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Transformation in Action of Legal Services

Juicio Reajuste de Haberes fallos Elliff_ Betancur.

Exencion del Impuesto a las Ganancias sobre el

Retroactivo y Haberes Mensuales Reajustados.

Ejecucion de Sentencia contra la ANSES.

¿Por qué somos la mejor opción para asesorarlo en liquidaciones previsionales?

Con más de 15 años de experiencia en el rubro nos especializamos en el análisis de conveniencia de reclamos judiciales por reajuste del haber, así como en Cálculos por determinación del haber inicial de reajuste y retroactivos por diferencias según demandas y/o sentencias.

Atento a la diversa jurisprudencia respecto de los topes y límites sobre los beneficios a determinar o redeterminar, realizamos los controles necesarios para corroborar los extremos determinando las confiscatoriedades y sus potenciales inconstitucionalidades.

Asimismo, el proceder de la ANSeS en todos los procesos judiciales exige de un seguimiento de las liquidaciones, respondiendo en tiempo y forma ante las impugnaciones y observaciones durante todo el proceso.

La complejidad de cada liquidación demanda un amplio conocimiento técnico y de la jurisprudencia actualizada para la optimización de los resultados, lo que nos diferencia de la competencia donde sus servicios se limitan a practicar una liquidación en base a ciertas pautas básicas que en muchos de los casos difieren de las sentencias firmes del caso.

Con solo detectar errores en la mecánica de cálculo de la ANSeS, un tope no reclamado, una confiscastoriedad no demostrada, una tasa de interés mal determinada o los correspondientes intereses moratorios, un pago mal descontado o con la simple dilación en el tiempo producto de no cumplimentar con los requerimientos exigidos por el Juzgado, usted recupera el costo del servicio.

Es por ello que estamos en condiciones de brindarle la mejor solución para el análisis previo a las demandas, posibles puntos de apelación de las sentencias y la ejecución de las mismas.

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- Cálculo de confiscatoriedad por topes simultáneos:

La existencia de varios topes en el cálculo del haber inicial hace mas complicada la determinación de cuál es la confiscatoriedad que resulta de la aplicación de éstos, ya que se tiene que practicar el cálculo del haber reajustado y luego el mismo cálculo aplicando todos los topes y luego realizar la comparación de los resultados. Para ésto hemos incorporado una opción automática que realiza todos estos cálculos y lo expresa en la hoja de resultados identificando los topes que fueron liberados. Ademas se puede ver e imprimir el cálculo del haber aplicando todos los topes.

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Calculos Bluecorp Resultados Reajuste

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Calculos Bluecorp Haber Reajustado Reparacion Historica

Calculos Bluecorp Haber Reajustado Justicia

Calculos Bluecorp Retroactivo

Prueba Documental:

Toma de Vista del Expediente

Calculos Bluecorp

Capturas de Pantallas de Mi ANSES

desde SETIEMBRE 2016.-

Accion Judicial:

Reclamo Administrativo_Demanda Judicial

Fundamento: Propuesta de Reparacion Historica, con

Confiscatoriedad del 44 % sobre el Haber Reajustado

( cambio Indice ISBIC, por Indice RIPTE).

Derechos irrenunciables

La norma excluye como objeto de la transacción a los derechos irrenunciables, lo cual tiene sustento en la naturaleza propia del contrato que importa, justamente, abdicaciones y reconocimiento de derechos. A modo de ejemplo lo concerniente a la persona humana, reconocidos por la Constitución Nacional, la ley y el derecho internacional a través de diversos tratados incorporados al derecho argentino con jerarquía constitucional —art. 75, inc. 22, CN— (como el derecho a la vida, la libertad, la salud, al trabajo, jubilacion, al honor, a circular libremente, a elegir la residencia, libertad de religión, entre muchos otros, constituyen deberes y derechos intransferibles e intransigibles).

​Los derechos de la Seguridad Social son irrenunciables y ademas el articulo 1644 del Codigo Civil y Comercial impide hacer "transacciones" sobre derechos irrenunciables.

Ademas, la ley satisface totalmente la recomposición del haber mensual en los casos de la ley 18.037, porque tanto el recálculo del haber inicial como la movilidad se hacen con los criterios de la doctrina judicial; mientras los casos de la ley 24241 se lo hace con un "​criterio arbitrario", afectando el principio de igualdad art. 16 de la Constitucion Nacional.

Debe considerarse afectada por el "vicio de lesión", la "transacción" en la que la ANSES obtuvo una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada sin justificación que autoriza a presumir un "aprovechamiento de la situación de inferioridad" en que se hallaba el "actor en razón de su estado económico".

​La​ jubilacion es irrenunciable e imprescriptible ​, y no puede ser objeto de una "transaccion"​

INFORMACION JURIDICA PARA EL JUBILADO !

Codigo Procesal Civil Y Comercial de la Nacion

Procedimiento de homologacion de la transaccion:

Art. 308

​ ​Forma y trámite.

Las partes podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio, con la presentación del convenio o suscripción de acta ante el juez. Éste se limitará a examinar la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para la validez de la transacción, y la homologará o no. En este último caso continuará los procedimientos del juicio.

Art. 309

​ ​Transacción

​ ​Concepto

La transacción —aun la judicial— es un acto jurídico bilateral y patrimonial que tiene por fin extinguir y modificar obligaciones litigiosas de las partes; un verdadero contrato que creado al dictado de las recíprocas renuncias y concesiones que las partes se hacen desde sus antiguas posturas litigiosas, sirve para poner fin al litigio, arrojando certeza, de una vez, sobre la situación conflictiva y fijando su solución, a la cual se le confiere eficacia ejecutiva.

Requiere, por lo tanto, que las partes se hagan concesiones recíprocas para extinguir obligaciones litigiosas o dudosas; o lo que es igual, cada una de ellas sacrifica una parte de sus derechos o pretensiones o se obliga a dar, prometer o retener alguna cosa sin que sea necesario que talesconcesiones o sacrificios sean de un valor igual o equivalente

Interpretación

La transacción debe interpretarse con criterio restrictivo, más aún si puede agraviar con su aplicación la utilidad social que debe prevalecer sobre todo interés, bien o mal entendido, de los afectados.

Al respecto, cualquier duda sobre los derechos comprendidos en la transacción o sobre la medida de las concesiones efectuadas, debe interpretarse en el sentido de que los derechos o la extensión sobre la cual se duda no están incluidos en la transacción.

Transacción

La transacción desde la perspectiva procesal constituye un medio anormal de terminación del proceso, que requiere de un acto jurídico bilateral mediante el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas y su validez depende de la presentación del escrito pertinente al juez de la causa.

La expresión "concesiones recíprocas" ha de entenderse como el sacrificio que cada uno de los interesados haga de parte de sus derechos o pretensiones, o la prestación que cada una de ellas realice o se obligue a realizar a favor de la otra.

Al respecto toda transacción impone un sacrificio, una pérdida a "ambas" partes, respecto de sus iniciales pretensiones y defensas: las "concesiones recíprocas", significan que una parte obtendrá "menos" de lo que pretendía y que la otra dará "más" de lo que aceptaba dar.

La ley no exige que haya paridad de concesiones para que se configure la transacción, ni ello podría imponerse, porque la importancia del sacrificio que cada cual realiza es de apreciación eminentemente subjetiva, no habiendo pauta válida para su medición.

Lo único que se requiere es que sean recíprocas, es decir, el sacrificio que cada uno de los interesados hace de parte de sus derechos o pretensiones.

Mientras exista​ ​reciprocidad de sacrificios,​ ​no importa la cuantía de ellos​ ​ni su equivalencia o desigualdad

Son aplicables a las transacciones las disposiciones sobre los contratos respecto de la capacidad de contratar, el objeto, modo, forma, prueba y nulidad , es esencial el consentimiento mutuo, íntegro y completo que se presta en orden a todos y cada uno de los elementos que han considerado las partes, sin distinguir entre los esenciales o secundarios. Si esa voluntad común no ha sido elaborada integralmente, por mínima que sea la importancia del desacuerdo, no hay transacción

En la transacción contractual ha de exigirse a las partes obren con lealtad expresando en las conversaciones previas todos los reclamos que hasta ese momento se crean con derecho a hacer, de tal manera que ambas partes con conocimiento reciproco de las pretensiones puedan valorar el alcance de las concesiones mutuas.

La reticencia no puede tolerarse pues colocaría en desventaja a quien expone honesta y sinceramente sus reclamos y sus dudas; así, combinadas adecuadamente la teoría de la confianza y la de la autorresponsabilidad, se dará fin, con pleno y total conocimiento a los derechos de cada uno y al conflicto suscitado.

La validez de la transacción no está sujeta en principio a la observación de formalidades extrínsecas, bastando con que se haga por escrito que debe presentarse ante el órgano jurisdiccional, estando subordinada su prueba a las disposiciones que sobre el particular existen en materia de contratos.

Debe repararse que la transacción extingue los derechos y obligaciones que las partes hubiesen renunciado, y tiene para con ellas la autoridad de la cosa juzgada y aun sin homologación judicial tiene dicha autoridad y eficacia y produce todos sus efectos entre los interesados desde el mismo momento en que se concretó.

Los convenios celebrados entre las partes tienen para éstas fuerza de ley, máxime cuando las transacciones han sido judicialmente homologadas, desde que resultan incontrovertibles los efectos de la cosa juzgada.

De otro lado, los efectos de la cosa juzgada que la ley otorga a la transacción recaen sobre las cuestiones que integraron la controversia en que aquélla se produce, no pudiendo extendérsela a otras que no formaban parte de la relación jurídica procesal así concluida.

También es de la esencia de la transacción que sus efectos extintivos se proyecten sobre las obligaciones pasadas —litigiosas o dudosas, desde luego, pero no sobre las futuras.

De haber estado viciada la voluntad de las partes en una transacción o si hubiese habido error en lo dado, ella puede ser anulada, rectificada o rescindida siempre que la parte afectada lo pidiese mediante la acción respectiva.

Se ha sostenido que la transacción celebrada entre la víctima del accidente y la empresa de transporte resulta ser nula por cuanto el accidentado lo habría suscripto debido a su estado de necesidad, siendo una persona de escasos recursos económicos, que para llevar a cabo la intervención quirúrgica a la que debía someterse, requería la colocación de una prótesis, la que compró, sin lugar a dudas, con el dinero recibido de la empresa, y en otros fallos se ha sostenido que debe considerarse afectada por el vicio de lesión previsto , la transacción en la que una compañía aseguradora obtuvo una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación que autorice a presumir un aprovechamiento de la situación de inferioridad en que se hallaba el actor en razón de su estado de salud y económico

Transaccion:

Nulidad de la obligación transada.

Si la obligación transada adolece de un vicio que causa su nulidad absoluta, la transacción es inválida. Si es de nulidad relativa, las partes conocen el vicio, y tratan sobre la nulidad, la transacción es válida.

Ponderando que la transacción se refiere a las concesiones recíprocas que se hacen las partes con el objeto de extinguir obligaciones dudosas o litigiosas, si éstas no existen por ser nulas de nulidad absoluta, no es posible la transacción. Es decir, que la nulidad absoluta de la obligación conduce a la invalidez del contrato. De acuerdo con ello, el Código Civil y Comercial determina que no pueden sanearse las nulidades absolutas por la confirmación del acto ni por la prescripción

Pero, si solo una de las partes cediese o abdicara a sus derechos o pretensiones, no se trataría de una transacción, sino de un acto unilateral, una liberalidad, aún cuando se realice bajo una forma contractual. No se cumpliría el requisito de reciprocidad, necesariopara la configuración del contrato. En definitiva, habrá reciprocidad si los actos entre las partes se hacen en la medida en que la otra parte también los haga.

Es un contrato de interpretación restrictiva

El Código Civil y Comercial, como carácter especial, solo ha señalado que es de interpretación restrictiva, lo cual es necesario vincular con lo prescripto por el art. 1062 de ese plexo normativo, en cuanto impone estar a la literalidad de los términos empleados al manifestar la voluntad, cuando por disposición legal se establece expresamente.

Recordemos que la transacción importa abdicaciones o renuncias de las partes, y por lo tanto es de interpretación estricta o restrictiva, como es dispuesto por el art. 948 del Código Civil y Comercial.

Cualquier duda sobre los derechos comprendidos en la transacción o sobre el alcance de las concesiones efectuadas, debe interpretarse en el sentido de que los derechos o la extensión sobre la cual se vacila no están incluidos en la transacción. No caben, pues, interpretaciones extensivas, y en caso de duda deberá concluirse que solo afectan a los derechos que inequívocamente se hayan transado. La transacción, tal como ya fue resaltado, no solo tiene importancia desde el punto de vista del derecho de fondo, sino que tiene impacto en el derecho procesal, en tanto constituye un modo anormal de terminación del proceso. Así, es regulada por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en su art. 308, el que dispone que "las partes podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio, con la presentación del convenio o suscripción de acta ante el juez.

Éste se limitará a examinar la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para la validez de la transacción, y la homologará o no. En este último caso, continuarán los procedimientos del juicio". Se ha dicho que la transacción constituye un contrato civil con repercusiones procesales

En materia previsional, en cambio, las facultades del magistrado frente a un pedido de homologación de un acuerdo transaccional, resultan más amplias, por los derechos en juego, de carácter alimentario. De tal forma, el juez no debe limitarse a comprobar el cumplimiento de los recaudos formales y sustanciales, sino también verificar, en términos de razonabilidad, que a través de la transacción se haya alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes

Prohibiciones.

No puede transigirse sobre derechos en los que esta comprometido el orden público, ni sobre derechos irrenunciables.

Tampoco pueden ser objeto de transacción los derechos sobre las relaciones de familia o el estado de las personas, excepto que se trate de derechos patrimoniales derivados de aquéllos, o de otros derechos sobre los que, expresamente, este Código admite pactar.

Derechos irrenunciables

La norma excluye como objeto de la transacción a los derechos irrenunciables, lo cual tiene sustento en la naturaleza propia del contrato que importa, justamente, abdicaciones y reconocimiento de derechos. A modo de ejemplo lo concerniente a la persona humana, reconocidos por la Constitución Nacional, la ley y el derecho internacional a través de diversos tratados incorporados al derecho argentino con jerarquía constitucional —art. 75, inc. 22, CN— (como el derecho a la vida, la libertad, la salud, al trabajo, jubilacion, al honor, a circular libremente, a elegir la residencia, libertad de religión, entre muchos otros, constituyen deberes y derechos intransferibles e intransigibles).

​Los derechos de la Seguridad Social son irrenunciables y ademas el articulo 1644 del Codigo Civil y Comercial impide hacer "transacciones" sobre derechos irrenunciables.

Ademas, la ley satisface totalmente la recomposición del haber mensual en los casos de la ley 18.037, porque tanto el recálculo del haber inicial como la movilidad se hacen con los criterios de la doctrina judicial; mientras los casos de la ley 24241 se lo hace con un "​criterio arbitrario", afectando el principio de igualdad art. 16 de la Constitucion Nacional.

Debe considerarse afectada por el "vicio de lesión", la "transacción" en la que la ANSES obtuvo una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada sin justificación que autoriza a presumir un "aprovechamiento de la situación de inferioridad" en que se hallaba el "actor en razón de su estado económico".

​La​ jubilacion es irrenunciable e imprescriptible ​, y no puede ser objeto de una "transaccion"​


Reclamo Administrativo

Buenos Aires, .. de ...... de 2017

Director Ejecutivo

De la ANSeS

S............./.............D

.................. constituyendo domicilio legal en la calle , dónde solicito expresamente se practiquen todas las notificaciones, al Director Ejecutivo digo:

1.- OBJETO: En mi carácter de apoderado del Sr ............, DNI Expte. Adm. Nro. -..-........-.- Beneficio Nro. 15-.-.......-.-. vengo a peticionar el reajuste de haberes de mi mandante conforme los fundamentos que se exponen

2.- HECHOS: El titular obtuvo su beneficio previsional bajo el régimen legal de la ley 24.241.

El haber inicial se determinó sobre la base de índices confiscatorios y sin la debida actualización de las remuneraciones que constituyen la base del cálculo, tanto para la determinación de la PBU, la PC y la PAP. Y para la actualización de las rentas presuntas por los aportes autónomos se toman valores arbitrarios produciéndose una evidente confiscación.

Se adjunta al presente el cálculo de reajuste de haberes y movilidad practicado mediante el sistema de Bluecorp, donde se acredita lo manifestado.

El reclamo de reajuste se basa en el principio sustitutivo que tienen que tener las prestaciones previsionales conforme lo garantiza el art. 14 bis de la CN.

Así las cosas, resulta contradictorio con ello, la normativa dispuesta en los arts. 1º inc. 3; 7 incs. 1º b) y 2º y 11 de la ley 24.463 por desconocer los derechos consagrados en los art. 14 bis y 17 de la C.N., supuesto que vulnera el principio de división de poderes

Asimismo vengo a solicitar el cese de la aplicación de los topes dispuestos en:

· El art. 24 de la ley 24.463, que descarta años laborados con aportes, resultando ello confiscatorio y violatorio del art. 17 de nuestra constitución nacional.

· Los arts. 9 y 25 de la ley 24.241 que establecen la remuneración máxima para el cálculo de la PC y se traducen en una desproporción entre haber previsional y el salario, no cumpliendo con el principio sustitutivo de la jubilación.

· El art. 26 de la ley 24.241 que fija que el monto de la PC no debe superar el 1 AMPO por año, monto que fue modificado por la ley 26.417 a una proporción del haber mínimo por lo cual solicito expresamente se declare la inconstitucionalidad del mismo toda vez que este resulte confiscatorio.

· El art. 9 ley 24.463 y sus modificaciones, solicitamos expresamente se abstenga el organismo administrativo de aplicar los mismos, de acuerdo con las pautas fijadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos “Tudor” y “Actis Caporale”.

3.- DERECHO INVOCADO: El presente reclamo se funda en la Constitución Nacional (arts.14 bis,16, 17, 18, y 31), en los arts. 160 y 32 de la ley 24241 y en la abundante y pacífica jurisprudencia sentada por la Excma. Cámara de la Seguridad Social y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tratados internacionales aplicables a la materia con jerarquía constitucional (cfr. Art. 75 inc. 12 C.N.).

4.- MOVILIDAD HASTA MARZO DE 1995

El precedente “Sánchez María del Carmen” modificó la doctrina sentada por “Chocobar” hecho que debe ser tenido en cuenta por el organismo a vuestro cargo

La nueva doctrina de la Corte Suprema establece que la ley 18037 se hallaba plenamente vigente a la fecha de la sanción de la ley 23928 y sólo fue derogada por la ley 24241, con el límite fijado en el art. 160 que mantenía la movilidad de las prestaciones reguladas por leyes anteriores. Y expresamente dijo la Corte en el precedente citado: “…no existe fundamento válido que justifique retacear los ajustes que debían ser trasladados a los haberes de los jubilados en la forma prevista por el art. 53 de la ley 18037, que fue mantenida por el art. 160 de la ley 24241 para las prestaciones otorgadas o que correspondiera otorgar por aquél régimen previsional hasta su derogación por la ley 24463”.

Por el presente periodo, solicito se reajuste el haber de mi mandante por el índice del nivel general de las remuneraciones (conforme cálculo adjunto)

5.- MOVILIDAD POSTERIOR AL 31/03/95: Para este periodo según lo dispuesto por el art . 7 punto 2 de la ley 24463 era el Congreso de la Nación quien debía establecer las pautas de movilidad de las prestaciones.

A fin de suplir este deber que tenía a su cargo el poder legislativo solicito que se aplique la movilidad ordenada por el art. 21 de la ley 24241 (AMPO) hasta el 08/97 en que fue sustituido por el MOPRE conforme Dto. 833/97, debiéndose aplicar éste hasta el 05/01/2002 fecha en que cesó el régimen monetario de convertibilidad cambiaria establecido por la ley 23928.

Con la sanción de la ley 25.561 se puso fin al periodo de convertibilidad dando comienzo a un proceso inflacionario y de recomposición salarial, el cual no tuvo su paralelo en los beneficios previsionales, los que con el correr del tiempo se han ido deteriorando, tornando cada vez mas ilusorio el principio sustitutivo de los haberes previsionales.

Así las cosas, se deja planteada la inconstitucionalidad del art. 4° de la ley 25.561 en cuanto modifica los Art. 7° y 10° de la ley 23928, en la medida que prohíben en la actualización monetaria e indexación por variación de precLa Corte Suprema en los autos Badaro Adolfo Valentin del 8/8/06, revocando un fallo de sala 3 donde se aplicaba el precedente “Heitt Rupp”, reafirmó la obligatoriedad constitucional de la movilidad de las prestaciones, y el principio sustitutivo que las rige, exhortando al congreso a establecer un sistema de movilidad para las prestaciones previsionales.

Ante la inacción legislativa, el 26 de noviembre de 2007, la CSJN resuelve en los mismos autos y manifiesta que los aumentos dados por el periodo enero de 2002 y diciembre de 2006 no cubren el detrimento sufrido por los haberes provisionales.

Así las cosas declara la inconstitucionalidad del régimen de movilidad de art. 7 inc. 2 de la ley 24.463 y dispone que la prestación del actor se ajuste por el período enero de 2002 a diciembre de 2006, conforme la variación anual del índice de Salarios, Nivel General, elaborado por el INDEC.

Por este periodo, solicito se reajuste el haber de mi mandante conforme la variación del AMPO y luego la variación del índice de Salarios, Nivel General, elaborado por el INDEC.

6.- LIQUIDACION: Conforme lo expuesto se practica cálculo de haber de reajuste y movilidad aplicando los criterios establecidos por la CSJN en el precedente “Sánchez María del Carmen c/ANSeS s/reajustes varios” fallado el 17/05/2005, y para la movilidad posterior al 31/03/95 se aplica el valor del AMPO hasta el 25/08/97, en adelante y hasta el 05/01/2002 el MOPRE y por el período siguiente el Índice de Salarios Nivel General, elaborado por el INDEC.

7.- CASO FEDERAL: Atento las tachas de inconstitucionalidad planteadas se hace expresa reserva del CASO FEDERAL para su oportunidad.-

8.- Por todo lo expuesto, solicitamos del Sr. Director proceda a reajustar el haber


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