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Consultas Derecho_Tributario_Previsional_Civil y Comercial

Codigo Civil y Comercial

1-Libro Primero - Parte General

1-Título I -Persona Humana

A - Autorización judicial para el cambio de nombre Art 69 70

B- -Rectificación de Certificado de nacimiento Art 64

C - Solicita Declaración de incapacidad total Art 31

D - Declaración de capacidad restringida Designación apoyo Art 31 43

E- -Solicita Revisión de sentencia declarativa restricción a la capacidad Art 40

F - Solicita internación urgente Art 41

G - Nulidad de actos anteriores a la inscripción de incapacidad Art 45

H - Demanda por cese de restricción a la capacidad Art 47

I - Solicita declaración de inhabilidad Art 48

J - Declaración de ausencia con presunción de fallecimiento Art 85

K - Solicita tutela Art 100

L - Solicita sustitución de tutor Art 109 111

M - Solicita designación de tutor especial Art 109

N - Impugna discernimiento de tutora motivos Art 109 112

O - Peticiona rendición de cuentas e inventario se designe nuevo tutor Art 115 116

P - Efectúa rendición de cuentas

2- Título III -Bienes

A - Solicita afectación al régimen de protección de la vivienda Art 244 245

B - Solicita desafectación al régimen de protección de la vivienda Art 255

2-Libro Segundo - Relaciones de Familia

1-Título I - Matrimonio

A - Dispensa judicial menores Art 404

B - Contesta demanda negativa a dar asentimiento

C - Denuncia impedimento para contraer matrimonio Art 410

D - Nulidad del matrimonio Art 424 425 429

E - Alimentos durante el matrimonio y separación de hecho 432 433

F - Alimentos posteriores al divorcio Art 434

G - Divorcio por voluntad unilateral con propuesta reguladora Art 437 438

H - Impugna propuesta reguladora Art 438

I - Solicitan divorcio con convenio regulador Art 437 438

J - Promueve demanda por compensación económica Art 441 442

K - Promueve demanda por atribución de vivienda conyugal Art 443

L - Solicita conversión en divorcio Art 437 438

M - Incidente disminución de cuota alimentaria ART 434

N - Incidente de cesación de cuota alimentaria Art 434

2-Título II - Régimen patrimonial del matrimonio

A - Convenciones Matrimoniales Art 446

B - Solicitud judicial por falta de asentimiento conyugal Art 458

C - Inicia acción declarativa carácter propio de un inmueble Art 466

D - Separación judicial de bienes Art 477

E - Promueve demanda por liquidación de comunidad recompensas Art 488 495

F - Contesta demanda por liquidación de comunidad Reconviene por recompensas

3- Título III - Uniones Convivenciales

A - Pacto de convivencia Art 513

B - Solicitud de inscripción del pacto de convivencia Art 511

C - Demanda por compensación económica convivientes Art 524

D - Demanda por atribución hogar unión convivencial Art 526

4- Título IV - Parentesco

A - Alimentos entre parientes provisorios Art 537

B - Demanda por alimentos Coparticipación Art 537

C - Régimen de comunicación Art 555

D - Incidente ejecución de alimentos Art 550 551 552 553 661 670

E - Incidente aumento de cuota alimentaria Art 541 552 658 659 660

5- Título V - Filiación

A - Promueve demanda por filiación extramatrimonial Art 570

B - Alimentos provisorios durante juicio filiación Art 586

C - Daño moral Filiación extramatrimonial Art 587

D - Impugnación de filiación Art 589

E - Impugnación del reconocimiento Art 593

6- Título VI- -Adopción

A - Promueve demanda de Adopción Plena Art 625

B - Promueve demanda de Adopción Simple Art 627

C - Solicitan rescisión de Adopción Simple Art 629

D- -Nulidad de la Adopción Plena Art 634

E - Adopción por Integración Art 631

7-Título VII- -Responsabilidad parental

A - Fijación de Régimen de comunicación del padre Art 555 652

B - Privación del Régimen de comunicación Art 641 647

C - Solicitan homologación de acuerdo de cuidado personal y comunicación Art 648 650 655

D - Solicita atribución del cuidado personal Art 638 648 649 650 653

E - Solicita guarda pariente Art 657

F - Exclusión del hogar Art 659

G - Denuncia por violencia familiar Art 641 647 702

H- -Demanda por alimentos hijo menor de edad Art 658 659

I- -Demanda por alimentos hijo mayor de edad Art 662 663

J- -Demanda por alimentos hijo mayor de edad estudiante Art 663

K - Demanda por alimentos mujer embarazada Art 665

L- -Demanda por alimentos cuidado personal compartido Art 666

M- -Demanda por alimentos a ascendientes Art 668

N - Demanda por reembolso de gastos Art 669

O - Demanda por alimentos progenitor afín Art 676

P - Impugna actos de Administración de los padres Solicita Rendición de cuentas Art 679 685 692 694 696 697 698

Q - Privación De La Responsabilidad Parental Art 700

R - Solicita Autorización de viaje Art 645 Inc c

S - Solicita Autorización de Viaje por cambio de residencia Art 645 Inc c

T - Promueve demanda Consignación de alimentos Art 904 905 CCDTES

8-Título VIII- -Procesos de familia

A- -Medidas Provisionales Art 722

3-Libro Tercero - Derechos personales

1-Título I- -Obligaciones en general

A - Intimación a recibir pago bajo apercibimiento de iniciar consignación judicial

B - Promueve demanda por consignación judicial

C - Promueve demanda por cobro de pesos

D - Promueve demanda por rendición de cuentas

E - Formulan acuerdo pago por subrogación

F - Formulan acuerdo compensación

G - Formulan acuerdo novación

2-Título II- -Contratos en general

A - Convenio de confidencialidad empleado administrativo

B - Convenio de confidencialidad prestacion servicios informaticos

3-Título III- -Contratos de consumo

A - Relación de consumo

A - Intimación a empresa prestadora de conexión servicio

B - Promueve demanda incumplimiento servicio público contratado

4- Título IV- -Contratos en particular

A - Compraventa

A- -Boleto comprav de unidad y espacio guarda coche de edificio en construcción precio en usd

B - Cláusulas adicionales al boleto comprav unidad edificio en construcción Reglamento Coprop

C - Cláusula adicional boleto comprav unidad de edificio en construcción uso de medianera

D - Cláusula adicional boleto comprav unidad edificio en construcción Designación operador inmob

E - Cláusula adicional boleto comprav de unidad de edificio en construcción Sustitución med cautel

F - Convenio de mejoras complementario de boleto comprav unidad edificio construcción

G - Boleto de compraventa de inmueble sometido al régimen de prop horizontal

H - Boleto de compraventa de inmueble en Usd con reserva de abonar en pesos asentimiento conyugal

I -Contrato de compraventa de bien mueble maquinaria

J - Pacto de retroventa

K - Pacto de reventa

L - Pacto de preferencia

M - Convenio de seña

B - Permuta

A - Contrato de permuta

B - Contrato permuta por bonos

C - Contrato permuta de bienes muebles

C - Suministro

A - Contrato de suministro

B - Contrato de suministro con plazo indeterminado

C - Contrato de suministro con pacto de preferencia

D - Locación

A - Carta de intimación al pago de alquileres

B - Desalojo por fata de pago Art 1222

C - Desalojo por vencimiento de contrato Art

D - Desalojo con condena futura Art 1225

E - Desalojo por intrusión

F - Desalojo por vencimiento de contrato de comodato

G - Consignación de llaves

H - Contrato de locación urbana de vivienda sometida al régimen de propiedad horizontal

I - Contrato de locación de oficina

J - Contrato de locación urbana de vivienda sometida al régimen de propiedad horizontal ambueblado temporario

K - Convenio sobre reconocimiento de deuda de canon locativo y entrega de llaves

LL - Contrato de locación de local comercial monto fijo y porcentual de ventas

L - Acta de desocupación de contrato de locación inmueble uso

M - Contrato de locación inmueble alojamiento personal contratado por empresa

N - Inventario de bienes muebles

O - Prórroga del plazo de contrato de locación

P - Sustitución de fianza

Q - Convenio de desocupación Contrato de Locción

R - Notificación de resolución anticipada del locatario de un bien inmueble para uso habitacional

S - Intimación al locatario para que pague alquileres vencidos previo al desalojo

T - Notificación al fiador del incumplimiento del locatario en el pago de los alquileres

U - Notificación al fiador del incumplimiento del locatario en la restitución del inmueble

V - Intimación al locador para que restituya el depósito en garantía

W - Contrato de locación de bien mueble maquinaria

X - Contrato de locación de bien mueble maquinaria con opción de compraventa

Y - Contrato de locación de espacio para colocación de cartel publicitario

E - Leasing

A - Contrato de leasing inmobiliario

B - Contrato de leasing inmobiliario en dolares

C - Contrato de leasing mobiliario maquinas

F - Obras y servicios

A - Contrato de obra art 1251

B - Contrato de servicios profesionales

C - Contrato de servicios informaticos

D - Contrato de labor actoral

E - Contrato de cesión de imagen y exclusividad

G - Transporte

A - Contrato transporte personas art 1280

B - Contrato transporte de cosas

H - Mandato

A - Contrato mandato Poder general judicial y de administración art 1319

I - Consignación

A - Contrato de consignación art 1335

J - Corretaje

A - Contrato de corretaje art 1345

K - Depósito

A - Contrato de depósito art 1356

L - Agencia

A - Contrato de agencia plazo indeterminado

B - Contrato de agencia plazo determinado

M - Comodato

A - Contrato de comodato de vivienda sometida al régimen de propiedad horizontal

B - Contrato de comodato de local comercial

C - Acta de desocupación de comodato inmobiliario

D - Contrato de comodato mobiliario

N - Franquicia

A - Contrato de franquicia

5- Título V- -Otras fuentes de las obligaciones

A-Responsabilidad Civil

C - Accidente de tránsito Transporte benévolo Muerte

D - Accidente de tránsito Transporte de pasajeros

E - Accidente de tránsito Ciclista

F - Accidente de tránsito Vehículo Peatón

G - Acuerdo transaccional

H - Promueve demanda por accidente Caída en vía pública Responsabilidad del Estado

I - Promueve demanda por daños y perjuicios Lesiones Accidente tren

J - Promueve demanda por daños y perjuicios calumnias e injurias

K - Diligencia preliminar Secuestro de historia clínica

L - Promueve demanda por daños y perjuicios Mala práxis Valor vida

M - Promueve demanda por daños y perjuicios Mala práxis odontológica

N - Promueve demanda por daños y perjuicios Mala práxis abogado

4-Libro Cuarto - Derechos reales

Título I - Disposiciones generales

A - Promueve demanda por prescripción adquisitiva

B - Solicita anotación de litis fijación fecha de adquisición del dcho- real

C - Citación a escriturar del escribano

D - Promueve incidente de transferencia de automotor art 1890

E - Promueve demanda de transferencia de automotor daños y perjuicios

F - Intimación al comprador a cumplir con la transferencia del rodado

G - Inicia demanda por escituración y daños y perjuicios

H - Citación a escriturar del escribano art 1892

I - Intimación a cesionario a escriturar y recibir saldo del precio

Título VII -Superficie

A Constitución de derecho real de superficie explotación forestal

B Constitución de derecho real de superficie fracción de inmueble para construir

Título V - Propiedad horizontal

A - Reglamento de propiedad horizontal

B - Demanda por cobro ejecutivo de expensas

C - Acuerdo de pago de expensas adeudadas

D - Demanda a consorcio filtraciones

Título XII -Derechos reales de garantía

A - Mutuo con garantía hipotecaria art 2184 2208

B - Promueve demanda por ejecución hipotecaria

C - Promueve demanda por ejecución hipotecaria en dolares

D - Intimación del acreedor hipotecario a abonar cuotas en mora

E - Deudor hipotecario intima bajo apercibimiento de consignacion judicial

5-Libro Quinto - Transmisión de derechos por causa de muerte

Titulo VI -Estado de indivisión

A - Cónyuge supérstite se opone a la partición vivienda art 2332

B - Cónyuge supérstite se opone a partición explotación comercial

Título II -Aceptación y renuncia de la herencia

A - Heredera se presenta acepta herencia ab intestato

B - Heredera renuncia a la herencia ab intestato

Título I -Sucesiones

A - Inicia demanda sucesoria ab intestato

Título VII -Proceso sucesorio

A - Solicitan designación de administrador arts 2345 2346 2349

B - Administradora rinde cuentas arts 2345 2353 2355

Título XI -Sucesiones Testamentarias

A - Inicia demanda testamentaria

B - Plantea nulidad testamento reclama ds y perjuicios

6-Libro Sexto - Disposiciones comunes a los derechos personales y reales

Título IV -Disposiciones de derecho internacional privado

A - Incidente De Reintegro Hijo Art 2642

ESCRITOS JUDICIALES

ACCIDENTE DE TRANSITO

Alegato accidente de transito

Contestacion infraccion multas

Contestación demanda accidente de transito

ACTOS PROCESALES

Accion meramente declarativa

Anotacion de Litis

Copias para traslado

Denuncia extravío

Deposita judicialmente

Exhorto diplomatico

Exhorto entre Provincias

Pide aprobación de liquidación

Pide se ordene citación por edictos

Recusación sin causa

Solicita designación de administrador judicial

Solicita nulidad

CEDULAS

Cédula Fuero Civil

Cédula Fuero Comercial

Cédula Fuero Contencioso Administrativo

Cédula Fuero Criminal y Correccional

Cédula Fuero Federal Civil y Comercial

Cédula Fuero Federal Penal

Cédula Fuero Federal Penal Económico

Cédula Fuero Trabajo

Cédula Fuero de la Seguridad Social

Cédula Ley

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Promueve pedido de quiebra

Solicita formación de su concurso preventivo

COSTAS

Beneficio de litigar sin gastos

DEMANDA

Amplia Demanda

Contesta Demanda

Contestacion Demanda Accidente de Transito

Daños y perjuicios contra Estado

Demanda Terceria de dominio

Demanda danos y perjuicios

Demanda danos y perjuicios por incumplimiento contractual

Demanda de escrituracion

Demanda por daños y perjuicios

Demanda reivindicacion de inmueble

Demanda simulacion

Inicia demanda

Inicia demanda por escrituración

Juicio de usucapion

Promueve demanda de daños y perjuicios

Promueve demanda de desalojo por falta de pago

Promueve demanda de desalojo por vencimiento de plazo

DESISTIMIENTO

Desiste de acción y del derecho

Desiste de recurso de apelación

Desiste prueba confesional

DIVORCIO

Convenio de Particion y Adjudicacion de bienes por Disolucion de Sociedad Conyugal

Convenio de la Sociedad Conyugal

Convenio sobre Atribucion de Bienes de la Sociedad Conyugal

Demanda Divorcio Vincular Abandono Voluntario y Malicioso

Demanda de Divorcio Vinculado por el art 214 inc 2 del CCiv

Demanda liquidacion Sociedad Conyugal

Divorcio 214 inc 2

Promueve demanda de divorcio vincular

Promueve demanda de separación personal

Promueven divorcio vincular por presentación conjunta

Promueven separación personal por presentación conjunta

Solicita conversión en divorcio vincular

EJECUCION

Ejecucion sentencia contra ANSES

Inicia Cobro Ejecutivo de Alquileres

Inicia ejecución de sentencia

Prepara vía ejecutiva

Promueve demanda por cobro ejecutivo de expensas

Solicita ejecución

Solicita se intime

EXCEPCIONES PROCESALES

Interpone excepción de previo y especial pronunciamiento

Opone Excepcion de Falsedad de Titulo

Opone excepción de inhabilidad de título

Plantea excepción

Plantea excepción de pago total

EXPEDIENTE JUDICIAL

Pide desglose - Autoriza a retirar

Pide desglose de documentación para acompañar a oficio - Autoriza para retirar

Se ponga en letra

Solicita desarchivo - Se extiendan fotocopias de la causa

FAMILIA

Convenio Alimentos

Demanda Adopcion Plena

Demanda Alimentos Provisorios

Demanda Alimentos conyuge culpable

Demanda De Privacion de la Patria Potestad

Demanda de Alimentos para Hijos Menores De Edad

Demanda de Alimentos Abuelos

Demanda impugnación de paternidad

Demanda por Reclamación de la Filiacion Extramatrimonial deducida por la Madre en representacion del Hijo Menor

Filiacion post morten

Inicia demanda por tenencia y régimen de visitas

Peticiona por adopción

Promueve incidente de exclusión del hogar conyugal

Promueve incidente por aumento de cuota alimentaria

Tenencia y Regimen de Visitas

HONORARIOS

Apela honorarios por bajos

Ejecucion de honorarios

Ejecuta honorarios

MANDAMIENTO

Mandamiento de constatación

Mandamiento de embargo de bienes

Mandamiento de lanzamiento

Mandamiento de secuestro

Pide mandamiento de secuestro

Solicita lanzamiento

Solicita mandamiento bajo responsabilidad de la actora

MEDIDAS CAUTELARES

Solicita medidas cautelares con urgencia

PARTES

Designa nuevo letrado patrocinante

Pide se otorgue mandato

PENAL

Promueve accion penal

Solicita excarcelacion

Solicita excarcelación

PERSONAS

Curatela

Demanda por inscripción de nacimiento

Pide declaracion de insania

Solicita declaración de ausencia con presunción de fallecimiento

PRUEBA

Actor alega sobre el merito de la prueba

Acusa negligencia en la producción de la prueba

Alega hechos nuevos

Ofrece prueba

Pide remoción de perito

Pide se declare la causa de puro derecho

Se formen cuadernos de prueba

SUCESIONES

Accion de colacion

Acepta legado

Avaluo, Inventario y Particion

Exclusion de Herencia

Inicia juicio sucesorio ab-intestato

Inicia juicio sucesorio testamentario

MODELOS DE CONTRATOS

AGENCIA

Contrato de agencia

AGRICULTURA Y GANADERIA

Contrato de aparceria rural

Contrato de arrendamiento rural

Contrato de capitalización de cria

Contrato de compra-venta de cosecha a consignatario

Contrato de compra-venta de futura cosecha

Contrato de compra-venta de una plantación a cosechar

AUTOMOTORES

Contrato de Arrendamiento de Automotor

Contrato de compra-venta de automotor

Contrato de permuta de automotores

COMPRA VENTA

Boleto de compra-venta de fondo de comercio

Cesión de contrato de compra-venta

Contrato compra-venta de cochera

Contrato de compra-venta con reserva de usufructo

Contrato de compra-venta de muro medianero

Contrato de compra-venta de propiedad horizontal a construir por consorcio

Contrato de compra-venta de sepulcro

Contrato de compra-venta de terreno en country club

Contrato de compra-venta de una parte indivisa en condominio

Contrato de compraventa de mercaderías

Contrato de compraventa de un departamento

CONCESION

Contrato de concesión

CONSIGNACION

Consignación de mercaderías

DEPOSITO

Contrato de depósito

DERECHOS DE AUTOR

Contrato de cesión de derechos de autor

DISTRIBUCION

Contrato de distribución

DONACION

Contrato de donación

EDICION

Contrato de edición

FIDEICOMISO

Contrato de fideicomiso

Contrato de fideicomiso inmobiliario

GERENCIAMIENTO

Contrato de gerenciamiento o management

IMPRESION

Contrato de impresión

LEASING

Contrato de leasing

LOCACION

Contrato de locacion de obra

Contrato de locación de caja de seguridad en banco

Contrato de locación de inmueble para vacaciones

Contrato de locación de local para uso comercial

Contrato de locación de un bien mueble

Contrato de locación de vivienda

Convenio de desocupación

Convenio desocupacion locacion inmueble

Modelo contrato de servicios profesionales

MANDATO

Contrato de mandato

MARCAS Y PATENTES

Boleto Compraventa Mercantil sobre Patente de Invención

Contrato Mercantil Licenciando el Uso de Marca o Designación Comercial

Contrato de compra-venta de patente de invención realizada por escritura pública

MUTUO

Contrato de mutuo

SOCIEDADES

Acta constitutiva de una cooperativa

Acta de constitución de una sociedad accidental o en participación

Acta de constitución de una sociedad anónima

Acta de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada

Acta de constitución de una sociedad en comandita por acciones

Contrato constitución de sociedad colectiva

Contrato de constitución de sociedad de capital e industria

Contrato de constitución de sociedad en comandita simple

Contrato de constitución de una sociedad de hecho

Contrato de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada

Contrato de sindicación de acciones

TESTAMENTOS

Testamento cerrado

Testamento olografo

Testamento ológrafo

Testamento ológrafo

MODELOS DE SALUD

Amparo Obra Social

Amparo contra Prepaga

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Consentimiento Informado (Amniocentesis genética)

Consentimiento Informado (Amniocentesis)

Consentimiento Informado (Amnioscopía)

Consentimiento Informado (By pass gástrico)

Consentimiento Informado (Cirugía compresión medular)

Consentimiento Informado (Cirugía plástica)

Consentimiento Informado (Cirugía recambio protesis articular)

Consentimiento Informado (Colocación de DIU)

Consentimiento Informado (Conservación seminal)

Consentimiento Informado (Externación y traslado por terceros)

Consentimiento Informado (Glaucoma)

Consentimiento Informado (HIV)

Consentimiento Informado (Internacion médico externo)

Consentimiento Informado (Internación médicos y servicios)

Consentimiento Informado (Ligaruda de trompas)

Consentimiento Informado (Obstetrico)

Consentimiento Informado (Osteotomia de cadera)

Consentimiento Informado (Osteotomía de rodilla)

Consentimiento Informado (Puncion lumbar)

Consentimiento Informado (Retinopatía)

Consentimiento Informado (Tratamiento carcinoma tiroideo)

Consentimiento Informado (quirúrgico)

Consentimiento Informado (vasectomía)

Consentimiento informado (Protesis articular)

Consetimiento Informado (Odontoestomatología)

Formulario de evaluación preanestésica

TRANSPLANTES

INCUCAI Acta de manifestación expresa de voluntad de donación (Form 12 PFA)

INCUCAI Acta de manifestación expresa de voluntad de donación (Form 12 RNP)

INCUCAI Acta de testimonio de última voluntad (Form 91)

INCUCAI Autorización donación de órganos (Form 90)

INCUCAI Consentimiento Informado de no inclusión en lista de espera (Form 25)

INCUCAI Constancia de no inscripción en lista de espera renal (Form 26)

INCUCAI Estudios inmunológicos (Form 23)

INCUCAI Evaluación pretransplante renal (Form 22)

INCUCAI Exclusión de lista de espera (Form 32)

INCUCAI Ingreso de paciente a diálisis (Form 02)

INCUCAI Reingreso a lista de espera (Form 33)

MODELOS LABORALES

Aclara

Acompaña puntos de pericia

Acredita confección de cédula

Acredita el diligenciamiento de oficio a

Acredita el diligenciamiento de oficio a la ANSES

Acredita el inicio del trámite notificatorio

Acredita oficios reiteratorios

Acredita-adjunta copias

Acredita-manifiesta-solicita suspensión de audiencia

Actora se expide sobre documentación

Acuerdo conciliatorio laboral

Adjunta copias

Alegato demanda laboral

Amparo por mora administrativa

Ampliación de plazos-Oficio

Ampliación del embargo

Ampliaión de plazos

Amplía prueba

Apela la sentencia recaída en autos

Apelacion dictamen medico

Apelacion dictamen medico jubilacion por invalidez CSS

CONTRATOS

Contrato de trabajo por temporada

Contrato de confidencialidad y privacidad

Contrato de trabajo

Contrato de trabajo a plazo fijo

Contrato de trabajo a plazo fijo de servicio doméstico

Contrato de trabajo a prueba

Contrato de trabajo a tiempo parcial

Convenio particular de pasantías

Contesta agravios

Contesta demanda y ofrece prueba

Contesta demanda

Contesta traslado

Contrato de confidencialidad y privacidad

Contrato de trabajo a plazo fijo de servicio doméstico

Contrato de trabajo a prueba

Convenio Privado de extincion laboral

Cumple intimación

Cédula apertura a prueba

Cédula de notificación

Cédula ley-testigo

Cédula ley

Cédula

Demanda de cobro de indemnizacion por despido

Inicia ejecución

Inicio de ejecución

Manifiesta respecto de la personería

Manifiesta, denuncia existencia de herederos, acredita extremos

Manifiesta-presta juramento

Manifiesta

Medida Cautelar

OFICIOS

Oficio Ley

Oficio a la AFIP

Oficio al ANSES

Oficio al Correo

Oficio al SECLO

Oficio traslado de la demanda

Oficio ampliacion embargo haberes

Planilla del cliente

Presenta desistimiento

Recurso de reposición con apelación en subsidio

Solicita aclaración del dictamen pericial

Solicita ampliación de plazos

Solicita aplicación presunción

Solicita desglose

Solicita impugnación de acto administrativo

Solicita reiteración de oficios

Solicita se libre giro

TELEGRAMAS

Telegrama aceptando renuncia

Telegrama comunicando suspensiones

Telegrama conservando empleo por enfermedad

Telegrama dando explicaciones de la ausencia

Telegrama en el cual el médico no encontró al trabajador

Telegrama exigiendo el pago de los días suspendidos

Telegrama exigiendo justificación

Telegrama fijando posición laboral

Telegrama indicando vacaciones

Telegrama intimando a retomar tareas

Telegrama intimando exámen médico particular

Telegrama intimando reintegro al trabajo

Telegrama notificando suspensión por causa económica

Telegrama notificando vacaciones

Telegrama notificando vencimiento de plazo

Telegrama por despido

Telegrama por despido e indemnización

Telegrama preavisando

Telegrama preavisando por el empleador

Telegrama rechazando despido

Telegrama rechazando falsas imputaciones

Telegrama rechazando liquidación

Telegrama rechazando preaviso

Telegrama rechazando suspensión por injustificada

Telegrama renunciando

Telegrama solicitando aclaración

Telegrama solicitando certificado

Telegrama solicitando haberes

Telegrama solicitando tareas

Telegrama solicitando vacaciones

Los actos procesales

Los actos procesales son cada uno de los episodios típicos que integran el proceso, y que realizan el órgano jurisdiccional, las partes y también los terceros que intervienen. Cada acto es, a la vez, antecedente del que le sigue y consecuente del que le precede. Como tienen por finalidad la obtención de un mismo resultado —la sentencia en el mérito que corona el proceso— son interdependientes. Lo que no es obstáculo, sin embargo, para su desbrozamiento y análisis particularizado de cada uno de ellos.

Son —en definitiva— los acontecimientos (hecho positivo u omisión) que de cualquier manera influyen en la relación procesal es decir actos voluntarios lícitos ejecutados en el proceso.

Se suele distinguir entre: a) actos de postulación; de instrucción y de decisión; y b) actos procesales stricto sensu; negocios jurídicos procesales; y acuerdos o contratos procesales. Carnelutti, de su lado, formuló una clasificación técnica, distinta de la jurídica.

Informática aplicada a la función judicial

1. De la ciencia a la eficiencia procesal

A partir de mediados del siglo XIX en Alemania y a principios del siglo XX en Italia , comenzó a superarse el puro procedimentalismo y devino el nacimiento del procesalismo o ciencia procesal: pasó a importar qué es lo que se hace cuando se hace un proceso y no sólo cómo debe ser hecho lo que se hace cuando se hace un proceso.

Y bien, desde fines de siglo XX han empezado a concurrir las condiciones para asistir al alumbramiento de la eficiencia procesal, gracias a la irrupción de las modernas tecnologías haciendo simbiosis con la ciencia procesal y otras ciencias sociales extrajurídicas —administración de empresas, sociología, psicología, lingüística, etc.—.

Si el derecho es un método para resolver conflictos y si el proceso es un método para actuar el derecho en el caso concreto, la meta es la máxima efectividad posible del proceso (en tiempo, esfuerzo, costo y calidad) como medio para a su vez conseguir la máxima efectividad posible del derecho en la resolución de conflictos.

Pertenecemos a una generación que se ve involucrada en un salto tecnológico sólo comparable al del comienzo de la Edad Moderna, cuando aparecieron en Europa la imprenta y el papel.

El servicio de justicia no tiene por qué privarse de los elementos que la tecnología —cada vez más perfeccionada y más barata— pone a nuestro alcance y, en cambio, tiene por qué valerse de ellos: para conseguir mayor efectividad.

En especial, la computadora ha sido, sin duda, el aporte tecnológico más brillante recibido por la función jurisdiccional durante el siglo XX, aunque recién llegó en sus postrimerías: con más proyectos que realizaciones en los años 80 y convertido en un hecho en los 90. Ese aporte de la computadora transita una etapa de afianzamiento, profundización y ampliación desde comienzos del siglo XXI.

En fin, la eficiencia procesal, hoy, desafía a repensar, con calma pero a la vez con audacia, el proceso, la oficina judicial y el estudio jurídico.

No obstante, la variable de optimización no es la tecnología por sí sola, como tampoco lo son el conocimiento ni las reformas normativas, sino que lo es la capacitación y motivación de los recursos humanos.

2. Asimilación de las tecnologías por el proceso judicial

Desde luego, la reglamentación emitida por autoridad competente (legislatura, Sup. Corte Bs. As.) legitima la introducción de las tecnologías al proceso.

Pero las tecnologías van más deprisa que las reglamentaciones, y, mientras éstas llegan, ¿cómo implementar aquéllas dentro del proceso judicial? Hemos propuesto, ya en la década del 90 del siglo pasado, la "reingeniería procesal" como estrategia, a falta de reglamentaciones puntuales.

Expresado de manera compendiada, el fundamento filosófico-jurídico de la reingeniería procesal es sencillo: los justiciables tienen derecho al debido proceso (ese derecho les es "debido" por el Estado), lo cual incluye el derecho a la eficiencia y a una duración razonable de las actuaciones, metas que se verían facilitadas a través de la utilización de tecnologías dentro del proceso.

Importará reiterar: el derecho al debido proceso incluye la posibilidad de utilizar la tecnología necesaria para lograr eficiencia, es un derecho humano que tiene rango constitucional (art. 75 inc. 22, CN, art. XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 8º, inc. 1º, § "Pacto de San José de Costa Rica"; arts. 5º y 18, CN; arts. 10 y 15, Const. Pcia. Bs. As.).

Derecho humano que es operativo y que debe ser resguardado por el Estado mediante medidas legislativas (v.gr. ley nacional sobre firma digital) "o de otro carácter". A esas medidas "de otro carácter", que pueden ser medidas judiciales adoptadas concretamente caso por caso en defecto de reglamentaciones generales y abstractas, se refiere el art. 2º párr.. 2º, del Pacto de San José de Costa Rica, cuando textualmente establece: "Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el art. 1º no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades" (énfasis agregado).

¿Las normas procesales vigentes pueden ser escollo que impida la implementación de tecnologías dentro del proceso?

Las normas procesales, meramente reglamentarias del derecho de defensa en juicio, si por ventura se erigiesen en obstáculos rituales impedientes de un servicio judicial eficiente, prestable en plazos razonables, deberían no ser aplicadas por los jueces.

Más concretamente, si las normas procesales que preceptúan cómo deben hacerse los actos procesales regularmente, bajo ciertas circunstancias se convirtiesen en obstáculos rituales (esto es, uno de los posibles obstáculos "de cualquier naturaleza" mentados en el proemio del art. 36 de la Constitución bonaerense) impedientes de un servicio de justicia eficiente y de duración razonable, deberían ser soslayadas por los jueces como forma de procurar la superación de tales obstáculos.

¿Cómo soslayarlas? La respuesta ya se ha expresado: llevando a cabo actos procesales irregularmente, pero adoptando los recaudos necesarios como para que la irregularidad no pueda trocarse en nulidad procesal (v.gr. concitando el consenso previo de las partes).

Esa irregularidad deliberada pero de validez previamente calculada es una medida que jueces y abogados pueden y deben adoptar para salvaguardar el debido proceso, si éste es puesto en riesgo por la ineficiencia o la excesiva duración a la que conduzca la regularidad derivada de la aplicación al pie de la letra y a rajatablas de las normas adjetivas.

Actos procesales

1) Principios generales. Idioma

Los actos procesales constituyen una especie dentro de la categoría genérica de los actos jurídicos, y pueden definirse como aquellos hechos voluntarios lícitos, que tienen por fin inmediato la promoción, el desarrollo o la extinción del proceso (C. Nac. Civ., sala E, 13/6/1979, ED 84-418). Tienen como característica principal la de producir un efecto directo e inmediato sobre el proceso, y siendo la voluntad uno de sus elementos constitutivos e indispensables (C. Nac. Com., sala B, 6/5/1981, ED 94-222; JL, 1981-17-412) y con prescindencia de la discusión doctrinaria acerca de la eficacia de la voluntad real o de la voluntad declarada en el campo del Derecho Civil, es la regla del Derecho Procesal la prevalencia de la voluntad declarada sobre la voluntad real (C. Nac. Civ., sala C, 27/8/1973, LL 153-45; JA 1974-23-13; ED 51-450).

La finalidad a que tienden los requisitos de los actos procesales no es otra que la de salvaguardar el adecuado ejercicio del derecho de defensa (C. Nac. Civ., sala C, 15/3/1977, LL 1977-C-88).

Los actos procesales deben ser realizados de manera sucesiva y preclusiva; el ordenamiento que se impone tiende a la materialización de un objetivo predispuesto por el legislador (C. Nac. Com., sala C, 28/8/1974, LL 156-446); habiéndose acotado que el proceso es un método de debate. Se trata de que los actos que componen su curso, avancen y se incorporen en el orden previsto y sin retrocesos, de modo que sus efectos queden fijados de un modo irrevocable y puedan valer de sustento de futuras actuaciones (C. Nac. Civ., sala C, 29/10/1975, ED 68-205).

Las formas procesales están impuestas también en interés de la eficiencia del órgano judicial, antes que para sólo conveniencia de las partes. Resultan, en consecuencia, indisponibles, máxime cuando emergen de una ley común, como modo de asegurar la vigencia de sus instituciones (C. Nac. Com., sala D, 9/4/1979, ED 84-341).

También se ha destacado que los actos cumplidos extrajudicialmente, sólo producen efectos procesales cuando su realización es debidamente comprobada en el expediente (C. Nac. Civ., sala D, 12/9/1980, LL 1980-D-581; 9/3/1983, LL 1983-D-91).

Por otro lado, en todos los actos del proceso se utilizará el idioma nacional (art. 115 CPCCN), debiendo entenderse por tal el castellano. Esta disposición es consecuencia de lo dispuesto en los arts. 999 y 979, inc. 4º, CCiv. (C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 8/9/2006, "Glover, Penélope v. Radeair SA y otros s/lesión y/o muerte de pasajero - Transp. Aéreo", AP 7/17697).

Así, el proceso judicial debe desarrollarse en nuestro idioma nacional (C. Nav. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 20/2/2007, "Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha v. Solvay Pharmaceuticals GMBH", AP70037757).

2) Doctrina de los actos propios

Nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior deliberada; jurídicamente relevante y plenamente eficaz (Corte Sup., Fallos 316:1802, 320:2233, 323:3765, 329:755, 1875; C. Nac. Civ., sala A, 8/3/1983, LL 1983-C-440, íd., sala D, 14/4/1983, LL 1984-A-295; íd., sala F, 22/6/1983, LL 1983-D-146; C. Nac. Com., sala E, 8/2/1984, LL 1984-B-150; C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala II, 25/6/1982, ED 102-446; 17/9/2010, "Salamone, Norberto v. Aguas Argentinas SA s/cobro de sumas de dinero", AP 7/21511); habiéndose añadido, que el venir contra o contravenir el hecho propio comprende también no ya destruir lo hecho, sino a desconocerlo, a evitar sus consecuencias o eludirlas (C. Nac. Com., sala D, 20/2/1984, LL 1984-B-260).

La doctrina de los actos propios sirve para descalificar ciertos actos que contradicen otros anteriores en tanto una solución opuesta importaría restar trascendencia a conductas que son jurídicamente relevantes y plenamente eficaces (Corte Sup., 316:3199, 325:1787, 327:5073, del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte).

Se halla reconocida en nuestro derecho positivo, y encuentra apoyo en las conductas anteriores judiciales o extrajudiciales, que generan confianza en quien las ha emitido y suscitan en el justiciable una expectativa de comportamiento coherente futuro (Corte Sup., Fallos 326:3734).

Y que es deber de los jueces hacer valer (C. Nac. Com., sala E, 22/4/2009, "Chiyah Hakim, Blanca Faride v. BCRA s/ordinario", AP 8/22327).

En virtud de la llamada doctrina "de los actos propios" el derecho no tolera que un sujeto sustente un derecho fundado en una conducta contradictoria con un comportamiento anterior: "venire contra factum, propium non valet". A través de esta regla se halla vedado todo comportamiento incompatible con la conducta anteriormente observada por el agente, doctrina que halla sustento en un principio fundamental del sistema legal argentino, cual es el de la buena fe, con el efecto de impedir que alguien pueda volver contra sus propios actos anteriores y pretender desconocer los efectos de su propio obrar. Justamente una de las consecuencias del deber de obrar de buena fe y de la necesidad de ejercitar los derechos observando dicha pauta, es la exigencia de un comportamiento coherente. Este imperativo de conducta significa que, cuando una persona dentro de una relación jurídica ha suscitado en otra con su proceder una confianza fundada, conforme a tal principio en una determinada actuación futura, según el sentido objetivamente deducido de la conducta anterior, no debe defraudar la confianza despertada y es inadmisible todo comportamiento, incompatible con ella (C. Nac. Com., sala A, 20/8/2008, "Isla, María v. Francisco Osvaldo Díaz SA s/ordinario", AP 8/19956).

La doctrina de los actos propios resulta aplicable en la medida en que se advierte una falta de coherencia en el comportamiento, una incompatibilidad manifiesta entre la conducta generadora de determinada instalación fáctica-jurídica y posterior actitud de objeción a ella (C. Nac. Com., sala B, 25/4/2008, "Coca Cola Femsa de Buenos Aires SA v. Unión Bar SA s/ordinario", AP 8/19056).

Se ha señalado que su aplicación requiere que exista identidad subjetiva, esto es identidad entre el sujeto del que emana un acto y que posteriormente realiza una conducta contradictoria, de manera que ambos comportamientos hayan sido seguidos o resulten imputables a una misma persona, y que la contradicción se configure dentro de una misma situación o relación jurídica o, expresado con otras palabras, dentro de un mismo "círculo de intereses" (Corte Sup., Fallos 325:1787)

Por aplicación de esta teoría de los actos propios, según la cual nadie puede alegar un derecho que esté en pugna con su propio actuar —nemo potest contra factum venire—, seguida por nuestros tribunales, se ha declarado que es inadmisible el intento de ejercer judicialmente un derecho subjetivo o facultad jurídica incompatible con el sentido que la buena fe atribuye a la conducta anterior (C. Nac. Com., sala D, 20/2/1984, LL 1982-A-260); o que es inadmisible que se pretenda fundamentar una actuación aportando hechos y razones de derecho que contradigan los propios actos; es decir, que asuma una actitud que venga a colocar a la persona en contradicción con su conducta anterior (C. Nac. Civ., sala C, 23/5/1983, LL 1984-B-465, 36.583-S; íd., sala D, 14/4/1983, LL 1984-A-295; íd., sala E, 28/7/1983, LL 1984-B-406, con nota); o media una renuncia tácita que invalida la pretensión del apelante cuando se agravia que el a quo acogiera argumentos que él mismo esbozó y que ahora constituyen una valla para la nueva regulación que pretende (C. Nac. Civ., sala E, 6/6/1980, LL 1983-D-523, con nota).

Aunque se ha resuelto que la doctrina de los actos propios no es invocable cuando la ley regula una solución expresa para la conducta objetivamente contradictoria, sea impidiéndola o permitiéndola (C. Nac. Com., sala E, 31/5/2007, "Donicelli Barto, Ricardo v. Poder Ejecutivo Nacional s/amparo", AP 11/44010).

Así se ha dicho que si el ordenamiento legal no otorgó carácter irreversible a la elección de una de las opciones en él contempladas, no median razones para que —con supuesto apoyo en la doctrina de los "actos propios"—, se justifique censurar la conducta del acreedor de una obligación consolidada quien intenta oportunamente ubicarse en la posición que finalmente le sea menos gravosa (Corte Sup., Fallos 322:1318).

Asimismo, se ha considerado irrazonable aplicar la teoría de los propios actos para denegar la revisión de un derecho al que la Constitución Nacional le confiere carácter de irrenunciable (Corte Sup., Fallos 315:2584).

Otra excepción a la doctrina de los actos propios se observa cuando, frente a determinadas circunstancias puntuales (edad, estado de salud, nivel de ingresos, necesidades) se considera que el sometimiento a determinado régimen (en el caso, la normativa de emergencia referente a reprogramación y conversión de la moneda de depósitos bancarios) no constituye un "sometimiento voluntario" a la normativa de que se trate (Corte Sup., Fallos 331:901).

Así, se ha dicho que resultan inatendibles los agravios expuestos por la entidad bancaria atinentes a que las extracciones de fondos efectuadas por el actor habrían importado un "voluntario sometimiento" a la normativa impugnada —que estableció restricciones a los depósitos bancarios y dispuso la conversión a pesos de los efectuados en moneda extranjera—, ya que para que éste pueda configurarse es necesario que los actos sean producto de una conducta deliberada, esto es, ejecutada con discernimiento, intención y libertad (Corte Sup., Fallos 331:2316).

MEDIDAS CAUTELARES

A. Noción. Fundamentos. Presupuestos. Caracteres

a) Antes o después de iniciado un proceso y durante el tiempo que demanda la obtención del reconocimiento judicial del derecho, pueden darse circunstancias que hagan difícil, o acaso frustren en definitiva, la realización de la tutela jurisdiccional. Tal lo que ocurriría, por ejemplo, si durante su tramitación desmejorara el estado patrimonial del deudor o se produjera una alteración en la situación de hecho existente al tiempo de la demanda.

b) Es evidente, además, que existe una imposibilidad práctica de lograr de un modo inmediato la decisión, lo que significa que la declaración del derecho que se reclama, a la actuación de los medios coactivos encaminados a hacerlo efectivo, no obran de manera instantánea. Como esta instantaneidad también es humanamente imposible, desde que el curso de las actividades indispensables para llegar a la declaración de certeza a la ejecución posterior exige casi siempre el consumo de un lapso no breve, se presenta el peligro de que, mientras el órgano jurisdiccional realiza su tarea, la situación de hecho se altere de un modo tal que, a la postre, resulte ineficaz o tardío su mandato, expuesto a llegar cuando el daño sea irremediable.

c) Calamandrei ha esclarecido, con acierto, cuál es la nota verdaderamente típica de las providencias cautelares: la de no constituir un fin por sí mismas sino la de estar ineludiblemente preordenadas a la emanación de una ulterior providencia definitiva cuyo resultado práctico asegura preventivamente. Nacen por decirlo así, al servicio de una providencia definitiva, con el oficio de preparar el terreno y de aprontar los medios más aptos para su éxito. Podemos expresar, entonces, que constituyen instrumentos jurisdiccionales tendientes a asegurar el resultado práctico de otro proceso (el que versa sobre la pretensión principal).

d) Las medidas cautelares se otorgan sobre la base de la mera verosimilitud del derecho que se pretende asegurar (fumus bonis iuris). La protección cautelar obedece a la necesidad de proteger un derecho que todavía no es cierto, líquido y consolidado, sino tan sólo probable y aun dudoso, es decir, los derecho incipientes. Resguardan los derechos del acreedor evitando la enajenación y ocultación de los bienes del deudor o que se deterioren o consuman, sea que tales derechos puedan exigirse actualmente o bien cuando su exigibilidad dependa de una condición suspensiva, o se encuentre pendiente de plazo.

Observación que tiene igual validez respecto del aseguramiento de personas, aunque en razón de su finalidad se aparte con algo más notas propias, del régimen general del proceso cautelar.

Todo ello se explica, en la enseñanza de Chiovenda, en razón de que por su propia naturaleza las medidas cautelares no requieren la prueba terminante y plena del derecho invocado, porque mientras ella se produce podrían desaparecer los bienes o sus rentas. Basta entonces la acreditación prima facie, esto es, a primera vista, sin entrar al estudio último de las causas, tomando los hechos tal como se dan o aparecen. La carga procesal de quien solicita las medidas cautelares se circunscribe a la prueba de la verosímil presunción del derecho, por medio de la summaria cognitio. Para decretar cualesquiera de las medidas preventivas, el juez no necesita tener la evidencia, o la certidumbre de que lo que se pide o se dice es la verdad. Ni tampoco que crea que lo es, o estime probable que lo sea. Se exige algo menos en la escala cualitativa y cuantitativa de los valores lógicos: que lo que se dice sea verosímil; la demanda debe aparecer como destinada al éxito (Orús).

Los fundamentos de una medida cautelar radican, por todo ello, en la verosimilitud o apariencia del derecho y en la posibilidad de un perjuicio por la demora ("periculum in mora") .

e) Las ideas precedentes han sido receptadas por la jurisprudencia, al expresar que el objeto de las medidas precautorias es, el de inmovilizar la situación jurídica de determinados bienes, para impedir que su libre disposición haga ilusorios los derechos de los litigantes, si la parte vencida resulta insolvente al término del proceso, o la sentencia se hace de cumplimiento imposible por cualquier otro motivo emanado de esa libre disposición. La adopción de medidas preventivas tiene una función de medio a fin con la sentencia definitiva y está destinada a asegurar su eficacia. Constituyen un anticipo de la garantía jurisdiccional y son un accesorio, instrumento o elemento de otro proceso —eventual o hipotético—. Por ser actos conservatorios y de urgencia, deben ser acogidas ante la mera verosimilitud del derecho que se invoca.

En última instancia, todas ellas tienden más que a defender los derechos subjetivos de los justiciables a garantizar la eficacia y seriedad de la función jurisdiccional, el buen fin del proceso.

f) En torno a los presupuestos que legitiman la procedencia de las medidas cautelares y a fin de lograr el equilibrio e impedir todo abuso perjudicial, corresponde advertir que del lado del que solicita la medida cautelar se pone la correlativa obligación de prestar una caución, suficiente (contracautela para responder por los eventuales daños y perjuicios que pudieran originarse, sin derecho, al afectado por las medidas de seguridad). Tal contracautela debe ser suficiente, para afianzar el perjuicio que se pueda ocasionar al demandado, como consecuencia de la traba de la medida de seguridad (art. 199, Códs. Procs.). Las medidas de contracautela no causan instancia y si varían las circunstancias que se tuvieron presentes al decretarlas, pueden, correlativamente, adecuarse a la nueva situación de hecho que se presente.

Halla, pues, su fundamento, en el principio de igualdad (art. 34, inc. 5º, ap. e]) y reemplaza en cierta forma la bilateralidad o controversia que se excluye en la gestión de las providencias cautelares, hasta que ellas se materializan.

Interesa subrayar que dado su carácter y en razón de la misma finalidad asegurativa, las providencias cautelares deben dictarse inaudita parte, bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante, es decir, sin que proceda sustanciación alguna ni controversia entre las partes. Los afectados no pueden discutir su procedencia antes de que ellas hayan sido acogidas y efectivizadas. En este orden, ha advertido reiteradamente la Suprema Corte de Buenos Aires, que la ausencia del previo derecho de defensa es característica común a las medidas precautorias de los distintos órdenes jurídicos, pues si así no fuese podría frustrarse el fin cautelar consustancial a todas ellas.

Queda, por consiguiente, precisado que son tres los presupuestos que condicionan la procedibilidad de todas las medidas cautelares.

1. La verosimilitud del derecho invocado como fundamento de la pretensión principal.

2. El peligro (temor fundado) de que ese derecho se frustre o minorice durante la sustanciación del proceso tendiente a su reconocimiento y efectivización.

3. La materialización correlativa, de una prestación, de equilibrio, esto es de una contracautela por parte del beneficiario de la medida.

g) Cabe requerirlas al actor el reconviniente o quien va a hacerlo en el futuro cuando la formula con anticipación a la promoción de la demanda o bien, durante el curso del proceso. Tienden siempre a cumplir su fin práctico sin olvidar como lo habremos de puntualizar constantemente, que el Juzgado debe observar la máxima prudencia y razonabilidad a fin de balancear los perjuicios que las mismas han de producir con las ventajas, esencialmente en resguardo de la seriedad y eficacia de la jurisdicción, que no puede arribar a una decisión futura que no tenga alcance práctico, decretándola en resolución sumariamente fundada.


B. Interinidad y mutabilidad de las medidas cautelares

Características de las medidas de seguridad que han sido puestas de relieve por la doctrina son:

1. Su provisoriedad o interinidad, cuyo alcance ha precisado Calamandrei, al advertir que no sólo significa una simple limitación temporal de sus efectos propios, sino también la idea de que esa limitación juega, concretamente, referida al período que transcurre entre la emanación de la providencia cautelar y el advenimiento de otra providencia jurisdiccional (sentencia principal recaída en un proceso de conocimiento o de ejecución) porque es el resultado práctico y la eficacia de esta última, lo que aquélla tiene por objeto asegurar en forma preventiva.

Esta nota aparece receptada en el art. 202 de los códigos en comentario, pues las medidas cautelares "subsistirán mientras duren las circunstancias que las determinaron", agregando el precepto que "en cualquier momento en que éstas cesaren se podrá requerir su levantamiento".

La accesoriedad e instrumentalidad de las providencias que estamos describiendo son características que se conectan en el tiempo, desde antes que el proceso principal se haya promovido y perduran durante todo su desarrollo. Cuando la causa que la justifica cesa, o desaparecen las circunstancias que las determinaron, la cautela pierde su sustentación.

2. La mutabilidad o variabilidad, nota que se explica en razón de que tales medidas pueden ser modificadas o revocadas, cuando sobrevenga un cambio de circunstancias que así lo aconseje.

Con otras palabras, las providencias cautelares, en razón de su rol instrumental, no son definitivas, no causan instancia con relación a las nuevas pretensiones que se basan en otra situación fáctica y pueden reverse si las circunstancias del proceso lo exigen. O lo que es igual, son siempre interinas, no causan estado y pueden ser modificadas ulteriormente en cualquier momento.

Con relación a la mutabilidad, los códigos vigentes contienen diversas normas —véase arts. 203, 204 y 206— que permiten, con flexibilidad, adaptar la procedencia de cada medida a las necesidades concretas del caso singular.

Por el lado del acreedor es facultad que le asiste la de pedir la mejora, ampliación o sustitución de la medida ya decretada si justifica que ésta no cumple —o lo hace en menor intensidad— la función de tutela o garantía anticipada, que le es propia. Correlativamente, el deudor puede requerir la sustitución de la medida o su limitación si la que ya se hizo efectiva resulta excesivamente perjudicial y a condición que la de reemplazo o la reducción, resguarden efectivamente (con suficiencia) el derecho del acreedor.

Cabe, al deudor, asimismo, solicitar la sustitución del bien o bienes afectados por otros, con la precedente salvedad sobre la necesidad de que no se menoscabe la garantía del acreedor.

En todos estos supuestos, las peticiones se deben sustanciar (mediante traslado con copias y por cinco días, arts. 120 y 150) con el acreedor. Con lo que configura así un incidente atípico.

El órgano judicial (arts. 34, inc. 5º, c] y e] y 204), a su vez, con el fin de evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes, puede disponer, atendiendo a la importancia del derecho que se intenta proteger, una medida distinta a la solicitada o bien limitarla. Estas variantes sólo pueden tener operatividad mientras todavía no se hubieren hecho efectivas y notificadas las medidas originariamente decretadas. Con posterioridad, sólo el cautelado es quien, por regla, podrá pedir la sustitución o limitación por vía incidental, como antes lo explicamos.


C. Criterio para su acogimiento

a) Aunque las medidas precautorias tienen por finalidad establecer una protección efectiva de los derechos del acreedor, deben circunscribirse a sus justos límites, sin ocasionar daños innecesarios al patrimonio del deudor o al normal desenvolvimiento de su giro comercial. No tienen por qué ir más allá de donde sea necesario para proporcionar la real y efectiva garantía del acreedor. Con relación a esta directiva, se advierte en la jurisprudencia un sensible cambio de orientación. En efecto, era común en la doctrina jurisprudencial de pocos años atrás, elaborada al cobijo de los códigos derogados, afirmar que las medidas de seguridad eran de interpretación restrictiva, porque inmovilizan o dificultan la libre disposición de los bienes; que han de interpretarse estrictamente por considerarse de carácter excepcional. Últimamente —criterio del que participamos— se ha abierto camino una tendencia liberal que ha terminado por prevalecer, porque tanto o más que al interés privado del solicitante, interesa al orden público que la justicia no fracase por la inevitable lentitud de su actuación, sobre todo en el proceso ordinario.

b) Es por eso preferible un exceso en acordarlas, que la parquedad en desestimarlas, pues con ello se satisface el ideal de brindar seguridades para la hipótesis de triunfo. Claro que lo expuesto es válido a condición de que mediante la contracautela suficiente se garantice a quien, como sujeto pasivo, sufre la medida precautoria. Con lo expuesto, queremos significar que así como debe propiciarse una directiva amplia en la concesión de las medidas precautorias, correlativamente se debe ser exigente en la contracautela que resguarda los derechos de la otra parte (ver anotación).

Por consiguiente, el criterio que ha de recomendarse es el de una mayor flexibilidad, para que las medidas cautelares cumplan sus fines en forma satisfactoria, sin ocasionar molestias o perjuicios que pueden evitarse. Es ésta, por otra parte, la pauta efectivamente consolidada en la actuación del pretorio y que se integra en orden a la contracautela, exigiéndose a quien las solicita fianza bastante, a través de garantías reales o personales limitándose la admisibilidad de la mera responsabilidad juratoria únicamente en los casos de reconocida solvencia.

c) No ha de extrañar, por consiguiente, que lejos de interpretarse el acogimiento de las medidas precautorias en forma estricta, prime más bien un criterio funcionalmente amplio, flexible, que adapta según el grado de verosimilitud y calidad del derecho invocado conforme llegue a un registro de suficiencia imprescindible, el acogimiento de la cautela idónea de menor intensidad como la anotación de litis (art. 229) o el orden más tenue del veedor respecto del interventor liso y llano, en sí (ver C. Nac. Civ., sala C, "De Sanctis, Alfredo y otro v. Saint Paul", 26/6/1985, LL del 3/1/1986, fallo 84.469).


D. Recurribilidad

a) La función específica de garantía o tutela anticipada, la ausencia de contradicción (previa) para su acogimiento (trámite unilateral), hacen de toda necesidad que se decreten inaudita parte, o sea sin intervención del sujeto pasivo. Ello no significa que no puedan ser recurridas una vez efectivizadas, si hubieran sido mal admitidas, o no procedieran. Dada su naturaleza, las medidas precautorias son de cumplimiento inmediato, aunque medie apelación.

b) Hecha efectiva, los afectados pueden discutir su procedencia, sea por medio del recurso de apelación o solicitando su levantamiento por vía incidental ante el mismo juez que las ordenó. Disponía al respecto el art. 452 del Código Procesal derogado (462, Cód. Proc. Bs. As., íd.) —normas que por extensión analógica se aplicaban a todas las medidas cautelares—, que: "El embargo, en todos los casos, se hará saber (al embargado) dentro de los tres días siguientes a la traba. Éste podrá apelar dentro de tres días al solo efecto devolutivo", entendiendo la jurisprudencia —y en ello debía repararse de un modo muy especial por su importancia práctica— que contra la providencia que acogía la medida de seguridad no cabía el recurso de revocatoria, sino el de apelación (C. Civ. 2ª, La Plata sala 2ª, DJBA 58-277). A su turno, los arts. 453 del Código de Procedimientos capitalino o 463 del Código anterior de Buenos Aires establecían que el auto que no hiciere lugar al embargo preventivo era apelable en relación dentro de tres días. En lo que atañe a la contracautela, prescribían, por último, los arts. 454 del Código de Procedimientos de la Capital y 464 del Código citado de Buenos Aires, que la misma podría ser de cualquiera de las clases conocidas en derecho (véase arts. 1998 y 2000, CCiv.) calificándola por sí sólo el juez, quien si la encontrara bastante debía mandar que se extendiera la escritura, acta o diligencia correspondiente, quedando terminado el incidente.

c) Corresponde señalar que la ley 22.434, acogiendo la buena doctrina (Ibáñez Frocham, Palacio), modificó el art. 198 de modo que al presente y tal como había sido admitido por un gran sector de la jurisprudencia, establece, en el apa. 3º: "La providencia que admitiere o denegare una medida cautelar será recurrible por vía de reposición; también será admisible la apelación, subsidiaria o directa".

Aunque esa innovación no se ha visto reproducida en la ley de Buenos Aires (7425) la jurisprudencia había llegado a una solución idéntica (ver anotación e infra, comentario art. 198).

d) No son susceptibles, en principio, del recurso extraordinario.


E. Clases

a) Tanto el Código de la Capital Federal como el de Buenos Aires se ocupaban en los respectivos títulos del embargo preventivo (Cód. Proc. Cap. Fed., tít. XIII) y de los embargos preventivos e inhibiciones (Cód. Proc. Bs As., tít. XIII). Omitían considerar, por tanto, las diferentes medidas que no obstante, habían sido admitidas por la jurisprudencia, a saber: a) la anotación preventiva de la litis; b) la prohibición de innovar; c) la intervención judicial; d) la administración judicial. Medidas cautelares estas expresamente legisladas en los códigos procesales de Jujuy, La Rioja, Mendoza y Santa Fe. Es importante señalar que se reconocía que quedaba reservada como facultad privativa del órgano judicial, y en consonancia a la flexibilidad que requiere la finalidad del proceso cautelar, decretar una medida distinta de la solicitada o bien limitarla en consideración al derecho que se intenta proteger, si ello era conveniente y evita perjuicios innecesarios (en este sentido art. 139 del Anteproyecto de Cód. Proc. para la Prov. de Bs. As. de 1861).

b) Las medidas precautorias pueden ser clasificadas en diversas categorías. Las que cuentan con mayor predicamento son las siguientes: 1) las que están encaminadas a asegurar el resultado de la ejecución forzada: embargo, preventivo, inhibición, anotación de litis, intervención y administración judicial; 2) aquellas sin las cuales podría resultar un daño irreparable: prohibición de innovar, separación de los cónyuges, guarda de la persona; 3) por último se agrupan bajo la amplia denominación de medidas cautelares otras diligencias que responden a fines distintos, pues no están encaminadas al resguardo de bienes, protección de personas y depósito de cosas, sino específicamente al aseguramiento de pruebas, mediante una verdadera instrucción preventiva. Tal lo que ocurre en aquellos supuestos en que existe temor justificado de que eventualmente pueda faltar, fallar o hacerse difícil su producción en la etapa probatoria. En estos casos, lo que se persigue, en verdad, es asegurar la eficacia de la producción anticipada de la prueba (declaración de testigos, reconocimiento o inspección judicial, pedidos de informes o dictámenes periciales, anticipación de la absolución de posiciones, etc.). Con rigor técnico han de adscribirse a las diligencias preliminares de los procesos y no al sector de la cautela o medidas de seguridad.

c) En principio proceden en toda clase de juicios (de conocimiento, sumarios y especiales), a condición que se acrediten los presupuestos que hemos analizado con anterioridad.

d) Las ideas precedentes y el plan adoptado por los nuevos códigos permiten agrupar las medidas en ellos contempladas, atendiendo a la materia sobre las que recaen y a la finalidad que persiguen, en la siguiente forma:

1. Medidas para asegurar bienes: tolera una subdivisión

a) las que tienden a asegurar la ejecución forzosa (esto es, la transformación económica por vía judicial de los bienes del condenado, para satisfacer en dinero el monto de la condena):

— embargo preventivo,

— intervención o administración sustitutiva del embargo,

— secuestro;

b) las que procuran mantener el statu quo respecto de una situación de hecho, cosas o bienes:

— prohibición de innovar,

— prohibición de contratar,

— anotación de litis,

— inhibición general de bienes,

— intervención informativa,

— administración judicial.


2. Medidas para asegurar personas: las cuales pueden tener por finalidad

a) la guarda provisional de las personas de que se trate, o

b) la satisfacción de sus necesidades urgentes (arts. 234, 237, Cód. Proc. nac. y Cód. Proc. Bs. As.).


3. Medidas para asegurar elementos probatorios (instrucción preventiva)

El art. 326 —en los procesos de conocimiento— atiende a cubrir un sector diferente: el de la prueba anticipada.

La doctrina y las leyes procesales propician diversos agrupamientos y clasificaciones de las distintas medidas que responden a criterios contingentes, a partir de la finalidad perseguida por las mismas, o por su objeto mediato, u optando por combinar los referidos criterios, que en lo sustancial se adecuan al esquema precedente.


F. Otros requisitos comunes

Las leyes 7425 y 17.454 contienen diversas disposiciones que concurren a esclarecer el mecanismo de las medidas cautelares:

a) Juez competente: como hemos visto, las medidas cautelares son dispuestas por el juez que tenga competencia para conocer del proceso principal (art. 6º, inc. 4º), agregando el art. 196 que "los jueces deberán abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. Sin embargo, la medida ordenada por un juez incompetente será válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este capítulo, pero no prorrogará su competencia. El juez que decretó la medida, inmediatamente después de requerido remitirá las actuaciones al que sea competente; más adelante volveremos sobre este aspecto.

b) Cargas a satisfacer con el pedido: en el escrito en que se soliciten se debe expresar: el derecho que se pretenda asegurar, la medida que se pide y la disposición de la ley en que se funda, así como acreditarse el cumplimiento de los requisitos que la ley establece, con respecto a la medida solicitada (art. 195, ap. 2º).

El art. 233 —recogiendo una directiva de analogía de utilización en el tribunal— prescribe que las disposiciones relativas al embargo preventivo son aplicables, en lo pertinente, a las demás medidas cautelares.

c) Las informaciones previas tendientes a probar la verosimilitud del derecho a cautelar, han recibido adecuada solución recogiendo, asimismo, una rica experiencia judicial.

A tenor del art. 197, las referidas informaciones para obtener medidas precautorias podrán ofrecerse firmando los testigos el escrito en que se solicitaron los que luego deberán ratificarse en el acto de ser presentado el escrito o en primera audiencia. Las informaciones "se admitirán sin más trámite pudiendo el juez encomendarlas a los secretarios" y el texto concluye expresando que "las actuaciones permanecerán reservadas hasta tanto se ejecuten las medidas. Tramitarán por expediente separado al cual se agregarán en su caso, las copias de las pertinentes actuaciones del principal". Este expediente contendrá por consiguiente las informaciones de los testigos, las piezas donde se admiten hechos, la pericia que se haya rendido, etcétera.


G. La acción o procedimiento de amparo y las medidas cautelares

Es firme el criterio en punto a que la vía "excepcional"del amparo, no puede, en principio, actuar como una medida cautelar accesoria de un recurso administrativo, o de una demanda judicial ya iniciada o que corresponda iniciar ni tampoco, a su través, obviar los trámites procesales instituidos por el ordenamiento vigente, ni el de urgidos (Fallos 262: 181; 262:364; causa "Navarro, Juan Carlos", 19/2/1985), pues ese medio —la vía del amparo— no altera el juego de las instituciones vigentes: Fallos 268:187; 295: 35; 303:419; causa "Hughes Tool Company SA v. Gobierno Nacional (Ministerio de Economía)", 7/3/1985).

Empero(y nótese como, siempre, se cuenta con una pauta flexible sin la cual el carácter absoluto o rígido de las posturas chocaría contra la realidad del tráfico y el carácter instrumental de las instituciones procesales al servicio de una más funcional y eficaz respuesta de la Justicia), tal principio, o mejor, regla de interpretación básica, reconoce fundadas excepciones y en algunas situaciones se ha acordado a la acción de amparo ese limitado alcance.

Es obvio que en el proceso de amparo pueden solicitarse las medidas precautorias que correspondan a la naturaleza de los intereses a proteger y características de cada caso.


H. Ley de reformas 22.434

En el orden nacional, la aludida ley ha introducido modificaciones secundarias al régimen establecido por la 17.454 en materia de medidas cautelares que iremos destacando en el comentario de cada disposición. Anticipemos, en este lugar, que ha recogido las directivas que la jurisprudencia había receptado en un desenvolvimiento acorde con la instrumentalidad y flexibilidad del proceso cautelar, que acuerdan perfil a su adecuación al servicio de la eficacia de la Justicia.


1. Panorama actual

En visión de conjunto y entreabriendo las reflexiones a otros cuadrantes que ofrece la litigiosidad moderna, acentuadas a exigencias de una enérgica tutela preventiva, la impostergable necesidad de afirmar en concreto la eficacia de la jurisdicción, los desacoples entre los propósitos (tiempo, técnica, costos) de las leyes procesales y la realidad, así como la obsolescencia del funcionamiento del proceso reñido con el debido acceso a la jurisdicción en el contexto de la Constitución; asimismo, aunque acaso sea lo más gravitante, la cada vez más urgida presión de la sociedad en demanda de un cambio profundo en la experiencia del Servicio judicial, quizás podamos arrimar estas consideraciones:

a) El carácter accesorio e instrumental del proceso cautelar, preordenado a garantizar el cumplimiento de las sentencias (fundamentalmente, pero no únicamente de ellas, de las de condena, inclusive también la que recae ante la pretensión meramente declarativa del art. 322, criterio este que no es seguido por la Corte Suprema) que sobrevendrán en el proceso principal, se independiza en buena medida para transmutarse en un proceso preventivo autónomo de similar contenido y finalidad cautelar, cuando se lo utiliza frente a perjuicios colectivos (intereses difusos, daños ocasionados a grupos indeterminados de consumidores de productos mal elaborados, etc.); allí cumplen, como coronación de un proceso de conocimiento cabal, no inaudita parte sino con bilateral sustanciación, ni tampoco de modo superficial o prima facie de las causas determinantes (v.gr., emanaciones tóxicas de una fábrica), un rol principal, autónomo, no conexo ni instrumental de otro proceso. Se agotan en sí mismo al brindar autosatisfacción. La esencia de la resolución, a pesar de esos efectos en el caso, no desdibuja sus características de provisoriedad y mutabilidad, toda vez que esto opera siempre que se alteren o cambien las circunstancias (hechos) que justificaron el sentido de aquella providencia (es el fenómeno de la cláusula rebus sic stantibus). Si en el ejemplo se suprime la causa de la contaminación lo decidido preventivamente carecerá ya de justificación.

b) Se advierte una cierta objetivación en la adjudicación de la responsabilidad en el proceso, fenómeno que en el enclave madre del derecho civil es igualmente verificable y respecto de lo cual la reforma de 1968 (ley 17.711) constituyó, en el área de la responsabilidad (art. 1113, CCiv.ley 340, en particular) un claro indicador bien que la clásica teoría de la culpa (art. 1109, CCiv.ley 340) siguió constituyendo lato sensu, el basamento de aquella responsabilidad lo que no ha cambiado en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994) donde la responsabilidad objetiva es excepción y no regla (conf. art. 1721).

Ello, si no en la ley, ha repercutido en la opinión de los autores al tratar, verbigracia, el tema de la responsabilidad por el resarcimiento de daños ocasionados a raíz de la obtención de una medida cautelar lograda con mala fe, abuso o sin derecho (ver art. 208 y su comentario) .

c) Se ha ganado en favor del Juez (esto es, de la eficacia de la jurisdicción), un amplio poder de maniobra, singularmente al privilegiarse el uso de la medida cautelar genérica (art. 232), nominada o no, lo que le permite una adecuación más conveniente y menos onerosa para el afectado, decretando una o varias (combinadas) según la necesidad que ha de tutelarse en el caso concreto.

d) Hay una lógica interior en la línea de equilibrio, principio de igualdad de los litigantes, que determina, por la necesidad de la seriedad de la actividad jurisdiccional, un anticipo prudente de esta tutela. El vértice es afirmar y mantener una postura flexible en los requisitos de admisibilidad y de contracautela dinámica. Los que atañen a la verosimilitud del derecho invocado y del peligro real en la suerte de los derechos del cautelante se hallan intrínsecamente relacionados, de manera que a mayor verosimilitud del derecho no habrá que extremar el rigor en punto a la gravedad e inferencia del daño y, recíprocamente, de existir el riesgo cierto de un daño extremo e irreparable, se atenuará el que aprehende el fumus. De la misma manera en el supuesto de máxima verosimilitud del derecho; la contracautela será meramente juratoria y viceversa, con el debilitamiento de aquélla. Con otras palabras y las modalidades específicas de cada contrato en particular, el equilibrio global deseado demanda que mientras menos recaudos se requieran para decretar la medida, más severo ha de ser el criterio para apreciar la suficiencia de la caución.

En lo que no hay duda es que al presente en el pensamiento autoral y en los regímenes legales, se ha intensificado el poder cautelar genérico reconocido al órgano jurisdiccional. Es una actividad implícita o inherente a la potestad jurisdiccional y a la misión de los jueces.

e) Ha cobrado, asimismo nueva resonancia la medida innovativa que la diferencia de la más elaborada y clásica de la prohibición de innovar (art. 230), pues no reviste el carácter negativo de mantener una situación de hecho o el statu quo mientras se sustancia el proceso principal sino, que, por el contrario, dispone la modificación o alteración de la preexistente situación fáctica o jurídica. Su reactualización ha sido entusiastamente prohijada por Peyrano, mientras que Palacio deflaciona su autonomía y méritos.

f) En su momento, se había señalado que las consideraciones que anteceden se conectaban con las potestades de los jueces, porque los árbitros y amigables componedores carecían de ese imperium para disponer de medidas cautelares que, por tanto, debían ser solicitadas al juez competente, Cabe señalar, ahora, que según lo establece el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994) en su art. 1655 "excepto estipulación en contrario, el contrato de arbitraje atribuye a los árbitros la facultad de adoptar, a pedido de cualquiera de las partes, las medidas cautelares que estimen necesarias respecto del objeto del litigio. Los árbitros pueden exigir caución suficiente al solicitante". Aunque agregando a continuación que "la ejecución de las medidas cautelares y en su caso de las diligencias preliminares se debe hacer por el tribunal judicial" (es decir que son los árbitros quienes las decretan y el tribunal quien las ejecuta) y que "las partes también pueden solicitar la adopción de estas medidas al juez, sin que ello se considere un incumplimiento del contrato de arbitraje ni una renuncia a la jurisdicción arbitral; tampoco excluye los poderes de los árbitros".

g) Las ideas así recortadas constituyen las vertientes principales en que se centran los posibles replanteos de la doctrina que cuenta con una sólida apoyatura en el pensamiento tradicional más jerarquizado (Calamandrei) y que en los Códigos se ha regulado con alto grado de bondad técnica.

La jurisprudencia, de su lado, ha sabido, inteligentemente, arbitrar pautas que contemporizan en un equilibrio de apreciación circunstancial, el juego global de esos factores. Así y a título de ejemplos: 1) respecto del monto de la contracautela, claro que si es tan gravoso que en los hechos torna ilusoria la materialización de la medida, el pretendido "equilibrio" casi matemático frustraría la finalidad del proceso asegurativo; 2) desde otro ángulo, para que proceda el pedido de sustitución (infra, comentario art. 203) de una medida precautoria, será necesario que la propuesta represente igual equivalente garantía de seguridad que la trabada, cuya demostración estará a cargo del peticionante (véase anotación).

Queremos volver a subrayar que es altamente beneficioso obtener el acogimiento de medidas cautelares —por lo que el profesional programará su mejor estrategia a través de una seria fundamentación— aunque en ningún supuesto se las debe utilizar con propósito abusivo persiguiendo acumulación de varias o las más perjudiciales para el deudor, o intimidatorias (arts. 1071 bis, CCiv.ley 340; 10, Código Civil y Comercial de la Nación, ley 26.994; 34, inc. 5º, aps. c] y d]; 45 y 208, Códigos Procesales).

h) Al cabo también ha de puntualizarse que en lo que toca a aspectos económicos que exceden el interés de las partes por comprometer el general o el de la comunidad, juega aquí un rol trascendente el factor tiempo. Una medida que se proyecta inmovilizando bienes (v.gr., interdicción de salida de un buque o de una aeronave) o inmoviliza un bien destinado a ser trabajado (v.gr. el secuestro de un camión de transportes) o la incidencia perturbadora que en perjuicio de la unidad de dirección empresaria, proyecciones de crédito y bancaria, negociaciones y transacciones, etc., deriva en casos de intervención judicial a una sociedad, etc. no son puestas de resalto con la intensidad que nos señala la experiencia en concreto, muchas veces devastadora. En la legislación comparada moderna, existen correctivos automáticos que amortiguan tales efectos disvaliosos y suministran la debida contrapartida de razonabilidad a ser manejada por los jueces a través de sus poderes y facultamientos expresos o implícitos. Que también cuentan en nuestro derecho con el aval de los arts. 34, inc. 5º, aps. b) y c); 204, 206, 230, 232, 233 y demás involucrados en una imprescindible hermenéutica funcional, de conjunto, que gradúe el prioritario cometido de los valores implicados. La ley procesal penal alemana, según texto de enero 7 de 1977 y tratándose, por ejemplo, del secuestro de una cosa mueble, contempla su mantenimiento durante tiempo limitado, que no podrá exceder de un máximo de tres meses y siempre en el proceso penal, en forma inmediata, cuando ya no son necesarias para la finalidad del proceso (art. 94 y 111, k]).


I. Transformaciones y desplazamientos del servicio de la justicia

Conviene destacar en este lugar, aun de un modo muy anticipatorio y general, la profunda metamorfosis que se advierte en el Servicio de la Justicia y en el rol protagónico —se habla del activismo de los jueces— en la función de juzgar y en la forma de componer los conflictos jurídicos. Frente al juez liberal, árbitro neutral preocupado de las garantías formales, que desatendía muchas veces el resultado teleológico de su obrar y el cometido reservado a la sentencia desde un ángulo que privilegia el interés general conforme las necesidades sociales y la paz, se impone en estos días un método de razonamiento finalista. El juez en función preventiva, protectora, de acompañamiento tiene el deber de esforzarse en anticipar los resultados prácticos de su decisión.

De allí, pues, el carácter pragmático y empírico de sus definiciones en un enclave nuevo, independiente obviamente en lo que hace a su vértice institucional, pero coadyuvante a la realización de los valores predominantes en un momento histórico determinado. Se erige así en mucho más que en un árbitro de una competición particular. Lo que origina la modificación de las funciones a él confiadas que lo alojan en una figura característica a las sociedades posindustriales —la de "juez-entrenador"— en cuanto un juego preventivo que no se agota en la garantía exclusiva de los derechos subjetivos, sino que se inspira en las finalidades sociales y políticas que presiden a las instituciones y a los mecanismos de satisfacción y control social.

Al método dialéctico del juez tradicional —del juez liberal— cuya misión consiste en zanjar, dilucidar o resolver las contestaciones particulares mediante la aplicación de normas generales al cobijo de una lógica formal —articulada en cadena de silogismos donde la ley representa la premisa mayor, las circunstancias de hecho la menor y la definición jurisdiccional la conclusión-—, el órgano judicial en esta etapa cobra un perfil o distinto, a través de una presencia de justicia continua, preventiva. La que se hace más notable en punto a las nuevas misiones tratándose de asuntos matrimoniales, cuestiones de la juventud, jurisdicción comercial (concursos y salvataje económico de las empresas en dificultades), intereses difusos y protección del consumidor, entre otros, que obligan a dejar de lado la rigurosidad de las formas para, con flexibilidad, expedir decisiones, siempre revocables, como si estuviera en estado de sesión permanente. En contacto fluido con las partes y sus letrados, a los que convoca telefónicamente y con una apoyatura de auxiliares, expertos y técnicos —además de la ya casi imprescindible cooperación que brinda la informática y la computación—.

En este horizonte delimitado por un contexto económico y social de decisiva gravitación, el manejo interpretativo se desplaza a una técnica funcionalista y dinámica. El magistrado puede acordar a título provisional resultados que antes sobrevenían recién en la sentencia de mérito, v.gr. indemnizaciones a los parientes de la víctima en vista de razones de urgencia, consagrando, en una fórmula similar a la cuña de la medida innovativa, un avance razonable destinado a satisfacer necesidades normales de subsistencia sobre la base del buen derecho aparente del actor. No actúa, pues, estáticamente ni mirando al ayer sino aportando a título más de administración equitativa que de decisión compositiva jurisdiccional, alternativas pacificadoras de los conflictos.

Asistimos, por consiguiente, a una copernicana y aceleradísima evolución que afecta, en sus núcleos básicos, el esquema tradicional con que se explican las instituciones del proceso.

Bajo este prisma, entendemos que es como se ha de evaluar en estas horas el emplazamiento e instrumentalidad de las medidas cautelares.


J. Medidas cautelares y costas

Las notas precedentes son difundidas por el Alto Tribunal en cuanto a que la resolución que dispone medidas cautelares reviste siempre carácter provisional y puede ser modificada —o suprimida— atendiendo a la variación o invalidez de las circunstancias sin que quepa invocar cosa juzgada material o formal a su respecto (Fallos 289:181) .

También se ha establecido que en las especiales características del régimen procesal en materia de medidas cautelares, carece de autonomía (art. 198, CPN) y es de naturaleza contingente (arts. 202, 207, íd.) lo que excluye la posibilidad de una condena específica en costas en ese incidente. La cuestión debe ser objeto de consideración al tiempo de dictarse sentencia en lo principal, oportunidad en que deberá valorarse la actitud asumida por la demandada en el proceso (Fallos: 296: 397).

Es de precisar, no obstante, que acreditada la procedencia de la solicitud con la prueba de fumus bonis iuris o verosimilitud del derecho y el peligro en la demora y el dictado ulterior de la sentencia definitiva favorable en relación a la pretensión principal, deberá contener la condena en costas, momento en que queda corroborada la eficacia de la providencia cautelar y la necesidad de que el costo de la misma (que involucra los honorarios de los auxiliares, v.gr., del veedor o interventor, sus erogaciones y las que demanden las tasas y emolumentos para trabar la medida en los registros pertinentes) recaiga sobre el vencido.

Aclara Palacio a todo ello —mostrando los matices propios del incidente, su conexión y en su caso subordinación a su resultado— que las anteriores conclusiones ceden si la medida fue en su momento cuestionada por el demandado, en sí misma o en sus alcances, en cuyo supuesto "el pronunciamiento sobre costas no tiene por qué coincidir con el que recaiga en el proceso principal, teniendo en cuenta en este caso el resultado del incidente". Destaca, asimismo, que la condena en costas impuesta al demandado en el incidente en el cual resultó vencido puede revestir carácter provisional si el actor desiste de la medida o se opera la caducidad de ésta. De haber sido pagado el demandado podrá repetir su importe del actor.


K. Embargo e interdicción de salida (de navegar) de buques (principios propios)

Las premisas que hemos comprendido muestran un mapa general que, en diversos supuestos, se desplaza para dar lugar a reglas diferentes —si no opuestas—, como en el caso de buques donde un orden de protección distinta en razón de la índole de los intereses y preferencias legales a asegurar, así lo aconsejan dentro de una lógica global que se nutre de motivación singular. Es por eso que la jurisprudencia, en atención a la autonomía o atributos caracterizantes del derecho de la navegación —entendida en sentido relativo y sin mengua de la unidad sustancial del ordenamiento jurídico— ha decidido que lo atinente al embargo de buques se rige por las normas contenidas en el capítulo III del Título IV de la Ley de Navegación (20.094), sin perjuicio de la integración subsidiaria con disposiciones del CPN en lo no previsto y en cuanto fuera pertinente (art. 516, ley cit.).


L. Medidas afines

Las reflexiones inmediatamente anteriores, cobran asimismo relevancia en otras parcelas que implican la indisponibilidad físico material de cosas y que, por ende, por semejanza o afinidad con el secuestro, se engloban en el cuadrante de esta medida cautelar. Conciernen además de la indicada prohibición de navegar (art. 539, Ley de Navegación 20.094) a la inmovilización de aeronaves (Código Aeronáutico, ley 17.285,art. 73); las entregas iniciales y provisionales del objeto de la acción principal, si los perjuicios que se derivarían indican la conveniencia de la restitución inmediata; la de interdicción de un animal para competir en una carrera de caballos, etcétera.


LL. Otras medidas legales relativas a personas

A lo expuesto ha de agregarse las previsiones que contienen diversos regímenes legales y que recortan, igualmente, el carácter de medidas asegurativas. Así el art. 25 de la Ley de Concursos, que prescribe: "El concursado y, en su caso, los administradores y socios con responsabilidad ilimitada de la sociedad concursada, no pueden viajar al exterior sin previa comunicación al juez del concurso, haciendo saber el plazo de la ausencia, el que no podrá ser superior a cuarenta días corridos. En caso de ausencia por plazos mayores, deberá requerir autorización judicial" y que consagran una interdicción que afecta la libertad personal ambulatoria y que, conforme a fallos plenarios del fuero comercial, no subsiste necesariamente, hasta la finalización del concurso preventivo.

Nuevos paradigmas de lo cautelar

En el Estado de Derecho Constitucional: A) La Constitución deja de ser un programa político dirigido al Poder Legislativo para convertirse en una fuente directa. B) La Constitución se carga de moral a través de derechos humanos, principios, valores, fines o bienes. C) Toda la Constitución se convierte en operativa, de manera que no hay más normas programáticas que no tengan vigencia si no lo dispone el legislador. D) Los jueces pueden invalidar la ley y las restantes normas jurídicas en función de que contradicen a la Constitución. E) El derecho no está constituido sólo por normas (supuestos fácticos a los que se les atribuye consecuencias jurídicas), sino que también es derecho el contenido de los derechos humanos, los principios y los valores. De ese modo es posible para los juristas extraer o derivar desde ellos ciertas respuestas jurídicas que están implícitas u ocultas e incluso hacerlas prevalecer sobre las respuestas explícitas autoritativamente dispuestas por medio de normas. La injusticia extrema no es derecho. F) Se reivindica la razón práctica en tanto se confía en que es posible valorar racionalmente las soluciones jurídicas autoritativas e identificar las mejores respuestas para los casos jurídicos. Se impone la argumentación, es decir, la capacidad de que las soluciones a los problemas jurídicos se establezcan por medio de razones o argumentos que las respalden. Preocupan valores como la justicia o la equidad y son los jueces los encargados de velar para que estos fines no se frustren. Todo el derecho debe ser el fruto de decisiones racionales a las que se pueda controlar judicialmente en esa racionalidad procedimental y sustancial.

El derecho procesal también cambió profundamente. Teníamos un sistema consistente en regular férreamente los pasos a darse, prevaleciendo entonces un proceso estrictamente escriturario, en donde la labor del juez debía limitarse a cumplimentar los actos legalmente establecidos, de los que no podría apartarse jamás. La consecuencia fue acumular papeles, alegar y argumentar por escrito, correr traslados y traslados, vistas y dictámenes, desembocando en obediencia debida a fórmulas tradicionales de peticionar, conformando rígido ritualismo. Y así, la figura del juez se limitó a contemplar en forma neutral peticiones fundadas o infundadas, incidentes justificados o meramente dilatorios, sin poder evitar complicaciones procesales tal vez estériles.

Se trató de un juez distante, en un tipo de proceso en el que las partes no conocen al juez ni el juez a las partes. Las partes, sólo son nombres escritos en carátulas. Nada interesa de las angustias, los prejuicios o las conductas que exhiban, nada se sabe de lo que acontece en la realidad de las personas enfrentadas, porque lo que no está en el expediente no está en el mundo.

El nuevo paradigma procesal hizo saltar en pedazos ese esquema. No más juez distante, no más procesos engorrosos y puramente rituales planeados como juego de habilidades. El juez está en el centro del procedimiento para supervisarlo y dirigirlo, para ordenarlo con la finalidad de encontrar la verdad rápidamente, evitando trámites superfluos o irrelevantes y con poderes suficientes para salir al cruce del abuso y la mala fe.

Así cobraron vida conceptos fundamentales: el de la tutela judicial efectiva, el de la búsqueda de la verdad objetiva, el desaliento del exceso ritual manifiesto, el activismo del juez, la doctrina de la arbitrariedad, la flexibilización de los principios procesales, la simplificación de las formas, la existencia de tutelas procesales diferenciadas, la justicia de acompañamiento o de protección.

Así, se impuso una armonización del derecho procesal con el de fondo, para que las decisiones judiciales sean útiles. Hay un verdadero principio de utilidad de la sentencia, que se vincula con otro valor preponderante que es el valor eficacia del servicio de justicia. Una clara función instrumental del proceso civil, cuyo objeto es la efectivización de los derechos, para lo cual el ordenamiento ha de interpretarse de manera tal que: a) la verdad material prevalezca sobre la verdad formal; b) debe procurarse evitar la pérdida de derechos a raíz de la aplicación de normas procesales. A ello se agrega el "favor processum" que prescribe que en supuestos de perplejidad interpretativa respecto de la ley procesal, se debe preferir la solución que tiende a mantener la eficacia y estabilidad de los actos procedimentales. Así, en la duda, debe estarse por no declarar caduca la instancia, por no declarar la nulidad o por considerar idónea la expresión de agravios en la apelación.

De allí que no se justifica una decisión judicial que importa renuncia consciente a la verdad, o que incurre en exceso ritual manifiesto, o que se basa en la mera voluntad de los jueces por contar sólo con afirmaciones dogmáticas o que incurre en cualquiera de las numerosas causales de arbitrariedad larga y pacientemente elaboradas por la Corte Suprema de la Nación y englobadas en la clásica fórmula de no constituir derivación razonada del derecho vigente con particular aplicación a las circunstancias del caso.

En materia de medidas cautelares, también todo cambió. La concepción clásica de lo cautelar concibió a la medida precautoria como carente de autonomía funcional, pues su finalidad se limitaba a asegurar la eficacia práctica de la sentencia que deba dictarse en el proceso principal, al cual se encuentra necesariamente vinculada por un nexo de instrumentalidad o subsidiariedad. Con las palabras de Calamandrei, la providencia cautelar está ineludiblemente preordenada al nacimiento de una ulterior providencia definitiva, el resultado práctico de la cual está destinada a asegurar preventivamente.

Se entendió que las medidas cautelares poseen un alcance conservatorio, porque apuntan a conservar o mantener el statu quo, en espera y con el objeto de que sobre el mismo pueda la futura sentencia ejercer sus efectos. Es el caso corriente de embargos, inhibiciones, secuestros, etc. El peligro en la demora está representado por la probable y temida desaparición de los medios, de los elementos necesarios para la ejecución o cumplimiento efectivo de la sentencia de mérito, lo que lleva a la indisponibilidad de bienes o a la preservación del estado de hecho o de derecho.

Pero luego de fructíferas evoluciones doctrinarias y jurisprudenciales, se cayó en la cuenta de que con esta función conservatoria no se abarcaba la multiplicidad de supuestos que la vida presenta y que demandan solución. Aparecieron entonces las medidas innovativas, las que ya no tienden a conservar el estado de cosas existentes sino a operar, en vía provisoria y anticipada, la conformación de una nueva instalación del mundo exterior, alterando el estado de hecho o de derecho existente antes de su dictado.

Y así, innumerables avances y nuevas concepciones, que aun sobre la base de los mismos textos legales que habían permitido edificar todo un sistema cautelar clásico, depararon las opciones que los nuevos tiempos exigían.

Puedo hablar, por consiguiente, de una verdadera demolición de mitos en lo cautelar, de un cambio de paradigma que rápidamente puede demostrarse a través de breves ejemplos.

Comencemos por la competencia del juez para dictarlas. La regla general es que la competencia atribuida para el proceso principal —de la que lo cautelar es su instrumento— determina a su turno la competencia para dictar las medidas cautelares. Más allá de una confusa redacción del art. 196 del Código Procesal, lo cierto es que tradicionalmente se entendió que no puede el juez incompetente desarrollar actividad cautelar. Este criterio, sin embargo, ha sido superado. La imposibilidad se ha transformado en inconveniencia de que los tribunales incompetentes dicten medidas cautelares, pero al mismo tiempo se reconoce la posibilidad de hacerlo en casos excepcionales, cuando existan notas inusuales en torno al peligro en la demora de una gravitación tal que no permitan dilación alguna. Más allá de innumerables pronunciamientos de distintos tribunales en este sentido, puedo citar precedentes de la Corte Suprema de la Nación que así lo admitieron. Se trataba de acciones de amparo radicadas en la instancia originaria del Máximo Tribunal por resultar demandados, entre otros, el Estado nacional y una provincia. La Corte se consideró incompetente. Sin embargo, en atención a la verosimilitud del derecho existente y la urgencia, hizo lugar a las medidas cautelares requeridas. En un caso se ordenó la provisión de un medicamento para el tratamiento de una menor. ("Poggi, Santiago v. Estado nacional y otra", 7/12/2004, P.1425.XL.). En el restante, se ordenó a la Provincia y a una municipalidad que provean a la amparista y a sus hijos en estado de desnutrición, los elementos necesarios para asegurar una dieta que cubra las necesidades nutricionales básicas y realicen controles sobre la evolución de su salud ("Rodríguez, Karina v. Estado nacional y otros", 7/3/2006, LL 2006-D-231).

Otro de los mitos cautelares consistía en que la actividad precautoria no puede disponer medidas cuyo contenido coincida parcial o totalmente con lo que es el objeto de la sentencia de fondo. Y esto también ha sido superado, teniendo a la vista que el proceso es un instrumento de la justicia, no de la injusticia. Así, utilizando la técnica de la anticipación, hoy día se disponen despachos o medidas que versan total o parcialmente sobre el mismo objeto de la pretensión y emergen antes del dictado de la sentencia de mérito. No viene al caso la discusión sobre la naturaleza de estas decisiones, si siguen estando en el campo de lo cautelar o forman parte de tutelas especiales. Hay una intensa elaboración de la doctrina en torno a estas sentencias anticipadas. Lo cierto es que están absolutamente aceptadas, siendo el leading case el conocido precedente de la Corte Suprema en el caso "Camacho Acosta". Allí, en un proceso por daños y perjuicios provenientes de un infortunio laboral, se dispuso que la demandada, antes de la sentencia, pague el importe de una prótesis para implantar el brazo perdido por el trabajador, pues las circunstancias del caso indicaban un serio compromiso para la persona del afectado en tanto en forma inmediata no pudiera contar con ese elemento.

Sigamos desmitificando. En la tradicional concepción de lo cautelar, como hemos visto, hay una constante que es la relación de instrumentalidad, de dependencia, entre la medida asegurativa y la sentencia final. La primera solamente prepara el terreno para que opere eficazmente la segunda. Siempre tiene que suceder un ulterior pronunciamiento sobre el fondo.

Pero ahora, las cosas necesariamente no tienen que ser así. Hay providencias que se dictan inicialmente, desde una perspectiva cautelar, que una vez materializadas prácticamente logran el resultado mismo que normalmente se obtiene luego de recorrido todo el proceso. Supongamos la práctica de determinada operación quirúrgica o tratamiento. La medida se desentiende entonces de la suerte ulterior y queda enclavada ya de antemano como una solución concreta, con consecuencias irreversibles. Son medidas de efectividad inmediata y se las ha denominado medidas autosatisfactivas. Ciertamente que hay discusión sobre su pertenencia al mundo asegurativo predominando la concepción de que forman parte de las tutelas urgentes y que los recaudos deben ser más estrictos. Pero forman parte en definitiva del fenómeno que venimos examinando.

Otro de los axiomas, vinculado con la instrumentalidad, es la provisionalidad o interinidad. Las medidas cautelares mantienen su vigencia en tanto subsistan las circunstancias que las engendraron. Esto supone que hasta que se dicte sentencia sobre el mérito deben permanecer vigentes. Sin embargo, recientemente, la Corte Suprema de la Nación ha fijado parámetros distintos en tanto ha establecido la necesidad de que se fije un término de duración de la medida, un plazo razonable, o sea su vigencia en un lapso temporal determinado, aun cuando en ese lapso no se haya dictado la sentencia (caso "Grupo Clarín"). Esto con la finalidad de evitar dilaciones en el juicio principal que mantienen inmovilizada la situación litigiosa.

Con arreglo al principio dispositivo, para el dictado de una medida cautelar es necesaria la solicitud de parte interesada. La falta de ella impide al juez dictarla de oficio. Esto también es proceso cautelar clásico. Sin embargo, esto también ha sido flexibilizado y en particular se utiliza en materia de familia. Puedo traer un ejemplo de medida cautelar dispuesta de oficio. Es un caso de la Suprema Corte de Buenos Aires, en la que se daba una peculiar situación: ante un tribunal de familia se promovió un amparo contra una obra social, tendiente a obtener la atención integral de un menor enfermo, que padecía un conjunto de dolencias graves que hacía necesaria una decisión inmediata. El tribunal recondujo la pretensión instalándola en el terreno de las medidas autosatisfactivas y condenó a la obra social a la prestación de cobertura, sin audiencia previa, sin bilateralidad ni contradicción. La empresa interpuso un recurso extraordinario ante la Suprema Corte la que advirtió en primer lugar que se trataba de una decisión definitiva que decidía las cuestiones esenciales de la causa sin haber observado la forma de acuerdo y voto individual que exige la Constitución de la Provincia. Resolvió por lo tanto anular de oficio esa sentencia disponiendo que el tribunal se expidiera nuevamente en forma regular. Pero eso no es lo que aquí interesa. Advertida de que la anulación de la sentencia dejaba sin cobertura alguna al menor, sin pedido de parte dispuso con carácter de medida cautelar —no autosatisfactiva— que se otorguen las prestaciones mientras se sustancie el proceso (Fallo 90.868, "C.M. v. Osmecon Salud").

Otro ejemplo. La interpretación tradicional indica que a través de la actividad cautelar —una prohibición de innovar, por ejemplo—, no es posible impedir la promoción de una demanda o paralizar actuaciones de un juicio en marcha, porque ello implicaría cercenar el derecho de acción e invadir la esfera de atribuciones de otro juez. Pensemos en la existencia de un proceso de revisión de cuenta corriente bancaria, por ejemplo, en el que se impugnan determinados rubros cobrados por el Banco por abusivos, y se pide cautelarmente que se impida la promoción o se suspenda un juicio ejecutivo promovido por el banco sobre la base del presunto saldo deudor de la cuenta corriente, justificándose debidamente la verosimilitud del derecho y surgiendo el peligro en la demora de la posibilidad de subasta los bienes del afectado.

Más allá de las discusiones doctrinarias que se suscitaron, hay un fallo plenario de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, estableciendo que es posible dictar en un supuesto como el enunciado una medida cautelar que impida el inicio o suspenda el trámite del proceso ejecutivo. No se afecta la competencia de otro juez porque este último nada puede hacer ni decidir mientras no reciba estímulo suficiente del legitimado correspondiente. La orden no es al juez sino a la parte y lo que neutraliza no es el ejercicio de la potestad de la jurisdicción sino algo muy distinto: la capacidad de estímulo a la jurisdicción de que está dotada la parte que sufre la medida. Esta restricción es tan legítima como la que se ejerce a diario en el dictado de cualquier medida cautelar.

Nación reiteradamente ha aplicado este criterio, pudiendo citarse numerosos fallos. Por ejemplo, Fallos 352.XXXV, 27/3/2001, "Transportadora de Gas del Sur v. Prov. de Santa Cruz", en que en el marco de una acción declarativa de certeza se ordenó a la Provincia de Santa Cruz se abstenga de realizar actos tendientes al cobro del impuesto de sellos que pretendía efectivizar en relación a determinados contratos. Ídem a la Provincia de Buenos Aires para que se abstenga de ejecutar el cobro del impuesto de sellos a la empresa Aguas Argentinas (A 674.XXXVII, 31/10/2002). Ídem del 2/6/2003, "The Bank of New York v. Instituto de Servicios Sociales Bancarios", La Ley 2003-D-160. Entre 2006 y 2007 la Corte acogió varias medidas cautelares promovidas por empresas petroleras que controvertían el monto de regalías pretendidas por la Provincia de Neuquén, ordenando a la misma abstenerse de exigir el pago hasta que se dicte sentencia definitiva, imposibilitando la ejecución fiscal. En 2010 se decretó prohibición de innovar consistente en ordenar al Estado y a la AFIF se abstengan de perseguir el cobro de impuestos (28/12/2010, "Estado Nacional v. Prov. de Salta", SCE 59 L.XLV).

También podemos observar el mismo fenómeno desde otra perspectiva. Como regla, lo relativo a medidas precautorias no ingresa al ámbito de los recursos extraordinarios, pues este tipo de decisiones no constituyen sentencia definitiva. Sin embargo, invariablemente la Corte Suprema y los tribunales locales han soslayado este requisito de admisibilidad cuando se verifica que la providencia es equiparable a definitiva por generar un perjuicio de insuficiente o imposible reparación ulterior.

En suma, semejantes cambios de paradigmas, que no son sino reflejos de las grandes transformaciones acaecidas en el derecho en general y en el derecho procesal, impactan de lleno en el ámbito de la cautelar. Hemos creído necesario ponerlo de manifiesto porque solamente comprendiendo tales transformaciones estaremos en condiciones de valorar los novedosos fenómenos de lo cautelar.

Dr Jose Luis Cavalieri.net

Transformation in Action of Legal Services

Dr Jose Luis Cavalieri.net contadores abogados licenciados en administracion Derecho Tributario Previsional Civil y Comercial info@joseluiscavalieri.com Te 54 11 4953 7944 Junin 658 Buenos Aires C1026ABN CABA, Argentina