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Transformation in Action of Legal Services

EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

DERECHO PROCESAL ELECTRÓNICO

Lo nuevo no son las tecnologías de la información y la comunicación (TI) sino su impacto en el ámbito del derecho procesal, ya sea que las mismas se apliquen como herramientas para el desempeño de la tarea tribunalicia o bien aparezcan como dato o elemento —con mayor o menor preponderancia— integrativo de los conflictos a los cuales corresponde que los jueces brinden respuesta y solución.

En este terreno, signado por la complejidad tecnológica y el vértigo de los cambios, resulta prioritario abordar el conocimiento de la relación que se viene dando entre las TI y el trámite judicial atento al abundante número de interacciones que hoy encontramos presentes en el ámbito de los tribunales. Y ello de un modo sistemático, a los fines de generar un cuerpo de conocimientos ordenado y completo que sirva como ámbito de referencia al que puedan acudir todos los operadores jurídicos involucrados tanto en la actividad cotidiana de la administración de justicia con el auxilio de la TI como en el desarrollo de procesos originados a partir de conflictos donde las TI —o las tecnologías a ellas vinculadas— incidan de algún modo.

Tal es el objetivo que se busca recopilar y exponer en forma ordenada —en una etapa todavía embrionaria de desarrollo— los contenidos relativos a este sector del saber procesal.

No nos referimos al derecho procesal electrónico como a una rama autónoma del derecho procesal. Palacio explica que "en el derecho positivo argentino, sólo cabe reconocer a dos tipos de procesos judiciales, el civil y el penal, suficiente autonomía como para justificar la existencia de sendas ramas del derecho procesal". Sin embargo, sí entendemos que el derecho procesal electrónico puede ser considerado, desde el punto de vista de la teoría, un "tipo ideal" de proceso, con particularidades especiales que justifican un estudio unificado de sus características.


DERECHO PROCESAL ELECTRÓNICO: DEFINICIONES Y ALCANCES

A los fines de delimitar los alcances de este ámbito especial del derecho procesal es necesario brindar algunas definiciones.

Entendemos por derecho procesal electrónico al sector del derecho procesal civil que se dedica al estudio de dos materias: a) la forma en que es abordada por los órganos del Poder Judicial o arbitrales la "pretensión procesal informática" y b) la forma en que se desarrolla la "informática jurídica judicial", entendida como las reglas de empleo de las TI para una más adecuada prestación del servicio de justicia.

A estos fines, nos inclinamos por definir el concepto de "pretensión procesal informática" a la particular pretensión procesal —acto petitorio—que posee uno, algunos o todos sus elementos relacionados con la informática —concepto tecnológico amplio— o las TI.

Esto es, el derecho procesal electrónico abarca las discusiones teóricas y reglas rituales específicas que se ponen en juego tanto cuando el debate procesal gira en torno a un conflicto respecto del cual tienen incidencia —en mayor o menor medida— la informática o algún aspecto de las TI (por caso, cuando los sujetos se relacionan con actividades vinculadas a la informática, la causa contiene mención a hechos o circunstancias relativas a la informática, el objeto inmediato es una "sentencia multimedia", el inmediato viene constituido por una prestación o conducta relacionada con la informática o, finalmente, en el plano del elemento actividad se encuentra presente la cuestión informática de modo destacado —p. ej., se requiere la producción de "prueba informática", se practican "notificaciones electrónicas", se realizan "actos procesales por videoconferencia", se lleva adelante una "subasta electrónica", etc.—) como frente a las pautas que gobiernan el uso de la informática en la actividad cotidiana de los Tribunales.

En este último supuesto, las reglas aplicables darán lugar al desenvolvimiento de tareas que pueden desarrollarse por fuera de un trámite judicial concreto y, en tal caso, serán simples aplicaciones de la informática jurídica judicial —por caso, la consulta que se haga de jurisprudencia online o la utilización de algunos de los servicios que ofrecen páginas oficiales de los poderes judiciales como son sistemas para el cálculo de intereses, cómputo de plazos procesales, etc.— o bien, se tratará de la aplicación de esta disciplina a un concreto proceso, produciéndose aquí una útil superposición entre la informática jurídica judicial y la aplicación de los principios del derecho procesal electrónico al elemento actividad de la pretensión procesal informática —tal, entre muchos casos, el de las notificaciones electrónicas, las presentaciones electrónicas o trabas de medidas cautelares electrónicas en un proceso determinado—.

Este sector del derecho procesal —el electrónico— se encuentra en desarrollo y consolidación, como ya lo señaláramos.

En tal fase de inicio en el camino del estudio integral de esta materia, que poco a poco habrá de ir consolidándose y adquiriendo perfil específico, objetivo que sólo se logrará con el transcurso del tiempo, el afianzamiento de la conciencia en la comunidad jurídica de la existencia de una parcela del derecho procesal con reglas y problemáticas particulares, el trabajo de los jueces aplicándola, la labor de los autores sistematizándola y final —y eventualmente— la regulación normativa integral de las mentadas peculiaridades del trámite.

Estamos convencidos de la existencia del referido contenido particular de la disciplina, lo que justifica el esfuerzo de un abordaje científico unificado y sistematizado. Ello así a partir de las especiales pautas que se activan y vuelven necesarias frente a un conflicto donde luce el elemento informático como determinante tanto en el planteo de la pretensión, en la oposición a la misma o en la manera en que se llevan a cabo determinados actos procesales.

Asimismo, entendemos que aún no resulta conocido a cabalidad todo el plexo de reglas y principios propios de este nuevo sector del derecho procesal. Se busca ofrecer de modo ordenado el estado actual del mismo, a los efectos de contribuir en la referida generación de conciencia de la importancia y aplicabilidad de tales regulaciones en la realidad cotidiana de la resolución judicial de conflictos, permitiendo que los criterios ya aplicados se conozcan y sean requeridos por los letrados en el ejercicio del derecho constitucional de defensa de sus asistidos, dando lugar a que los jueces cuenten con un vademécum de posiciones doctrinarias y precedentes a los que echar mano cuando estén en condiciones de abordar y resolver un caso de este tenor.

El objetivo de contribuir con el avance y consolidación definitiva de esta parcela del derecho procesal, que se relaciona con un fenómeno tecnológico —la informática— que ha invadido de modo profundo incontables ámbitos de la vida del hombre actual, dando lugar —por lo mismo— a una serie de nuevos conflictos, no tanto por sus contenidos como por el ropaje o modalidad con los que ahora se presentan.


EL DERECHO PROCESAL ELECTRÓNICO ANTE LA EFICACIA PROCESAL

Ahora bien, ninguna investigación procesal puede ser hoy válidamente llevada a cabo sin tener en cuenta el mandato de la eficacia.

La eficacia ha dejado de ser uno de los muchos contenidos de los discursos jurídicos para pasar a tener el rango de deber primordial de los jueces en la tarea de administrar justicia, con la asistencia del resto de los operadores del derecho involucrados en un proceso concreto.

En reiteradas oportunidades se ha hecho alusión a este clamor social generalizado, que —si bien data de tiempos inmemoriales— en la actualidad no solamente encuentra respaldo normativo en el plano legal y supralegal (tanto nacional como internacional), sino que agrega un contralor externo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para el abordaje de esta problemática, ya en el Congreso Nacional de Derecho Procesal —celebrado en la ciudad de Santa Fe durante el año 2011— se referia a la "tutela judicial efectiva" y analizába si podía hablarse de ella como de un "nuevo principio" procesal.

Para los habitantes de la Provincia de Buenos Aires, este concepto —"tutela judicial efectiva"— se remite a un derecho constitucional expreso contenido en el art. 15 de la Carta local. Recordemos que esta norma, luego de la reforma del año 1994, reza: "La Provincia asegura la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la justicia, la gratuidad de los trámites y la asistencia letrada a quienes carezcan de recursos suficientes y la inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento administrativo o judicial. Las causas deberán decidirse en tiempo razonable. El retardo en dictar sentencia y las dilaciones indebidas, cuando sean reiteradas, constituyen falta grave".

Así, se consagra el derecho constitucional a una "tutela judicial efectiva" para los bonaerenses. Podemos entender, sin embargo, que ese derecho asistía a los habitantes de esta provincia —y de todo el país— a través de una interpretación amplia del art. 18 de la Constitución de la Nación o, incluso, echando mano a los "derechos no enumerados" del art. 33 del mismo cuerpo.

También, y con más razón, a partir de la reforma constitucional nacional acaecida en el mismo año —1994— por el que se otorgó rango supralegal a tratados y pactos de derechos humanos, dentro de los cuales no es difícil encontrar pautas que abonen la existencia de ese derecho a la efectividad en la tutela que ha de brindar el Poder Judicial de cada Estado.

Es un derecho, que asiste a todos los ciudadanos y que tiene rango constitucional. Falta determinar —a partir de la sistematización y síntesis de los diferentes textos normativos en juego— qué implica o bien, qué exacto alcance posee la expresión "tutela judicial efectiva".

Normalmente se la vincula con el acceso a la justicia, con la celeridad en el trámite y con una adecuada y útil resolución del conflicto. Las dos primeras pautas surgen del mismo texto del art. 15 de la Constitución de Buenos Aires. La adecuada y útil resolución de la controversia tiene que ver con la obtención del "bien de la vida" en la forma más completa posible de acuerdo con las circunstancias. No basta la posibilidad de que siempre sea viable la reparación pecuniaria: la Justicia debe tratar de restablecer en lo posible la situación previa al origen del diferendo, buscando la reparación en especie. La "recomposición" como obligación prioritaria en los supuestos de daños ambientales es una clara muestra de ello, así como la reparación in natura que contempla nuestro nuevo Código Civil y Comercial.

En suma, existe el derecho a una prestación del servicio de justicia que asegure soluciones útiles y rápidas a los conflictos, ello así para que pueda obtenerse una mejor calidad de paz social, aquella donde los ciudadanos, frente a la violación de sus derechos, se sientan más satisfechos que en el caso de obtener simplemente un resarcimiento patrimonial.

La "tutela judicial efectiva" no constituye un principio que rige el derecho procesal, sino que es su objetivo, finalidad o norte. En el derecho, lo cierto es que la "tutela judicial" o, en otros términos, la protección o amparo que se busca en el Poder Judicial con el objeto de que éste resuelva los conflictos que alteran la paz social y que no pueden ser dirimidos por las partes por sí solas, es la finalidad o el objetivo del derecho procesal, sea que se tome al mismo como un fin del derecho procesal o de los hombres a través del derecho procesal.

Esta "protección" que debe brindar la justicia como una de las funciones del Estado no es, entonces, un principio procesal sino que es el objetivo o fin de "lo procesal": la "tutela judicial" constituye, en definitiva, la forma de obtener la paz social en una sociedad organizada y democrática.

Cabe preguntarse si la calificación de "efectiva" que se atribuye en este contexto a la tutela judicial cambia las cosas, teniendo la virtud de mutar lo que —respecto del derecho procesal— es finalidad en principio.

No siempre que se hizo referencia a la "tutela judicial" o al "resguardo de la paz social" se pensó en que tal protección debía ser efectiva o eficaz. En otros términos: la efectividad del sistema no puede ser un hallazgo reciente. Considerar lo contrario sería someter a nuestros mayores —juristas, jueces, etc.— a una subestimación descalificante inaceptable e inmerecida. Lo que sí puede diferenciar esta época de otras pretéritas es la mayor complejidad en las cuestiones a resolver, así como un crecimiento en el índice de litigiosidad no siempre acompañado del proporcional aumento de las estructuras judiciales que habrán de absorberlo y resolverlo, lo que genera una mayor demora en los trámites judiciales.

Por otro lado, existe en estos tiempos una mayor exigencia de la comunidad respecto de la calidad de la respuesta de los tribunales a partir de un mayor acceso a la información de los derechos que asiste a los ciudadanos, tanto en lo que hace a las cuestiones de fondo como a las procesales, frente a las garantías provenientes del plano supranacional y su correlato en los pronunciamientos de los Superiores Tribunales.

Lo que sí puede afirmarse como diferencia es que hoy, el concepto de "efectividad" —aludiendo a la "tutela judicial" como fin del proceso— tenga un alcance o significado diverso del que tenía a principios del siglo XX, cuando recién se afianzaban los derechos constitucionales de las primeras generaciones.

Lo que para nuestros antepasados era considerado un proceso eficaz, hoy quizás ya no lo sea. Tal mutación requiere —como lo percibe el sentido común— adaptación de la actividad desplegada por los Tribunales, un acomodamiento en lo que hace a la "debida prestación del servicio de justicia".

Sin embargo, se constata en general, en lo que hace a las herramientas jurídicas empleadas que las normas, los institutos procesales y los principios no resultan muy diferentes de los vigentes por aquel entonces.

Consideramos que lo que debe ajustarse para lograr este tipo de tutela es la actividad de los órganos encargados de la resolución de conflictos.

Frente a ello, el hecho de que la idea —actual— de "tutela judicial efectiva" no configure un principio procesal y sí constituya una versión "calificada", "especial" o aggiornada de la clásica finalidad del proceso, no le quita utilidad a los fines tanto teóricos como prácticos. Muy por el contrario, esta noción es la que debe guiar a los estudiosos de esta rama del derecho, así como a los operadores del sistema judicial,en la tarea de adecuar normas, principios y concepciones antiguas (teniendo en cuenta la vertiginosidad de los cambios y la evolución social de las últimas décadas) a los actuales reclamos de la sociedad.


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