fallos 277:16 o JA 1970, v. 8, p. 451 o LL 142-540, 25.865-S; 30/10/1970, Fallos 278:127 o JA 1971, v. 9, p. 331 o LL 144-589, 27.495-S; C. Nac. Fed., sala I, civ. y com., 6/9/1974, LL 1975-A-469; C. Nac. Fed. Cont. Adm. sala III, 17/11/1979, BCNFed, oct. dic. 979-95, núm. 167).

Más actualmente, y a propósito de las leyes de consolidación, ha señalado la Corte Suprema que es incorrecto considerar que el carácter declarativo de las sentencias respecto de obligaciones consolidadas consagre una imposibilidad de ejecutar el pronunciamiento en forma definitiva y sine die, pues ello supondría desconocer que, con relación a tales obligaciones, existe un modo peculiar de cumplimiento por parte del Estado Nacional en virtud del cual el pago a los acreedores —en cualquiera de las modalidades que detallan las normas— debe ser afrontado con sujeción a una limitación temporal o plazo máximo, según resulta de los arts. 14, 15 y 16 de la ley 25.344, los arts. 10, 11, 12 y 24 del Anexo IV del decreto 1116/2000 y las normas concordantes de la ley 23.982 a las que remite el art. 13 de la ley 25.344 (Corte Sup., 18/6/2008, "Nuevo Cómpu­to SA v. Administración Federal de Ingresos Públicos - ANA", LL 2008-D-538).

h) Suspensión del plazo de ejecución

Toda sentencia ejecutoriada supone la existencia de un derecho adquirido del que es titular la parte que con ella se beneficia y que, cuando es considerado desde el plano constitucional, tiene la índole jurídica de la propiedad lato sensu y queda por ello protegido por la garantía del art. 17 de la Constitución Nacional. Ese derecho adquirido, a semejanza de todas las manifestaciones de la propiedad individual, se halla sujeto a las leyes que reglamentan su ejercicio, las que no pueden someterlo a un allanamiento total, mas sí a una razonable restricción (Corte Sup., 15/5/1959, Fallos 243:467).

En ese orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia ha reconocido, en situaciones de emergencia(50)la constitucionalidad de leyes que suspenden temporalmente los efectos de las sentencias firmes —en el caso, art. 50, ley 23.696—, siempre que no se alterare la sustancia de la decisión, a fin de proteger el interés público. Sólo ha exigido en dichas ocasiones, que tal legislación sea razonable y no desconozca las garantías individuales o las restricciones que la Constitución contiene en salvaguarda de las instituciones libres (Corte Sup., 15/5/1959, Fallos 243:467). Obviamente, esas restricciones razonables y justas, pueden importar consiguientes restricciones a la actividad de los jueces, sin que con ello se afecte la independencia del Poder Judicial. Es una inmediata consecuencia que, en definitiva, en punto a que también la función jurisdiccional se halla regida por las leyes (Corte Sup., 15/5/1959, Fallos 243:449—voto del Dr. Alfredo Orgaz—; C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala I, 8/5/1990, LL 1990-E-277).

Se ha declarado así, que no es constitucionalmente inválida una ley que, respetando el juicio [la condena o mandato] que las sentencias contienen y su fuerza ejecutoria, regule el modo y tiempo de obtener el efecto de manera distinta a como regula la ley vigente cuando la sentencia se dictó, mientras esa regulación no importe destituir prácticamente de su eficacia esta última (Corte Sup., V.61.XX, 27/12/1990).

En consecuencia el Alto Tribunal ha decidido que la suspensión de la ejecución de las sentencias que condenan al pago de una suma de dinero dictadas contra el Estado Nacional dispuesta por el art. 50 de la ley 23.696, alcanza a las ejecuciones que se encontraban en curso a la fecha de la entrada en vigencia de la ley (Corte Sup., F. 136. XXI, 16/11/1989; V. 61. XX, 27/12/1990), así como que los honorarios profesionales también se hallan alcanzados por la suspensión de las ejecuciones dispuesta como principio por la norma precitada (Corte Sup., S. 291. XX, 13/11/1990; V. 61. XX, 27/12/1990), salvo que las actuaciones se encuentren comprendidas en la excepción a la suspensión de las ejecuciones que contempla el art. 54 inc. f) de la mencionada ley 23.696, de conformidad con lo dispuesto por su reglamentación (decreto 1105/1989), en cuyo caso esa excepción alcanza a los honorarios regulados en el proceso, que integran la condenación en costas a los sujetos enumerados en el art. 50 de la ley (Corte Sup., O. 424. XXII, 27/12/1990), o si los fondos sobre los que recae el proceso habían sido embargados con anterioridad a la vigencia de la ley 23.696, la suspensión de la ejecución de la sentencia dispuesta por su art. 50 sólo alcanza al remanente que, en su caso, pudiera resultar como impago de la liquidación correspondiente, por no haber quedado satisfecho con los fondos embargados y los réditos que hubieran producido (Corte Sup., F. 136. XXII, 16/11/1989).


§ 730 bis

La ejecución provisoria de la sentencia como tutela de urgencia y como tutela de evidencia(51)


1. El problema de la duración del proceso y la efectividad de la tutela judicial. Ejecución provisoria de la sentencia

La sustanciación del proceso durante el cual, resguardando el debido contradictorio, se acopian los elementos de juicio indispensables para adoptar una decisión sobre el mérito, demanda un tiempo considerable. Y, todavía, ya lograda la decisión, su ejecución puede resultar postergada en función de la actividad recursiva.

No se requieren mayores desarrollos para evidenciar las dificultades que ese transcurso depara. La satisfacción de los derechos debe tener lugar en un tiempo razonablemente limitado pues de otro modo quedan comprometidos los valores justicia, seguridad y pacificación(52). Asistimos a lo que gráficamente enuncia Carbone como "la agonía de los derechos impostergables ante la ineficacia de los procesos actuales", producto de la ineptitud del sistema para lograr eficacia y prontitud de respuesta(53). Los principios de economía y celeridad aparecen entonces como meras declamaciones y la efectividad de la tutela judicial garantizada constitucionalmente termina desairada.

Numerosos caminos han sido abiertos por la doctrina y la jurisprudencia buscando remedio a tales falencias, para que sin mengua de las garantías del debido proceso se conjuguen instrumentos idóneos que permitan subsanar las deficiencias. La consolidación del sistema cautelar, la concepción de la prohibición de innovar con efectos retroactivos, las medidas innovativas y autosatisfactivas, la sentencia anticipada y los diversos desarrollos de la tutela de urgencia representan notables esfuerzos y reconocidos logros. Son valiosos arbitrios, cada uno con sus variantes específicas, que operan en el transcurso del proceso para lograr efectos en forma anterior al dictado de la providencia de fondo (o, en todo caso, haciendo innecesario el dictado de esta última).

Hay un territorio, sin embargo, que en nuestro medio no registra mayores avances, a pesar de que en su interior pueda darse igualmente la necesidad de respuesta pronta y efectiva. La sentencia sujeta a recurso es el terreno que motiva estas reflexiones y, en particular, la posibilidad de ejecución provisional de la misma. El tema remite a cuestiones más generales como la garantía de la doble instancia y el principio general del efecto suspensivo de la apelación, aspectos que no han de ser considerados ahora en profundidad porque exceden la finalidad del presente trabajo. Interesa aquí subrayar que en determinadas circunstancias es posible remontar y sobrepasar aquel efecto suspensivo con carácter interino, prestando en su caso suficiente caución que resguarde las consecuencias de un pronunciamiento ulterior revocatorio.

Por ejecución provisional se entiende la facultad que tiene la parte para requerir el cumplimiento de una sentencia condenatoria que aún no se encuentra firme(54), la que en el derecho comparado cuenta con notable recepción, al punto que bajo garantía y riesgo del vencedor parece imponerse en la moderna doctrina procesal(55), llegando a consagrarse en el ordenamiento español como principio general y sin exigir la prestación de garantía como regla(56).

2. La ejecución provisoria. Los supuestos autorizados en el ordenamiento procesal

Tomando en consideración el Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación, ya que los ordenamientos provinciales guardan al respecto sustancial analogía, pueden individualizarse los supuestos en los que la normativa vigente autoriza la ejecución provisoria de la sentencia, bien entendido que el principio general es que el recurso ordinario de apelación procede siempre en efecto suspensivo, a menos que la ley disponga que lo sea en el devolutivo (art. 243), lo que en buen romance puede traducirse como que solamente es posible ejecutar anticipadamente en los casos en que la ley expresamente lo autoriza.

En primer lugar, el art. 498 la habilita respecto de la sentencia definitiva en procesos sumarísimos, salvo perjuicio irreparable. Ocurre lo propio con la sentencia definitiva en el juicio ejecutivo, previa fianza de responder de lo que percibiere el ejecutante si la sentencia fuese revocada (art. 555). Procede asimismo ante sentencia favorable en juicio de alimentos (art. 647). Opera en el ámbito del recurso extraordinario federal, (art. 258), en caso de sentencia de cámara o tribunal confirmatoria de la dictada en primera instancia, previa fianza de responder de lo que se percibiese si el fallo fuera revocado por la Corte Suprema. Se difunden otros supuestos como la resolución que deniega la intervención de terceros (art. 96); la que deniega la citación de evicción (art. 105); la que concede medidas cautelares (art. 198); la que concede el beneficio de litigar sin gastos (art. 81); la que decide sobre la excepción de incompetencia por el carácter civil o comercial del asunto (art. 353); la que rechaza in limine un incidente (art. 179); y la que desestima las excepciones en el proceso de ejecución de sentencia (art. 509), aunque estos últimos casos constituyen la consecuencia del efecto devolutivo consagrado para la apelación en tales normas(57).

Como puede apreciarse, resulta limitada la regulación que habilita la ejecución provisional, con lo cual la aspiración de una pronta satisfacción aparece desvanecida.

3. La escasa utilización del mecanismo de ejecución provisoria de la sentencia

Las dificultades que han quedado referidas en torno a la ineptitud del proceso de conocimiento para dar satisfacción inmediata a los derechos harían suponer un empeño intensivo en la utilización de las pocas hipótesis en las que la ley autoriza la ejecución provisional. Sin embargo, la realidad desmiente este aserto. Contrariamente, es visible el fenómeno inverso, constituido por el esporádico uso de tal herramienta. Con palabras de Morello —referidas a la posibilidad estatuida por el art. 258 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación pero igualmente extensibles desde un plano general—, "no es ocioso apuntar que, no obstante la consagración legislativa de este instituto (ejecutar la sentencia pendiente el recurso extraordinario), es escaso el desarrollo jurisprudencial que ha recibido y no se advierte que su práctica se encuentre arraigada en los hábitos forenses. Es que según parece, se quiere siempre contar con la última palabra —la de la Corte Federal— como condición necesaria para iniciar la ejecución de un fallo. El hecho, significativo por cierto, de que en dos y a veces en tres instancias haya existido una solución coincidente, es incomprensiblemente minimizada"(58). En otra oportunidad he referido el mismo fenómeno: hay un estado de ánimo generalizado en los litigantes y sus abogados, conforme al cual corresponde agotar, a cualquier precio, las posibilidades recursivas. Se alimenta la ilusión de una justicia perfecta, como si tan sólo el último juzgamiento de la última instancia fuere el único guardián de los derechos comprometidos. Sea que este fenómeno responda a sinceras discrepancias con las soluciones de las instancias ordinarias, sea que se deba cuanto menos al afán de dilatar el desenlace, la realidad demuestra el inequívoco y generalizado propósito de recorrer todos los caminos posibles hasta obtener un pronunciamiento del órgano que se encuentra en la cima de la estructura jurisdiccional(59).

Tan arraigada conducta ciertamente puede explicarse y aun justificarse desde la perspectiva de quien resulta perdidoso en el pleito mas no para el que ha obtenido una respuesta jurisdiccional favorable y no activa los mecanismos existentes para acceder a una satisfacción al menos provisoria. Pareciera que esta declinación tiene que ver fundamentalmente con el peso de un modelo de proceso tradicional, hoy agotado por la insuficiencia de sus soluciones frente a las expectativas sociales, pero que condiciona psicológicamente a los operadores jurídicos al punto de acostumbrarlos a los tiempos extensos y a las exigencias rituales. Con independencia de este ingrediente extrajurídico, estimo que el principal obstácu­lo que se erige para que la ejecución provisional de las sentencias constituya conducta habitual está dado por el magro catálogo de situaciones en que el ordenamiento procesal las viabiliza.

4. Posibilidad de ampliación de los supuestos de ejecución provisional

En los desarrollos precedentes se ha remarcado la incidencia negativa del tiempo en el proceso, la existencia de algunos contados supuestos contemplados por la ley para ejecutar provisionalmente la sentencia —sobre la base del esquema clásico que, como principio impone el efecto suspensivo de los recursos—, así como la escasa utilización de esta herramienta en nuestros hábitos y costumbres.

Pero el régimen procesal debe estar adecuado a los fines a los que está destinado, en el marco de su instrumentalidad y con la meta de su efectividad. En rigor, por las falencias del actual sistema procesal, se encuentra en tela de juicio su propia razón de ser. En este sentido, resulta pertinente remitirse al lúcido informe general sobre el tema "tutelas urgentes y cautela judicial", presentado por Mabel de los Santos y Petronio Calmon a las XVII Jornadas Ibero Americanas de Derecho Procesal (Santiago de Chile, 2010), donde se refleja la aspiración de un nuevo modelo en que "la tutela judicial se torna efectiva con la mera decisión adoptada por un juez de primera instancia. En rigor, ello tampoco es novedad si se considera que en la actualidad la mayoría de los países ya abolió el efecto suspensivo del recurso de apelación. El nuevo modelo de proceso civil deberá consagrar el cumplimiento de las decisiones de primer grado antes de la consideración de los recursos"(60). Es lo que en el mismo sentido propicia Berizonce, al postular la necesaria reconstrucción del proceso de cognición plena de manera que permita llegar rápida y eficazmente a un pronunciamiento de mérito, sin menoscabo de las garantías fundamentales(61).

Se comparte la necesidad de replantear integralmente el sistema procesal civil. En esa aspiración de máxima han de centrarse los esfuerzos. Sin embargo, en el mientras tanto, en las condiciones vigentes, parece conveniente esbozar un camino intermedio, específicamente para la coyuntura, intentando un remedio circunstancial, un alivio, un atajo, para que la garantía de la tutela judicial efectiva sea asegurada provisionalmente aún frente a las limitaciones existentes en el ordenamiento. Es así que se postulan dos alternativas paralelas en las que se entiende posible la ejecución provisoria de las sentencias recurridas aún en supuestos en los que el efecto suspensivo posea vigencia. Se trata de dos hipótesis independientes que pueden individualizarse desde dos perspectivas afines, a saber, la tutela de urgencia y la tutela de evidencia.

Para ello, debemos individualizar la incidencia que poseen circunstancias diversas que acaecen en el tránsito del reconocimiento del derecho proveniente de una sentencia que no cuenta con la autoridad de la cosa juzgada ni formal ni material hasta su efectiva satisfacción. En primer lugar se encuentran las consecuencias negativas comunes representadas por la propia demora en arribar a la ejecución. Ciertamente, el tiempo que insume el tratamiento del recurso depara efectos perniciosos para quien resultó ganancioso, que ve transcurrir extenso lapso sin que su derecho reciba cumplimiento en plenitud. La espera repercute en su ánimo y en su patrimonio y, además, es nociva para el interés general representado por el orden procesal, en tanto hace a la paz social que los conflictos no perduren indefinidamente.

Pero pueden darse también otro tipo de peripecias que exceden la sola relevancia del tiempo que insume el proceso. Se trata de circunstancias especiales, de inusitada gravedad, que signifiquen tal vez la probable aniquilación del derecho de que se trate; un estado de peligro emergente de situaciones extraordinarias ajenas a la incidencia de la tramitación procesal en sí pero determinantes para que ella produzca un agravio irreparable a quien la recorre. En otras palabras, hay derechos que no soportan el transcurso del tiempo del proceso porque, si se aguarda, el agravio se convertiría en definitivo y el proceso habría significado una actividad infructuosa(62). En conclusión: hay un tipo de peligro genérico o común, que es el que deriva simplemente del tiempo que insume el tratamiento recursivo, y hay un peligro especial, el perjuicio irreparable. En los desarrollos que siguen trataremos de fundamentar la idoneidad de estos dos caminos diversos para motivar y fundamentar la ejecución provisoria de la sentencia, sobre la base de normas y principios que permitan transponer aquella regla general de la apelación. De este modo se intenta, por un lado, encontrar soluciones concretas frente a la insuficiencia de la regulación legal en la materia, y por otro, apuntar a un cambio de costumbres y hábitos, sacudiendo la rutina, en la búsqueda del terreno fértil para que el nuevo modelo procesal alcance vigor.

5. La ejecución provisional de la sentencia como tutela de urgencia

5.1. La tutela diferenciada de urgencia es también continente para la ejecución provisional

No es éste el lugar adecuado para tratar exhaustivamente las enormes dificultades que suscita la proliferación de técnicas diferenciadas que procuran asegurar la realización efectiva de los derechos frente a particulares situaciones de peligro. Las distintas concepciones de lo cautelar y su relación con otros fenómenos concebidos como soluciones de urgencia demuestran la existencia de notables controversias y discrepancias en torno a la naturaleza, presupuestos y efectos de tales institutos. No existe siquiera coincidencia en el uso del lenguaje, lo que conspira contra la indispensable claridad. Medidas innovativas, medidas autosatisfactivas, cautela material, cautela autónoma, técnica de la anticipación, sentencias anticipadas o anticipatorias, medidas cautelares que apuntan a obtener un mismo objeto que el pretendido en la decisión de fondo, prohibición de innovar que no se limita a mantener el statu quo sino a cambiarlo, figuras atípicas de toda laya que no terminan de ser identificadas en su intrínseca condición, conforman enmarañado problema que exige puntual esclarecimiento, apreciándose notables esfuerzos en pos de uniformar los criterios(63).

Lo cierto es que, acompañando y complementando los sistemas cautelares típicos y a veces exorbitando su ámbito, han surgido otro tipo de arbitrios no necesariamente precautorios o al menos discutiblemente precautorios, que procuran alcanzar —en la urgencia— la deseada efectividad del servicio de justicia. Por razones prácticas pueden englobarse en una denominación abarcativa que los comprenda como tutelas urgentes o diferenciadas.

Hasta ahora, esas herramientas poseen un diseño según el cual operan con antelación al dictado de la sentencia de mérito o, en el caso de las autosatisfactivas, haciendo innecesario su pronunciamiento. Al analizar la figura de la ejecución provisoria, se cae en la cuenta que es posible delinear su aplicación en el mismo terreno de las tutelas diferenciadas signadas por la urgencia, a condición que se exhiba un perjuicio de tal gravedad que conduzca indiscutiblemente a adelantar el cumplimiento de la sentencia sujeta a recurso. Al así concebirlo se ha tenido presente un caso de la vida real —aún sin definición al tiempo en que se escriben estas líneas— que permite comprobar con nitidez la necesidad del planteo.

En la provincia de Buenos Aires rige la ley 14.208, que posibilita a parejas afectadas por algún problema de infertilidad la realización en forma gratuita y a cargo del Estado de los tratamientos médicos que permitan superar tal dificultad. Ahora bien, su decreto reglamentario 2980/2011 establece un tope vinculado con la edad de la mujer, disponiendo que son beneficiarias del mismo las mujeres que cuenten como máximo con cuarenta años. Una señora de cuarenta y tres años solicitó ante la autoridad administrativa las prestaciones correspondientes lo que resultó denegado, dando lugar a la promoción de una demanda contencioso administrativa en cuyo seno fue planteada la inconstitucionalidad del límite etario por resultar discriminatorio y enfrentar la garantía de la igualdad, pues los estudios médicos demostraban que aún con la edad de la paciente era posible la concepción. Obtuvo sentencia favorable en segunda instancia pero la autoridad estatal interpuso recurso extraordinario ante la Suprema Corte, cuya concesión deparó de inmediato el efecto suspensivo. Pericialmente estuvo demostrado que a mayor transcurso del tiempo menor fertilidad presenta la interesada, de donde el lapso ya insumido en las instancias ordinarias había ido deteriorando su capacidad. La duración de la instancia extraordinaria agravó considerablemente esa situación al punto de comprometerla definitivamente.

El ejemplo es altamente ilustrativo. Mientras día a día se va diluyendo la expectativa maternal, se cuenta con una sentencia favorable insusceptible de ser materializada porque ha sido recurrida. ¿Cómo remontar el efecto suspensivo del recurso, legalmente consagrado? ¿Puede solicitarse el dictado de una medida cautelar que autorice la realización del tratamiento, vale decir, que otorgue la misma prestación que es objeto de la sentencia? Aún cuando todos sus presupuestos estarían dados, la idea de cautelaridad choca con la naturaleza misma de las cosas, porque no hay sentencia futura alguna que asegurar por la simple razón de que ya fue dictada. La conclusión natural no puede ser otra que la ejecución provisoria, el cumplimiento de la sentencia, la dación de las prestaciones de fertilización asistida, con otorgamiento de suficiente fianza para la hipótesis de revocación, en cuyo caso quedará a cargo de la demandante la restitución de las erogaciones insumidas. Ni más ni menos que lo que enseñaba Chiovenda, al señalar que hay supuestos en que la sentencia tiene ejecutoriedad pero no definitividad, pues está provista de una ejecución que denominaba provisional, sentencias en las cuales en el momento en que surgen no se presentan como afirmación definitiva de la existencia del derecho y aun así también son ejecutables, a las que llamó declaraciones con predominante función ejecutiva(64).

5.2. Fundamento legal

Esta posibilidad de ejecución provisional de sentencia ante la presencia de un daño irreparable tiene apoyatura en lo dispuesto por el art. 232 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, replicado en los ordenamientos provinciales. Dispone que "fuera de los casos previstos en los artícu­los precedentes, quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable podrá solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia".

La relevancia mayúscula de este texto legal radica en que posee una función complementaria de fundamentación que se expande en todas direcciones. Permite disponer medidas cautelares genéricas, atípicas o innominadas cuando las circunstancias exigen un aseguramiento que no se logra con las figuras tradicionales (embargo, inhibición, etc.). También sirve de sustento para el dictado de las medidas cautelares típicas cuando, no coincidiendo la plataforma fáctica con la descripción o exigencias que formula el Código Procesal en las normas que atañen a esas figuras, igualmente se reúnen los presupuestos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora. Y, en lo que aquí interesa, más allá de la ubicación en el capítulo cautelar, trasciende esa frontera y pasa a conformar un verdadero sistema procesal de protección idóneo para todas las latitudes del proceso. No es extraño este fenómeno extensivo en el campo del derecho procesal y podemos constatarlo inmediatamente con la lectura del art. 233, que por ejemplo ensancha la aplicabilidad de lo previsto en el embargo preventivo al embargo ejecutorio.

No es ocioso recordar que en las VII Jornadas Bonaerenses de Derecho Procesal Civil y Comercial de Junín (setiembre de 1996), se puso de manifiesto la necesidad de regular legalmente como categoría autónoma y diferenciada al llamado proceso urgente, género que se caracteriza por registrar en su seno un reclamo acentuado de una pronta, expedita y eficiente respuesta jurisdiccional, integrado no sólo por las medidas cautelares. Y que ínterin se concreta la regulación legal sugerida, puede recurrirse, en casos absolutamente excepcionales, al artícu­lo 232 del Código Procesal Civil de la Nación o normas análogas igualmente consagratorias del poder cautelar genérico, para proporcionar soluciones urgentes no cautelares(65).

Ahora bien, dada la trascendencia del artícu­lo 232 del CPCCN tampoco desde el punto de vista sistémico puede interpretarse que sea un texto circunscripto al limitado margen del acápite referido a las medidas cautelares dentro del proceso. Su carácter protectorio debe ser interpretado a la luz, precisamente, del sentido sistemático de las normas.

Es cierto que la concepción de lo sistemático ha variado en el Derecho a lo largo de los años. Ya hemos abandonado la idea de que el sistema jurídico se agota exclusivamente en las normas jurídicas, entendidas ellas bajo la lógica kelseniana de norma coercitiva(66). Tal visión se ha visto superada y hoy podemos entender que dentro del sistema quedan incluidos ciertos principios —en la terminología dworkiniana o alexiana(67)— que le dan otra perspectiva a la interpretación normativa.

Así podemos pensar el sistema jurídico a partir del aporte de Alchourón y Bulygin como un sistema "normativo", y a su vez, a éste como un sistema deductivo de enunciados —tal la elaboración de Alfred Tarski—. De este modo puede tomarse el argumento sedes materiae, no ya desde pensar que un enunciado dentro del sistema posee una coherencia con el resto de los enunciados porque el sistema en sí mismo y de por sí resulta coherente al ser dictado por un legislador que consideramos racional, sino porque la interpretación de las normas debe propender a lograr esa coherencia. La coherencia es una característica deseable del sistema y para la cual el intérprete debe trabajar. Inclusive podemos llegar a postular que no es propia de las normas del sistema sino que resulta otorgada al sistema por los principios, lo que Pérez Bermejo denomina "coherentismo" y que se aproxima bastante a una idea del sistema jurídico abierto con indispensable injerencia del juez para lograr la coherencia(68)y (69).

Es en este sentido que se torna necesario interpretar el artícu­lo 232 del CPP a la luz del criterio sedes materiae, como argumento tendiente a encontrar en la norma particular una coherencia con su contexto, no sólo normativo sino no normativo, lo que integra también el sistema.

El sistema de normas tiene un sentido. Cabe romper con la visión maniquea de entenderlas como entes aislados y a los capítulos y títulos de nuestros Códigos como compartimentos estancos que lo único que logra es hacernos perder el norte en referencia a encontrar aquel sentido coherente al sistema. Así, se impone al utilizar el argumento sedes materiae, acompañarlo del otorgamiento de un sentido al sistema de normas. Sentido que puede advertirse a partir de la aplicación de ciertos principios. Sólo a efectos de mencionar uno de indispensable trascendencia puede citarse el principio pro homine(70), que establece que debe interpretarse el derecho de la manera "más favorable" al hombre. Y dentro de este principio pro homine, de manera inescindible se erige el derecho a que el mismo tenga mejor acceso a la justicia y se lo tutele efectivamente. Con ese norte se torna indubitado que el artícu­lo 232 del CPPtrasciende el territorio del capítulo en que está inserto y no resulta extraño al sistema en su integralidad.

Adviértase que este mismo problema de la interpretación de la norma que autoriza medidas provisionales en nuestro Código (art. 232), y su capacidad y potencialidad expansiva para fundamentar situaciones que exceden lo cautelar se ha suscitado con relación al art. 280 del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica. En el mismo sentido de amplitud lo entiende Alejandro Abal Oliú, quien al respecto expresa: las ideas de "decisión cautelar" y "decisión provisional" son distintas; corresponden a institutos diferentes y persiguen finalidades totalmente diversas. La primera, a la necesidad de asegurar una eventual satisfacción futura que aparece peligrando; la segunda, a la necesidad de satisfacer inmediatamente la pretensión, sin perjuicio de que dicha inmediata satisfacción esté sujeta a una revisión posterior que la confirme o la revoque. Sostiene así que las medidas provisionales reguladas por el referido artícu­lo 280 (317.I del Código General del Proceso de Uruguay), constituyen un instituto procesal diferente de las medidas cautelares reguladas por los artícu­los precedentes del Código Modelo. De allí que entienda que la ubicación que se ha dado a esta regulación no resulta sistemáticamente la más apropiada(71).

Nos dice Falcón, al comentar el art. 232, que el criterio en esta materia se asienta en la concepción científica de que el conocimiento de nuevas situaciones no puede quedar sujeto al corsé de una legislación temporalmente inadecuada y que es posible su extensión superando el límite de lo cautelar. La falta de un cauce adecuado para ciertas situaciones de tutela urgente e inmediata ha dado lugar al nacimiento forzado de modelos propios a través de las medidas cautelares. En muchos aspectos corresponde disciplinar una suerte de tutela judicial urgente más allá de lo estrictamente cautelar(72).

En resumen, las potestades que autoriza el art. 232 no quedan limitadas exclusivamente al ámbito cautelar. Bien puede interpretarse que "fuera de los casos de los artícu­los precedentes" equivale también a "fuera de lo puramente cautelar".

5.3. Distinción con el ámbito cautelar

Interesa poner el acento en que se está proponiendo, en el marco de las tutelas diferenciadas, la ejecución provisoria de la sentencia en caso de urgencia y presencia de daño irreparable, lo que no debe confundirse con la actividad precautoria ni incluirse en el ámbito cautelar.

Esta posibilidad ya ha sido explorada por Mabel de los Santos, cuando interrogándose sobre las potestades del juez para disponer la ejecución provisional sin una autorización legal expresa, consideró que la respuesta negativa parece imponerse, aun cuando propiciara una solución alternativa de tipo precautorio. Con sus palabras, "sin embargo, no puede soslayarse que muchas veces la dilación causa un daño irreparable y, en tales supuestos, el pedido de ejecución provisional podrá ser admisible si encuadra en el ámbito cautelar. No debe olvidarse que la medida cautelar genérica funciona como una suerte de norma de clausura del sistema precautorio (art. 232, CPCCN) que permite disponer toda medida no prevista expresamente que evite un daño irreparable. Por supuesto, en tal caso deberá invocarse como fundamento del pedido razones de urgencia o de perjuicio inminente e irreparable, que justifiquen la ejecución provisoria como modo de anticipo jurisdiccional"(73). Con el mismo sentido cautelar la propicia Sergio Ferrer, quien igualmente la sustenta en igual norma habilitante para el dictado de medidas genéricas o innominadas(74).

Esta posición ciertamente resulta plausible al intentar un camino apto para remontar perjuicios irreparables. Pero su instalación en el terreno cautelar ofrece reparos.

La ejecución provisional es un procedimiento ejecutorio, un "proceso de ejecución" en los términos del Libro Tercero, Título I, "Ejecución de sentencias" del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (arts. 499 y ss.), cuya nota singular está dada porque reconoce eficacia ejecutiva a una sentencia que aún no ha pasado en autoridad de cosa juzgada formal ni material. Por diversos motivos que imponen inusual celeridad (interés familiar y vital en juicio de alimentos, tipo procesal especial en juicio sumarísimo, necesidades del tráfico en la sentencia del juicio ejecutivo, etc.), se admite esta vía de anticipación, la que únicamente difiere de la ejecución de sentencia común por el hecho de que lo actuado en su mérito puede volverse atrás en caso de revocación del fallo ejecutado y que había sido recurrido. Tiene sus propias reglas de competencia (art. 501CPCCN), y sus modalidades, según fuere condena a escriturar, a hacer alguna cosa o a no hacer (arts. 512, 513, 514). En tanto exista suma líquida o ilíquida impone la traba de embargo (arts. 502 a 504), requiere la citación de venta (art. 505) la que pone en marcha la posibilidad de oponer contadas excepciones (art. 506). La prueba de estas últimas únicamente puede fundarse en hechos posteriores a la propia sentencia (art. 507) y, finalmente, requiere una decisión mandando continuar la ejecución o admitiendo las excepciones (art. 508). Cuenta con un régimen recursivo especial (art. 509). Finalmente, se procede según las reglas establecidas para el cumplimiento de la sentencia de remate, hasta hacerse pago al acreedor (art. 510).

Ninguno de estos extremos es compatible con la materia cautelar. La medida cautelar es lo que su nombre indica, una medida. La ejecución provisional es un procedimiento, con todo lo que esto conlleva. Comenzando por una de las notas esenciales de lo precautorio —el dictado sin audiencia de la otra parte (art. 198)—, la ejecución exige bilateralización permitiendo la oposición de excepciones.

Los presupuestos también son disímiles: la verosimilitud del derecho se obtiene a través de un examen provisorio que valora tan sólo la aparente atendibilidad. El grado de conocimiento queda instalado en el marco de la probabilidad y no de la certeza. No es pleno ni exhaustivo sino periférico. Contrariamente, la sentencia que posibilita la ejecución provisoria es fruto de un examen integral. En resumen, para las medidas cautelares es suficiente una apariencia del derecho mientras que en la ejecución se necesita una declaración sobre la existencia del derecho(75).

De su lado, el peligro en la demora impone una apreciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar pueden restar eficacia al ulterior reconocimiento del derecho en juego(76). No surge de la sola duración del proceso, en tanto la prolongación durante un tiempo más o menos largo crearía siempre un riesgo a la justicia. Con este criterio no habría ninguna acción que no mereciera el dictado de medida cautelar. Se hace necesario transparentar circunstancias, razones, motivos o hechos conforme a los cuales, según el curso natural y ordinario de las cosas, puede seguirse el perjuicio que se intenta evitar(77). En materia de ejecución de sentencia las cosas son distintas en tanto no se exige para ella un ingrediente especial que configure tal peligro(78). Y finalmente la contracautela, insoslayable en el terreno precautorio (art. 199, CPCCN), no siempre resulta exigible para la ejecución (arts. 498 y 647, ídem).

Las medidas cautelares son instrumentales, desde que carecen de un fin en sí mismas y se encuentran subordinadas y ordenadas funcionalmente a un proceso principal del cual dependen, sin que a ello se oponga la coincidencia material que pudiese existir entre el objeto de aquéllas y el de la pretensión de fondo(79). Ese proceso principal está por venir, porque es el que en su desemboque traerá la voluntad de la ley en el caso concreto reflejada en la sentencia. En la ejecución, el proceso ya ha sido recorrido y la voluntad de la ley ya ha sido exteriorizada, por más que requiera confirmación. Por otra parte, en la ejecución provisoria no hay posibilidad de disponer una solución distinta a la que marca la sentencia, de donde no resulta aplicable lo dispuesto en el art. 204 del CPCCN.

Podría abundarse en otras diferencias. Las expuestas alcanzan para desalentar la asimilación, con independencia que la provisoriedad propia de lo cautelar se aproxime a la interinidad de la ejecución provisoria, supeditada a la desestimación del recurso interpuesto contra la sentencia así ejecutada.

5.4. Propuesta

En función de cuanto queda expuesto, se estima procedente la ejecución provisoria de la sentencia sujeta a recurso de efecto suspensivo, cuando se demuestre la necesidad de anticipar su cumplimiento como único arbitrio para evitar la consumación de un perjuicio irreparable o la frustración del derecho declarado en el decisorio, prestándose caución suficiente(80).

6. La ejecución provisional de la sentencia como tutela de evidencia

6.1. Sentencias recurridas y el factor evidencia

Despejado ya el terreno de las hipótesis extremas en las que emerge la posibilidad de un daño irreparable, supuesto habilitante de la ejecución provisional de la sentencia con base en la tutela de urgencia, corresponde abordar ahora aquellos casos en que el elemento peligro radica tan sólo en la normal incidencia negativa del tiempo que debe aguardarse hasta la confirmación del fallo.

Recapitulando conceptos ya expuestos se advierte que, en ese territorio, la ejecución provisional de las sentencias fundamentalmente concebida como limitada o circunscripta a los supuestos expresamente contemplados en los ordenamientos, cumple una función menguada o subalterna en el conjunto de las herramientas procesales disponibles, en tanto su utilización se evidencia como restrictiva o insuficiente para dar satisfacción a la aspiración de efectividad en tiempo razonable de los derechos.

Constituye objeto de este capítulo desbordar ese clásico esquema, intentando demostrar que en determinados supuestos, aún sin norma específica que la consagre pero igualmente con sustento jurídico, dicha ejecución también puede llegar a tener andamiento. Naturalmente, en el marco normativo vigente no resulta posible desconocer en forma genérica y omnicomprensiva el efecto suspensivo que, como regla, es propio de los recursos. Pero ello no impide recortar un segmento de las sentencias sujetas a revisión, una franja de ellas, una parcela en la que por determinadas circunstancias quede autorizada la materialización concreta del mandato jurisdiccional aún sin firmeza, en forma provisoria. Y aquí hace su ingreso lo que se ha dado en llamar "el factor evidencia"(81). Existen situaciones que exhiben un altísimo grado de elocuencia en orden a la prácticamente segura confirmación del decisorio. Evidencia es, al decir de Peyrano, una certeza clara, manifiesta y perceptible de la que nadie puede dudar racionalmente(82).

El autor precedentemente citado se pregunta "¿por qué no aceptar también en nuestro medio a la tutela anticipada de evidencia que ya está en funciones en países vecinos como Brasil y Uruguay cuando, con prestación de contracautela idónea y concurrencia de un general fumus bonis iuris acentuado, por añadidura milita alguna de las circunstancias que a continuación enumeramos y que están inspiradas en el listado de coyunturas convalidantes de una tutela anticipada de evidencia previsto por el Anteproyecto de Reformas del Código Procesal de Brasil?: a) existencia de jurisprudencia vinculante u obligatoria que defina la materia debatida; b) existencia de precedentes reiterados y sostenidos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se hubieran pronunciado inequívocamente sobre los derechos debatidos; c) existencia de una causa de puro derecho y respecto de la cual militan precedentes judiciales y doctrinarios recibidos, que tornan indudablemente predecible el desenlace del litigio; d) un accionar de la demandada signado por el abuso del derecho de defensa y el palmario propósito de retardar maliciosamente la marcha del procedimiento. Note el lector que cualquiera de las coyunturas convalidantes reseñadas evidencia que le asistiría razón al demandante; existiendo, entonces, cuando se le suma el otorgamiento de contracautela, el fumus bonis iuris general correspondiente y la previa debida audiencia del demandado, suficientes razones para que aquél pueda obtener en su favor una condena —total o parcial— provisional"(83).

Viene al caso detenerse en la figura del llamado certiorari. La digresión es válida, desde que en determinados supuestos la ley procura la mayor economía y celeridad autorizando a los tribunales superiores a desestimar in limine recursos que manifiestamente están condenados al fracaso. El art. 280del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en materia de recurso extraordinario federal, establece que "la Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia". Y con mayor minuciosidad, el art. 31 bis de la ley 5827 de la Provincia de Buenos Aires, (texto según ley 13.812), dispone: "En cualquier estado de su tramitación, si la Suprema Corte de Justicia considerare que los recursos extraordinarios de nulidad, de inconstitucionalidad o de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, no reúnen los requisitos esenciales, que han sido insuficientemente fundados, que plantean agravios desestimados por el mismo tribunal en otros casos análogos, o que la cuestión que someten a su conocimiento es insustancial o carece de trascendencia, podrá rechazarlos con la sola invocación de la presente norma y la referencia a cualquier de las circunstancias precedentemente expuestas"(84).

Está claro que el denominador común de casi todas las situaciones contempladas en el certiorari no es otro que la evidencia. La inexistencia de agravio federal se constata con la sola lectura del recurso. La insustancialidad del mismo, siempre en el orden federal, remite a aquellas hipótesis que una reiterada e inequívoca jurisprudencia del más Alto Tribunal ha resuelto en sentido adverso al planteo formulado por el recurrente, sin que éste aporte argumentos que, en razón de su seriedad, sean susceptibles de modificar la doctrina resultante de esa jurisprudencia(85). De igual modo la normativa bonaerense identifica supuestos de obviedad: falta de reunión de los requisitos esenciales de admisibilidad, insuficiencia palmaria en la fundamentación, planteamiento de agravios desestimados por el Superior Tribunal en casos análogos. Siempre una misma y única nota definitoria: la presencia de elementos de juicio palmarios, nítidos, patentes e innegables que conducen a una solución desestimatoria.

Traslademos el mismo material a la órbita que nos concita, esto es, la ejecución provisoria de las sentencias no firmes. Si particulares situaciones signadas todas ellas por el factor evidencia determinan, en las instancias extraordinarias, su consideración puntual para abreviar sustancialmente el procedimiento en aras de la efectividad de los derechos comprometidos, en igualdad de circunstancias de evidencia ha de ser posible ejecutar provisionalmente una sentencia sujeta a recurso, en tanto se preste suficiente fianza.

Veamos las razones y fundamentos que sustentan la posibilidad de ejecutar provisionalmente una sentencia fuera de los casos expresamente autorizados en la normativa vigente, cuando el interés en hacerlo no reside en la existencia de un perjuicio irreparable sino tan sólo en neutralizar la incidencia negativa del tiempo que insume la sustanciación de los recursos, en tanto la petición se formule en un contexto de evidencia que permita avizorar que el alzamiento ensayado no tendrá finalmente andamiento y se preste adecuada caución.

6.2. Tutela judicial efectiva

Tutela judicial efectiva significa derecho a hacer valer los propios derechos. El tradicional concepto de debido proceso legal ha desembocado, como subraya Berizonce, en algo más intenso, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que comprende varias cosas: I) El libre e irrestricto acceso a la jurisdicción. II) El debido proceso, como oportunidad de ser oído y probar en contradictorio, en cualquier proceso, para la determinación de los derechos y obligaciones de cualquier carácter, en cuyo marco rigen en todas sus facetas e instancias las garantías de igualdad y bilateralidad. III) El derecho a obtener una sentencia intrínsecamente justa, sustentada en la verdad jurídico-objetiva, suficientemente motivada, exenta de excesivo rigor formal y dictada en un plazo razonable. Una sentencia que sea conclusión razonada del derecho vigente con particular arreglo a las circunstancias de la causa, o sea, no arbitraria. IV) El derecho de obtener la ejecución efectiva de esa sentencia, para remover la resistencia del obligado. V) La existencia de medidas cautelares, urgentes y anticipatorias necesarias, sea para asegurar el futuro cumplimiento de la sentencia, sea como decisión provisional anticipada en el mérito(86).

De todos estos aspectos, interesa el concepto de plazo razonable, vale decir, el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas o injustificadas y a la sencillez y brevedad del procedimiento. Y, específicamente, resaltar el derecho de obtener la ejecución efectiva de la sentencia, también en tiempo idóneo.

Ese omnicomprensivo principio de tutela judicial efectiva, desde el punto de vista constitucional se basa en la impronta del Preámbulo, ("afianzar la justicia"), en conjunción con el sistema republicano de gobierno, la garantía de la defensa y el debido proceso y los derechos implícitos (arts. 1º, 5º, 18 y 33de la Constitución Nacional), con más la remisión formulada en su art. 75 inc. 22 a diversos Tratados y Convenciones internacionales. Entre estos últimos cabe destacar lo dispuesto en el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en los arts. 8º y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en especial el último de esos textos en cuanto dispone en el inc. 1º que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, agregando el apartado c) del inc. 2º que los Estados partes se comprometen a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente ese recurso. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires, de su lado, en su art. 15, asegura la tutela judicial continua y efectiva, ordenando que las causas sean decididas en tiempo razonable. Señala Rojas que de esos tratados internacionales se desprenden otros principios que hacen al debido proceso legal, como por ejemplo el que se denomina "principio de eficacia de la ley", en virtud del cual la tutela que debe obtener el justiciable debe ser efectiva e inmediata, esto es, que tanto dentro del proceso penal como del civil, la actuación de la ley no puede colocar en una situación de desventaja, o bien agravar una situación afligente que sufre aquel que reclama la protección de sus derechos a la jurisdicción(87).

Recuerda Oteiza que la Corte Interamericana, con respecto a la efectividad de las vías procesales previstas por las jurisdicciones internas, ha entendido que un Estado para cumplir con su deber convencional no solamente debe tenerlas previstas, sino que además ellas deben ser efectivas y no meramente ilusorias. De allí que los procesos deben ser adecuados para proteger la situación jurídica infringida y, además, capaces de producir el resultado para el cual han sido concebidos(88).

Tenemos entonces, en lo que aquí interesa, un primer soporte que proviene del derecho constitucional y supranacional de ser juzgado y obtener ejecución efectiva en tiempo razonable. Si existe ese derecho individual ha de existir un deber para el Estado y sus órganos de conducir el proceso en tales términos(89). En otras palabras, "una garantía consagrada en la Constitución y una legislación que promete una atención integral y oportuna deben ser interpretadas de modo que el resultado promueva el goce efectivo por parte de los ciudadanos. Toda otra interpretación transformaría al derecho en una parodia y quebraría la confianza que ellos deben tener en las leyes"(90). O, como también lo expresa enfáticamente la Corte Suprema, donde hay un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer, pues las garantías constitucionales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar en la Constitución e independientemente de sus leyes reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden constituir obstácu­lo para la vigencia efectiva de dichas garantías(91).

6.3. Principio de igualdad procesal

Se acude ahora al principio de igualdad procesal, natural exteriorización en el campo procesal del principio general de igualdad ante la ley consagrado por el art. 16 de la Constitución Nacional. Se lo identifica como "la relativa paridad de condiciones de los justiciables de tal manera que nadie pueda encontrarse en una situación de inferioridad jurídica"(92)Ahora bien, como expresan Loutayf Ranea y Solá, no requiere una igualdad aritmética sino que lo que exige el principio es que se brinde a las partes una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de su derecho de acción y de defensa, es decir, que garantice a todas, dentro de las respectivas posiciones que ostentan en el proceso y de acuerdo con la organización que a éste haya dado la ley, el equilibrio de sus derechos de defensa. Y así como frente a iguales circunstancias debe darse un igual tratamiento a las partes, cuando las circunstancias son diferentes, debe también dárseles un tratamiento diferente, si ello es necesario para lograr ponerlas en igual situación a los efectos de alcanzar igual protección jurisdiccional. En este sentido, recuerdan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos difunde que el proceso debe reconocer y resolver los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia(93).

En esas condiciones, tenemos por un lado a un demandante, que aún provisoriamente y sujeto a ulterior revisión, ha recibido pleno reconocimiento de su derecho mediante una sentencia judicial. Por otro, un demandado que —también interinamente— ha sido desautorizado en su posición jurídica, resultando condenado a satisfacer determinada prestación por el mismo fallo. El primero exhibe nada menos que la decisión proveniente de un órgano jurisdiccional. El segundo enarbola y protesta argumentos que se exhiben como manifiestamente inconsistentes en los supuestos de evidencia que hemos enunciado (existencia de precedentes que constituyen doctrina legal, etc.). ¿Puede decirse que se encuentran en un plano de igualdad, o siendo las circunstancias diferentes el trato también ha de ser diverso? En otros términos, como señalan Oteiza y Simón en el informe ya citado, con la ejecución provisional "se abandona una equivalencia sólo aparente en la posición de las partes en dispu­ta, una vez dictada la sentencia por el juez luego de sustanciado un proceso de conocimiento pleno. La ejecución provisional reconoce que el derecho de una de ellas ha sido declarado como conclusión de un proceso sin restricciones en cuanto a la capacidad de acreditar los hechos y argumentar el derecho y permite materializar la conclusión primaria del proceso al asignarle efectividad a la sentencia. La igualdad inicial en cuanto a la expectativa de una sentencia favorable ha cambiado producto del dictado de la sentencia. Sostener que el beneficiario de la decisión jurisdiccional no pueda requerir el cumplimiento de lo ordenado, supone defender la posición de quien ha sido condenado, ante el riesgo del eventual error judicial. Si bien se debe ser cuidadoso en el empleo de la coacción del Estado para materializar la orden judicial, también corresponde indagar sobre el acierto de dilatar la protección efectiva en aras de una mayor seguridad. En ese sentido, es oportuno el interrogante planteado por Picó I Junoy: ¿quién debe soportar la pendencia del proceso por la articulación de un recurso: la parte que ya cuenta con una decisión o quien requiere la revisión? El instituto de la ejecución provisional asiste a quien ha demostrado ante el juez de primer grado merecer la protección jurisdiccional"(94).

Queda claro que si damos prioridad al vencido estamos colocando al vencedor en una clara situación de inferioridad jurídica, desoyendo lo que demuestra la experiencia desde la estadística en tanto es abrumadoramente mayor la cantidad de sentencias que se confirman que las que se revocan.

La expresión de voluntad estatal que constituye una sentencia, corolario de una serie de actos legalmente establecidos, no es menos relevante que el resultado de la actividad administrativa que culmina en un acto o resolución de esa índole. Esta última posee ejecución inmediata, sin perjuicio de eventuales recursos. Los órganos intervinientes en ambos sectores son estatales y actúan sobre la base de un procedimiento reglado. En esas condiciones, no se aprecian razones que conduzcan a resultados distintos. En la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil española 1/2000, al referirse a la ejecución provisional que es regla en el proceso que instaura, se expresa: "...el factor fundamental de la opción de esta ley, sopesados los peligros y riesgos contrapuestos, es la efectividad de las sentencias de primera instancia que, si bien se mira, no recaen con menos garantías sustanciales y procedimentales de ajustarse a derecho que las que constituye el procedimiento administrativo, en cuyo seno se dictan los actos y resoluciones de las Administraciones Públicas, inmediatamente ejecutables...".

6.4. El principio procesal según el cual la necesidad de usar el proceso no puede volverse en contra de quien usa el proceso

Siguiendo con las apoyaturas, corresponde traer a colación lo que hoy día aparece plasmado como un nuevo principio procesal. A partir de Chiovenda, siguiendo por Calamandrei, Carnelutti y Satta, entre los clásicos, Carpi, Andolina, Taruffo entre los actuales, no hay controversias en torno al concepto de que la necesidad de servirse del proceso para obtener la razón no puede ir en contra de quien tiene la razón. Cabe remitirse, aquí, a las agudas consideraciones de Carbone, que delinea este principio partiendo de la tutela judicial efectiva, para concluir que ante la firmeza del fundamento de la demanda y la prueba aportada —como lo auspicia el Código Procesal Civil de Perú— surge la razón del actor posibilitando ante la evidencia una satisfacción cuanto menos provisional(95).

6.5. Principio de legalidad e instrumentalidad, adecuación, elasticidad y flexibilidad de las formas

El efecto suspensivo de la apelación es una de las formas vigentes. De ser entendido férreamente a la luz del principio de legalidad, no podría materializarse una ejecución provisional en los casos de evidencia planteados. Pero la inteligencia de aquel principio, aprehendido como rígido mecanismo indisponible, ha terminado por flexibilizarse y aún transmutarse fundiéndose con otras pautas o criterios de algún modo contrapuestos como son los de instrumentalidad o finalismo, elasticidad o adecuación de las formas. Se pone el acento en la premisa que las formas no constituyen un fin en sí mismas, reconociéndose la posibilidad de adecuarlas a las particularidades del caso, flexibilizando las reglas legales o fijándolas directamente, adoptando cualquier modo apto conducente a la obtención del fin(96)(art. 169, CPCCN y su sistema). Entonces, si en ese contexto los criterios intermedios autorizan en determinadas circunstancias la disposición de las formas, resta saber cuándo es posible esa disposición, lo que impone distinguir la diversa naturaleza de las normas procesales. Por vía de principio, únicamente resultan indisponibles, o sea insusceptibles de ser adecuadas, aquellas formas en las que está en juego el orden público, por haberse instituido precisamente en función del interés general.

Venimos sosteniendo que la ejecución provisoria remite a la tutela judicial efectiva, ingrediente de orden público como cada uno de los factores que confluyen en el debido proceso. Su denegación —esto es, la privación de ejecutar provisionalmente por razón del efecto suspensivo del recurso, siempre en los supuestos de evidencia que nos ocupan—, no parece recibir anclaje en ese interés general y en ese orden privativo, por la simple razón de que no impide ni cercena en absoluto la vía recursiva. El cumplimiento inmediato de la decisión apelada nada tiene que ver con la doble o ulterior instancia porque no la afecta ni la obstaculiza, desde que si un pronunciamiento del tribunal superior resultara revocatorio habrán de volver las cosas al estado anterior en tanto han operado otro tipo de garantías, consistentes en el otorgamiento de fianza o caución suficiente y, todavía, reconociendo la posibilidad del demandado de requerir la suspensión de la ejecución provisional si demuestra que el daño que se le siga podría ser irreparable.

Queda claro, entonces, que el enfrentamiento es aparente, al provenir de consideraciones que no son contrapuestas ni resultan enfrentadas. La ejecución provisional de la sentencia en caso de evidencia está respaldada por el concepto de orden público de la tutela judicial efectiva en plazo razonable. También integra ese orden la garantía de la doble instancia. Pero no son antagonistas ni incompatibles. Lo contrario de ejecución provisoria es la postergación de la ejecución hasta la confirmación del fallo. Lo contrario de la doble instancia es la instancia única, la imposibilidad de recurrir. Como lo señalan Oteiza y Simón, la ejecución provisoria no cuestiona el derecho al recurso al operar solamente sobre los efectos de la decisión e intentar dar mayor operatividad a la garantía de celeridad en la respuesta, que también constituye uno de los valores a proteger por el derecho al debido proceso(97).

6.6. Abuso del proceso. Poderes-deberes del juez. Principios de moralidad y economía procesal

El principio que veda el ejercicio abusivo del proceso se incorpora con particular atingencia en los supuestos de evidencia que radican en la total inconsistencia del alzamiento. Todos los días presenciamos recursos ordinarios y extraordinarios que saben de su propia sin razón y se emplazan únicamente para dilatar el cumplimiento de la sentencia. Se encuentra consolidado que el abuso del derecho es un principio autónomo de carácter general que abarca la plenitud del orden jurídico y, por tanto, el Derecho Procesal Civil no escapa a esa premisa. Consiguientemente, como principio general, está delineado en el art. 1071 del Código Civil, sirviendo su configuración a todas las ramas de la ciencia jurídica(98). De igual modo, el derecho al proceso que la Constitución garantiza es para usarlo en defensa de un derecho justo y dentro de los adecuados límites. Constituye poder-deber de los jueces tomar las medidas conducentes a prevenir, eliminar y sancionar todo acto de fraude procesal y de ejercicio abusivo del proceso. Asimismo, no les está permitido a los jueces el empleo de las estructuras procesales para dificultar o dilatar innecesariamente el desarrollo del proceso(99).

Expresa en este orden García de Enterría: "Quien tiene razón suele estar gravado con penosísimas cargas procesales que perjudican con normalidad a su derecho y que favorecen correlativamente y de manera sustancial al deudor de mala fe o al incumplidor doloso de sus deberes. La duración excesiva de los procesos perjudica prácticamente siempre a quien tiene razón. Si la Constitución proclama el derecho a la tutela judicial efectiva sin dilaciones indebidas, la cuestión es entonces decidir sobre cuál de las partes debe recaer la carga enorme de la dilación escandalosa de los procesos. Es evidente que no sobre quien tiene razón para pretender esa tutela, sino sobre quien se opone deliberadamente a ella de una manera injustificada"(100).

Desde este vértice, la obligación jurisdiccional de mantener la igualdad de las partes consagrada en el apartado c) del inciso 4º del art. 34 del CPCCN posibilita superar la falta de equilibrio que resulta de la desigual posición en que se instalan vencedor y vencido, a la que se ha hecho mención en el capítulo 6.5. Y, fundamentalmente, los acápites d) y e) del mismo texto conducen a prevenir todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe y vigilar para que en la tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal. Los principios de moralidad y economía, en definitiva, constituyen también soporte adecuado.

6.7. Resumiendo

Resumiendo los fundamentos y apoyaturas que anteceden, se concluye en que es posible en materia de ejecución provisoria de sentencias poner en marcha la llamada tutela de evidencia. La extraordinaria riqueza de los fenómenos jurídicos revela que aspectos definitorios del mundo del derecho han cobrado vida con independencia de los esquemas legales y, a veces, aún con independencia de lo que parecen decir las normas jurídicas, generando una fructífera evolución que es consecuencia directa de la elaboración de la doctrina y la jurisprudencia. De otro modo carecen de explicación el instituto del amparo, la doctrina de la arbitrariedad en el recurso federal, el per saltum, el concepto de absurdo y la anulación de oficio de las sentencias en el régimen recursivo extraordinario de la Provincia de Buenos Aires, la medida cautelar innovativa, la autosatisfactiva y las sentencias anticipatorias, los procesos colectivos y tantos otros arbitrios que hoy conviven armoniosamente. Como lo tiene dicho el más Alto Tribunal de la Nación, basta la comprobación inmediata de un gravamen para que una garantía constitucional deba ser restablecida por los jueces en su integridad, sin que pueda alegarse en contrario la inexistencia de una ley que la reglamente. Las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas por la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias(101).

En consecuencia, la ejecución provisional en el supuesto que venimos considerando es procedente con sustento en lo dispuesto en los arts. 1º, 5º, 16, 18, 33, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8º y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 15 en la Constitución de Buenos Aires; 1071 del Código Civil; 34, inc. 4º del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación y principios procesales de igualdad, instrumentalidad y flexibilidad de las formas, economía, celeridad, moralidad y de razón del actor.

7. Conclusiones

Concluye aquí el intento de ampliar y dilatar los supuestos —ciertamente poco utilizados— de ejecución provisoria de las sentencias, en el marco de un régimen procesal que revela falencias en torno al valor eficacia. Se ha acudido para ello a dos tipos de tutelas diferenciadas: la de urgencia y la de evidencia. En el primer caso, sin superposición con las figuras cautelares, emerge un tipo especial de ejecución anticipada que forma parte del campo genérico de los mecanismos especiales signados por la urgencia pero que no puede confundirse con ninguno de ellos. En el segundo, surge una vía que posibilita el cumplimiento del decisorio en manera no definitiva cuando resulta patente que el recurso interpuesto será comprobablemente desestimado.

De allí que se proponga que:

1º. Resulta procedente la ejecución provisoria de la sentencia sujeta a recurso de efecto suspensivo, cuando se demuestre la necesidad de anticipar su cumplimiento como único arbitrio para evitar la consumación de un perjuicio irreparable o la frustración del derecho declarado en el decisorio, prestándose caución suficiente.

2º. Fuera de los casos expresamente autorizados en la normativa vigente, procede la ejecución provisoria de la sentencia sujeta a recurso de efecto suspensivo cuando la petición se formule en un contexto de evidencia que permita constatar que el alzamiento no tendrá finalmente andamiento en virtud de existir doctrina legal obligatoria; o inequívoca jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación en sentido adverso al planteo formulado por el recurrente, sin que éste aporte argumentos que, en razón de su seriedad, sean susceptibles de modificar el criterio resultante; o que el recurso exteriorice el palmario propósito de retardar maliciosamente la culminación del procedimiento; a cuyo efecto deberá prestarse caución suficiente.

La propuesta que antecede representa tan sólo un paliativo y no una solución integral, a la que habrá de arribarse cuando las instituciones procesales reciban estructurales modificaciones apuntando a un nuevo modelo de proceso que permita conjugar equilibradamente las garantías necesarias sin mengua de la celeridad y la eficacia.


§ 731


Art. 498 — Aplicación a otros títulos ejecutables.

Las disposiciones de este título serán asimismo aplicables:

1º) A la ejecución de transacciones o acuerdos homologados;

2º) A la ejecución de multas procesales;

3º) Al cobro de honorarios regulados en concepto de costas.

CPCCN: Art. 500 — (Texto según ley 26.589,art. 56(*)) Aplicación a otros títulos ejecutables. Las disposiciones de este título serán asimismo aplicables:

1) A la ejecución de transacciones o acuerdos homologados.

2) A la ejecución de multas procesales.

3) Al cobro de honorarios regulados en concepto de costas.

4) Al acuerdo instrumentado en acta suscripta por el mediador, con la certificación de su firma, salvo en el supuesto en que se hayan controvertido derechos de menores e incapaces. En estos casos, el representante legal con intervención del ministerio pupilar, deberá requerir previamente, la homologación del acuerdo al juez anteriormente sorteado o al que sea competente de acuerdo a la materia. Tales actuaciones estarán exentas del pago de la tasa de justicia.

(*) El art. 63 de la ley 26.589 (BO 6/5/2010) establece: "Vigencia. Esta ley comenzará a aplicarse a partir de los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial".

CPCCN (LEY U-0692): Art. 488.


Antecedentes

Véase artícu­lo 497.

Esta disposición, que no reconoce precedentes en la legislación derogada, recoge jurisprudencia anterior y ha venido a dar solución práctica a diversas cuestiones que se planteaban bajo la égida del Código de 1905.

La aplicación de las disposiciones del título I del libro III, se ha hecho extensiva a otros títulos ejecutables, como son:

1. Las transacciones (art. 308, § 528);

2. Los acuerdos conciliatorios homologados (art. 309; § 528);

3. Las multas procesales (art. 35, § 220; y art. 45 y concs., § 168; y § 232).

4. Los honorarios regulados en concepto de costas; debiendo señalarse que, cuando no tuvieren tal carácter, la vía procedente será la del proceso ejecutivo, según lo ha reiterado una copiosa jurisprudencia (véase infra, anotación).

5. Los laudos arbitrales, en razón de que los árbitros no cuentan con imperium para ordenar el cumplimiento de sus decisiones; los que deberán ser ejecutados ante el juez a quien hubiere correspondido conocer del litigio de no haber mediado el compromiso.

6. Los saldos reconocidos por el demandado en la rendición de cuentas (arts. 653, Cód. Proc. Bs. As., o 656, Cód. Proc. Nac.).

7. La pericia arbitral (arts. 811, Cód. Proc. Bs. As., u 800, Cód. Proc. Nac.).

8. Ahora (luego de la reforma operada por ley 26.589), en el ámbito nacional, al acuerdo instrumentado en acta suscripta por el mediador, con la certificación de su firma, es decir sin necesidad de procurar su homologación; pero dejando a salvo el supuesto en que se hayan controvertido derechos de menores e incapaces. En estos casos, el representante legal con intervención del ministerio pupilar, deberá requerir previamente, la homologación del acuerdo al juez anteriormente sorteado o al que sea competente de acuerdo a la materia. Con lo cual, juegan aquí las reglas anteriormente enunciadas, en cuanto a los acuerdos homologados.

De todos modos, deberá tener presente el lector que en el contexto del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994) ahora se establece que la transacción produce los efectos de la cosa juzgada sin necesidad de homologación judicial (art. 1642) [ver nuestro análisis del tema, supra §528]; lo cual lleva a repensar las exigencias del inc. 1º y a interpretarlas de consuno con lo que emerge del inc. 4º del art. 500 (CPCCN). Con todo, se advierte cierta discordancia entre las previsiones de este último inciso y el art. 1642 del Código Civil y Comercial de la Nación, desde que según lo establece el primero —en algunos casos— el acuerdo instrumentado ante el mediador requeriría de homologación para poder ser ejecutado, salvedad que no efectúa la segunda de las normas.


Jurisprudencia bonaerense

Otros títulos ejecutorios

a) Transacciones

La transacción sustituye a la sentencia, por lo que su cumplimiento lo es, en su caso, con aplicación de las reglas establecidas para la ejecución de las mismas, ante el propio juez de la causa en que se presentó (Sup. Corte Bs. As., Ac. 44.811, 23/10/1990).

La ley procesal prevé la transacción entre los modos anormales de terminación del proceso. Así, le otorga la investidura de cosa juzgada con fuerza ejecutoria, es decir, configura un acto jurisdiccional cuyo cumplimiento debe efectivizarse por la vía de ejecución de sentencia según lo dispone su artícu­lo 498 (C. Civ. y Com. Lomas de Zamora, sala 1ª, 10/4/2008, "Brzone Heberto Alfredo v. Holzman Marcos F. y otros s/Cobro de Alquileres", Juba sumario B2551040).

Sin perjuicio de que la transacción se integra procesalmente mediante la homologación judicial a los fines del trámite de ejecución de sentencia (arts. 477 y 498, inc. 1º, Cód. Procesal), la presentación en juicio del documento respectivo perfecciona aquélla, bastando que la mentada presentación la realice alguno de los interesados para que el acto adquiera valor para todas las partes, desde que la transacción tiene virtualidad, en cuanto a su forma, por la sola agregación al juicio del respectivo documento (art. 838, Cód. Civil), no siendo necesario el patrocinio letrado obligatorio en dicho avenimiento (art. 56, Cód. Procesal) (C. 2ª La Plata, sala I, causa B-65.192, reg. int. 276/88).

Con todo, cabe tener en cuenta que no es del contrato que fluye la ejecutabilidad que equipara por sus efectos a la transacción homologada con la sentencia sino de la sentencia homologatoria emitida por el órgano jurisdiccional del Estado que tras examinar y aprobar el acuerdo, lo dota al mismo y a las relaciones y obligaciones engendradas por él, de la seguridad, estabilidad y certeza propias de toda decisión judicial y de la fuerza ejecutoria de las mismas (C. 1ª Civ. y Com. La Plata, sala 3ª, 23/2/1999, "Durán, Reinaldo Ramón y otros v. Sáenz, Ruric s/Ejecución de sentencia y daños y perjuicios", Juba sumario B201752).

Así, si existe en los autos una liquidación aprobada sobre la base del convenio concertado entre las partes, homologado judicialmente, ha de procederse según las reglas propias para la ejecución de sentencias (Título I, del Libro III del Código Procesal) (C. 1ª La Plata, sala II, Rev. Arg. Der. Proc. 1969, v. 3, p. 394).

Expresado con otro giro: si el juicio concluyó por uno de los modos especiales de terminación del proceso, como es la transacción, una vez firme la resolución homologatoria, frente al incumplimiento de la misma, la única vía apta para lograr la satisfacción del acuerdo es la prevista por los arts. 497 y 498 de la legislación adjetiva, no correspondiendo ya el dictado de otra sentencia (C. 2ª La Plata, sala III, causa B-69.111, reg. sent. 79/90).

De este modo, la sentencia homologatoria reviste el carácter de título ejecutable en los términos previstos en libro III, título I del CPC, arts. 497 y ss. (C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 3ª, 27/3/2013, "Banco de la Provincia de Buenos Aires v. Ivcic, José s/ ejecución").

Con todo, para obtener el cumplimiento de la transacción extrajudicial o de la judicial no homologada (y en su defecto las indemnizaciones correspondientes) la acción y el procedimiento han de ser distintos al de la ejecución de sentencias. En tales casos, habrá de acudirse a las acciones que nacen del contrato transaccional e, incluso, de contener éste obligaciones exigibles de dar cantidades líquidas de dinero o fácilmente liquidables, podrá su acreedor contar con un título ejecutivo (C. 1ª Civ. y Com. La Plata, sala 3ª, 23/2/1999, "Durán, Reinaldo Ramón y otros v. Sáenz, Ruric s/Ejecución de sentencia y daños y perjuicios", Juba sumario B201751).

a bis) Multas

Si bien el artícu­lo 498 del ritual, en su inciso 2º, autoriza el proceso de ejecución de sentencia para perseguir el cobro de las multas procesales, ello está subordinado a que dicha multa esté impuesta, determinada y firme (C. Civ. y Com. San Martín, sala 2ª, 25/4/1995, "Azcarate, Beatriz y otro s/Incidente de ejecución de multa", Juba sumario B2000733).

Por ello, habiendo ganado firmeza resolución que fijó los astreintes, la misma resulta ejecutable por el procedimiento previsto en el Libro III, Título I, Capítulo I del Código Procesal, dentro de los límites cuantitativos del decisorio (arts. 497, 498 inc. a, 500, 501, Código Procesal). Siendo ello así, resulta impropio sustanciar la ejecución que se promueve, por la vía incidental (artícu­los 175 y ss. Código Procesal), desde que el estadio procesal alcanzado, a raíz de la resolución firme que fija la multa, veda volver sobre las circunstancias que la predeterminaron. Por lo demás, tampoco se advierte menoscabo alguno al legitimo ejercicio del derecho de defensa en juicio para el ejecutado, desde que, el trámite de ejecución de sentencia le otorga razonable posibilidad de audiencia (arts. 503, 504 del Código Procesal) (C. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 1ª, 1/4/1997, "M., M. v. G., E. s/Alimentos provisorios", Juba sumario B252653).

Asimismo, se ha indicado que no es imprescindible que se intime al pago de la multa procesal impuesta para promover la ejecución de sentencia a su respecto (C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 1ª, 26/12/2004, "Tamanes, Amalia v. Giménez, Daniel y ot. s/ ejecución de sentencia").

b) Honorarios

Remisión: Art. 521, inciso 7º.

Conforme con lo dispuesto por el art. 498, inc. 3º del ordenamiento adjetivo, debe aplicarse el procedimiento de ejecución de sentencia cuando se persigue el cobro de honorarios regulados en concepto de costas, esto es, cuando existe condena que determine la persona del deudor (Colombo, Código Procesal, v. I, 1969, ps. 471-472; v. III, ps. 780-781); no procederá, en cambio, dicha tramitación, cuando se trate de una mera resolución regulatoria (C. 1ª La Plata, sala I, causa 143.814, reg. int. 154/71; causa 145.654, reg. int. 104/71; idem, sala II, causa 144.861, reg. int. 482/70; C. 2ª La Plata, sala I, causa B-45.190, reg. int. 225/78; idem, sala II, causa B-35.988, reg. int. 464/72).

Mediando condenación en costas la regulación otorga un título ejecutivo y la acción se sustancia por el proceso de ejecución de sentencia en el mismo juicio que se han regulado honorarios el reclamo en esta vía debe ajustarse a las disposiciones de los arts. 500, 501, 502, 503 y ss. del CPCC (C. Civ. y Com. Quilmes, sala 1ª, 26/8/2009, "Yuazkiewicz, Marcelo Alberto v. Villa, Leonor Isabel s/Ejecución de honorarios", Juba sumario B2904585).

Se descarta por ende (con la salvedad que prevén los arts. 54 y 58 del decreto ley 8904), el procedimiento de ejecución de sentencia, tratándose del cobro de honorarios contra quien no fue condenado en costas (Colombo, Código..., t. I, p. 472, nº 1 y 2; Fassi, Códigos..., t. II, p. 199, nº 1741; Morello-Passi Lanza-Sosa-Berizonce, Códigos Procesales, 1ª ed., t. VI-1, p. 32, nº 4) (C. 2ª La Plata, sala I, causa B-43.496, reg. int. 243/77 y, más actualmente, 6/10/2010, "Ventura Peña, Marcelo E. v. García Vuotto, Javier s/Ejecución honorarios", Juba sumario B257596).

La ejecución de honorarios en el juicio principal, contra el condenado en costas, cabe ser considerada como un incidente del mismo. De allí que sea procedente la tramitación del cobro de honorarios por el procedimiento de ejecución de sentencia en el mismo juicio en que se han regulado; en principio, son válidas las notificaciones efectuadas en el domicilio constituido (art. 58, dec. ley 8904) (C. 1ª Mar del Plata, sala II, causa 73.854, reg. sent. 220/89).

Una vez vencido el plazo de diez días de quedar firme el auto regulatorio, sin que se hubieren abonado los honorarios en él determinados por el condenado en costas, o el beneficiario del trabajo (art. 54, decreto ley 8904), el letrado está en condiciones de iniciar un incidente por separado, o de promover la ejecución en los términos del art. 498 del ordenamiento adjetivo (art. 58, dec. ley cit.), sin necesidad de que en forma previa tenga que practicar una liquidación, por cuanto aquel pronunciamiento ya contenía una cantidad líquida de acuerdo a lo estatuido por el segundo apartado del art. 500 del ordenamiento citado. El término "reclamar" que utiliza el citado art. 54 denota la existencia de una demanda o pretensión enderezada al cobro de los honorarios regulados y no abonados, sea por la vía del procedimiento de ejecución de sentencia o incidente por separado (C. 1ª La Plata, sala I, causa 211.219, reg. sent. 11/92).

En función del contenido del mencionado art. 58 del decreto ley 8904, que establece claramente que la ejecución de honorarios se puede sustanciar en incidente separado "o a opción del letrado, por el procedimiento de ejecución de sentencia en el mismo juicio en que se hayan regulado los honorarios", se ha vigorizado el ejercicio de dicho derecho. En tal sentido se ha destacado que si la opción depende del abogado, es a éste a quien cabe mensurar qué vía le resulta más conveniente a sus intereses, lo que no puede ser retaceado por el juez a quo invocando un mejor ordenamiento procesal o los inconvenientes o complicaciones derivados de una multiplicidad de acciones, si es que no existe en el caso de autos otra ejecución en trámite (C. 1ª Apel. San Isidro, causa 51.841, reg. sent. 708/90).

Por otro lado, si no se trata de honorarios debidos en concepto de costas, corresponde acudir al juicio ejecutivo. (C. Civ. y Com. San Isidro, sala 2ª, 8/7/2004, "Rojas, Edmundo v. Smith, Julián s/Ds. y Ps.", Juba sumario B1751093; C. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 1ª, 17/11/2009, "Silva, Alejandro Fabián s/Inc. ejecución honor", Juba sumario B257235; C. Civ. y Com. Dolores, 18/8/2011, "Esponda de Chirizola Marta Luján v. Morello Gregorio Alberto s/Incidente de ejecución de honorarios", Juba sumario B951407; C. Civ. y Com. Azul, sala 1ª, 23/11/2011, "Rodríguez Néstor Gabriel v. Scelzi Ernesto Martín s/ incidente de ejecución de honorarios").

Claro está que cuando pretende el profesional cobrar su regulación de la parte a quien ha representado, que no ha sido condenada en costas —sin perjuicio de la notificación en legal forma—, no puede negarse a la demandada la posibilidad de cuestionar al menos la obligación de abonarlos (Alsina, Tratado, 2ª ed., v. IV. p. 611 y ss.; LL 102-872, 6401-S; 121-66, 12.958-S; Der. 17-432, nº 991) (C. 1ª La Plata, sala II, causa 143.779, reg. int. 418/70).

E incluso ello es trascendente en tanto en el ejecutivo puede producirse la caducidad de instancia (C. Civ. y Com. Morón, sala 2ª, 7/10/2010, "Otero, Rolando N. v. Tecnometal Aluminio SRL").

Sin embargo conforme lo actuado y resultando que los ejecutados han ejercido plenamente su derecho de defensa, retrotraer el procedimiento implicaría un excesivo rigor procesal (C. Civ. y Com. Dolores, 18/8/2011, "Esponda de Chirizola Marta Luján v. Morello Gregorio Alberto s/Incidente de ejecución de honorarios", Juba sumario B951407).

Asimismo, se ha resuelto que atento que el auto regulatorio firme constituye título hábil para proceder ejecutivamente (arts. 518, 521 y 529 del CPCC), nada obsta a que el reclamo se encuadre por esta vía, si bien de conocimiento más amplio al previsto por el art. 497 del CPCC (C. Civ. y Com. San Martín, sala 1ª, 21/5/2009, "Caffese, Sergio Eloy v. Melluso, Rosario s/Ejecución de honorarios", Juba sumario B1952308).

Por cierto, y en sintonía con todo lo dicho, para dar trámite al compulsorio por vía de ejecución de sentencia, será necesario que de las constancias que se aporten al promoverlo surja quien es el condenado en costas, y si ello no es así puede el juzgador reclamar la anexión de las piezas pertinentes (C. Civ. y Com. Pergamino, 5/2/2013, "Doddi Eduardo Oscar v. Sebastiani Juan Esteban y otro/a s/Ejecución honorarios").

En otro cuadrante, repárese que en el ámbito bonaerense los apoderados y letrados de las municipalidades no tienen derecho a percibir honorarios cuando la municipalidad debe pagar las costas del juicio "aunque dichos apoderados estén retribuidos a sueldo o hayan sido designados sin remuneración" (art. 203, dec. ley 6769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades); sea cual fuere la relación o grado de dependencia entre los apoderados y letrados de la municipalidad, en ningún caso podrán cobrar honorarios, y si ello es así, aun cuando la municipalidad fuera condenada con costas, con mucho mayor razón no cabe responsabilizarla por el pago de los honorarios, en el caso de que las costas fueren impuestas a la otra parte (C. 1ª La Plata, sala II, causa 143.799, reg. int. 418/70).

Por otro lado, el letrado que asistió a un demandado condenado en costas no puede pretender ejecutar sus honorarios contra otro de los codemandados, también condenado en costas (C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 1ª, 11/5/2010, "Surballe Mauricio Alejandro v. Boglione Luis Alberto y ot. s/ ejecución de honorarios").

Asimismo, cabe enfatizar en la necesariedad de instaurar la ejecución cuando no media cumplimiento voluntario. Al respecto, una vez vencido el plazo de diez días para que se haga efectivo el pago de los honorarios, el beneficiario de la regulación puede promover la ejecución en los términos del art. 498 del CPCC; en tal contexto, no corresponde admitir el pedido de libramiento de giro —efectuado por el letrado beneficiario de la regulación, que no ha promovido el proceso de ejecución— respecto de ciertas sumas dinerarias embargadas en el proceso principal y a raíz de una solicitud formulada por la parte actora (C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 1ª, 30/10/2003, "Barone, Nelly v. Alfonsi s/ preparación vía ejecutiva").

Idénticos principios se aplican a los peritos; la ejecución de sentencia está prevista contra el condenado en costas; contra el resto de las partes, la vía ejecutiva (C. 2ª La Plata, sala II, A 41.633, RS 53/91).

Y a los martilleros. A su respecto, ha señalado la jurisprudencia que a tenor de lo establecido (muy claramente) por el art. 498, inc. 3º del CPCC, al mismo sólo podía acudirse cuando se tratare del cobro de honorarios regulados en concepto de costas y no surge de las constancias de autos que tal sea la hipótesis que se da en el presente (es decir que el ejecutado hubiera sido condenado en costas). Agregando que esta exigencia es lógica: para acudir a la ejecución de sentencia debe haber una sentencia que ejecutar, que establezca concretamente la existencia de una suma y la persona del deudor. A partir de allí, el juez de la ejecución queda ligado por los pronunciamientos (firmes) que delimitan su intervención. Pero si media sólo una regulación de honorarios y no hay una resolución (firme) que determine la identidad de la persona del deudor, mal se puede acudir a la vía de la ejecución de sentencia.

Agregando que la ley 10.973 no contiene una norma análoga al art. 58 del dec. ley 8904/77, que consagra la ejecutividad de la regulación de honorarios firme aun cuando no mediara condena en costas (C. Civ. y Com. Morón, sala 2ª, 29/11/2012, "Vicente Ilda v. Lione Domingo Oscar s/ cobro ejecutivo de honorarios").


Jurisprudencia nacional

a) Transacciones o acuerdos homologados

Los acuerdos, pactos y transacciones aprobados judicialmente y pasados en autoridad de cosa juzgada(102)se cumplen a través del procedimiento de ejecución de sentencia (arts. 500, inc. 1º y 501, Cód. Procesal) (C. Nac. Esp. Civ. y Com., sala IV, 16/3/1976, BCEC y C, 615, núm. 8413).

Dicha ejecución se ha de ajustar a lo convenido por las partes y homologado por el juez, debiendo descartarse todo planteo sustancial que se aparte de la transacción en cuestión, como quiera que no ha de ceñirse el trámite al proceso de ejecución de sentencia (C. Nac. Civ., sala F, 19/10/1976, LL 1977-A-189; JA 1977-III-418).

A su vez, la vía reglada para la ejecución de sentencias sólo es aplicable cuando se pide el "cumplimiento" de una prestación comprometida en el acuerdo homologado, y ello es así, porque el título ejecutorio queda limitado al objeto del acuerdo y al legitimado que ha de recibir la prestación (C. Nac. Esp. Civ. y Com., sala IV, 15/5/1975, BCEC y C, 599, núm. 8046).

b) Honorarios regulados en concepto de costas

Remisión: artícu­lo 523, inc. 7º.

De conformidad con los arts. 499 y 500, inc. 3º del Código Procesal —y art. 50, in fine, ley 21.839—, procede el trámite de ejecución de sentencia para el cobro compulsivo de los honorarios regulados en calidad de costas (C. Nac. Civ., sala D, 29/11/1982, LL 1983-B-642; idem, sala E, 26/6/1985, JA 1986-II-550 o LL 1987-B-593, 37.612-S y, más actualmente, C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala III, 4/9/2007, "Servicios Aereos Patagonicos SE v. RCS International y otros s/incidente de ejecución de honorarios", AP 7/19521).

También se ha puntualizado que la acción tendiente al cobro de los honorarios regulados y firmes está ínsita en la principal y no es, por otra parte, un proceso autónomo; y si el crédito por honorarios se devengó en el juicio principal, persiguiéndose su cobro por la vía de ejecución de sentencia, la inserción de la ejecución de honorarios en la acción principal hace que la litis deba trabarse entre la accionante de dicha causa: el ejecutante de los honorarios y a la vez embargante de los bienes objeto de discusión y el ejecutado, condenado en costas (C. Nac. Com., sala A, 14/5/1974, LL 155-428 o Der. 56-270).

En cambio, tratándose de honorarios que en su momento no podrán ser regulados en concepto de costas, los trámites correspondientes a la ejecución de sentencia son, en principio, inaplicables (C. Nac. Civ., sala E, 23/9/1975, Der. 64-347).

Al respecto, se ha dicho que cuando los honorarios no han sido regulados en concepto de costas y no se ha determinado quien cargará con ellos, su cobro no puede ser perseguido por la vía de ejecución de sentencia sino por el trámite del proceso ejecutivo (C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala II, 23/5/2007, "Mendevil Rosa Edith y otro v. YPF SA y otro s/daños y perjuicios", AP 7/19023).

c) Acuerdo celebrado en instancias de la mediación prejudicial

Si bien antes de la sanción de la ley 26.589, pero en conceptos que son igualmente aplicables al nuevo texto del art. 498, inc. 4º se ha señalado que en estos casos sólo es necesaria la homologación cuando hubiere involucrados intereses de incapaces, siendo innecesaria si no se da tal situación (C. Nac. Com., sala B, 20/10/2009, "Rojo, Javier Francisco v. Caja de Seguros SA", La Ley Online, Doc. AR/JUR/46510/2009).


§ 732


Art. 499 — Competencia.

Será juez competente para la ejecución:

1º) El que pronunció la sentencia;

2º) El de otra competencia territorial si así lo impusiere el objeto de la ejecución, total o parcialmente;

3º) El que haya intervenido en el proceso principal si mediare conexión directa entre causas sucesivas.

CPCCN: Art. 501 — Competencia. Será juez competente para la ejecución:

1) El que pronunció la sentencia.

2) El de otra competencia territorial si así lo impusiere el objeto de la ejecución, total o parcialmente.

3) El que haya intervenido en el proceso principal si mediare conexión directa entre causas sucesivas.

CPCCN (LEY U-0692): Art. 489.

Juez competente en la ejecución de sentencia

Durante la vigencia de los Códigos anteriores, la mayor parte de la doctrina (Castro, Jofré, Rodríguez), sostenía que el proceso de ejecución debía promoverse, necesariamente, ante el juez de primer grado que dictó la sentencia, y en el mismo expediente, sin necesidad de formarse piezas separadas. Era la solución que en general admitía la jurisprudencia. En cambio, otros autores no veían inconvenientes en que, testimoniada la sentencia con la constancia de que la misma ha pasado en autoridad de cosa juzgada, pueda promoverse su ejecución ante juez competente (Alsina).

La disposición en examen mantiene el principio pero con excepciones (Palacio) al determinar en forma concreta la competencia del juez que dictó la sentencia, o del que hubiere conocido del proceso principal en el caso de que mediare conexidad directa entre causas sucesivas (art. 6º, § 185). Sin perjuicio de la competencia que correspondiere en razón del territorio, si así lo impusiere el objeto de la ejecución. Con lo que, además —cabe consignarlo—puede tenerse por admitida la autonomía del proceso de ejecución.


Jurisprudencia bonaerense

Competencia

a) Principio general

Remisión: § 191.

El proceso de ejecución de sentencia debe promoverse, por vía de principio, ante el juez de primer grado que dictó la sentencia y en el mismo expediente, sin necesidad de formarse piezas separadas. Ello se explica porque la jurisdicción del juez no concluye mientras la sentencia no haya sido cumplimentada (art. 163, inc. 7º, Cód. Procesal) (C. 1ª La Plata, sala II, LL 125-641).

b) Fuero de atracción

La concentración ante el juez del sucesorio de las acciones referidas tiende a atribuirle el conocimiento de las causas que puedan involucrar el patrimonio del causante que, a título universal, se transmite hereditariamente. Desde ese punto de vista, deviene indiferente que el proceso atraído se encuentre en pleno trámite o en etapa de ejecución de sentencia, pues en cualesquiera de esas situaciones el desplazamiento de la competencia cobra plena operatividad (C. Civ. y Com. San Martín, sala 2ª, 4/4/2006, "Gabutti, María Edith v. García del Lago, Andrea y ot. s/ Escrituración", La Ley Online Doc. 14/139178).



Jurisprudencia nacional

Competencia

a) Principio general

Remisión: § 185, 4.

El juez que dictó la sentencia es competente para entender en su ejecución (C. Nac. Civ., sala E, 14/7/1977, Der. 76-430). En efecto, la jurisdicción de un tribunal no termina con la sentencia, pues continúa hasta el cumplimiento de la misma. Ha de conceptuarse que el procedimiento tendiente a este fin es parte de los de la causa: sentencia, incidentes y ejecución de una y otros.

b) Fuero de atracción

Remisión: § 185, 5.

El fuero de atracción consagrado en el art. 3284, inciso 4º del Código Civil, es de orden público y puede ser declarado de oficio por el juzgador, aun cuando el expediente se encuentre en vías de ejecución de sentencia (C. Nac. Civ., sala A, 16/5/1969, LL 134-708 y, más actualmente, Corte Sup., 11/6/2002, "Lujan, Luis Ramón y otra v. Carballo, Alberto Ricardo y/u otros", La Ley Online Doc. AR/JUR/8560/2002; C. Nac. Civ., sala K, 15/2/2007, "Goldfarb de Vega, Dora v. Widelh, Jacobo y otros", DJ 2007-II, 1078; C. Nac. Com., sala C, 28/10/2008, "Pardini, Fabián v. Compañia Fredel SRL y otros", La Ley Online Doc. AR/JUR/15267/2008). Nos encontramos así con una excepción a la regla general que desplaza la competencia del juez que pronunció la sentencia al juez que conoce en la sucesión del vencido. Lo mismo ocurre tratándose del fuero de atracción que ejerce la quiebra, pues de lo contrario resultaría que los acreedores, actores en los mismos, podrían hacer efectivos sus créditos con prescindencia de los trámites esenciales del concurso —verificación, graduación, distribución de fondos, etc.— y se sustraerán de la tutela general que el juez de la quiebra ejerce sobre todas las obligaciones pasivas del deudor y bienes de la masa (C. Nac. Civ., sala B, 13/8/1968, LL 136-1152, 22.661-S).

c) Ejecución de honorarios: competencia originaria de la Corte Suprema

Si bien en principio el cobro de honorarios regulado en concepto de costas debe hacerse siguiendo el procedimiento de ejecución de sentencia ante el juez o tribunal que hubiese intervenido en primera instancia, es ésta una pauta que no modifica la jurisdicción originaria de la Corte Suprema que deriva de la Constitución Nacional (Corte Sup., 12/12/1963, Fallos 257:221). En consecuencia, tal principio cede cuando la regulación ha sido practicada por tal Alto Tribunal, pues su jurisdicción que tiene raigambre constitucional no es susceptible de ser dejada de lado por vía legal (C. Nac. Civ., sala E, 10/7/1968, LL 133-1000, 19.502-S).

Se ha añadido, en sentido concordante, que para la ejecución de honorarios profesionales devengados en causas de jurisdicción originaria de la Corte Suprema, contra una provincia parte en el juicio, es menester acreditar la distinta vecindad en los términos de los arts. 100 y 101 de la Constitución Nacional y 24, inc. 1º del decreto ley 1285/58. Ello es así, no obstante haberse invocado los arts. 6º, inc. 1º y 501, inc. 1º del Código Procesal, pues es doctrina reiterada que la jurisdicción originaria de la Corte Suprema, que emana de la Constitución Nacional, no es susceptible de ser modificada por vía legal (Corte Sup., 23/1/1970, Fallos 278:103; Rev. Arg. Der. Proc. 1970, v. 3, p. 393).

d) Conexión directa entre dos causas sucesivas

Mediando conexión directa entre causas sucesivas, la tramitación de la primera prorroga la jurisdicción personal distinta que pudo invocarse en la segunda (Corte Sup., Fallos 252:87; 254:358). En consecuencia corresponde al juez ante quien tramitó el juicio por reivindicación, y no al juez del domicilio del demandado, conocer del cumplimiento de dicha sentencia, devolución de frutos y pago de daños y perjuicios (Corte Sup., Fallos 254:358).

e) Transacción

Remisión: § 191, 26.


§ 733


Art. 500 — Suma líquida. Embargo.

Si la sentencia contuviere condena al pago de cantidad líquida y determinada o hubiese liquidación aprobada, a instancia de parte se procederá al embargo de bienes, de conformidad con las normas establecidas para el juicio ejecutivo.

Se entenderá que hay condena al pago de cantidad líquida siempre que de la sentencia se infiera el monto de la liquidación, aun cuando aquél no estuviese expresado numéricamente.

Si la sentencia condenase a una misma parte al pago de una cantidad líquida y de otra ilíquida, podrá procederse a la ejecución de la primera sin esperar a que se liquide la segunda.

CPCCN: Art. 502 — Suma líquida. Embargo. Si la sentencia contuviere condena al pago de cantidad líquida y determinada o hubiese liquidación aprobada, a instancia de parte se procederá al embargo de bienes, de conformidad con las normas establecidas para el juicio ejecutivo.

Se entenderá que hay condena al pago de cantidad líquida siempre que de la sentencia se infiera el monto de la liquidación, aun cuando aquél no estuviese expresado numéricamente.

Si la sentencia condenase a una misma parte al pago de una cantidad líquida y de otra ilíquida, podrá procederse a la ejecución de la primera sin esperar a que se liquide la segunda.

CPCCN (LEY U-0692): Art. 490.


Antecedentes

Cód. de Procedimiento Bs. As., derogado, 548, 549, 563, Cód. de Procedimiento Capital, derogado, 536, 537, 553.


Proyecto Buzaid

Capítulo VI

De la liquidación de la sentencia

Art. 650.— Se procederá a su liquidación cuando la sentencia no determine el valor o no individualice el objeto de la condena.

Art. 651.— Se hará la liquidación por pericia de contador, cuando la condena comprenda:

I. Interés o rendimiento de capital, cuya tasa se halle establecida por ley o contrato.

II. El valor de las mercancías que tengan cotización en bolsa.

III. El valor de los títulos de deuda pública, así como el de acciones u obligaciones de sociedades que tengan cotización en bolsa.

Art. 652.— Requerida la entrega de los autos al contador y elaborado el peritaje, sobre éste se manifestarán las partes en el plazo común de cinco (5) días. No habiendo impugnación, se resolverá.

Parágrafo único: El mandato ejecutivo contendrá además de lo presupuestado, la resolución.

Art. 653.— Se hará la liquidación por arbitraje:

I. Cuando lo determine la sentencia o lo convenido por las partes.

II. Cuando lo exige la naturaleza u objeto de la liquidación.

Art. 654.— Requerida la liquidación por arbitraje, las partes designarán los peritos conforme con el artícu­lo 457; inmediatamente el juez designará audiencia de instrucción o de juzgamiento.

Art. 655.— Se hará la liquidación por mandante, cuando para determinar el valor de la condena, se necesita alegar o probar hecho nuevo.

Art. 657.— Está prohibido en la liquidación, discutir de nuevo la litis, o modificar la sentencia que la juzgó.

Art. 658.— Resuelta la liquidación, la parte promoverá la ejecución citando personalmente al deudor.


a) Intimación de pago: trámite innecesario

Debe tenerse presente que no hay necesidad de requerir el pago al deudor vencido, pues la notificación de la sentencia es equivalente y sustitutiva de ese requerimiento.


b) Embargo ejecutorio: trámite esencial

El embargo, en cambio, constituye trámite esencial, porque lo que se persigue mediante la ejecución de sentencia no es sino la transformación económica de los bienes embargados del deudor, por conducto de la venta judicial, a fin de que el vencedor quede satisfecho. No tendría objeto que de mediar oposición del deudor, como consecuencia del nuevo período de conocimiento, breve y determinado, que se abre en la etapa de ejecución, volviera el juez a dictar un pronunciamiento de mero efecto declarativo, pues con ello no se haría sino reproducir, antieconómicamente, lo que ya está resuelto por la sentencia en ejecución. Conviene por ello tener en cuenta que la resolución que se dicte por virtud de la oposición de excepciones del vencido en la ejecución, deberá limitarse a resolver si la ejecución se lleva adelante. Trátase de una sentencia de venta, en el sentido de que sólo dispone que se proceda o no al remate judicial —subasta— de los bienes embargados. Por tanto, las meditaciones de Lascano (infra, § 751, C) sobre la verdadera naturaleza del juicio ejecutivo son plenamente válidas en la ejecución de sentencia, pues se debe concluir que si no hay bienes embargados la ejecución no puede proseguirse.


c) Condena al pago de cantidad líquida

Se entiende que hay condenación al pago de cantidad líquida "siempre que de la sentencia misma se infiera el monto de la liquidación, aun cuando aquél no estuviese expresado numéricamente", según lo señala el segundo apartado de la norma en examen. Si además, la condena lleva intereses, han de liquidarse de la forma en que se hubiera indicado en la sentencia que se está ejecutando.

d) Ejecución parcial de la sentencia

Si la sentencia condenase a una misma parte al pago de una cantidad líquida y de otra ilíquida, como lo autoriza la parte final, podrá procederse a hacer efectiva la primera, sin esperar que se liquide la segunda. Debiendo señalarse que, como ya lo había observado la doctrina tradicional, la disposición es también aplicable a todos los casos en que la sentencia imponga obligaciones diferentes (de dar, hacer y no hacer), pudiéndose ejecutar alguna de ellas con independencia de las otras.


Jurisprudencia bonaerense

a) Desestimatoria in limine

El juez, igual que en el juicio ejecutivo, debe denegar la ejecución de sentencia si comprueba que el título invocado por el actor no es ejecutorio, o que es inhábil en razón de que el pronunciamiento no ha sido consentido o ejecutoriado o no ha vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o se pretende ejecutar por quien carece de legitimación procesal activa o contra quien no es el legitimado pasivo, o por una suma que exceda la establecida en la condena, todo ello con el alcance de que dicho examen no reviste carácter definitivo, ni genera preclusión alguna(103)(C. 1ª La Plata, sala I, causa 205.631, reg. sent. 265/89).

Así, por ejemplo, puede rechazarse liminarmente la ejecución de honorarios si se advierte que los mismos no están firmes (C. Civ. y Com. San Martín, sala 2ª, 29/11/2007, "Font, Alejandro Carlos v. Sarquímica SRL s/Incidente de ejecución de honorarios", Juba sumario B2004085).

b) Sumas ilíquidas y líquidas

Por vía de principio se ha establecido que no puede pretenderse que se esté ante un supuesto de suma ilíquida que requiera previa determinación por el andarivel judicial, cuando la liquidez sólo depende de una simple operación aritmética (Sup. Corte Bs. As., DJBA 82-217; Ac. y Sent., 1967-II-485).

Dicha doctrina se integra con la declaración de que cuando la sentencia condena a una misma parte al pago de una cantidad líquida y de otra ilíquida, puede procederse a la ejecución de la primera sin esperar a que se liquide la segunda (arts. 497 y 500, Cód. Procesal) (C. 1ª La Plata, sala III, causa 157.476, reg. int. 335/73).

En aplicación de la regla enunciada en primer término se ha decidido que si la sentencia dictada, en su parte resolutiva ha fijado el alquiler reajustado que debe abonar el demandado desde la fecha de la notificación de la demanda, y se ha procedido por la parte actora a practicar liquidación correspondiente a dicho reajuste, la cual ha sido aprobada judicialmente, ha quedado configurada la situación prevista por el art. 500 del ordenamiento procesal, correspondiendo en consecuencia obrar ejecutivamente. Lo contrario, importaría vulnerar el principio de economía procesal que ha sido explícitamente receptado por el Código vigente (C. 2ª La Plata, sala III, causa B-37.195, reg. int. 246/73).

c) Improcedencia de la intimación de pago

Tratándose de la ejecución de una sentencia que condena al pago de cantidad líquida o liquidable, no corresponde efectuar al deudor la intimación de pago, siendo que esta formalidad indeficiente para constituirlo en mora, queda cumplida desde la fecha de la notificación de la sentencia que se ejecuta, o bien desde la notificación del auto que aprueba la liquidación formulada como consecuencia de dicha sentencia (Alsina, Tratado, 2ª ed., v. II, p. 122, nº 8 "c", nota 24 y jurisprudencia allí citada) (C. 1ª La Plata, sala III, causa 154.565, reg. int. 6/73; C. 2ª La Plata, sala I, causa B-44.305, reg. sent. 13/78; idem, sala II, causa B-35.988, reg. int. 464/72; idem, sala III, causas B-34.009, reg. int. 96/72 y B-38.112, reg. int. 488/73; C. 1ª Apel. Mar del Plata, causa 73.854, reg. sent. 220/89 y, luego, 12/5/1998, "Manazzoni S.B v. Saralegui Juan O. s/Nulidad de Inscripción y restitución inmueble", Juba sumario B1351603).

Tratándose de la ejecución de una sentencia, la condena pronunciada por el juez importa la intimación al pago de la suma de condena, por lo que no tiene ninguna incidencia en favor del deudor el hecho que ésta haya completado el pago del capital fijado en la sentencia ejecutoriada con anterioridad al traslado de la ejecución promovida, si, en definitiva lo hizo con posterioridad a la notificación de aquel pronunciamiento condenatorio que obligaba al pago de una cantidad líquida, que es equivalente y sustituye a la intimación de pago que el trámite de la ejecución de sentencia no contempla expresamente (C. Civ. y Com. Trenque Lauquen, 23/12/1993, "García, Juan D. v. James, Roberto", LLBA 1994-134).

d) Embargo ejecutorio

Remisión: infra art. 529.

El art. 500 de la ley adjetiva —incluido en el capítulo relativo a la ejecución de sentencias—, se remite a los preceptos del juicio ejecutivo, entre los que se encuentra el art. 533 que dispone que el acreedor no podrá exigir que el embargo recaiga sobre determinados bienes con perjuicio grave para el deudor, si hubiese otros bienes disponibles (C. 2ª La Plata, sala III, causa B-29.001, reg. int. 57/70).

Téngase presente que el embargo es trámite esencial en la ejecución de sentencia, porque su objeto es, precisamente, la venta de los bienes para el pago del crédito (Alsina, Tratado, 2ª ed., v. V, p. 123, nº 8 "e"). En efecto, en este tipo de proceso se persigue la transformación económica de los bienes embargados del deudor, por conducto de la venta judicial, a fin de que el vencedor quede satisfecho, razón por la cual el embargo ejecutorio, constituye un presupuesto visceral, previo a la citación de venta (arts. 500 y 503, Cód. Procesal; Alsina, Tratado, 2ª ed. v. V, p. 123, "e"; Morello-Passi Lanza-Sosa-Berizonce, Códigos Procesales, 1ª ed., v. VI-1, p. 39, "b" y ps. 42, 43 y jurisprudencia citada; Podetti, Tratado de las ejecuciones, 1952, ps. 451/452) (C. 2ª La Plata, sala I, causa B-43.496, reg. int. 243/77; C. Civ. y Com. San Nicolás, 24/8/2010, "Spoto Raúl David v. Malacalza Julia (su sucesión) s/Ejecución de sentencia y honorarios", Juba sumario B858797).

En los juicios de ejecución de sentencia, el embargo previo constituye un trámite esencial y necesario, pues, a diferencia de lo que ocurre en el juicio ejecutivo, la citación del deudor para la venta está supeditada a la traba del embargo (doct. arts. 503, 497 y ccdtes., CPCC). En virtud de ello, a falta de esa cautelar no es viable encauzar dicha ejecución, pues el proceso se cumple en función de la posibilidad de realizar bienes para el pago del crédito (arts. 500 y 503 del CPCC), de modo que él carecería del objeto si no se partiera o mantuviese ese presupuesto, perdiendo operatividad de citación de venta del deudor que pudiere haberse hecho (art. 503 cit.) (C. Civ. y Com. San Martín, sala 2ª, 28/6/2005, "Silveyra, Alberto Javier v. La Economía Comercial SA de Seg. Grales. s/Ejecución de honorarios", Juba sumario B2003215).

Teniendo en cuenta que en el proceso de ejecución de sentencia el embargo constituye un trámite esencial y necesario previo a la citación de venta, se arriba al extremo de la imposibilidad de disponerse el principio de ejecución ante la inexistencia de embargo, dado que se verificaría la carencia de objeto del proceso (arts. 497, 503 y ccts. del CPC) (C. Civ. y Com. Quilmes, sala 1ª, 6/7/1999, "Fariñas de Celaya María v. Celaya Juan Carlos s/Incidente Nulidad", Juba sumario B2901056).

En esas condiciones, la inhibición general de bienes no es la cautelar idónea al no abastecer tal referido objeto que tiene en mira el trámite de esta acción, y si bien genera la inmovilización de presuntos bienes registrables de propiedad del deudor, imposibilitándole la ejecución de actos de disposición, no abre la vía para su realización (C. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 2ª, 23/9/2004, "Peláez, Ricardo Raúl v. Branne, Mónica Patricia s/Ejecución de honorarios", Juba sumario B301320; C. Civ. y Com. San Nicolás, 5/5/2009, "Litardo Jorge Luis v. Scatena Anita Stela s/Ejecución de honorarios", Juba sumario B858452).

Con todo, se ha dicho que tal exigencia no ha de interpretarse de manera tan extrema que hagan presuponer que deben existir tantos embargos como ejecutados haya en la causa, toda vez que la esencia misma del embargo es garantizar el cumplimiento de la sentencia de venta, mas no resguardar personalmente el crédito del acreedor (C. Civ. y Com. Lomas de Zamora, sala 1ª, 4/10/2007, "López, María Alejandra v. Tanasichuk, Gabriel s/Desalojo por falta de pago", Juba sumario B2550712).

Aunque, por supuesto, no obstante ser suficiente la traba de embargo ejecutorio sobre un bien de uno de los ejecutados, la citación de venta deberá realizarse respecto de cada uno de ellos, ya que la misma tiene por finalidad permitir al deudor oponer excepciones ante el progreso de la ejecución (C. Civ. y Com. Azul, sala 1ª, 22/6/2009, "Rodríguez Néstor Gabriel v. Alessio Santiago Arnoldo y otros s/Incidente de ejecución de honorarios").

Incluso se ha entendido que, en los juicios de ejecución de sentencia si no se ha trabado embargo, al demandado le está vedada su presentación. Es que la apertura de la instancia provocada por la presentación de la demanda, no legitima su intervención espontánea (C. Civ. y Com. Pergamino, 27/6/1996, "Pacífico Annan, Juan Carlos v. Martín Hnos. Sociedad de hecho s/Ejecución de honorarios", Juba sumario B2800766).

e) Potestades oficiosas del órgano jurisdiccional: perjuicios o gravámenes innecesarios

Cuando se transita el proceso de ejecución de sentencia, por expresa disposición del art. 500 de la legislación adjetiva que remite a las normas que regulan el embargo de bienes en el proceso ejecutivo, el Juez puede, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes, disponer una medida distinta de la solicitada o limitarla teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intenta ejecutar (art. 204, Cód. Procesal) (C. 1ª Apel. San Isidro, reg. sent. 344/90).


Jurisprudencia nacional

a) Sumas ilíquidas y líquidas

Debe entenderse por condena al pago de cantidad líquida, la que se infiera de las pautas determinadas por la sentencia, a los fines de la liquidación, aun cuando no estuviere expresado numéricamente, pues la misma depende de una simple operación aritmética (C. Nac. Civ., sala E, 26/6/1985, JA 1986-II-550 o LL 1987-B-593, 37.612-S)

Desde el punto de vista de la conversión de la obligación a una nueva moneda, se ha tenido ocasión de decidir que el monto de la condena a pagar una suma determinada, no sólo importó ajustarse a las nuevas disposiciones legales, sino también la adopción de un criterio firme y adecuado de establecer la cantidad líquida (C. Nac. Fed. Cont. Adm., sala IV, 24/4/1986, LL 1986-E-497).

b) Improcedencia de la intimación de pago

En la ejecución de sentencia no corresponde diligenciar mandamiento de intimación alguno; primeramente, porque la ley no lo prevé y en segundo término, por cuanto éste queda suplido con la notificación de la sentencia de condena (C. Nac. Civ., sala B, 9/8/1973, Der. 52-258). Además, se ha adunado que si bien la intimación de pago constituye el primer acto procesal que, en el juicio ejecutivo, llega a conocimiento del ejecutado, y es lógica a los fines de la interpelación a los efectos de la citación para la defensa, ello en cambio resulta inadmisible en ocasión de la citación de venta, que presupone citaciones precedentes que han coronado con una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada (C. Nac. Com., sala B, 13/12/1968, LL 134-854 o Der. 29-318); máxime porque el deudor puede evitar el embargo depositando el importe de la liquidación inmediatamente después de aprobada ésta.

c) Embargo ejecutorio

Remisión: infra art. 531.

En el procedimiento de ejecución de sentencia, el embargo constituye un trámite esencial y necesario previo a la citación de venta, por cuanto el procedimiento se cumple en función de la realización de los bienes para el pago del crédito al acreedor (C. Nac. Civ., sala B, 10/3/1976, LL 1978-D-809, 34.794; sala C, 15/12/1970, Der. 37-538 o LL 149-616, 30.123-S o JA 1971, v. 11, sec. sint., p. 558, nº 141; idem, sala E, 2/3/1971, Der. 37-688; idem, sala F, 18/12/1974, Der. 60-234 o LL 1975-C-584, sum. 1435; 16/9/1987, LL 1989-E-581, 38.116-S).

Al respecto, y más actualmente, indica la Corte Suprema de Justicia que de conformidad con lo dispuesto por el art. 502 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación el embargo constituye un trámite esencial del proceso de ejecución de sentencia, por cuanto ella se cumple en función de la realización de los bienes que sean necesarios para el pago del crédito que ha sido reconocido (Corte Sup., 7/5/2002, "Dimensión Integral de Radiodifusión SRL v. Provincia de San Luis", La Ley Online AR/JUR/8536/2002).

No media, por lo tanto, principio de ejecución de sentencia cuando no existe embargo alguno, pues la misma comienza con esa medida a que se refieren los arts. 502, primera parte, y 504 del ordenamiento adjetivo (C. Nac. Fed., sala I, civ., y com. 6/9/1974, LL 1975-A-469).

Es que a diferencia de lo que ocurre en el período de conocimiento del juicio ejecutivo, es nulo el procedimiento de ejecución de sentencia si no hay embargo previo, por carecer de objeto (C. Nac. Civ., sala F, 4/12/1973, Der. 53-200 o LL 156-802, 31.619-S).

Se ha añadido en torno al embargo, que el art. 233 de la legislación adjetiva sienta que lo dispuesto en el capítulo "Medidas cautelares" respecto del embargo preventivo "es aplicable al embargo ejecutivo". La doctrina desde hace años y la jurisprudencia a la zaga de la misma, ha dicho siempre que el embargo preventivo, ejecutivo y ejecutorio, se rigen por el mismo cartabón ya que siendo el primero el embargo por excelencia, los principios generales que informan al mismo son de aplicación en todo aquello que no se encuentre reglamentado particularmente (C. Nac. Esp. Civ. y Com., sala IV, 31/7/1980, BCNEC y C, 981-699, núm. 10.469).

Empero también se ha declarado, que en el trámite de ejecución de sentencia el derecho del acreedor a cobrar de inmediato su crédito torna inaplicables las disposiciones de los arts. 204 a 206 del Código Procesal, que se refieren a las medidas precautorias y no al embargo ejecutorio (C. Nac. Com., sala B, 8/10/1969, LL 138-795).

Aunque más recientemente ha dicho la Corte Suprema que la ejecución forzada no puede ir más allá de lo necesario para atender al interés del acreedor, por lo que procede la sustitución de los bienes embargados por otros que resulten suficientes para cubrir el crédito y sean susceptibles de realización en iguales condiciones que aquéllos (Corte Sup., 7/5/2002, "Dimensión Integral de Radiodifusión SRL v. Provincia de San Luis", La Ley Online AR/JUR/8536/2002).

d) Ejecución parcial

Remisión: ut supra § 730 "e".

e) Ejecución de la parte pro indivisa

La ejecución de la parte pro indivisa que corresponde a los ejecutados en el bien embargado en autos encuentra debido sustento legal, en el estado de la causa, en lo dispuesto por los arts. 2676 y 2677 del Código Civil, ya que el jus abutendi que la primera de dichas normas reconoce a favor de los deudores sobre la cosa común dentro de ese límite tiene su correlativo en el derecho que la ley confiere al acreedor de disponer judicialmente de esa parte "ideal", aun antes de hacerse la división entre los comuneros (C. Nac. Com., sala A, 12/3/1975, LL 1975-C-507, 32.674-S).

f) Recurso de apelación: inapelabilidad

En el procedimiento de ejecución de sentencia regulado por los arts. 499 y ss. del Código Procesal, el auto que dispone la traba del embargo, de conformidad con el art. 502 del Código citado, no es susceptible de apelación, debiendo el afectado —en su caso— oponer excepciones en la oportunidad de la citación de la venta (art. 505, Cód. cit.) (C. Nac. Civ., sala F, 21/10/1980, LL 1981-A-67).


§ 734


Art. 501 — Liquidación.

Cuando la sentencia condenare al pago de cantidad ilíquida y el vencedor no hubiese presentado la liquidación dentro de diez (10) días contados desde que aquélla fuere ejecutable, podrá hacerlo el vencido. En ambos casos se procederá de conformidad con las bases que en la sentencia se hubiesen fijado.

Presentada la liquidación se dará vista a la otra parte por cinco (5) días.

CPCCN: Art. 503 — Liquidación. Cuando la sentencia condenare al pago de cantidad ilíquida y el vencedor no hubiese presentado la liquidación, dentro de diez días contados desde que aquélla fuere ejecutable, podrá hacerlo el vencido. En ambos casos se procederá de conformidad con las bases que en la sentencia se hubiesen fijado.

Presentada la liquidación se dará traslado a la otra parte por cinco días.

CPCCN (LEY U-0692): Art. 491.


Antecedentes

Código Procedimiento Buenos Aires, derogado, 554. Código Procedimiento Capital, derogado, 542, 543.


a) Sentencia que condena al pago de cantidad ilíquida

Respecto de esta clase de condena, establece el artícu­lo 165 del Código Procesal de Buenos Aires o Código Procesal Nacional que cuando la sentencia contenga condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios, fijará (el juez) su importe en cantidad líquida o establecerá por lo menos las bases sobre que haya de hacerse la liquidación. Si por no haber hecho las partes estimación de los frutos o intereses no fuese posible ni lo uno ni lo otro, se los determinará en proceso sumarísimo. La sentencia fijará el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto (véase § 348).

Es decir, en lo que aquí interesa, que estando fehacientemente acreditada la existencia del perjuicio, aun cuando no justificado su monto, deberá el juez fijar el importe del resarcimiento, sin necesidad de recurrir al juramento del vencedor como antes lo disponía el artícu­lo 264 del Código Procesal de Buenos Aires, derogado.

Si es inequívoca la existencia de los daños, los jueces, para actuar la norma del artícu­lo 165, con arreglo a las circunstancias, pueden valerse de cualquier elemento de información, según lo ha admitido la jurisprudencia.

b) Trámite. Liquidación

Fuera de esa hipótesis, el artícu­lo 501 regula el trámite de la liquidación tratándose de sentencias que contengan al pago de cantidad ilíquida, sea que provengan de frutos, intereses o daños y perjuicios, simplificando notoriamente, en este aspecto, el procedimiento contenido en los Códigos derogados.

La liquidación tiene por objeto determinar las sumas con sujeción a las bases señaladas en la sentencia y será practicada, en todos los casos, por el acreedor; pudiendo hacerlo el vencido sólo cuando hubieren transcurrido, sin que aquél la haya presentado, diez días desde que la sentencia quedó en condiciones de ser ejecutada.

Presentada la misma, el juez dará vista a la otra parte por el término de cinco días. Estando de acuerdo con ella o transcurrido el plazo, se procederá a hacer efectiva la suma que resulte en la forma prescripta para el supuesto de cantidad líquida. No habiendo conformidad, se aplicarán las normas establecidas para los incidentes en el artícu­lo 178 y siguientes (arts. 502, Cód. Proc. Bs. As., o 504, Cód. Proc. Nac.).


Jurisprudencia bonaerense

Liquidación

Remisión: § 348

a) Principio general

Queda configurada la situación que aprehende el art. 501 del Código Procesal, cuando en el proceso de conocimiento no ha sido posible determinar con precisión el quantum debeatur, lo que significa que no ha podido convertirse en líquido el monto de la condena, y en razón de la indeterminación final del mismo, se fijaron solamente las pautas a las cuales debía ceñirse el reajuste y accesorios, previéndose en la parte dispositiva las bases para llevar a cabo la liquidación (arts. 34, inc. 5º, 163, inc. 6º, 165, 1º apart., Cód. Procesal).

Por consiguiente, estando consentida la sentencia, y habiendo transcurrido el plazo fijado, bien pudo la actora motorizar la tramitación reglada en el Libro III, Título I, Capítulo I, del Código Procesal, habida cuenta de que se está en presencia de estadios firmes y cuyo posterius reconoce basamento instrumental cierto (arts. 501, 502, 503, Cód. Procesal) (C. 2ª La Plata, sala I, causa B-57.138, reg. 466/92).

Va de suyo que frente a la inactividad de la vencedora, la parte vencida se halla facultada para presentar la liquidación, pues se trata de una facultad otorgada por el art. 501 de la legislación adjetiva, para el supuesto en que el vencedor omita hacerlo, y no constituye un requisito para el planteamiento de impugnaciones previsto por el art. 502, sujeto a las exigencias del art. 178 del mismo cuerpo legal (Sup. Corte Bs. As., DJBA 118-173).

b) Traslado

La liquidación tiene por objeto determinar las sumas que corresponden, conforme lo manda la sentencia, y para garantizar el debido proceso se corre traslado al obligado para que formule las observaciones que estime pertinentes (C. Civ. y Com. Junín, 27/2/1991, "Gjurisich, Dardo A. v. Marrese, Alberto A.", LL 1991-D-279).

El traslado de la liquidación tiene por finalidad que la contraria concrete sus observaciones en el momento de evacuarlo; siendo ella la materia sobre la que ha de pronunciarse el juez y consecuentemente la alzada, sin que sea dado alegar ante ésta, por primera vez, impugnaciones ajenas al estricto marco de la liquidación y las bases sentadas por la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada (arts. 497, 501, Cód. Procesal; Morello-Passi Lanza-Sosa-Berizonce, Códigos Procesales, 1ª ed., v. VI-1, ps. 44 y 45, b) (C. 2ª La Plata, sala I, causa A-34.748, reg. sent. 33/80; B-75.138, reg. sent. 466/92).

Al respecto se ha declarado, desde hace mucho tiempo, que no es procedente la suspensión del plazo para contestar el traslado de la liquidación, fundada en la omisión de no haberse practicado aún la regulación de honorarios en la alzada y en la Suprema Corte, desde que ello no es óbice para su determinación y la inclusión ulterior de éstos, por cuando las liquidaciones judiciales se aprueban en cuanto "ha lugar por derecho", lo cual significa que pueden modificarse o rectificarse, si nuevos elementos de juicio demuestran que se incurrió en error o se practicó un cálcu­lo no acorde con la realidad(104).


Jurisprudencia nacional

Liquidación

Remisión: § 348

La liquidación tiene por objeto determinar la suma [la cantidad] que debe abonar al vencedor, el vencido, con arreglo a las bases establecidas en la sentencia, cuando existe condena al pago de cantidad ilíquida procedente de frutos o de daños y perjuicios y, también es práctica habitual realizarla cuando fuera necesario efectuar compulsas en el expediente (C. Nac. Civ., sala B, 13/5/1977, Der. 76-348). Pero si lo que se ejecuta son las cantidades líquidas y determinadas que contenía la sentencia (art. 502, Cód. Procesal), no se requiere el procedimiento establecido por los arts. 503 —presentación de liquidación— y 504 —conformidad del deudor— (C. Nac. Civ., sala B, 28/6/1973, Der. 50-217; Der. 49-524).

Por vía de principio se ha subrayado que la liquidación presentada a los efectos de la ejecución de una sentencia no puede contener otros rubros que los establecidos en la condena (C. Nac. Com., sala C, 14/2/1969, Der. 26-480); así como que no cabe la ejecución de la liquidación presentada cuando aún no había transcurrido el plazo fijado por el tribunal para el pago de la suma a que se condenó (C. Nac. Civ., sala E, 29/5/1959, LL 99-768, 4673-S), desde que la liquidación ha de practicarse luego de consentida o ejecutoriada la sentencia —véase infra § 730—.

Desde el vértice de los intereses moratorios —representativos del daño derivado de la privación de los capitales en dinero y que tienen en cuenta la lucratividad de la que el actor se vio privado—, se ha resuelto, que no puede pretenderse en la etapa de ejecución de sentencia introducir hechos nuevos para su prueba, porque no otro es el propósito: en esa etapa podrán liquidarse daños probados, pero, no proponer la prueba de daños sobre los cuales no versó la litis (C. Nac. Civ., sala A, 25/11/1986, LL 1987-B-362 o DJ 1987-2-465).

Interesa igualmente puntualizar, en otro orden de cosas, que carece de objeto procesal útil formular liquidaciones, en tanto no existan bienes objeto de ejecución sobre los cuales cobrarse, por lo que en tal caso se ha decidido no dar curso a nuevas cuentas —satisfecho el razonable interés de su lado en fijar la cuantía del crédito— hasta tanto se aprehendan bienes para su satisfacción (C. Nac. Com., sala D, 31/3/1980, LL 1981-C-326 o BNCom. 981-3-4).


§ 735


Art. 502 — Conformidad. Objeciones.

Expresada la conformidad por el deudor, o transcurrido el plazo sin que se hubiese contestado la vista, se procederá a la ejecución por la suma que resultare, en la forma prescripta por el art. 500.

Si mediare impugnación se aplicarán las normas establecidas para los incidentes en los arts. 178 y siguientes.

CPCCN: Art. 504 — Conformidad. Objeciones. Expresada la conformidad por el deudor, o transcurrido el plazo sin que se hubiese contestado el traslado, se procederá a la ejecución por la suma que resultare, en la forma prescripta por el art. 502.

Si mediare impugnación se aplicarán las normas establecidas para los incidentes en los arts. 178 y siguientes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este artícu­lo y en los dos anteriores, el acreedor podrá solicitar se intime por cédula al ejecutado el pago de lo adeudado, cuando se trate de cantidad líquida y determinada o hubiere liquidación aprobada.

CPCCN (LEY U-0692): Art. 492.


Antecedentes

Código Procedimiento Buenos Aires, derogado, 555. Código Procedimiento Capital, derogado, 544.


a) Conformidad

Sea que el deudor (o, en su caso, el acreedor) hubiere prestado conformidad con la liquidación practicada, o que transcurriere infructuosamente el plazo concedido, corresponderá proceder a la ejecución por la suma resultante, conforme a las reglas del artícu­lo 500.


b) Impugnación

Si, por el contrario, mediare impugnación de parte interesada, deberá ser sustanciada por la vía incidental (véase § 359).


c) Poderes del juez

Es necesario puntualizar, todavía, que en concordancia con el emplazamiento reconocido al órgano jurisdiccional en la legislación vigente (§ 157, § 217), los jueces tienen poderes-deberes suficientes para fijar o modificar de oficio, en determinados supuestos, las liquidaciones practicadas por las partes, con prescindencia de la actitud de la contraria, según lo ha admitido reiteradamente la jurisprudencia (véase infra, anotación)(105).


d) Reformas de la ley 22.434

La ley de reformas en el orden nacional (ley 22.434, párr. 3º) faculta al ejecutante a intimar por cédula al condenado lo que adeuda si "se tratare de cantidad líquida y determinada o hubiere liquidación aprobada". Simplifica un trámite costoso, neutralizando el embargo como trámite esencial.


Jurisprudencia bonaerense

a) Conformidad

Presentada la correspondiente liquidación, procede hacer efectiva la suma que resulte, de existir conformidad de la contraria —ya sea expresa o tácita—; en caso contrario, se recibirá el incidente a prueba si así correspondiere(106).

b) Corrección oficiosa

Se ha comenzado declarando que si no se trata del caso del inc. 1º in fine del art. 166 del Código Procesal, y como quiera que la conjunción "o" del art. 502 ubica en situación de equivalencia a la conformidad con el silencio, la corrección oficiosa en la liquidación no se adecua a la letra de tal norma, que consagra una solución procesal dentro de un lineamiento sancionatorio al incumplimiento de cargas procesales (C. 2ª La Plata, sala III, causa B-27.045, reg. int. 450/69).

Ello no obstante, ha de entenderse que tal regla admite excepciones cuando aparecen conculcados el orden público, la moral o las buenas costumbres. En tal sentido tratándose de los intereses calculados en dicha liquidación, puede ex officio el órgano jurisdiccional verificar si los mismos afectan tales principios, pues la libertad de las partes para fijar la tasa de interés no es absoluta y queda supeditada a que se no se menoscaben aquellos estándares (C. Nac. Civ., sala C, Der. 126-193) (C. 2ª La Plata, sala III, causa B-38.127, reg. int. 500/73).

Más actualmente, la jurisprudencia local ha señalado que es función del juzgador ajustar la liquidación a lo que corresponde según derecho, con prescindencia de las pretensiones y objeciones que postulen las partes, y aun frente al silencio del obligado (C. Civ. y Com. Quilmes, sala 1ª, 11/2/2010, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires v. Paleta, Humberto s/Apremio", Juba sumario B2901733).

Que el juez de mérito cuenta con amplias facultades, en su carácter de director del proceso, para ejercer un control de las liquidaciones presentadas por las partes, incluso cuando no hubieran sido objetadas por la contraria (C. Civ. y Com. Azul, sala 1ª, 13/2/2014, "Banco Credicoop Cooperativo Limitado v. Ramil, Oscar José y otra s/ cobro ejecutivo").

Que las liquidaciones en el trámite de ejecución de sentencia se aprueban "en cuanto hubiera lugar por derecho", porque permiten correcciones posteriores cuando se haya deslizado un error numérico, o la aplicación de un principio que resulte contrario a la norma del art. 953 del Código Civil y sus concordantes. Por lo tanto, el tribunal está facultado para corregir de oficio los errores cometidos al practicar la liquidación de la deuda, aún cuando no mediare observación en su oportunidad de la contraparte o estas fueren presentadas extemporáneamente. Una solución contraria equivaldría a imponer a los órganos jurisdiccionales cohonestar toda evidencia, como modo de impedir que en la etapa de ejecución de sentencia sea tergiversado el contenido de la condena. De otro modo el fallo sería desvirtuado en la etapa que está destinada a hacerlo cumplir (arts. 501, 508, 557 y 589 Código Procesal) (C. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 1ª, 25/2/2010, "Amaro, Sergio v. Provincia de Buenos Aires s/Daños y perjuicios", Juba sumario B257439).

Y que cuando se advierte que la liquidación no se adecua a las pautas consignadas en la sentencia, aun cuando no mediare observación oportuna de la contraparte, es facultad del juez revisar la misma y dejarla sin efecto (C. Civ. y Com. San Nicolás, 5/11/2009, "Banco Integrado Cooperativo Ltdo. Su quiebra v. Campos Susana Beatriz y otros s/Cobro ejecutivo", Juba sumario B858604).

Potestad que se ha extendido a la Alzada (C. 2ª Quilmes, 2821, R181/99).

Es que, si así no se lo hace, se llegaría a tergiversar el sentido de la condena en la etapa destinada a hacerla cumplir (C. Civ. y Com. Dolores, 26/2/2008, "Galeano Benito v. La Tropilla de Rocca s/Daños y perjuicios", Juba sumario B951234; C. Civ. y Com. San Martín, sala 2ª, 23/6/2009, "Gómez Torralba II SA v. Bulfoni, Rosario Julia s/Cobro ejecutivo", Juba sumario B2004306).

c) Objeciones: efectos

Si la liquidación presentada constituye derivación lógica jurídica de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, imbricándose en el estadio procesal de la ejecución de la misma (arts. 497, 501 y 502, Cód. Procesal), es inviable objetar las bases sentadas en aquélla, irrumpiendo los lineamientos prefijados con la estimación de rubros no peticionados, ni por ende receptados por el órgano judicial (arts. 163, incs. 5º y 6º, 267, 272, Cód. Procesal) (C. 2ª La Plata, sala I, causa B-34.748, reg. sent. 33/80).

Tratándose de un juicio ordinario o de un plenario abreviado, si el accionado impugna la liquidación practicada por la actora, el procedimiento de ejecución de sentencia no está expedito hasta tanto quede consentido el auto que, resolviendo las impugnaciones, manda aprobar la liquidación. Ello es así tanto por la posibilidad que tiene el demandado de apelar la providencia que resuelva el incidente de impugnación, como porque dentro de ese lapso puede cumplir espontáneamente la sentencia, depositando y dando el pago el importe total de la liquidación aprobada, lo que constituye no sólo un deber sino también un derecho del demandado (doc. arts. 34, inc. 5º "b", "c" y "e"; 133, 156, 242, 244, 501, 502, Cód. Procesal) (C. 2ª La Plata, sala II, causa B-35.160, reg. int. 280/72).

En el terreno mismo de las impugnaciones, la casación local ha remarcado la existencia de una carga impuesta por el art. 502 del CPCC de fundamentación en los hechos y en el derecho, que si no es satisfecha ocasiona la repulsa liminar de los cuestionamientos que pudieran haberse efectuado (Sup. Corte Bs. As., 22/10/2008, "Antonetti, Omar Horacio y otros v. Provincia de Buenos Aires. Tercero: Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/Inconstitucionalidad ley 11.761", Juba sumario B95503).

En este sentido, se ha resuelto que quien intente impugnar una liquidación con éxito, para patentizar el perjuicio concreto que le causa, debe ineludiblemente expresar cuál es el error en que se incurrió y expresar el monto que hubiera correspondido (C. Civ. y Com. Quilmes, sala 1ª, 15/5/2008, "López, Ezequiel v. Clínica Brandzen SA s/Cobro de pesos", 11/2/2010, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires v. Paleta, Humberto s/Apremio", Juba sumario B2904041).

Así, ha de demostrar fundadamente, ya la improcedencia de los rubros indebidamente incluidos o en su caso, cuál sería el numeral correcto según su parecer, dando cuenta de la operación que le sirve de antecedente que ponga de relieve el error que se le endilga al trámite cuestionado, que no puede ser otro que la falta de ajuste al decisorio sobre el que se asienta el cálcu­lo (C. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 1ª, 21/5/2009, "Gross, Enrique Celin s/Incidente de ejec. de hon. en Iassi v. Benítez s/Ds. y ps.", Juba sumario B257520).

Por lo tanto es manifiestamente insuficiente limitar la fundamentación a esgrimir que es de "público conocimiento" que la tasa activa no coincide con los porcentajes usados en la liquidación, cuando debió decir dónde estaba el error, cuál era el cálcu­lo que debía efectuarse y, por último, expresar el monto que correspondía de acuerdo a las pautas usadas (C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 2ª, 2/2/2011, "Izquierdo Cáceres, María Erika v. Bustos de Guerrero, Trinidad s/Ejecución hipotecaria", Juba sumario B1401080).

Con todo, y al margen de que pudiera no asistirle razón al impugnante en su planteo, ello de por si no impone la aprobación de la liquidación, si la misma no es clara en cuanto a la forma en que se llegó al resultado en ella expresado (C. Civ. y Com. Trenque Lauquen, 12/12/2012, "Montejo, Juan Martín v. Pangaro, Mirta Mabel s/ materia a categorizar").

d) Directivas jurisprudenciales más importantes

Sobre la problemática en materia de intereses, se ha sentado como principio general que cuando el ejecutado se encuentra en mora (art. 509, Cód. Civil), cabe admitir la percepción de intereses sobre la cantidad de la liquidación aprobada, siendo ese supuesto una excepción a la prohibición del anatocismo, contemplado por el art. 623 del ordenamiento sustantivo (C. 1ª La Plata, sala II, causa 157.267, reg. int. 336/73).

De su lado, resulta tardía en la etapa de ejecución de sentencia cuestionar rubros que han quedado consentidos, como sucede con los gastos y honorarios que originara la pericia, pues el derecho que prevé el art. 476 del ordenamiento adjetivo debió ser actuado oportunamente (C. 2ª La Plata, sala II, causa B-37.559, reg. sent. 189/73).

Imbricándose la liquidación propuesta en el estadio procesal de ejecución de sentencia (arts. 497, 501, 502 del Código Procesal), resulta inviable alterar los términos de la condena mandando liquidar una tasa de interés disímil a la establecida en el decisorio firme pues, la fase ejecutoria ha de estar delimitada por los parámetros establecidos en la resolución que mandó llevar adelante la ejecución (C. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 1ª, 12/4/2007, "Israel Silicario, Osvaldo Juan v. López, Juan José y ot. s/Ejecución de sentencia", Juba sumario B256459).

Constituye a su vez un criterio difundido desde hace mucho(107), que aun cuando las liquidaciones judicialmente aprobadas sólo deben, en principio, abarcar gastos ya efectuados y cuya inversión se acredite fehacientemente, ello no es óbice para que, por razones elementales de economía procesal —a fin de evitar la reiteración de liquidaciones y traslados por sumas ínfimas—, se incluya algún rubro a invertir en aquellos trámites indispensables que necesariamente han de realizarse para obtener la percepción del crédito o la finalización de las actuaciones(108).

e) Trámite y resolución

El art. 501 ordena que una vez presentada la liquidación el juez debe dar vista de la misma a la contraparte, y si media impugnación se sustanciará mediante el trámite de los incidentes (arts. 501 y 502 del Cód. Proc.). Es decir, que de las objeciones que presente la demandada se debe correr traslado a la actora para que manifieste lo que crea conveniente y sin más trámite el juez deberá resolver dictando sentencia interlocutoria, aprobando la liquidación practicada por la actora, haciendo lugar a la impugnación presentada por la demandada, o si no se ajusta ninguna de ellas a derecho puede rechazarlas y fijarla de oficio (arts. 502, 178 y ss. y 161 del Cód. Proc.) o fijar con precisión y claridad las bases para su reconfección (C. Civ. y Com. Trenque Lauquen, 16/10/2007, "Rovira, Martin Antonio y otro v. Decotto, Domingo Evaristo y otra s/ cobro ejecutivo").


Jurisprudencia nacional

Conformidad. Objeciones

a) Principios generales

Partiendo del punto de vista de que la liquidación debe adecuarse a las bases fijadas en la sentencia, se ha declarado que si el pronunciamiento condenó concretamente a pagar a los demandados la suma reclamada y las costas del juicio sin mencionar para nada los intereses y el actor consintió expresamente el fallo y no pidió aclaratoria sobre esta omisión respecto del citado rubro que fuera reclamado en la demanda, es procedente la impugnación de la liquidación en punto a los intereses (C. Nac. Com., sala C, 14/2/1969, Der. 26-480; LL 134-991, 19.722-S); así como cuando se involucra una multa contractual en la liquidación, si la sentencia no la incluyó (C. Nac. Com., sala B, 14/2/1968, LL 134-1011, 19.856-S). De suerte que no corresponde prestar aprobación a la liquidación que se alza contra la cosa juzgada.

b) Impugnación. Tramitación: recurso de apelación

La impugnación a que se refiere el art. 504 del ordenamiento procesal para reunir los recaudos de tal, debe consistir en la observación concreta y detallada de los montos que integran la liquidación para demostrar en cada caso el error en que se hubiera incurrido. La circunstancia de que el recurrente hubiese practicado su propia liquidación no altera esta conclusión, ya que conforme a lo preceptuado por los arts. 503 y 504 del mismo Código si no estaba de acuerdo con la practicada por la actora debió impugnarla concretamente, y no limitarse a elaborar una nueva (C. Nac. Civ., sala G, 26/11/1981, LL 1982-B-308).

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 504, última parte del Código Procesal, si se impugna la liquidación practicada sobre la base de lo prescripto por el art. 503, deben aplicarse las normas establecidas para los incidentes en los arts. 178 y siguientes. Vale decir, que la resolución que se dicte en función del art. 185 es apelable en los términos del art. 246: en relación y sin efecto diferido (C. Nac. Civ., sala A, 21/6/1968, LL 135-1107, 20.879-S).

c) Intimación de pago de lo adeudado

Si bien la intimación prevista en el tercer apartado del art. 504 in fine del Código Procesal —texto según la reforma introducida por la ley 22.434—, constituye una excepción a la necesidad de proceder al embargo como trámite esencial en el proceso de ejecución de sentencia, tal circunstancia no la coloca fuera de dicho procedimiento, sino que configura una actuación previa (opcional para el acreedor) quien, de obtener el cumplimiento de la condena mediante ese arbitrio, no se ve en la necesidad de recurrir a la ejecución forzada. En tales condiciones, y frente a la resistencia del deudor al cumplimiento de la condena, no cabe recurrir al trámite de ejecución propiamente dicho (C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala I, 14/3/1986, Der. 120-207 o LL 1987-D-633, 37.711-S).

d) Rectificación

Las cuestiones atinentes a la liquidación en el trámite de ejecución no revisten el carácter de decisiones con autoridad de cosa juzgada, desde que su aprobación lo es en cuanto hubiere lugar por derecho (C. Nac. Civ., sala D, 10/12/1985, LL 1986-A-594; idem, sala E, 26/6/1985, JA 1986-II-550 o LL 1987-B-593, 37.612-S; idem, sala G, 18/10/1983, LL 1984-B-228; 15/2/1984, LL 1985-A-608, 36.747-S).

Por lo tanto, el tribunal está facultado para corregir de oficio los errores cometidos al practicar la liquidación de la deuda, aun cuando no mediare observación en su oportunidad de la contraparte. Una solución contraria equivaldría a imponer a los órganos jurisdiccionales cohonestar los defectos encerrados en tales liquidaciones, máxime cuando aparecen de toda evidencia, como modo de impedir que en la etapa de ejecución de sentencia sea tergiversado el contenido de la condena. De otro modo, el fallo sería desvirtuado en la etapa que está destinada a hacerlo cumplir (C. Nac. Civ., sala B, 6/3/1985, LL 1985-C-189; idem, sala D, 10/12/1985, LL 1986-A-594; idem, sala E, 26/6/1985, JA 1986-II-550 o LL 1987-B-593, 37.612-S; idem, sala G, 15/2/1984, LL 1985-A-608, 36.747-S).

e) Vía incidental

Procede la vía incidental para ejecutar la sentencia firme que contiene una condena de futuro (C. Nac. Fed. Cont. Adm., sala IV, LL 1988-A-139 o DJ 1988-2-266), la tramitación de ejecuciones de obligaciones de hacer (C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala II, 12/8/1986, LL 1987-E-471, 37.774-S).


§ 736


Art. 503 — Citación de venta.

Trabado el embargo se citará al deudor para la venta de los bienes embargados. Las excepciones deberá oponerlas y probarlas dentro de quinto día.

CPCCN: Art. 505 — Citación de venta. Trabado el embargo se citará al deudor para la venta de los bienes embargados. Las excepciones deberá oponerlas y probarlas dentro de quinto día.

CPCCN (LEY U-0692): Art. 493.


Antecedentes

Código Procedimiento Buenos Aires, derogado, 550. Código Procedimiento Capital, derogado, 538.


a) Citación de venta

Mediante la citación de venta se abre un período de conocimiento, de carácter limitado (supra, § 729, A). La citación para oponer excepciones, que debe notificarse por cédula, permite que el vencido pueda oponerse a la venta, dentro del plazo perentorio de cinco días, probando alguna de las limitadas excepciones admisibles contra la ejecución. Sólo se consideran legítimas las siguientes: 1) falsedad de la ejecutoria; 2) prescripción de la misma; 3) pago; 4) quita, espera o remisión (art. 504).


b) Intimación de pago: trámite innecesario

Remisión: véase supra, § 733.


Jurisprudencia bonaerense

Citación de venta

a) Principio general

La citación de venta al deudor para darle así ocasión de oponer las excepciones que pudiere tener —arts. 503 y 504, Cód. Procesal—, durante la ejecución de sentencia, integra la garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio (C. 1ª La Plata, sala II, causa 149.055, reg. int. 543/71); y es equiparable, en cierto sentido, a la notificación del traslado de la demanda y similar a la citación de remate en el juicio ejecutivo. En tal supuesto, se impone la notificación por cédula de dicha providencia —art. 135 y doctrina, art. 540, Cód. Procesal— (Morello-Passi Lanza-Sosa-Berizonce, Códigos Procesales, 1ª ed., v. II, ps. 671-672; Podetti, Tratado de las ejecuciones, 2ª ed. actualizada por Guerrero Leconte, v. VII-A, p. 263) (C. 1ª La Plata, sala II, causas 151.490, reg. int. 219/72; 151.491, reg. int. 224/72; C. 2ª La Plata, sala III, causa B-34.203, reg. int. 155/72; C. Civ. y Com. Pergamino, 6/2/1997, "Santucci, Lidia v. Moreno, Angel Alfredo s/Ejecución de sentencia", Juba sumario B2801520; C. Civ. y Com. San Martín, sala 1ª, 9/11/2007, "Krause, Carlos Federico v. Santillán, Noemí del Valle y otro s/Ejecución de honorarios", Juba sumario B1951808; C. Civ. y Com. San Nicolás, 24/8/2010, "Spoto Raúl David v. Malacalza Julia (su sucesión) s/Ejecución de sentencia y honorarios", Juba sumario B854635).

Ello no obstante, si se hubiera decretado la rebeldía del accionado ha de prevalecer la directiva del art. 59, última parte del ordenamiento procesal, y la resolución de marras debe tenerse por notificada ministerio legis (art. 133, Cód. Procesal) (C. 2ª La Plata, sala III, causa B-34.203, reg. int. 155/72).

Aunque también se ha dicho que no puede obviarse una adecuada intervención del deudor mediante la citación de venta prevista por el art. 503 del CPCC, para darle ocasión de oponer las excepciones que pudiere tener (art. 503 y 504 del CPCC), porque ella es equiparable a la notificación del traslado de la demanda y similar a la citación de remate en el juicio ejecutivo, por lo que, teniendo en cuenta que la ejecutada tiene constituido su domicilio "ad litem" en los estrados del juzgado, debe notificarse por cédula al domicilio real y en el mismo acto intimarla a que constituya domicilio a los efectos del art. 41 del CPC (C. Civ. y Com. San Isidro, sala 2ª, 10/8/2004, "Giménez Zapiola, Alfredo v. Salomón de Schreiber, Catalina Ana s/Ejecución de honorarios", Juba sumario B1751131).

En otro cuadrante, la citación de venta debe disponerse por el juzgador, aunque el ejecutante no lo peticione (C. Civ. y Com. San Nicolás, 12/5/2009, "Caledonia Argentina Cía de Seguros SA v. Banco de la Provincia de Buenos Aires s/Incidente de rechazo de pesificación de fondos judiciales", Juba sumario B857831).

A su vez, si existe sentencia que ha pasado en autoridad de cosa juzgada, y en virtud de ello se ha trabado embargo sobre los bienes del condenado, frente a la interposición espontánea de excepciones por el obligado, aun cuando no haya sido citado de venta, corresponde estarse al trámite de la vía de ejecución de sentencia, siguiendo el procedimiento pertinente (arts. 500, 503, 504, 505, 506, Cód. Procesal; Morello-Passi Lanza-Sosa-Berizonce, Códigos Procesales, 1ª ed., v. VI-1, p. 51) (C. 2ª La Plata, sala I, causa B-50.432, reg. int. 235/81).

Por otro lado, si bien resulta ineludible el trámite de citación de venta, si compareció espontáneamente el deudor, depositó el capital y presupuestada reclamados, dio en pago la suma y consintió la extracción, peticionando se practique la correspondiente liquidación, lo que de suyo implicó un allanamiento a la ejecución, un sometimiento a la pretensión y un reconocimiento implícito del crédito, se exhibe aquel superfluo e innecesario (C. Civ. y Com. San Nicolás, 9/11/2010, "Cacho Walter Horacio v. Rey Santos Inocencio s/Ejecución de honorarios", Juba sumario B857832).

b) Improcedencia de la intimación de pago

Remisión: véase supra § 733.

Con posterioridad al auto que aprueba la liquidación, previo embargo de bienes suficientes que garanticen la satisfacción del monto de la condena, se penetra en la etapa de ejecución de sentencia, en un período de conocimiento, de carácter limitado, a cuyo efecto se cita al deudor para la venta de los bienes embargados, a fin de que oponga y pruebe las excepciones previstas en el art. 504 del Código Procesal (arts. 497, 500, 501, 503, Cód. cit.).

Queda excluido en esta legislación adjetiva —a diferencia de lo previsto por la reforma introducida por la ley 22.434 en la jurisdicción capitalina y federal—, concretar una nueva intimación de pago al demandado; ello no se adecua a las previsiones legislativas propias de este estadio litigioso, máxime que ello importa un dispendio de la actividad de los órganos judiciales y una alteración de los términos de resoluciones judiciales firmes (arts. 34, incs. 5º y 6º, 502, 503, Cód. cit.; Morello-Passi Lanza-Sosa-Berizonce, Códigos Procesales. v. VI-1, 1ª ed., ps. 41 y 42) (C. 2ª La Plata, sala I, causa B-48.051, reg. int. 105/80).

c) Dinero embargado

La citación de venta para la oposición de excepciones, como quedara expuesto, es un trámite ineludible aunque lo embargado fuera dinero, a menos que el deudor manifieste que lo dio en pago o consintiera que se prescinda de los trámites de ejecución (Podetti, Tratado de las ejecuciones, 2ª ed. act. por Guerrero Leconte, v. VII-B, p. 263, nº 278) (C. 2ª La Plata, sala III, causa B-34.009, reg. int. 96/72).

Es por ello que deviene improcedente que, en la etapa de ejecución de sentencia, la parte vencedora solicite giro a su favor sobre la suma existente en autos, en concepto de capital, si no resulta de lo actuado que se haya citado de venta al deudor para darle así ocasión de oponer las excepciones que pudiere tener (arts. 503 y 504, Cód. Procesal) (C. 1ª La Plata, sala II, causa 149.055, reg. int. 543/71; C. Civ. y Com. San Martín, sala 1ª, 26/5/2009, "Vispo, Jorge Gabriel v. Slovacek, Miguel Emilio s/Ejecución de honorarios", Juba sumario B1952312).

d) Trámites procesales. Omisión. Nulidad

Para la ejecución, se debe: determinar la suma líquida y proceder a la ejecución, trabándose embargo sobre bienes del ejecutado y posterior citación de venta para el ejercicio del derecho de defensa (oposición de excepciones). Para seguidamente, si el juez mandaba continuar con la ejecución, consentida o ejecutoriada la resolución, proceder según las reglas establecidas para el cumplimiento de la sentencia de remate hasta hacerse pago al acreedor (arts. 500, 503, 506, 508, 565 y cdtes. del CPC). Y si no se han cumplido algunos de aquellos actos que, debidamente coordinados, permitirían concluir en la existencia del "debido proceso" a saber: falta de determinación de una suma líquida; ausencia de citación de venta; y falta de la sentencia que mande llevar adelante la ejecución. Tales omisiones importan una verdadera violación del orden público procesal, con el consecuente detrimento del ejercicio del derecho de defensa (arts. 18 de la CN, 15 de la CPBA, 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), por lo que se impone declarar la nulidad de todo lo actuado (C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 3ª, 27/3/2013, "Banco de la Provincia de Buenos Aires v. Ivcic, José s/ ejecución").

Con todo, la jurisprudencia local se ha ocupado de analizar —medulosamente— las exigencias que deben revestir los planteos de nulidad vinculados con la citación de venta.

Así, se ha dicho que cuando el acto cuya nulidad se persigue es el de notificación del traslado de la demanda, la exigencia de explicitar el perjuicio debe ser interpretada con criterio amplio, pues en tal caso el perjuicio aparece evidente, desde que la notificación irregular impide la contestación de la demanda, encontrándose afectado en forma directa y evidente el derecho de defensa, bastando entonces la insinuación de haberse coartado o restringido la posibilidad de ejercer adecuadamente la defensa en juicio, para excusar la mención expresa y circunstanciada del interés lesionado a raíz del vicio. Pero no es igual la situación cuando se trata de la notificación inicial en un proceso ejecutivo, porque en tal caso el ejecutado debe proponer las defensas de que se hubiera visto privado, si es que no deposita la suma fijada en el mandamiento (art. 543.1, Cód. Proc.). Explicando que la diferencia se da porque la reducida gama de planteos defensivos que es posible en el juicio ejecutivo hace más simple el cumplimiento del recaudo de la explicitación del perjuicio a través de la oposición de las excepciones disponibles; en vez, en un proceso de conocimiento, el destinatario de la notificación viciada cuenta con un abanico mayor de posibilidades (excepciones previas, negaciones, reconvención, etc.) y resulta patente que no se lo puede obligar a realizar todo eso dentro del plazo para plantear la nulidad que, a buen seguro, será incluso menor que el corriente para responder a la demanda (art. 34.4, Cód. Proc.).

Lo dicho respecto de la notificación inicial en el juicio ejecutivo es aplicable a fortiori al procedimiento de ejecución de sentencia, porque la defensa del ejecutado se ve todavía más simplificada, no sólo por un número todavía menor de excepciones posibles (ver arts. 504 y 542, Cód. Proc.) sino porque además el trajín alegatorio y probatorio está reducido a una mínima expresión consistente en hechos posteriores a la sentencia definitiva que deben ser acreditados a través de documentos emanados del acreedor con exclusión de todo otro medio probatorio (art. 505, Cód. Proc.).

E indicando que si esos hechos y documentos existieran, sería muy simple cumplir con la carga de mencionar y probar el perjuicio, nada más presentando la documentación respectiva; es más, si no se procede así de tan fácilmente, es dable presumir que esa documentación no existe y que por tanto tampoco existe ninguna de las defensas alegables en la ejecución de sentencia (C. Civ. y Com. Trenque Lauquen, 3/9/2013, "Codenoba v. Garavaglia, José Guillermo y otro/a s/cobro ordinario de sumas de dinero").

e) La citación de venta. Finalidad

La citación de venta es un trámite ineludible como paso previo a la sentencia mencionada en el artícu­lo 506 del CPC y la oportunidad para que el ejecutado oponga defensas como sería, por ejemplo, un pago extrajudicial documentado (C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 3ª, 26/4/2013, "Savina Alicia Cristina v. Hacard Luis Alberto s/ Ejecución de sentencias").


Jurisprudencia nacional

Citación de venta

a) Notificación

La naturaleza autónoma de la acción de ejecución de sentencia, autoriza que el acto de citación de venta —que llena la exigencia del debido proceso legal— se cumpla en el domicilio real del ejecutado (C. Nac. Com., sala A, 16/11/2004, "De Luynes, María v. El Potrero de San Lorenzo SA", DJ 2005-1, 760). No corresponde, pues, la notificación en los estrados del juzgado (C. Nac. Com., sala B, 14/3/1975, LL 1975-A-884, 32.524-S).

b) Dinero embargado

Aun cuando pueda aparecer innecesaria la citación de "venta" tratándose de dinero embargado, ése es el sistema que el Código Procesal prevé como paso previo a la sentencia mencionada en el art. 508 del mismo cuerpo legal, y la oportunidad para que el ejecutado esgrima defensas (arts. 502 a 510), como serían —por ejemplo— un pago extrajudicial documentado, o, tratándose de la ejecución de una sentencia dictada por tribunales de distinta jurisdicción, la falsedad del testimonio mediante el cual ella es invocada (C. Nac. Com., sala D, 17/11/1976, LL 1977-B-350).

c) Honorarios

En cambio, se ha resuelto que no es procedente la citación de venta en la ejecución de honorarios regulados en concepto de costas (art. 500, inc. 3º, Cód. Procesal), si antes se ha solicitado y trabado el embargo correspondiente (arts. 502 y 505, íd.). (C. Nac. Esp. Civ. y Com., sala VI, 15/4/1975, BCNECyC, 599, núm. 8035).

d) Actuaciones realizadas según el trámite del juicio ejecutivo

A pesar de las diferencias existentes entre los trámites de ejecución de sentencia y las de los juicios ejecutivos, entre las cuales sin lugar a dudas la más importante es la referida al régimen de las excepciones, toda vez que son más numerosas las declaradas admisibles en los procesos ejecutivos, importa observar que al haberse practicado la intimación de pago y citación para oponer excepciones de acuerdo a lo establecido para esta última clase de juicios, ningún agravio se ha causado al demandado desde que ha tenido la posibilidad de oponer más excepciones al progreso de la ejecución de sentencia (C. Nac. Civ., sala A, 14/5/1968, LL 133-966, 19.264-S; sobre disponibilidad de las formas, supra, § 137).

e) Finalidad

Con la citación de venta a que alude el art. 505 del citado cuerpo legal, se abre un eventual período de conocimiento, de carácter limitado, durante el cual se sustancias y resuelven las excepciones que el deudor puede oponer al progreso de la ejecución (C. Nac. Civ., sala E, 20/8/2008, "Farah, Abraham", 11/2/2008", DJ 2008-II, 1100).


§ 737


Art. 504 — Excepciones.

Sólo se considerarán legítimas las siguientes excepciones:

1º) Falsedad de la ejecutoria;

2º) Prescripción de la ejecutoria;

3º) Pago;

4º) Quita, espera o remisión.

CPCCN: Art. 506 — Excepciones. Sólo se considerarán legítimas las siguientes excepciones:

1) Falsedad de la ejecutoria.

2) Prescripción de la ejecutoria.

3) Pago.

4) Quita, espera o remisión.

CPCCN (LEY U-0692): Art. 494.


Antecedentes

Código Procedimiento Buenos Aires, derogado, 551. Código Procedimiento Capital, derogado, 539.


a) Excepciones admisibles [ver supra, § 729, F.]

La enumeración de las excepciones legítimas admisibles en la ejecución de la sentencia, si bien supone que se trata de un numero clausus ("sólo se considerarán legítimas..."), no obsta naturalmente a la consideración y eventual acogimiento de otras excepciones meramente procesales, como las de incompetencia, falta de personería y demás que ha recogido la jurisprudencia (véase anotación).

b) Falsedad de la ejecutoria

La excepción de falsedad ha de fundarse únicamente en la adulteración o falsificación material de la sentencia, en todo o en parte. Ella será admisible, por lo tanto, cuando se niegue autenticidad a las firmas atribuidas al juez o jueces que suscriben la sentencia, o se aduzca que se han alterado las cantidades de las condenas o los términos o alcances de la decisión (por ejemplo, si condenando a $ 1.000 se borra y adultera el instrumento o testimonio de la sentencia y se consigna $ 100.000, etc.).

Cabe puntualizar, asimismo, que por no estar incluida en la adulteración o falsificación material de la sentencia, mentadas en los artícu­los 504 del Código Procesal de Buenos Aires y 506 del Código Procesal Nacional, la jurisprudencia ha declarado, en principio, inadmisible la excepción de inhabilidad de título, aunque se la ha reconocido procedente en diversos supuestos, verbigracia cuando se pretendía hacer efectiva una decisión no consentida, pues si bien no está prevista en la ley no puede negarse al ejecutado el derecho a atacar la fuerza ejecutoria del título (véase infra, anotación).

c) Prescripción

En la edición anterior, indicábase que se trataba de la prescripción de la ejecutoria que, en ausencia de un texto legal expreso, se regía por el término ordinario de diez años (art. 4023, Cód. Civ. - ley 340). Advertíamos que la actio judicati que nace de la sentencia es prescriptible como cualquier otro derecho, considerándose aplicable el plazo decenal que regía —en ese cuerpo normativo— para las acciones personales. Señalamos que no era otro el criterio que había terminado de prevalecer en la doctrina y en la jurisprudencia, descartándose la opinión según la cual para fijar el plazo de prescripción de la ejecutoria correspondía tomar en consideración la naturaleza de la pretensión acogida en la sentencia. Así, por ejemplo, con ese punto de vista, tratándose de una acción de resarcimiento derivada de la responsabilidad extracontractual o aquiliana, que se prescribía a los dos años (art. 4037, Cód. Civ. - ley 340), la prescripción de la ejecutoria de la sentencia debería ser también de dos años. Advertirá el lector que, ahora, el plazo de prescripción genérico que contempla el Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994) es de cinco años (art. 2560).

Corresponde tener en cuenta, igualmente, que en procedimiento de ejecución de sentencia no se opera la caducidad de instancia (art. 313, inc. 1º; § 538).

d) Pago

En lo atinente a la excepción de pago, que para la jurisprudencia es también comprensiva de la compensación —por ser una especie de aquél en cuanto modo de extinción de las obligaciones— la acreditación de su existencia y eficacia debe hacerse al tiempo de su interposición, no después, y fundarse en pagos efectuados con posterioridad a la sentencia.

Siendo la carga de la prueba tan rigurosa —no procede la apertura a prueba de las excepciones sino un mero traslado de sustitución—, ha de seguirse que cuando el instrumento que trae el vencido para acreditar la excepción fuere privado y debiera, en consecuencia, autenticarse (arts. 1026 y 1028, Cód. Civ. - ley 340; art. 314Código Civil y Comercial de la Nación, ley 26.994), en caso de desconocimiento, sólo podrá hacérselo valer en el correspondiente juicio ordinario. El pago, finalmente, debe ser total.

Asimismo vemos que el art. 895 del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994) establece que el pago puede ser probado por cualquier medio excepto que de la estipulación o de la ley resulte previsto el empleo de uno determinado, o revestido de ciertas formalidades; con lo cual, siguen siendo perfectamente válidas las exigencias procesales que reclaman determinada forma de acreditación.

e) Quita, espera o remisión

Las excepciones del último inciso —quita, espera o remisión— también tienen que fundarse en hechos posteriores a la sentencia, salvo que se tratare de un concordato obtenido por el deudor en virtud de lo dispuesto por la ley de concursos, que es compu­table aun cuando se haya celebrado con anterioridad a la sentencia.


f)

La estructura bilateral que precedió a la sentencia que se ejecuta, el principio de progresividad y el no poder renovarse lo que cubrió la preclusión mayor, la cosa juzgada, deja expedito el camino de lo conminatorio (ver Colerio, Juan P., Los límites de la sentencia determinan el alcance de su ejecución, LL 1992-C-168).


Jurisprudencia bonaerense

Excepciones

a) Principio general

La ejecución de sentencia sobre el piso de marcha que brinda el art. 497 del ordenamiento procesal, no origina en su primera etapa una ejecución pura, sino que tolera una breve faz de conocimiento a propósito de las excepciones que prevé el art. 504 del mismo cuerpo legal, y que han sido contempladas en función de circunstancias sobrevinientes (con posterioridad) al pronunciamiento de la sentencia dictada en el proceso de conocimiento. Es decir, que antes de entrar a la etapa de "apremio", propiamente dicha, cabe la posibilidad de que se declare la extinción o modificación del derecho declarado en la sentencia de mérito, en virtud de hechos acaecidos con ulterioridad al agotamiento del conocimiento en el proceso que le ha precedido y dentro del limitado margen que brinda el art. 504 de la ley adjetiva (C. 2ª La Plata, sala I, causa B-41.744, reg. sent. 100/76).

Claro está que ese limitado conocimiento queda circunscripto a la enumeración de excepciones que contiene la ley adjetiva, y por vía de principio, sólo se consideran como admisibles en la ejecución de sentencia las de falsedad de la ejecutoria; prescripción de la misma; pago; quita; espera y remisión, por lo que se entiende que dicha enunciación es taxativa y en consecuencia, que cualquier otra fuera de las previstas debe rechazarse sin substanciación (Alsina, Tratado, 2ª ed., v. V, p. 269; Morello-Passi Lanza-Sosa-Berizonce, Códigos Procesales, 1ª ed., v. VI-1, p. 56, "a") (C. 2ª La Plata, sala I, causa B-69.344, reg. sent. 119/90).

Constituye, a su vez, en la materia, un principio de orden procesal indiscutible, que en el trámite de ejecución de sentencia no pueden oponerse en ningún supuesto defensas, fundadas en hechos anteriores al fallo que se ejecuta, ya que de lo contrario se reabriría la discusión y se desvirtuarían los efectos del fallo definitivo (C. 2ª La Plata, sala I, causa B-46.383, reg. int. 319/79; C. 2ª La Plata, sala III, causa B-74.335, reg. int. 489/89).

Con todo, más actualmente, la casación local ha precisado que aunque en el trámite de ejecución de sentencia las excepciones deben fundarse en hechos posteriores al dictado del pronunciamiento (conf. art. 505 del CPCC), tal principio resulta coherente cuando se trata de una sentencia definitiva que puso fin a un proceso en el que se debatió una cuestión de fondo.

Empero, cuando se trata de una regulación de honorarios en que, por hipótesis, no se resolvió sino sobre su monto y nada se dijo acerca del derecho a percibirlos, ni sobre su procedencia, parece claro concluir que sólo en el momento de excepcionarse puede el obligado aducir aquellos hechos anteriores a la fijación judicial de los honorarios (Sup. Corte Bs. As., 19/2/2002, "Castro, Juan B. v. Banco Comercial de Tres Arroyos s/Incidente de regulación y cobro de honorarios en 'Quantin, Emilio. Quiebra'", 22/10/2003, "Banco Comercial de Tres Arroyos SA v. Recapar SACIF y otros s/Cobro ejecutivo", Juba sumario B26251).

b) Falsedad de la ejecutoria

Como regla general, la excepción de falsedad de la ejecutoria sólo puede fundarse en que la sentencia carece de los requisitos indispensables para ser título ejecutorio, o cuando ha sido adulterada o es falsa en todo o en parte, o tales defectos se presentan en la copia que la prueba, mas no en circunstancias extrañas al título que se ejecuta o que han debido ser materia de discusión y decisión en el curso del juicio que le dio nacimiento (C. 1ª La Plata, sala I, JA 1947-II-424; idem, sala II, JA 1949-II-616; C. 2ª La Plata, sala II, LL 129-536; C. 2ª Apel. Mercedes, JA 1973, sec. reseñas, p. 127, nº 28; C. Apel. San Nicolás, DJBA 60-198; LL 99-759, 4685-S; C. Civ. y Com. San Martín, sala 1ª, 3/8/2004, "Chiarelli, Francisco José v. Mamone, José Roberto s/Ejecución de Honorarios", Juba sumario B1951280).

Sin embargo, la falsedad de la ejecutoria no requiere siempre y exclusivamente la adulteración y falsedad de la sentencia, sino que es necesario considerar los presupuestos procesales, entre los que se encuentra en primer término el que exista una sentencia que haya pasado en autoridad de cosa juzgada (C. 2ª La Plata, sala I, LL 48-954 y 992; C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 1ª, 30/3/2006, "Arreyes Miguel Ángel v. Cuatro M. Pincess SA s/Ejecución Laudo Arbitral", Juba sumario B1352353).

Así, procede plantear como fundamento de la excepción de falsedad de la ejecutoria, la circunstancia de que la resolución ejecutada no se encuentre firme y consentida; pues el referido vicio la torna inhábil por faltarle el requisito de exigibilidad (C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 2ª, 18/10/1995, "Rodríguez, Rodolfo v. García, Oscar Alfredo y otro s/Incidente de apelación (art. 250 del CP) en autos: Rodríguez v. García s/ Incidente de ejecución de honorarios", Juba sumario B1401423).

Y a través del ángulo de otros presupuestos, puede denunciarse, como se expusiera ut supra —§ 730—, por esta vía que la ejecución de sentencia es promovida por quien no reviste la condición de vencedor; o que no ha sido dictada a favor de quien intenta ejecutarla, o de quien es continuador o subrogante de los derechos del acreedor en ella reconocido. Al cabo, puede cuestionarse que se trata de un tercero, que no es titular del crédito o que no le fue transmitido regularmente, o bien que se ha promovido la ejecución contra quien no está obligado a su pago (Sup. Corte Bs. As., DJBA 25-709 y 761; LL 52-531; C. 2ª La Plata, sala II, causa A-1422, reg. int. 450/60).

O, dicho de otro modo, puede subsumirse en la falsedad de la ejecutoria el planteo vinculado con la legitimación de alguna de las partes (C. Civ. y Com. San Nicolás, 12/2/2009, "Cabrera María Eugenia y otros v. Sallal de Recanati Elsa Aidee y otros s/Ejecución de sentencia", Juba sumario B858395).

Como corolario de ello se ha declarado que si la falsedad de ejecutoria ha sido deducida por quien no es parte en juicio y no lo hace a título de tercero, sino que pretende intervenir, substituyendo indebidamente a una parte que ya consintió lo actuado, como son los propios integrantes de la sociedad condenada, es inadmisible esta excepción (C. 1ª Apel. Mar del Plata, LL 129-566).

Siguiendo esta orientación, la Suprema Corte se ha ocupado de resaltar que, en ciertas circunstancias puede oponer la excepción de falsedad de la ejecutoria aquél contra quien, no estando obligado al pago, se dirige la ejecución de sentencia (Sup. Corte Bs. As., 7/2/2007, "Asturiano, Omar v. Ferrovías SA s/Daños y perjuicios", Juba sumario B28806).

En cambio, se ha estimado la misma si la notificación de la sentencia fue hecha erróneamente por una suma menor que la establecida en la condena, ya que en tal caso no puede ejecutarse por cantidad mayor, mientras esa notificación no haya sido anulada y se haga saber en forma fehaciente la verdadera sentencia, la cual no puede ser ejecutada en tanto no esté consentida (C. 1ª La Plata, sala II, JA 1951-III-113).

Asimismo se ha dicho que la ausencia de adjunción de copia de la sentencia de Cámara y la agregación de copia simple de la sentencia de Corte para nada implican la falsedad o adulteración de éstas, y por ende no puede dar cabida al acogimiento de la excepción de falsedad de la ejecutoria (C. Civ. y Com. Morón, sala 2ª, "González Warcalde Héctor y otro v. Salmena de Iannelli Lucrecia s/Ejecución Honorarios", Juba sumario B2353097).

c) Prescripción de la ejecutoria

El plazo de la prescripción de la ejecutoria es de diez años; el mismo que el establecido por el art. 4023 del Código Civil para las acciones personales por deudas exigibles(109).

d) Pago

En los procesos de ejecución, esta excepción —en principio— sólo presupone un pago posterior a la sentencia y debe acompañarse con la prueba exigida por el art. 505 del ordenamiento adjetivo, es decir, la documental (C. 2ª La Plata, sala III, causa B-70.977, reg. sent. 103/91).

En efecto, la acreditación de su existencia y eficacia debe hacerse al tiempo de su interposición, siendo la carga de la prueba tan rigurosa —no procede su apertura, sino un mero traslado de sustitución—, que cuando el instrumento que trae el vencido para acreditar la excepción fuere privado y debiera autenticarse (arts. 1026 y 1028, Cód. Civil), en caso de desconocimiento, sólo podrá hacérselo valer en el correspondiente juicio de conocimiento posterior (C. 1ª La Plata, sala III, causa 150.458, reg. int. 202/72; C. 2ª La Plata, sala III, causa B-72.905, reg. sent. 118/92).

Asimismo, el pago debería ser total (C. Civ. y Com. Quilmes, sala 2ª, 24/8/2001, "Godoy Luis Alberto s/Inc. ejec. de honorarios", Juba sumario B2950958).

Al respecto se ha señalado que en la ejecución de sentencias sólo es viable el pago total; y tratándose de un pago documentado, éste —en principio— no puede referirse sino a documentos emanados del propio acreedor; no probando el pago parcial la boleta de depósito judicial, efectuado por quien opone la referida excepción (C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 1ª, 11/10/2005, "Carro de Oscoz, Irma v. Miranda, Carmen y otros s/incidente de Ejecución de honorarios", La Ley Online Doc 14/107958).

Más actualmente, se ha señalado que la excepción de pago sirve de base a la defensa prevista en el art. 504, inc. 3º del CPCC, siempre que cumpla con los siguientes requisitos, a saber: 1) que el pago sea documentado, entendiendo por tal aquel que se encuentra acreditado por instrumento emanado del ejecutante, debiendo ser reconocido por éste o por sentencia judicial; 2) que el instrumento de cancelación sea de fecha posterior al título que se ejecuta; 3) que se refiera precisamente a la obligación ejecutada (C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 1ª, 2/9/2008, "Miranda, Damián Oscar v. Karpa SA y ots. s/ ejecución de sentencia").

Se ha agregado, igualmente, que no procede la excepción de pago opuesta a la ejecución de sentencia, fundada en la consignación hecha en cumplimiento de una transacción judicial que fue desaprobada por el juez, no obstando a ello el retiro del depósito por el acreedor, si éste lo hizo a cuenta de mayor cantidad, sin que el auto que así lo dispusiera fuese impugnado, máxime que en la ejecución de sentencia no procede la excepción de pago parcial (Sup. Corte Bs. As., LL 39-246).

Asimismo que frente a la falta de aceptación de la parte acreedora, el depósito sobre el que se apoya la excepción de pago, sin que vaya acompañado de los intereses que se derivan de la mora de la deudora carece de eficacia para detener la ejecución promovida a raíz del incumplimiento en término de la obligación, sin perjuicio de la impu­tación que deberá efectuarse en la liquidación que se practique en la oportunidad procesal correspondiente (C. Civ. y Com. Quilmes, sala 1ª, 20/8/2010, "Martínez, Egidio Lasaro v. Municipalidad de Florencio Varela s/Ejecución de sentencia", Juba sumario B2904912).

El pago y, por ende la excepción del art. 504, inc. 3º del CPC, imponen el cumplimiento de la prestación debida, y ésta no se logra si no es a partir de la integridad cuantitativa de lo que se paga con la cantidad debida y de su disponibilidad jurídica, esto es, con la entrega de la misma cosa objeto de la obligación y en tanto su transferencia sea material y jurídicamente posible. Si se trata de un pago mediante cheque o por depósito en cuenta bancaria, el mismo no se configura sino desde que aquél se hace efectivo o, en este último caso, desde que el acreedor lo acepta y se encuentra en condiciones de percibirlo (C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 1ª, 11/4/2006, "Lorenzo, Manuel José y ots. v. Consorcio Propietarios del Edificio Olague VI s/Cobro de Australes - Daños y Perjuicios", Juba sumario B1401097).

e) Espera

Debe desestimarse la excepción de espera opuesta en la ejecución de sentencia si no se acompañó, con el escrito en que se dedujo, la prueba que exige la legislación adjetiva para comprobar una manifestación de voluntad posterior al título(110).

f) Otras excepciones

a') Compensación

No obstante que se entiende que la enumeración de las excepciones es taxativa, dado que cabe asimilar la compensación al pago, por constituir un medio extintivo que produce sus mismos efectos jurídicos (Alsina, Tratado, 2ª ed., v. V, p. 131, nº 15, nota 44; Podetti, Tratado de las ejecuciones, p. 454, nº 17), cabe admitir esta excepción en la ejecución de sentencia. Ahora bien, el crédito en que se funde debe constar en documentos de los que resulten cumplidos los requisitos exigidos por el art. 819 del Código Civil: que sea líquido y exigible y generados en acontecimientos posteriores a la sentencia (Sup. Corte Bs. As., doc. Ac. y Sent., 1985-III-99) (C. 2ª La Plata, sala III, causa B-73.119, reg. sent. 93/92; C. 1ª Mar del Plata, sala II, causa 74.335, reg. int. 489/89; C. Civ. y Com. Junín, 2/6/2009, "Martiarena, Mario Roberto y otro v. Fernández Maciel, Raúl Osvaldo s/Ejecución de sentencia", Juba sumario B1600333).

Se ha añadido sobre el particular, que la ejecución de sentencia comprende todas las obligaciones recíprocas entre compradores y vendedores; por tanto, los pagos no desconocidos que se alegaron en el expediente, dada su calidad, de acuerdo con el art. 818 del Código Civil, deben ser compensados con los créditos a favor de los actores (C. 2ª La Plata, sala III, causa B-73.119, reg. sent. 93/92).

En cambio, se ha desestimado la denominada excepción de compensación, si al deducírsela no se abastecen los recaudos mínimos que permitan verificar que se trate de deudas ciertas y líquidas que resulten de las pertinentes constancias documentales (arts. 819, 820, 822, Cód. Civil; 375 y 505, Cód. Procesal) (C. 2ª La Plata, sala I, causa B-69.344, reg. sent. 119/90).

b') Derecho de retención

Cuando la sentencia condena a entregar alguna cosa, el vencido no sólo puede oponer las excepciones a que se refiere el art. 504 de la legislación adjetiva, dentro del pertinente plazo legal, sino también invocar los derechos consagrados en la ley de fondo, como el derecho de retención, que sólo se extingue por entrega o abandono voluntario de la cosa sobre que podía ejercerse (arts. 3939, 3943, Cód. Civil) (C. 1ª La Plata, sala I, causa 146.365, reg. int. 255/71).

c') Excepción de incumplimiento

La excepción de fondo que prescribe el art. 1201 del Código Civil, excede el campo de conocimiento que rige en la ejecución de sentencia, donde las excepciones previstas en el art. 504 del ordenamiento procesal, deben ser apreciadas con criterio estricto, sin que pueda encuadrarse en alguna de ellas aquel supuesto de incumplimiento (C. 1ª Mar del Plata, sala I, causas 79.924, reg. int. 258/91).

d') Falta de legitimación

Reiterando lo expuesto en punto a los presupuestos procesales sobre la legitimación, se ha declarado que no queda excluida en la ejecución de sentencia la denuncia de la falta de legitimación ya sea activa o pasiva (C. 1ª Apel. Bahía Blanca, JA 1974, v. 23, p. 516, o Der. 53-201, o LL 154-639, 31.311-S).

En este sentido, se ha dicho que la excepción de falta de legitimación pasiva resulta formalmente oponible en el proceso de ejecución de sentencia, toda vez que no pueden ser ignoradas aquellas defensas que cuestionan alguno de los presupuestos procesales válido y la regularidad del contradictorio, como lo son las que señalan defectos de capacidad, competencia o legitimación para obrar de las partes (C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 2ª, 17/11/1998, "Antoniucci, Miguel Antonio v. Corso, Alberto y otros s/Ejecución de honorarios en autos: Corso, Carlos s/ Sucesión", Juba sumario B1401716).

e') Inhabilidad de título

No obstante que entre las limitadas excepciones que enumera el art. 504 del Código Procesal, no se prevé a la de inhabilidad de título, no lo es menos que la jurisprudencia mayoritaria se ha inclinado por su admisibilidad, por considerarla implícita en la prevista en el inc. 1º de dicha norma, cuando se cuestiona la falta de algunos de los requisitos del título ejecutorio, o de las condiciones exigidas para que proceda la ejecución de sentencia (C. 1ª La Plata, sala I, causas 199.807, reg. int. 3/88; 211.219, reg. sent. 11/92, 17/2/2000, "Sala Victorica, Oscar s/Inc. de ejecución de honorarios"; C. Apel. San Nicolás, DJBA 60-198 o LL 99-759, 4685-S y, más actualmente, 3/7/2007, "Bracesco Haroldo M. y otro/a v. Carletti Edgardo Daniel s/ejecución de sentencia", Juba sumario B857928; C. Civ. y Com. Pergamino, 13/12/1994, "Fuentes, José Bartolomé v. Martín Hnos. Sociedad de hecho y otros s/Ejecución de sentencia", Juba sumario B2800246; C. Civ. y Com. Morón, sala 2ª, 23/5/1995, "García Antonio v. Zabaleta Bernardo y otro s/res. de promesa de venta", Juba sumario B2350373; C. Civ. y Com. Azul, sala 2ª, 12/7/1996, "Bianchi Ana A. v. Christensen e hijos Soc. Hecho s/Conc. Prev. Incidente de verificación"; C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 1ª, 26/12/2004, "Tamanes, Amalia v. Giménez, Daniel y ot. s/ ejecución de sentencia", 11/5/2010, "Surballe Mauricio Alejandro v. Boglione Luis Alberto y ot. s/ ejecución de honorarios").

f') Nulidad

A través de un antiguo precedente se ha llegado a admitir en el proceso de ejecución de sentencia la excepción de nulidad, si se la funda en haberse vulnerado la garantía de defensa en juicio de los derechos, al existir violación de los trámites que la ley prescribe (art. 18, Const. Nacional; Podetti, Tratado de las ejecuciones, p. 455)(111)(C. 1ª La Plata, sala I, causa 203.184, reg. int. 78/89).

g') Incompetencia y falta de personería

Pese a no estar enumeradas, también se admiten las excepciones de incompetencia y falta de personería (C. 1ª La Plata, sala II, Mar del Plata, 106.765, R1 986/98).


Jurisprudencia nacional

Excepciones

a) Principios generales

Remisión: infra § 738.

Es un principio de orden procesal indiscutible que en el trámite de ejecución de sentencia no pueden oponerse defensas fundadas en hechos anteriores al fallo, ya que de lo contrario importaría reabrir la discusión y desvirtuar los efectos del pronunciamiento definitivo. El fundamento radica en que aquéllas pudieron alegarse durante el desarrollo del proceso, y la finalidad estriba en mantener el orden en el desarrollo de los procesos y asegurar los efectos de la cosa juzgada [la eficacia en el proceso] (C. Nac. Civ., sala E, 13/7/1982, LL 1983-A-331; C. Nac. Esp. Civ. y Com., sala II, 24/3/1980, BCNECyC, 689, núm. 10.233). En consecuencia, sólo pueden deducirse las excepciones taxativamente enumeradas, por lo que resultan, en principio, improcedentes las que no se encuadran en las previstas expresamente como tales. El limitado ámbito de conocimiento del proceso de ejecución de sentencia excluye toda otra consideración que aquella referida al cumplimiento en término de la condena, y a la consiguiente mora de alguna de las partes (C. Nac. Civ., sala A, 29/7/1983, LL 1984-C-627, 36.675-S; 4/8/1983, LL 1983-D-552; idem, sala C, 17/12/1975, Der. 69-178).

Repárese en que la ejecución de la sentencia sólo tiene por finalidad el adecuado cumplimiento de la decisión firme, y si bien durante esa etapa pueden originarse incidentes, éstos deben estar vinculados con el aludido cumplimiento de la condena, siendo inadmisible que por esta vía se articulen cuestiones que debieron ser intentadas con anterioridad a la integración definitiva de la litis (C. Nac. Civ., sala C, 5/3/1981, LL 1981-C-216); o que han debido ser materia de discusión y decisión en el curso del juicio que le dio nacimiento (C. Nac. Civ., sala C, 14/8/1987, LL 1988-A-389 o DJ 1988-I-733).

La Corte Suprema de Justicia se ha ocupado de resaltar que el fundamento de la limitación de las defensas en el proceso de ejecución de sentencia radica en evitar que las partes pretendan introducir planteos que habrían debido ser opuestos en la etapa pertinente o renovar cuestiones resueltas, descalificando los fallos que ignoran tal premisa (Corte Sup., Fallos 322:981).

Sin embargo, dentro del margen de la razonabilidad [sin exceso ritual] corresponde admitir las defensas que atacan la fuerza del título ejecutorio o que niegan los presupuestos procesales necesarios para la viabilidad de la ejecución, como ser: si no se halla ejecutoriada, si no hubiera vencido el plazo fijado para su cumplimiento, si el procedimiento se siguiera contra quien no fue objeto de condena, pues en estas situaciones el juzgador puede y debe verificar esos presupuestos, así como si la ejecución de sentencia es de su competencia o si el ejecutante ha perdido su capacidad procesal o si los poderes son suficientes (C. Nac. Civ., sala B, 13/5/1977, Der. 76-348 o LL 1979-A-577, sum. 3563; idem, sala I, 14/4/1989, LL 1990-A-211; C. Nac. Com., sala A, 13/11/1980, Der. 92-479 o JL 1981-7-592)(112)[ver supra, § 729, F.].

b) Falsedad de la ejecutoria

Como regla general, la excepción de falsedad de la ejecutoria tiene que fundarse en la falsificación o adulteración de la sentencia o de la copia que la reproduce (C. Nac. Civ., sala C, 14/8/1987, LL 1988-A-389 o DJ 1988-I-733; C. Nac. Esp. Civ. y Com., sala IV, 15/5/1980, BCNECyC, 694, núm. 10.352; C. Nac. Civ., sala A, 21/4/1997, "Serra, Aurelio y otros v. Bauleo, Natalio", LL 1997-D-176).

También comprende la falta de los presupuestos procesales de la ejecución de sentencia, y la cuestión atingente a la falta de legitimación activa o pasiva (C. Nac. Civ., sala E, 13/2/1986, LL 1986-E-451).

En este sentido, más recientemente, se ha dicho que la falsedad de ejecutoria sólo puede fundarse en la falsificación o adulteración de la sentencia, o incluso en la falta de presupuestos procesales de la ejecución de sentencias y la cuestión atinente a la falta de legitimación, mas resulta inoponible la oposición de cualquier defensa que importe reabrir a discusión y desvirtuar los efectos de un pronunciamiento definitivo (C. Nac. Com., sala A, 30/12/2008, "Franco, Miguel Sebastián v. Transportes Metropolitanos Gral Roca SA", DJ 8/7/2009, 1899).

c) Pago

En la ejecución de sentencia únicamente es viable el pago total como excepción, pues el art. 506, inc. 3º de la legislación adjetiva se refiere simplemente al "pago", sin hacer la distinción del art. 544, inciso 6º del mismo Código, que menciona al "pago total o parcial" (C. Nac. Civ., sala C, 10/5/1983, LL 1984-B-466, 36.589-S; idem, sala F, 8/4/1981, LL 1981-C-359; C. Nac. Civ., sala C, 24/4/1997, "Schussheim, Renata I. v. Mallo, Martín", LL 1997-E-844).

Según otro criterio, no obstante que la excepción de pago parcial no ha sido receptada en el proceso de ejecución de sentencia, vista la distinta previsión al respecto por los arts. 506, inc. 3º y 544, inc. 6º del Código Procesal, sin embargo por las mismas razones que determinaron su admisibilidad en el juicio ejecutivo, y porque no hay título ejecutorio hábil por lo que no se debe (arg. arts. 503 y 504, Cód. cit.), no es congruente que se prosiga una ejecución por la parte pagada con anterioridad al reclamo. Lo contrario importaría aceptar que la ley permite que se pague dos veces una misma deuda (C. Nac. Civ., sala B, 27/10/1978, LL 1979-A-262; idem, sala D, 22/2/1984, LL 1984-B-180).

Esta última posición ha sido aplicada tratándose de la ejecución de honorarios, pues si antes de la regulación no se pueden invocar los pagos efectuados a cuenta de honorarios es evidente que se pueden alegar después. De no ser así se obligaría al cliente a pagar dos veces —al menos en parte— por el mismo servicio, lo que es a todas luces inaceptable (C. Nac. Civ., sala C, 5/8/1981, LL 1981-D-506; idem, sala E, 13/7/1982, LL 1983-A-331). Se ha añadido en torno a ello, que la resolución regulatoria juzga sobre el monto que corresponde al profesional por su actuación en el proceso, con independencia de los pagos que pudieran haberse realizado en virtud de situaciones específicas —en el caso, se alegó la relación de dependencia con la ejecutada— (C. Nac. Civ., sala I, 14/4/1989, LL 1990-A-211).

d) Otras excepciones

a') Impedimentos procesales

La doctrina ha admitido que en la ejecución de sentencia pueden ser admisibles otras excepciones no enumeradas en el art. 506 del Código Procesal, como las que tienen por objeto denunciar la inexistencia de presupuestos procesales básicos (C. Nac. Civ., sala B, 13/5/1977, Der. 76-348 o LL 1979-A-577, sum. 3563).

b') Impedimentos procesales: Defecto legal

En aplicación de lo que antecede, se ha declarado admisible, entre otros impedimentos procesales, el de defecto legal (C. Nac. Civ., sala B, 13/5/1977, Der. 76-348 o LL 1979-A-577, sum. 3563).

c') Inhabilidad de título

En el proceso de ejecución de sentencias están limitadas las defensas a las cuatro que enumera el art. 506 del Código Procesal, entre las que no se menciona la de inhabilidad de título, por lo que, en principio, no resulta admisible. Sin embargo corresponde admitirla si se cuestiona la falta de alguno de los requisitos del título ejecutorio, o de las condiciones exigidas para que proceda la ejecución de sentencia (C. Nac. Civ., sala A, 11/9/1980, Der. 91-757; idem, sala C, 23/4/1991, LL 1992-A-168; idem, sala D, 23/6/1981, LL 1982-B-475, 36.092-S; idem, sala D, 22/2/1984, LL 1984-B-180; y, más recientemente, C. Nac. Civ., sala E, 13/2/2008, "Sukiassian, Ricardo v. Cereijo, María Susana", LL 2008-B-583); tal como si se impugna que no recayó pronunciamiento en favor de quien lo ejecuta, o si se alega la falta de legitimación pasiva de uno de los ejecutados respecto de la parte de lo que se reclama, por tratarse de una deuda que no tiene carácter solidario (C. Nac. Civ., sala C, 23/4/1991, LL 1992-A-168), o cuando se pretende ejecutar la sentencia contra un tercero, o contra quien no ha sido oído en el juicio de conocimiento. Ha de concluirse en resumen, que se la considera implícita dentro de la excepción de falsedad de la ejecutoria.

d') Compensación

La compensación es un medio extintivo que se opera de pleno derecho y que produce los mismos efectos jurídicos que el pago; por ello la jurisprudencia admite que esa defensa pueda oponerse como excepción en el caso de ejecución de sentencia, aun cuando no figure enumerada en la enunciación numerus clausus. Empero, la compensación como medio de extinción de las obligaciones (art. 818, Cód. Civil), se halla sometida a ciertas restricciones. Debe fundarse en un crédito líquido y exigible ejecutivamente, que resulte de un documento que traiga aparejada ejecución, y que ha de acompañarse al invocarla. Si no se configuran esos presupuestos es inadmisible en la ejecución de sentencia (C. Nac. Civ., sala C, 14/8/1987, LL 1988-A-389 o DJ 1988-1-733; 30/7/1991, LL 1992-A-462).

e') Imprevisión

En la etapa de ejecución de sentencia que manda pagar una determinada suma de dinero no puede discutirse la aplicación del art. 1198 del Código Civil, ya que en esa etapa procesal el tema excede los límites de las facultades del juez (C. Nac. Civ., sala C, 17/12/1975, Der. 69-178).

f') Nulidad

Se tiene declarado desde hace mucho que la excepción de nulidad es inadmisible en la ejecución de sentencia(113), y respecto del incidente de nulidad, que una vez que se encuentra consentido el auto de comienzo de la ejecución de la sentencia impugnada, queda preclusa toda petición tendiente a la suspensión del procedimiento por el incidente de nulidad, el cual no suspende la ejecución; sólo son viables las excepciones previstas taxativamente por el legislador(114).


§ 738


Art. 505 — Prueba.

Las excepciones deberán fundarse en hechos posteriores a la sentencia o laudo. Se probarán por las constancias del juicio o por documentos emanados del ejecutante que se acompañarán al deducirlas, con exclusión de todo otro medio probatorio.

Si no se acompañasen los documentos, el juez rechazará la excepción sin sustanciarla. La resolución será irrecurrible.

CPCCN: Art. 507 — Prueba. Las excepciones deberán fundarse en hechos posteriores a la sentencia o laudo. Se probarán por las constancias del juicio o por documentos emanados del ejecutante que se acompañarán al deducirlas, con exclusión de todo otro medio probatorio.

Si no se acompañasen los documentos, el juez rechazará la excepción sin sustanciarla. La resolución será irrecurrible.

CPCCN (LEY U-0692): Art. 495.

Antecedentes

Código Procedimiento Buenos Aires, derogado, 551. Código Procedimiento Capital, derogado, 539.

a) Fundamento de las excepciones y prueba de las mismas

En correspondencia con la naturaleza predominantemente ejecutiva del juicio, prescribe la disposición en análisis que las excepciones: 1) deben fundarse únicamente en hechos posteriores a la sentencia o laudo; 2) han de probarse exclusivamente por las constancias del juicio o por documentos emanados del propio ejecutante que se acompañarán al oponerlas.

Todas las excepciones, como se advierte, y es necesario insistir en ello, deben fundarse en hechos posteriores a la sentencia, pues lo contrario importaría tanto como alterar el orden de los desarrollos litigiosos y atentar contra la cosa juzgada.


b) Rechazo in limine

No acompañándose los documentos probatorios en la oportunidad indicada, corresponde, en principio, el rechazo in limine de las excepciones, mediante resolución que será irrecurrible.

No obstante la rigurosidad de la norma, parece atinado dejar un margen de reserva con el cual pueda manejarse libremente el juez, pues —como se ha señalado— al prescindirse de toda sustanciación podría violarse el principio de contradicción; y, en tal sentido, la invocación y actuación de los poderes-deberes del artícu­lo 36, inciso 2º, ha de tenerse por fundamento suficiente al efecto (Cuadrao) [Comp. Palacio, v. VII, p. 285].


Jurisprudencia bonaerense

Excepciones. Fundamento

Tal cual lo edicta el artícu­lo 505 del ritual, sólo pueden fundar las excepciones hechos posteriores a la sentencia en ejecutoria, principio que sin dudas tiene por principal sustento preservar los efectos de la cosa juzgada recaída, impidiendo que durante la ejecución de sentencia alguna de las partes pretenda introducir defensas o renovar cuestiones resueltas en definitiva que han adquirido aquella calidad (C. Civ. y Com. San Nicolás, 12/2/2009, "Cabrera María Eugenia y otros v. Sallal de Recanati Elsa Aidee y otros s/Ejecución de sentencia", Juba sumario B858395).

La ratio legis de tal dispositivo radica en que la cosa juzgada impide revisar el derecho decidido y en su consecuencia alegar hechos o presentar pruebas que debieron haberse alegado o presentado antes de que la sentencia tuviera la autoridad conferida por la preclusión de las cuestiones (C. Civ. y Com. Azul, sala 1ª, 25/3/2009, "Curutchet José y otro v. Funes Carlos D y otros s/ Daños y perjuicios").

Es que cuando el art. 505 del Código Procesal, menciona que las excepciones en hechos posteriores a la sentencia o laudo, tiene por principal sustento preservar los efectos de la cosa juzgada, impidiendo que durante la ejecución de las sentencias alguna de las partes pretenda introducir defensas que debió oponer en la etapa pertinente o renovar cuestiones ya resueltas. Es que la cosa juzgada impide revisar el derecho decidido y en su consecuencia alegar hechos o presentar pruebas que debieron haberse alegado o presentado antes de que la sentencia tuviera aquella autoridad conferida por la preclusión de las cuestiones tratadas. Nunca pueden articularse cuestiones basadas en circunstancias que han debido ser materia de discusión en el curso del pleito que le dio nacimiento a la sentencia que se ejecuta (arts. 504 y 505, Código Procesal). De ahí que el debate que propone el ejecutado está desprovisto de atendibilidad, desde que importa la revisión de temas litigiosos definitivamente decididos (C. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 1ª, 13/2/2007, "Casado, Sergio Fabián v. Giaquinta, Lelia Mabel y otro s/Ejecución de honorarios", Juba sumario B256394).

Recuérdese que, según lo hemos anotado, ha dicho la casación local que aunque en el trámite de ejecución de sentencia las excepciones deben fundarse en hechos posteriores al dictado del pronunciamiento (conf. art. 505 del CPCC), tal principio resulta coherente cuando se trata de una sentencia definitiva que puso fin a un proceso en el que se debatió una cuestión de fondo. Empero, cuando se trata de una regulación de honorarios en que, por hipótesis, no se resolvió sino sobre su monto y nada se dijo acerca del derecho a percibirlos, ni sobre su procedencia, parece claro concluir que sólo en el momento de excepcionarse puede el obligado aducir aquellos hechos anteriores a la fijación judicial de los honorarios (Sup. Corte Bs. As., 19/2/2002, "Castro, Juan B. v. Banco Comercial de Tres Arroyos s/Incidente de regulación y cobro de honorarios en 'Quantin, Emilio. Quiebra'", 22/10/2003, "Banco Comercial de Tres Arroyos SA v. Recapar SACIF y otros s/Cobro ejecutivo", Juba sumario B26251).

En este sentido, se ha precisado que la regla del art. 505 del Código Procesal, relativa a que las excepciones deberán fundarse en hechos posteriores a la sentencia o laudo, no es absoluta. Cuando hay una renuncia anticipada al derecho que se pretende satisfacer por la vía ejecutoria, su consideración no puede obviarse por la circunstancia de fundarse en un hecho anterior a la sentencia o regulación cuando no ha sido considerado en ellas, habida cuenta que ello significaría subordinar el derecho substancial a las formas procesales —cuya finalidad es protegerlo— incurriéndose en un exceso ritual manifiesto. Máxime tratándose de honorarios regulados que, como accesorios, no gozan de la plenitud de la cosa juzgada que recae sobre el objeto del pleito que fue sometido a debate, prueba y juzgamiento, sino que implican una simple aplicación de la ley arancelaria en relación a los trabajos profesionales cumplidos y a la cuantía del crédito en ejecución, como es el caso, sin sustanciación previa ninguna. No puede por ello medirse con la misma vara la ejecución de la sentencia que la de los honorarios regulados en ella, a cuyo respecto no hubo controversia alguna en el proceso y ésta recién puede plantearse cuando se intenta su ejecución, pues todo planteo anterior resulta anticipado (C. Civ. y Com. San Martín, sala 2ª, 17/7/2003, "Feltrín, Alberto y otro v. Banco Francés SA s/Incidente de ejecución de honorarios [en autos: 'Banco Francés SA v. Lazarino s/ ejecutivo']", Juba sumario B2002650).

Prueba

Como ya ha quedado puntualizado, las excepciones que prevé como legítimas el art. 504 del ordenamiento procesal, deben fundarse en hechos posteriores a la sentencia y probarse por las constancias de autos o por documentos emanados del ejecutante que se acompañarán al deducirlas; caso contrario, deben desestimárselas, sin sustanciación (C. 1ª La Plata, sala I, causa 202.032, reg. sent. 172/88; 204.438, reg. sent. 81/89; idem, sala III, causa 150.458, reg. int. 202/72).

En otras palabras, la cosa juzgada impide revisar el derecho decidido y, en consecuencia, alegar hechos o presentar pruebas que debieron ser ofrecidas antes que la sentencia tuviera la autoridad conferida por la preclusión de las cuestiones (C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 1ª, 11/10/2011, "Zubiaurre Rodolfo Plinio v. Zubiaurre Bartolomé s/ ejecución de sentencias").

Desde el vértice de la prueba de la denominada excepción de pago —véase ut supra nº 504, "d"—, se ha resuelto, que si la misma se hubiera basado en un instrumento privado que no fuera reconocido, procederá el reconocimiento o el cotejo de la letra. Además, a la prueba instrumental referida en el art. 505 del ordenamiento adjetivo, puede equiparársele otra que sea susceptible de fácil e inmediata comprobación, como sería el pago efectuado mediante depósito o transferencia bancaria (C. 2ª La Plata, sala III, causa B-70.977, reg. sent. 103/91).

O si el documento mediante el cual el ejecutado pretende probar el pago alegado, no fue extendido por los acreedores, sino por la entonces apoderada de estos, hecho controvertido en la ejecución como así también las facultades que contaba la ex-mandataria para recibir pagos (art. 731, inc. 1º, 1881 inc. 1º, 1884 y 1888, Cód. Civil), no cabe sino concluir que, ante el desconocimiento del mentado recibo, la excepción de pago debe desestimarse (arts. 504 y 505, Cód. Procesal); ello sin perjuicio de que dicho pago pueda acreditarse en un juicio de conocimiento posterior (C. 2ª La Plata, sala III, causa 72.905, reg. sent. 118/92).

O que la defensa, sustentada en los depósitos efectuados tanto en el juicio de consignación como en el de cumplimiento de contrato, sea inadmisible (C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 2ª, 20/12/2011, "Gaona José Oscar v. Samite Eduardo Enrique s/ejecución de sentencia").

Desde el ángulo de la excepción de prescripción se ha decidido que si la misma se ha basado exclusivamente en el transcurso del tiempo, no sólo no corresponde diferir su tratamiento, ya que el juicio se halla en la etapa de ejecución de sentencia, siendo inaplicable el art. 344 del ordenamiento procesal, sino que es improcedente que se la desestime sin substanciación por no haberse acompañado documentación, pues la fundamentación de aquélla hacía que se la resolviera en base a las constancias de autos (C. 2ª La Plata, sala II, causa B-30.072, reg. int. 306/70).

Recursos

El art. 505, segundo párrafo del CPCC circunscribe el principio de irrecurribilidad a los supuestos en que las excepciones planteadas en el marco de ejecución de sentencias carezcan de los recaudos probatorios que allí se indican, sin que la apuntada irrecurribilidad alcance al supuesto contemplado en la primera parte de la norma, es decir cuando el pronunciamiento impugnado repare en la invocación, como defensa, de hechos posteriores a la sentencia. Es de destacar que la inapelabilidad ocurre cuando no se acompañan los documentos (art. 505 in fine) y no cuando éstos son anteriores a la sentencia, situación en la que se mantiene el principio de apelabilidad de toda resolución que rechaza in limine un incidente (art. 179, Cód. Proc.) (C. Civ. y Com. San Martín, sala 2ª, 1/3/2005, "Feltrín, Alberto Juan y otro v. Cía. Financ. Arg. SA s/Inc. de ejec. de hon. s/ recurso de queja", Juba sumario B2003414).


Jurisprudencia nacional

a) Fundamentos de las excepciones

Remisión: ut supra § 737.

Cuando el art. 507 del Código Procesal menciona que las excepciones deben fundarse en hechos posteriores a la sentencia o laudo, tiene por principal sustento preservar los efectos de la cosa juzgada, impidiendo que durante la ejecución de las sentencias alguna de las partes pretenda introducir defensas que debió oponer en la etapa pertinente o renovar cuestiones ya resueltas (C. Nac. Civ., sala E, 13/7/1982, LL 1983-A-331; 13/2/1986, LL 1986-E-451; más recientemente, C. Nac. Com., sala C, 16/2/2007, "YPF SA v. Baubeton SA y otro", DJ 2007-II, 936)

b) Prueba

a') Principio general

Conforme con lo que establece el art. 507 del Código Procesal, las excepciones que autoriza el artícu­lo precedente se probarán por las constancias del juicio o por documentos emanados del ejecutante que se acompañarán al deducirlas, con exclusión de todo otro medio probatorio (C. Nac. Civ., sala A, 24/3/1972, Der. 45-582; idem, sala C, 1/11/1983, LL 1984-A-425; idem, sala D, 29/11/1982, LL 1983-B-642). Ahora bien, esa directiva no autoriza a prescindir de la regla de que la prueba debe acompañarse al deducir la excepción, desde que el interesado puede y debe pedir las certificaciones y testimonios para el fin perseguido (C. Nac. Civ., sala C, 1/11/1983, LL 1984-A-425).

Con respecto a la prueba de la defensa de pago —con los alcances expuestos ut supra § 737—, la acreditación de su existencia y eficacia, debe hacerse al tiempo de su interposición, no después, y fundarse en pagos efectuados pon posterioridad a la sentencia (C. Nac. Civ., sala C, 10/5/1983, LL 1984-B-466, 36.589-S).

Los mismos principios en torno a la prueba de las excepciones, se ha aplicado respecto de la compensación (C. Nac. Civ., sala C, 10/5/1983, LL 1984-B-466, 36.589-S), o de la espera, que obviamente debe ser probada por el instrumento pertinente que se ha de acompañar al deducir la excepción (C. Nac. Civ., sala A, 24/3/1972, Der. 45-582).

b') Desconocimiento de los documentos

En el caso del desconocimiento del documento o documentos, ello no excluye que se produzca la prueba pericial ofrecida por el excepcionante para demostrar su autenticidad frente al apuntado desconocimiento de la contraria, ya que la exclusión de todo otro medio de prueba que estatuye la parte final del párr. 1º del art. 507 del Código Procesal, no debe entenderse como comprensiva de ella, al estar dirigida sólo a complementarla y darle eficacia a la expresamente autorizada (C. Nac. Civ., sala G, 28/9/1987, LL 1988-A-374 o DJ 1988-I-955) [de lo contrario sería incurrir en un rigorismo disfuncional].


§ 739


Art. 506 — Resolución.

Vencidos los cinco (5) días sin que se dedujere oposición, se mandará continuar la ejecución sin recurso alguno.

Si se hubiese deducido oposición, el juez, previo traslado al ejecutante por cinco (5) días, mandará continuar la ejecución, o si declarare procedente la excepción opuesta, levantará el embargo.

CPCCN: Art. 508 — Resolución. Vencidos los cinco días sin que se dedujere oposición, se mandará continuar la ejecución sin recurso alguno.

Si se hubiese deducido oposición, el juez, previo traslado al ejecutante por cinco días, mandará continuar la ejecución, o si declarare procedente la excepción opuesta, levantará el embargo.

CPCCN (LEY U-0692): Art. 496.


Antecedentes

Código Procedimiento Buenos Aires, derogado, 552. Código Procedimiento Capital, derogado, 540.


Contenido de la resolución

La decisión que resuelve las excepciones planteadas no es meramente declarativa, sino que —al igual que la sentencia que recae en el juicio ejecutivo— manda continuar con la ejecución, o rechazarla, si se acogieren las excepciones opuestas.

Naturalmente, ante el transcurso infructuoso del plazo acordado al ejecutado para oponerse, no cabe sino avanzar con la ejecución.

Si, en cambio, por haberse estimado las excepciones propuestas, se rechazare la ejecución, habrá de disponerse sin más el levantamiento del embargo ya decretado.

El régimen de imposición de costas es el general (art. 68, CPCN).


Jurisprudencia bonaerense

Resolución

Falta de oposición de excepciones

Si el vencido fue citado de venta de conformidad con lo dispuesto por el art. 503 del Código Procesal, quien no opuso excepción legítima alguna, debe proseguirse la ejecución en su contra, sacándose a la venta el bien embargado (C. 1ª La Plata, sala III, causa 157.267, reg. int. 366/73).

La restricción apelatoria comprende también la condena en costas (C. Civ. y Com. Quilmes, sala 1ª, 6/12/2004, "Méndez, Osvaldo N. y Mendoza, María Antonia s/Incidente de ejecución de sentencia", 22/10/2009, "Traba Casais, Francisco v. Amavi SA s/Medianería").


Jurisprudencia nacional

Resolución

a) Recurso de apelación

Cuando el ejecutado no deduce excepciones, la sentencia pronunciada en la ejecución de sentencia es inapelable (art. 508, ap. 1º, Cód. Procesal) (C. Nac. Com., sala B, 9/4/1969, LL 135-1198, 21.531-S).

b) Nulidad de la sentencia

En un antiguo precedente se resolvió acoger el incidente de nulidad de la sentencia que dispusiera continuar la ejecución, omitiendo considerar las excepciones opuestas oportunamente por el ejecutado(115).


§ 740


Art. 507 — Recursos.

La resolución que desestime las excepciones será apelable en efecto devolutivo, siempre que el ejecutante diere fianza o caución suficiente.

Todas las apelaciones que fueren admisibles en las diligencias para la ejecución de la sentencia, se concederán en efecto diferido.

CPCCN: Art. 509 — Recursos. La resolución que desestime las excepciones será apelable en efecto devolutivo, siempre que el ejecutante diese fianza o caución suficiente.

Todas las apelaciones que fueren admisibles en las diligencias para la ejecución de la sentencia, se concederán en efecto diferido.

CPCCN (LEY U-0692): Art. 497.


Antecedentes

Código Procedimiento Buenos Aires, 552. Código Procedimiento Capital, 540.


a) Apelabilidad

Con la sola excepción del supuesto mentado por el artícu­lo 505, in fine, en los demás casos la resolución que recaiga será susceptible de recurso de apelación.


b) Plazo y modo de conceder el recurso

Si la resolución desestima las excepciones y manda llevar adelante la ejecución, el ejecutado podrá deducir apelación, la que si el ejecutante prestare fianza o caución suficiente, ha de concederse en relación y al solo efecto devolutivo (art. 250; § 429).

En cambio, cuando se hubieren acogido las excepciones procederá el recurso de apelación, que ha de concederse en relación.

En todos los casos, debe interponerse dentro de cinco días y —como se ha visto— otorgarse en relación, con sustanciación diferida; debiendo repararse que en el trámite de cumplimiento de la sentencia de venta, las resoluciones que se pronuncien son inapelables para el ejecutado, en virtud de la remisión que contiene el artícu­lo 508 a las reglas del apremio (art. 591).

c) Costas

Las costas en la ejecución de sentencia se imponen al vencido, por aplicación analógica de las normas del juicio ejecutivo (arts. 556, Cód. Proc. Bs. As., o 558, Cód. Proc. Nac.), y son comprensivas de todos los gastos ocasionados por los trámites efectuados para obtenerlas.

d)

Como hemos de explicar adelante, la corriente autoral más calificada y las reformas innovatorias y urgentes de la legislación procesal [Francia (1976), Italia (1990) y España (1992)] optan por acentuar, enérgicamente, la prosecución de la ejecución de sentencia de primer grado, neutralizando (vía cauciones) el poder de impugnación (la apelación).


Jurisprudencia bonaerense

Recurso de apelación

Remisión: ut supra § 431, 2, b y c

a) Principio general: sustanciación diferida. Fundamentación

Como principio general las resoluciones dictadas durante la tramitación de la ejecución de sentencia con anterioridad al estadio que marca el art. 506 del ordenamiento procesal, y apeladas, deben concederse en efecto diferido (C. 2ª La Plata, sala III, causas B-27.178, reg. int. 362/69; B-30.107, reg. int. 284/70).

Cabe recordar que la fundamentación del recurso de marras, debe hacerse al tiempo de interponer la apelación contra la sentencia (C. 2ª La Plata, sala III, causa B-30.456, reg. int. 478/70).

Al respecto cabe agregar que la procedencia de las apelaciones con efecto diferido, supone un recurso de apelación válido contra la sentencia. Consecuentemente si luego de pronunciada la misma no existe recurso alguno subsistente, cabe declarar sin más desiertos los recursos que se concedieron en su oportunidad (arts. 247 y 507, Cód. Procesal) (C. 2ª La Plata, sala II, causa B-33.298, reg. int. 338/71).

Recursos extraordinarios

Los pronunciamientos dictados en la etapa de ejecución, por principio, no son definitivos a la fines de los recursos extraordinarios (Sup. Corte Bs. As., 6/6/2001, Ac. 78.797).

Ceden a la regla, las resoluciones que resuelven las excepciones de prescripción (Sup. Corte Bs. As., Ac. 35.332, 12/6/1986).

O de pago (Sup. Corte Bs. As., 8/9/1992, Ac. 45.709).

También quita y remisión y las que comporten el avasallamiento de la cosa juzgada (Sup. Corte Bs. As., 27/9/2000, Ac. 73.937).


Jurisprudencia nacional

Recurso de apelación

Remisión: ut supra § 431, II, c; 2, d


§ 741


Art. 508 — Cumplimiento.

Consentida o ejecutoriada la resolución que mande llevar adelante la ejecución se procederá según las reglas establecidas para el cumplimiento de la sentencia de remate, hasta hacerse pago al acreedor.

CPCCN: Art. 510 — Cumplimiento. Consentida o ejecutoriada la resolución que mande llevar adelante la ejecución, se procederá según las reglas establecidas para el cumplimiento de la sentencia de remate, hasta hacerse pago al acreedor.

CPCCN (LEY U-0692): Art. 498.


Antecedentes

Código Procedimiento Buenos Aires, derogado, 553. Código Procedimiento Capital, derogado, 541.

a) Aplicación de las reglas del apremio

Una vez firme la providencia que mande llevar adelante la ejecución, se procederá según las reglas establecidas para el cumplimiento de la sentencia de remate (arts. 557-592), hasta hacerse pago al acreedor.

b) Improcedencia del juicio ordinario (de conocimiento) posterior

Ejecutándose una sentencia de condena, recaída en proceso en el cual se examinara íntegramente la relación sustancial, los efectos de la cosa juzgada impiden que pueda volver a discutirse su legitimidad. Consecuentemente, la resolución que manda llevar adelante la ejecución no tolera, en principio, revisión alguna por vía de un nuevo proceso de cognición. Con la sola excepción de aquellos supuestos en que la causa extintiva que se aduce sea posterior a la sentencia que se ejecuta. Del examen particularizado de la causa, de los alcances materiales de la cosa juzgada, y operancia en concreto de la defensa podrá ocurrir, bien que excepcionalmente, que aun tratándose de una ejecución de sentencia exista la ulterior posibilidad de controvertir aspectos que no fueron objeto de decisión precisa desde que en todo caso sería injusto privar al ejecutado del derecho a probar su defensa, si realmente ella existe, lo que tendrá que hacer necesariamente en otro juicio declarativo(116).

Diferencia esencial, pues, con la sentencia que recae en el juicio ejecutivo, susceptible de ser reexaminada en plenario posterior (arts. 551, Cód. Proc. Bs. As., o 553, Cód. Proc. Nac.).


Jurisprudencia bonaerense

Cumplimiento

Recurso de apelación

Remisión: ut supra § 430, III, 5

Por aplicación de lo dispuesto por el art. 508 del ordenamiento adjetivo, que se remite al art. 591 del mismo cuerpo legal, en el trámite del cumplimiento de la sentencia que manda llevar adelante la ejecución, las resoluciones que se dicten son inapelables para el ejecutado (C. 1ª La Plata, sala II, causa 148.186, reg. int. 426/71; C. 2ª La Plata, sala II, causa B-31.858, reg. int. 112/81).

De allí que se haya resuelto que la resolución que desestima la suspensión del remate es inapelable para el ejecutado (C. 1ª La Plata, sala III, causa 153.979, reg. int. 645/72).

O la que rechaza las impugnaciones a una liquidación también deviene inapelable para esa parte (C. 1ª La Plata, sala II, causa 148.186, reg. int. 426/71; C. 2ª La Plata, sala II, causa B-31.858, reg. int. 112/71; B-36.358, reg. int. 34/73).

Ejecución de sentencia. Posibilidad de promover un juicio ordinario posterior

Según una corriente de pensamiento, el art. 551 del CPCC no resulta aplicable a los procesos de ejecución de sentencia (Sup. Corte Bs. As., 27/5/1986, "Germain, Alberto Alfredo. Inc. de ejecución de honorarios en autos: 'Consorcio de Coprop. Edif. 48-543 v. Banco Platense SA s/Nulidad, modificación reglamento de copropiedad'" y 16/7/2014, "Banco Central de la República Argentina v. Monterisi, Domingo R. Juicio ordinario posterior", voto del Dr. Negri en minoría, Juba sumario B7779).

Con todo, también se ha dicho que si bien, por regla, el art. 551 del CPCC no resulta aplicable a los procesos de ejecución, ello es así en la medida que se haya respetado el derecho de defensa cuando la sentencia ejecutada haya sido precedida de un extenso debate. Mas no sucede lo mismo respecto de aquellos aspectos dispositivos de la sentencia que no fueron antecedentes de ese tipo de cognición (Sup. Corte Bs. As., 16/7/2014, "Banco Central de la República Argentina v. Monterisi, Domingo R. Juicio ordinario posterior", Juba sumario B4200185).

En cuanto a la posibilidad de acudir al ordinario posterior frente a las restricciones probatorias de la ejecución de sentencia, resaltaba el Dr. Hitters en uno de sus votos que "la doctrina no está conteste acerca de la posibilidad de iniciar un juicio de conocimiento posterior en el proceso de ejecución de sentencias, a diferencia de lo que explícitamente se admite en el ámbito del juicio ejecutivo (art. 551, CPCC).

Así luego de la derogación del Código de Procedimientos de la Capital Federal, que expresamente preveía en su art. 541 dicho trámite sobreviniente (v. Alsina, Tratado teórico práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Ediar, 1962, ps. 159-160), la ausencia de previsiones equiparables en la ley 17.454 (CPCN) y en el ordenamiento adjetivo provincial, fue justificada por algunos publicistas señalando que la legislación precedente carecía de sentido en este punto, ya que no podría reabrirse una instancia cognoscitiva, que ya se hallaba agotada con la sentencia de mérito cuya ejecución se pretende (v. Podetti - Guerrero Leconte, Tratado de las ejecuciones, 3ª ed., Ediar, 1997, p. 677).

Sin embargo, soy partidario de la admisión de dicho replanteo fondal, en la medida —obvio es decirlo— que no se pretenda por dicho medio (el juicio ordinario posterior) discutir nuevamente aspectos anteriores a la sentencia cuya ejecución se requiere, ya que la controversia fondal se extingue —salvo hipótesis excepcionales de revisión de la cosa juzgada— con la firmeza del decisorio de mérito y es insusceptible de ser reeditado, sea a través de las excepciones previstas en el art. 504 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. art. 505 de dicho ordenamiento) o por vía del procedimiento ulterior del art. 551 de dicho cuerpo (v. en similar sentido, Falcón, Enrique, Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, t. V, Rubinzal-Culzoni, ps. 107-108; Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, t. VII, Abeledo-Perrot, ps. 288 y 310-312, con diferencias en cuanto al alcance del conocimiento, que no viene al caso desarrollar aquí).

El ámbito cognoscitivo de este juicio ulterior, se reduce entonces a las hipótesis en que las posibilidades de defensa del ejecutado respecto de los hechos extintivos posteriores a la sentencia de mérito, se ven acotadas en atención a la restricción probatoria impuesta a las excepciones admisibles en el trámite de ejecución de aquel mandato (arts. 504 y 505, CPCC). Así ocurre en el sub lite, en el que —de conformidad con el criterio adoptado por el a quo— la demostración de que el pago de los alimentos se produjo de acuerdo a una modalidad convenida verbalmente diversa a la determinada en el convenio homologado originalmente, no fue tolerada en el presente trámite, dada la explicada limitación en la prueba (v. Morello-Sosa-Berizonce, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, v. IV-A, 2ª ed., Platense, 1994, p. 132)" (Sup. Corte Bs. As., 26/10/2010, "C., S. E. v. A., J. A. Divorcio vincular por presentación conjunta").

Sobre el punto se ha dicho que si el documento mediante el cual el ejecutado pretende probar el pago alegado, no fue extendido por los acreedores, sino por la entonces apoderada de éstos, hecho controvertido en la ejecución como así también las facultades que contaba la ex-mandataria para recibir pagos (arts. 731, inc. 1º, 733, 1881, inc. 1º, 1884 y 1888, Cód. Civil); no cabe sino concluir que, ante el desconocimiento del mentado recibo, la excepción de pago debe desestimarse (arts. 505 y 504, CPCC); ello sin perjuicio de que dicho pago pueda acreditarse en un juicio de conocimiento posterior (C. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 3ª, 28/5/1992, "Perrota, Pablo H. v. Días Baliero, Humberto s/Daños y perjuicios", Juba sumario B351545).


Jurisprudencia nacional

Cumplimiento

a) Principio general

Ejecutándose una sentencia de condena, recaída en un proceso en que se examinó íntegramente la relación sustancial, los efectos de la cosa juzgada impiden que pueda volver a discutirse su legitimidad. Consecuentemente, la resolución que manda llevar adelante la ejecución no tolera, en principio, revisión alguna por vía de un nuevo proceso de cognición (C. Nac. Civ., sala E, 2/7/1981, LL 1983-B-756, 36.340-S).

b) Fianza

En las actuaciones encuadradas dentro de la etapa de ejecución de sentencia, no son aplicables los arts. 553, 556 y 591 de la legislación adjetiva, en cuanto a la obligatoriedad del ejecutante, de prestar fianza a resultas del juicio ordinario que intente el deudor, pues aquéllas son consecuencia de una sentencia definitiva que ha pasado en autoridad de cosa juzgada (C. Nac. Civ., sala F, 20/7/1971, Der. 38-537; 22/7/1981, LL 1983-B-756, 36.340-S).

c) Recurso de apelación

Remisión: § 430, 5.

No obstante que en la etapa del cumplimiento de la sentencia de venta todas las resoluciones son inapelables para el ejecutado, por la remisión que hace el art. 510 a las normas de procedimiento correspondiente a ese estadio, la resolución que aplica las astreintes, dada su naturaleza resulta apelable (C. Nac. Civ., sala B, 15/12/1969, Der. 31-441).

d) Ejecución de sentencia y recurso extraordinario

Remisión: ut supra § 80, C.

Es de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que los pronunciamientos dictados en el trámite de cumplimiento de la sentencia final de la causa, son regularmente ajenos al recurso extraordinario (12/8/1963, Fallos 256:340; 12/12/1963, Fallos 257:226). Cabe hacer excepción a la regla cuando se configura un claro apartamiento de las constancias de la causa (Corte Sup., 2/12/1986, Fallos 308:2403 o LL 1987-A-678, sum. 5845; 17/2/1987, Fallos 310:302 o LL 1987-C-372; 13/12/1988, LL 1989-B-483 o DJ 1989-I-899 —v.gr. si las cifras consignadas no guardan proporción alguna con las estimadas en el dictamen pericial al cual el fallo hizo referencia— (Corte Sup., 9/10/1990, LL 1991-B-373 o DJ 1991-2-313 o Der. 141-578).

e) Terminación

El proceso de ejecución de sentencia no se encuentra terminado, hasta tanto el crédito reconocido en la sentencia haya sido totalmente satisfecho (Corte Sup., 4/12/1990, LL 1991-C-8 o DJ 1991-2-27).


§ 742


Art. 509 — Adecuación de la ejecución.

A pedido de parte, el juez establecerá las modalidades de la ejecución o ampliará o adecuará las que contengan la sentencia, dentro de los límites de ésta.

CPCCN: Art. 511 — Adecuación de la ejecución. A pedido de parte el juez establecerá las modalidades de la ejecución o ampliará o adecuará las que contenga la sentencia, dentro de los límites de ésta.

CPCCN (LEY U-0692): Art. 499.

Modalidades de la ejecución; poderes del juez

a) Como lo explica Colombo, esta disposición carece de antecedentes en nuestra legislación procesal, y su ámbito atañe a diversos aspectos: la interpretación de la sentencia a los fines de su ejecución y sus modalidades.

En cuanto a lo primero, han de tenerse en cuenta los principios generales que rigen la interpretación, como el de buena fe (art. 34, inc. 5º, ap. b]).

La novedad más significativa, sin embargo, está constituida por la potestad que se reconoce al órgano jurisdiccional para establecer las modalidades de la ejecución, ampliar o adecuar las que se contengan en la sentencia. Cuestión que se encuentra íntimamente relacionada con la disposición del artícu­lo 534, que en buena medida viene a implementar en forma práctica aquel facultamiento genérico (véase infra, § 768 y bibliografía que allí se cita), emparentando con los modernos principios de solidarismo o humanización del proceso.

b) Obviamente que el juez al adecuar las modalidades de la ejecución, no podrá legítimamente alterar o desbordar el contenido de la decisión, cubierto por la cosa juzgada. Sólo le es permitido hacerlo dentro de un marco de razonabilidad, conforme a las circunstancias del caso y con la finalidad de asegurar su cumplimiento, meta en la cual se encuentra comprometida la eficacia misma del servicio de la justicia.

c) La ley procesal se anticipó, además, aplicando el mismo verbo (adecuar) a las facultades que los cambios en la legislación del Código Civil auspician, en 1993 respecto de las vicisitudes que sobrevengan al contrato (ver Morello, A. M., La adecuación del contrato. Por las partes, por los jueces y por los árbitros, Platense, 1994, passim). Con moderación e inteligencia (sin afectar la sustancia de la condena) el juez podrá ayudar con realismo, al cumplimiento justo (acaso más equitativo) del fallo.


Jurisprudencia bonaerense

Adecuación de la ejecución

a) Principios generales

En el ámbito de la ejecución se acentúan los efectos de la sentencia pronunciada en el proceso de conocimiento, y la adecuación que autoriza el art. 509 del Código Procesal debe llevarse a cabo en su caso (Sup. Corte Bs. As., DJBA 113-117 o Der. 76-249).

El juez puede adecuar a las circunstancias del caso el fallo que debe ejecutarse si con ello no se altera la "orientación lógica de la decisión" (C. 2ª Apel. Mercedes, JA 1973, reseñas, p. 127, nº 27).

Según el art. 509 del Código Procesal, el juzgador, una vez dictado el fallo, podrá establecer las modalidades de su ejecución pero siempre dentro de los límites que aquél determina, lo que implica que no podrá agregar nuevas obligaciones a las que en él se mandan pagar, que no pueden ser otras que las que estaban nacidas y eran exigibles al momento de su dictado. A ello se agrega la doctrina elaborada en torno al art. 166 del citado cuerpo legal, que limita las facultades del juez con posterioridad al dictado de la sentencia a disponer su aclaratoria sin alterar su sustancia y a proceder a su ejecución tal como ella está configurada, si no es cumplida en el plazo que fija. Como se advierte, la sentencia no puede mandar pagar obligaciones aún no nacidas, su dictado agota el objeto procesal y cierra toda posibilidad de ampliación de la condena (C. Civ. y Com. San Martín, sala 2ª, 12/5/2005, "Saraco, Julio y otros v. Acuña, Ana María s/División de condominio", Juba sumario B2003270).

En una labor hermenéutica abierta se ha subrayado, asimismo, que el principio de flexibilidad de las formas potencia al juez para que pueda adaptar las exigencias de cada pleito, determinando con relación al caso concreto las que fueren más acordes a sus modalidades (Calamandrei, Instituciones de Derecho Procesal Civil, trad. Sentís Melendo, v. I, 1962, ps. 378/379) y desde luego éste en el comando de la litis, en función del principio de igualdad real de las partes en el proceso, puede ordenas la vía mejor y más adecuada para satisfacer el derecho de ambos justiciables (art. 34, inc. 5º "c" y "e", Cód. Procesal), ajustando la ejecución de la sentencia —en el caso, desalojo— a las particularidades que ofrezca el caso, dentro de los límites del pronunciamiento (C. 2ª La Plata, sala I, causa B-41.803, reg. sent. 125/76).

Entre otros supuestos, se ha explicitado que si la actitud remisa de la accionada es ya una realidad concreta y si su voluntad de no cumplir acabadamente con la condena que se le impusiera se vislumbra en atención al tiempo transcurrido desde que ésta quedara firme, el juzgado de grado, frente a la petición de la parte interesada, debe arbitrar las medidas necesarias para hacer cumplir su mandato jurisdiccional. Tal posibilidad dimana de la propia ley adjetiva, a través de la directiva que contiene el art. 509 del Código Procesal que permite al juez, en esta etapa, establecer las bases de la ejecución o ampliar o adecuar las que contenga la sentencia, dentro de los límites de ésta. Es decir, que el juez puede adecuar a las circunstancias del caso el fallo que ha de ejecutarse siempre que no altere la orientación lógica de la decisión. Porque si no es lícito proveer a la ejecución con apartamiento de la sentencia, sí está permitido "arbitrar los medios para hacerla efectiva en su letra y espíritu cuando lo único que se trata es de asegurar el medio de cumplirla, respetando el principio de congruencia y sin proceder a un reexamen o revisión del fallo" (Colombo,Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, v. III, 1969, p. 796, III).

Cabe así, en virtud de lo dispuesto por el art. 509 del ordenamiento procesal, en lugar de proveer a la libranza judicial, acceder al pedido de indisponibilidad de los fondos para asegurar el cumplimiento de la sentencia por parte de la demandada (arg. y doc. art. 581, 2ª parte, Cód. Procesal), ante la actitud renuente evidenciada por ésta durante la ejecución (C. 2ª La Plata, sala III, causa B-34.666, reg. int. 275/72).

O si de la parte dispositiva del fallo no resulta claramente quién sea el legitimado pasivo de la condena, es correcto que el juez acuda a los fundamentos del fallo para su mejor inteligencia y determinar sus alcances en el proceso de ejecución (C. 1ª Apel. Bahía Blanca, JA 1974, v. 23, p. 516, o Der. 53-201 o LL 154-639, 31.311-S).

En cambio, si la sentencia condenó al cumplimiento de una obligación de hacer, la pretensión del demandado en la etapa de ejecución de que se transforme en la entrega de una suma de dinero, implica apartarse de lo dispuesto por el art. 509 del ordenamiento adjetivo, ya que no se trataría de fijar las modalidades de la ejecución o ampliar o adecuar las que contiene la sentencia, puesto que no se mantendría dentro de los límites de ésta. Por otra parte, se infringiría el principio de congruencia (arts. 34, inc. 4º y 163, inc. 6º, Cód. cit.), desde que se obligaría al actor a aceptar una prestación que no requirió y que tampoco solicitó el demandado —ni siquiera subsidiariamente— al trabarse la litis (Sup. Corte Bs. As., DJBA 119-615 o JA 1981-III-503 o Der. 90-289 o SP LL 981-4).


Jurisprudencia nacional

Adecuación de la ejecución. Límites

Si bien a través de las directivas que contiene el ordenamiento procesal, el juez puede establecer las bases de la ejecución o ampliar o adecuar las que contenga la sentencia, ha de hacerlo dentro de los límites de ésta. En ella se especifican las obligaciones cuyo cumplimiento debe perseguirse y los sujetos activos y pasivos de la obligación, de la que no debe apartarse en virtud de la cosa juzgada. Lo cual se justifica pues no puede ejecutarse lo que no puede ser interpretado como una consecuencia directa de aquélla (C. Nac. Civ., sala A, 3/11/1989, LL 1992-C-168; idem, sala C, 21/9/1977, BCNECyC, 1977-III-75, sum. 112; idem, sala G, 26/11/1981, LL 1982-B-308), y desde luego, no bastaría la mera invocación de razones de economía procesal para desbordar el marco de razonabilidad con que debe interpretarse y cumplirse la condena (C. Nac. Civ., sala G, 26/11/1981, LL 1982-B-308).


§ 743


Art. 510 — Condena a escriturar.

La sentencia que condenare al otorgamiento de escritura pública, contendrá el apercibimiento de que si el obligado no cumpliere dentro del plazo fijado, el juez la suscribirá por él y a su costa.

La escritura se otorgará ante el registro del escribano que proponga el ejecutante, si aquél no estuviere designado en el contrato. El juez ordenará las medidas complementarias que correspondan.

CPCCN: Art. 512 — Condena a escriturar. La sentencia que condenare al otorgamiento de escritura pública, contendrá el apercibimiento de que si el obligado no cumpliere dentro del plazo fijado, el juez la suscribirá por él y a su costa.

La escritura se otorgará ante el registro del escribano que proponga el ejecutante, si aquél no estuviere designado en el contrato.

El juez ordenará las medidas complementarias que correspondan.

CPCCN (LEY U-0692): Art. 500.


Antecedentes

Código Procedimiento Buenos Aires, derogado, 566.

Exposición de motivos del Código Procesal Nacional

Véase supra, § 730.

a) Otorgamiento de la escritura; facultades del juez

Salvo que fuere menester emplear violencia contra la persona del deudor —en cuyo supuesto la obligación podrá ejecutarse por el acreedor o por un tercero por cuenta del obligado, y si tampoco fuere posible habrá de resolverse en el pago de los daños y perjuicios (arts. 629, 630 y 505, Cód. Civ. - ley 340; arts. 730, 766 a 768, Cód. Civil y Comercial de la Nación - ley 26.994)— las sentencias que imponen obligaciones de hacer o no hacer son pasibles de ser ejecutadas forzadamente.

La cuestión había dado lugar a una interesante labor doctrinaria y jurisprudencial, en lo que se refiere al cumplimiento de la sentencia que impone al vendedor la obligación de escriturar, inclinándose en definitiva la jurisprudencia capitalina por la tesis de que el juez se halla habilitado para otorgar el acto si no lo hace el obligado, para lo cual la sentencia que recaiga en el proceso por escrituración debe contener apercibimiento expreso en tal sentido, pues de lo contrario el incumplimiento de esa obligación de hacer provocaba la resolución de la misma en el pago de daños e intereses.

El problema referido contaba en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires con adecuada solución proveniente del Código Procesal de 1905, cuyo artícu­lo 566 ya disponía que "cuando la sentencia condenara a escriturar, vencido el plazo al efecto, el juez procederá a otorgar la escritura correspondiente, siempre que el bien no hubiera salido del patrimonio del ejecutado".

Los Códigos vigentes contienen una previsión expresa en tal sentido, edictada por el artícu­lo 510 del Código Procesal de Buenos Aires o el artícu­lo 512 del Código Procesal Nacional, que ha venido a superar las cuestiones anteriormente planteadas.

b) Operancia directa del facultamiento

Ha de tenerse en cuenta que no es necesario que el apercibimiento a que se refiere la disposición en examen, sea solicitado en la demanda. Es la propia ley, con criterio económico y funcional, la que contempla los sucesivos y lógicos tramos eventuales de la ecuación que deriva de la relación contractual o de la frustración del cumplimiento(117).

c) Bien que ha salido del patrimonio del obligado

Débese puntualizar, finalmente, que también corresponde dictar sentencia condenando al otorgamiento de la escritura, aunque el bien hubiere sido enajenado a un tercero, según doctrina de la Casación provincial (no compartida por otros tribunales, ni por calificada doctrina —Llambías—) [ver anotación].


Jurisprudencia bonaerense

Condena a escriturar

a) Principio general

El art. 510 del ordenamiento procesal —coincidiendo con la solución que ya receptaba el art. 566 del Código derogado— consigna con precisión que la sentencia que condenara al otorgamiento de la escritura pública contendrá el apercibimiento de que si el obligado no cumpliere dentro del plazo fijado, el juez la suscribirá por él y a su costa (C. 2ª La Plata, sala III, causa B-34.456, reg. sent. 145/72).

A su vez, la sentencia que en juicio por cumplimiento de un contrato de compraventa condena al comprador a oblar el saldo de precio fijado en el boleto pertinente, debe contener el apercibimiento de resolverse la obligación en el pago de pérdidas e intereses (art. 1187, Cód. Civil; Sup. Corte Bs. As., Ac. y Sent., 1956-VI-159; Moreno Dubois, Apercibimiento que debe contener la sentencia que condena a escriturar, LL 131-327; López Olaciregui, Naturaleza y efectos de la sentencia de escrituración bajo apercibimiento, Der. 12-821) (C. 2ª La Plata, sala I, causa B-34.963, reg. int. 399/72).

b) Plazo

El plazo para escriturar fijado en la sentencia condenatoria firme, corre desde ese momento sin necesidad de intimación alguna (C. 2ª La Plata, sala I, JA 1954-I-52).

c) Medidas complementarias

En caso de condena a escriturar el juez puede ordenar, en camino a hacer cumplir el mandato jurisdiccional, las diversas medidas que fueran menester (C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 2ª, 25/2/1999, "Ordriozola Miguel v. Galacho Carlos s/cumplimiento de contrato - Daños y perjuicios", Juba sumario B1402690; C. Civ. y Com. Trenque Lauquen, 9/5/2012, "Besga Adolfo Oscar y otro/a v. Flores Mirta Angélica y otro/a s/escrituración").

De este modo, tratando de concluir los trámites necesarios para ejecutar la sentencia que condena a escriturar y en orden a lo que prescriben los arts. 16del Código Civil y 510 de la ley adjetiva, el juzgador se encuentra facultado para dictar las medidas complementarias que crea necesario para el cumplimiento de lo que resolvió la sentencia, tanto más si se tiene en cuenta que en dicho pronunciamiento condenó a escriturar a los perdidosos bajo apercibimiento de hacerlo él a nombre de los condenados en caso de que éstos se muestren renuentes a cumplir la decisión judicial (Colombo,Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, v. III, 1969, p. 798); y en consecuencia, se encuentra facultado para solucionar los obstácu­los que se oponen al otorgamiento de la escritura traslativa de dominio, tal como las medidas cautelares (art. 584, Cód. Procesal) (C. 2ª La Plata, sala I, causa B-30.251, reg. int. 209/70; idem, sala III, causa B-27.123, reg. int. 353/69).

Resulta, por lo tanto, procedente la solicitud de la parte vencedora, enderezada a obtener el levantamiento de la inhibición que pesa sobre la parte demandada, al solo efecto de otorgarse la escritura traslativa de dominio, toda vez que el mismo ha de cumplimentarse con previa citación del juez que dispusiera la traba de dicha medida cautelar y que, a mayor abundamiento, la anotación de ésta tuvo lugar con posterioridad a la fecha en que recayera la sentencia definitiva que ordenara la escrituración y se efectivizase el apercibimiento contenido en dicho decisorio (art. 510, in fine, Cód. Procesal; arg. art. 584, Cód. cit.; Morello-Passi Lanza-Sosa-Berizonce, Códigos Procesales v. VI-1, 1ª ed., ps. 75 y 76; Sup. Corte Bs. As., DJBA 52-510 o LL 60-222) (C. 2ª La Plata, sala I, causa B-47.721, reg. int. 49/80; idem, sala II, causa B-42.101, reg. int. 263/76).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado que el levantamiento de las medidas cautelares "al solo efecto de escriturar" sólo se concibe en caso de subasta pública del inmueble, y con citación de los jueces que la hubiesen decretado, pues entonces los embargos se trasladan al saldo de precio pero no cuando se condena a escriturar una venta privada, caso en el cual sólo es posible previa audiencia de los interesados y decisión tomada preservando las garantías del debido proceso, con posibilidad para ellos de hacer valer las defensas que tuvieren y decisión sobre el mejor derecho de embargantes o compradores (Corte Sup., LL 1987-B-255). Así entonces, si existen inhibiciones trabadas por otro juez se impone que el iudex a quo sustancie el pertinente incidente en el que, previo traslado a los restantes acreedores por vía de fehaciente notificación, resuelva sobre la procedencia o no del levantamiento de las inhibiciones, que obstan a la ejecución de sentencia de escrituración (arts. 509, 510, 511, Código Procesal) (C. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 1ª, 29/6/2010, "Duran de Sarries, Margarita v. Maky SA s/Incidente de Ejecución de Sentencia", Juba sumario B257540; C. Civ. y Com. Bahía Blanca, sala 1ª, 11/2/2014, "Miravalles Eugenio Rubén v. Pieri Isidoro s/ Cumplimiento de Contrato").

Debiendo tenerse en cuenta que el acreedor que pretende de su deudor la escrituración del inmueble, y encuentra en la inhibición de este último un obstácu­lo para una transmisión voluntaria del dominio, le bastará con seguir la vía de la ejecución forzosa frente a la imposibilidad de obtener el cumplimiento espontáneo (art. 505, inc. 1º, Cód. Civ.), trabando embargo sobre el inmueble en cuestión (art. 201, CPC), para tornar de esa manera indudable preferencia frente a quien sólo cuenta con una inhibición general de bienes, medida esta última que no otorga prioridad alguna frente al embargante (arts. 218 y 228, in fine, CPC) (C. Civ. y Com. Bahía Blanca, sala 1ª, 11/2/2014, "Miravalles Eugenio Ruben v. Pieri Isidoro s/ cumplimiento de contrato").

También se ha indicado que si existen embargos trabados por otro juez, y a su vez, en este proceso no han sido oídos los embargantes, se impone que el iudex a quo dirigiendo en un rol activo la jurisdicción en la etapa de ejecución de sentencia arbitre a través de la vía que considere más adecuada la integración de la litis, asegurando la garantía de la defensa en juicio, al sólo objeto de resolver si es viable o no el levantamiento de los embargos que obstan a la ejecución de sentencia de escrituración a la luz de lo normado por el artícu­lo 1185 bis del Cód. Civil (arts. 89, 2º apartado, 94, 509, 510, 511 del Cód. Proc.) (C. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 1ª, 26/2/1991, "Amaya, Lorenzo v. Giustozzi, Miguel Ángel s/Escrituración", Juba sumario B251471).

d) Sanciones conminatorias

Remisión: § 222 y § 223

El interés prevaleciente de la ley es el de conseguir el cumplimiento específico de la obligación y, en ese orden de cosas, en el juicio de escrituración, la pretensión no se compadece con la aplicación de las sanciones contenidas en el art. 37 del ordenamiento procesal —astreintes—, sino con la efectivización del apercibimiento que contiene el art. 510 del mismo cuerpo legal, que dispone que si no cumple el obligado el juez suscribirá por él y a su costa la escritura (Colombo,Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, v. III, 1969, p. 799; LL 101-685; 104-346 y 131-3) (C. 2ª La Plata, sala I, causa B-30.213, reg. int. 358/70).

e) Excepciones

En el trámite de ejecución de sentencia que condenó a escriturar, debe posibilitarse al deudor que oponga las excepciones que pudiere hacer valer, y con tal alcance debe citárselo (Alsina, Tratado, 2ª ed., v. V, p. 141, nº 21, "e" y p. 153, nº 34, "h") (C. 1ª La Plata, sala I, causa 157.619, reg. int. 555/73).

f) Sucesión; indivisión hereditaria

Si la sucesión demandada fue condenada a otorgar la correspondiente escritura de dominio de la mitad indivisa de los lotes de terreno, y no se cumplimentó la sentencia, corresponde que el acto traslativo de la propiedad sea realizado por el juzgado, y a lo que no obsta la circunstancia de que los bienes se encuentren en estado de indivisión hereditaria. En efecto, ese estado es en principio un condominio en sentido lato de copropiedad o concurrencia de varias personas con un derecho igual sobre una misma cosa (Dig. Jurid. v. I, p. 1239, nº 1377 y ss.; Salas,Código Civil anotado, v. III, p. 1591) y siendo facultativo de cada condómino de enajenar su parte indivisa en un inmueble común, a fortiori, consiguientemente puede ser compelido a que la escritura sea otorgada por el juzgado en caso de incumplimiento de la sentencia (C. 2ª La Plata, sala II, causa B-30.283, reg. int. 325/70).

g) Resolución del contrato

En atención al principio de bilateralidad se tiene sentado —desde hace mucho— que ante la petición del actor de que se declare rescindido el boleto de compraventa, haciéndose efectivo el apercibimiento que contiene la sentencia firme corresponde, antes de resolver en definitiva, correr traslado de dicho requerimiento (arg. art. 18, Const. Nacional)(118).

Al evacuar ese traslado, el vencido puede denunciar ciertas omisiones en el proceso de ejecución de sentencia que obstan al apercibimiento en cuestión. En efecto, no basta el mero transcurso del plazo para hacer efectivo dicho apercibimiento, ya que resulta necesario que el acreedor agotara previamente los extremos tendientes al cumplimiento directo de la condena principal. Así, verbigracia, si no se designó al escribano que debía otorgar la escritura traslativa de dominio y obviamente no medió la aceptación del cargo; si no se entregaron los títulos por el actor, y el escribano no manifestó que estaba en condiciones de proceder a la escrituración, no puede sostenerse válidamente que la ejecutada fue remisa en el cumplimiento de la obligación, máxime si de los autos no surge tal circunstancia(119).

Ahora bien, si la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada condenó al comprador a otorgar la escritura traslativa de dominio y a abonar en tal oportunidad las cuotas mensuales adeudadas, bajo apercibimiento de resolverse en el pago de daños y perjuicios, e incluso fue intimado para llevar a cabo la operación sin que hubiera dado cumplimiento a lo ordenado, debe efectivizarse el mandamiento declarándose resuelta en el pago de daños y perjuicios la obligación que instrumenta el boleto de compraventa (C. 2ª La Plata, sala I, causa B-34.963, reg. int. 399/72).

En cambio, deviene prematuro declarar rescindido el boleto de compraventa por culpa del comprador, si no se corrió traslado de la petición del vendedor, pues aquél pudo denunciar ciertas omisiones en la etapa de ejecución de sentencia que obstaran al apercibimiento en cuestión (arg. art. 17, Const. Nac.; 180, Cód. Procesal; Morello-Passi Lanza-Sosa-Berizonce, Códigos Procesales, 1ª ed., v. VI-1, p. 77 y jurisprudencia citada) (C. 2ª La Plata, sala I, causa B-74.531, reg. int. 401/92).

Habiendo quedado consentida la sentencia o el apercibimiento que decretó la resolución del boleto de compraventa, siendo una de las consecuencias de la rescisión volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la celebración del contrato, como si éste no se hubiera celebrado (Borda, Tratado. Obligaciones, v. II, p. 207, nº 1301), corresponde que el demandado restituya la cosa recibida ajustándose a lo preceptuado por los arts. 1052 y 1054 del Código Civil (Borda, Contratos, 2ª ed., v. I, p. 233, nº 533; Morello, El boleto de compraventa inmobiliaria, p. 403, nº 124), no existiendo impedimento alguno para que en la etapa de ejecución de sentencia el vendedor solicite el lanzamiento como medio de concretar la condena (arts. 497 y 513, Cód. Procesal) (C. 2ª La Plata, sala II, causa B-33.788, reg. int. 52/72).

En caso de que hubiese mejoras, se ha declarado que es improcedente por vía de ejecución de sentencia decretar el lanzamiento. Así si las partes estaban enlazadas por un boleto de compraventa, y el comprador se hallaba en posesión de la cosa, cabe aceptar que tal posesión era de buena fe (arts. 2356 y 2362, Cód. Civil). En tales condiciones, la edificación y mejoras —necesarias y útiles— que el demandado pudo haber realizado en el fundo han de serle indemnizadas por el actor (art. 2588, Cód. Civil), pudiendo mientras tanto el demandado retener el inmueble conforme con lo que disponen los arts. 2426 y 2488, Cód. Civil (Salvat-Argañarás, Derechos Reales, v. I, nº 336 y 344; v. IV, nº 3098, "f")(120).

Empero, debe repararse que frente a la resolución contractual, los demandados se convirtieron en meros detentadores y el alegado derecho de retención por las pretensas mejoras no autoriza a usar la cosa, pues sólo constituye una mera garantía. Tampoco justifica la oposición a la ejecución del crédito objeto de condena en el juicio sobre indemnización de daños y perjuicios. Ni es viable la compensación alegada, como quiera que el derecho de retención ejercido sobre la cosa en cuanto enderezado a la satisfacción de pretensas mejoras, no puede condicionar la liquidación de la deuda en la etapa de ejecución de sentencia, de disímil génesis, y porque mientras el monto de la condena se encuentra expedito y, por ende, líquido, carente de condicionamientos, no ocurre lo mismo con el crédito que puede derivarse del ejercicio del ius retentionis (arts. 527, 528, 819, 820, 822, 3939, 3940, Cód. Civil; 34, inc. 5º, 161, 163, inc. 6º, 260, 261, 500, 501, 502, Cód. Procesal) (C. 2ª La Plata, sala I, causa B-72.669, reg. sent. 218/91).

Asimismo se ha resuelto que si el acto escriturario se tornara o resultara imposible, y ni siquiera resulta suficiente la decisión del juez de hacerlo en lugar del vendedor, la obligación primitiva se convertirá, ahora sí, necesariamente, en la de pagar daños y perjuicios. Y sólo cuando en la etapa de ejecución se advierta la imposibilidad, procederá la conversión en el resarcimiento. Esta conversión operará aun cuando el actor no lo haya pedido en la demanda y no será necesario que el vencedor en el litigio inicie un nuevo proceso, ya que esto puede liquidarse en la etapa de ejecución de sentencia (art. 511 del CPCC) (C. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 3ª, 3/8/2010, "P., D. F. v. M. K. SRL s/Cumplimiento de Contrato y Escrituración", Juba sumario B355421).

h) Daños y perjuicios

La circunstancia de que la sentencia no haya contenido el apercibimiento de resolverse la obligación de escriturar en el pago de daños y perjuicios, no impide que en la ejecución de sentencia se resuelva sobre el particular (Alsina, Tratado, 2ª ed., v. V, p. 149, nº 34)(121).

Debe señalarse que para el supuesto de que la obligación se resolviera en el pago de daños y perjuicios, la indemnización a fijar está dada por la diferencia existente entre el valor primitivo del inmueble y el que resultaría tener en la época de la sentencia (Morello, El boleto de compraventa inmobiliaria, p. 357 y ss.)(122).

i) Imposibilidad de aplicar el apercibimiento legal

La condena a escriturar es una obligación a cumplir. Tan es así, que si no se cumple voluntariamente, se cumplirá compulsivamente. Así resulta de la norma aplicable (art. 510 del CPCC). Pero puede ocurrir que el cumplimiento no resulte viable, es decir, que esa condena a escriturar no pueda concretarse, sea el valladar de origen legal o de naturaleza personal. En ambos casos, estaremos en presencia de una obligación de cumplimiento imposible, supuesto para el que le ley prevé expresamente el procedimiento a seguir; es el establecido en el art. 511 del CPCC, que justamente dispone que la obligación se resolverá en el pago de los perjuicios resultantes del incumplimiento. La previsión del art. 1204 del Cód. Civil para nada colisiona con lo expuesto. Esta prevé la cuestión desde el punto de vista sustancial, es decir, si se exige el cumplimiento después se puede requerir la resolución, pero a la inversa si se exige ésta ya no se podrá requerir aquella. En cambio las normas procesales establecen el mecanismo para viabilizar aquellas. Si no se cumple voluntariamente y no se pudiera hacer cumplir por el Juez, lo que engloba los dos tramos de la condena (pagar el saldo de precio y escriturar), sobrevendrá la etapa de ejecución de sentencia, y el Juez declarará la resolución del contrato y transformará la condena a hacer en la de pagar los daños y perjuicios provenientes de la inejecución, y ello tramitará como lo dispone el art. 511, párr. 4º del CPCC (C. Civ. y Com. Dolores, 3/2/2006, "Buccheri, Francisco v. Aristizábal, Guillermo s/Cumplimiento de Contrato", Juba sumario B950894).

Si el reclamo de autos no versó sobre la obligación contraída por todos los condóminos respecto de un bien (caso en el cual la acción de escrituración es la vía adecuada, con la consecuente constitución de un litisconsorcio necesario entre todos los deudores), sino sobre el perfeccionamiento de una venta de cosa parcialmente ajena (arts. 1329, 1330 y 1331, Cód. Civ.) media una clara diferencia entre ambas situaciones: en el primer caso (condena a escriturar stricto sensu) el juez suple la voluntad de los accionados reticentes a acatar lo dispuesto en la sentencia (art. 510, CPCC); en el segundo, no puede hacerlo, ya que la condena que impone el cumplimiento de lo pactado inter partes no alcanza a quien no participó del contrato. Por lo que si, en este último caso, no se obtiene la ratificación prevista en el art. 1330 del Código Civil, la ejecución de sentencia debe transitar por el trámite del art. 511 del Código Procesal Civil y Comercial (Sup. Corte Bs. As., 18/6/2008, "Ceciaga, Omar v. Francione, Magdalena y ots. s/Escrituración", Juba sumario B29853).

El juez no podría escriturar si, incumplidas las condiciones acordadas, tampoco pudiera jurídicamente hacerlo la vendedora. Por ejemplo, sin orden judicial de inscripción de la declaratoria de herederos a su favor, la vendedora no podría escriturar por tracto abreviado y, en tal caso, tampoco podría hacerlo el juez por cuenta de ella (arg. art. 3270, Cód. Civ.; arts. 14, 15 y 16, ley 17.801; art. 28.c, dec.-ley 8904/77; etc.). De modo que el plazo judicial para finalizar la sucesión ha de interpretarse como establecido bajo apercibimiento de que, si no fuera cumplido el hecho condicionante antes del término, podrá ser impulsado el trámite sucesorio por el comprador a costa de la vendedora (arg. art. 1196, Cód. Civ. y arts. 729 y 111 y ss., Cód. Proc.) o bien podrá aquél considerar resuelto el contrato (C. Civ. y Com. Trenque Lauquen, 20/8/2013, "Prestifilippo Alfredo Fabricio v. Basillenco Graciela s/Escrituración").

En sentido análogo, se ha dicho que al no resultar titular de dominio del inmueble la vendedora por boleto de compraventa no es posible que el sentenciante aplique el apercibimiento previsto por el artícu­lo 510 del CPC —escrituración por el juzgador—. Asimismo, la ausencia de intervención del titular dominial del inmueble que pretende escriturarse en el boleto de compraventa, cuyo cumplimiento resulta objeto de la ejecución, impide que pueda practicarse un acto de ejecución forzosa, como lo sería la escrituración por parte del magistrado, que necesariamente afectaría su derecho de propiedad. Por su parte, la mera existencia de un mandato otorgado a los fines de escriturar por el titular dominial a la vendedora por boleto en modo alguno habilita, como pretenden los recurrentes, que el a quo pueda disponer la escrituración por el sistema de tracto abreviado. Pues, más allá de la imposibilidad atinente a la falta de intervención del titular dominial en el boleto de compraventa, si bien se encuentra acreditada la existencia del mandato antes mencionado no existe constancia alguna en la causa respecto a su alcance y extensión, impidiendo tal circunstancia que pueda considerarse que el mismo resulta hábil para permitir que la vendedora escriture a su nombre el inmueble (arts. 375, 384 y ccdts. del CPC) (C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 3ª, 28/11/2012, "Castro, Oscar Alfredo v. Sarjen, Marta s/ Escrituración").

Y que siendo la sentencia un todo orgánico, en ella se ha remarcado la responsabilidad contractual del demandado frente a la existencia de medidas cautelares que afectan al inmueble, producto del incumplimiento de deberes jurídicos asumidos frente a terceros y por los cuales no debe responder el actor para quien aquéllos resultan ser res inter alios acta, todo lo cual obsta, por ahora, hacer efectiva la escrituración del bien. Queda claro entonces que dentro del término de cuarenta y cinco días otorgado por el juzgador para hacer efectiva la escrituración traslativa de dominio, el demandado —sin necesidad de que se lo especifique— deberá obtener el levantamiento de las cautelares inscriptas sobre el inmueble, dado que el no hacerlo impedirá la concreción de tal instrumento, pues si no lo hace se tornará efectivo el apercibimiento de ser declarada la resolución contractual establecida en el decisorio de conformidad con lo dispuesto por los arts. 510 y 511 del Código Procesal (C. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 1ª, 20/2/2007, "Monjes, Domingo José v. Costa, Manuel Héctor s/Cumplimiento de contratos civiles y comerciales", Juba sumario B256398).

También que, aunque tratándose de concluir los trámites necesarios para ejecutar la sentencia que condena a una obligación de hacer, el juzgador se encuentra facultado para dictar las medidas complementarias necesarias para el cumplimiento de lo que resolvió en la sentencia y para solucionar los obstácu­los que se oponen a la inscripción de la transferencia de dominio automotor (conf. doctr. art. 510, 511 del CPCC). Mas, excede de tales facultades ordenar la inscripción cuando media la interrupción de la cadena de transmisiones registrales por ser apócrifa la firma de quien no fue citado a juicio, y cuya voluntad no puede ser suplida por la sentencia (art. 910 del Código Civil) (C. Civ. y Com. San Isidro, sala 2ª, 2/10/2003, "Picco, Roberto v. Gaitán y otr. s/Cumplimiento de contrato", Juba sumario B1750739).


Jurisprudencia nacional

Condena a escriturar

a) Principio general

Mediando una norma especial para la condena a escriturar —art. 512 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación—, su aplicación resulta prioritaria como norma específica frente al art. 513 del cuerpo normativo mencionado que refiere otras condenas a hacer distintas de la de escriturar, con mayor razón si se repara en que no se trata de una obligación "intuitu-personae" y se admite su ejecución por el juez (C. Nac. Civ., sala L, 17/5/2007, "Hamor SACIFCIA v. Gómez, Rosa Alicia", DJ 2007-III, 699).

La disposición del art. 512 del Código Procesal establece que si el obligado no cumpliere dentro del plazo fijado, el juez suscribirá la escritura por él y a su costa. Se entiende, así, que la norma se refiere a la escritura de compraventa; no resultando admisible que también el juez esté autorizado a suscribir en nombre de las partes la hipoteca como garantía del saldo de precio, pues ello constituye en definitiva un contrato de mutuo garantizado de esa manera, que deberá ser celebrado por las partes (C. Nac. Civ., sala E, 7/8/1970, Der. 37-81; LL 143-638, 27.083-S).

Por cierto, quien debe suscribir la escritura es el juez y no puede delegar el encargo en otros (C. Nac. Civ., sala E, 1/12/2010, "Cantaluppi, Osvaldo Omar v. Haelewycz de Imer, Elodia", LL 2011-B-428).

Asimismo, se ha señalado que la inclusión de dicho apercibimiento en la sentencia es imprescindible, incluso porque constituye —en cierto modo— el antecedente necesario de la acción subsidiaria para obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios que pudieran emerger del incumplimiento de la condena ya que es recién cuando se lleve a cabo la ejecución de la sentencia que se determinara con certeza si el demandado se halla en condiciones de escriturar y si el tribunal no lo puede sustituir, en cuyo caso el acreedor estará plenamente habilitado para ejercer la acción resarcitoria (C. Nac. Civ., sala L, 27/12/2001, "Cavalieri de Iannuzzi, Idea M. v. De Vito, Silvina L.", DJ 2002-2-420).

La doctrina precedente se ha integrado con la declaración de que la circunstancia de que la condena a escriturar contendrá el apercibimiento de que si el obligado no cumpliere dentro del plazo fijado el juez suscribirá la escritura por él y a su costa, no ha de seguirse que todas las sentencias que condenan a escriturar han de contener ese apercibimiento, pues la aplicación de dicha norma no debe hacerse en forma irracional o mecánica, ya que no puede dejar de consultarse la posibilidad de lograr mediante él, el logro de los fines perseguidos, por el ejecutante, para lo cual importa examinar la naturaleza de la obligación reconocida en la sentencia condenatoria (C. Nac. Civ., sala D, 9/6/1969, LL 137-806, 23.115-S).

Urge puntualizar desde este punto de vista, que el apercibimiento de marras tiene sentido cuando ha sido condenada la parte vendedora, pues en tal caso sí procede que intervenga el juez suscribiendo el instrumento por aquella parte. En cambio, si es condenado el comprador, quien debe oblar el saldo de precio, el incumplimiento del mismo excluye la escrituración (C. Nac. Civ., sala A, 4/8/1983, LL 1983-D-552). De este modo, incumplida la manda judicial de escriturar por parte del adquirente del inmueble que no ha pagado la totalidad del precio, no corresponde al juez suscribir la escritura por aquel y a su costa, conforme reza la última parte del primer párrafo del art. 512 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación, sino resolver la cuestión a través de una indemnización de daños y perjuicios pues el pago total es requisito para que el magistrado se encuentre en condiciones de obrar en aquel sentido (C. Nac. Civ., sala C, 14/9/2009, "Soto, Juan Carlos y Otros v. Martínez, María Mercedes", JA 2010-II, 70)

De allí, que también la sentencia que condena a escriturar puede contener —especialmente para la hipótesis de que el incumplimiento derivare del comprador— el apercibimiento de resolución, con indemnización de daños y perjuicios, para el supuesto de inejecución (C. Nac. Com., sala B, 19/3/1969, JA 1969-III-249).

De mediar, entonces, imposibilidad de cumplimiento de la condena impu­table a los demandados, la obligación de escriturar se resolverá en el pago de los daños y perjuicios correspondientes, pero mientras no exista esa imposibilidad, el juez debe arbitrar todos los medios a su alcance para que la prestación impuesta en la sentencia sea satisfecha (C. Nac. Civ., sala A, 13/9/1983, LL 1984-A-298). De modo concordante, se ha decidido que fuera de los supuestos en que la escrituración se tornara de cumplimiento imposible, el comprador no puede a su solo arbitrio convertir la sentencia que condena a escriturar en pretensión de resarcir los daños e intereses debiendo seguir la vía prevista por el art. 512 de la legislación adjetiva (C. Nac. Civ., sala F, 21/12/1984, LL 1985-C-655, 36.919-S).

Se ha resuelto, asimismo, que sólo subsidiaria y excepcionalmente procede la sustitución de la prestación por la reparación de los daños y perjuicios, en caso de que el ejecutante no obtenga el cumplimiento del mandato judicial mediante la aplicación de las sanciones conminatorias (C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala II, 12/8/1986, LL 1987-E-471, 37.774-S).

Sin perjuicio de ello, se ha declarado que no hay quiebra del principio de congruencia (art. 163, inc. 6º, Cód. Procesal) respecto del objeto de la demanda, si mediando imposibilidad, se perpetúa en pagar los daños del incumplimiento (arts. 508 y 509, Cód. Civil). De allí que esté legitimado a solicitar en la etapa de ejecución que se intime el cumplimiento bajo apercibimiento de resolverse la obligación en el pago de daños y perjuicios (C. Nac. Civ., sala C, 7/4/1968, Der. 22-688).

En síntesis: frente a la complejidad propia de la obligación de escriturar, no debe ser descartada la hipotética posibilidad de resolver por causas sobrevinientes, alternativa que se abre, obviamente, en favor de ambas partes, sobre quienes pesa indistintamente, según reiterada jurisprudencia, la obligación de escriturar. No hay por qué pensar además, que frente a una sentencia que manda cumplir lo convenido, no juegue también esta regla (art. 1187, Cód. Civil) (C. Nac. Civ., sala D, 11/9/1980, LL 1981-A-66).

b) Plazo

El plazo para escriturar que se establece en la sentencia —30 días—, debe compu­tarse a partir de que quede firme la liquidación que se practique en la etapa incidental de ejecución de sentencia para determinar si existen diferencias a abonar, las que, a su vez, deberán ser pagadas dentro del mismo plazo y en ocasión de otorgarse la escritura de transferencia del dominio de la unidad (C. Nac. Civ., sala A, 20/3/1985, LL 1985-C-89 o DJ 1985-41-334 o Der. 114-527).

c) Designación del escribano

El art. 512 de la legislación adjetiva atribuye al ejecutante la facultad de proponer el escribano que otorgará la escritura pública ordenada en la sentencia, salvo que el escribano estuviera designado en el contrato, con lo cual se reconoce la primacía del acuerdo de voluntades (C. Nac. Civ., sala C, 7/10/1980, LL 1980-D-594).

Ante la imposibilidad de escriturar con el escribano elegido de común acuerdo en el contrato, corresponde aplicar el principio contenido en el segundo párrafo de la norma precitada, esto es, nombrar escribano al propuesto por el ejecutante (C. Nac. Civ., sala C, 7/10/1980, LL 1980-D-594).

Finalmente, si el escribano que debe intervenir en el acto notarial fuera titular de un registro en extraña jurisdicción, y por tal causa la escritura no podría suscribirse en la sede del Juzgado, sin que pudiera tampoco obligarse al magistrado de la Capital a trasladarse a otra ciudad a los fines de su otorgamiento, no obstante que, en principio, no existe la posibilidad de que un tercero cumpla con dicho trámite, a través de la vía del auxilio judicial, se ha logrado la solución de comisionar la suscripción de la escritura al juez en turno de la jurisdicción correspondiente (C. Nac. Civ., sala E, 2/8/1984, LL 1984-D-573 o Der. 111-179).

d) Sanciones conminatorias

Remisión: § 222 y § 223

Sin perjuicio del apercibimiento que contiene la norma en el sentido de que el juez suscribirá la escritura en caso de irrealizarlo el obligado dentro del plazo pertinente, como las partes deben cumplir con los términos de un pronunciamiento que ha pasado en autoridad de cosa juzgada, el juzgador está autorizado a dictar las medidas complementarias que correspondan a los fines de ejecutar el mandato judicial (C. Nac. Civ., sala A, 13/10/1970, LL 144-612, 27.649-S), tales como la imposición de la sanción conminatoria contenida en el art. 37 del Código Procesal, cuando media una conducta obstruccionista injustificada que impide la escrituración (C. Nac. Civ., sala B, 15/12/1969, Der. 31-441; idem, sala F, 14/9/1971, Der. 39-553; C. Nac. Civ., sala L, 27/12/2001, "Cavalieri de Iannuzzi, Idea M. v. De Vito, Silvina L.", DJ 2002-2, 420).

Se ha explicitado en tal sentido, que cuando el vendedor condenado a escriturar no aporta la mayoría de los elementos indispensables requeridos por el notario para proceder a la escrituración, no obstante que fueron puestos en su conocimiento por cédula, resultan de estricta aplicación las sanciones pecuniarias tendientes a que el vencido cumpla con la sentencia, en los términos y con el alcance del art. 37 citado (C. Nac. Civ., sala A, 4/6/1970, Der. 39-486). Asimismo, se ha confirmado la sentencia que dispuso una multa diaria para el caso de que la parte demandada no escriturara dentro del plazo fijado (C. Nac. Com., sala B, 14/7/2006, "Albano, Nélida J. y otro v. Gancybel SA", DJ Online AR/JUR/5262/2006).

E incluso se ha resuelto que en atención a la naturaleza conminatoria, progresiva y provisoria de las astreintes y a los fines de que no se desnaturalice su finalidad y ellas resulten eficaces, cabe establecer que el importe fijado por cada día de retardo en la obligación de escriturar se duplique cada quince días, pues dicho carácter típico de la sanción permite, frente al incumplimiento de la obligación y al transcurso del tiempo, que su monto aumente —progresivamente— mientras subsista aquél (C. Nac. Civ., sala C, 26/9/2007, "Lambruschini, Olga Ethel y otro v. Realico SCA", La Ley Online Doc. AR/JUR/9400/2007).

Claro está que debe optarse por dicha medida de excepción cuando no existe otro medio legal o material para obtener el cumplimiento de la obligación (C. Nac. Civ., sala B, 19/9/1972, Der. 46-144), y así, se ha decidido que si bien la vendedora debe tomar los recaudos necesarios, para cumplir el mandato judicial que emerge de la sentencia en el juicio por escrituración, resulta extemporáneo imponerle sanciones conminatorias si la actora en momento alguno impulsó su cumplimiento y ni siquiera ha designado el escribano (C. Nac. Civ., sala B, 8/10/1973, Der. 51-294). Y, asimismo, que en los juicios de escrituración sólo corresponde aplicar astreintes, por su carácter excepcional, una vez que el comprador hubiere agotado los recursos normales a su alcance para lograr el cumplimiento de la sentencia; es decir solicitando que se haga efectivo el apercibimiento en ella contenido (C. Nac. Civ., sala C, 14/4/1992, "Rigano, Miguel A. v. Comisión Municipal de la Vivienda", LL 1992-D-138).

Las medidas complementarias a que alude la parte final del art. 512 del ordenamiento procesal, no comprenden aquellas que pueden afectar derechos de terceros ajenos a la relación jurídica que da origen a la condena a escriturar (C. Nac. Civ., sala A, 8/9/1983, LL 1984-A-229 o Der. 107-604).


§ 744


Art. 511 — Condena a hacer.

En caso de que la sentencia contuviese condena a hacer alguna cosa, si la parte no cumpliese con lo que se le ordenó para su ejecución dentro del plazo señalado por el juez, será (*) a su costa o se le obligará a resarcir los daños y perjuicios provenientes de la inejecución, a elección del acreedor.

Podrán imponerse las sanciones conminatorias que autoriza el art. 37. La obligación se resolverá también en la forma que establece este artícu­lo cuando no fuere posible el cumplimiento por el deudor.

La determinación del monto de los daños tramitará ante el mismo juez por las normas de los arts. 501 y 502 o por juicio sumario, según aquél lo establezca. La resolución será irrecurrible.

Para hacer efectiva la indemnización se aplicarán las reglas establecidas según que la sentencia haya fijado o no su monto para el caso de inejecución.

(*) Rectius est: "se hará".

CPCCN: Art. 513 — Condena a hacer. En caso de que la sentencia contuviese condena a hacer alguna cosa, si la parte no cumpliese con lo que se le ordenó para su ejecución dentro del plazo señalado por el juez, se hará a su costa o se le obligará a resarcir los daños y perjuicios provenientes de la inejecución, a elección del acreedor.

Podrán imponerse las sanciones conminatorias que autoriza el art. 37.

La obligación se resolverá también en la forma que establece este artícu­lo, cuando no fuere posible el cumplimiento por el deudor.

Para hacer efectiva la indemnización se aplicarán las reglas establecidas según que la sentencia haya fijado o no su monto para el caso de inejecución.

La determinación del monto de los daños tramitará ante el mismo juez por las normas de los arts. 503 y 504, o por juicio sumario, según aquél lo establezca. La resolución será irrecurrible.

CPCCN (LEY U-0692): Art. 501.


Antecedentes

Código Procedimiento Buenos Aires, derogado, 564. Código Procedimiento Capital, derogado, 554.


Exposición de motivos del Código Procesal Nacional

Véase supra § 730.

a) Condena a hacer alguna cosa

Si el deudor no quisiere o no pudiere ejecutar el hecho —disponía el artículo 629 del Código Civil (ley 340)— el acreedor puede exigirle la ejecución forzada, a no ser que fuere necesario violencia contra la persona del deudor. En este último caso, el acreedor podrá pedir perjuicios e intereses. Según el artículo 626 del mismo Código, el hecho podrá ser ejecutado por otro que el obligado, a no ser que la persona del deudor hubiere sido elegida para hacerlo por su industria, arte o cualidades personales. Es facultad del acreedor admitir o requerir la ejecución por el tercero (art. 630, Cód. Civil - ley 340).

Ahora, el Código Civil y Comercial de la Nación determina —para las obligaciones de hacer— que el incumplimiento imputable de la prestación le da derecho al acreedor a: a) exigir el cumplimiento específico; b) hacerlo cumplir por terceros a costa del deudor; c) reclamar los daños y perjuicios (art. 777). Los artículos anteriores a éste indican que el obligado a realizar un hecho debe cumplirlo en tiempo y modo acordes con la intención de las partes o con la índole de la obligación. Si lo hace de otra manera, la prestación se tiene por incumplida, y el acreedor puede exigir la destrucción de lo mal hecho, siempre que tal exigencia no sea abusiva (art. 775); asimismo que la prestación puede ser ejecutada por persona distinta del deudor, a no ser que de la convención, de la naturaleza de la obligación o de las circunstancias resulte que éste fue elegido por sus cualidades para realizarla personalmente. Esta elección se presume en los contratos que suponen una confianza especial (art. 776).

La disposición procesal en examen complementa las previsiones de la ley común, regulando las diversas situaciones que pueden plantearse en la práctica.

b) Plazo para ejecutar los hechos

Es recaudo especial de este tipo de condenas que en la sentencia se señale el plazo dentro del cual ha de cumplimentarse (art. 497); pudiendo suplirse su omisión por el juez, a pedido del interesado y según las circunstancias del caso (art. 509). Lo cual adquiere particular relevancia a los efectos del artícu­lo 625 del Código Civil (ley 340); art. 775, Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994).

c) Incumplimiento del obligado o imposibilidad de ejecución

Sea que la parte obligada no cumpliere con lo que se le ordenó, o que no fuere posible el cumplimiento, la obligación se resolverá, a elección del acreedor, mediante la ejecución por un tercero a costa de aquél, o bien por equivalente, a través del pago de los daños y perjuicios causados.

d) Astreintes

De todos modos, como interesa el cumplimiento específico de la condena, se autoriza expresamente la imposición al efecto de sanciones conminatorias (art. 37, § 222).

e) Determinación del monto de los daños

Tramitará ante el mismo juez, por la vía para la ejecución de las sentencias que condenan al pago de cantidad ilíquida (arts. 501 y 502), o por proceso sumario, o valerse del incidente según se establezca mediante resolución que será irrecurrible (véase: Poderes del juez para la adecuación de las formas, § 544).

f) Efectivización de la indemnización

Resultan de aplicación las reglas establecidas según que la sentencia haya fijado o no su monto para el caso de inejecución; vale decir, que en el primer caso se procederá conforme al artícu­lo 500 y, en el otro, de acuerdo a los artícu­los 501 y 502.


Jurisprudencia bonaerense

Condena a hacer

El art. 511 del Código Procesal constituye aplicación de la legislación de fondo (en particular del art. 629 del Código Civil), cuyas previsiones complementa, regulando las diversas situaciones que pueden plantearse en la práctica (Cfr. Morello - Passi Lanza - Sosa - Berizonce, Códigos Procesales, 1ª ed., v. VI-1, p. 81, "a") (C. 2ª La Plata, sala I, causa B-73.211, reg. sent. 373/92).

El ejecutante puede optar por ejecutar, por sí o por un tercero, el facere en que consiste la obligación, a costa del incumpliente, o demandar los daños provenientes de la inejecución (C. 1ª, sala III, 230.866, RS 22/99).

La opción por las primeras alternativas requiere la determinación previa del costo del trabajo (C. 1ª, San Nicolás, 981.504, R1 496/98).

Además, la casación local ha señalado que la facultad que el art. 511 del CPCC confiere al acreedor para ejecutar la manda por terceros a costa del deudor o, alternativamente, requerir el pago de daños y perjuicios —sea ante al incumplimiento voluntario de la obligación por parte del deudor, sea si la misma se tornara de cumplimiento imposible— resulta plenamente operativa, pudiendo hacerse valer a petición de parte interesada en la etapa de ejecución de sentencia (Sup. Corte Bs. As., 16/3/2011, "Cambareri, Jorge Atilio y otra v. Los Cipreses de San Isidro SA s/Escrituración", Juba sumario B3900115).

El interés moratorio constituye la forma específica de la indemnización por el atraso en el pago de una obligación pecuniaria y reemplaza —en principio— a los daños y perjuicios que correspondan en el caso de incumplimiento de otras obligaciones (C. Nac. Civ., sala B, 27/10/1981, Der. 98-389; idem, sala G, Der. 98-473) (C. 2ª La Plata, sala I, causa B-73.211, reg. sent. 373/92).

En caso de que la sentencia contuviese condena a hacer alguna cosa, si la parte no cumpliere con lo que se le ordenó para su ejecución dentro del plazo señalado por el juez, se hará a su costa (C. 2ª Apel. Mercedes, JA 1973, reseñas, p. 128, nº 29).

Si la condena consistía en realizar trabajos destinados a evitar los ruidos molestos, y otros derivados de la relación de vecindad, y del dictamen pericial surge que las refacciones no han sido realizadas conforme los términos del acuerdo transaccional (arts. 309, Cód. Procesal; doc. arts. 1634, 1632, y arts. 1137 y 1197, Cód. Civil) y, en consecuencia, los problemas que motivaran el juicio no han sido subsanados en forma definitiva, es decir, conforme a las reglas del arte en la materia, no puede darse por cumplida la condena de hacer, y sí aplicarse la cláusula penal convenida ante el incumplimiento comprobado de dicha obligación, a partir del vencimiento del término fijado en la resolución judicial homologatoria (arts. 652, 653, 654, 655, 656, 659, Cód. Civil; 155 y 156, Cód. Procesal) (C. 2ª La Plata, sala I, causa B-43.230, reg. int. 308/76).

En sentido similar se ha decidido que cuando el demandado no cumple con los términos de la sentencia de condena a hacer —en el caso, la firma de los planos—, por aplicación analógica del art. 510 del Código Procesal, puede hacerlo el juez (C. 2ª Apel. Mercedes, JA 1973, reseñas, p. 128, nº 30).

A su vez, si la sentencia condenó a entregar la documentación correspondiente al automóvil objeto de la litis, dentro de determinado plazo, bajo apercibimiento del resarcimiento de todos los daños y perjuicios ocasionados por la demora en dar cumplimiento debido con la obligación contraída [que limitó el resarcimiento de daños al supuesto de mora (art. 508, Cód. Civil)], dicho estado de mora y sus efectos cesaron con la entrega de la documentación, no pudiendo percibirse intereses por tal concepto, sobre el capital adeudado, más allá de la fecha en que cesó la mora (art. 622, Cód. Civil; 163, inc. 6º, 164, 260, 266, 272, Cód. Procesal) (C. 2ª La Plata, sala I, causa B-73.211, reg. sent. 373/92).

En otro orden de ideas, se ha declarado que si resulta imposible el cumplimiento, se obliga al ejecutado a resarcir los daños (Sup. Corte Bs. As., Ac. 54.053, 16/4/1996).


Jurisprudencia nacional

Condena a hacer

a) Principio general

Tratándose de la sentencia que condena a hacer alguna cosa, no se requiere la constitución en mora. Producido el incumplimiento en el plazo fijado por la sentencia, corresponde solicitar el cumplimiento por un tercero o la resolución en daños y perjuicios(123); pero no puede el demandante en forma prematura, esto es, antes del vencimiento del plazo de la sentencia, reemplazar la obligación de hacer por otra de dar sumas de dinero correspondientes al valor de los trabajos que dice haber realizado por razones de urgencia(124).

b) Derecho a la intimidad

Si se reclamó la indemnización de daños y perjuicios por la violación del derecho a la intimidad, y el pronunciamiento recaído condenó a la demandada a publicar la sentencia a su costa en un diario dentro del plazo de diez días, sin formular especificación alguna acerca de las modalidades que debía revestir dicha publicación, y tampoco en el oficio librado a tal fin (a pedido de la propia actora) se explicitó el punto —que quedó así librado a la interpretación del director del diario quien difundió el texto íntegro de las sentencias dictadas en el proceso—, no son atendibles las objeciones formuladas por la accionante respecto del modo en que se concretó la divulgación de los decisorios, que carecen de entidad suficiente como para concluir en la incorrección de aquélla, ni —mucho menos— para ordenar que se reitere la publicación (C. Nac. Civ., sala F, 16/8/1985, LL 1985-D-399).

c) Ejecución de la obra a costa del vencido

a') Personas físicas

La sentencia que condena al actor a efectuar reparaciones —no haciendo lugar a la reconvención "en ese estado" para que el demandado las mandare hacer a costa de aquél, pero remitiendo el cumplimiento de lo fallado a lo dispuesto respecto a la sentencia que condena a hacer—, autoriza al reconviniente, una vez vencido el plazo fijado para el cumplimiento, a pedir mandamiento para hacer realizar por otro las obras a costa del actor(125).

b') Personas jurídicas: Municipalidad

Desde esta perspectiva, pero enfocando la ejecución de una sentencia contra la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, se ha declarado que la prestación asumida por esta persona jurídica a través de una ordenanza y según la cual se comprometió a estrenar la obra que resultase premiada en un concurso, en alguno de los teatros habilitados por la comuna, constituye una típica obligación de hacer; y, en consecuencia, siendo procedente la acción, corresponde condenársela a tal representación, bajo apercibimiento en el supuesto de incumplimiento, de hacerla representar en un teatro comercial de la ciudad sede del juzgado a su costa, ya que tal prestación es por su naturaleza de carácter fungible. Se adunó, en esta especie, que como las personas jurídicas gozan en general de los mismos derechos que los particulares, es evidente que la exigencia de la ejecución forzada de la obligación se detiene en cuanto, para obtenerla, "fuere necesario violencia contra la persona del deudor", sin entrar a discriminar entre personas naturales o de existencia ideal, porque la ley no hace distingo(126).

d) Resarcimiento de los daños y perjuicios

Remisión: ut supra, § 743.

Frente al apercibimiento que contuvo la sentencia en el sentido de que la operación se resolvería en el pago de pérdidas e intereses, declarado resuelto el boleto por culpa de los compradores, corresponde, en el mismo trámite de la ejecución de sentencia, determinar el monto de los daños y perjuicios por las normas de los arts. 503 o 504 del ordenamiento procesal, o por el plenario abreviado, según el juez lo determine; será aplicable inclusive el procedimiento sumarísimo, atento a lo que prevé el art. 165, apartado 2º del mismo cuerpo legal (C. Nac. Civ., sala B, 18/3/1968, LL 132-59).

e) Sanciones conminatorias

Remisión: § 222; § 223 y § 743, "d".


§ 745


Art. 512 — Condena a no hacer.

Si la sentencia condenare a no hacer alguna cosa y el obligado la quebrantase, el acreedor tendrá opción para pedir que se repongan las cosas al estado en que se hallaban, si fuese posible, y a costa del deudor, o que se le indemnice (*) los daños y perjuicios, conforme a lo prescripto en el artícu­lo anterior.

(*) Rectius est: "indemnicen".

CPCCN: Art. 514 — Condena a no hacer. Si la sentencia condenare a no hacer alguna cosa, y el obligado la quebrantase, el acreedor tendrá opción para pedir que se repongan las cosas al estado en que se hallaban, si fuese posible, y a costa del deudor, o que se le indemnicen los daños y perjuicios, conforme a lo prescripto en el artícu­lo anterior.

CPCCN (LEY U-0692): Art. 502.

Antecedentes

Código Procedimiento Buenos Aires, derogado, 565. Código Procedimiento Capital, derogado, 555.


Exposición de motivos del Código Procesal Nacional

Véase supra, § 730.

a) Obligación de no hacer

La disposición complementa las previsiones del Código Civil en la materia, contenidas en los artícu­los 632, 633 y 634, Cód. Civ. (ley 340); 778, Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), que facultan al acreedor a exigir la destrucción de lo hecho en violación a la obligación de abstenerse, a costa del deudor, o solicitar el pago de los daños y perjuicios causados.

b) Astreintes

También en este supuesto es procedente la aplicación de sanciones conminatorias (art. 37; § 222).


§ 746


Art. 513 — Condena a entregar cosas.

Cuando la condena fuere de entregar alguna cosa, se librará mandamiento para desapoderar de ella al vencido, quien podrá oponer las excepciones a que se refiere el art. 504, en lo pertinente. Si la condena no pudiera cumplirse se le obligará a la entrega del equivalente de su valor, previa determinación si fuere necesaria (*), con los daños y perjuicios a que hubiere lugar. La fijación de su monto se hará ante el mismo juez, por las normas de los arts. 501 o 502, o por juicio sumario según aquél lo establezca. La resolución será irrecurrible.

(*) Rectius est: "necesario".

CPCCN: Art. 515 — Condena a entregar cosas. Cuando la condena fuere de entregar alguna cosa, se librará mandamiento para desapoderar de ella al vencido, quien podrá oponer las excepciones a que se refiere el art. 506, en lo pertinente. Si la condena no pudiera cumplirse, se le obligará a la entrega del equivalente de su valor, previa determinación si fuere necesaria, con los daños y perjuicios a que hubiere lugar. La fijación de su monto se hará ante el mismo juez, por las normas de los arts. 503 o 504 o por juicio sumario, según aquél lo establezca. La resolución será irrecurrible.

CPCCN (LEY U-0692): Art. 503.

Antecedentes

Código Procedimiento Buenos Aires, derogado, 567. Código Procedimiento Capital, derogado, 556.


Exposición de motivos del Código Procesal Nacional

Véase supra, § 730.

a) Cumplimiento de la condena a entregar cosas

El desapoderamiento se lleva a cabo, sea que recaiga sobre bienes muebles o inmuebles, librándose el correspondiente mandamiento, que se diligencia por intermedio del oficial de justicia o con el auxilio de la fuerza pública, si fuere necesario.

b) Imposibilidad de cumplimiento

En el supuesto de que mediare imposibilidad jurídica de lograr la cosa, el acreedor podrá reclamar al obligado la devolución del precio, con los daños y perjuicios.

c) Astreintes

Igualmente, para este tipo de condenas, son de aplicación las astreintes, desde que —como bien lo ha señalado Alsina— en definitiva la entrega de una cosa (obligación de dar) supone la ejecución de un hecho (véase, art. 37, § 222).

d) Determinación de los daños y perjuicios

Se efectuará por el mismo juez, conforme a las reglas para la ejecución de las sentencias que condenan al pago de cantidad ilíquida (art. 501 y 502), o por proceso sumario, según se establezca mediante resolución que será irrecurrible (véase: Sobre los poderes del juez en materia de adecuación de las formas, § 544).

e)

La doctrina también está conteste en que, por aplicación de los principios generales, el juez puede disponer (a costa del vencido) que la ejecución (la entrega del bien) se realice por un tercero. El vencedor podrá adquirir la cosa a que se refiere la sentencia designándose a esos fines un perito (Palacio-Fassi, Fenochietto-Arazi).


Jurisprudencia bonaerense

Condena a entregar cosas

a) Principio general

Frente a la sentencia ejecutoriada que condena a entregar una cosa, no caben debates de ninguna naturaleza, y el juez o tribunal deben despachar sin más trámite el mandamiento para desapoderar al obligado (C. 1ª Apel. Bahía Blanca, LL 133-149).

O si el objeto nuclear del acuerdo materia del juicio constituye la desocupación del inmueble locado, su compulsiva materialización habrá de procurársela peticionando la ejecutoriedad de la resolución convalidatoria (art. 513, CPCC) (C. 2ª La Plata, sala I, causa B-51.974, reg. sent. 170/82).

En cuanto a la identificación de la cosa, ha dicho la jurisprudencia que a fin de llevar a cabo el desapoderamiento sobre el referido bien mueble corresponde librar el mandamiento pertinente, que deberá diligenciarse por intermedio del oficial de justicia o con el auxilio de la fuerza pública si fuese necesario, no caben debates de ninguna naturaleza y el juez o tribunal deben despachar sin más trámite el mandamiento para desapoderar al obligado. En atención a lo hasta aquí expuesto, siendo que en el principal se ha condenado al demandado a entregar el automotor importado cuyos datos han sido consignados en la minuta de venta de allí glosada, sin que emerjan de las constancias de dicha causa otras especificaciones del bien por fuera de las que allí obran, por derivación del principio de congruencia resulta improcedente exigir otros datos identificatorios más que aquellos que fueran considerados por el a quo al momento de dictar la sentencia condenatoria (arts. 163, 272 y ccs., CPCC) (C. Civ. y Com. Pergamino, 23/12/2013, "Garay, Ramón Salvador v. Sem Car SA s/ ejecución de sentencia").

b) Excepciones

Remisión: ut supra § 737.

Si bien es cierto que cuando la sentencia condena a entregar alguna cosa el vencido puede oponer las excepciones a que se refiere el art. 504 del ordenamiento adjetivo, en lo pertinente, también lo es que si articula alguna de ellas, el plazo para hacerlo no puede ser otro que el señalado por el art. 503 de dicho cuerpo legal (C. 1ª La Plata, sala I, causa 146.351, reg. int. 255/71).

Y, claro está, siempre deben fundarse en hechos posteriores a la sentencia y deben probarse por las constancias de autos o por documentos emanados del ejecutante, porque en caso contrario, debe desestimárselas sin más trámite (C. Civ. y Com. Trenque Lauquen, 25/6/1992, "Sandoval Núñez, Cristina s/Homologación de convenio").

c) Daños y perjuicios

Se ha sentado por la Casación bonaerense desde hace mucho que, dentro de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de la condena a entregar cosas, no están comprendidos, salvo que la sentencia ejecutada condene a su pago, los anteriores a ella, sino exclusivamente, en principio, los derivados de la inejecución del mandamiento para desapoderar de la cosa al obligado.

Sobre el particular añadió el Alto Tribunal que si la sentencia que se ejecuta condenó a la restitución de la cosa materia de un delito o al pago de su precio corriente, pero no al de los intereses de ese precio, no puede en el procedimiento de ejecución obligarse al deudor a abonar tales intereses, desde la fecha del delito, sin ampliar ilegalmente [violando la congruencia] la condena originaria(127).

d) Recurso de apelación

La decisión que recaiga en la etapa de ejecución de sentencia cuando se condena a la entrega de cosas, respecto al procedimiento a seguir para la determinación de los daños y perjuicios, a mérito de la expresa disposición contenida en la última parte del art. 513 de la ley procesal, resulta inapelable (Colombo, Código..., v. III, 1969, p. 806) (C. 2ª La Plata, sala I, causa B-32.120, reg. int. 178/71).


Jurisprudencia nacional

Condena a entregar cosas

a) Principio general

Partiendo del principio ya expuesto en punto a que el proceso de ejecución de sentencia tiene por única finalidad el cumplimiento forzado de las condenas que impone —véase ut supra § 730—, se ha declarado que si el convenio homologado impuso a la demandada la obligación de entregar la posesión de unos inmuebles, en una fecha determinada, consiguientemente la etapa de ejecución debe centrarse en la efectivización de la misma, máxime cuando la emplazada no aduce incumplimiento de los actores de las obligaciones a su cargo, ni tampoco que le resulte imposible llevar a cabo la suya, no constituyendo óbice a ello la circunstancia de que dicho cumplimiento pudiere resultarle gravoso a sus intereses (C. Nac. Civ., sala F, 19/10/1976, LL 1977-A-189 o JA 1977-III-418).

Importa reparar igualmente que la declaración de responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados al actor por el demandado, al no cumplir la sentencia ejecutoriada que le ordenaba poner a disposición del Juzgado el bien objeto del litigio, es procedente por cuanto no es sino la efectivización del apercibimiento dispuesto en aquélla; su monto debe determinarse ante el mismo juez por las normas que éste establezca (C. Nac. Civ., sala B, 26/4/1971, JA 1971, sec. síntesis, v. 12, p. 575, nº 340).

Ha de repararse, a su vez, que el art. 515 del Código Procesal no ha reglamentado el derecho que la ley de fondo confiere al acreedor de hacerse procurar por otro lo que le es debido; sin embargo, ello es procedente tanto en las obligaciones de dar como en las de hacer, de tal modo que sólo quedan excluidas las obligaciones de hacer en las que fuera necesario ejercer violencia sobre las personas o se trate de obligación que sólo puede ser cumplida por el deudor. Este principio se orienta dentro de la tendencia de procurar el cumplimiento específico de la obligación antes que acudir a la solución de los daños y perjuicios.

En efecto, la resolución de la obligación en pagar daños y perjuicios es procedente únicamente cuando resulta imposible el cumplimiento, sea mediante el hecho del deudor, sea por el que, en sustitución de éste, pudieran ejecutar el acreedor o un tercero; por lo tanto, la resolución en daños y perjuicios es un recurso subsidiario que, normalmente, sólo procede en tercer término.

El procedimiento que prevé esta norma supone que "la condena no pudiere cumplirse", esto es que la cosa objeto de la litis no sea entregada por el deudor ni sea posible obtenerla de un tercero. Ello así por cuanto la omisión del Código Procesal de regular el mecanismo del cumplimiento por tercero no puede implicar la negación del derecho conferido expresamente por la ley de fondo (C. Nac. Com., sala B, 3/11/1977, LL 1978-B-84 o Der. 79-238).

En este último sentido, y más recientemente, se ha ratificado que la condena a entregar cosas sólo se convierte en una obligación dineraria en el supuesto de que no pueda ser satisfecha (C. Nac. Com., sala E, 4/4/2005, "Sistemas Médicos SA v. ST. Jude Medical Inc.", ED 215:324).

b) Distintos supuestos

Si el actor reclamó que se le restituyera un automóvil con dos años de uso, o que se entregara la cantidad de dinero necesaria para comprar uno igual, habiéndose acogido dicha pretensión, y a raíz de ello se optó por la entrega de su valor en dinero, dicha obligación sólo se satisface con el precio de un modelo con dos años de antigüedad a la fecha del pago (C. Nac. Civ., sala G, 6/7/1982, LL 1982-D-485); o si la petición inicial es la "restitución y/o entrega de bienes y/o dinero", lo que, por otra parte, se adecua a los términos de la ley 20.530 —que en su art. 3º establece que si los bienes se encontraren en poder de terceros y el Estado nacional no pudiere restituirlos pagará en su reemplazo las indemnizaciones pertinentes— se configura, en tal supuesto, una típica subrogación real, la cual significa sustituir o poner una cosa en el lugar de otras porque solamente se ha cambiado el objeto de una relación jurídica que no ha sido alterada por lo que resultan de aplicación extensiva al caso los arts. 579, 581 y 889, in fine, del Código Civil y, por supuesto, el mencionado art. 3º que obra a manera de subrogación impuesta por la ley (C. Nac. Civ., sala F, 22/6/1983, LL 1983-D-146).

A su vez, si el diligenciamiento del mandamiento se frustrare por faltar o no existir las cosas, corresponde designar perito para establecer el precio de las mismas al día de la entrega(128); si en la sentencia se ha reconocido al actor el derecho de adquirir en plaza, a costa del demandado, la mercadería objeto del contrato, ante la manifestación de éste de que no ha de entregarla, corresponde el nombramiento de un perito para establecer su precio en plaza(129).

Si la condena versare sobre la obligación de pagar una cantidad en moneda extranjera, su incumplimiento debe resolverse en el pago de la indemnización de daños y perjuicios (art. 617, Cód. Civil) (C. Nac. Com., sala C, 6/7/1982, LL 1982-D-485); o si la sentencia contiene la obligación de pagar en divisa que el Gobierno nacional ha privado de circulación, se obligará a la entrega del equivalente de su valor (Corte Sup., 17/9/1987, LL 1988-C-387 o JA 1987-IV-711).


§ 747


Art. 514 — Liquidación en casos especiales.

Siempre que las liquidaciones o cuentas fueren muy complicadas y de lenta y difícil justificación o requirieren conocimientos especiales, serán sometidas a la decisión de amigables componedores.

La liquidación de sociedades incluida la determinación del carácter propio o ganancial de los bienes de la sociedad conyugal, impuesta por sentencia, se sustanciará por juicio ordinario o sumario, según lo establezca el juez de acuerdo con las modalidades de la causa. Esta resolución será irrecurrible.

CPCCN: Art. 516 — Liquidación en casos especiales. Siempre que las liquidaciones o cuentas fueren muy complicadas y de lenta y difícil justificación o requieren conocimientos especiales, serán sometidas a la decisión de peritos árbitros o, si hubiere conformidad de partes, a la de amigables componedores.

La liquidación de sociedades, incluida la determinación del carácter propio o ganancial de los bienes de la sociedad conyugal, impuesta por sentencia, se sustanciará por juicio ordinario, sumario o incidente, según lo establezca el juez de acuerdo con las modalidades de la causa.

CPCCN (LEY U-0692): Art. 504 — Liquidación en casos especiales. Siempre que las liquidaciones o cuentas fueren muy complicadas y de lenta y difícil justificación o requirieren conocimientos especiales, serán sometidas a la decisión de peritos árbitros o, si hubiere conformidad de partes, a la de amigables componedores.

La liquidación de sociedades, incluida la determinación del carácter propio o ganancial de los bienes de la sociedad conyugal, impuesta por sentencia, se sustanciará por juicio ordinario o incidente, según lo establezca el juez de acuerdo con las modalidades de la causa.


Antecedentes

Código Procedimiento Buenos Aires, derogado, 568. Código Procedimiento Capital, derogado, 557.


a) Liquidación en casos especiales

Se contemplan dos supuestos distintos: 1) liquidación o cuentas excesivamente complicadas y de difícil justificación o que requieran conocimientos especiales; y 2) liquidación de sociedades de todo tipo.

b) Liquidaciones o cuentas complejas

El primer párrafo de la norma en examen reproduce la previsión contenida en el artícu­lo 568 del Código bonaerense anterior, bien que, aclarando un aspecto que había suscitado dudas interpretativas, somete el examen de tales liquidaciones o cuentas singularmente complejas, al juicio de amigables componedores que se regula en el artícu­lo 804 y siguientes (art. 793 y ss., Cód. Proc. Nac.).

Sin embargo, el artícu­lo 811 (art. 800, Cód. Proc. Nac.) —con ratificación en el texto de la exposición de motivos del Código Procesal Nacional— dispone expresamente que "la pericia arbitral procederá en el caso del artícu­lo 514", suscitando una confusión interpretativa que ha recogido la doctrina (Cuadrao). Nos ocuparemos de la cuestión, infra, § 1366 y ss.

La ley 22.434 modificó la norma del CPCN, al prescribir que las cuestiones complicadas serán sometidas a la decisión de peritos árbitros, claro que sin excluir a los "amigables componedores" de mediar conformidad de partes.

La remisión a esa alternativa privada —cuyo laudo es en principio inapelable (no se olvide que estamos en la acelerada zona de la ejecución)—, muestra un complemento (el de los árbitros) de la jurisdicción estatal digno de observación y seguimiento como experiencia integradora, que refuerce en concreto la efectividad de los resultados sentenciales (ver Morello, Augusto M., La adecuación del contrato, cit., caps. III a VI).

De todos modos, está fuera de toda duda que en el caso no procede el otorgamiento de compromiso, toda vez que las bases con arreglo a las cuales se ha de pronunciar la decisión, serán fijadas en la propia resolución judicial.

c) Liquidación de sociedades

Tratándose de la liquidación de sociedades civiles o comerciales, dispuesta por sentencia, habrá de sustanciarse —en la Provincia de Buenos Aires— por la vía del proceso ordinario o sumario (a nivel nacional, la opción es —ahora— entre juicio ordinario o incidente, luego de haberse suprimido el proceso sumario, reparando el Digesto Jurídico la omisión del legislador que —no obstante haber suprimido el juicio sumario— seguía remitiendo a él en este artículo); todo ello, a criterio del juez quien lo determinará teniendo en cuenta especialmente las modalidades de cada caso ocurrente, mediante resolución de carácter irrecurrible. Aplicación concreta —esta última— de los mayores poderes reconocidos a los jueces en materia de adecuación de las formas procesales (infra, § 544).

Inclúyese, asimismo, en la previsión legal, el supuesto de liquidación de la sociedad conyugal, comprensivo de la determinación del carácter o naturaleza de los bienes que la integran.

Debiendo señalarse que cuando se tratare de liquidación consecuente a la declaración de divorcio, las normas de fondo disponían (art. 236, Cód. Civ. - ley 340) que había de canalizarse por vía sumaria, o aun incidental según fuere la naturaleza o complejidad del objeto en debate y el manejo flexible de un criterio razonable, seguro y funcional.

En el sistema del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), el Régimen patrimonial del matrimonio ha recibido sustanciales modificaciones; en lo que al punto en tratamiento interesa, y en la medida en que fuera de aplicación el régimen de comunidad (art. 463 y ss.), los arts. 488 a 495 disciplinan lo relativo a la liquidación de la comunidad y los arts. 496 a 504 lo atinente a su partición. Por cierto, el problema de la liquidación no se presenta en el régimen de separación de bienes (arts. 505 a 507); siendo de destacar aquí que el art. 508 establece que, disuelto el matrimonio, a falta de acuerdo entre los cónyuges separados de bienes o sus herederos, la partición de los bienes indivisos se hace en la forma prescripta para la partición de las herencias.


Jurisprudencia bonaerense

Liquidación en casos especiales

a) Principio general

El art. 514 de la ley adjetiva estatuye que siempre que las liquidaciones o cuentas fueren muy complicadas y de lenta y difícil justificación, o requirieren conocimientos especiales, serán sometidas a la decisión de amigables componedores, tal como en el caso de una disolución de sociedad, máxime en razón de que esta norma debe empalmarse con el art. 811 en cuanto dispone que la pericia arbitral procede en el caso de la norma citada en primer término (C. 2ª La Plata, sala I, causa B-27.331, reg. int. 369/69).

b) Sociedad conyugal

Puede homologarse un convenio entre cónyuges, luego de que la sentencia decrete el divorcio, el que a su vez produce la disolución de la sociedad conyugal con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda; por ende se sentaron en tal acuerdo las bases para la liquidación (art. 308, Cód. Procesal) y a lo que no obsta que las partes hayan dejado supeditado el reajuste de una suma a pagar, pues esa cuestión puede ser resuelta por vía incidental.

Sobre el particular se ha añadido que el procedimiento que prevé el art. 514 del ordenamiento procesal, a propósito de la liquidación de la sociedad conyugal, regula el supuesto típico de la controversia respecto de la determinación del carácter propio o ganancial de los bienes de dicha sociedad; pero si no se presenta esa situación conflictual, y sólo se trata de determinar la interpretación de una cláusula del convenio de liquidación de la sociedad conyugal —el reajuste de la cantidad a pagar—, puede resolverse a través de un simple incidente, satisfaciendo así los principios de economía y celeridad procesal (art. 34, inc. 5º "e", Cód. Procesal); no hay por consiguiente necesidad de acudir al procedimiento previsto en la norma primeramente citada (C. 1ª La Plata, sala III, causa 154.208, reg. int. 598/72).

c) Sociedad de hecho

El contenido de la sentencia en su faz ejecutoria, impone excluir toda interpretación que comprometa la seguridad jurídica(130), y desde ese punto de vista la liquidación de la sociedad de hecho debe acompasarse con lo establecido en la parte dispositiva y su reenvío a los considerandos donde se ha previsto la designación del liquidador, según las pautas allí establecidas (arts. 17, Constitución Nacional; 34, inc. 5º, 161, 165, inc. 6º, 497, 514, Cód. Procesal) (C. 2ª La Plata, sala I, causa B-73.338, reg. sent. 111/92).

d) Irrecurribilidad

Es irrecurrible el auto que resuelve determinar la aplicación del procedimiento previsto en el art. 514 de la legislación adjetiva (doc. arts. 514 y 591, Cód. cit.) (C. 1ª La Plata, sala I, causa 147.212, reg. int. 273/71; idem, sala III, causa 151.677, reg. int. 240/72).


Jurisprudencia nacional

Liquidaciones en casos especiales

Intelectualmente deviene imposible sentenciar con acierto sobre una cuenta comercial dentro del sistema escriturario del juicio de pleno conocimiento. Esta forma, que puede ser apta para una discusión de derecho puro, dudosamente lo es para recopilar en forma de actas y de informes las pruebas sobre hechos; pero de nada sirve cuando es preciso examinar y decidir uno por uno los rubros de un pasivo empresario. No ha sido arbitraria la norma del art. 516 del ordenamiento adjetivo; ella reparó atinadamente en que los jueces deben contraerse al derecho, y la necesidad de arbitrar un mecanismo idóneo tratándose de cuentas complicadas y de lenta y difícil justificación. Está colocada, por lo tanto, en las condiciones ideales para fijar una cuenta (C. Nac. Com., sala D, 14/3/1980, Der. 89-213).

Así, si se ordenó rendir cuentas de un largo período en la vida de una sociedad y la ausencia de una contabilidad regular hace que su comprobación sea difícil y lenta (máxime ante las graves divergencias de las posiciones antagónicas de las partes), procede que esa rendición así como las diferencias que al respecto han surgido entre ellas, se resuelvan mediante peritos arbitradores amigables componedores, nombrados uno por cada parte, aplicándose la regla del art. 743 del Código Procesal, para el caso de no existir acuerdo a este respecto —en la especie, se fijó un plazo de 40 días para laudar, contados a partir de la última aceptación del cargo— (C. Nac. Com., sala C, 14/7/1967, LL 133-941, nº 19.147-S).

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