Dr Jose Luis Cavalieri.net

Red mundial de asesores de negocios especializada en servicios juridicos contables, adquisiciones, fusiones y otras transacciones transfronterizas

JoseLuisCavalieri.com

sites.google.com

Juicio Reajuste de Haberes fallos Elliff_ Betancur.

Exencion del Impuesto a las Ganancias sobre el

Retroactivo y Haberes Mensuales Reajustados.

Ejecucion de Sentencia contra la ANSES.

Juicio Reajuste de Haberes Previsionales fallos Elliff y Betancur. Indice ISBIC, COMBINADO con el Suplemento de Sustitutividad hasta alcanzar el 70 % del haber promedio actualizado de los últimos 10 años de relación de dependencia

Necesitamos el expediente digital de las jubilaciones para hacer los calculos de reajuste de haberes y así evaluar la conveniencia de efectuar el reajuste.

Superada esta etapa se presenta el Reclamo Administrativo ante Anses en cumplimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos aplicando el "principio de congruencia" con la demanda judicial.

Lo cambios sufridos en estos tiempos nos llevan a modificar los textos de las demandas tradicionales en forma significativa.

Si desea hacer una consulta, llamenos al 11 4953-7944 o envienos un mail a info@joseluiscavalieri.com

¿Por qué somos la mejor opción para asesorarlo en liquidaciones previsionales?

Con más de 15 años de experiencia en el rubro nos especializamos en el análisis de conveniencia de reclamos judiciales por reajuste del haber, así como en Cálculos por determinación del haber inicial de reajuste y retroactivos por diferencias según demandas y/o sentencias.

Atento a la diversa jurisprudencia respecto de los topes y límites sobre los beneficios a determinar o redeterminar, realizamos los controles necesarios para corroborar los extremos determinando las confiscatoriedades y sus potenciales inconstitucionalidades.

Asimismo, el proceder de la ANSeS en todos los procesos judiciales exige de un seguimiento de las liquidaciones, respondiendo en tiempo y forma ante las impugnaciones y observaciones durante todo el proceso.

La complejidad de cada liquidación demanda un amplio conocimiento técnico y de la jurisprudencia actualizada para la optimización de los resultados, lo que nos diferencia de la competencia donde sus servicios se limitan a practicar una liquidación en base a ciertas pautas básicas que en muchos de los casos difieren de las sentencias firmes del caso.

Con solo detectar errores en la mecánica de cálculo de la ANSeS, un tope no reclamado, una confiscastoriedad no demostrada, una tasa de interés mal determinada o los correspondientes intereses moratorios, un pago mal descontado o con la simple dilación en el tiempo producto de no cumplimentar con los requerimientos exigidos por el Juzgado, usted recupera el costo del servicio.

Es por ello que estamos en condiciones de brindarle la mejor solución para el análisis previo a las demandas, posibles puntos de apelación de las sentencias y la ejecución de las mismas.

No dude en contactarse con nosotros para mayor información.

Software de Cálculos Previsionales BlueCorp

- Cálculo de confiscatoriedad por topes simultáneos:

La existencia de varios topes en el cálculo del haber inicial hace mas complicada la determinación de cuál es la confiscatoriedad que resulta de la aplicación de éstos, ya que se tiene que practicar el cálculo del haber reajustado y luego el mismo cálculo aplicando todos los topes y luego realizar la comparación de los resultados. Para ésto hemos incorporado una opción automática que realiza todos estos cálculos y lo expresa en la hoja de resultados identificando los topes que fueron liberados. Ademas se puede ver e imprimir el cálculo del haber aplicando todos los topes.

Juicio Reajuste de Haberes fallos Elliff_ Betancur.

Exencion del Impuesto a las Ganancias sobre el

Retroactivo y Haberes Mensuales Reajustados.

Ejecucion de Sentencia contra la ANSES.

Prueba Documental:

Toma de Vista del Expediente

Calculos Bluecorp

Capturas de Pantallas de Mi ANSES

desde SETIEMBRE 2016.-

Accion Judicial:

Reclamo Administrativo_Demanda Judicial

Fundamento: Propuesta de Reparacion Historica, con

Confiscatoriedad del 44 % sobre el Haber Reajustado

( cambio Indice ISBIC, por Indice RIPTE).

Derechos irrenunciables

La norma excluye como objeto de la transacción a los derechos irrenunciables, lo cual tiene sustento en la naturaleza propia del contrato que importa, justamente, abdicaciones y reconocimiento de derechos. A modo de ejemplo lo concerniente a la persona humana, reconocidos por la Constitución Nacional, la ley y el derecho internacional a través de diversos tratados incorporados al derecho argentino con jerarquía constitucional —art. 75, inc. 22, CN— (como el derecho a la vida, la libertad, la salud, al trabajo, jubilacion, al honor, a circular libremente, a elegir la residencia, libertad de religión, entre muchos otros, constituyen deberes y derechos intransferibles e intransigibles).

​Los derechos de la Seguridad Social son irrenunciables y ademas el articulo 1644 del Codigo Civil y Comercial impide hacer "transacciones" sobre derechos irrenunciables.

Ademas, la ley satisface totalmente la recomposición del haber mensual en los casos de la ley 18.037, porque tanto el recálculo del haber inicial como la movilidad se hacen con los criterios de la doctrina judicial; mientras los casos de la ley 24241 se lo hace con un "​criterio arbitrario", afectando el principio de igualdad art. 16 de la Constitucion Nacional.

Debe considerarse afectada por el "vicio de lesión", la "transacción" en la que la ANSES obtuvo una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada sin justificación que autoriza a presumir un "aprovechamiento de la situación de inferioridad" en que se hallaba el "actor en razón de su estado económico".

​La​ jubilacion es irrenunciable e imprescriptible ​, y no puede ser objeto de una "transaccion"​

INFORMACION JURIDICA PARA EL JUBILADO !

Codigo Procesal Civil Y Comercial de la Nacion

Procedimiento de homologacion de la transaccion:

Art. 308

​ ​Forma y trámite.

Las partes podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio, con la presentación del convenio o suscripción de acta ante el juez. Éste se limitará a examinar la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para la validez de la transacción, y la homologará o no. En este último caso continuará los procedimientos del juicio.

Art. 309

​ ​Transacción

​ ​Concepto

La transacción —aun la judicial— es un acto jurídico bilateral y patrimonial que tiene por fin extinguir y modificar obligaciones litigiosas de las partes; un verdadero contrato que creado al dictado de las recíprocas renuncias y concesiones que las partes se hacen desde sus antiguas posturas litigiosas, sirve para poner fin al litigio, arrojando certeza, de una vez, sobre la situación conflictiva y fijando su solución, a la cual se le confiere eficacia ejecutiva.

Requiere, por lo tanto, que las partes se hagan concesiones recíprocas para extinguir obligaciones litigiosas o dudosas; o lo que es igual, cada una de ellas sacrifica una parte de sus derechos o pretensiones o se obliga a dar, prometer o retener alguna cosa sin que sea necesario que talesconcesiones o sacrificios sean de un valor igual o equivalente

Interpretación

La transacción debe interpretarse con criterio restrictivo, más aún si puede agraviar con su aplicación la utilidad social que debe prevalecer sobre todo interés, bien o mal entendido, de los afectados.

Al respecto, cualquier duda sobre los derechos comprendidos en la transacción o sobre la medida de las concesiones efectuadas, debe interpretarse en el sentido de que los derechos o la extensión sobre la cual se duda no están incluidos en la transacción.

Transacción

La transacción desde la perspectiva procesal constituye un medio anormal de terminación del proceso, que requiere de un acto jurídico bilateral mediante el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas y su validez depende de la presentación del escrito pertinente al juez de la causa.

La expresión "concesiones recíprocas" ha de entenderse como el sacrificio que cada uno de los interesados haga de parte de sus derechos o pretensiones, o la prestación que cada una de ellas realice o se obligue a realizar a favor de la otra.

Al respecto toda transacción impone un sacrificio, una pérdida a "ambas" partes, respecto de sus iniciales pretensiones y defensas: las "concesiones recíprocas", significan que una parte obtendrá "menos" de lo que pretendía y que la otra dará "más" de lo que aceptaba dar.

La ley no exige que haya paridad de concesiones para que se configure la transacción, ni ello podría imponerse, porque la importancia del sacrificio que cada cual realiza es de apreciación eminentemente subjetiva, no habiendo pauta válida para su medición.

Lo único que se requiere es que sean recíprocas, es decir, el sacrificio que cada uno de los interesados hace de parte de sus derechos o pretensiones.

Mientras exista​ ​reciprocidad de sacrificios,​ ​no importa la cuantía de ellos​ ​ni su equivalencia o desigualdad

Son aplicables a las transacciones las disposiciones sobre los contratos respecto de la capacidad de contratar, el objeto, modo, forma, prueba y nulidad , es esencial el consentimiento mutuo, íntegro y completo que se presta en orden a todos y cada uno de los elementos que han considerado las partes, sin distinguir entre los esenciales o secundarios. Si esa voluntad común no ha sido elaborada integralmente, por mínima que sea la importancia del desacuerdo, no hay transacción

En la transacción contractual ha de exigirse a las partes obren con lealtad expresando en las conversaciones previas todos los reclamos que hasta ese momento se crean con derecho a hacer, de tal manera que ambas partes con conocimiento reciproco de las pretensiones puedan valorar el alcance de las concesiones mutuas.

La reticencia no puede tolerarse pues colocaría en desventaja a quien expone honesta y sinceramente sus reclamos y sus dudas; así, combinadas adecuadamente la teoría de la confianza y la de la autorresponsabilidad, se dará fin, con pleno y total conocimiento a los derechos de cada uno y al conflicto suscitado.

La validez de la transacción no está sujeta en principio a la observación de formalidades extrínsecas, bastando con que se haga por escrito que debe presentarse ante el órgano jurisdiccional, estando subordinada su prueba a las disposiciones que sobre el particular existen en materia de contratos.

Debe repararse que la transacción extingue los derechos y obligaciones que las partes hubiesen renunciado, y tiene para con ellas la autoridad de la cosa juzgada y aun sin homologación judicial tiene dicha autoridad y eficacia y produce todos sus efectos entre los interesados desde el mismo momento en que se concretó.

Los convenios celebrados entre las partes tienen para éstas fuerza de ley, máxime cuando las transacciones han sido judicialmente homologadas, desde que resultan incontrovertibles los efectos de la cosa juzgada.

De otro lado, los efectos de la cosa juzgada que la ley otorga a la transacción recaen sobre las cuestiones que integraron la controversia en que aquélla se produce, no pudiendo extendérsela a otras que no formaban parte de la relación jurídica procesal así concluida.

También es de la esencia de la transacción que sus efectos extintivos se proyecten sobre las obligaciones pasadas —litigiosas o dudosas, desde luego, pero no sobre las futuras.

De haber estado viciada la voluntad de las partes en una transacción o si hubiese habido error en lo dado, ella puede ser anulada, rectificada o rescindida siempre que la parte afectada lo pidiese mediante la acción respectiva.

Se ha sostenido que la transacción celebrada entre la víctima del accidente y la empresa de transporte resulta ser nula por cuanto el accidentado lo habría suscripto debido a su estado de necesidad, siendo una persona de escasos recursos económicos, que para llevar a cabo la intervención quirúrgica a la que debía someterse, requería la colocación de una prótesis, la que compró, sin lugar a dudas, con el dinero recibido de la empresa, y en otros fallos se ha sostenido que debe considerarse afectada por el vicio de lesión previsto , la transacción en la que una compañía aseguradora obtuvo una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación que autorice a presumir un aprovechamiento de la situación de inferioridad en que se hallaba el actor en razón de su estado de salud y económico

Transaccion:

Nulidad de la obligación transada.

Si la obligación transada adolece de un vicio que causa su nulidad absoluta, la transacción es inválida. Si es de nulidad relativa, las partes conocen el vicio, y tratan sobre la nulidad, la transacción es válida.

Ponderando que la transacción se refiere a las concesiones recíprocas que se hacen las partes con el objeto de extinguir obligaciones dudosas o litigiosas, si éstas no existen por ser nulas de nulidad absoluta, no es posible la transacción. Es decir, que la nulidad absoluta de la obligación conduce a la invalidez del contrato. De acuerdo con ello, el Código Civil y Comercial determina que no pueden sanearse las nulidades absolutas por la confirmación del acto ni por la prescripción

Pero, si solo una de las partes cediese o abdicara a sus derechos o pretensiones, no se trataría de una transacción, sino de un acto unilateral, una liberalidad, aún cuando se realice bajo una forma contractual. No se cumpliría el requisito de reciprocidad, necesariopara la configuración del contrato. En definitiva, habrá reciprocidad si los actos entre las partes se hacen en la medida en que la otra parte también los haga.

Es un contrato de interpretación restrictiva

El Código Civil y Comercial, como carácter especial, solo ha señalado que es de interpretación restrictiva, lo cual es necesario vincular con lo prescripto por el art. 1062 de ese plexo normativo, en cuanto impone estar a la literalidad de los términos empleados al manifestar la voluntad, cuando por disposición legal se establece expresamente.

Recordemos que la transacción importa abdicaciones o renuncias de las partes, y por lo tanto es de interpretación estricta o restrictiva, como es dispuesto por el art. 948 del Código Civil y Comercial.

Cualquier duda sobre los derechos comprendidos en la transacción o sobre el alcance de las concesiones efectuadas, debe interpretarse en el sentido de que los derechos o la extensión sobre la cual se vacila no están incluidos en la transacción. No caben, pues, interpretaciones extensivas, y en caso de duda deberá concluirse que solo afectan a los derechos que inequívocamente se hayan transado. La transacción, tal como ya fue resaltado, no solo tiene importancia desde el punto de vista del derecho de fondo, sino que tiene impacto en el derecho procesal, en tanto constituye un modo anormal de terminación del proceso. Así, es regulada por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en su art. 308, el que dispone que "las partes podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio, con la presentación del convenio o suscripción de acta ante el juez.

Éste se limitará a examinar la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para la validez de la transacción, y la homologará o no. En este último caso, continuarán los procedimientos del juicio". Se ha dicho que la transacción constituye un contrato civil con repercusiones procesales

En materia previsional, en cambio, las facultades del magistrado frente a un pedido de homologación de un acuerdo transaccional, resultan más amplias, por los derechos en juego, de carácter alimentario. De tal forma, el juez no debe limitarse a comprobar el cumplimiento de los recaudos formales y sustanciales, sino también verificar, en términos de razonabilidad, que a través de la transacción se haya alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes

Prohibiciones.

No puede transigirse sobre derechos en los que esta comprometido el orden público, ni sobre derechos irrenunciables.

Tampoco pueden ser objeto de transacción los derechos sobre las relaciones de familia o el estado de las personas, excepto que se trate de derechos patrimoniales derivados de aquéllos, o de otros derechos sobre los que, expresamente, este Código admite pactar.

Derechos irrenunciables

La norma excluye como objeto de la transacción a los derechos irrenunciables, lo cual tiene sustento en la naturaleza propia del contrato que importa, justamente, abdicaciones y reconocimiento de derechos. A modo de ejemplo lo concerniente a la persona humana, reconocidos por la Constitución Nacional, la ley y el derecho internacional a través de diversos tratados incorporados al derecho argentino con jerarquía constitucional —art. 75, inc. 22, CN— (como el derecho a la vida, la libertad, la salud, al trabajo, jubilacion, al honor, a circular libremente, a elegir la residencia, libertad de religión, entre muchos otros, constituyen deberes y derechos intransferibles e intransigibles).

​Los derechos de la Seguridad Social son irrenunciables y ademas el articulo 1644 del Codigo Civil y Comercial impide hacer "transacciones" sobre derechos irrenunciables.

Ademas, la ley satisface totalmente la recomposición del haber mensual en los casos de la ley 18.037, porque tanto el recálculo del haber inicial como la movilidad se hacen con los criterios de la doctrina judicial; mientras los casos de la ley 24241 se lo hace con un "​criterio arbitrario", afectando el principio de igualdad art. 16 de la Constitucion Nacional.

Debe considerarse afectada por el "vicio de lesión", la "transacción" en la que la ANSES obtuvo una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada sin justificación que autoriza a presumir un "aprovechamiento de la situación de inferioridad" en que se hallaba el "actor en razón de su estado económico".

​La​ jubilacion es irrenunciable e imprescriptible ​, y no puede ser objeto de una "transaccion"​


Reclamo Administrativo

Buenos Aires, .. de ...... de 2017

Director Ejecutivo

De la ANSeS

S............./.............D

.................. constituyendo domicilio legal en la calle , dónde solicito expresamente se practiquen todas las notificaciones, al Director Ejecutivo digo:

1.- OBJETO: En mi carácter de apoderado del Sr ............, DNI Expte. Adm. Nro. -..-........-.- Beneficio Nro. 15-.-.......-.-. vengo a peticionar el reajuste de haberes de mi mandante conforme los fundamentos que se exponen

2.- HECHOS: El titular obtuvo su beneficio previsional bajo el régimen legal de la ley 24.241.

El haber inicial se determinó sobre la base de índices confiscatorios y sin la debida actualización de las remuneraciones que constituyen la base del cálculo, tanto para la determinación de la PBU, la PC y la PAP. Y para la actualización de las rentas presuntas por los aportes autónomos se toman valores arbitrarios produciéndose una evidente confiscación.

Se adjunta al presente el cálculo de reajuste de haberes y movilidad practicado mediante el sistema de Bluecorp, donde se acredita lo manifestado.

El reclamo de reajuste se basa en el principio sustitutivo que tienen que tener las prestaciones previsionales conforme lo garantiza el art. 14 bis de la CN.

Así las cosas, resulta contradictorio con ello, la normativa dispuesta en los arts. 1º inc. 3; 7 incs. 1º b) y 2º y 11 de la ley 24.463 por desconocer los derechos consagrados en los art. 14 bis y 17 de la C.N., supuesto que vulnera el principio de división de poderes

Asimismo vengo a solicitar el cese de la aplicación de los topes dispuestos en:

· El art. 24 de la ley 24.463, que descarta años laborados con aportes, resultando ello confiscatorio y violatorio del art. 17 de nuestra constitución nacional.

· Los arts. 9 y 25 de la ley 24.241 que establecen la remuneración máxima para el cálculo de la PC y se traducen en una desproporción entre haber previsional y el salario, no cumpliendo con el principio sustitutivo de la jubilación.

· El art. 26 de la ley 24.241 que fija que el monto de la PC no debe superar el 1 AMPO por año, monto que fue modificado por la ley 26.417 a una proporción del haber mínimo por lo cual solicito expresamente se declare la inconstitucionalidad del mismo toda vez que este resulte confiscatorio.

· El art. 9 ley 24.463 y sus modificaciones, solicitamos expresamente se abstenga el organismo administrativo de aplicar los mismos, de acuerdo con las pautas fijadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos “Tudor” y “Actis Caporale”.

3.- DERECHO INVOCADO: El presente reclamo se funda en la Constitución Nacional (arts.14 bis,16, 17, 18, y 31), en los arts. 160 y 32 de la ley 24241 y en la abundante y pacífica jurisprudencia sentada por la Excma. Cámara de la Seguridad Social y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tratados internacionales aplicables a la materia con jerarquía constitucional (cfr. Art. 75 inc. 12 C.N.).

4.- MOVILIDAD HASTA MARZO DE 1995

El precedente “Sánchez María del Carmen” modificó la doctrina sentada por “Chocobar” hecho que debe ser tenido en cuenta por el organismo a vuestro cargo

La nueva doctrina de la Corte Suprema establece que la ley 18037 se hallaba plenamente vigente a la fecha de la sanción de la ley 23928 y sólo fue derogada por la ley 24241, con el límite fijado en el art. 160 que mantenía la movilidad de las prestaciones reguladas por leyes anteriores. Y expresamente dijo la Corte en el precedente citado: “…no existe fundamento válido que justifique retacear los ajustes que debían ser trasladados a los haberes de los jubilados en la forma prevista por el art. 53 de la ley 18037, que fue mantenida por el art. 160 de la ley 24241 para las prestaciones otorgadas o que correspondiera otorgar por aquél régimen previsional hasta su derogación por la ley 24463”.

Por el presente periodo, solicito se reajuste el haber de mi mandante por el índice del nivel general de las remuneraciones (conforme cálculo adjunto)

5.- MOVILIDAD POSTERIOR AL 31/03/95: Para este periodo según lo dispuesto por el art . 7 punto 2 de la ley 24463 era el Congreso de la Nación quien debía establecer las pautas de movilidad de las prestaciones.

A fin de suplir este deber que tenía a su cargo el poder legislativo solicito que se aplique la movilidad ordenada por el art. 21 de la ley 24241 (AMPO) hasta el 08/97 en que fue sustituido por el MOPRE conforme Dto. 833/97, debiéndose aplicar éste hasta el 05/01/2002 fecha en que cesó el régimen monetario de convertibilidad cambiaria establecido por la ley 23928.

Con la sanción de la ley 25.561 se puso fin al periodo de convertibilidad dando comienzo a un proceso inflacionario y de recomposición salarial, el cual no tuvo su paralelo en los beneficios previsionales, los que con el correr del tiempo se han ido deteriorando, tornando cada vez mas ilusorio el principio sustitutivo de los haberes previsionales.

Así las cosas, se deja planteada la inconstitucionalidad del art. 4° de la ley 25.561 en cuanto modifica los Art. 7° y 10° de la ley 23928, en la medida que prohíben en la actualización monetaria e indexación por variación de precLa Corte Suprema en los autos Badaro Adolfo Valentin del 8/8/06, revocando un fallo de sala 3 donde se aplicaba el precedente “Heitt Rupp”, reafirmó la obligatoriedad constitucional de la movilidad de las prestaciones, y el principio sustitutivo que las rige, exhortando al congreso a establecer un sistema de movilidad para las prestaciones previsionales.

Ante la inacción legislativa, el 26 de noviembre de 2007, la CSJN resuelve en los mismos autos y manifiesta que los aumentos dados por el periodo enero de 2002 y diciembre de 2006 no cubren el detrimento sufrido por los haberes provisionales.

Así las cosas declara la inconstitucionalidad del régimen de movilidad de art. 7 inc. 2 de la ley 24.463 y dispone que la prestación del actor se ajuste por el período enero de 2002 a diciembre de 2006, conforme la variación anual del índice de Salarios, Nivel General, elaborado por el INDEC.

Por este periodo, solicito se reajuste el haber de mi mandante conforme la variación del AMPO y luego la variación del índice de Salarios, Nivel General, elaborado por el INDEC.

6.- LIQUIDACION: Conforme lo expuesto se practica cálculo de haber de reajuste y movilidad aplicando los criterios establecidos por la CSJN en el precedente “Sánchez María del Carmen c/ANSeS s/reajustes varios” fallado el 17/05/2005, y para la movilidad posterior al 31/03/95 se aplica el valor del AMPO hasta el 25/08/97, en adelante y hasta el 05/01/2002 el MOPRE y por el período siguiente el Índice de Salarios Nivel General, elaborado por el INDEC.

7.- CASO FEDERAL: Atento las tachas de inconstitucionalidad planteadas se hace expresa reserva del CASO FEDERAL para su oportunidad.-

8.- Por todo lo expuesto, solicitamos del Sr. Director proceda a reajustar el haber


Escritos

Art. 118. — Redacción.

Para la redacción de los escritos regirán las siguientes normas:

1º) Confeccionarse con tinta negra o azul negra, manuscritos o a máquina, en caracteres legibles y sin claros.

2º) Encabezarse con la expresión de su objeto, el nombre de quien lo presente, su domicilio constituido y la enunciación precisa de la carátula del expediente. Las personas que actúen por terceros deberán expresar, además, en cada escrito, el nombre de sus representantes(1)o, cuando fueren varios, remitirse a los instrumentos que acrediten la personería.

3º) Estar firmados por los interesados.

CPCCN: Art. 118. — (Texto según ley 25.488,art. 2) Redacción. Para la redacción y presentación de los escritos, regirán las normas del Reglamento para la Justicia Nacional.

CPCCN (LEY U-0692): Art. 120.

Concordancias

Código de procedimiento Buenos Aires, derogado, 75. Código Procesal nacional 118 (igual), si bien rigen las normas del Reglamento para la Justicia Nacional.

Antecedentes

Proyecto Lascano, 42: "En las actuaciones judiciales no se emplearán abreviaturas ni números, ni aun para las fechas; no se rasparán las frases equivocadas, sobre las que se pondrá una línea que permita su lectura y se escribirán entre renglones las palabras que hayan de reemplazarlas, salvándose el error al fin de la diligencia y antes de la firma".

El art. 118 reproduce textualmente los tres incisos primeros del artículo 77 del Proyecto 1966, de Buenos Aires.

Exposición de motivos del Código Procesal nacional

Respecto de estos últimos [es decir, de los escritos], importa una novedad la ampliación del número de los que deben acompañarse con sus correspondientes copias (art. 120). De tal manera se procura que cada una de las partes disponga de un duplicado de las principales piezas del expediente, con las ventajas que ello implica en cuanto a comodidad y ahorro de tiempo. Se suprime la previa intimación para acompañar copias previstas en el ordenamiento procesal vigente, que constituye motivo de dilaciones innecesarias, cuando no un árbitro utilizado para provocar ese resultado.

Con relación a los escritos presentados fuera del horario judicial, se ha creído conveniente reemplazar el actual sistema proclive a actitudes ficticias y a problemáticos deslindes de responsabilidad, por la habilitación, a los efectos del cargo, de las dos primeras horas del despacho del día hábil inmediato al del vencimiento del plazo correspondiente (art. 124).

Redacción de los escritos

En el sistema absolutamente escriturario de que está informado el Código, es lógico que se establezcan reglas precisas acerca de los presupuestos formales que deben observarse en la redacción de los escritos.

A. El primero de ellos está dado porque los mismos deben confeccionarse con tinta negra o azul negra, manuscritos o a máquina, en caracteres legibles y sin claros (inc. 1°).

Respecto de la tinta hay una variante con el régimen procesal derogado, ya que se faculta a utilizar indistintamente tinta negra o azul negra, en cambio el texto del artículo 75 de la ley 2958 exigía exclusivamente el uso de la primera clase de tinta. Hay en la reforma una adecuación a la realidad, pues generalmente no se observaba el cumplimiento de esta disposición.

Se mantiene el presupuesto de que los escritos, ya sean manuscritos o a máquina, deben ser legibles y sin claros; lo que desde luego se justifica por razones obvias, ya que la inobservancia de tal regla obstaculiza la labor de la contraria y del órgano jurisdiccional.

En cambio, otra variante fundamental está dada por el hecho de que según el artículo 75 del código anterior, la violación de esas formalidades "autorizaba la devolución del escrito "sin más trámite ni recurso", disposición que no contiene la norma en cuestión. Es decir, que en concordancia con las facultades poderes-deberes de la dirección del proceso por parte del juez y en especial con aquella que establece la de "señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones de que adolezca, ordenando que se subsanen dentro del plazo que fije..." (art. 34, inc. 5°, ap. b]), corresponde disponer que se obvien las omisiones o defectos dentro de un plazo prudencial, bajo apercibimiento de que ante el incumplimiento se devolverá el escrito. Dicha providencia simple, mientras no "intime", se notifica por ministerio de ley (arts. 133 y 135, inc. 5º).

En cuanto a los recursos, cabe estar a los principios generales sobre la materia.

Hay que agregar aquí que si los escritos tuvieran enmiendas, raspaduras o palabras escritas entre líneas, deben estar salvadas al pie; caso contrario, corresponde ordenar se subsanen tales vicios dentro de determinado plazo, bajo apercibimiento de devolución del escrito.

B. El segundo presupuesto, en forma similar a lo que ya prescribían los modernos ordenamientos de Jujuy (art. 129, ap. 2°), La Rioja (art. 229), Mendoza (art. 50, inc. 1°), está dado por el contenido del encabezamiento. Así, y en la parte superior, debe enunciarse una suma o resumen del objeto de la presentación. Luego recién debe mencionarse el nombre y apellido del presentante, indicar el domicilio constituido e individualizar la carátula del expediente.

C. Si no se actuare por derecho propio, sino en virtud de una representación convencional o legal, así debe indicarse, expresando el nombre y apellido de su representado o, cuando fueren varios, remitirse a los instrumentos que acrediten la personería.

Asimismo, se consignará la indicación del tomo o folio o número de inscripción en la materia pertinente.

D. La firma de los interesados constituye el tercer presupuesto. Cabe distinguir según se actúe por derecho propio o en representación de un tercero. En el primer caso es menester la firma del patrocinado y del letrado patrocinante (art. 56, Cód. Proc.), salvo los supuestos de excepción a que aludimos al comentar dicha norma, en que es viable la sola firma del primero. En el segundo deben estar suscriptas la firma o firmas del abogado y procurador, según que actuaren un apoderado letrado o bien conjuntamente un abogado y un procurador; todo ello sin perjuicio de lo establecido en los artículos 70 y 71 de la ley 5177, en que basta la sola firma del procurador.

Desde luego que la firma de las partes reviste condición esencial para la existencia del acto, destacando que en la hipótesis de que la misma no sea auténtica se está frente a un acto inexistente (art. 1012, CCiv.ley 340,arts. 286 a 288Código Civil y Comercial de la Nación ley 26.994; sobre la cuestión de la firma como condición de existencia de los escritos en el nuevo Código, puede verse Quadri, Gabriel H., "La autenticidad de la firma impuesta en los escritos judiciales como hecho controvertido", LL 2014-F-9).

En efecto, la firma es un acto propio, estrictamente personal, que no puede ser estampada por un tercero, salvo el supuesto excepcional de la firma a ruego en los términos del artículo 119 del Código Procesal. Fuera de él la firma que no corresponde a la persona a quien se le atribuye no puede ser suplida mediante la ratificación, desde que el efecto retroactivo que ésta tiene, lo es sin perjuicio de los derechos de los terceros.

Aunque la ley adjetiva provincial no regula el supuesto que ofrece la equivocidad sobre la autenticidad de una firma, tal como ocurre en los Códigos Procesales de Jujuy (art. 133) y Mendoza (art. 50, inc. 5°), cabe entender que por aplicación de los poderes de dirección del proceso que tiene el juez, éste puede disponer la ratificación por el firmante en caso de duda sobre la autenticidad, dentro de un plazo prudencial, bajo apercibimiento de tener por no presentado el escrito (art. 34, inc. 5°, apart. b] y arg. art. 119) ; o bien resolver que se expida sobre la autenticidad de la firma el perito calígrafo de la oficina pericial de los tribunales (arts. 126, 137 y 138, ley 5827 y 36, inc. 2°, Cód. Proc.).

Debe asimismo tenerse presente que, según el artículo 95 de la ley 5177, es menester que las firmas de los profesionales que patrocinan o actúan en representación de un tercero, estén aclaradas ya sea con sellos o mecanografiadas, no sólo con la indicación del nombre y apellido, sino también con la del tomo o folio o número de inscripción en la matrícula. Razones obvias justifican el cumplimiento de esta carga, ya que de lo contrario se carece de la posibilidad de controlar el patrocinio letrado obligatorio (arts. 56, Cód. Proc.).

Por aplicación de lo dispuesto en los artículos 34, inciso 5°, apartado b) y 57 del Código Procesal corresponde, en caso de inobservancia de tal formalidad, que se exija el cumplimiento de la carga, dentro del plazo de veinticuatro horas de notificada por ministerio de ley la providencia simple que se dicte, bajo apercibimiento de tenerse por no presentado el escrito y devolverse el mismo.

E. En cuanto a las formalidades de las presentaciones judiciales, debe complementarse este precepto —y todo lo dicho hasta aquí- con lo establecido por la Acordada 2514/92, arts. 1° a 7°.

Despapelización de la justicia

1. Escrito digital

En forma contemporánea a la redacción de estas líneas, como derivación de la ley 25.506 de firma digital(3)—a la que la provincia prestara adhesión por ley 13.666—, mediante las res. 1827/2012 y 3415/2012 la Sup. Corte Bs. As. reglamentó la presentación de escritos digitales, cuya implementación ha comenzado a través de pruebas piloto y de cursos de capacitación —res. 82 del 21/2/2013—.

Ese importantísimo paso en la evolución de la forma de litigar, que conducirá a la despapelización del servicio de justicia, requiere algunas breves explicaciones sobre la firma y el documento electrónico o digital.

2. Documento electrónico o digital

Documento es todo objeto que registra información representativa de actos o hechos.

Por ej., una fotografía es un documento que registra una imagen representativa (es decir, que vuelve a presentar) de un instante de realidad. Otro ej., un instrumento privado puede registrar palabras representativas (es decir, que vuelven a presentar) de un contrato alcanzado por dos personas en un momento y lugar determinados.

La llamada ley de delitos informáticos (26.388) agregó un nuevo párrafo al art. 77 del Código Penal, según el cual el término "documento" comprende toda representación de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento, archivo o transmisión.

Es decir, el objeto que registra la información no sólo puede ser un papel, pueden ser v.gr., también los modernos soportes informáticos, tanto los magnéticos (disco flexible, disco rígido) como los ópticos (CD, DVD) como los electrónicos (pendrive). Dicho de otro modo, en un soporte magnético, óptico o electrónico puede también registrarse información, que puede consistir en palabras, sonidos o imágenes.

Pero esas palabras, sonidos o imágenes, para ser registradas en soportes magnético, óptico o electrónico, deben ser digitalizados.

Digitalizar información es convertirla en dígitos o números; y, en vez de usar el sistema decimal de diez símbolos (0, 1, 2, 3... 9), se usa un sistema binario con sólo dos dígitos: 0 y 1.

La información textual, visual o sonora se digitiliza, se la convierte en ceros y unos, se la convierte en información digital.

Y así digitalizada la información es registrada, almacenada y transmitida, para en algún momento ser recuperada o reproducida otra vez en forma de palabras, sonidos o imágines inteligibles para el ser humano.

Pero, ¿cómo se realiza la digitalización de la información? ¿Cómo se realiza el registro, almacenamiento y transmisión y en algún momento su recuperación o reproducción? Se realiza utilizando un dispositivo electrónico: la computadora.

De modo que la información digital es registrada, almacenada, transmitida y también recuperada o reproducida en forma de palabras, sonidos o imágenes a través de un dispositivo electrónico (la computadora) y de sus periféricos (pantalla, impresora, parlantes, etc.).

Entonces, ¿es documento digital o es documento electrónico?

Puede decirse que se alude a lo mismo (o sea, a la información digitalizada y así registrada y almacenada —en soporte magnético, óptico o electrónico— utilizándose para todo ello dispositivos electrónicos), pero llamándolo de diferente modo según se ponga el acento en el modo en que la información es tratada (se la digitaliza, entonces documento "digital") o en el dispositivo electrónico (computadora) que se utiliza para la digitalización, registro, almacenamiento, transmisión y recuperación o reproducción de la información (entonces documento "electrónico").

Según el art. 6° de la ley de firma digital (25.506), se entiende por documento digital a la representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo.

En realidad, el documento digital (o electrónico) no sólo es la información (representativa de actos o hechos) digitalizada, sino también debe ser considerado, como parte integrante de un todo llamado documento digital o electrónico, el soporte —magnético, óptico o electrónico— que fija, almacena o archiva esa información digitalizada.

3. Documento digital y escritura

Establecía el art. 973 del CCiv. de Vélez Sarsfield que la forma era el conjunto de las solemnidades que según la ley deben observarse al tiempo de la formación del acto jurídico, tales como la escritura del acto, la presencia de testigos, que el acto sea hecho por escribano público, o por un oficial público, o con el concurso del juez del lugar. El Código Civil y Comercial aprobado por la ley 26.994 no contiene un precepto semejante.

Dada la época de redacción del Código Civil (a comienzos de la segunda mitad del siglo XIX), por "escritura del acto" debe entenderse "escritura del acto en papel" (o soporte físico sucedáneo), porque por ese entonces no se concebía otro sustento para la escritura que no fuera de ese tipo.

Según el art. 6° de la ley 25.506, un documento digital también satisface el requerimiento de escritura. Es decir, según el art. 6° de la ley 25.506, la información digitalizada y registrada en soportes informáticos (magnético, óptico o electrónico) equivale a información escrita en papel. En la misma línea se insertan los arts. 286(5)y 1106 del Código Civil y Comercial aprobado por la ley 26.994(6).

En suma, el documento digital o electrónico está asimilado por la ley al documento escrito en papel.


4. Firma digital

La firma ológrafa posibilita simultáneamente identificar a su autor así como imputarle la autoría del texto que precede a la misma.

Pero la firma ológrafa hoy no es la única vía para identificar la autoría, pues en diversos ámbitos ha sido sustituida por claves o series alfanuméricas que identifican a una persona como, por ej., en los cajeros automáticos, para las compras con tarjetas de crédito, para el uso de determinados servicios a través de Internet, etcétera.

Es decir, que para identificar al autor de un documento podría prescindirse de la firma ológrafa en la medida en que se la reemplace por otro medio que cumpla esa misma función.

Según el art. 3° de la ley 25.506, cuando ésta requiera una firma manuscrita (v.gr., art. 1012, CCiv.), esa exigencia también queda satisfecha por una firma digital, aunque en este caso debe tratarse de un documento electrónico según el párr. 2° del art. 288 del Código Civil y Comercial aprobado por la ley 26.994.


¿Qué es la firma digital?

La firma digital no debe ser confundida con la impresión digital, ni con la firma ológrafa escaneada, ni con ningún mecanismo de identificación antropométrica.

No es algo que se agrega al documento, como la firma ológrafa que se inserta al pie del texto escrito.

La firma digital es el mismo documento digital, pero luego de encriptado a través de procesos matemáticos complejos.

Según el art. 2° de la ley 25.506, se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. Para la ley 25.506, decir firma digital es decir documento digital cifrado mediante la clave privada de su autor.

Expliquémoslo.

El fundamento de la firma digital es la criptografía.

La criptografía es una incumbencia de la matemática que persigue asegurar la confidencialidad de textos, como así también la integridad de los datos y la identidad de los participantes en un intercambio de información.

A través de un algoritmo se cifra un texto, esto es, se transforma un texto inteligible para todos en un texto cifrado o ininteligible para todos, excepto para su destinatario.

Se distinguen dos métodos generales de cifrado:

— Cifrado simétrico: cuando se emplea la misma clave en las operaciones de cifrado y descifrado, se dice que el criptosistema es simétrico o de clave secreta.

— Cifrado asimétrico: cuando se utiliza una pareja de claves para separar los procesos de cifrado y descifrado, se dice que el criptosistema es asimétrico o de clave pública. Una clave, la privada, se mantiene secreta en poder de su titular, mientras que la segunda clave, la pública, es dada a publicidad y puede ser entonces conocida por todos. Cada clave efectúa una transformación unívoca sobre los datos y es función inversa de la otra clave: sólo una clave puede deshacer lo que su par ha hecho. El poseedor de una clave pública la da a conocer, manteniendo secreta su clave privada.

¿Cómo se pasa del documento digital a la firma digital?

Luego de redactado el documento digital, se lo procesa a través de un software especial (ese "procesamiento" hoy puede consistir de hecho en un par de clics con el mouse, para elegir las opciones de un menú desplegable en la pantalla de la computadora), que, realizando procesos matemáticos complejos, entre otras cosas le "inocula" o "inyecta" la clave privada del autor del documento, tornándolo así ininteligible. Así queda encriptado el documento digital.

Para desencriptar el documento digital, al cual su autor ya le ha aplicado su clave privada, debe "inoculársele" o "inyectársele" una especie de antídoto exacto, que es la clave pública del autor. Es más, si ese documento digital entre su encriptación y su desencriptación hubiera sido alterado en su contenido, al aplicársele la clave pública esa alteración se pondría de manifiesto.

En principio, bastaría con cifrar un documento con la clave privada para obtener una firma digital segura, puesto que nadie, excepto el poseedor de la clave privada, puede hacerlo. Posteriormente, cualquier persona podría descifrarlo aplicando la clave pública del autor del documento (el autor del documento fue quien le aplicó su clave privada), demostrándose así la identidad del firmante.

El esquema es: documento + clave privada del autor = autenticidad + integridad (firma digital, según la ley 25.506).

Pero además, si se deseara dotar al documento digital de confidencialidad, el autor lo puede encriptar con la clave pública del destinatario. El mensaje encriptado de esa manera sólo puede ser decodificado (desencriptado) con la clave privada del receptor. Desde que la clave privada del receptor sólo está en poder de éste, nadie más que éste va a poder leer el mensaje.

El esquema es: documento digital + clave pública del destinatario = confidencialidad.

5. Certificado digital

A la vista de ese esquema de funcionamiento, surgen varios interrogantes: ¿cómo tener certeza de que la clave pública de un usuario corresponde realmente a ese individuo y no ha sido falsificada por otro?, ¿por qué fiarse de esa clave pública antes de confiarle algún secreto?, ¿quién verifica la identidad del poseedor de la clave pública?

Todas estas preguntas encuentran su respuesta en la figura de los certificados digitales, especie de DNI virtuales o documentos electrónicos que garantizan la identidad del autor del documento, vinculando a la persona del autor con su clave pública.

La misión fundamental de los certificados es permitir la comprobación de que la clave pública de un usuario, cuyo conocimiento es imprescindible para asegurar su firma digital, pertenece realmente a ese usuario, ya que así lo hace constar en el certificado una autoridad que da fe de ello.

Los certificados tienen un tiempo de vida limitado y claramente especificado en sus datos, al final del cual dejan de ser válidos. Esta situación no ocasiona mayores dificultades, y el usuario simplemente deberá solicitar su renovación a la autoridad certificante que se lo emitió.

Representan además una forma conveniente de hacer llegar la clave pública a otros usuarios que deseen verificar sus firmas. Normalmente, cuando se envía un documento firmado digitalmente, éste siempre se acompaña del certificado del signatario, con el fin de que el destinatario pueda verificar la firma electrónica adjunta, sin que éste necesite localizar dicha clave pública en un repositorio de claves públicas. El certificado de clave pública (que la contiene) es firmado por alguien confiable: una autoridad certificante, que da fe de la identidad del poseedor de dicha clave.

La autoridad certificante de claves públicas certifica la correspondencia entre una clave pública y la persona física o jurídica titular de la misma, mediante la emisión de un certificado de clave pública. Este certificado permite identificar inequívocamente al firmante del documento digital, evitando así la posibilidad de repudio.

En suma, el certificado digital es una constancia (en rigor, es un pequeño documento digital) que da fe de la vinculación entre una clave pública y una persona, permitiendo verificar que una clave pública específica pertenece efectivamente a una persona determinada y neutralizando la posibilidad de que ésta niegue la autoría de un documento digital.

6. Valor probatorio de la firma digital

La firma digital está asimilada a un instrumento privado, según el párrafo del art. 77 del Código Penal agregado por la ley 26.388 que dice: " Los términos 'instrumento privado' y 'certificado' comprenden el documento digital firmado digitalmente".

Pero según la ley 25.506, la firma digital goza de una doble presunción iuris tantum:

a) se presume que toda firma digital pertenece al titular del certificado digital que permite la verificación de dicha firma (art. 7°);

b) si el resultado de un procedimiento de verificación de una firma digital aplicado a un documento digital es verdadero, se presume que este documento digital no ha sido modificado desde el momento de su firma (art. 8°).

Ambas presunciones constituyen la denominada garantía de no repudio.

7. Firma electrónica y firma digital

La firma electrónica es el género y la firma digital es la especie, de manera que ésta es una variante de aquélla.

A la firma digital se la conoce también como firma electrónica segura o firma electrónica avanzada.

Ejemplos de firma electrónica que no son firma digital, son las claves o series alfanuméricas que identifican a una persona como, por ej., en los cajeros automáticos, para las compras con tarjetas de crédito, para el uso de determinados servicios a través de Internet, etcétera.

La diferencia entre la firma digital y el resto de las firmas electrónicas, es que en la primera existe una presunción legal iuris tantum de autoría (ver art. 7°, ley 25.506) de modo que aquel a quien se le atribuye y la negara debería probar que no le pertenece, mientras que en las segundas, si alguien niega la firma electrónica que se le atribuye, la carga de probar que en verdad le pertenece pesa sobre quien así lo invoca.

Dr Jose Luis Cavalieri.net

Transformation in Action of Legal Services

Dr Jose Luis Cavalieri.net contadores abogados licenciados en administracion Derecho Tributario Previsional Civil y Comercial info@joseluiscavalieri.com Te 54 11 4953 7944 Junin 658 Buenos Aires C1026ABN CABA, Argentina