Los actos procesales

Los actos procesales

Los actos procesales son cada uno de los episodios típicos que integran el proceso, y que realizan el órgano jurisdiccional, las partes y también los terceros que intervienen. Cada acto es, a la vez, antecedente del que le sigue y consecuente del que le precede. Como tienen por finalidad la obtención de un mismo resultado —la sentencia en el mérito que corona el proceso— son interdependientes. Lo que no es obstáculo, sin embargo, para su desbrozamiento y análisis particularizado de cada uno de ellos.

Son —en definitiva— los acontecimientos (hecho positivo u omisión) que de cualquier manera influyen en la relación procesal es decir actos voluntarios lícitos ejecutados en el proceso.

Se suele distinguir entre: a) actos de postulación; de instrucción y de decisión; y b) actos procesales stricto sensu; negocios jurídicos procesales; y acuerdos o contratos procesales. Carnelutti, de su lado, formuló una clasificación técnica, distinta de la jurídica.

Informática aplicada a la función judicial

1. De la ciencia a la eficiencia procesal

A partir de mediados del siglo XIX en Alemania y a principios del siglo XX en Italia , comenzó a superarse el puro procedimentalismo y devino el nacimiento del procesalismo o ciencia procesal: pasó a importar qué es lo que se hace cuando se hace un proceso y no sólo cómo debe ser hecho lo que se hace cuando se hace un proceso.

Y bien, desde fines de siglo XX han empezado a concurrir las condiciones para asistir al alumbramiento de la eficiencia procesal, gracias a la irrupción de las modernas tecnologías haciendo simbiosis con la ciencia procesal y otras ciencias sociales extrajurídicas —administración de empresas, sociología, psicología, lingüística, etc.—.

Si el derecho es un método para resolver conflictos y si el proceso es un método para actuar el derecho en el caso concreto, la meta es la máxima efectividad posible del proceso (en tiempo, esfuerzo, costo y calidad) como medio para a su vez conseguir la máxima efectividad posible del derecho en la resolución de conflictos.

Pertenecemos a una generación que se ve involucrada en un salto tecnológico sólo comparable al del comienzo de la Edad Moderna, cuando aparecieron en Europa la imprenta y el papel.

El servicio de justicia no tiene por qué privarse de los elementos que la tecnología —cada vez más perfeccionada y más barata— pone a nuestro alcance y, en cambio, tiene por qué valerse de ellos: para conseguir mayor efectividad.

En especial, la computadora ha sido, sin duda, el aporte tecnológico más brillante recibido por la función jurisdiccional durante el siglo XX, aunque recién llegó en sus postrimerías: con más proyectos que realizaciones en los años 80 y convertido en un hecho en los 90. Ese aporte de la computadora transita una etapa de afianzamiento, profundización y ampliación desde comienzos del siglo XXI.

En fin, la eficiencia procesal, hoy, desafía a repensar, con calma pero a la vez con audacia, el proceso, la oficina judicial y el estudio jurídico.

No obstante, la variable de optimización no es la tecnología por sí sola, como tampoco lo son el conocimiento ni las reformas normativas, sino que lo es la capacitación y motivación de los recursos humanos.

2. Asimilación de las tecnologías por el proceso judicial

Desde luego, la reglamentación emitida por autoridad competente (legislatura, Sup. Corte Bs. As.) legitima la introducción de las tecnologías al proceso.

Pero las tecnologías van más deprisa que las reglamentaciones, y, mientras éstas llegan, ¿cómo implementar aquéllas dentro del proceso judicial? Hemos propuesto, ya en la década del 90 del siglo pasado, la "reingeniería procesal" como estrategia, a falta de reglamentaciones puntuales.

Expresado de manera compendiada, el fundamento filosófico-jurídico de la reingeniería procesal es sencillo: los justiciables tienen derecho al debido proceso (ese derecho les es "debido" por el Estado), lo cual incluye el derecho a la eficiencia y a una duración razonable de las actuaciones, metas que se verían facilitadas a través de la utilización de tecnologías dentro del proceso.

Importará reiterar: el derecho al debido proceso incluye la posibilidad de utilizar la tecnología necesaria para lograr eficiencia, es un derecho humano que tiene rango constitucional (art. 75 inc. 22, CN, art. XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 8º, inc. 1º, § "Pacto de San José de Costa Rica"; arts. 5º y 18, CN; arts. 10 y 15, Const. Pcia. Bs. As.).

Derecho humano que es operativo y que debe ser resguardado por el Estado mediante medidas legislativas (v.gr. ley nacional sobre firma digital) "o de otro carácter". A esas medidas "de otro carácter", que pueden ser medidas judiciales adoptadas concretamente caso por caso en defecto de reglamentaciones generales y abstractas, se refiere el art. 2º párr.. 2º, del Pacto de San José de Costa Rica, cuando textualmente establece: "Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el art. 1º no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades" (énfasis agregado).

¿Las normas procesales vigentes pueden ser escollo que impida la implementación de tecnologías dentro del proceso?

Las normas procesales, meramente reglamentarias del derecho de defensa en juicio, si por ventura se erigiesen en obstáculos rituales impedientes de un servicio judicial eficiente, prestable en plazos razonables, deberían no ser aplicadas por los jueces.

Más concretamente, si las normas procesales que preceptúan cómo deben hacerse los actos procesales regularmente, bajo ciertas circunstancias se convirtiesen en obstáculos rituales (esto es, uno de los posibles obstáculos "de cualquier naturaleza" mentados en el proemio del art. 36 de la Constitución bonaerense) impedientes de un servicio de justicia eficiente y de duración razonable, deberían ser soslayadas por los jueces como forma de procurar la superación de tales obstáculos.

¿Cómo soslayarlas? La respuesta ya se ha expresado: llevando a cabo actos procesales irregularmente, pero adoptando los recaudos necesarios como para que la irregularidad no pueda trocarse en nulidad procesal (v.gr. concitando el consenso previo de las partes).

Esa irregularidad deliberada pero de validez previamente calculada es una medida que jueces y abogados pueden y deben adoptar para salvaguardar el debido proceso, si éste es puesto en riesgo por la ineficiencia o la excesiva duración a la que conduzca la regularidad derivada de la aplicación al pie de la letra y a rajatablas de las normas adjetivas.

Actos procesales 1) Principios generales. Idioma 2) Doctrina de los actos propios

Actos procesales

1) Principios generales. Idioma

Los actos procesales constituyen una especie dentro de la categoría genérica de los actos jurídicos, y pueden definirse como aquellos hechos voluntarios lícitos, que tienen por fin inmediato la promoción, el desarrollo o la extinción del proceso (C. Nac. Civ., sala E, 13/6/1979, ED 84-418). Tienen como característica principal la de producir un efecto directo e inmediato sobre el proceso, y siendo la voluntad uno de sus elementos constitutivos e indispensables (C. Nac. Com., sala B, 6/5/1981, ED 94-222; JL, 1981-17-412) y con prescindencia de la discusión doctrinaria acerca de la eficacia de la voluntad real o de la voluntad declarada en el campo del Derecho Civil, es la regla del Derecho Procesal la prevalencia de la voluntad declarada sobre la voluntad real (C. Nac. Civ., sala C, 27/8/1973, LL 153-45; JA 1974-23-13; ED 51-450).

La finalidad a que tienden los requisitos de los actos procesales no es otra que la de salvaguardar el adecuado ejercicio del derecho de defensa (C. Nac. Civ., sala C, 15/3/1977, LL 1977-C-88).

Los actos procesales deben ser realizados de manera sucesiva y preclusiva; el ordenamiento que se impone tiende a la materialización de un objetivo predispuesto por el legislador (C. Nac. Com., sala C, 28/8/1974, LL 156-446); habiéndose acotado que el proceso es un método de debate. Se trata de que los actos que componen su curso, avancen y se incorporen en el orden previsto y sin retrocesos, de modo que sus efectos queden fijados de un modo irrevocable y puedan valer de sustento de futuras actuaciones (C. Nac. Civ., sala C, 29/10/1975, ED 68-205).

Las formas procesales están impuestas también en interés de la eficiencia del órgano judicial, antes que para sólo conveniencia de las partes. Resultan, en consecuencia, indisponibles, máxime cuando emergen de una ley común, como modo de asegurar la vigencia de sus instituciones (C. Nac. Com., sala D, 9/4/1979, ED 84-341).

También se ha destacado que los actos cumplidos extrajudicialmente, sólo producen efectos procesales cuando su realización es debidamente comprobada en el expediente (C. Nac. Civ., sala D, 12/9/1980, LL 1980-D-581; 9/3/1983, LL 1983-D-91).

Por otro lado, en todos los actos del proceso se utilizará el idioma nacional (art. 115CPCCN), debiendo entenderse por tal el castellano. Esta disposición es consecuencia de lo dispuesto en los arts. 999 y 979, inc. 4º, CCiv. (C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 8/9/2006, "Glover, Penélope v. Radeair SA y otros s/lesión y/o muerte de pasajero - Transp. Aéreo", AP 7/17697).

Así, el proceso judicial debe desarrollarse en nuestro idioma nacional (C. Nav. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 20/2/2007, "Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha v. Solvay Pharmaceuticals GMBH", AP70037757).

2) Doctrina de los actos propios

Nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior deliberada; jurídicamente relevante y plenamente eficaz (Corte Sup., Fallos 316:1802, 320:2233, 323:3765, 329:755, 1875; C. Nac. Civ., sala A, 8/3/1983, LL 1983-C-440, íd., sala D, 14/4/1983, LL 1984-A-295; íd., sala F, 22/6/1983, LL 1983-D-146; C. Nac. Com., sala E, 8/2/1984, LL 1984-B-150; C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala II, 25/6/1982, ED 102-446; 17/9/2010, "Salamone, Norberto v. Aguas Argentinas SA s/cobro de sumas de dinero", AP 7/21511); habiéndose añadido, que el venir contra o contravenir el hecho propio comprende también no ya destruir lo hecho, sino a desconocerlo, a evitar sus consecuencias o eludirlas (C. Nac. Com., sala D, 20/2/1984, LL 1984-B-260).

La doctrina de los actos propios sirve para descalificar ciertos actos que contradicen otros anteriores en tanto una solución opuesta importaría restar trascendencia a conductas que son jurídicamente relevantes y plenamente eficaces (Corte Sup., 316:3199, 325:1787, 327:5073, del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte).

Se halla reconocida en nuestro derecho positivo, y encuentra apoyo en las conductas anteriores judiciales o extrajudiciales, que generan confianza en quien las ha emitido y suscitan en el justiciable una expectativa de comportamiento coherente futuro (Corte Sup., Fallos 326:3734).

Y que es deber de los jueces hacer valer (C. Nac. Com., sala E, 22/4/2009, "Chiyah Hakim, Blanca Faride v. BCRA s/ordinario", AP 8/22327).

En virtud de la llamada doctrina "de los actos propios" el derecho no tolera que un sujeto sustente un derecho fundado en una conducta contradictoria con un comportamiento anterior: "venire contra factum, propium non valet". A través de esta regla se halla vedado todo comportamiento incompatible con la conducta anteriormente observada por el agente, doctrina que halla sustento en un principio fundamental del sistema legal argentino, cual es el de la buena fe, con el efecto de impedir que alguien pueda volver contra sus propios actos anteriores y pretender desconocer los efectos de su propio obrar. Justamente una de las consecuencias del deber de obrar de buena fe y de la necesidad de ejercitar los derechos observando dicha pauta, es la exigencia de un comportamiento coherente. Este imperativo de conducta significa que, cuando una persona dentro de una relación jurídica ha suscitado en otra con su proceder una confianza fundada, conforme a tal principio en una determinada actuación futura, según el sentido objetivamente deducido de la conducta anterior, no debe defraudar la confianza despertada y es inadmisible todo comportamiento, incompatible con ella (C. Nac. Com., sala A, 20/8/2008, "Isla, María v. Francisco Osvaldo Díaz SA s/ordinario", AP 8/19956).

La doctrina de los actos propios resulta aplicable en la medida en que se advierte una falta de coherencia en el comportamiento, una incompatibilidad manifiesta entre la conducta generadora de determinada instalación fáctica-jurídica y posterior actitud de objeción a ella (C. Nac. Com., sala B, 25/4/2008, "Coca Cola Femsa de Buenos Aires SA v. Unión Bar SA s/ordinario", AP 8/19056).

Se ha señalado que su aplicación requiere que exista identidad subjetiva, esto es identidad entre el sujeto del que emana un acto y que posteriormente realiza una conducta contradictoria, de manera que ambos comportamientos hayan sido seguidos o resulten imputables a una misma persona, y que la contradicción se configure dentro de una misma situación o relación jurídica o, expresado con otras palabras, dentro de un mismo "círculo de intereses" (Corte Sup., Fallos 325:1787)

Por aplicación de esta teoría de los actos propios, según la cual nadie puede alegar un derecho que esté en pugna con su propio actuar —nemo potest contra factum venire—, seguida por nuestros tribunales, se ha declarado que es inadmisible el intento de ejercer judicialmente un derecho subjetivo o facultad jurídica incompatible con el sentido que la buena fe atribuye a la conducta anterior (C. Nac. Com., sala D, 20/2/1984, LL 1982-A-260); o que es inadmisible que se pretenda fundamentar una actuación aportando hechos y razones de derecho que contradigan los propios actos; es decir, que asuma una actitud que venga a colocar a la persona en contradicción con su conducta anterior (C. Nac. Civ., sala C, 23/5/1983, LL 1984-B-465, 36.583-S; íd., sala D, 14/4/1983, LL 1984-A-295; íd., sala E, 28/7/1983, LL 1984-B-406, con nota); o media una renuncia tácita que invalida la pretensión del apelante cuando se agravia que el a quo acogiera argumentos que él mismo esbozó y que ahora constituyen una valla para la nueva regulación que pretende (C. Nac. Civ., sala E, 6/6/1980, LL 1983-D-523, con nota).

Aunque se ha resuelto que la doctrina de los actos propios no es invocable cuando la ley regula una solución expresa para la conducta objetivamente contradictoria, sea impidiéndola o permitiéndola (C. Nac. Com., sala E, 31/5/2007, "Donicelli Barto, Ricardo v. Poder Ejecutivo Nacional s/amparo", AP 11/44010).

Así se ha dicho que si el ordenamiento legal no otorgó carácter irreversible a la elección de una de las opciones en él contempladas, no median razones para que —con supuesto apoyo en la doctrina de los "actos propios"—, se justifique censurar la conducta del acreedor de una obligación consolidada quien intenta oportunamente ubicarse en la posición que finalmente le sea menos gravosa (Corte Sup., Fallos 322:1318).

Asimismo, se ha considerado irrazonable aplicar la teoría de los propios actos para denegar la revisión de un derecho al que la Constitución Nacional le confiere carácter de irrenunciable (Corte Sup., Fallos 315:2584).

Otra excepción a la doctrina de los actos propios se observa cuando, frente a determinadas circunstancias puntuales (edad, estado de salud, nivel de ingresos, necesidades) se considera que el sometimiento a determinado régimen (en el caso, la normativa de emergencia referente a reprogramación y conversión de la moneda de depósitos bancarios) no constituye un "sometimiento voluntario" a la normativa de que se trate (Corte Sup., Fallos 331:901).

Así, se ha dicho que resultan inatendibles los agravios expuestos por la entidad bancaria atinentes a que las extracciones de fondos efectuadas por el actor habrían importado un "voluntario sometimiento" a la normativa impugnada —que estableció restricciones a los depósitos bancarios y dispuso la conversión a pesos de los efectuados en moneda extranjera—, ya que para que éste pueda configurarse es necesario que los actos sean producto de una conducta deliberada, esto es, ejecutada con discernimiento, intención y libertad (Corte Sup., Fallos 331:2316).

Escritos

Escritos

Art. 118. — Redacción.

Para la redacción de los escritos regirán las siguientes normas:

1º) Confeccionarse con tinta negra o azul negra, manuscritos o a máquina, en caracteres legibles y sin claros.

2º) Encabezarse con la expresión de su objeto, el nombre de quien lo presente, su domicilio constituido y la enunciación precisa de la carátula del expediente. Las personas que actúen por terceros deberán expresar, además, en cada escrito, el nombre de sus representantes(1)o, cuando fueren varios, remitirse a los instrumentos que acrediten la personería.

3º) Estar firmados por los interesados.

CPCCN: Art. 118. — (Texto según ley 25.488,art. 2) Redacción. Para la redacción y presentación de los escritos, regirán las normas del Reglamento para la Justicia Nacional.

CPCCN (LEY U-0692): Art. 120.

Concordancias

Código de procedimiento Buenos Aires, derogado, 75. Código Procesal nacional 118 (igual), si bien rigen las normas del Reglamento para la Justicia Nacional.

Antecedentes

Proyecto Lascano, 42: "En las actuaciones judiciales no se emplearán abreviaturas ni números, ni aun para las fechas; no se rasparán las frases equivocadas, sobre las que se pondrá una línea que permita su lectura y se escribirán entre renglones las palabras que hayan de reemplazarlas, salvándose el error al fin de la diligencia y antes de la firma".

El art. 118 reproduce textualmente los tres incisos primeros del artículo 77 del Proyecto 1966, de Buenos Aires.

Exposición de motivos del Código Procesal nacional

Respecto de estos últimos [es decir, de los escritos], importa una novedad la ampliación del número de los que deben acompañarse con sus correspondientes copias (art. 120). De tal manera se procura que cada una de las partes disponga de un duplicado de las principales piezas del expediente, con las ventajas que ello implica en cuanto a comodidad y ahorro de tiempo. Se suprime la previa intimación para acompañar copias previstas en el ordenamiento procesal vigente, que constituye motivo de dilaciones innecesarias, cuando no un árbitro utilizado para provocar ese resultado.

Con relación a los escritos presentados fuera del horario judicial, se ha creído conveniente reemplazar el actual sistema proclive a actitudes ficticias y a problemáticos deslindes de responsabilidad, por la habilitación, a los efectos del cargo, de las dos primeras horas del despacho del día hábil inmediato al del vencimiento del plazo correspondiente (art. 124).

Redacción de los escritos

En el sistema absolutamente escriturario de que está informado el Código, es lógico que se establezcan reglas precisas acerca de los presupuestos formales que deben observarse en la redacción de los escritos.

A. El primero de ellos está dado porque los mismos deben confeccionarse con tinta negra o azul negra, manuscritos o a máquina, en caracteres legibles y sin claros (inc. 1°).

Respecto de la tinta hay una variante con el régimen procesal derogado, ya que se faculta a utilizar indistintamente tinta negra o azul negra, en cambio el texto del artículo 75 de la ley 2958 exigía exclusivamente el uso de la primera clase de tinta. Hay en la reforma una adecuación a la realidad, pues generalmente no se observaba el cumplimiento de esta disposición.

Se mantiene el presupuesto de que los escritos, ya sean manuscritos o a máquina, deben ser legibles y sin claros; lo que desde luego se justifica por razones obvias, ya que la inobservancia de tal regla obstaculiza la labor de la contraria y del órgano jurisdiccional.

En cambio, otra variante fundamental está dada por el hecho de que según el artículo 75 del código anterior, la violación de esas formalidades "autorizaba la devolución del escrito "sin más trámite ni recurso", disposición que no contiene la norma en cuestión. Es decir, que en concordancia con las facultades poderes-deberes de la dirección del proceso por parte del juez y en especial con aquella que establece la de "señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones de que adolezca, ordenando que se subsanen dentro del plazo que fije..." (art. 34, inc. 5°, ap. b]), corresponde disponer que se obvien las omisiones o defectos dentro de un plazo prudencial, bajo apercibimiento de que ante el incumplimiento se devolverá el escrito. Dicha providencia simple, mientras no "intime", se notifica por ministerio de ley (arts. 133 y 135, inc. 5º).

En cuanto a los recursos, cabe estar a los principios generales sobre la materia.

Hay que agregar aquí que si los escritos tuvieran enmiendas, raspaduras o palabras escritas entre líneas, deben estar salvadas al pie; caso contrario, corresponde ordenar se subsanen tales vicios dentro de determinado plazo, bajo apercibimiento de devolución del escrito.

B. El segundo presupuesto, en forma similar a lo que ya prescribían los modernos ordenamientos de Jujuy (art. 129, ap. 2°), La Rioja (art. 229), Mendoza (art. 50, inc. 1°), está dado por el contenido del encabezamiento. Así, y en la parte superior, debe enunciarse una suma o resumen del objeto de la presentación. Luego recién debe mencionarse el nombre y apellido del presentante, indicar el domicilio constituido e individualizar la carátula del expediente.

C. Si no se actuare por derecho propio, sino en virtud de una representación convencional o legal, así debe indicarse, expresando el nombre y apellido de su representado o, cuando fueren varios, remitirse a los instrumentos que acrediten la personería.

Asimismo, se consignará la indicación del tomo o folio o número de inscripción en la materia pertinente.

D. La firma de los interesados constituye el tercer presupuesto. Cabe distinguir según se actúe por derecho propio o en representación de un tercero. En el primer caso es menester la firma del patrocinado y del letrado patrocinante (art. 56, Cód. Proc.), salvo los supuestos de excepción a que aludimos al comentar dicha norma, en que es viable la sola firma del primero. En el segundo deben estar suscriptas la firma o firmas del abogado y procurador, según que actuaren un apoderado letrado o bien conjuntamente un abogado y un procurador; todo ello sin perjuicio de lo establecido en los artículos 70 y 71 de la ley 5177, en que basta la sola firma del procurador.

Desde luego que la firma de las partes reviste condición esencial para la existencia del acto, destacando que en la hipótesis de que la misma no sea auténtica se está frente a un acto inexistente (art. 1012, CCiv.ley 340,arts. 286 a 288Código Civil y Comercial de la Nación ley 26.994; sobre la cuestión de la firma como condición de existencia de los escritos en el nuevo Código, puede verse Quadri, Gabriel H., "La autenticidad de la firma impuesta en los escritos judiciales como hecho controvertido", LL 2014-F-9).

En efecto, la firma es un acto propio, estrictamente personal, que no puede ser estampada por un tercero, salvo el supuesto excepcional de la firma a ruego en los términos del artículo 119 del Código Procesal. Fuera de él la firma que no corresponde a la persona a quien se le atribuye no puede ser suplida mediante la ratificación, desde que el efecto retroactivo que ésta tiene, lo es sin perjuicio de los derechos de los terceros.

Aunque la ley adjetiva provincial no regula el supuesto que ofrece la equivocidad sobre la autenticidad de una firma, tal como ocurre en los Códigos Procesales de Jujuy (art. 133) y Mendoza (art. 50, inc. 5°), cabe entender que por aplicación de los poderes de dirección del proceso que tiene el juez, éste puede disponer la ratificación por el firmante en caso de duda sobre la autenticidad, dentro de un plazo prudencial, bajo apercibimiento de tener por no presentado el escrito (art. 34, inc. 5°, apart. b] y arg. art. 119) ; o bien resolver que se expida sobre la autenticidad de la firma el perito calígrafo de la oficina pericial de los tribunales (arts. 126, 137 y 138, ley 5827 y 36, inc. 2°, Cód. Proc.).

Debe asimismo tenerse presente que, según el artículo 95 de la ley 5177, es menester que las firmas de los profesionales que patrocinan o actúan en representación de un tercero, estén aclaradas ya sea con sellos o mecanografiadas, no sólo con la indicación del nombre y apellido, sino también con la del tomo o folio o número de inscripción en la matrícula. Razones obvias justifican el cumplimiento de esta carga, ya que de lo contrario se carece de la posibilidad de controlar el patrocinio letrado obligatorio (arts. 56, Cód. Proc.).

Por aplicación de lo dispuesto en los artículos 34, inciso 5°, apartado b) y 57 del Código Procesal corresponde, en caso de inobservancia de tal formalidad, que se exija el cumplimiento de la carga, dentro del plazo de veinticuatro horas de notificada por ministerio de ley la providencia simple que se dicte, bajo apercibimiento de tenerse por no presentado el escrito y devolverse el mismo.

E. En cuanto a las formalidades de las presentaciones judiciales, debe complementarse este precepto —y todo lo dicho hasta aquí- con lo establecido por la Acordada 2514/92, arts. 1° a 7°.

Despapelización de la justicia

1. Escrito digital

En forma contemporánea a la redacción de estas líneas, como derivación de la ley 25.506 de firma digital(3)—a la que la provincia prestara adhesión por ley 13.666—, mediante las res. 1827/2012 y 3415/2012 la Sup. Corte Bs. As. reglamentó la presentación de escritos digitales, cuya implementación ha comenzado a través de pruebas piloto y de cursos de capacitación —res. 82 del 21/2/2013—.

Ese importantísimo paso en la evolución de la forma de litigar, que conducirá a la despapelización del servicio de justicia, requiere algunas breves explicaciones sobre la firma y el documento electrónico o digital.

2. Documento electrónico o digital

Documento es todo objeto que registra información representativa de actos o hechos.

Por ej., una fotografía es un documento que registra una imagen representativa (es decir, que vuelve a presentar) de un instante de realidad. Otro ej., un instrumento privado puede registrar palabras representativas (es decir, que vuelven a presentar) de un contrato alcanzado por dos personas en un momento y lugar determinados.

La llamada ley de delitos informáticos (26.388) agregó un nuevo párrafo al art. 77 del Código Penal, según el cual el término "documento" comprende toda representación de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento, archivo o transmisión.

Es decir, el objeto que registra la información no sólo puede ser un papel, pueden ser v.gr., también los modernos soportes informáticos, tanto los magnéticos (disco flexible, disco rígido) como los ópticos (CD, DVD) como los electrónicos (pendrive). Dicho de otro modo, en un soporte magnético, óptico o electrónico puede también registrarse información, que puede consistir en palabras, sonidos o imágenes.

Pero esas palabras, sonidos o imágenes, para ser registradas en soportes magnético, óptico o electrónico, deben ser digitalizados.

Digitalizar información es convertirla en dígitos o números; y, en vez de usar el sistema decimal de diez símbolos (0, 1, 2, 3... 9), se usa un sistema binario con sólo dos dígitos: 0 y 1.

La información textual, visual o sonora se digitiliza, se la convierte en ceros y unos, se la convierte en información digital.

Y así digitalizada la información es registrada, almacenada y transmitida, para en algún momento ser recuperada o reproducida otra vez en forma de palabras, sonidos o imágines inteligibles para el ser humano.

Pero, ¿cómo se realiza la digitalización de la información? ¿Cómo se realiza el registro, almacenamiento y transmisión y en algún momento su recuperación o reproducción? Se realiza utilizando un dispositivo electrónico: la computadora.

De modo que la información digital es registrada, almacenada, transmitida y también recuperada o reproducida en forma de palabras, sonidos o imágenes a través de un dispositivo electrónico (la computadora) y de sus periféricos (pantalla, impresora, parlantes, etc.).

Entonces, ¿es documento digital o es documento electrónico?

Puede decirse que se alude a lo mismo (o sea, a la información digitalizada y así registrada y almacenada —en soporte magnético, óptico o electrónico— utilizándose para todo ello dispositivos electrónicos), pero llamándolo de diferente modo según se ponga el acento en el modo en que la información es tratada (se la digitaliza, entonces documento "digital") o en el dispositivo electrónico (computadora) que se utiliza para la digitalización, registro, almacenamiento, transmisión y recuperación o reproducción de la información (entonces documento "electrónico").

Según el art. 6° de la ley de firma digital (25.506), se entiende por documento digital a la representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo.

En realidad, el documento digital (o electrónico) no sólo es la información (representativa de actos o hechos) digitalizada, sino también debe ser considerado, como parte integrante de un todo llamado documento digital o electrónico, el soporte —magnético, óptico o electrónico— que fija, almacena o archiva esa información digitalizada.

3. Documento digital y escritura

Establecía el art. 973 del CCiv. de Vélez Sarsfield que la forma era el conjunto de las solemnidades que según la ley deben observarse al tiempo de la formación del acto jurídico, tales como la escritura del acto, la presencia de testigos, que el acto sea hecho por escribano público, o por un oficial público, o con el concurso del juez del lugar. El Código Civil y Comercial aprobado por la ley 26.994 no contiene un precepto semejante.

Dada la época de redacción del Código Civil (a comienzos de la segunda mitad del siglo XIX), por "escritura del acto" debe entenderse "escritura del acto en papel" (o soporte físico sucedáneo), porque por ese entonces no se concebía otro sustento para la escritura que no fuera de ese tipo.

Según el art. 6° de la ley 25.506, un documento digital también satisface el requerimiento de escritura. Es decir, según el art. 6° de la ley 25.506, la información digitalizada y registrada en soportes informáticos (magnético, óptico o electrónico) equivale a información escrita en papel. En la misma línea se insertan los arts. 286(5)y 1106 del Código Civil y Comercial aprobado por la ley 26.994(6).

En suma, el documento digital o electrónico está asimilado por la ley al documento escrito en papel.

4. Firma digital

La firma ológrafa posibilita simultáneamente identificar a su autor así como imputarle la autoría del texto que precede a la misma.

Pero la firma ológrafa hoy no es la única vía para identificar la autoría, pues en diversos ámbitos ha sido sustituida por claves o series alfanuméricas que identifican a una persona como, por ej., en los cajeros automáticos, para las compras con tarjetas de crédito, para el uso de determinados servicios a través de Internet, etcétera.

Es decir, que para identificar al autor de un documento podría prescindirse de la firma ológrafa en la medida en que se la reemplace por otro medio que cumpla esa misma función.

Según el art. 3° de la ley 25.506, cuando ésta requiera una firma manuscrita (v.gr., art. 1012, CCiv.), esa exigencia también queda satisfecha por una firma digital, aunque en este caso debe tratarse de un documento electrónico según el párr. 2° del art. 288 del Código Civil y Comercial aprobado por la ley 26.994.

¿Qué es la firma digital?

La firma digital no debe ser confundida con la impresión digital, ni con la firma ológrafa escaneada, ni con ningún mecanismo de identificación antropométrica.

No es algo que se agrega al documento, como la firma ológrafa que se inserta al pie del texto escrito.

La firma digital es el mismo documento digital, pero luego de encriptado a través de procesos matemáticos complejos.

Según el art. 2° de la ley 25.506, se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. Para la ley 25.506, decir firma digital es decir documento digital cifrado mediante la clave privada de su autor.

Expliquémoslo.

El fundamento de la firma digital es la criptografía.

La criptografía es una incumbencia de la matemática que persigue asegurar la confidencialidad de textos, como así también la integridad de los datos y la identidad de los participantes en un intercambio de información.

A través de un algoritmo se cifra un texto, esto es, se transforma un texto inteligible para todos en un texto cifrado o ininteligible para todos, excepto para su destinatario.

Se distinguen dos métodos generales de cifrado:

— Cifrado simétrico: cuando se emplea la misma clave en las operaciones de cifrado y descifrado, se dice que el criptosistema es simétrico o de clave secreta.

— Cifrado asimétrico: cuando se utiliza una pareja de claves para separar los procesos de cifrado y descifrado, se dice que el criptosistema es asimétrico o de clave pública. Una clave, la privada, se mantiene secreta en poder de su titular, mientras que la segunda clave, la pública, es dada a publicidad y puede ser entonces conocida por todos. Cada clave efectúa una transformación unívoca sobre los datos y es función inversa de la otra clave: sólo una clave puede deshacer lo que su par ha hecho. El poseedor de una clave pública la da a conocer, manteniendo secreta su clave privada.

¿Cómo se pasa del documento digital a la firma digital?

Luego de redactado el documento digital, se lo procesa a través de un software especial (ese "procesamiento" hoy puede consistir de hecho en un par de clics con el mouse, para elegir las opciones de un menú desplegable en la pantalla de la computadora), que, realizando procesos matemáticos complejos, entre otras cosas le "inocula" o "inyecta" la clave privada del autor del documento, tornándolo así ininteligible. Así queda encriptado el documento digital.

Para desencriptar el documento digital, al cual su autor ya le ha aplicado su clave privada, debe "inoculársele" o "inyectársele" una especie de antídoto exacto, que es la clave pública del autor. Es más, si ese documento digital entre su encriptación y su desencriptación hubiera sido alterado en su contenido, al aplicársele la clave pública esa alteración se pondría de manifiesto.

En principio, bastaría con cifrar un documento con la clave privada para obtener una firma digital segura, puesto que nadie, excepto el poseedor de la clave privada, puede hacerlo. Posteriormente, cualquier persona podría descifrarlo aplicando la clave pública del autor del documento (el autor del documento fue quien le aplicó su clave privada), demostrándose así la identidad del firmante.

El esquema es: documento + clave privada del autor = autenticidad + integridad (firma digital, según la ley 25.506).

Pero además, si se deseara dotar al documento digital de confidencialidad, el autor lo puede encriptar con la clave pública del destinatario. El mensaje encriptado de esa manera sólo puede ser decodificado (desencriptado) con la clave privada del receptor. Desde que la clave privada del receptor sólo está en poder de éste, nadie más que éste va a poder leer el mensaje.

El esquema es: documento digital + clave pública del destinatario = confidencialidad.

5. Certificado digital

A la vista de ese esquema de funcionamiento, surgen varios interrogantes: ¿cómo tener certeza de que la clave pública de un usuario corresponde realmente a ese individuo y no ha sido falsificada por otro?, ¿por qué fiarse de esa clave pública antes de confiarle algún secreto?, ¿quién verifica la identidad del poseedor de la clave pública?

Todas estas preguntas encuentran su respuesta en la figura de los certificados digitales, especie de DNI virtuales o documentos electrónicos que garantizan la identidad del autor del documento, vinculando a la persona del autor con su clave pública.

La misión fundamental de los certificados es permitir la comprobación de que la clave pública de un usuario, cuyo conocimiento es imprescindible para asegurar su firma digital, pertenece realmente a ese usuario, ya que así lo hace constar en el certificado una autoridad que da fe de ello.

Los certificados tienen un tiempo de vida limitado y claramente especificado en sus datos, al final del cual dejan de ser válidos. Esta situación no ocasiona mayores dificultades, y el usuario simplemente deberá solicitar su renovación a la autoridad certificante que se lo emitió.

Representan además una forma conveniente de hacer llegar la clave pública a otros usuarios que deseen verificar sus firmas. Normalmente, cuando se envía un documento firmado digitalmente, éste siempre se acompaña del certificado del signatario, con el fin de que el destinatario pueda verificar la firma electrónica adjunta, sin que éste necesite localizar dicha clave pública en un repositorio de claves públicas. El certificado de clave pública (que la contiene) es firmado por alguien confiable: una autoridad certificante, que da fe de la identidad del poseedor de dicha clave.

La autoridad certificante de claves públicas certifica la correspondencia entre una clave pública y la persona física o jurídica titular de la misma, mediante la emisión de un certificado de clave pública. Este certificado permite identificar inequívocamente al firmante del documento digital, evitando así la posibilidad de repudio.

En suma, el certificado digital es una constancia (en rigor, es un pequeño documento digital) que da fe de la vinculación entre una clave pública y una persona, permitiendo verificar que una clave pública específica pertenece efectivamente a una persona determinada y neutralizando la posibilidad de que ésta niegue la autoría de un documento digital.

6. Valor probatorio de la firma digital

La firma digital está asimilada a un instrumento privado, según el párrafo del art. 77 del Código Penal agregado por la ley 26.388 que dice: " Los términos 'instrumento privado' y 'certificado' comprenden el documento digital firmado digitalmente".

Pero según la ley 25.506, la firma digital goza de una doble presunción iuris tantum:

a) se presume que toda firma digital pertenece al titular del certificado digital que permite la verificación de dicha firma (art. 7°);

b) si el resultado de un procedimiento de verificación de una firma digital aplicado a un documento digital es verdadero, se presume que este documento digital no ha sido modificado desde el momento de su firma (art. 8°).

Ambas presunciones constituyen la denominada garantía de no repudio.

7. Firma electrónica y firma digital

La firma electrónica es el género y la firma digital es la especie, de manera que ésta es una variante de aquélla.

A la firma digital se la conoce también como firma electrónica segura o firma electrónica avanzada.

Ejemplos de firma electrónica que no son firma digital, son las claves o series alfanuméricas que identifican a una persona como, por ej., en los cajeros automáticos, para las compras con tarjetas de crédito, para el uso de determinados servicios a través de Internet, etcétera.

La diferencia entre la firma digital y el resto de las firmas electrónicas, es que en la primera existe una presunción legal iuris tantum de autoría (ver art. 7°, ley 25.506) de modo que aquel a quien se le atribuye y la negara debería probar que no le pertenece, mientras que en las segundas, si alguien niega la firma electrónica que se le atribuye, la carga de probar que en verdad le pertenece pesa sobre quien así lo invoca.

Audiencias

Audiencias

Art. 125. — Reglas generales.

Las audiencias, salvo disposición expresa en contrario, se ajustarán a las siguientes reglas:

1º) Serán públicas, a menos que los jueces o tribunales, atendiendo las circunstancias del caso, dispusieren lo contrario mediante resolución fundada.

2º) Serán señaladas con anticipación no menor de tres (3) días, salvo por razones especiales que exigieren mayor brevedad, lo que deberá expresarse en la resolución. En este último caso, la presencia del juez o tribunal, podrá ser requerida el día de la audiencia.

3º) Las convocatorias se considerarán hechas bajo apercibimiento de celebrarse con cualquiera de las partes que concurran.

4º) Empezarán a la hora designada. Los citados sólo tendrán obligación de esperar treinta (30) minutos.

5º) El secretario levantará acta haciendo una relación abreviada de lo ocurrido y de lo expresado por las partes.

CPCCN: Art. 125. — (Texto según ley 25.488,art. 2) Reglas generales. Las audiencias, salvo disposición en contrario, se ajustarán a las siguientes reglas:

1) Serán públicas, bajo pena de nulidad, pero el tribunal podrá resolver, aun de oficio, que total o parcialmente, se realicen a puertas cerradas cuando la publicidad, afecte la moral, el orden público, la seguridad o el derecho a la intimidad. La resolución, que será fundada, se hará constar en el acta. Desaparecida la causa de la clausura, se deberá permitir el acceso al público.

2) Serán señaladas con anticipación no menor de tres (3) días, salvo por razones especiales que exigieren mayor brevedad, lo que deberá expresarse en la resolución.

Toda vez que proceda la suspensión de una audiencia se fijará, en el acto, la fecha de su reanudación.

3) Las convocatorias se considerarán hechas bajo apercibimiento de celebrarse con cualquiera de las partes que concurra.

4) Empezarán a la hora designada. Los citados sólo tendrán obligación de esperar treinta (30) minutos, transcurridos los cuales podrán retirarse dejando constancia en el libro de asistencia.

5) El secretario levantará acta haciendo una relación abreviada de lo ocurrido y de lo expresado por las partes.

El acta será firmada por el secretario y las partes, salvo, cuando alguna de ellas no hubiera querido o podido firmar; en este caso, deberá consignarse esa circunstancia.

El juez firmará el acta cuando hubiera presidido la audiencia.

6. Las audiencias de prueba serán documentadas por el Tribunal. Si éste así lo decidiere, la documentación se efectuará por medio de fonograbación. Ésta se realizará en doble ejemplar, uno de los cuales se certificará y conservará adecuadamente hasta que la sentencia quede firme; el otro ejemplar quedará a disposición de las partes para su consulta. Las partes que aporten su propio material tendrán derecho a constancias similares en la forma y condiciones de seguridad que establezca el tribunal de superintendencia. Estas constancias carecerán de fuerza probatoria. Los tribunales de alzada, en los casos de considerarlo necesario para la resolución de los recursos sometidos a su decisión podrán requerir la transcripción y presentación de la fonograbación, dentro del plazo que fijen al efecto a la parte que propuso el medio de prueba de que se trate o a la que el propio tribunal decida, si la prueba fuere común.

7. En las condiciones establecidas en el inciso anterior, el tribunal podrá decidir la documentación de las audiencias de prueba por cualquier otro medio técnico.

CPCCN (LEY U-0692): Art. 127.

Exposición de motivos del Código Procesal nacional

En el capítulo referente a las audiencias se prevé la posibilidad de que se tome versión taquigráfica de lo ocurrido en ellas o de que se las registre por otro medio técnico (art. 126), lo cual, como es obvio, ha de contribuir a aliviar las tareas del personal judicial.

Audiencias

Se han agrupado en un solo artículo las reglas generales que gobiernan todo lo relativo a las audiencias.

Así, en primer término se ratifica el principio que consagraban los artículos 50 y 133 de la ley 2958 derogada, en el sentido de que las audiencias debían ser públicas, salvo que atendiendo a las circunstancias el órgano jurisdiccional dispusiera lo contrario, en cuyo caso debe mediar una resolución fundada. Ello constituye una consecuencia del principio de publicidad que informa al proceso [ut supra § 161] y que excluye la posibilidad del secreto en las actuaciones procesales. La excepción puede configurarse verbigracia en los procesos donde se ventilen cuestiones de familia, susceptibles de lesionar el decoro, la moral o las buenas costumbres.

En segundo lugar, se establece que las audiencias serán señaladas con anticipación no menor de tres días, a no ser por razones especiales que exigieren mayor brevedad, lo que deberá expresarse en la resolución. La norma en este aspecto resulta acertada al fijar un plazo mínimo razonable para el señalamiento de las audiencias en general, sin perjuicio de que contempla la posibilidad de fijación inmediata en los casos que exigieren mayor brevedad, lo cual queda librado al prudente arbitrio judicial, según las particularidades que se den. En este supuesto es admisible que el ejercicio de la facultad de las partes de solicitar la presencia del juez en la audiencia, se formule el mismo día de ella. Hay así una adecuación con lo previsto en el inciso 1° del artículo 34.

El tercer principio consagrado es de que las convocatorias se considerarán hechas bajo apercibimiento de celebrarse con cualquiera de las partes que concurran (inc. 3°). Era lo que ya establecía el artículo 32 de la ley 2958.

El inciso 4° prescribe a su vez que las audiencias empezarán a la hora designada, añadiendo que los citados sólo tienen obligación de esperar treinta minutos. Tampoco aquí se observa variación con relación al precepto que contenía el artículo 132 del Código derogado, siendo de estricta aplicación la jurisprudencia elaborada en torno al mismo. Cabe recalcar tan solo que se ha afianzado definitivamente el criterio de que la obligación de esperar treinta minutos no sólo rige para el juez o tribunal, sino también para las partes. La ratio legis de la disposición descansa en un acertado principio de orden y celeridad procesal.

Concluye el artículo 125 con el inciso 5°, que regula lo referente a la intervención del actuario en la audiencia, sentando que el secretario levantará acta haciendo una relación abreviada de lo ocurrido y expresado por las partes.

En este aspecto conviene destacar que el secretario ha dejado, en gran parte, de revestir el carácter de fedatario que ha caracterizado su actuación en la anterior ley de enjuiciamiento. Por de pronto, el requisito de la autorización de la firma por los secretarios con la fórmula "ante mí", que establecía el derogado artículo 13 del código de procedimiento, no ha sido mantenido en los ordenamientos que analizamos, siguiendo en esto la influencia del artículo 22 de la ley 14.237. No obstante ello, se encomienda al secretario, entre otras y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 del Código Procesal, la de levantar el acta de las audiencias haciendo una relación abreviada de lo acontecido y de lo expresado por las partes. Sin embargo, cuando el juez asiste personalmente a la audiencia, la intervención del actuario no es necesaria ni se justifica, máxime que la tarea de dactilógrafo es cumplida por un amanuense. En cambio, cuando el juez no está presente, se ha legalizado a través de esta norma la intervención del actuario, quien dirigirá en ese caso la audiencia, haciendo levantar el acta con una relación de lo ocurrido. Cabe tener presente que no puede abreviar lo que expresaren los testigos o las partes al prestar declaración, pues las respuestas deben consignarse en el procedimiento escrito lo más fielmente posible a lo relatado. La relación abreviada sólo se impone tratándose de otros comparendos.

Desde luego el acta de la audiencia deberá ser precedida por un encabezamiento que contendrá el lugar y fecha completa, la indicación de los funcionarios, litigantes y auxiliares que comparecen, y el objeto de la audiencia. Luego las exposiciones formuladas por las partes, las que podrán abreviarse con la mayor fidelidad posible; y, por supuesto, deberán ser firmadas por el juez y los demás comparecientes.

Disposiciones de la ley 22.434

La ley de ajustes de 1981 introdujo reformas meramente formales al texto de la norma que examinamos.

En el inciso 2°, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34, inc. 1°, se establece que en el caso de que las audiencias sean señaladas con anticipación menor de tres días, la presencia del juez podrá ser requerida el mismo día de la audiencia, si ella no estuviese impuesta bajo pena de nulidad (v.gr., supuesto del art. 125 bis).

El nuevo inciso 4°, referido al comienzo de las audiencias, agrega que los citados podrán retirarse transcurridos treinta minutos, dejando constancia en el libro de asistencia.

Por último, el inciso 5° agrega al final que el acta será firmada por el secretario y las partes, debiendo suscribirla también el juez "cuando hubiere presidido la audiencia". Si bien se recoge aquí una pauta de sinceramiento de la actividad jurisdiccional, para obviar una práctica corriente —cual es la firma de las actas por el juez que no ha presenciado las audiencias, a posteriori de ellas—, no puede silenciarse que, desde otro punto de vista, la norma viene a legalizar la actitud omisa del juez, consintiendo la asunción de un rol pasivo e intrascendente que está muy lejos de la pregonada calidad de director del proceso concedida por la ley 17.454 (arts. 34 y 36 y concs.), y minoriza el principio no menos ensalzado (ley 22.434, exposición de motivos) de inmediación.

Disposiciones reglamentarias

De acuerdo con el artículo 194 del Reglamento para la Justicia Nacional en lo Civil (acordada de la C. Nac. Civ., 678, 27/10/1976), los jueces deben dar audiencias diariamente, para lo cual requerirán la colaboración y asistencia del personal a sus órdenes. De acuerdo con el artículo 205, en ningún caso las providencias que fijen audiencias para la recepción de pruebas, omitirán los días y horas en que se celebrarán las mismas. En las actas que se extiendan —expresa el artículo 206— sea para la declaración de testigos, absolución de posiciones o juicios verbales en general, se asentará el nombre y apellido de las personas que concurren al acto, y en letras mayúsculas el del testigo o absolvente, como también el número de la pregunta que contesta. Asimismo, se indicará expresamente la foja en que se encuentra agregado el interrogatorio o pliego de posiciones. Si hubiere ampliación de preguntas, se continuará con la enumeración del interrogatorio principal, y si hubiere repreguntas, se comenzará con otra numeración, no con letras.

En el caso de suspenderse audiencias por razones de fuerza mayor o por feriados imprevistos —dice el artículo 207— deberá procederse a la habilitación de días y horas.

Expedientes

Expedientes

Art. 127. — (Texto según ley 12.141, art. 1°) Préstamo.

Los expedientes únicamente podrán ser retirados de la secretaría, bajo la responsabilidad de los abogados, apoderados o patrocinantes, peritos o escribanos en los casos siguientes:

1) Para alegar de bien probado.

2) Para expresar agravios o contestar los mismos en los términos de los arts. 254 y 260.

3) Para practicar liquidaciones y pericias; partición de bienes sucesorios; operaciones de contabilidad; verificación y graduación de créditos; mensura y deslinde; división de bienes comunes; cotejo de documentos y redacción de escrituras públicas.

4) Cuando el juez lo dispusiere por resolución fundada.

En los casos previstos en los dos últimos incisos, el juez fijará el plazo dentro del cual deberán ser devueltos.

CPCCN: Art. 127. — Préstamo. Los expedientes únicamente podrán ser retirados de la secretaría, bajo la responsabilidad de los abogados, apoderados, peritos o escribanos, en los casos siguientes:

1) Para alegar de bien probado, en el juicio ordinario.

2) Para practicar liquidaciones y pericias; partición de bienes sucesorios; operaciones de contabilidad; mensura y deslinde; división de bienes comunes; cotejo de documentos y redacción de escrituras públicas.

3) Cuando el juez lo dispusiere por resolución fundada.

En los casos previstos en los dos últimos incisos, el juez fijará el plazo dentro del cual deberán ser devueltos.

El procurador general de la Nación, los procuradores fiscales de la Corte Suprema y los procuradores fiscales de Cámara podrán también retirar los expedientes, en los juicios en que actúen en representación del Estado nacional, para presentar memoriales y expresar o contestar agravios.

CPCCN (LEY U-0692): Art. 128.

Antecedentes

Proyecto Lascano 43, inciso 1. En la nota se da el fundamento. "No se autoriza a retirar los expedientes para alegar de bien probado, porque por el sistema adoptado carece de objeto. Toda la prueba debe realizarse en una audiencia, y en ella las partes pueden llevar nota detallada de todo lo ocurrido. Por lo demás, estando el expediente en secretaría, se lo puede examinar con la amplitud que se crea conveniente". [Esta afirmación, no se corresponde hoy con la infraestructura de la mesa de entradas de la mayoría de los departamentos judiciales].

Exposición de motivos del Código Procesal nacional

Se han adoptado previsiones especiales reglamentando en detalle el procedimiento de reconstrucción de expedientes (art. 129), respecto del cual sólo existían normas consuetudinarias no siempre uniformes.

Expedientes

A. Con el primer escrito de cada asunto, se trate de diligencias preliminares (arts. 323, 326 y 327, CP), ya de medidas cautelares (art. 195 y ss., CP), de la demanda en sentido estricto (arts. 330, y ss., CP) o de cualquier petición inicial de un proceso, se forma un expediente, al que se incorporan sucesivamente las actuaciones posteriores.

Su iniciación se lleva a cabo a través de la Receptoría general, que en el ámbito bonaerense funciona en los distintos departamentos judiciales (a partir de la resolución de la Sup. Corte Bs. As. 709, del 30/8/1966, modificada por la 236 del 1/7/1967) y que tiene por misión la de radicar por sorteo el proceso asignando el juzgado y secretaría que ha de intervenir (véase 1ª ed. de esta obra).

Las Receptorías departamentales dependen de una Dirección General de Receptorías de Expedientes y Archivos del Poder Judicial.

Radicado el expediente, se registra en los libros de entradas de la secretaría y se procede a ponerle una carátula, en que figura además del juzgado y secretaría, el número de la causa, el nombre de las partes y el objeto sobre el cual versa; conteniendo asimismo otras indicaciones destinadas a señalar los funcionarios del Ministerio Público que intervienen —verbigracia, asesor de incapaces, fiscal, defensor de pobres y ausentes—. Igualmente tiene un lugar reservado para individualizar las fojas en las que se hubieren trabado medidas precautorias.

A partir de allí, todas las actuaciones que se produzcan en ese proceso se van agregando sucesivamente según el orden de su presentación o momento de producción, formándose así el expediente; todo ello sin perjuicio de la facultad judicial de disponer la reserva de aquellos documentos que por su naturaleza hicieren razonable adoptar tal temperamento, ya sea por seguridad o decoro o algún otro motivo fundado.

Al tiempo de ir agregándose las distintas actuaciones, que son cosidas por razones de orden práctico, deben foliarse con el ángulo superior derecho(1), requisito este último que debe ser cuidadosamente cumplimentado por obvias razones de buen orden y certeza.

Cuando se desglosan fojas del expediente en virtud de alguna resolución judicial que así lo dispone, debe dejarse constancia en el lugar donde éstas se hallaban incorporadas, indicándose la fecha, la resolución que así lo dispuso y el número de fojas desglosadas, con la firma del actuario. Y desde luego, el desglose no alterará la numeración de las restantes.

Asimismo, según lo prescribe el artículo 109 de la ley 5177, los documentos o instrumentos judiciales desde el momento de su presentación quedan bajo la custodia y responsabilidad del secretario de actuación, jefe de archivo o de la oficina respectiva(2). Es decir, que en el caso que nos ocupa, la formación, custodia o cuidado del expediente corresponde en principio al actuario, sin perjuicio de la responsabilidad que pesa también sobre el "jefe de mesa de entradas", a quien dentro de las funciones específicas que le incumben figura la que nos ocupa(3).

Tocante a la consulta de los expedientes, los mismos deben permanecer en la mesa de entradas de la secretaría, a los fines de que las partes, los abogados y procuradores o bien todos los que tuvieron un interés legítimo, puedan examinarlos. Ello se encuentra regulado por los artículos 113 —y siguientes— de la ley 5177. Así, cabe enumerar entre las personas que pueden consultar ex-pendientes y documentos judiciales: a) las partes, cuando lo requieran personalmente; b) los que acrediten fehacientemente ante el actuario tener algún interés legítimo, actual o futuro; c) los abogados, procuradores, escribanos o peritos inscriptos en la matrícula respectiva y en ejercicio de su profesión; d) los alumnos universitarios autorizados por las facultades de derecho, con fines de estudio; e) los empleados del abogado y procurador, si se trata de los expedientes en que su principal intervenga (art. 114, ley cit.).

Fuera de esas personas no es admisible el examen ni la solicitud de informes sobre el estado de las actuaciones, por otros (art. 115, ley cit.), justificándose estas normas que restringen la exhibición y compulsa de los expedientes para impedir el ejercicio ilegal de la profesión de abogado.

Cabe tener presente que a los fines de evitar la desaparición de expedientes, la Suprema Corte de Buenos Aires ha dictado la citada resolución 691, por la cual, para consultar expedientes es menester presentar un recibo en que conste la carátula del mismo y la individualización del que lo examina; el que se reintegra contra su devolución.

El Alto Tribunal bonaerense ha reglamentado prolijamente la consulta y préstamo de expedientes mediante la resolución 854/1973.

B. Ya los artículos 74 de la ley 2958 y 232 de la ley 5177 habían regulado en el ámbito provincial lo referente al préstamo de expedientes, que ahora aparece disciplinado a través de la norma que comentamos.

El principio general es que los expedientes no pueden ser retirados de secretaría, por una elemental razón de orden y seguridad, ya que lo contrario dificultaría el contralor de los justiciables en la tramitación del proceso y facilitaría las pérdidas o extravíos.

De ahí que siempre el legislador haya mantenido la vigencia del principio en cuestión, admitiendo de manera excepcional el préstamo de los expedientes en situaciones taxativamente determinadas y bajo la responsabilidad de los letrados, procuradores o auxiliares de la justicia —peritos o escribanos— que intervienen en los mismos.

El primer supuesto está dado cuando se solicitan para alegar de bien probado (inc. 1°); excepción que se justifica dada la índole de la tarea, que por versar fundamentalmente sobre el examen de la prueba rendida con relación a las pretensiones de las partes no puede ser realizada razonablemente en la mesa de entradas de la secretaría; y que, desde luego, las copias que puedan obrar en poder de las partes (arts. 120 y 126, CP) no pueden suplir con eficacia al expediente original.

El inciso 2° (ley 12.141) —provincia de Buenos Aires— contempla el préstamo para expresar agravios o contestarlos, en los términos de los arts. 254 y 260 del CPCC (es decir, sólo para el caso del recurso libre); posibilidad que, incluso, puede llegar a generar alguna complicación del trámite, cuando exista más de un apelante, alguno de los litigantes retire el expediente en préstamo y otro de los recurrentes no pueda, entonces, hacer uso de esta facultad.

Mientras tanto, el Código nacional no contempla este supuesto para el préstamo.

El inciso 3° prevé, a su vez, los casos en que sea necesario practicar liquidaciones y pericias; partición de bienes sucesorios; operaciones de contabilidad; verificación y graduación de créditos; mensura y deslinde; división de bienes comunes; cotejo de documentos y redacción de escrituras públicas. Se han resumido en uno solo los incisos 2° a 6° del artículo 74 de la ley 2958 derogada, y 2° a 4° de los artículos 232 y 233 de la ley 5177, siguiendo casi textualmente la redacción que contiene el inciso 2° del artículo 225 del Código de La Rioja. La naturaleza especial de cada una de esas actuaciones, de por sí complejas, justifica fundadamente la excepción.

Siguiendo también la influencia del ya citado artículo 225 del Código riojano se establece en el inciso 4° la facultad del órgano jurisdiccional para disponer la entrega mediante resolución fundada. Una vez más queda librado al prudente arbitrio judicial, según lo aconsejaren las circunstancias del caso, el facilitar en préstamo a los profesionales y auxiliares de la justicia los expedientes. Uno de ellos estaría dado —y así se advierte, generalmente en la práctica— cuando las partes deben expresar agravios o evacuar el traslado pertinente, en la tramitación del recurso de apelación en segunda instancia.

En los casos previstos en los incisos 3° y 4°, corresponde que el juez fije el plazo prudencial dentro del cual debe ser devuelto el expediente. Y desde luego nada dispone aquí el legislador respecto del supuesto del inciso 1°, por tratarse de un plazo legal regulado en el artículo 480 del Código Procesal y, por las mismas razones, en el caso del inciso 2º.

Oficios y exhortos

Oficios y exhortos

Art. 131. — Oficios y exhortos dirigidos a jueces de la República.

Toda comunicación dirigida a jueces de jurisdicción provincial por otros del mismo carácter, se hará mediante oficio. Las dirigidas a jueces nacionales o de otras provincias, por exhorto.

Podrán entregarse al interesado, bajo recibo en el expediente, o remitirse por correo. En los casos urgentes podrán expedirse o anticiparse telegráficamente.

Se dejará copia fiel en el expediente de todo exhorto u oficio que se libre.

CPCCN: Art. 131. — Oficios y exhortos dirigidos a jueces de la República. Toda comunicación dirigida a jueces nacionales por otros del mismo carácter, se hará mediante oficio. Las dirigidas a jueces provinciales, por exhorto, salvo lo que establecieren los convenios sobre comunicaciones entre magistrados.

Podrán entregarse al interesado, bajo recibo en el expediente, o remitirse por correo. En los casos urgentes, podrán expedirse o anticiparse telegráficamente.

Se dejará copia fiel en el expediente de todo exhorto u oficio que se libre.

CPCCN (LEY U-0692): Art. 132.

Antecedentes

Proyecto Lascano, 62. En la nota se lee: "No será necesario, pues, librar exhorto, como ocurre en la actualidad, cada vez que se desea notificar a una persona que reside en la Provincia, pero fuera del departamento judicial a que pertenece el juez de la causa. Se parte de la base que todos los jueces ejercen jurisdicción y tienen imperio dentro del Estado a que pertenecen".

Remisión

Convenio sobre comunicaciones entre tribunales de distinta jurisdicción territorial, ley 22.172 y disposiciones complementarias. Infra, capítulo siguiente.

Oficios y exhortos

A) Entre los medios de comunicación que se cursan las autoridades judiciales, el exhorto constituye el acto de transmisión tradicional. En efecto, la función jurisdiccional suele requerir la colaboración de los restantes órganos judiciales para el cumplimiento de determinadas actividades y en esos supuestos, como los jueces no pueden dar ni recibir órdenes a/o de sus pares, pues como depositarios de un poder del Estado son todos iguales es que se ruega el cumplimiento de determinada diligencia, ofreciendo reciprocidad para casos análogos. De ahí que el artículo 27 del Código anterior derogado precisaba que los jueces debían emplear la vía del exhorto "para dirigirse a sus superiores o iguales dentro de la Provincia". Este criterio ha sido modificado por los nuevos ordenamientos. Así en una primera etapa (ley 17.009 y modif.) el exhorto tradicional ha sido substituido por el oficio, en la comunicaciones entre jueces de la provincia; subsistiendo las cartas rogatorias o exhortos, cuando se trata de las dirigidas a jueces nacionales o de otras provincias. Se ha seguido el criterio que regía en la Capital Federal y que ya había adoptado el Código de Mendoza por razones de mayor sencillez (art. 101, inc. 2°).

En la más reciente evolución (ley 22.172), se ha sustituido el exhorto por el oficio en las comunicaciones entre tribunales de distinta jurisdicción territorial, sin distinción de grado o clase, siempre que ejerzan la misma competencia en razón de la materia (art. 1º, ley cit.) (Véase infra, cap. siguiente).

B) Luego la norma que nos ocupa reglamenta algunos detalles referentes al libramiento y diligenciamiento.

En cuanto al libramiento establece que deberá dejarse copia fiel en el expediente de todo oficio o exhorto, disposición de carácter práctico que se explica por sí misma y que contienen precisamente los ordenamientos modernos (Jujuy: art. 170; La Rioja: art. 208; Mendoza: art. 101, inc. 5°; Santa Fe: art. 94).

Asimismo, y en miras a satisfacer el principio de celeridad procesal, prevé que en los casos urgentes podrán expedirse o anticiparse telegráficamente; debiendo añadirse que cuando ello ocurre es a costa del peticionario.

El exhorto u oficio puede entregarse a la parte que lo hubiese solicitado, o bien remitirse por correo; de todo lo cual ha de dejarse constancia en el expediente. En el primer caso, debe asimismo firmar dicha constancia el interesado.

En cambio, nada se dice acerca del plazo del libramiento ni de la presentación ante el juez comisionado. Sobre el primer aspecto cabe tener presente, sin embargo, que para el libramiento de oficios o exhortos que deleguen la recepción de pruebas en los términos del artículo 381, el plazo es de cinco días. Y en cuanto a lo segundo, cabe a su vez recordar que cuando se trata de la delegación de la prueba testifical, el juez debe fijar un plazo prudencial dentro del cual la parte que la ofreció debe informar sobre el juzgado en que ha quedado radicado el exhorto u oficio, y la fecha de la audiencia, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido (art. 452, CPBA, art. 454, CPN).

Por último, hay que reparar que todos los oficios deben ser suscriptos por el juez y el secretario.

Régimen del Código Procesal de la Nación

Al cabo de los retoques de la ley 22.434, la norma del artículo 131 prevé el principio aludido referente a la forma de las comunicaciones entre los jueces, pero dejando a salvo "lo que establecieren los convenios sobre comunicaciones entre magistrados", en alusión a los que han regido sucesivamente en nuestro país y que, en la actualidad, se concreta en la ley 22.172.

Notificaciones

Notificaciones

Art. 133. — Principio general.

Salvo los casos en que procede la notificación en el domicilio, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu­lo siguiente, las resoluciones judiciales quedarán notificadas, en todas las instancias, los días martes y viernes, o el siguiente hábil, si alguno de ellos fuere feriado.

No se considerará cumplida la notificación, si el expediente no se encontrase en secretaría y se hiciera constar esta circunstancia en el libro de asistencia, que deberá llevarse a ese efecto.

Incurrirá en falta grave el oficial primero que no mantenga a disposición de los litigantes o profesionales el libro mencionado.

CPCCN: Art. 133. — (Texto según ley 25.488,art. 2) Principio general. Salvo los casos en que procede la notificación por cédula y sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu­lo siguiente, las resoluciones judiciales quedarán notificadas en todas las instancias los días martes y viernes. Si uno de ellos fuere feriado, la notificación tendrá lugar el siguiente día de nota.

No se considerará cumplida tal notificación:

1) Si el expediente no se encontrare en el tribunal.

2) Si hallándose en él, no se exhibiere a quien lo solicita y se hiciera constar tal circunstancia en el libro de asistencia por las personas indicadas en el artícu­lo siguiente, que deberá llevarse a ese efecto.

Incurrirá en falta grave el prosecretario administrativo que no mantenga a disposición de los litigantes o profesionales el libro mencionado.

CPCCN (LEY U-0692): Art. 134.

Proyecto Lascano, 51: "La notificación por ministerio de la ley, o sea, por el solo hecho de haber tomado intervención en el proceso, tiene lugar así en los días ya designados por el Código, sin necesidad de llenar ninguna formalidad. Rige en todos los casos en que la ley no ha dispuesto lo contrario, de manera que constituye la regla general. Las excepciones sólo las expresa la ley; el juez carece de facultades para ello", nos decía su autor en la nota.

Antes, en la Exposición de motivos, con verdadera preocupación, había expresado: "El sistema de notificaciones que hemos adoptado difiere en buena parte del que siguen las leyes actuales. Partimos de la base de que la necesidad de que las partes tengan conocimiento real de las resoluciones judiciales, no puede ser óbice para que el procedimiento marche con la rapidez que sea necesaria. Y con ese criterio aceptamos, como regla, la notificación por ministerio de la ley, que tiene sus semejanzas con la notificación por nota. Como ésta es presunta en cuanto se basa en la suposición de que se ha tenido conocimiento de las resoluciones, pero se diferencia de ella en que no requiere nota alguna, ni previa designación por el juez de los días en que la resolución debe darse por notificada. Por nuestro sistema, agregaba, el actor, una vez iniciado el proceso y el demandado después de notificado de la demanda, quedan ligados al procedimiento. Deben estar atentos a la marcha del mismo y no desatenderlo. Su calidad de partes interesadas los obliga a tomar las medidas necesarias para evitar sorpresas; si lo descuidan deben cargar con las consecuencias. La ley no puede suplir su inacción cuando ella es voluntaria; le basta con imponerles la obligación (carga) de concurrir determinados días a enterarse del estado de los autos.

"Mantenemos, sin embargo, las notificaciones por cédula y personales para las resoluciones fundamentales, a objeto de garantir la defensa en juicio en la mejor forma posible, evitando que se pueda ser condenado sin ser oído, pero terminamos con la corruptela de multiplicar las notificaciones por simple disposición judicial. Introducimos, concluía, la notificación por correo, para los casos en que ella es ventajosa y no puede ofrecer dificultades, y reglamentamos en forma conveniente la notificación por edictos" (el resaltado inicial es nuestro).

Proyecto 1966, Buenos Aires, 83.

Exposición de motivos del Código Procesal nacional

En el Proyecto de la ley 17.454 se establece, como regla, la notificación por ministerio de la ley (art. 133). En cuanto a las personales o por cédula, se ha adoptado el criterio de enumerar taxativamente las resoluciones sujetas a ese régimen (art. 135), con el objeto de evitar que, por conducto de interpretaciones excesivamente liberales, se desvirtúe la vigencia del principio de celeridad. Como novedad, además, se incorpora la notificación por radiodifusión, sistema ya adoptado por algunos Códigos provinciales.

Principio general art. 133

1. Noción. Importancia

Dentro de los actos jurídicos procesales cobran particular importancia los de transmisión o de participación de conocimiento, entre los cuales las notificaciones constituyen el prototipo desde que por ellas se hace saber a las partes o a los terceros una resolución judicial.

El principio de contradicción, una de las garantías fundamentales del proceso, se posibilita con las notificaciones al permitir no sólo el contralor recíproco de las partes, sino también de la actividad jurisdiccional. Así, los traslados o vistas de las distintas peticiones formuladas por los justiciables en el curso del proceso, tienen virtualidad a través de las notificaciones. Igualmente las resoluciones judiciales pronunciadas por los órganos jurisdiccionales llegan a conocimiento de los interesados por medio de las notificaciones, todo lo cual hace al derecho de defensa en juicio.

Además, son el hito de partida para computar los plazos procesales, por lo que la función de las mismas está íntimamente vinculada con la certeza y seguridad que deben caracterizar al proceso.

2. Principio general. Notificación automática

a) Como regla general se consagra la notificación automática o ministerio legis (ficta), es decir que, salvo los casos de excepción en que proceda la notificación personal o por cédula, las resoluciones judiciales se tendrán por notificadas a todos los que intervienen en el proceso, y en todas las instancias, los días martes y viernes, o el siguiente hábil si alguno de ellos fuera feriado.

La ratio legis de la disposición reposa en la carga que tienen las partes de concurrir a secretaría, los días aludidos, durante la tramitación del proceso y a partir de la iniciación del mismo, para el actor; y, desde la notificación del traslado de la demanda, para el accionado. Siendo así, cabe suponer que los justiciables toman conocimiento de los actos procesales cumplidos en el expediente por su examen, lo que torna innecesaria la notificación por cédula, satisfaciéndose de tal manera los principios de economía y celeridad procesal, sin mengua del derecho de defensa.

b) El sistema no es ajeno al que regía con anterioridad en el ámbito bonaerense, ya que la ley 7036, que modificara el artículo 59 del Código de procedimientos derogado, consagraba la notificación ficta los días martes y viernes de cada semana o el siguiente día hábil.

Importa puntualizar que la disposición que analizamos, siguiendo la tradición incorporada por el artículo 8° de la ley 14.237, suprimió la nota de incomparecencia en los autos, la que debía extender el actuario según lo prescribía el artículo 61 del Código derogado, práctica sobre la que se había operado un verdadero desuetudo.

3. Libro de asistencia

En el libro de asistencia, las partes deberán dejar constancia de su comparecencia los días de notificación por ministerio legis, si es que el expediente no se hallare en secretaría. Es el medio que tienen para enervar la notificación, cuando al comparecer a la mesa de entradas correspondiente el expediente no está a disposición de las mismas para su examen.

Cabe entender, asimismo, que no puede considerarse cumplida la notificación automática, si de las propias constancias del expediente se desprende que, con motivo de presentaciones posteriores a la resolución que deba notificarse, las actuaciones han permanecido a despacho. En ese caso, recién la notificación se produciría el primer día de asistencia obligatoria posterior, en el cual el expediente nuevamente se halle en mesa de entradas, después de haber sido despachado.

El funcionario encargado de mantener a disposición de los litigantes o profesionales el libro de asistencia, es el oficial primero. La importancia de este deber conlleva a considerar su incumplimiento como falta grave.

4. Ajustes de la ley 22.434 al Código Procesal de la Nación

La nueva norma se ha limitado —intrascendentemente— a sustituir la expresión "notificación en el domicilio" por "notificación por cédula".

5. Modificaciones operadas por ley 25.488

Destácase, fundamentalmente, que si el expediente "no se encontrare en el tribunal" directamente la notificación no se produce; por otro lado, si algún martes o viernes fuera feriado la notificación operará "el siguiente día de nota", a diferencia de lo que acontece en el ámbito bonaerense, donde la notificación se produce "al día siguiente hábil".

6. La acordada 3/2015 de la CSJN

Es necesario advertir al lector de que la ac. 3/2015 dispuso en su art. 11 que a partir del 1er. dia hábil del mes de mayo de 2015, en todas las Cámaras, Tribunales Juzgados del Poder Judicial de la Nación, el Libro de Asistencia en papel se remplazará por un registro digital dentro del Sistema de Gestión Judicial la oficina judicial deberá asentarlo en el expediente en soporte papel conforme lo dispuesto en el anexo lI. Con todo, la ac. 12/2015 dispuso postergar la implementación de la aludida ac. 3/2015 hasta el primer día del mes de septiembre de 2015 y la ac. 24/2015 volvió a diferirla hasta el 1º de diciembre de ese mismo año.

Vistas y traslados

Vistas y traslados

Art. 150. — Plazo y carácter.

El plazo para contestar vistas y traslados, salvo disposición en contrario de la ley, será de cinco (5) días. Todo traslado o vista se considerará decretado en calidad de autos, debiendo el juez o tribunal dictar resolución sin más trámite.

Toda resolución dictada previa vista o traslado, será inapelable para la parte que no los haya contestado.

CPCCN: Art. 150. — (Texto según ley 25.488,art. 2) Plazo y carácter. El plazo para contestar vistas y traslados, salvo disposición en contrario de la ley, será de cinco (5) días. Todo traslado se considerará decretado en calidad de autos, debiendo el juez o tribunal dictar resolución sin más trámite.

La falta de contestación del traslado no importa consentimiento a las pretensiones de la contraria.

CPCCN (LEY U-0692): Art. 151.

Vistas y traslados

a. Hemos sostenido que el concepto de "vistas" utilizado en el nuevo ordenamiento se adapta a la segunda acepción con que explica su concepto Couture en el Vocabulario jurídico, al señalar que es la "acción de comunicar a un litigante una petición del adversario o alguna circunstancia particular del proceso, habitualmente de importancia secundaria, para que exponga, lo que considere pertinente dentro del término que la ley le fije".

Por consiguiente, tiene autonomía respecto del otro instituto afín: el "traslado". Entre ambos median sólo distingos de grado o de matices no siempre ciertos y universales, como precisó Mercader (Estudios de derecho procesal civil, cit., p. 17; Morello, La reforma procesal civil, p. 257, nro. 53). De ahí entonces que lo que era tradicional en nuestras prácticas, en el sentido de reservar la designación de vistas para cuando se quería referir a los dictámenes a requerirse a los ministerios públicos, no tenga ya vigencia, pues también mediante las referidas vistas se hace saber a las partes, como medio específico de comunicación, el contenido de una petición o de algún acto o circunstancia, acaecidos en el proceso, que tienen implicancias para el interés de la parte a la cual se quiere participar del conocimiento del acto.

El traslado y la vista hacen a lo esencial y son independientes el modo o mecanismo técnico mediante los cuales la comunicación se hace efectiva: puede ser por cédula, por notificación ministerio de la ley o por cualquiera de las otras formas: telegramas, edictos, o radiofonía, que contempla el Código Procesal Civil.

b. La ley de reformas al Código Procesal de la Nación de 1981 ha sustentado, sin embargo, un criterio distinto. Según su exposición de motivos, mientras la vista queda reservada para la intervención que se confiere a los magistrados y funcionarios, el traslado alude a la que se otorga a las partes. Para ello se reforman diversas normas (v.gr., art. 81).

Apelabilidad de las resoluciones dictadas previa vista o traslado

En el régimen bonaerense toda resolución dictada previa vista o traslado resulta inapelable para la parte que no los haya contestado. En cambio, la ley 22.434 ha reformado el apartado final del artículo 150 estableciendo que "la falta de contestación del traslado no importa consentimiento a las pretensiones de la contraria" —con lo que cobra virtualidad la regla del artículo 356, inciso 1—, ni por tanto obsta a la admisibilidad de la apelación.

El tiempo de los actos procesales

El tiempo de los actos procesales

Sección 1ª - Tiempo hábil

Art. 152. — Días y horas hábiles.

Las actuaciones y diligencias judiciales se practicarán en días y horas hábiles bajo pena de nulidad.

Son días hábiles todos los del año, con excepción de los de fiestas aceptadas por la Nación; los previstos por la ley provincial; los que especialmente decrete el Poder Ejecutivo y los comprendidos en la feria judicial de cada año. La Suprema Corte podrá por vía de superintendencia, y cuando un acontecimiento extraordinario así lo exija, disponer asuetos judiciales, durante los cuales no correrán los plazos.

Son horas hábiles las comprendidas dentro del horario establecido por la Suprema Corte para el funcionamiento de los tribunales; pero respecto de las diligencias que los jueces, funcionarios o empleados deban practicar fuera de la oficina, son horas hábiles las que median entre las siete (7) y las veinte (20).

Para la celebración de audiencias de prueba, la Suprema Corte de Justicia podrá declarar horas hábiles para tribunales y cámaras y cuando las circunstancias lo exigieran, las que median(3)entre las siete (7) y las diecisiete (17), o entre las nueve (9) y las diecinueve (19), según rija el horario matutino o vespertino.

CPCCN: Art. 152. — Días y horas hábiles. Las actuaciones y diligencias judiciales se practicarán en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad.

Son días hábiles todos los del año, con excepción de los que determine el Reglamento para la Justicia Nacional.

Son horas hábiles las comprendidas dentro del horario establecido por la Corte Suprema para el funcionamiento de los tribunales; pero respecto de las diligencias que los jueces, funcionarios o empleados deben practicar fuera de la oficina, son horas hábiles las que median entre las siete y las veinte.

Para la celebración de audiencias de prueba, las cámaras de apelaciones podrán declarar horas hábiles, con respecto a juzgados bajo su dependencia y cuando las circunstancias lo exigieren, las que median entre las siete y las diecisiete o entre las nueve y las diecinueve, según rija el horario matutino o vespertino.

CPCCN (LEY U-0692): Art. 153.

Antecedentes

Proyecto Lascano, 41. En la Exposición de Motivos se lee: "Actuaciones. Aceptamos al respecto las normas corrientes con las modificaciones que la lógica y la experiencia aconsejan. Determinamos cuáles son los días y horas hábiles, de manera que no ofrezca dificultades en la práctica. Las horas hábiles han sido fijadas en forma precisa y no indeterminada. Las horas hábiles no pueden ser otras que las de oficina, porque son las que los jueces y empleados están obligados a dedicar al público, sin perjuicio de que se habilitan las inhábiles cuando sea necesario. Y a este respecto para evitar las dificultades que en la actualidad se producen, el proyecto establece que la habilitación puede ser pedida y ordenada aun en días y horas hábiles".

Proyecto 1966, Buenos Aires, 73.

Exposición de motivos del Código Procesal nacional (ley 17.454)

Sobre el "tiempo de los actos procesales" se han proyectado diversas normas tendientes a la agilización del proceso, como las que admiten la posibilidad de ampliar el horario judicial para la celebración de audiencias de prueba (art. 152), la que consagra el principio de la habilitación tácita (art. 154) y la que extiende a los funcionarios públicos el estricto cumplimiento de los plazos procesales (art. 159).

Tiempo de los actos procesales

A semejanza de lo que establecía el artículo 49 de la ley 2958, el principio general es que las actuaciones y diligencias judiciales se practicarán en días y horas hábiles bajo pena de nulidad.

Se entienden por días hábiles todos los del año, con excepción de los de fiestas dispuestas por la Nación; los previstos por el legislador provincial; los que especialmente decrete el Poder Ejecutivo y los comprendidos en la feria judicial de cada año.

La Suprema Corte, en ejercicio de las funciones de superintendencia, se encuentra facultada igualmente para disponer asuetos judiciales, cuando un acontecimiento extraordinario así lo exija, en cuyo caso no correrán los plazos. Hay así una concordancia entre esta norma y lo disciplinado por el inciso j) del artículo 32 de la ley 5827.

A continuación se establece en la ley procesal que son horas hábiles las comprendidas dentro del horario establecido por la Suprema Corte para el funcionamiento de los tribunales; añadiéndose que respecto de las diligencias que los jueces, funcionarios o empleados deban practicar fuera de la oficina, son horas hábiles las que median entre las siete y las veinte. Se coincide en este último aspecto con el sistema instituido por la ley 5827, que desde luego tiene la ventaja de señalar en forma precisa las horas a diferencia de las leyes de enjuiciamiento, que se referían a la salida y puesta del sol.

En el cuarto apartado se determina, por último, que la Suprema Corte (las Cámaras de Apelación, en el rito nacional) a los fines de la celebración de audiencias de prueba podrá declarar horas hábiles para todos los órganos jurisdiccionales y cuando las circunstancias lo exigieren, las que median entre las siete y las diecisiete o entre las nueve y las diecinueve, según rija el horario matutino o vespertino, todo lo cual debe correlacionarse con la norma subsiguiente y en cuanto faculta a los jueces a habilitar de oficio días y horas a los fines de que las audiencias de prueba se produzcan dentro de los plazos pertinentes.

En otro orden, la sanción de nulidad que se prevé es simplemente relativa, o sea que no obstante que el acto procesal se haya realizado en tiempo inhábil, si es que no se configuran todos los presupuestos de las nulidades procesales regulados en los artículos 169-173, su declaración resultaría improcedente.

Resoluciones Judiciales

Resoluciones Judiciales

Art. 160. — Providencias simples.

Las providencias simples sólo tienden, sin sustanciación, al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución. No requieren otras formalidades que su expresión por escrito, indicación de fecha y lugar y la firma del juez o presidente del tribunal.

CPCCN: Art. 160. — Providencias simples. Las providencias simples sólo tienden, sin sustanciación, al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución. No requieren otras formalidades que su expresión por escrito, indicación de fecha y lugar, y la firma del juez o presidente del tribunal, o del secretario, en su caso.

CPCCN (LEY U-0692): Art. 161.

Antecedentes

Proyecto Lascano, "Las providencias simples, que sólo proveen a la marcha del procedimiento y ordenan actos de mera ejecución, no requieren otra formalidad que la escritura, expresión de fecha y lugar, y firma del juez o presidente del tribunal que la haya dictado".

La nota contiene la siguiente explicación: "Las providencias, o sea, los decretos, mandatos, órdenes judiciales, no requieren mayor formalidad:, porque no afectan derechos en litigio. Se trata, como se dice en el texto, de resoluciones que tienden a poner en movimiento el proceso u ordenar actos de mera ejecución".

Proyecto 1966, Buenos Aires, 119.

Exposición de motivos del Código Procesal nacional (ley 17.454)

Respecto de las resoluciones judiciales, el Proyecto ha seguido el criterio consistente en asignar una denominación precisa a cada una de las diferentes clases que pueden dictarse, evitando de tal manera las confusiones a que da lugar la profusa y no siempre coherente terminología utilizada en este punto por el Código vigente.

Las providencias simples son aquellas que tienden, sin sustanciación, al desarrollo del proceso o a ordenar actos de mera ejecución. En esa forma se circunscribe esa denominación a las llamadas de "mero trámite", evitándose el empleo genérico que de esa expresión hace el Código actual en diversas disposiciones (v.gr. arts. 29, 31 y 32).

Son sentencias interlocutorias las que resuelven las cuestiones promovidas durante el curso del proceso que requieren sustanciación previa.

La sentencia definitiva es la resolución, judicial que se pronunciará sobre el fondo de las cuestiones planteadas en el proceso y que lo concluye.

Las homologatorias son las que recaen en los casos de desistimiento, transacción o conciliación.

Importancia

En esta edición trabajamos, en la anotación, con mayor detenimiento el tema de la sentencia y sus fundamentos. Sin lugar a dudas es el núcleo en el que convergen un haz de instituciones fundamentales de la teoría del proceso. Sin ánimo de agotarlas, baste poner de resalto diversas facetas que integran un amplio campo en donde la experiencia y la eficacia de la jurisdicción han de manifestarse, de manera constante, en grado óptimo a los fines de su adecuada prestación, la que se arropa en la idea visceral de que el deber primero de los jueces, en cuanto misión concreta y rectora, es hacer justicia.

Se enlazan así: 1) el principio de congruencia; 2) el deber de motivar, constitucional y legalmente, las resoluciones que, cuando se trata de sentencia definitiva (art. 163, CPC; art. 3°Código Civil y Comercial de la Nación, ley 26.994) esas notas se intensifican al igual que la responsabilidad político social de los órganos; 3) el incitante y rebelde tema de la "sentencia arbitraria", en donde se ha focalizado una de las más significativas creaciones pretorianas del Alto Tribunal de la Nación cuando por encima del ortodoxo modelo con que se fundara la apelación federal del art. 14 de la ley 48, llevó a cabo —y lo viene haciendo cada vez que lo estime imprescindible no obstante su proclamada mas no real expresión de ser una vía excepcionalísima y tajantemente residual— la corrección de infinidad de actos que se visten con un barniz o apariencia de pronunciamientos judiciales pero que, al cabo, no satisfacen el mínimo de recaudos constitucionales debidos en su fundamentación o motivación; 4) el rol gravitante de los hechos, teoría de la valoración de la prueba e interpretación de los actos procesales; 5) el margen de maniobra que acuerda a los jueces el razonable manejo del brocárdico iura curia novit; 6) el activismo de los jueces, impelidos a declarar de oficio la nulidad de los pronunciamientos cuando el déficit estructural o carencias esenciales de sus formas impiden funcionalmente atender y dar respuestas a los agravios referentes a la eficacia o procedencia de la pretensión o defensa.

Con no ser la totalidad, los expuestos muestran sí la prioritaria gravitación de este tramo de la ley procesal y el porqué de los desarrollos que, aunque puedan pecar de cierta reiteración, consideramos que satisfacen los propósitos docentes de la obra y de brindar un análisis exhaustivo de la jurisprudencia.

Providencias "simples" y "de mero trámite"

Con la reforma de la ley 22.434 al régimen nacional, se ha efectuado la distinción entre resoluciones simples y providencias de mero trámite. Señala Palacio que las segundas son, como principio general, todas aquellas providencias simples que no sean susceptibles de ocasionar un gravamen irreparable. Entre ellas cabe incluir las que disponen conferir vistas y traslados (art. 38 inc. 3º, CPCN).

Precisamente, ha sido consecuencia de las más amplias atribuciones reconocidas a secretarios el agregado incorporado al art. 160 por la ley de ajustes 22.434, que prevé que dichos funcionarios puedan firmar resoluciones simples. Lo que —como lo apunta el mismo Palacio— resulta insuficiente ya que también los oficiales primeros o jefes de despacho están autorizados para suscribir providencias de mero trámite.

Jurisprudencia nacional

Providencias simples

Las providencias simples son dictadas a petición de una sola de las partes y sin que haya habido controversia o consentimiento expreso de todas ellas (C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 4ª, 26/2/1993, "Helguero, Santos Pastor v. Estado Nacional s/queja", AP 8/4467).

Sentencias interlocutorias.

Art. 161. — Sentencias interlocutorias.

Las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que requieren sustanciación, planteadas durante el curso del proceso. Además de los requisitos enunciados en el artículo anterior, deberán contener:

1º) Los fundamentos.

2º) La decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

3º) El pronunciamiento sobre costas.

CPCCN: Art. 161.— Sentencias interlocutorias. Las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que requieren sustanciación, planteadas durante el curso del proceso. Además de los requisitos enunciados en el artícu­lo anterior, deberán contener:

1) Los fundamentos.

2) La decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

3) El pronunciamiento sobre costas.

CPCCN (LEY U-0692): Art. 162.

Antecedentes

Proyecto Lascano, 89: "Las sentencias interlocutorias, o sea las dictadas durante· el proceso y antes de la sentencia final, por las que se resuelve una litis entre partes, deberán contener además de los requisitos expresados en el artículo anterior, los siguientes:

"1. La motivación o fundamentos del pronunciamiento;

"2. Decisión expresa, positiva y precisa sobre los puntos litigiosos;

"3. Pronunciamiento sobre las costas".

La nota, traduciendo la enseñanza de Carnelutti, puntualiza: "La litis a que se refiere el artículo no es la que constituye el objeto principal o materia del juicio, sino la que incidentalmente puede plantearse con ocasión de sustanciarse aquél.

"Tal sería la suscitada con motivo de oponerse excepciones previas, de alegarse la perención, de pedirse la nulidad del procedimiento o cualquier otra cuestión incidental.

"La resolución que dirime esa cuestión es una sentencia; sólo que a esa sentencia le llamamos 'interlocutoria' para diferenciarla de las que ponen fin al pleito principal, sin que por ello no pueda también tener efecto de definitiva, es decir, de resolver la litis incidental en forma de impedir que pueda reanudarse" Buenos Aires, 120.

Resoluciones interlocutorias

Las providencias interlocutorias deciden cuestiones originadas en el curso del procedimiento, previamente sustanciadas con traslado a las partes. No resuelven, por el mérito o fondo del asunto.

Sin embargo, en ciertas condiciones, algunas de ellas pueden poner fin al proceso, en cuyo caso se asimilan a las sentencias definitivas a los fines de los recursos extraordinarios (infra § 469); lo que genera importancia práctica (porque tienen efectos equivalentes a los que produce la sentencia definitiva).

Jurisprudencia nacional

Sentencias interlocutorias

Formas

Las formas requeridas para las sentencias interlocutorias no son, en principio, las mismas que para las sentencias definitivas (C. Nac. Com., sala B, 11/4/1962, ED 4-711), no siendo menester que exhiban los llamados "resultados" (C. Nac. Civ., sala D, 10/2/1961, LL 104-753, 7232-S) .

Fundamentación

Todo acto jurisdiccional debe fundarse en derecho, como presupuesto para su validez, derivando tal recaudo de las normas adjetivas que rigen el proceso judicial (art. 161, inc. 1º, Cód. Proc.), o ya en su caso del procedimiento administrativo (art. 19, inc. "f", ap. 39, ley 19.549) (C. Nac. Fed., sala 3ª, Cont. Adm. 27/12/1997, BCFed., oct.-dic. 979-97, nro. 171).

El decisorio debe contener el desarrollo que permita conocer cuál fue el razonamiento lógico que llevó al sentenciante a decidir en la forma en que lo hizo (C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 3/10/2002, "American Resource Corporation Inc. v. Radeair SA y otro s/beneficio de litigar sin gastos", AP 7/11900).

De allí, que si en la resolución interlocutoria, que decide una cuestión previamente sustanciada no se ha invocado ningún fundamento de hecho o de derecho, como lo exige la norma citada en primer término, tal omisión la descalifica y procede su declaración de nulidad de oficio (C. Nac. Civ., sala D, 5/7/1974, LL 156-815, 31.679-S); o si no ha valorado ni considerado expresamente ninguna de las formulaciones efectuadas por las partes, carece en absoluto de fundamentación y, en consecuencia, al no cumplir con los requisitos exigidos por dicho precepto legal, corresponde su anulación (C. Nac. Civ., sala B, 29/11/1974, LL 1975-D-433, sum. 1523); o la fundamentación del fallo es palmariamente insuficiente para sustentar la decisión, pues consistiendo en una simple apreciación de constancias parciales de los autos, carece de apoyo jurídico a falta de toda mención de alguna de las fuentes del derecho objetivo, transgrediendo así el sentenciante lo previsto en esta norma. (C. Nac. Civ., sala D, 13/5/1971, LL 148-643, 29.317-S).

Principio de congruencia

La sentencia interlocutoria no respeta el principio de congruencia (arts. 34, inc. 4º y 161, inc. 2º, Cód. Proc.), si se trataba de decidir el incidente planteado por terceros, y el fallo excede los alcances de la petición, máxime si vulnera los efectos de la preclusión y la cosa juzgada formal propios de una sentencia anterior (C. Nac. Civ., sala D, 13/5/1971, LL 148-643, 29.317-S).

Omisión de la apertura a prueba

Se justifica la procedencia de la nulidad de la sentencia interlocutoria dictada en un incidente si, pese a la complejidad del tema, fue resuelto sin abrirse la prueba (C. Nac. Civ., sala C, 17/9/1976, LL 1976-D-617).

Sentencias homologatorias.

Art. 162. — Sentencias homologatorias.

Las sentencias que recayesen en los supuestos de los arts. 305, 308 y 309, se dictarán en la forma establecida en los arts. 160 y 161, según que, respectivamente, homologuen o no el desistimiento, la transacción o la conciliación.

CPCCN: Art. 162 — Sentencias homologatorias. Las sentencias que recayesen en los supuestos de los arts. 305, 308 y 309, se dictarán en la forma establecida en los arts. 160 o 161, según que, respectivamente, homologuen o no el desistimiento, la transacción o la conciliación.

CPCCN (LEY U-0692): Art. 163. — Sentencias homologatorias. Las sentencias que recayesen en los supuestos de los arts. 306, 309, y 310, se dictarán en la forma establecida en los arts. 161 o 162, según que, respectivamente, homologuen o no el desistimiento, la transacción o la conciliación.

Sentencias homologatorias

Estas resoluciones finales se dictan en los supuestos de desistimiento del derecho, transacción y conciliación. Formalmente carecen de autonomía, como que la ley remite a las formas establecidas en los arts. 160 y 161 (la normativa de ajuste del ordenamiento nacional sustituye "y" por "o").

Sin embargo, revisten importancia cuando esta emanación judicial demanda en el órgano una verificación profunda del contenido, regularidad y esencia del acto o negocio que debe ser —o no— homologado.

Con todo, es conveniente descartar —en cuanto a la homologación de los acuerdos transaccionales— que el art. 1642 del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994) ha establecido que "la transacción produce los efectos de la cosa juzgada sin necesidad de homologación judicial".

Jurisprudencia nacional

Sentencias homologatorias

Formas

El auto que homologa el desistimiento, la transacción o la conciliación, no requiere para su validez otra forma que la fecha y firma (arts. 160 y 162, Cód. Procesal) —sí, en cambio, cuando no accede a la homologación, pues en tal caso debe ajustarse a las formas de las sentencias interlocutorias—, habiéndose considerado que la intimación al cumplimiento del convenio conciliatorio —previa valoración de los elementos que obran en la causa—, implica su tácita homologación (C. Nac. Civ., sala B, 20/12/1974, LL 1975- C-005, 32.663-S).

Efectos

No obstante que como ha quedado expuesto la sentencia homologatoria no es una verdadera sentencia por su forma, ya que si aprueba el convenio se la dicta como simple providencia, lo es, por sus efectos; ello, porque no obstante constituir una verdadera declaración de certeza respecto de una relación jurídica controvertida, su contenido declarativo no es óbice a la posibilidad de su ejecución en el mismo proceso a que puso fin (C. Nac. Paz, sala 3ª, 13/8/1970, LL 142-624, 26.400-G). Participa así de los efectos de la sentencia definitiva, como que su ejecución tiene lugar por la vía que contemplan los arts. 499 y ss. del ordenamiento procesal (cfr. art. 500, inc. 1º, Cód. cit.) (C. Nac. Civ., sala A, 28/10/1971, LL 147-732, 29.228-S).

Límites

No resulta pertinente la homologación judicial de un convenio transaccional celebrado extrajudicialmente y presentado al expediente luego del dictado de la sentencia, por cuanto el ámbito de las sentencias homologatorias previsto por el art. 162 del CPCCN está restringido sólo a formalizar un modo anormal de concluir el procedimiento, requiriendo por ende un proceso antecedente "en trámite", que es justamente lo que en la especie ya no existía por haberse dictado sentencia (C. Nac. Com., sala A, 6/5/2008, "Rolón, Mirta v. Yacovone, Graciela s/Ejecutivo", AP 8/19105).

Convenios extrajudiciales

Si bien los convenios extrajudiciales no están contemplados expresamente en la norma del art. 162 del ordenamiento procesal, nada se opone a que también se homologue lo acordado en ellos, en cuyo caso se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo (C. Nac. Civ., sala C, 5/4/1984, DJ 1984, vol. 6, p. 173; ED 109-328; C. Nac. Com., sala E, 23/2/2009, "Russki, Nancy Margarita Sara v. Caja de Seguros SA s/homologación de convenio", AP 8/21564).

Aunque también se ha decidido lo contrario, argumentando que el ámbito de las sentencias homologatorias previsto por el art. 162 está restringido sólo a formalizar un modo anormal de concluir el procedimiento, requiriendo por ende un proceso antecedente en trámite, que es justamente lo que en la especie no existe, donde el recurrente reclama la intervención judicial para dotar al instrumento de certeza y ejecutabilidad, lo cual no constituye cuestión que imponga al órgano jurisdiccional proveer ese acto, pues su potestad proviene de la ley y no de un convenio de partes (C. Nac. Com., sala A, 20/9/2007, "Chiesa, Ángel v. Lovey, Feliciano s/Ordinario", AP 11/44804) y que no procede la homologación judicial de convenios privados celebrados por las partes respecto de los cuales se reclama la intervención judicial al solo efecto de dar certeza y ejecutabilidad al instrumento, cuando no preexiste un conflicto que justifique la intervención judicial (C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 1ª, 15/07/1997, "San Cristóbal Soc. Mutual de Seguros Generales v. I.N.D.E.R. s/proceso de conocimiento", AP 8/2511; sala 3ª, 10/5/2005, "Comisión Nacional de Regulación del Transporte s/resolución 891/2003 v. Transporte Villa María SRL s/varios", AP 8/16544).

Asimismo se ha declarado que no corresponde homologar judicialmente un convenio de desocupación de un local comercial, pues no constituye una cuestión contenciosa que competa dirimir en juicio ni puede subsumirse en alguno de los procesos voluntarios previstos en el código de rito; agregando que tampoco es admisible aplicar analógicamente el procedimiento de homologación de acuerdos de desocupación, contemplado por el art. 47 de la ley 21.342, pues se trata de un régimen excepcional previsto exclusivamente para inmuebles destinados a vivienda (C. Nac. Com., sala E, 5/4/2006, "Cenconsud SA v. Dream SA s/ordinario", AP 11/40772).

Nulidad

Si la sentencia ha sido dictada ante la sola presentación del actor y la primera noticia que ha tenido el incidentista de la existencia de las actuaciones, ha sido la notificación del auto homologatorio, basta para concluir que el procedimiento seguido se encuentra viciado de nulidad (C. Nac. Civ., sala A, 28/10/1971, LL 147-732, 29.228-S).

Sentencia definitiva de primera instancia.

Art. 163. — Sentencia definitiva de primera instancia.

La sentencia definitiva de primera instancia deberá contener:

1º) La mención del lugar y fecha.

2º) El nombre y apellido de las partes.

3º) La relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio.

4º) La consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior.

5º) Los fundamentos y la aplicación de la ley.

Las presunciones no establecidas por la ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados, y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica.

6º) La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte.

La sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos.

7º) El plazo que se otorgase para su cumplimiento, si fuere susceptible de ejecución.

8º) El pronunciamiento sobre costas, la regulación de honorarios y, en su caso, la declaración de temeridad o malicia en los términos del art. 34, inc. 6º.

9º) La firma del juez.

CPCCN: Art. 163. — Sentencia definitiva de primera instancia. La sentencia definitiva de primera instancia deberá contener:

1) La mención del lugar y fecha.

2) El nombre y apellido de las partes.

3) La relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio.

4) La consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior.

5) Los fundamentos y la aplicación de la ley.

Las presunciones no establecidas por ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica.

La conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso podrá constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones.

6) La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte.

La sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos.

7) El plazo que se otorgase para su cumplimiento, si fuere susceptible de ejecución.

8) El pronunciamiento sobre costas y la regulación de honorarios y, en su caso, la declaración de temeridad o malicia en los términos del art. 34, inc. 6.

9) La firma del juez.

CPCCN (LEY U-0692): Art. 164.

Hechos sobrevinientes

Si bien por principio la decisión de la causa debe versar sobre los hechos y cuestiones planteados en los escritos constitutivos, es por consideraciones de economía procesal que se posibilita meritar en la sentencia los que se hubieran producido durante el trámite de la causa y se hallan debidamente probados. Potestad judicial que no se encuentra supeditada a la circunstancia de que las partes los alegaren como hechos nuevos.

La conducta procesal de las partes como elemento de convicción

La reforma de 1981 incorporó un nuevo apartado al inc. 5º del art. 163 del Código nacional, que posibilita al juez computar la conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso, como "un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones".

Como se ha señalado, la norma, que tiene su fuente en el art. 116 del Código Procesal italiano y también en diversos precedentes anteriores, permite al juzgador, inferir argumentos de prueba, en general, de la conducta de las propias partes en el proceso.

El comportamiento procesal adquiere así valor indiciario, de modo que las conclusiones que el juez extrae de la conducta observada por las partes se erigen en argumentos de prueba corroborante. Argumentos que pueden provenir sea de la negativa a exhibir documentos (arts. 387 CPCCBA, 388 CPCCN), ya de las respuestas brindadas en los supuestos del art. 36, inc. 4º, a), o cuando son sometidas al interrogatorio informal del art. 416 CPCCBA (art. 415CPCCN) o bien de su incomparecencia a tales actos. No son sino aplicaciones concretas del principio de probidad y buena fe.

Sin embargo, dado que sólo se trata, como expresa la norma, de elementos de convicción corroborante de las pruebas, no pueden erigirse, por sí solos, en plena prueba de las afirmaciones controvertidas. Sin embargo, a tenor de las circunstancias, el juez tiene al respecto amplio margen de apreciación.

Jurisprudencia nacional

I) Sentencia definitiva de primera instancia

1) Principios generales

La sentencia es un acto jurídico que, cual integrante de ellos, pertenece a la rama de los formales, y su formalidad es exigida ad solemnitatem, como implícitamente lo establece también el art. 163 del Código Procesal (C. Nac. Com., sala B, 12/4/1977, JA 1978-III-536); habiéndose añadido que como medio por el cual el juez ha ejercido su función jurisdiccional, resolviendo definitivamente la cuestión litigiosa, debe ser considerada como un acto procesal autónoma e indivisible, que es la expresión gráfica de la síntesis del pensamiento lógico-jurídico y de la voluntad del sentenciante (C. Nac. Com., sala B, 4/12/1979, ED 86-720).

Constituye ante todo una operación lógica, en la que el juez vierte el proceso mental que lo lleva a adoptar determinada solución del litigio. Ese proceso, antecedente de la voluntad jurídica que da vida al pronunciamiento judicial, de alguna manera ha de trascender, y no queda oculta al conocimiento de las partes (C. Nac. Civ., sala D, 16/8/1971, JA 1972, vol. 14, p. 65; LL 149-567, 29.814-S).

Tal decisión judicial tiene por cometido concretar el mandato legal, según fuere pertinente en razón de los hechos propuestos al conocimiento del juez; evitando una derivación mecanicista de la regla general, en cuando premisa mayor del silogismo, derivada de la verdad fáctica que constituye la necesaria premisa menor (C. Nac. Fed., en pleno, 7/9/1976, LL 1976-D-168). Es, por lo tanto, extraña a la función judicial la declaración que no está dirigida a proteger ningún interés actual, y que se erige en cuestión abstracta (C. Nac. Civ., sala B, 11/6/1975, LL 1975-D-338), habiéndose acotado que las pretensiones mercantiles deducidas en justicia no tienden a la obtención de declaraciones, sino a lograr el mandato de dar o hacer cosas o procederes físicos determinados, lo que es por demás claro en la legislación adjetiva cuando exige pronunciamientos positivos (C. Nac. Com., sala D, 31/5/1978, LL 1978-C-631).

De todo ello se sigue, que no resulta admisible la expedición consciente de un pronunciamiento judicial imposible de ser cumplido en los hechos (C. Nac. Civ., sala F, 27/5/1971, LL 145-324; JA 1971, vol. 12, p. 230).

Los magistrados en sus decisiones han de circunscribirse a meritar los elementos fácticos y jurídicos necesarios para la solución de las causas, omitiendo consideraciones extrañas a ellas e innecesarias a ese objeto, absteniéndose asimismo, de efectuar apreciaciones con sentido personal en aspectos relacionados con los temas sometidos a su conocimiento. La prudencia y la justicia, virtudes ínsitas en la calidad de juez, exigen adecuada ponderación y ajustada medida en el valor de las expresiones y los juicios que requieren las circunstancias de cada causa (Corte Sup., 22/8/1978, Fallos 300:949; 23/12/1981, Fallos 303:202, 13/11/1990, "Molina, Alejandro C.", JA 1991-II-74).

Importa subrayar que, para ser eficaces, como primer recaudo requieren ser dictadas por el juez con jurisdicción (Corte Sup., 22/12/67, LL 131-1123, 17.817-S), así como la debida formación del proceso y su regular tramitación son condición ineludible de validez de, la sentencia, pues la potestad judicial podría tornarse arbitraria de no ser desarrollada de manera legal (C. Nac. Civ., sala D, 14/3/1980, ED 90-562).

II) Partes integrantes de la estructura

A) Resultandos

En la estructura de la sentencia los resultandos tienen por finalidad la individualización de los sujetos de la pretensión y la delimitación del ámbito objetivo del litigio sobre el que ha de recaer el pronunciamiento (art. 163, incs. 29 y 39, Cód. proc.) (C. Nac. Com., sala C, 3/11/1980, LL 1981-C-140). Se incluye así entre los elementos que la sentencia deberá contener "la relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio", lo que no significa una relación de los hechos, sino de las cuestiones controvertidas (C. Nac. Paz, sala 4ª, 7/8/1970, LL 142-611. 26.327-S). Y sin que resulte una exigencia de la ley adjetiva, es de estilo judicial agregar una breve relación de las vicisitudes del proceso, a cuyo efecto basta una mera referencia. Mas su omisión no infringe ninguna regla procesal y consecuentemente no puede ser motivo de agravio (C. Nac. Com., sala C, 3/11/1980, LL 1980-C-140). De allí, que si bien no le está permitido al juez violar las normas que reglan al proceso; no pudiendo conducirlo a su arbitrio, tampoco reviste el carácter de un ente que mira con pasividad el desarrollo del mismo. Su función es responder a su sentido de justicia; y mientras esto último se logre, las omisiones en que hubiere incurrido referidas a la relación de los hechos, pierden trascendencia, pues las mismas no hacen a los fundamentos, del fallo; el inc. 3º de esta norma, como ha quedado puesto de relieve, sólo exige la aludida "relación sucinta" de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio (C. Nac. Civ., sala F, 11/4/1972, LL 148-491; JA 1972, vol. 14, p. 465; C. Nac. Esp. Civ. y Com., sala 1ª, 15/9/1976, BCNECyC, 629, nro. 8748).

Concordantemente se ha resuelto que si bien la relación de la causa sirve de índice para encuadrar el problema en debate, la defectuosa redacción que emplee el sentenciante no influye en la solución que en último término se dé al pleito (C. Nac. Civ., sala A, 19/3/1974, LL 155-560); o pierden virtualidad las observaciones que el justiciable puntualiza respecto de los "vistos" de la sentencia, pues hacen sólo a la parte del pronunciamiento que se refiere a la relación de las cuestiones que constituyen el objeto real del pleito y no a los fundamentos de la decisión (C. Nac. Civ., sala C, 23/7/1969, LL 137-797, 23.051-S).

B) Considerandos

a) Motivación

1) Generalidades

El juez tiene la obligación, bajo pena de nulidad, de fundar suficientemente la sentencia que dicte (art. 163; inc. 5º Cód. Proc.). La Corte Suprema ha declarado que la exigencia de que los fallos judiciales tengan fundamentos se nos reconoce raíz constitucional y reconoce, como contenido concreto el imperativo que la decisión se conforme a la ley y a los principios de la doctrina y jurisprudencia vinculados con la especie a decidir (C. Nac. Esp. Civ. y Com., sala 5ª, 23/11/1977, BCNECyC, 661, nro. 95.2.1). Deviene, por lo tanto, ineludible la expresión de los fundamentos de la decisión referidos tanto a los hechos como al derecho, lo cual debe traducirse inexcusablemente en la sentencia, no sólo porque así lo exige esta norma, sino también porque su omisión afecta gravemente el derecho de defensa (C. Nac. Civ., sala D, 4/7/1969, LL 137-188; 16/8/1971, JA 1972, vol. 14, p. 65; LL 149, 29.841-S; 7-74, LL 156-815, 31.679-5; 13/8/1974, LL 156-817, 31.693-8; íd., sala F, 11/12/1974, LL 1975-B-904, sum. 950; 18/9/1975, LL 1976-A-484, 33.169-S).

La motivación del fallo constituye un deber administrativo del magistrado. La ley se lo impone como una manera de fiscalizar su actividad intelectual frente al caso, a los efectos de poderse comprobar que su decisión es un acto reflexivo, emanado de un estudio de las circunstancias particulares, y no un acto discrecional de su voluntad autoritaria (C. Nac. Civ., sala A, 30/10/1975, LL 1976-B-434, 34.507-S; íd. sala D, 16/8/1971, JA 1972, vol. 14, p. 65; LL 149-567, 29.841-S). Las resoluciones dictadas por los magistrados han de hallar sustentación por ende, no por cierto en el simple presupuesto del poder de que están investidos por la ley, sino en la expresión de los fundamentos de sus decisiones que han de surgir del referido estudio de las actuaciones pero atinentes y de las consideraciones jurídicas del caso (C. Nac. Com., sala G, 6/9/1972, JA 1972, vol. 16, p. 200; LL 1975-B-904, sum. 951).

Y obviamente no basta resolver el litigio, hay que resolverlo con arreglo a criterios y apreciaciones que, por hallarse, dotados de fuerza de convicción, puedan convencer. De otro modo la decisión no sería más que el producto del arbitrio limitado de los jueces. En otras palabras: no basta que un fallo tenga fundamentos; es menester que estos fundamentos estén a la vez fundados. Porque si no lo están entonces sólo hay una apariencia de fundamentaciones (Carrió) (C. Nac. Civ., sala A, 30/10/1975, LL 1976-B-434, 33.507-S).

Toda sentencia, consecuentemente, debe estar fundada respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia, bajo pena de nulidad, y ésta procede cuando el acto carece de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad (C. Nac. Civ., sala E, 29/11/1968, LL 138-905, 23.445-S). Entonces ha de dejársela sin efecto si carece de la suficiente fundamentación exigida para su validez por prescindir del examen y decisión de cuestiones oportunamente propuestas, cuando tal omisión afecta de manera sustancial el derecho del recurrente y la decisión del tema sea conducente para la solución de la causa (Corte Sup., 10/7/1974, LL 156-905, sum. 905.

Pero para su validez es suficiente que se hayan considerado y resuelto los puntos esenciales del litigio, refiriéndose en forma expresa, positiva y precisa a las acciones deducidas en juicio (Corte Sup.. 1/4/1982, Fallos 304:451; 8/6/1982, Fallos 304:819).

2) Orden de los fundamentos

Demanda y contestación pueden recibir en el decisorio un tratamiento conjunto, porque no es indispensable examinar las mismas en su orden (C. Nac. Com., sala B, 11/12/1964, ED 10-504). Así resulta plausible que, leídas ambas y examinada la prueba, pueda el juez tener una opinión formada sobre la razón o sinrazón de las respectivas posiciones; de suerte que a manera de corolario es acertado el resumen de ese análisis previo, sin perjuicio que en los siguientes considerandos se den los fundamentos de hecho y de derecho en que se han basado las conclusiones anteriores (C. Nac. Civ., sala F, 12/12/1967, LL 131-1168, 18.077-S).

Al cabo, el orden en que el sentenciante expone los razonamientos que lo llevan a la decisión es una característica personal de redacción, que no puede ser pasible de objeción porque se piense que debería efectuarse la exposición de otra manera (C. Nac. Civ., sala E, 11/3/1977, LL 1977-C-513); cada juez puede adoptar la modalidad que crea más conveniente y eficaz; para ello no hay fórmulas sacramentales (C. Nac. Civ., sala E, 17/4/1975, JA 1975, vol. 27, p. 238).

b) Motivaciones de hecho

1) Verdad

Si bien la acción ha sido concebida como una figura jurídica autónoma, necesariamente coordinada a un interés y a una pretensión jurídica que da lugar al ejercicio de un derecho público subjetivo a través del cual se requiere la intervención del órgano jurisdiccional para obtener su protección frente a un adversario, mediante la actuación de la ley, ello no quiere decir, que el juez no tenga posibilidad de movimiento en el análisis de los hechos que dan lugar al litigio, así como a su interpretación frente al complejo normativo aplicable. Puede investigar la verdad dentro de los hechos invocados en la relación procesal, desde que el art. 36, incs. 2º, 3º, 4º y 5º, invisten al órgano jurisdiccional de facultades suficientes para investigar la verdad de los hechos motivo de la litis, sin necesidad de romper con el principio de la igualdad en que la ley coloca a las partes. Cabe tener presente, no obstante, que a pesar de la preponderancia del principio publicístico, las partes siguen siendo dueñas de los hechos con la carga de sus respectivas pruebas y, en alguna medida, el principio dispositivo, continúa subsistiendo en la norma adjetiva.

En consecuencia, aunque la litis fija los límites de poderes del juez, los que han quedado determinados al momento de ser trabada la relación procesal, y la conformidad entre la sentencia y la demanda en cuanto a las personas, el objeto y la causa, constituye una ineludible exigencia de cumplimiento de principios sustanciales del juicio, relativos a la bilateralidad, igualdad y equilibrio procesal, es lo cierto que ello no puede interpretarse, como que nuestras estructuras procesales envuelven al juez inmovilizándolo. Desde la perspectiva de los hechos puede desplegar la actividad oficiosa que surge de los arts. 34, inc. 4º en correlación con el 163, inc. 6º de la legislación adjetiva, y sobre esa base emitir la sentencia de mérito suministrando los fundamentos de hecho en miras a la prevalencia de la verdad (C. Nac. Com., sala B, 24/9/1982, LL 1982-A-82).

Es a su vez propio de los jueces de la causa determinar cuándo existe negligencia procesal sancionable de las partes así como disponer lo conducente para el respeto de la igualdad en la defensa de sus derechos. Pero ni una ni otra consideración son bastantes para excluir de la solución a dar al caso su visible fundamento de hecho, porque la renuncia consciente a la verdad es incompatible con el servicio de la justicia (C. Nac. Civ., sala A, 11/7/1969, LL 137-770, 22.885-8) [sin olvidar un activo uso del art. 36, inc. 2°, CPN].

2) Prueba: Valoración

El juzgador forma su convicción a través de los elementos de prueba que estima esenciales y suficientes para resolver el pleito, sin necesidad de tener que referirse a la totalidad de los que se hubieran producido en los autos (C. Nac. Civ., sala D, 21/9/1976, LL 1979-A-576, sum. 3559). Decide así el litigio conforme a las acciones deducidas en el juicio, según las causas invocadas y con arreglo a las pruebas aportadas, no siéndole impuesto como obligación que deba expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas sino únicamente las que fueran esenciales y decisivas para el fallo de la causa (C. Nac. Civ., sala D, 1/6/1978, JA 1979-IV-418; 27/4/1979, JA 1980-III-338).

Precisamente ha sentado la Corte Suprema la doctrina que los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones, ni a analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (Corte Sup., 29/4/1970, LL 139-617; 27/8/1971, LL 144-611, 27.641. S; 11/8/1971, LL 147-676, 28.869.8; 27/8/1971, LL 145-346; 12/4/1972, LL 148-692, 29.625-S; 26/12/1972, LL151-633, 30.313-S; 23/11/1976, Fallos 296:445; 30/11/1976, LL 1977-B-218; ED 31-305; 12/4/1977, Fallos 297; 16/5/1978, Fallos 300: 535; 10/4/1980, Fallos 302:25; 3/3/1981, ED 93-716; 1/4/1982 Fallos 304:451; 8/6/1982, Fallos 304:819) reiteradamente han reafirmado ese criterio los órganos jurisdiccionales de la instancia ordinaria al puntualizar que los magistrados en sus fallos deben hacer la ponderación de las pruebas importantes decisivas y que realmente comprometen la situación jurídica de las partes, pudiendo omitir algún medio y modo probatorio que no tiene trascendencia y que no puede oponerse a los otros ya analizados (C. Nac. Civ., sala B, 18/7/1975, LL 1975-D-365; íd., sala E, 19/8/1976, LL 1978-B-663, 34.593-S; íd., sala E, 30/7/1976, LL 1976-D-264; C. Nac. Com., sala A, 22/7/1980, ED 89-508; C. Nac. Fed., sala 1ª, Civ. y Com.; 11/9/1979, LL 1980-A-382; íd., sala 2ª, Cont. Adm., 18/12/1979, LL 1980-B-269; C. Nac. Esp. Civ. y Com., sala 4ª, 30/6/1983, LL 1983-C-529); ello sin perjuicio de que el tribunal de alzada, si lo estimare pertinente pueda examinar los elementos probatorios de los que prescindiera el juez (C. Nac. Esp. Civ. y Com., sala 1ª,12/8/1975, BCNECyC, 601, nro. 8086).

Importa subrayar que la convicción judicial es el resultado de la valoración de los hechos y de las pruebas, confrontados con los preceptos legales pertinentes. Su conocimiento por las partes es necesario para que puedan expresar los agravios en la instancia de apelación. Por eso el apañamiento de tales reglas constituye un vicio de la sentencia susceptible de invalidarla como acto procesal (C. Nac. Civ., sala D, 4/7/1969, LL 137-188; 11/12/1974, LL 1975-B-904; sum. 950). Asimismo, se ha declarado que la simple recapitulación efectuada por el juez en la sentencia de la prueba producida por las partes y la posterior expresión de que los valora según las reglas de la sana crítica, no satisface ni en mínima medida, su obligación legal de dar concretamente las razones que tiene para aceptar o rechazar esa prueba, y decidir conforme a la interpretación que, de ella haga, exponiendo sus motivaciones acerca de si las pretensiones de las partes encuadran o no en la ley que rige el caso. Ello importa tanto como decidir la causa arbitrariamente, por su sola voluntad privando —además— a las partes de la posibilidad de formularle la "crítica razonada y concreta" que en el caso de apelar la sentencia, les exige el art. 265 del ordenamiento procesal (C. Nac. Civ., sala D, 30/10/1978, LL 1979-B-401).

Integrando estas connotaciones sobre el examen crítico de los hechos y la valoración de la prueba, cuadra destacar que como proceso psicológico y como operación lógica, el fallo no puede apoyarse en simples impresiones o creencias subjetivas, sino en los hechos y las pruebas que, sometidos a su juicio, produzcan la misma seguridad en el ánimo de cualquier ciudadano sensato o imparcial (C. Nac. Civ., sala D, 8/9/1967, LL 129-94), todo ello sin perjuicio de que los magistrados judiciales, en mérito de la instrucción y vista del asunto controvertido, en principio, casi nunca pueden formar en su ánimo una certeza absoluta acerca del hecho enjuiciado, contando en la generalidad de los casos con una certeza moral (C. Nac. Civ., sala E, 8/4/1976, ED 72-516) [Remisión, § 218, p.611].

3) Presunciones

Las presunciones, como prescribe el inc. 5º de esta norma, cuando no están establecidas por la ley, sólo constituirán prueba en tanto se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, lleven al ánimo del juez la razonable convicción de la verdad del hecho o hechos controvertidos conforme a las reglas de la sana crítica, aunque no llegue a producir una certeza absoluta (C. Nac. Civ., sala D, 1/2/1972, JA 1972, vol. 15, p. 443; LL 153-439, 31.312-S; 2/3/1973, LL 151-31; JA 1973, vol. 19, p. 519; íd., sala E, 1/12/1970, LL 144-538, 27.129-S; 23/12/1971, LL 148-676, 29.530-S; 2/3/1973, LL151-479; 21/8/1973, LL 153-356; 6/2/1975, ED 61-450; LL 1975-C-498, 32.626-S; 15/8/1976, LL 1977-B -331; ED 69-245; 2/2/1977, ED 73-503; C. Nac. Esp. Civ. y Com., sala 4ª, 29/12/1972, LL 150-640; JA 1973, vol. 19, p. 61).

Las mismas son las consecuencias que en el proceso de formación de la sentencia se obtienen por el establecimiento de caracteres comunes en los hechos. Suponen una doble operación mental inductiva y deductiva, ya que mediante la primera el sentenciante se eleva de los hechos a un principio general y mediante la segunda aplica este principio a los hechos en particular, afirmando que en iguales circunstancias éstos se comportarán de la misma manera (C. Nac. Esp. Civ. y Com., sala 4ª, 3/3/1983, ED 103-631). En este quehacer jurisdiccional es indispensable que entre el hecho demostrado —indicio— y aquel que se trata de deducir, haya enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano. En consecuencia, para que surja la presunción, es necesario que los indicios se hallen constatados por prueba directa. De lo expuesto, los jueces conciertan que un hecho, constituye indicio capaz de generar una presunción, cuando sea demostrativo de una relación determinada (C. Nac. Esp. Civ. y Com., sala 2ª, 7/6/1977, BCNECyC, 643, nro. 9(88), llamándose indicio, todo rastro, vestigio, huella, circunstancia y en general todo hecho conocido, o mejor, debidamente comprobado, susceptible de conducir por vía de inferencia al conocimiento de otro hecho desconocido (C. Nac. Civ., sala B, 2/4/1975, ED 63-491).

También se ha juzgado que la presunción constituye un caso de inversión de prueba, porque favorece a quien la invoca, y pone a cargo de la otra parte la prueba en contrario. Pero para que surja la presunción, como ya ha sido puesto de relieve, es necesario que los indicios se hallen constatados por prueba directa, de donde resulta que al que alega la presunción de un hecho corresponde la prueba de los indicios que han de servir al juez de punto de partida para su razonamiento, y el que pretende destruir la presunción corresponde acreditar la existencia de contraindicios o la demostración de que ella no reviste los caracteres de gravedad, precisión, y concordancia que se requieren para que se erijan en prueba (C. Nac. Esp. Civ. y Com., sala 4ª, 3/3/1983, ED 100-631).

Debe repararse que la pluralidad de presunciones no es requisito esencial de la prueba en materia civil (C. Nac. Civ., sala C, 13/7/1976, JA 1977-II-3; C. Nac. Com., sala A, 28/3/2003, "Gunplex SCA v. Mutual del Personal de la Prefectura Naval Argentina", AP 1/5511466; 9/10/2003, "C., K. v. A., I. y otros", JA 2004-II-615; 17/6/2004, "Blue Staff SRL v. Massalin Particulares SA", AP 1/70014916-2; 30/11/2006, "Ovando, Leandro A. v. Taller Mecánico Naval y otro", AP 1/1030495; 6/2/2007, "Velázquez Goytía, Luis A. v. Banco Río de la Plata SA", AP 1/1020099; 15/2/2007, "Morganti, Alberto v. Club House San Bernardo SA y otro", AP 1/1019446, y 8/5/2007, "Krasuk, Jorge L. v. Nidera SA", AP 1/1031847) y que cuando se dan los presupuestos legales, se ha declarado que las mismas son tan prueba como cualquier otra (C. Nac. Civ., sala E, 15/2/1977, ED 73-513); no ha de subestimarse el valor de ellas, pues constituyen la prueba de la razón misma (C. Nac. Civ., sala D, 1/2/72, JA 1972, vol. 15, p. 443; LL 153-439, 31.012-5) ni hay razón para relativizar su eficacia (C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 9/8/1983, "Marcer, Ernesto A. v. Compañía Arg. de Seguros La Estrella SA", JA 1984-III-402).

Integrando estas ideas desde la perspectiva de su atendibilidad se ha subrayado, asimismo, que en tanto no se pretenda por esta vía suplir la ausencia de una prueba directa exigida por la ley o procurable por medios idóneos insustituibles, las presunciones, mientras reúnan las características exigidas y se basen en los recaudos ya referidos establecidos por este precepto legal, gozan siempre de una eficacia probatoria que, valorable siempre según las reglas de la sana crítica revisten igual alcance que los medios reglamentados por la legislación adjetiva a partir de su art. 387 (C. Nac. Fed., sala 1ª, Civ. y Com., 22/8/1978, JA 1980, vol. 1, p. 670), y desde luego, cuando por las circunstancias del caso o por la índole de los hechos, la prueba directa es imposible o extremadamente difícil, no se puede hacer incidir las consecuencias que de allí derivan sobre la parte gravada con la carga de la prueba, de modo que en esos casos adquieren pleno valor las presunciones, medio que ha sido expresamente admitido por la ley (C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 29/4/1983, LL 1983-D-168).

4) La conducta observada por las partes

El juez puede fundar sus decisorios en las conductas que hayan guardado las partes. Es que si estuviéramos ante una fuente probatoria, se trataría de un caso de prueba presuncional admitida por el art. 163, inciso 5º del ordenamiento procesal. y si, por el contrario, se trata de una fuente de convicción, el art. 386 del mismo cuerpo legal le permitiría igual posibilidad al encargado de aplicar la ley procesal nacional, habida cuenta que dichas conductas van a ser ponderadas cuando se someta el material de decisión a la luz de la regla de la sana crítica (C. Nac. Civ., sala F, 27/6/1980, ED 89-642). Ese criterio sentado con anterioridad a la reforma de esta norma, ha sido reiterado con ulterioridad, declarando que la conducta observada por las partes durante "la sustanciación del proceso podrá constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones, según la tesitura ahora plasmada en el párrafo añadido a dicho precepto legal" (C. Nac. Civ., sala F, 9/3/1982, LL 1983-A-272; JA 1982-IV-007; ED 100-250 y, más actualmente, 22/9/1998, "A. de B., M. A. y B., Ch.", LL 2000-A-552). Mientras tanto, según otra corriente, la conducta procesal constituye un indicio (C. Nac. Com., sala A, 18/4/1997, "Banco de la Ciudad de Buenos Aires v. Farías, Ángel A.", LL 1998-C-55; C. Nac. Civ., sala J, 30/9/2005, "C., E. L. y otro v. R., F. D.", LL 2006-A-285).

Por aplicación de estas reglas, se ha ponderado la negativa a someterse a una pericia (C. Nac. Civ., sala D, 1/8/1983, "V., L. R. v. G., C. A.", LL 1983-D-547), a exhibir libros al perito y el ocultamiento de elementos probatorios de singular eficacia (C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 23/12/2003, "Ferrum SA de Cerámica y Metalurgia v. Starik, Sergio y otro", RCyS 2004-716).

Asimismo, se ha dicho que las alegaciones que exteriorizan en el proceso notorias contradicciones y favorecen así la ambigüedad sobre el acontecer del suceso (C. Nac. Civ., sala B, 4/10/2002, "Avala Ávalos, Evarista v. El Puente SA de Transporte y otros", DJ 2003/1/239), descalifican a la parte que las emite (C. Nac. Com., sala B, 19/6/1997, "Fernández, Luis v. Pueblas, Daniel O. y otro", LL 1997-F-327).

Se ha considerado un grave indicio desfavorable para la defensa el hecho de que una de las varias negativas incluidas en la contestación de demanda haya sido desmentida por prueba directa, porque queda en duda la probidad de quien se manifestó de esta manera y así está autorizado el tribunal para tomar escépticamente las restantes negativas (C. Nac. Com., sala B, 12/8/1991, "La Gremial Económica Cía. Argentina de Seguros SA v. Viggiano, Carlos A. y otra", JA 1992-II-22.).

c) Fundamentos de derecho

1) Principios generales

Las sentencias para que se encuentren fundadas deben consignar, aparte de los que sean obvios, los preceptos vigentes o principios doctrinarios o jurisprudenciales a que se ajusta la decisión (Corte Sup., 27/8/2011, LL 144-613, 27.655-S), aunque también se ha declarado que la exigencia de que los pronunciamientos judiciales sean motivados en derecho, no impide que las consideraciones de hecho satisfagan tal requisito, si la decisión puede ser referida a normas manifiestas que no requieren declaración expresa (Corte Sup., 7/8/2010, Fallos 211-310; LL 141-650, 25.368-S; 18/11/1976, LL 1977-B-619, 34.148-S; 13/7/1978, ED 79-515), así como que la sentencia que se dicte, aun cuando carezca de citas legales, no adolece de nulidad si sus fundamentos vienen estructurados en función de reglas contenidas en el ordenamiento jurídico (C. Nac. Com., sala C, 14/8/1974, LL 100- 662); o que, a pesar de la omisión de la cita legal en que se basa la condena, el fallo no resulta huérfano de sustento legal, si el a quo funda clara y concretamente el pronunciamiento en lo sostenido por el tribunal de alzada en una sentencia que dice tener a la vista y cuyos fundamentos comparte (C. Nac. Com., sala D, 24/2/1975, LL 1975-C-173). Es que no es nula la sentencia fundada en lo resuelto en un caso anterior semejante, pues basar la decisión, respecto del derecho, en una doctrina jurisprudencial aplicada en ocasión anterior, es perfectamente correcto, tanto más tratándose de doctrina consagrada no sólo en el juicio que menciona, sino en varios otros (C. Nac. Com., sala C, 25/6/1980, ED 90-350).

Igualmente, se ha decidido que para fundamentar la sentencia el juez puede remitirse a, los argumentos expuestos en el curso del juicio (C. Nac. Civ., sala D, 6/11/1978, LL 1972-A-443), siendo inviable la nulidad del decisorio basada en la falta de fundamentación y congruencia de la misma, si la sentencia en cuestión se remitió en sus fundamentos a las opiniones del agente fiscal y del funcionario de la quiebra (C. Nac. Com., sala C, 24/11/75, LL 1977-A-553, 33.993-S).

Desde la perspectiva del ingente papel que incumbe a los jueces en la elaboración del derecho —comprensivo de la declaración e interpretación de las normas jurídicas generales vigentes, de su sistematización y de la suplencia de sus lagunas (art. 16, Código Civil)— se ha puesto de relieve que no llega hasta la facultad de instituir la ley misma (C. Nac. Esp. Civ. y Com., sala 5ª, 6/9/1974, LL 1975-B-232, sum. 1077; BCNECyC, 580, nro. 7294, Corte Sup., 1/12/1988, "Sánchez Abelenda, Raúl v. Ediciones de la Urraca SA y otro", JA 1989-II-377; 2/12/1993, "Kreimbohn, Germán y otro v. Caja Administradora del Fondo Especial del Seguro y otro", JA 1995-III-síntesis).

2) Iura novit curia

Los jueces —en el cumplimiento de su misión constitucional de discurrir los conflictos litigiosos— tienen el deber de examinar autónomamente la realidad fáctica subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen. Atribución que por ser propia y privativa de la función jurisdiccional lleva a prescindir de los fundamentos y calificaciones normativas que postulen las partes, aun cuando concordaren en ellos; y que encuentra su único límite en el respeto al principio de congruencia, de raigambre constitucional, en cuanto invalida todo pronunciamiento que altere la causa petendi o introduzca planteos o defensas no invocadas (Corte Sup., 18/10/2006, "Calas, Julio E. v. Provincia de Córdoba y otro s/acción de amparo", AP 4/61392). Por lo tanto, sin perjuicio de lo que opinen las partes, el juez, como calificador e intérprete, debe analizar, y determinar los efectos de los actos cuya existencia se invoque basado en la voluntad de aquéllas y en la estructura jurídica de la hipótesis concreta en comparación con las leyes en vigor, imponiéndole el referido principio "iura novit curia" el deber de dirimir la litis según el derecho aplicable con prescindencia de los planteos de los justiciables (Corte Sup., 14/6/1977, LL 1977-D-105; ED 73-647; 4/8/1987, "Medilewski, Jacobo R. v. Szarfman, Isaac", AP 4/13855). Surge así como misión que alcanza el nivel de deber, la de aplicar el derecho objetivo con independencia del invocado por las partes (Corte Sup., 7/4/1975, LL 1975-D-456, sum. 1614; 20/8/1975, Fallos 292:398). Es decir, que si el tema planteado remite a consideraciones de orden jurídico inherentes al derecho vigente, su aplicación es deber irrenunciable de los jueces, careciendo de efectos vinculatorios la fundamentación jurídica argüida por los justiciables (Corte Sup., 21/10/1976, LL 1977-A-502; ED 70-165).

Es el juzgador quien califica en definitiva la acción iura novit curia, con abstracción de la que hubieran efectuado las partes, de tal manera que aún puede rectificar la que se hubiere efectuado en la demanda desde que la identificación de las acciones en justicia se hace por la naturaleza de los hechos en que se apoyan las partes y no por el enfoque jurídico bajo el cual erróneamente se hubieran encuadrado dichos hechos (C. Nac. Civ., sala D, 28/4/1977, LL 1977-C-460). La aplicación del mencionado principio conduce a que el sentenciante deje de lado la calificación que los litigantes o sus abogados hayan dado a la acción deducida y apliquen la norma correspondiente (C. Nac. Com., sala C, 19/3/1976, LL 1977-A-211; JA 1977-I-173).

Como corolario, el que las partes hayan planteado la cuestión invocando con acierto o no una acción determinada, no es obstáculo a que el órgano jurisdiccional supla la situación, en tanto de las actuaciones emerjan hechos jurídicamente relevantes (arg. nota art. .896, CCiv.), que exigen aplicar la norma que más se adecua a aquéllos (C. Nac. Com., sala C, 19/3/76, LL 1977-A-211; JA 1977-I-173); ya que cabe reiterar que la calificación que se haga por el litigante cuando en su sustancia resulta errónea y, que, corresponda a otra denominación, es susceptible de corrección de oficio, iura novit curia (C. Nac. Esp. Civ. y Com., sala 5ª, 16/9/1976, BCNECyC, 630, nro. 8772). Es decir, que los jueces actúan con independencia de las partes en la calificación de la acción relación sustancial y la determinación de la norma aplicable en la actuación del derecho, pudiendo decidir el pleito con arreglo a razones, jurídicas distintas a las invocadas por las partes sin que por ello el proceso pierda congruencia (C. Nac. Civ., sala A, 13/5/1975, LL 1975-D-199; JA 1975, vol. 28, p; 140; C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 4ª, 3/9/2002, "Secin SA v. DGA.", AP 8/14010); y por encima de la denominación que aquéllas den a los actos jurídicos que celebren, lo que cuenta fundamentalmente es su verdadera naturaleza, de suerte que los jueces pueden prescindir de tal calificación cuando no se ajusta al contenido del acto (C. Nac. Civ., sala D, 19/4/1974, ED 55-289; LL 1975-A-700, 132.176-S; C. Nac. Com., sala D, 15/8/1983, "Coprin SAIC v. Celia Hnos. SA", AP 11/7262).

De todo ello se sigue que la decisión del juicio por razones distintas a la aducida por las partes, cuando éstas han sido oídas, no constituye violación de la defensa en juicio desde que sólo importa el ejercicio de la facultad de suplir el derecho (C. Nac. Civ., sala A, 13/5/1975, ED 68-159).

Empero, si bien de acuerdo al aludido brocárdico, el sentenciante puede suplir el derecho silenciado por las partes o mal invocado, ello es así en tanto no se modifiquen los supuestos de hecho del caso (Corte Sup., 22/2/1977, LL 1977-B-544; ED 72-226); el deber consagrado en esta norma (inc. 6º) reconoce como limitación, la de que los jueces no pueden convertir una acción en otra distinta, que ni virtualmente ha sido invocada por las partes (C. Nac. Civ., sala B, 28/4/1976, JA 1977-I-242). Es que en salvaguardia del principio de congruencia debe ajustar sus decisiones, a las peticiones oportunamente formuladas por los litigantes al trabarse la relación procesal (C. Nac. Civ., sala B, 29/4/1980, ED 88-717). No cabe, por lo tanto, alterar las circunstancias de hecho involucradas en el proceso ni introducir pretensiones o cuestiones no debatidas (C. Nac. Fed., sala 2ª, Civ. y Com., 19/9/1975, LL 1976-B-440, 33.554-8), ni arribar a lo que resulta extraño a la acción intentada, porque ello, implicaría pronunciarse fuera de la litis, en detrimento de la igualdad procesal de las partes (C. Nac. Com., sala E, 8/4/1976, LL 1978-A-610, 34.469-S), con violación al derecho de defensa de la contraparte (C. Nac. Civ., sala F, 10/6/1974, JA 1974, vol. 23, p. 263; ED 56-291; LL 1975-A-765, 32.058-S).

Como recapitulación: no obstante que de acuerdo con el referido aforismo iura novit curia los jueces pueden apartarse del derecho invocado por las partes, no lo es menos que en preservación del principio de congruencia deben ajustar sus decisiones a las peticiones formuladas al trabarse la litis (C. Nac. Civ., sala B, 29/4/1980, ED 88-717). Han de aplicar los preceptos pertinentes en base a los hechos expuestos por los litigantes, pero ello no autoriza a cambiar la acción interpuesta ni a modificar los términos en que ha quedado trabada la litis; lo contrario importaría conculcar lisa y llanamente la garantía de defensa en juicio faltando a las reglas del debido proceso, que tiene raigambre constitucional lo mismo que el principio de igualdad ante la ley (arts. 18 y 16, CN), asegurado por el Código Procesal al tratar sobre los deberes de los jueces (C. Nac. Civ., sala F, 22/7/83, LL 1983-D-146).

Por aplicación de estas reglas, se ha dicho que si bien conforme con el principio iura novit curia, los jueces no se encuentran vinculados por la calificación jurídica que las partes dan a sus pretensiones y pueden suplir el derecho mal invocado por aquéllas, ello es así en tanto no alteren las bases fácticas del litigio o la causa petendi, lo que ocurre si la pretensión, originariamente planteada desde la perspectiva de la teoría del riesgo —responsabilidad extracontractual—, fue transformada en una acción de responsabilidad contractual basada en una obligación de seguridad con un factor de atribución objetivo insuficientemente fundado en el pronunciamiento; que no se encuentra expresamente legislado y que, en definitiva, se trata de una interpretación judicial que pretende obligar al pago de una deuda en principio ajena a la demandada (Corte Sup., 23/12/2004, "Herrero Morales, Daniela F. y otros v. Arcos Dorados SA", AP 4/54261).

Finalmente, se destaca en esta parcela que el magistrado en el mejor de los casos podrá suplir el derecho, pero no se trata por cierto de que el juez deba suplir la deficiencia en el planteo de la acción, ni que por medio de la "apreciación" puede deducir lo que se reclama. Es función específica de las partes —ligada a sus propios intereses— cumplir seriamente con los recaudos necesarios para dejar clara y legalmente planteadas sus exigencias (C. Nac. Civ., sala D, 12/9/1978, LL 1979-A-16; ED 80-387).

d) Principio de congruencia

1) Principios generales

El principio de congruencia, como expresión del derecho de propiedad y de la defensa en juicio, obedece a que el sistema de garantías constitucionales del proceso esté orientado a proteger los derechos y no a perjudicarlos; de ahí que lo esencial es que la justicia repose sobre la certeza y la seguridad, lo que se logra con la justicia según la ley, que subordina al juez en lo concreto, respetando las limitaciones formales —sin hacer prevalecer tampoco la forma sobre el fondo, pero sin olvidar que también en las formas se realizan las esencias— (Corte Sup., Fallos 329:5903)

Se vincula con la garantía de la defensa en juicio, ya que como regla el pronunciamiento judicial que desconoce o acuerda derechos no debatidos es incompatible con las garantías constitucionales, pues el juzgador no puede convertirse en la voluntad implícita de una de las partes, sin alterar el equilibrio procesal de los litigantes en desmedro de la parte contraria. (Corte Sup., Fallos 327:1607, del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte).

En tal contexto, los arts. 34, inc. 4º, 163, inc. 6º y 164 del Código Procesal consagran el principio de congruencia, base de nuestro ordenamiento jurídico adjetivo, que se deriva a su vez del sistema dispositivo. Puede definírselo como la conformidad que ha de existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan ese objeto y la praxis judicial ha expresado en torno al mismo, que las sentencias judiciales deben atenerse a la situación que existía al momento de trabarse el debate, resolver con arreglo a las acciones deducidas en el juicio, pronunciarse sobre todo lo que piden las partes y cada más que sobre lo que piden, decidir las peticiones concretas, encuadrarse en el marco de los hechos y pretensiones precisas que se hayan traído a conocimiento, y resolución del órgano, y guardar correspondencia con la demanda en cuanto a las personas, el objeto y la causa. No debe considerar el juez, otras cuestiones que las incluidas en la relación procesal, ni pronunciarse sobre pretensiones no deducidas, cosas no pedidas o solicitudes no formuladas. De lo expuesto se desprende sin duda que la sentencia no puede hacer mérito sino de lo peticionado en la demanda y reconvención (C. Nac. Civ., sala A, 11/8/9175, LL 1976-A-265; íd., sala B, 11/10/1976, LL 1977-D-581; ED 71-186; íd., sala C, 13/11/1979, ED 87-407; íd., sala D, 10/8/1971, JA 1972, vol. 13, p. 451; LL 151-652, 30.434- S; 6/11/1974, ED 63-514; 14/9/1979, JA 1980, vol. 111, p. 343; íd., sala E, 26/2/1975, LL 1975-B-351; 3/6/1977, LL 1978-D-817, 34.839-S; íd., sala F, 5/8/1969, LL 137-423; JA 1969-IV-444; 9/6/1976, LL 1979-A-576, sum. 3554; C. Nac. Com., sala A, 29/5/1978, ED 81-213; LL 1979-A-576, sum. 3551; 11/9/1981, ED 96-529; C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 30/3/1984; LL 1984-C-446; C. Nac. Esp. Civ. y Com., sala 1ª, 6/4/1983, LL 1983-C-603, 36.413-S; íd., sala 4ª, 23/4/1980, BCNECyC 693, nro. 10.338; 7/6/1980, BCNECyC, 697, nro. 10.428).

Toda vez que si la sentencia debe contener "la decisión expresa positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio", ello está poniendo de relieve que, según el principio de congruencia, aquélla debe guardar estricta correlación con lo pretendido en la demanda o reconvención; o sea, con las cuestiones oportunamente planteadas por las partes en los escritos con los cuales se ha trabado la litis (C. Nac. Civ., sala D, 30/7/1976, ED 72-446; íd., sala F, 2/6/1976, ED 69-323; 9/6/1976, ED 69-328; LL 1979-A-576; sum. 3558), o al menos existir cierta correspondencia, que debe recaer necesariamente respecto de los elementos que integraron la relación procesal (C. Nac. Civ., sala F, 17/4/1975, JA 1975, vol. 27, p. 238).

Dicho de otro modo, desde el punto de vista intrínseco, las decisiones positivas y expresas contenidas en la sentencia —acto que resume la función jurisdiccional— deben estar en relación directa con las acciones deducidas en juicio y con arreglo a las causas invocadas (C. Nac. Civ., sala D, 23/6/1976, LL 1977-A-218; JA 1977-III- 350, ED 71-256; 30/7/1976, ED 72-446).

Cuadra reiterar que es a las partes a quienes les incumbe fijar el alcance y contenido de la tutela jurídica, incurriendo en incongruencia el juez que, al fallar, se aparta de las cuestiones incluidas en la pretensión del actor y en la oposición del demandado (C. Nac. Civ., sala B, 29/4/1977, LL 1977-C-492; íd., sala D, 1/8/1979, LL 1979-D-399; ED 91, p. 600; íd., sala F, 15/6/1971, JA, 1972, vol. 13, p. 317; LL 151-650, 30.420-S; 13/7/1982, ED 101-174; C. Nac. Com., sala A, 29/5/1978, ED 81-513; LL 1979 A-576, sumario 3557; C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 2ª, 14/5/1998, "Arte Radiotelevisivo Argentino SA/ARTEAR Canal 13 TV v. Secretaría de Comunicaciones s/amparo", AP 8/1313). No puede, por lo tanto, el sentenciante alterar las reglas de juego del proceso establecidas por los propios justiciables en oportunidad de trabarse la litis, pues ello puede importar para alguna indefensión lo que contraría los postulados de los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (C. Nac. Civ., sala A, 14/8/1975, LL 1976-A-265; íd., sala C, ED 92-439; C. Nac. Com., sala A, 17/6/1982, LL 1982-D-300.

Esa correspondencia que debe existir entre el contenido de la sentencia y las cuestiones oportunamente planteadas por los litigantes, se refiere tanto a lo decisorio del fallo como a su fundamentación (C. Nac. Civ., sala D, 16/8/1971, JA 1972, vol. 14, p. 65; LL 149-567, 29.841-S).

Por ende, la regla es que, si en la parte dispositiva no ha habido decisión expresa sobre una de las pretensiones deducidas por el actor, resulta transgredido el principio de congruencia (C. Nac. Com., sala C, 19/8/1969, JA 1970, vol. 6, p. 23; LL 137-759, 22.835-S), empero dicha falencia estará superada si la cuestión ha sido abordada en los considerandos de modo concreto, quedando exteriorizado el razonamiento del sentenciante. Sostener lo contrario importaría ceñirse a un criterio erradamente formalista, incompatible con la recta administración de justicia (C. Nac. Civ., sala A, 25/8/1973, ED 51-522; C. Nac. Com., sala B, 19/5/1980, LL 1981-A-298; JA 1980-IV-420; C. Nac. Fed., sala 2ª, Cont. Adm., 14/5/1974, LL 155-463).

Si la sentencia definitiva excede cualitativa o cuantitativamente el objeto de la pretensión, o se pronuncia sobre cuestiones no incluidas en la oposición del demandado, menoscaba el derecho de defensa de la otra parte, a quien, a raíz de ese proceder, viene a privarse de toda oportunidad procesal útil para alegar y probar acerca de temas que no fueron objeto de controversia (C. Nac. Com., sala C, 28/6/2007, "Mangicavalli, Liliana v. Moróni, Alberto y otro", AP 1/70040870-6).

2) El principio de congruencia en cuando a las personas

La sentencia ha de tener en cuenta forzosamente a los sujetos que figuran en la relación procesal, revistiendo legitimación. En consecuencia, versar respecto de quienes tengan la calidad de partes (C. Nac. Com., sala C, 24/2/2009, "Ropall Indarmet SA v. Jean Gallay SA s/ordinario", AP 8/21587).

Trasegando los supuestos más comunes se ha declarado que, si el fallo ha de tener la decisión expresa, positiva y precisa, obviamente, el pronunciamiento ha de determinar cuáles son las personas físicas o jurídicas comprendidas por el mismo. No satisface tal recaudo la locución "empresas del grupo", pues ello encierra una condena indiscriminada; es menester una identificación clara y específica (C. Nac. Com., sala C, 6/6/1972, LL 146-612; JA 1972, vol. 15, p. 368).

Desde el perfil de la citación por edictos a personas inciertas, se ha tenido ocasión de resolver que si se cumplieron los trámites pertinentes y asumió la defensa en el proceso el defensor de ausentes, no puede ignorárselas en el fallo que se dicta, privando al accionante del beneficio de la cosa juzgada, siendo que aquéllas han quedado integradas a la relación procesal (C. Nac. Civ., sala E, 26/2/1975, LL 1975-B-351).

A su vez, si dada la naturaleza de la relación, situación o estado jurídico que se controvierte, resulta que los efectos, de la sentencia recaerán sobre todos, no puede eludirse un pronunciamiento único, con la debida sustanciación previa. Lo contrario conduciría a un fallo que podría carecer de absoluta utilidad práctica (C. Nac. Civ., sala F, 27/5/1971, LL 145-324; JA 1971, vol. 12, p. 230); vinculado con esta problemática de la integración de la litis, también se ha dicho que si el judicante, sin entrar a analizar ninguna de las defensas opuestas por las partes, ni las pruebas acumuladas al juicio, ha rechazado la demanda interpuesta por el cesionario de los derechos del comprador, para que se obligue a los vendedores a otorgar la escritura pública traslativa de dominio argumentando oficiosamente que no se ha constituido debidamente el litisconsorcio, el camino era integrar la litis, no pudiendo el juez negarse a dictar sentencia de conformidad con las pretensiones deducidas por las partes, y con quienes se trabó la relación procesal. La naturaleza y el alcance de la relación sustancial son propios del pronunciamiento final, en donde correspondía analizar las pretensiones y oposiciones planteadas por los litigantes (C. Nac. Civ., sala E, 26/8/1969, LL 127-119).

3) El principio de congruencia en cuanto al objeto del proceso

La sentencia de la causa, en, materia civil, debe limitarse a lo que ha sido objeto de litigio entre las partes (Corte Sup., 25/10/1972, Fallos 284:115; ED 45-515). La decisión de los jueces ha de ser congruente, con la forma como ha quedado trabada la litis, por lo que no pueden fallar "ultra petitum", es decir más allá de lo pedido, ni tampoco "extra petitum", o sea fuera de las pretensiones, que no son materia de controversia, ni "citra petitum", o sea, omitiendo resolver sobre las pretensiones u oposiciones que deben ser materia del fallo o fuera, de ellas (C. Nac. Civ., sala E, 29/2/1980, LL 1980-C-459) [Ver arts. 34, inc. 4º, 163, inc. 6º y 161, inc. 2º, CPN].

a') Sentencia ultra petita

El fallo no debe sobrepasar las pretensiones oportunamente planteadas por las partes, no pudiendo conceder o negar más de lo peticionado por los litigantes —"ne eat iudex ultra petita partium" so pena de lesionar las garantías constitucionales de la propiedad y la defensa en juicio (C. Nac. Civ., sala A, 19/10/1971, JA 1972, vol. 13, p. 436; LL 148-663, 29.446-S; íd., sala C, LL 1975-A-19; JA 1974, vol. 23, p. 442; ED 62-306; íd., sala E, 28/9/1976, LL 1976-D-488; íd., sala F, 13/7/1982, ED 101-174).

Ese vicio suele surgir ya sea en lo cualitativo o bien en lo cuantitativo, cuando la sentencia excede, desde esas dimensiones, el objeto de la pretensión o de la oposición (C. Nac. Civ., sala F, 28/3/1980, ED 90-364).

Así se halla afectado de incongruencia el fallo que se pronuncia sobre materia extraña a la que fue objeto de la pretensión y de la oposición —ne eat iudex extra petitum partium—, concediendo o negando lo que ninguna de las partes reclamó (C. Nac. Com., sala C, 9/10/2007, "Cichero, Horacio v. Visa Argentina SA s/ordinario", AP 11/44984).

Ocurre lo primero si se condena por rubros que no han sido objeto concreto de la demanda, aunque hayan surgido en el pleito por vía de peritaje (Corte Sup., 10/7/1975, Fallos 292:269; JA 1976-I-244; ED 64-497). Es que por más que la existencia del perjuicio haya quedado acreditada, no es admisible recoger un rubro que no fue pedido en su debida oportunidad sin atentar contra el principio de congruencia, y que no es más que la armonía y coordinación entre lo reclamado y lo sentenciado (C. Nac. Civ., sala G, 31/12/1978, LL 1979-A-576, sum. 3552). De este modo, no es posible —por ejemplo— admitir el daño material, cuando sólo se reclamó en el escrito de inicio por daño moral (C. Nac. Civ., sala H, 9/4/2002, "Free Way SRL v. IATA Internacional [Air Transport Association] s/daños y perjuicios", AP 10/9321).

Igualmente incurre en dicho vicio cuando la sentencia otorga indebidamente un derecho mayor al requerido por el interesado (C. Nac. Esp. Civ. y Com., sala 3ª, 29/9/1976, JA 1977-IV-269), o reconoce de oficio derechos, no reclamados ni controvertidos en juicio (C. Nac. Civ., sala F, 13/6/1977, ED 74-557), o si confiere al acreedor mayores beneficios que los que él mismo ha reclamado, pues todo ello importa un grave desmedro del principio de congruencia, que debe observarse en las decisiones judiciales (C. Nac. Civ., sala G, 17/11/1981, LL 1982-B-361).

Así, por ejemplo, si se mandara a añadir intereses que no fueron objeto de reclamo concreto en la demanda (C. Nac. Civ., sala E, 25/2/2005, "Esteller, Gastón M. v. HSBC Bank Argentina SA y otro", AP 1/70017584-2; C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 11/12/2007, "Machri SA v. Banco de la Nación Argentina s/daños y perjuicios", AP 7/20027).

Asimismo, la sentencia es "ultra petita", cuando no obstante que en la demanda se reclama solamente la fijación del precio de la locación de servicio, aclarándose que por ahora no peticiona su cobro, no se limita el decisorio a determinar dicho precio, sino que condena lisa y llanamente, a los demandados a pagar ese importe con más sus intereses (C. Nac. Civ., sala 2ª, 11/10/1976, LL 1977-B-296).

Con relación al alcance de la oposición del accionado se viola el mentado principio cualitativamente, si nadie ha hecho valer él factor impeditivo de la mora que menciona el sentenciante, pues no puede como tal ser materia de decisión, no sólo porque se deja en estado de indefensión a la otra parte, sino porque con ese temperamento se lo ha privado de arrimar al pleito otros elementos que pudieran autorizar distinta conclusión (C. Nac. Com., sala C, 12/3/1981, LL 1981-C-537; BCNCom., 1981, vol. 3, p. 3).

El segundo supuesto se suele configurar cuando, con exceso de los extremos de la litis, se concede más de lo pedido, tal en el caso en que frente a la reclamación de la parte de que se le reconociera un determinado porcentaje de diversas mejoras efectuadas, el fallo estimó sin salvedades el valor total de éstas, lo cual conduce a dejar sin efecto tal pronunciamiento (Corte Sup., 1/12/1969, LL 137-147); o si el actor demandó solamente el 60 por ciento de la suma total que resulte adeudarse, alegando su condición de condómino, y el fallo acordó más de lo pedido, se viola el mentado principio de congruencia (C. Nac. Civ., sala E, 28/4/1970, LL 140-830; 25.088-S).

Ahora bien, el monto de la demanda no actúa como tope indemnizatorio si lo pedido lo es con la salvedad "de lo que en más o en menos resulte de la prueba", no siendo por ello lesiva de garantías constitucionales la sentencia que sobre la base de tal reserva acuerda. Una suma mayor a la reclamada (Corte Sup., 25/2/1975, LL 1975-B-382 y, más actualmente, 8/5/2007, "Esinel SRL v. Teyma Abengoa SA", AP 11/43731; C. Nac. Civ., sala A, 11/6/1970, LL 139-351; JA 1970, vol. 7, p. 156; íd., sala F, 16/11/1978, LL 1979-B-229; íd., sala G, 17/2/1981, ED 94-451; 7/5/1981, LL 1982-A-240; C. Nac. Fed., sala 2ª, Cont. Adm. 11/10/1979, LL 1981-B-250, con nota; C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 27/9/2007, "Danone Argentina SA v. Sancor Cooperativa Unidas Ltda. s/cese de uso de marca daños y perjuicios", AP 7/19692; C. Nac. Civ., sala 1ª, 5/3/2013, "R., M. A. v. Cleanosol Argentina SA"). En estos casos no se incurre en el vicio de ultra petita.

Con todo, también se ha entendido que el principio que admite en las acciones por daños y perjuicios la fijación de una suma mayor que la reclamada, cuando se ha dejado a salvo "lo que más o menos resulte de la prueba a producirse" no es aplicable a los juicios en los que de algún modo ha sido posible fijar el monto desde el principio del litigio (C. Nac. Civ., sala D, 15/09/1997, "Consorcio de Copropietarios Nazarre 2520/24 v. Casabianca, Viviana N. s/medianería", AP 10/2032, C. Nac. Com., sala A, 2/11/2006, "Leguizamón, Jorge v. Transportes Metropolitanos Gral. Roca SA s/ordinario", AP 11/42466); e incluso hay una postura que sostiene que la fórmula "o lo que en más o menos resulte de la prueba" carece de significado para otorgar más de lo pedido en relación al daño moral (C. Nac. Civ., sala F, 22/2/2000, "Berdun De Martínez, Nélida y otro v. Pavese, Alfredo s/daños y perjuicios", AP 10/8260).

b') Sentencias extra petita

Dictar sentencia extra petita comporta decidir sobre lo que no está en el juicio —materia de debate—, conteniendo el fallo algo distinto a lo que fue objeto de la pretensión y de la oposición —ne eat iudex extra petita partium— (C. Nac. Civ., sala D, 7/7/1978, Ley 1979-A-39).

Se ha declarado en tal sentido, que por no ajustarse a las pretensiones de las partes debe dejarse sin efecto la sentencia que introduce un punto ajeno al debate (Corte Sup., 9/3/1973, LL 151-331, JA 1973, vol. 18, p. 340 y, más actualmente, 31/3/1999, "Tajes, Raúl E. v. Estado Mayor General del Ejército" JA 2000-III-síntesis; C. Nac. Civ., sala H, 16/6/1993, "Bompadre, Stella y otro v. Gómez, Rubén D.", JA 1994-III-síntesis). Está así vedado a los jueces apartarse de los términos de la relación procesal, y decidir en forma distinta a la pedida por las partes, pronunciándose sobre cosas no planteadas en los escritos de demanda y contestación (C. Nac. Civ., sala D, 10/8/1971, JA 1972, vol. 13, p. 451; LL 151-52, 30.434-S), o resolver sobre capítulos o reclamos no propuestos que en manera alguna integraron la litis, desde que ello importa desviarse de las pretensiones de las mismas deducidas en juicio (C. Nac. Com., sala B, 12/4/77, JA 1978-III-536).

Así se ha declarado, entre otros supuestos, que cuando se condenó a escriturar, siendo que no fue esa acción motivo de demanda de fallo resulta extra petita (C. Nac. Civ., sala C, 6/5/1980, ED 91-167), asimismo, si se demanda por consignación del precio y el accionado reconvino por rescisión del boleto de compraventa del inmueble, importa concederle al actor lo que éste no ha pedido si la sentencia condena a la escrituración, contrariándose el principio de congruencia (C. Nac. Esp. Civ. y Com., sala 1ª, LL 1976-A-456, 32.995-S; BCNECyC, 594, nro. 7917); o variar la acción de cumplimiento de contrato y fijación de plazo por la de resolución y daños y perjuicios, importa alterar la vía elegida que integró la relación jurídico procesal, en detrimento del derecho de defensa de la contraria, olvidando que es la demanda la condición y límite de la intervención judicial (C. Nac. Civ., sala B, 29/4/1980, ED 88-777), o ante la ausencia absoluta de una pretensión inoportunamente planteada mediante la pertinente acción o reconvención, el juez no puede incrementar el precio aceptado por la demandada, porque de hacerlo el decisorio se toma extra petita (C. Nac. Civ., sala F, 4/11/1976, ED 73-440), o si los actores pretenden máquinas al precio pactado, y el demandado solicita ser liberado de darlas, no parece respetar el mencionado principio, una sentencia que mandase a entregar, pero a otro precio, desde que este resultado es un tertium genus, no pedido por ninguna de las partes (C. Nac. Com., sala D, 12/9/1978, LL 1978-D-217), debe declararse la nulidad de la sentencia que condena al actor una suma de dinero a pesar de no haberse deducido reconvención, pues se transgrede el principio de congruencia, configurándose, asimismo, una clara violación del derecho de defensa en juicio. (C. Nac. Civ., sala B, 4/8/1980, LL 1981-A-276); si decide sobre lo relativo al porcentual del interés aplicable, siendo que ese tópico no fue propuesto al debate judicial, la resolución judicial adolece de dicho vicio, lo cual conlleva fatalmente a su nulidad (C. Nac. Com., sala D, 27/8/1981, LL 1981-D-467); o si el representante del Fisco, que es el encargado de tutelar los intereses fiscales, al igual que los herederos declarados, están de acuerdo en que el sucesorio de autos no tributa tasa de justicia, debe concluirse que no existe materia controvertida y que la resolución fue dictada extra petita (C. Nac. Civ., sala E, 3/4/1979, LL 1979-B-424).

Igualmente se ha juzgado que si se demandó por nulidad de matrimonio —y eventualmente no se ejercitó en forma subsidiaria la pretensión por divorcio—, aunque se hubiera reconvenido por tal causa, la sentencia no pudo ser decretada por culpa de ambos cónyuges, o sea, también por culpa de la reconviniente, pues vulnera el principio de congruencia, debiéndosela calificar de extra petita (C. Nac. Civ., sala E, 2/9/1980, JA 1981-I-651; ED 92-300); o si no se demandó la nulidad por vicio de la voluntad de la actora al celebrar el convenio de división de bienes de la sociedad conyugal, las pruebas rendidas sobre ese hecho no responden a una pretensión deducida en su escrito respectivo, y la sentencia que acogiera la articulación fallaría "extra petita" (C. Nac. Civ., sala E, LL 1981-E-483).

También que si se demandó por rendición de cuentas, violó el principio de congruencia la sentencia que reconoció el derecho de la actora a actualizar las cuotas de la operación mediante la aplicación del coeficiente de variación salarial (C. Nac. Com., sala E, 22/8/2008, "González, Liliana A. v. Scoring SA", JA 2008-IV-189.

O si la condena se expresa en dólares estadounidenses, cuando el reclamo liminar fue efectuado en moneda de curso legal (Corte Sup., 5/2/2008, "De Bernardi, Zulema I. v. Swiss Medical SA", AP 1/1029498).

A su vez, la sentencia que rechaza una pretensión no deducida en dicho juicio, no se ajusta al principio de congruencia y en lo pertinente debe ser dejada sin efecto (C. Nac. Esp. Civ. y Com., sala 6ª, 14/8/1980 ED 99-620).

c') Sentencias citra petita

a") Principios generales

Un fallo, a su turno, no puede contener menos de lo peticionado por los justiciables, o sea, que no puede omitir resolver sobre alguna pretensión u oposición que forma parte de la litis —ne eat iudex citra petita partium—.

También aquí la incongruencia puede tipificarse en el cuadrante cualitativo, o cuantitativo. En el primer caso, se omite decidir respecto de alguna de las pretensiones acumuladas, sin suministrar una fundamentación razonable. En el segundo supuesto, frente a la reclamación de la entrega de una cantidad determinada, el pronunciamiento fija una menor, sin explicitar tampoco las razones.

Interesa reiterar en esta parcela, que para asegurar la adecuada defensa en juicio, en principio, basta que los jueces consideren los argumentos que resulten necesarios para la justa solución del caso, no siendo menester que se aboquen a la totalidad de los expuestos por las partes, sino solamente a aquellos que estimen pertinentes a tal fin (Corte Sup., 18/3/1970, LL 139-764, 24.057-S; 16/10/1970, LL 143-616, 26.948-S; 16/12/1970, Fallos 278-271; 21/12/1970, Fallos 278-334; 8/2/1974, JA 1973, vol. 21, p. 182; 30/4/1974, LL 155-750, sum. 385; 11/5/1978, Fallos 300:522; 2/11/1978, Fallos 300-1163; 5/8/1980, Fallos 302-827; 23/10/1980, Fallos 302-1191; 5/2/1981, Fallos 303:135, 8/9/1981, Fallos 303:1303; 8/6/1982, Fallos 304:819).

Es decir, que los jueces no se hallan compelidos a seguir a las partes en todas las argumentaciones, o razones aducidas, ponderando una por una y exhaustivamente el conjunto de las constancias de la causa, sino sólo aquellas que consideren conducentes, o sea, esenciales y decisivas, para fundar sus conclusiones y negar a la justa dilucidación del diferendo planteado (C. Nac. Civ., sala A, 7/7/1983, LL 1983-D-98; íd., sala B, 18/2/1980, LL 1980-E-214; 17/6/1980, JA 1980-IV-101, ED 91-274; 14/4/1981; ED 94-750; LL 1984-C-450; íd., sala C, 29/5/1974, JA 1974, vol. 23, p. 436; ED 60-409; 30/7/1974, JA 1974, vol. 24, p. 319; LL 1975-A-817, sum. 656; íd., sala D, 16/10/1972, ED 51-580; 17/3/1980, ED 89-341; 7/12/1981, LL 1982-A-87; 21/5/1982, ED 102-545; íd., sala E, 22/5/1980; LL 1980-D-147; 16/2/1984, LL 1984-C-414; íd., sala F, 9/9/1969, JA 1970-V-57; LL 138-987, 23.887-S; 27/8/1982; ED 103-151; JA 1983-II-123; 12/2/1984, LL 1984-E-414; C. Nac. Com., sala A, 15/12/1977, ED 78-531; íd., sala B, 14/8/1970, LL 144-624, 27.741-S; sala C, 22/6/1970, LL 139-514; C. Nac. Fed., sala Civ. y Com., 7/4/1982, LL 1983-D-644, 36.462, sala 2ª, Civ. y Com., 25/7/1978, LL 1979-A-66; sala Cont. Adm., 2/3/1970, LL 138-788; JA 1970-306; 2/4/1970, LL 141-101; JA 1970-V-7, p. 354; 26/11/1970, JA 1971, vol. 10, p. 543; LL 147-709, 20.076-S; sala 1ª, Cont. Adm., 23/11/1982; LL 1983-A-529, ED 103-285; sala 2ª, Cont. Adm., 23/12/1976, LL 1977-D-686, 34.343-S; sala 3ª, Cont. Adm., 30/10/1979, BCNFed., oct.-dic. 1979, 78, nro. 134; 8/7/1980, BCNFed., jul. 1980, 79, nro. 211; C. Nac. Esp. Civ. y Com., sala 1ª, 14/10/1980, BCNECyC, 696, nro. 10.399; íd., sala 3ª, 28/9/1972, LL 148-119; íd., sala 4ª, 31/3/1980; ED 88-228; íd., sala 5ª, 5/7/1974, BCNECyC, 576, nro. 7157).

Haciendo hincapié en esta última consideración, resulta obvio que los magistrados al dictar sentencia tienen que observar el deber de pronunciarse sobre los puntos propuestos por los litigantes que sean pertinentes a la adecuada solución del litigio. La omisión del tratamiento, por ende, de tales cuestiones que fueran expresa y oportunamente articuladas, afecta la garantía de la defensa en juicio consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional. Deben, por lo tanto, ser descalificados los fallos que prescinden de considerar elementos de juicio conducentes para la correcta solución de la causa o que omiten pronunciarse sobre cuestiones decisivas, propuestas en su debida oportunidad. Es que si el ejercicio de la función judicial ha de traducirse en sentencias que den razones suficientes de sus conclusiones, el fallo que incurre en tal tipo de omisiones carece de suficiente fundamento de sustentación debiendo ser dejado sin efecto (Corte Sup., 29/4/1970, LL 139- 20; 28/8/1970, LL 140-817, 25.010-S; 11/9/1970, LL 140-825, 25.065-S; 16/6/1971, LL 147-682, 28.924-8; 9/8/1971, LL 144-610, 27.632-S; 25/8/1971, LL 144-612, 27.646-S; 4/10/1971, Fallos 281:35; LL 146-631,28.407-S; 29/11/1971, Fallos 281:228; LL 147-726, 29.179-S; 6/12/1972, LL 150-725, 30.203-S; 3/9/1974, ED 57-396; LL 1975-B-905, sum. 960; 26/9/1974, Fallos 289:495; 12/11/1974, LL 1975-B-905, sum. 958; 27/11/1974, LL 1975-B-200; JA 1975, vol. 26, p. 12; ED 00-129; 4/12/1974, ED 60-526; LL 1975-A-801,32.244-S; 20/12/1974, LL 1975-B-905, sum. 957; 13/6/1975, LL 1975-D-435, sum. 1530; 24/6/1975, LL 1975-D-434, sum. 1527; 24/6/1975, LL 1975-D-435; sum. 1529; 7/7/1975, LL 1975-D-87; 30/9/1975, LL 1976-A-278; ED 65-139; 4/11/1975, LL 1976-B-429, 33.469-S; 20/5/1976, LL 1976-C-284; 9/11/1976, LL 1977-A-456; 27/11/19 79, JA 1980-IV-298; C. Nac. Civ., sala A, 11/8/1975, LL 1976-A-265; íd., sala B, 20/12/1974, ED 64-209; íd., sala E, 17/11/1975, ED 66-639; íd., sala F, 13/8/1974, LL 156-817, 31.693-S; 11/12/1974, LL 1975-B-884; sum. 950; 18/9/1975, LL 1976-A-484, 33.169-S; C. Nac. Com., sala C, 14/11/1975, LL 1977-A-541; 33.917-S; C. Nac. Fed., sala 1ª, Civ. y Com., 26/9/1980, JA 1981-II-415; C. Nac. Esp. Civ. y Com., sala 3ª, 10/4/1975, LL 1975-C-125; BCNECyC, 592, nro. 7860; íd., sala 4ª, 19/4/1977, BCNECyC, 646, nro. 9165; 29/8/1980, BCNECyC, 1981, nro. 10.566).

Así, y más actualmente, se ha resuelto que se viola el principio de congruencia cuando el fallo impugnado omite decidir peticiones, alegaciones o argumentos oportunamente propuestos a la consideración del tribunal y que deben integrar la resolución del litigio (Corte Sup., Fallos 325:795).

b") Diversos supuestos

A manera de ejemplo entre copiosa jurisprudencia pueden extraerse los siguientes casos:

a''') Alimentos

Se ha dejado sin efecto la sentencia que prescindió del examen y decisión de una cuestión conducente para el resultado del litigio, cual la relacionada con que se violaba el derecho de defensa al condenarlo a pagar una cuota que le era imposible satisfacer y que resultaba arbitraria una medida que le exigía el cumplimiento de lo que pretendía demostrar no podía cumplir (Corte Sup., 24/3/1972, Fallos 82:210; JA 1972, vol. 14, p. 266; LL 149-589, 29.985-S).

b''') Daños y perjuicios

Igual temperamento se ha observado en el caso en que la demanda de daños y por un accidente de tránsito, dirigida contra el patrono del conductor de un camión, se la rechazó en razón de no haberse probado que el demandado fuera propietario del vehículo, prescindiendo de tratar el punto referente a la relación de dependencia que mediaba entre aquéllos (Corte Sup., 16/10/1973, LL 153-173; ED 53-554).

Se ha dejado sin efecto, asimismo, la sentencia en cuanto condena a pagar daños y perjuicios sin que exista tratamiento alguno referente a las pautas que deben seguirse para determinarlos, omisión que no se salva con la remisión que el fallo hace a lo que resulte del procedimiento de ejecución de sentencia (Corte Sup., 18/4/1974, ED 54-494; LL 155-711, sum. 222).

c''') Defensas

En cambio se ha declarado que no es impugnable la sentencia por omisión de una defensa oportunamente alegada, si el tribunal "a quo" la consideró en el pronunciamiento aclaratorio que dictó (Corte Sup., 24/9/1971, JA 1971, vol. 12, p. 285; LL 147-679, 28.895-S).

d''') Depreciación monetaria

A su vez, en pronunciamientos anteriores a la ley 23.928, se ha decidido que si el requerimiento formulado en punto a la actualización del valor de la moneda, no ha sido resuelto en la sentencia, se la ha dejado sin efecto (Corte Sup., 8/5/1974, LL 155-753, sum. 7537/10/76, LL 1977-B-37).

e''') Disposiciones atinentes al caso

También se ha decidido que la sentencia que no analiza disposiciones atinentes al caso, invocadas expresamente, compromete las bases del pronunciamiento, siendo descalificable (Corte Sup., 29/11/1971, Fallos 281:230; JA 1972, vol. 14, p. 47; LL 147-734, 29.243-S).

f''') Excepciones

La omisión en que se incurre al no abordar excepciones opuestas por las partes, que son esenciales para la decisión del caso como ocurre con la falta de acción (C. Nac. Civ., sala E, 17/11/1975, ED 66-639) o con la de prescripción de la acción (C. Nac. Civ., sala F, 5/12/1967, LL 131-1192; 18.219-S), o con la excepción de inhabilidad de título en el juicio ejecutivo" (C. Nac. Com., sala A, 22/2/1965, ED 15-638), tornan descalificables a dichos decisorios.

g''') Expresión de agravios

La omisión del tratamiento de los agravios expresados que son conducentes para la decisión de la litis, determina que resolución judicial carezca de fundamento suficiente para sustentarla (Corte Sup., 6/12/1972, LL 150-725, 30.203-S; 3/9/1974, ED 57-396; LL 1975-B-905, sum. 960).

h''') Expropiación

Si en el juicio por expropiación inversa hubo un concreto reclamo por el importe de mejoras en el inmueble a que el caso se refiere, es disvalioso el pronunciamiento que sin rechazar la acción, declaró que el tema no podía incluirse como pretensión indemnizable dejando expedito el derecho de los accionantes si la repartición demandada no hubiera ejecutado determinadas mejoras omitiendo la decisión de un punto esencial del litigio (Corte Sup., 20/7/1976, LL 1977-A-158).

i''') Inconstitucionalidad de una norma

Se ha juzgado, asimismo, que constituye una cuestión esencial que vicia el pronunciamiento, la omisión del tratamiento del planteo de inconstitucionalidad de una norma legal (Corte Sup., 21/4/1967, JA 1967-IV-275).

j''') Legitimación

Si el juez ha omitido en su pronunciamiento considerar elementos cuya valoración hace a la legitimación sustancial activa de uno de los accionantes, tal omisión descalifica la sentencia y la hace nula, todo ello sin perjuicio de que el tribunal de alzada conozca del fondo del asunto y resuelva las cuestiones planteadas, si no ha habido vicios de procedimiento (C. Nac. Civ., sala D, 14/7/1978, LL 1979-A-12).

k''') Medidas cautelares: costas

La garantía de defensa en juicio supone la posibilidad de ocurrir a los tribunales de justicia y obtener de ellos sentencia relativa a los derechos de las partes. Por ello, si el recurrente que pidió y obtuvo un embargo solicitó se impusieran las costas a la embargada, debe dejarse sin efecto la sentencia que agravia dicha garantía, pues omite pronunciarse sobre el punto, expresando que la cuestión no puede ser resuelta en el actual estado del proceso, fundamento que resulta inidóneo dado que no parece razonablemente posible un pleito ulterior sobre el fondo de la causa, pues la obligación, por la que se pidió la medida precautoria fue cumplida (Corte Sup., 12/8/1975, Fallos 292:392 y 395).

l''') Prueba [Remisión: infra, Prueba: valoración, 1ª ed. com. art. 386, § 614]

Sin perjuicio de lo expuesto en torno a que los jueces no están obligados a expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, pues basta que lo hagan respecto de aquellas consideradas esenciales y decisivas para la justa solución del caso, lo cierto es que precisamente se han dejado sin efecto las sentencias que prescinden de valorar circunstancias de gravitación para el fallo con arreglo a los hechos comprobados en la litis (Corte Sup., 25/4/1973, LL 151-291; JA 1973, vol. 19, p. 379). Así cuando se omite considerar elementos probatorios regularmente ofrecidos y producidos en la causa, que pueden resultar decisivos, desde que hubieran podido variar la solución del litigio, se incurre en la situación disvaliosa de la sentencia "citra petita" (Corte Sup., 27/11/1974, LL 1975-B-200; JA 1975, vol. 26, p. 12; ED 60-129; 4/12/1974, JA 1975, vol. 28, p. 178; ED 60-493; LL 1975-A-806, 32.270-S; C. Nac. Civ., sala E, 5/12/1974, LL 1975-B-86, 232.288-S) o el pronunciamiento que omite considerar cuestiones condicionantes del resultado del pleito que fueron oportunamente propuestas y prescinde de valorar pruebas conducentes, con infracción de las reglas de la sana crítica, mediante afirmaciones dogmáticas y genéricas desvinculadas de lo sostenido y probado en el juicio, viola manifiestamente el principio de congruencia (Corte Sup., 11/5/1976, LL 1976-E-193; ED 67-480; C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 7/4/1982, LL 1983-D-644, 36.462-S).

Entre los diversos supuestos que pueden mencionarse, se han descalificado como actos jurisdiccionales idóneos aquellos que omiten tener por absueltas las posiciones en rebeldía, y esa omisión podría tener trascendencia para la resolución del pleito toda vez que implica dejar pendiente una cuestión susceptible de resolver en el sentido de la confesión ficta (C. Nac. Com., sala A, 23/7/1970, LL 142-583, 26.145-S; 23/2/1973, LL 152-522, 30.663-S; 14/2/1974, LL145-510; ED 54-513; íd., sala D, 30/11/1976, LL 1977-B-104); o cuando se ha omitido valorar el reconocimiento judicial, sin fundamento alguno de la norma legal —art. 993, CCiv.— que impone la certeza de la existencia de las cosas que fueron judicialmente verificadas, con lo que se ha apartado de prueba fehaciente de la causa (Corte Sup., 28/5/1974, LL 155-313; JA 1974, vol. 24, p. 372; ED 55-486). Igualmente cuando —por ejemplo— se omite la valoración de determinada documental por no ser elevada al tribunal de alzada (Corte Sup., Fallos 323:2468) o cuando el tribunal revisor prescinde de determinados elementos probatorios por encontrarse éstos momentáneamente extraviados (Corte Sup., Fallos 249:517).

Desde las singularidades que ofrece el art. 80 del dec.-ley 18.345/1969 (proceso laboral) se ha declarado que acentúa los deberes de instrucción oficiosa frente al principio de libre disposición de las partes para satisfacer el interés general que exige para la justa solución de la causa, la realización de todo aquello que sea menester, incluso lo no propuesto por los litigantes. Por ello, se ha dejado sin efecto la sentencia que se ha dictado sin que ingresen pruebas que pueden resultar decisorias por no haberse hecho uso de facultades sólo hasta cierto punto pueden considerarse discrecionales, dado lo dispuesto en dicho texto legal (Corte Sup., 27/11/1974, LL 1975-B-200; JA 1975, vol. 26, p. 12; ED 60-129).

Igualmente se ha declarado que la omisión de recibir prueba conducente invalida la decisión (C. Nac. Com., sala D, 15/11/1976, LL 1977-B-19).

ll''') Reconvención

Adolece de un vicio fundamental la sentencia que en sus considerandos omite toda referencia a la reconvención, no obstante que en la parte dispositiva la rechaza de plano (C. Nac. Civ., sala D, 16/8/1971, JA 1972, vol. 14, p. 65; LL 149-567, 29.841-S). Por lo contrario, si el a quo se ha expedido categóricamente en los considerandos de su decisorio en el sentido de que la reconvención no debe prosperar, omitiendo sin embargo incluir tal pronunciamiento en su parte resolutiva, esa falencia no ocasiona forzosamente la nulidad del pronunciamiento, porque aquella categórica afirmación no deja dudas sobre el pensamiento del juzgador con relación a tal punto sometido a su decisión (C. Nac. Com., sala B, 19/5/1980, LL 1981-A-298; JA 1980-IV-420).

4) El principio de congruencia en cuanto a la causa

Los elementos de la pretensión son no sólo los sujetos activo y pasivo y los objetos mediato e inmediato, sino también la causa, fundamento o título, es decir, la invocación de una concreta situación de hecho a la cual el actor le asigna una determinada consecuencia jurídica, que resulta determinante de aquélla y que salvo supuestos excepcionales no puede ser modificada posteriormente sin desmedro de la afectación de la garantía constitucional de la defensa en juicio. De tal manera, dispone el art. 163 del Código Procesal que la sentencia debe contener —entre otros requisitos— la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad a las pretensiones deducidas en juicio y como consecuencia de ello no es admisible pronunciarse sobre cuestiones no planteadas en los escritos de demanda y contestación en la medida que no deriven implícitamente de aquéllas (C. Nac. Esp. Civ. y Com., sala 1ª, 4/3/1977, BCNBCyC 639, nro. 8993).

Cabe insistir en que como consecuencia de la virtualidad del principio dispositivo es a los litigantes a quienes les pertenece en forma exclusiva la aportación de los hechos en que fundan las pretensiones y defensas, estándole negada al juez la posibilidad de verificar la existencia [de hechos] no afirmados por ninguno de aquéllos, ya que estos últimos deben reputarse jurídicamente inexistentes (C. Nac. Esp. Civ. y Com., sala 6ª, 12/12/1980, BCNECyC, 695, nro. 10.376). No pueden, por lo tanto, hacer mérito de los que las partes no invocaron, aun cuando resulten de los autos (C. Nac. Civ., sala E, 29/2/1980, LL 1980-C-459).

Con todo, si los hechos en cuestión han sido afirmados, aunque de manera sucinta, ello es suficiente para que se los pueda considerar (Corte Sup., Fallos 325:210).

A su turno, la admisión de determinados hechos por el propio interesado no permite un pronunciamiento que contravenga esas manifestaciones (C. Nac. Civ., sala F, 19/12/1974, LL 1975-C-500, 32.636-S).

Los jueces deben atenerse así, como principio general, a lo alegado y probado por las partes, y la formación del material de conocimiento constituye una carga procesal para los mismos (C. Nac. Civ., sala C, 4/12/1974, LL 1975-B-871, 32.446-S).

Y desde luego, la sentencia no puede conocer y decidir acerca de lo que se pide con posterioridad a la trabazón de la litis, pues ello importa apartarse de los hechos y derechos invocados oportunamente y cuyo ejercicio depende de la voluntad de los interesados (C. Nac. Civ., sala B, 29/4/1980, JA 1973-I-470). O sea, que no se deben considerar en el decisorio defensas que involucran aspectos de hecho que no fueron planteados al contestarse la demanda sino en oportunidad de alegar (Corte Sup., 15/11/1972, JA 1973, vol. 17, p. 237; LL 150-720, 30.172-S).

Como corolario de lo expuesto, entre otros casos, se ha declarado que si el reclamo se funda en determinado título, no corresponde acceder a su pretensión por otro diferente del invocado, desde que ello importa violar el principio de congruencia que el juzgador debe observar (C. Nac. Civ., sala C, 10/9/1969, JA 1969, vol. 4, p. 434; LL 138-986, 23.884-S); tal es lo que ocurre cuando verbigracia en un juicio por cobro de alquileres y desalojo si se reclama la cosa a título de locador, no puede el juez mandárselo entregar a título de dueño (C. Nac. Esp. Civ. y Com., sala 1, 25/10/1973, JA 1974, vol. 21, p. 205; Dictamen del Fiscal de Cámara; C. Nac. Com., sala A, 19/6/1978, ED 79-418), o si se demanda alegando la causal de falta de pago en que incurriera el accionado como locatario, no cabe acoger la pretensión por conceptuar probado que el legitimado pasivo reviste la condición de comodatario y como tal se encuentra obligado a la restitución de la cosa (C. Nac. Esp. Civ. y Com., sala 3ª, 31/10/1974, LL 1975-A-722, BCNECyC, 583, nro. 7469), o si la pretensión por responsabilidad extracontractual es transformada en una acción de responsabilidad contractual (Corte Sup., 23/12/2004, "Herrero Morales, Daniela F. y otros v. Arcos Dorados SA", AP 4/54261), o si se funda la condena en el "enriquecimiento sin causa" cuando la demanda se entabló en base a un supuesto incumplimiento contractual y no apoyándose en la institución citada (Corte Sup., Fallos 323:3924).

De este modo, se ha juzgado arbitraria la sentencia que, al fundarse en un hecho que no fue objeto de demanda —la responsabilidad por supuesta falta de control adecuado en el ejercicio del poder de policía— se aparta del principio de congruencia, con mengua del derecho de defensa en juicio de las recurrentes (Corte Sup., Fallos 327:2471, del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte).

En cambio, se ha considerado que no viola el principio de congruencia —pues no se menoscaba la "litiscontestación"—, la sentencia que hace lugar a una demanda que, frente al cumplimiento parcial de la obligación, la acepta y pide la entrega de la cosa en la situación actual, consistiendo las variaciones relativas a las condiciones originariamente pactadas y que unilateralmente fueron alteradas (C. Nac. Civ., sala D, 16/5/1975, JA 1976-III-232).

Habrá de repararse, asimismo, que el hecho de que en principio se tomen en cuenta razones no alegadas por la parte, no significa que se haya violado el principio de congruencia, sino que tal proceder comporta el ejercicio legítimo de la facultad que tienen los jueces de apreciar y seleccionar los hechos y las pruebas del caso que estimen más adecuadas para la correcta solución del diferendo, con prescindencia de los fundamentos que enuncien las partes (Corte Sup., 18/12/1980, Fallos 302:1564). La doctrina sobre la congruencia o no excedencia de los términos esenciales con que fueron articuladas las pretensiones del litigio no resulta aplicable entonces, cuando se trata del ejercicio por los jueces de la atribución que les compete, conforme al principio "iura novit curia" (Corte Sup., 14/10/1975, LL 1976-A-218; 16/12/1980, LL 1981-B-296); [actuación prudente, flexible y funcionalmente eficaz de dicho principio].

e) Hechos sobrevinientes