Biblioteca Juridica

EFECTO “CLOUD”

Adicción a internet y “actio libera in causa”. Nuevos supuestos de inimputabilidad penal

¿Puede la adicción a internet provocar un trastorno mental transitorio por la confusión temporal entre realidad y mundo virtual que convierta al sujeto que comete un acto ilícito en inimputable?

Por Sabrina Isabel Visconti

“Partiendo de la afirmación de que la culpabilidad no es el reproche; Partiendo del postulado de que el reproche viene después del proceso de culpabilidad que elabora el juez; Partiendo de que el reproche antecede una valoración de aspecto subjetivo del autor para determinar si hubo conocimiento de la ilicitud del hecho y voluntad de cometerlo; de que reprochar es hacer responsable a alguien de unas consecuencias jurídico-penales; partiendo de estas afirmaciones, tenemos que concluir que cuando se hace esta valoración, si el juez encuentra que en el proceso intelectivo hubo alteraciones o fallas en lo psicológico, ausencia de conocimiento o alteraciones en el proceso de conocer; falta de voluntad, o una no libre o equivocada, se tiene que concluir que los hechos se desarrollaron sin culpabilidad, y por ello, se debe omitir el reproche.”

José Luis Bustamante.

Introducción

En nuestros días, no se puede dar por cierto que todas las personas que usan muchas horas por día el ordenador y, sobre todo, los jóvenes puedan hacer la distinción entre mundo real y mundo virtual.

Esta situación presenta un nuevo desafío para la culpabilidad en el derecho penal. La culpabilidad, en Derecho penal “es la conciencia de la antijuridicidad de la conducta, es decir supone la reprochabilidad del hecho ya calificado como típico y antijurídico, fundada en el desacato del autor frente al Derecho por medio de su conducta, mediante la cual menoscaba la confianza general en la vigencia de las normas.”

En nuestro derecho penal contemporáneo, la culpabilidad puede ser definida como la capacidad de comprender la criminalidad del acto y dirigir la acción; la posibilidad de auto-determinarse conforme al Derecho en el caso concreto. Las causales de inimputabilidad son todos aquellos motivos por los cuales no se le puede atribuir a un sujeto el acto típicamente antijurídico que haya realizado. En la mayoría de los códigos penales vigentes, éstas tienen que ver con la enfermedad mental, una grave Insuficiencia de la Inteligencia, una grave perturbación de la conciencia o el hecho de tener una edad inferior a la requerida para comprender la antijuridicidad de la conducta y de no adecuar la misma a esa comprensión.

Hoy en día, los usuarios de internet y, sobre todo, los más jóvenes tienen dificultad en establecer una diferencia concreta entre el mundo real y el mundo virtual. Los sentimientos se comunican a través de la red en tiempo real y la vida propia se reduce, muchas veces, a lo que uno postea en las redes sociales. Las ilimitadas posibilidades que otorga en mundo virtual, desde cambiar de nombre hasta comprar una cartera de marca en un juego de Facebook por cinco euros es difícil de limitar cuando los sujetos pasan al mundo real. Existe una continuidad mental entre lo real y lo virtual. Lo real, muchas veces, frustra.

El mundo virtual, impersonal e infinito, se vuelve más atractivo. No hay culpa ni responsabilidad. No es necesario interrogarse acerca de la propia conducta porque todo está permitido. Los actos, aún los más terribles, como matar embarazadas en un juego no tienen consecuencias. Al desaparecer la culpa, desaparece la angustia.

Siempre que el sujeto pueda diferenciar el mundo real y el virtual el problema no se presenta. Pero que sucede cuando una persona pasa casi más de media jornada “on line”, ¿es posible pedirle que vuelva a la realidad “real” tan fácilmente? Si los niños pequeños pasan más tiempo delante una televisión o un Tablet que jugando con autitos, muñecas o juegos para armar, puede el derecho penal exigirles, en el futuro, que comprendan y dirijan sus acciones en los actos concretos, que no cometan ilícitos o que asuman responsabilidades.

Considero que es necesario cuidar mucho los contenidos y las posibilidades que se ofrecen en la red. Para las nuevas generaciones, el principio de ejecución está en la ideación porque al no tener conciencia plena de las consecuencias de sus actos, tienen una gran dificultad para frenar la ejecución una vez que lo han pensado. Hasta ahora, este fenómeno no era generalizado y muchas veces se diagnosticaba como esquizofrenia.

El delito como lo concebimos, es acción “cogitationen poenam nemo patitur”. En el iter criminis, los actos (ideación, deliberación, resolución) que permanecen en el fuero interno del individuo no son punibles. Pero si la acción no puede ser frenada porque no hay una clara conciencia de las consecuencias reales de los actos por una confusión entre la realidad virtual y realidad material, los delitos cometidos en ese estado pueden ser punibles?, ¿ Cómo determinar si el sujeto pudo reconocer la diferencia entre la idealidad de su pensamiento y la materialidad del delito que cometió?

Estos interrogantes apremian al derecho penal y es necesario dar respuestas. No podemos prescindir de las nuevas tecnologías, tampoco podemos condenar a quien no pudo auto -determinar su acción. En esta línea, debemos tomar conciencia y prevenir la formación de mentes esquizoides debido al que denomino personalmente como: “efecto cloud” porque, o el número de inimputables crecerá exponencialmente o condenaremos inocentes.

La culpabilidad

La culpabilidad se compone de tres elementos. Estos tienen que verificarse contemporáneamente para que el sujeto sea considerado culpable: la imputabilidad (capacidad de conocer lo injusto del actuar, así como de reconocer la posibilidad de actuar de otra manera), la conciencia de antijuridicidad (posibilidad de comprender lo injusto del acto concreto) y la exigibilidad de actuar de forma diferente: posibilidad de auto-determinarse conforme al Derecho en el caso concreto.

Internet y un desafío contra el tiempo y el espacio.

Los desarrolladores de internet buscan continuamente transformar o mejorar la “realidad” o mejor dicho la “ciber-realidad”. Las tecnologías que persiguen esa transformación son la realidad virtual (VR) y la realidad aumentada (AR). Estos dos tipos de realidad ficticios se confunden con la realidad empírica, concreta y objetiva donde nos movemos, donde se desarrolla la vida física, corporal, “humana”.

El “cogito ergo sum” de Descartes se reduce en nuestros días a un mero “cogito”. La realidad no se vive ni se piensa, se imagina. Albert Einstein en su frase “Si lo puedes imaginar, lo puedes lograr” ha sintetizado el espíritu que caracteriza nuestro tiempo y este axioma como punto de partida puede servir para la investigación científica pero se convierte en peligroso cuando lo absolutizamos.

Otro de los riesgos de esta “alucinación colectiva” es la incapacidad de pensar, reflexionar y dirigir la propia acción con los propios recursos psíquicos personales. Si se necesita compartir, “postear” todo, inclusive lo más íntimo para recibir de un otro “inmaterial” aprobación o rechazo se pierde la confianza en el criterio personal y se limita la capacidad de autodeterminación. Además, este comportamiento afecta las relaciones personales y perjudica el rendimiento general. Esto no sólo se da en los adultos sino que es un peligro latente para las nuevas generaciones. Lo vemos en el actual juego de la “ballena azul”.

¿Se puede considerar el abuso de internet un trastorno mental transitorio?

“El trastorno mental transitorio es una patología caracterizada por manifestaciones psíquicas de entidad patológica que emergen en forma de brotes puntuales causando trastornos de corta duración, quedando el sujeto en situación de inimputabilidad para a continuación remitir y desaparecer completamente.”

Es importante destacar que tales manifestaciones patológicas tienen carácter puntual y exógeno. Dentro del mismo se encuadran aquellos trastornos del control de los impulsos y otras manifestaciones psicológicas que anulan la imputabilidad temporalmente, tales como el trastorno explosivo aislado, trastornos por consumo de drogas y tóxicos, la piromanía, cleptomanía y el juego patológico o ludopatía, como afecciones que inciden en la conciencia hasta el punto de anularla. Se incluyen también aquellos supuestos de hipnosis e inconsciencia por sueño, que producen fenómenos repentinos, y comportan una grave interferencia en la elaboración mental.

Desde el punto de vista criminológico, me interesa destacar que las adicciones generan compulsión. Este efecto limita la inteligencia, la libertad, la voluntad del individuo anulando su capacidad de decisión, es decir, su autodeterminación. Si no hay autodeterminación, la conducta ilícita no puede ser reprochada y el sujeto no puede ser considerado culpable.

Adicción a internet y la actio libera in causa (acción libre de causa)

En la mayoría de los ordenamientos jurídicos, el trastorno mental transitorio no exime de responsabilidad penal cuando hubiera sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o cuando éste hubiera previsto o debido prever la acción u omisión típica y antijurídica que llevó a cabo.

Los requisitos de actio libera in causa son:

1º: Provocación voluntaria del trastorno

2º: Propósito de cometer el delito

3º: Previsión o deber de previsión

4º: Comisión del delito

Por lo tanto, si la provocación voluntaria o imprudente del trastorno no es buscado por el sujeto como es el caso de uso excesivo de internet nos encontraremos ante un supuesto “actio libera in causa”. En este caso, es posible aplicar la eximente ya que no existe normativa que limite el tiempo de conexión a internet y su uso (y “abuso”) es legal y propiciado por los gobiernos.

Conclusión

No podemos volver atrás. La tecnología está entre nosotros. Los gobiernos deben informar sobre los peligros de la red y no solo propiciar su uso indiscriminado. Es necesario prevenir los trastornos psíquicos que pueden ser provocados por la adicción a internet y sus posibles repercusiones en el ámbito de la culpabilidad penal.

No es sólo el ciber- delito el único problema a resolver sino el cómo los jueces evalúan la culpabilidad de las personas que debido a la dependencia a internet pierden el control y confunden la realidad con el mundo virtual, en lo que denomino un nuevo eximente de responsabilidad penal: la inimputabilidad por efecto “cloud”.

Solución de conflictos en el derecho norteamericano:

pre-trial discovery, mini trial y summary trial

Análisis y posibles ideas en búsqueda de modelos de justicia más eficaces

Por Rodrigo Martín González Pereira

SUMARIO: I. Introducción. II. Crisis del modelo actual. Ampliación del concepto de acceso a la justicia y tutela efectiva de los derechos. III. La experiencia del derecho norteamericano: pre-trial Discovery, mini trial y summary trial. IV. Posibles ideas para su desarrollo en la práctica jurídica argentina. V. Conclusiones.

I. Introducción

El presente trabajo tiene como principal objetivo realizar un análisis de distintas figuras presentes en el derecho comparado de los Estados Unidos, a la luz de la ampliación del concepto de acceso a la justicia, entendido como comprensivo no solo de la entrada al sistema judicial sino también abarcativo de formas desjudicializadas de resolución de los conflictos, es decir, del campo de la “RAD” (Resolución Alternativa de Disputas –o “ADR”: Alternative Dispute Resolution-).

En este sentido, se describirán las notas esenciales de estos institutos del derecho anglosajón, con la única finalidad de aportar posibles puntos de partida para su eficaz implementación en nuestra práctica jurídica, en atención a los cada vez mayores obstáculos que se presentan para el logro de una administración de justicia eficaz, que permita dar una rápida y eficaz solución a los conflictos que se suscitan entre los destinatarios del sistema. Ello, sin embargo, no implica limitarse a copiar instituciones de derecho comparado, sino que trae aparejado una importante responsabilidad de diseñar una correcta adaptación a nuestra realidad jurídica.

Cabe poner de relieve el lema elegido para este Congreso, en tanto nos convoca a analizar el estado de cosas actual y a diseñar reformas que permitan un mejoramiento de los modelos de justicia que como Estado de Derecho aspiramos a lograr. Sin perjuicio de ello, coincido con el Dr. Jorge Rojas, quien en su ponencia general para este Congreso expresa, acertadamente, que implementar no significa cambiar todo lo actual por algo nuevo, sino que consiste en aplicar en concreto las medidas que ya se han adoptado, volver a revisar las formas para, en su caso, modificarlas, actualizarlas, mejorarlas. Así, el mejoramiento del sistema no estará dado por la completa innovación acerca de novedosas formas para solucionar los conflictos, sino que, con intenciones mucho menos utópicas, podemos lograr grandes avances si propendemos a diseñar formas de manejar más adecuada, razonable y eficazmente las herramientas con las que ya contamos.

De esta manera, no resulta viable creer que con la sola modificación de la letra de la ley es posible lograr avances concretos y efectivos, sino que se requiere de un cambio gradual de nuestra cultura jurídica. Desde luego, los cambios no pueden agotarse en meramente normativos, sino que es necesaria una modificación en la formación de los operadores jurídicos, siendo indispensable dotarlos de las herramientas apropiadas para aplicar estos nuevos sistemas de solución de los conflictos desde las distintas universidades de nuestro país y ya sea en el ámbito extra o intraprocesal. Esto cobra particular relevancia en tanto puede vislumbrarse que aún la formación académica continúa inculcando en los futuros letrados una fuerte mentalidad pleitista, lo que en nada favorece a aligerar el desborde de actuaciones judiciales que prácticamente imposibilitan el derecho de los ciudadanos a obtener una justicia rápida y efectiva. Ilustran esta situación las palabras esbozadas por el Dr. Manuel Álvarez Trongé: “(…) las facultades de Derecho de la Argentina forman y entrenan boxeadores intelectuales que precisamente salen entusiasmados de las casas de estudios a vencer en los litigios, a knockear a sus adversarios, sin advertir que a quien hay que vencer es al conflicto y no a la contraparte. El lograr que se haga justicia se obtiene no solamente con la actuación de los tribunales, sino también administra justicia quien resuelve inteligentemente un conflicto mediante métodos alternativos, y esto también es hacer justicia”. Por ello, un abogado moderno debe estar preparado para saber qué hacer concretamente para delimitar y depurar un conflicto, asumiendo un nuevo rol: el del abogado conciliador componedor, suponiendo la superación del tradicional estereotipo del abogado pleitista hacia renovadas modalidades del quehacer profesional.

El contexto brindado por la inminente entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación no podría ser más propicio para llevar a cabo una propuesta de acciónmodificadora de ciertos aspectos del modelo de justicia actual. La inclusión de normas de neto corte procesal en el articulado de este novedoso cuerpo normativo unificado importan la necesidad de aggiornar los códigos procesales a estos nuevos sistemas que pretenden otorgar un rol más activo a los magistrados y un mayor protagonismo a las formas alternativas de resolución de conflictos.

II. Crisis del modelo actual. Ampliación del concepto de acceso a la justicia y tutela efectiva de los derechos.

Que el proceso tal y como lo conocemos está en crisis y que los niveles de satisfacción para con la calidad de la administración de justicia en Argentina son altamente insatisfactorios, no resulta novedoso en lo más mínimo. Consecuencia de ello es la percepción de los individuos de que el sistema judicial cada vez es menos eficaz para dar solución a las controversias que se plantean ante los jueces. En muchos casos, el común de las personas es renuente a transitar un proceso judicial, en tanto se critica su lentitud para dar respuesta apropiada a las necesidades particulares. El excesivo tiempo que conlleva el proceso, producto de juzgados colapsados por la cantidad de causas, carentes de la cantidad de recursos materiales, humanos y de la infraestructura necesaria, hacen imposible pensar en una solución a corto plazo a fin de obtener una decisión judicial en un plazo razonable y oportuno.

Este complejo fenómeno que se viene desarrollando hace ya unos años ha motivado el interés de los operadores. Ejemplo de ello lo constituyen los trabajos realizados en el marco del XIII Congreso Mundial de Derecho Procesal desarrollado en Salvador de Bahía, Brasil, en el año 2007, en los cuales se concluyó que las nuevas tendencias deben poner énfasis en una mejor preparación del proceso, por un lado, y por el otro la posibilidad de un pronto acuerdo judicial.

Para llevar a cabo esos objetivos, se ha puesto el foco en los métodos alternativos de resolución de los conflictos, entendidos como toda forma de resolución de los conflictos que no pase por la necesidad de llegar a los estrados judiciales. De esta manera, se pone de manifiesto su finalidad mediata de mitigar la congestión de los tribunales, evitando la judicialización de los conflictos y reduciendo la demora de los ya iniciados por la consecuente liberación de tiempo para el juez y, por ende, un acortamiento de la duración del proceso, lo que conlleva necesariamente a una mejor calidad de prestación del servicio judicial.

A su vez, se ha destacado la eficacia de los métodos autocompositivos y no adversariales de solución de los conflictos como expresión de una sociedad democrática más justa. Llamativamente la experiencia ha demostrado que cuando los contendientes llegan a un acuerdo mutuamente aceptable y voluntario, cumplen lo autoimpuesto con mucha mayor frecuencia que en los casos en que la cuestión ha sido decidida por un tercero neutral como lo es el juez.

En concordancia con estas ideas, se ha ido observando un proceso tendiente a la desjudicialización del conflicto, en el cual se destaca un lento pero progresivo cambio de mentalidad por parte de los operadores jurídicos y una adecuación de los tradicionales medios alternativos de solución de conflictos. A la par de este proceso que ha ido creciendo, el derecho consagrado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales es ahora considerado como acceso a justicia, y no acceso a la justicia, con la intención de ampliar el concepto originario de administración de justicia entendido como la oferta de servicios de tutela que incluyan, además de la jurisdicción estatal, mecanismos alternativos de resolución de disputas.

El contenido de este derecho es la posibilidad de que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y que sus conflictos sean solucionados adecuada, eficaz y oportunamente, sin necesidad de que ello sea mediante la actuación de un juez.

III. La experiencia del derecho norteamericano: pre-trial discovery, mini trial y summary trial.

a) Pre-trial Discovery

El proceso, en Estados Unidos, se divide en una primera etapa preparatoria del proceso (Búsqueda de información y pruebas), denominada “pre-trial” y en una segunda etapa, que es el juicio (o “trial”)[5]. El discoveryse ubica en la primera etapa y puede ser definido como un conjunto de actos procesales que tienen por objeto la obtención de información, principal pero no únicamente de carácter fáctico, para la mejor determinación de las posiciones de las partes en un determinado procedimiento judicial.

El discovery es una figura paradigmática del Derecho procesal de los países del common law y, más en particular, del derecho procesal de los Estados Unidos. Aunque su actividad ha adquirido características propias del derecho anglosajón, los actos del discovery no se originan en el common law sino en el derecho romano-canónico, concretamente en la interrogatio in iure y en la actio ad exhibendum.

Desde una perspectiva teórica, cumple diversas funciones. En parte cumple una función equivalente a la prueba anticipada o el aseguramiento de prueba, en la medida en que permite preservar un determinado testimonio que, por las razones que sean, la parte instante cree que no podrá practicarse en el juicio posterior. Sin embargo, su principal función es la de perfilar la propia posición como la del contrario. En este sentido, las paulatinas averiguaciones que pueden irse realizando permiten testar la solidez de la postura del adversario (y la propia, claro está) y allanar el camino hacia un posible acuerdo transaccional o hacia una petición de summary judgement (un procedimiento por el cual el juez declara la cuestión como de puro derecho, presente en nuestro ordenamiento procesal).

La normativa que regula este instituto se encuentra contenida en las Federal Rules of Civil Procedure (FRCP) que son aplicables, en principio, cuando se litiga en el fuero federal de los Estados Unidos.

Desde esta misma perspectiva, la búsqueda y el intercambio de información que tiene lugar por y entre las partes permite que, si finalmente debe celebrarse un juicio, las cuestiones a debatir hayan quedado convenientemente delimitadas. Se entiende que esta función depuradora o clarificadora del proceso termina reportando un notable ahorro de costos al sistema judicial y contribuyendo a una descompresión de los tribunales.

En efecto, y en relación con el último aspecto, uno de los propósitos a los que más claramente sirve el discovery es el de intentar promover que la resolución de los procedimientos responda en la mayor medida posible a la realidad de los hechos y dependa, en cambio, lo menos posible de tácticas más o menos ingeniosas o sorpresivas de los abogados durante el juicio.

La configuración del discovery en las FRCP es notablemente liberal y asume que las partes van a intercambiarse información muy ampliamente ya que de lo que se trata es de obtener información que razonablemente conduzca a encontrar pruebas que serían admisibles en un eventual juicio.

Otro elemento básico e igualmente importante es el de la extrajudicialidad. La efectividad de este sistema radica en que las comunicaciones son directamente entre las partes y que serán ellas las que resolverán sus diferencias por sí mismas. Obviamente se prevé la posibilidad de acudir al juez para el caso de que las partes no sean capaces de ponerse de acuerdo.

El mecanismo más importante y más útil para el Discovery no son los intercambios de documentación, sino las denominadasdepositions, las que no son sino interrogatorios de las partes o testigos tomadas bajo juramento y en una sesión privada y confidencial, en un ámbito privado (comúnmente en la oficina de los abogados), en la que los abogados hacen preguntas y repreguntas al interrogado, lo que queda debidamente registrada en soporte audiovisual.

Por otra parte, otro mecanismo del discovery son los intercambios de documentación o información entre las partes, lo que debe hacerse con carácter obligatorio.

Si surgieren disputas durante el discovery, de manera excepcional puede recurrirse a la intervención judicial mediante dos instrumentos procesales, es decir, dos peticiones que se pueden formular al Juez: Desde la perspectiva del solicitante, puede pedirse una “motion to compel” y a la inversa, desde la perspectiva del requerido, existe la denominada “protective order”. En el primer caso se pide al juez se obligue al requerido a responder la petición de discovery. En la óptica inversa, el requerido le pide al juez que le solicite a la otra parte que cese en el hostigamiento con peticiones de discovery desproporcionadas o injustificadas. Ante su incumplimiento, el juez cuenta con un abanico de sanciones que van desde las multas hasta condenas de prisión.

En atención a la finalidad que persigue, el discovery constituye un ejemplo de desjudicialización del conflicto en atención a la finalidad que persigue. Más allá de las insoslayables diferencias orgánicas y metódicas que se pueden distinguir a lo largo de la historia entre el sistema jurídico continental y el common law, es necesario señalar que la práctica legal anglosajona en materia de disputas profesa una cultura decididamente orientada a la transacción interpartes. Solo el 5% de los casos presentados ante los estrados judiciales norteamericanos concluye con una sentencia del tribunal, mientras que el 95% restante lo hace con un acuerdo inter-partes.

b) Mini trial

El mini-trial, a pesar de su nombre, no implica ningún proceso ante un juez o tribunal. Antes de que el mini-trial comience, las partes deben configurarlo, esto es, acordar los diferentes elementos que lo conforman, adecuándolo al propio conflicto. Deben decidir cuestiones tan importantes como el tiempo que se va a emplear; las diferentes facultades de todos los participantes durante su desarrollo; la confidencialidad o los costes del procedimiento. Todo ello se recogerá en el denominado mini-trial agreement.

Este es un mecanismo estructurado, cuya primera fase consiste en la presentación del caso por cada una de las partes en un corto período de tiempo, para que así, éstas sólo puedan centrarse en alegar las cuestiones verdaderamente nucleares. Dicha exposición se realiza ante una comisión formada por altos ejecutivos pertenecientes a las empresas enfrentadas y con total poder de decisión, así como por un tercero, denominado neutral advisor.

En esta primera etapa, éste se suele encargar de que los plazos se respeten, si bien, su intervención puede ser mayor, formulando preguntas o solicitando aclaraciones sobre cuestiones que estime cruciales. Sobre la base de lo aportado por éstas, y una vez que han sido escuchadas, se procede a iniciar la segunda fase del procedimiento donde los representantes de las partes se reúnen en privado para llegar a una solución. Generalmente, si la negociación entre ellos fracasa, el neutral advisor ayudará a las partes para que éstas lleguen por sí mismas a un acuerdo, y en su defecto, podrá emitir una decisión no vinculante, reflejo del eventual pronunciamiento del órgano jurisdiccional, si las partes acudieran a juicio, o del posible laudo, si realizaran un arbitraje.

c) Summary trial

Este método de resolución de conflictos consiste en una somera exposición del caso por laspartes ante un jurado imparcial. Se trata de un ensayo de juicio. Las partes, asistidas por sus abogados, llevarán a cabo una concisa presentaciónde sus alegaciones y práctica de la prueba, para que el jurado emita un veredicto. Aunque,éste no sea vinculante para las partes, servirá para que éstas logren comprobar la posible reacción de unverdadero jurado. Es un mecanismo totalmente confidencial, además, toda declaración, comunicacióno resultado no podrá ser admitido en el eventual proceso judicial posterior.

Como ocurre con el mini-trial, su finalidad es que las partes comprueben, en un breve espacio de tiempo -su duración suele ser de un día- el posible resultado que pudiera tener el proceso antelos tribunales, de manera que intenten llegar, a un acuerdo. Además, incluso si no sellegara a un acuerdo, pueden extraerse beneficios de su realización, porque el trabajo de los abogados ala hora de preparar sus exposiciones, habrá ayudado a perfilar los diferentes intereses y cuestiones quecomponen el caso, en definitiva, favorecerá el posterior desarrollo del proceso judicial.

IV. Posibles ideas para su desarrollo en la práctica jurídica argentina.

Precisamente porque los institutos tratados anteriormente no son nuevos, cabría preguntarse la idoneidad del tema para el presente trabajo. Existen, sin embargo, razones por las cuales resulta plenamente oportuno dedicarle estas líneas y son las expresadas en la introducción de la presente ponencia, en donde se destacó que era la intención del suscripto dar el puntapié para posibles ideas que puedan ser desarrolladas en el futuro, como modo de actualizar y mejorar las reformas introducidas a los métodos tradicionales de solución de conflictos como ser, por ejemplo, la Ley Nº 26.589 de Mediación Prejudicial Obligatoria.

En este sentido, se propone como una posible idea la inclusión de elementos propios de los institutos aquí analizados en el marco de la citada Ley de Mediación, es decir, regular normativamente el intercambio de documentación entre las partes así como la obtención de declaraciones de testigos o de las mismas, todo bajo la supervisión del mediador, a quien se lo debería dotar de facultades suficientes para la supervisión de estas diligencias a llevarse a cabo de manera previa a la iniciación del proceso y con carácter obligatorio.

V. Conclusiones.

Como se ha mencionado al comienzo del presente trabajo, la coyuntura que presenta la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación se muestra como un momento más que propicio para el pensar en ciertas actualizaciones que puede merecer nuestro ordenamiento procesal, que resultan necesarias a la luz de los preceptos incluidos en la novedosa legislación sustancial, que otorga preponderancia a los métodos alternativos para la solución de los conflictos. Sin embargo, ello por si solo no alcanzará si no es debidamente acompañado de un abordaje integral de la cuestión, entre lo que cabe mencionar la modificación de los planes de estudios de las facultades de Derecho de nuestro país, para la formación de abogados entrenados en estas nuevas y novedosas formas de resolución de los conflictos.

El Código Civil y Comercial y la responsabilidad de las personas jurídicas

Por Juan Francisco González Freire

“La nueva Legislación contempla no solo la responsabilidad que pudiese surgir como corolario del propio funcionamiento de la sociedad o de quienes las integran, sino también abarca la responsabilidad que la persona de existencia ideal pudiera causar a terceros, incluso de las consecuencias dañosas ajenas producidas hacia ella. A continuación, analizaré su codificación.”

“TRIGO REPRESAS y LÓPEZ MESA expresan: "Si el principal permite que se muestre a terceros una apariencia de desempeño de funciones en su beneficio, no adoptando los controles o medidas para que ello no ocurra, es obvio que está obrando con culpa y debe responder de los actos de su dependiente, aun cuando éste excede sus funciones". Es así que al tratarse de “la ocasión” la función no ha sido el motivo del daño, sino que ha facilitado su ocurrencia, brindando la oportunidad de que suceda. Esto puede llevar a que el comitente responda por daños que son ajenos a la función, pero que sólo han podido ser llevados a cabo por el subordinado debido a las funciones que revestía (…) asimismo, “…solo quedan comprendidos los daños ocasionados con ocasión de la función encomendada, comprensivos estos también de aquellos actos ajenos o extraños a la función pero que únicamente pudieron ser llevados a cabo por el dependiente en tal calidad y por mediar esas funciones."

“Al analizarse el art. 1763, el mismo se correlaciona con el 1753, en función de la similitud de responder en función de su ejercicio o en ocasión de éste, responsabilizando a la persona jurídica por los daños y perjuicios ocasionados por quienes las dirigen (sean sus administradores o directores).”

“En el caso de la responsabilidad“Por el hecho de la cosa”: La responsabilidad de la persona de existencia ideal surge “por la cosa de la que es propietaria o tiene bajo su guarda”. la misma remite al art. 1757, habida cuenta de responder por el riesgo o el vicio de la cosa, e incluso por las actividades riesgosas. En relación al punto, el artículo 1757 recepta las principales ideas y principios sobre los que existía mayor consenso. Es decir, de conformidad con lo esbozado en el punto precedente, se mantiene la distinción entre lo que significa el “riesgo “, y el “vicio” de la cosa, en función de entenderse como conceptualizaciones diferentes, en función de la participación activa de la cosa (es decir, si el daño surge como corolario del vicio de la cosa, o por su riesgo).”

“Si bien el debate respecto a la procedencia de la responsabilidad de la persona jurídica ha obtenido un sentido favorable con la oportuna modificación del artículo 43 del derogado Código, (mediante la incorporación de la Ley 17.711), el nuevo ordenamiento (cfr. Ley 26.994), sienta sus bases mediante el TITULO II, CAPÍTULO 1 , SECCIÓN 1, cfr. art. 141, -y ss., citado ut supra- en correlación con el art. 1763, cual codifica puntualmente la responsabilidad de los directores y/o administradores, en virtud del ejercicio, u ocasión de sus funciones. No solo entonces que la norma en análisis (art. 1763) viabiliza la aplicación de los supuestos considerados en el presente, sino que ofrece -y se encarga- de ampliar el marco de su observación jurídica, tendiente a satisfacer el interés del justiciable (indistintamente de considerarse una persona física, o de existencia ideal).”

Modelos de Notificaciones Laborales y de la Seguridad Social

NOTIFICACIONES LABORALES

1. Comunicación empleador de beneficio acordado prevalente conforme Convenio Colectivo de Trabajo

2. Intimación trabajador, ante relación de trabajo no iniciada por incumplimiento del contrato por parte del empleador

3. Respuesta empleador ante la intimación del trabajador por vínculo laboral no iniciado

4. Respuesta del trabajador en rechazo a los argumentos del empleador

5. Intimación del empleador a un trabajador para que se abstenga de utilizar auxiliares en sus funciones habituales, no autorizados por la empresa

6. Intimación del trabajador como consecuencia del distracto por contrato de trabajo de objeto prohibido

7. Notificación del empleador al trabajador por cambio de lugar de tareas

8. Trabajador rechaza la medida de la notificación del empleador por cambio de lugar de tareas

9. Trabajador que ratifica su misiva ante el silencio del empleador

10. Notificación del empleador al trabajador para comunicar cambio de turno fijo a rotativo

11. Trabajador rechaza la medida de la notificación del empleador al cambio de horario de turno fijo a rotativo

12. Trabajador que ratifica su misiva ante el silencio del empleador

13. Amonestación - Apercibimiento

14. Telegrama de apercibimiento

15. Notifica suspensión disciplinaria

16. Notifica suspensión disciplinaria

17. Notifica suspensión disciplinaria

8. Trabajador que impugna la sanción disciplinaria

19. Trabajador que impugna la sanción disciplinaria

20. Rechazo del empleador a la impugnación del trabajador

21. Solicitud de licencia sin goce de sueldo

22. Respuesta del empleador a solicitud de licencia sin goce de haberes del trabajador

23. Telegrama del trabajador intimando al empleador aclarar situación laboral y solicitando pagos adeudados

24. Telegrama del empleador contestando el anterior negando relación laboral

25. Telegrama del trabajador ratificando su anterior y considerándose despedido sin justa causa

26. Telegrama empleador de despido por justa causa por violación al deber de no concurrencia

27. Telegrama empleador de despido por justa causa por violación al control de salida

28. Telegrama trabajador rechazando el despido con justa causa invocado por violaciones a los controles de salida

29. Telegrama empleador ratificando la causal invocada, trabajador rechazando el despido con justa causa invocado por violaciones a los controles de salida

30. Telegrama trabajador intimando al empleador a cesar en su conducta discriminatoria en orden a la persecución por razones de índole sindical, vulnerando la libertad de expresión

31. Telegrama empleador rechazando intimación trabajador por cese comportamiento discriminatorio

32. Telegrama trabajador ratificando denuncia por prácticas discriminatorias y persecución

33. Telegrama trabajador haciendo uso de la retención del débito laboral frente al incumplimiento del empleador en el pago de los salarios

34. Telegrama trabajador haciendo uso de la retención del débito laboral frente al incumplimiento del empleador en materia de cobertura por riesgos del trabajo

35. Telegrama trabajador intimando al empleador por reintegro de gastos y daños sufridos por falta de elementos de protección en el trabajo

36. Telegrama trabajador intimando al empleador por la falta de entrega en tiempo y forma de los certificados del art. 80 LCT habiendo cesado el vínculo laboral

37. Telegrama empleador poniendo a disposición certificaciones (art. 80, LCT)

38. Telegrama trabajador rechazando la documentación entregada conforme intimación cursada (art. 80, LCT)

39. Trabajador intima regularizar situación de empleo no registrado

40. Trabajador reitera intimación a regularizar situación de empleo no registrado

41. Trabajador se considera injuriado y despedido ante falta de respuesta del empleador

42. Empleador rechaza telegrama de intimación de empleado y niega relación laboral

43. Empleado ratifica lo dicho en anteriores intimaciones. Cierra intercambio epistolar

44. Notificación del trabajador de ausencia por enfermedad

45. Comunicación de la empresa preavisando al trabajador la extinción de la relación laboral con una antigüedad no superior a cinco años

46. Comunicación del trabajador a la empresa respecto de la opción adoptada en relación con la licencia por preaviso (art. 237, LCT)

47. Comunicación de despido sin justa causa (sin preaviso)

48. Observaciones del trabajador al telegrama de despido del empleador

49. Rechazo del empleador a las observaciones del trabajador al telegrama de despido y puesta a disposición de certificaciones (art. 80, LCT)

50. Renuncia del trabajador sin otorgar preaviso

51. Respuesta del empleador al telegrama del trabajador de renuncia sin otorgar preaviso

52. Telegrama intimando al trabajador a reintegrarse a sus tareas, abandono de trabajo (art. 244, LCT)

53. Telegrama que declara al trabajador incurso en abandono de su trabajo

54. Comunicación del empleador por extinción de contrato a plazo fijo

55. Reserva del trabajador frente a la comunicación del empleador por extinción de contrato a plazo fijo

56. Comunicación del empleador con preaviso, de la extinción del período de prueba

57. Comunicación del trabajador frente al preaviso del empleador por la extinción del período de prueba

58. Comunicación del trabajador frente al silencio del empleador al reclamo del comprobante de registro del período de prueba

59. Comunicación del empleador al trabajador de realizar horas suplementarias en días determinados en modalidad de contrato de trabajo a tiempo parcial

60. Comunicación del trabajador frente a la imposición del empleador de realizar horas suplementarias en días determinados en modalidad de contrato de trabajo a tiempo parcial

61. Respuesta del empleador a la comunicación del trabajador frente a la imposición de realizar horas suplementarias en días determinados en modalidad de contrato de trabajo a tiempo parcial

62. Respuesta del trabajador a la nueva comunicación del empleador de realizar horas suplementarias en días determinados en modalidad de contrato de trabajo a tiempo parcial

63. Comunicación del empleador al trabajador con motivo de la reanudación del contrato de trabajo de temporada

64. Intimación del empleador al trabajador con motivo de la comunicación efectuada por la reanudación del contrato de trabajo de temporada y la no presentación a su puesto de trabajo

65. Respuesta del trabajador al empleador con motivo de la comunicación efectuada por la reanudación del contrato de trabajo de temporada y la intimación por abandono de trabajo

66. Intimación del trabajador al empleador a dar cumplimiento con la provisión de la ropa de trabajo

67. Intimación del trabajador al empleador a abonar diferencia de comisiones por operaciones de venta concertadas

68. Intimación del trabajador al empleador por retenciones indebidas y no depositadas (art. 132 bis, LCT)

69. Intimación del trabajador frente al incumplimiento del empleador por retenciones indebidas y no depositadas y silencio a la intimación pertinente

70. Extinción del contrato de trabajo por muerte del trabajador, telegrama enviado por la concubina

71. Respuesta del empleador al reclamo impetrado por la concubina ante el fallecimiento del trabajador

72. Empleada calificada reclama sueldos; aguinaldos y vacaciones

73. Empleado consiente que el empleador ceda individualmente su contrato laboral (sin comprender todo el personal), condicionando a ratificación del cesionario

74. Empleado exige al empleador que lo suspendió invocando quiebra, que incremente su actual indemnización sumando la anterior, ante la reconducción del contrato

75. Empleado pide al empleador licencia por desempeñar cargo electivo

76. Empleado pide al empleador licencia por examen (art. 158, LCT)

77. Empleado pide al empleador licencia por matrimonio

78. Empleado rechaza alegato sobre desistimiento de despido por empleador, ante silencio al pedirle retractación

79. Empleado se considera despedido por el empleador, por "faltarle el respeto" su superior jerárquico

80. Empleador notifica al trabajador por su incapacidad absoluta (art. 212, 4to. párr., LCT)

81. Empleador despide al empleado por su incapacidad absoluta (art. 212, 4to. párr., LCT)

82. Empleador despide al empleado por su inobservancia al rendimiento normal de trabajo

83. Trabajador que rechaza la causal de despido del empleador por inobservancia al rendimiento normal de trabajo

84. Empleador despide al trabajador por inobservancia a la conducta debida. Desobediencia

85. Trabajador rechaza el despido por inobservancia a la conducta debida. Desobediencia

86. Empleador despide al trabajador por riña en el establecimiento

87. Trabajador rechaza despido por riña en el establecimiento denunciando provocación del compañero de trabajo. Denuncia despido discriminatorio

88. Empleador despide al trabajador por hurto de mercaderías

89. Despido indirecto. Exceso en el plazo de suspensión máxima

90. Intimación del empleador a un trabajador por abandono de trabajo, al no reintegrarse luego de licencia por enfermedad

91. Trabajador rechaza intimación del empleador invocando abandono de trabajo en licencia por enfermedad

92. Empleador notifica al trabajador inicio de procedimiento de junta médica ante discrepancia de diagnósticos médicos

93. Empleador que despide al trabajador por no haber cumplido las indicaciones de diagnóstico y terapéuticas derivadas del procedimiento de junta médica iniciado para dirimir el conflicto de controversia de opiniones médicas

94. Trabajador rechaza un despido por causas objetivas (falta de trabajo o fuerza mayor)

95. Intimación a desalojar el lugar de trabajo luego de cese de actividades de la empresa

96. Nota enviada por el empleador, intimando al trabajador a iniciar los trámites jubilatorios

97. Rechazo del trabajador a intimación del empleador a iniciar los trámites jubilatorios y renuncia al puesto de trabajo

98. Empleada intimada por el empleador a iniciar trámite jubilatorio, hace opción de continuar trabajando hasta los 65 años (art. 252, LCT)

99. Empleado pide al empleador licencia por desempeñar cargo electivo

100. Empleado rechaza alegato sobre desistimiento de despido por empleador, ante silencio al pedirle retractación

101. Trabajadora comunica al empleador estado de maternidad

102. Empleador comunica a la trabajadora que deberá presentarse a chequeo médico ante denuncia de estado de maternidad

103. Trabajadora comunica al empleador estado de maternidad

104. Empleador intima a la trabajadora que deberá presentar los certificados médicos ante denuncia estado de maternidad

105. Trabajadora que comunica al empleador su opción de licencia por maternidad de 90 días, distribuida en 45 días antes y 45 días posteriores al parto

106. Trabajadora que comunica al empleador embarazo riesgoso conforme certificado médico que le impide prestación de tareas hasta fecha probable de parto

107. Empleador cita a trabajadora a chequeo médico ante denuncia de embarazo riesgoso, conforme certificado médico que le impide prestación de tareas hasta fecha probable de parto

108. Trabajadora solicita pausas por lactancia

109. Empleador rechaza solicitud de trabajadora de pausas por lactancia acumulando en una hora por día al cese de jornada

110. Trabajadora que avisa al empleador que optará por el período de excedencia, habiendo finalizado la licencia pos parto

111. Trabajadora comunica al empleador su voluntad de reincorporarse antes de extinguido el plazo solicitado como período de excedencia

112. Empleador rechaza el reingreso anticipado solicitado por la trabajadora que había ingresado en período de excedencia por un plazo máximo de seis meses

113. Empleador comunica a la mujer trabajadora rescisión del contrato de trabajo por no haber comunicado opción finalizada la licencia pos parto

114. Trabajadora rechaza rescisión contractual comunicada por el empleador, por falta de opción vencido los plazos de licencia por maternidad

115. Empleador despide a la trabajadora ante imposibilidad de reincorporación posterior al estado de excedencia

116. Trabajadora rechaza despido ante imposibilidad de reincorporación posterior al estado de excedencia

117. Menor intima descanso dos horas al mediodía

118. Notificación de fallecimiento de un familiar

119. Solicitud de autorización para faltar al trabajo por donación de sangre

120. Solicitud de autorización para faltar al trabajo por citación testigo en juicio

121. Notificación de cambio de domicilio registrado por el trabajador en la empresa

122. Empleador que solicita elemento de constancia por nuevo domicilio denunciado

123. Empleador que notifica al trabajador que se ha radicado un embargo, y será retenido el porcentaje de su sueldo

124. Intimación trabajador por deuda horas extras impagas

125. Rechazo del empleador a la intimación del trabajador al reclamo por horas extras adeudadas

126. Trabajador que ratifica su intimación al pago de horas extras adeudadas

127. Impugnación del trabajador al sistema de controles de salida implementados por el empleador

128. Empleador empresa de servicios eventuales notifica al trabajador inicio plazo de suspensión por no poder reubicarlo en otro puesto objetivo

129. Empleador empresa de servicios eventuales notifica al trabajador inicio nuevo puesto de trabajo, posterior al tiempo de suspensión (art. 5, decreto 1694/2006)

130. Trabajador rechaza nuevo puesto de trabajo comunicado por la empresa de servicios eventuales

131. Trabajador que intima a empresa de servicios eventuales ante la no reinserción en un nuevo puesto objetivo (conforme art. 5, decreto 1694/2006)

132. Empleador notifica al trabajador haberse adecuado al sistema de recibos digitales (resolución 1455/11)

133. Comunicación del empleador al trabajador de licencia anual ordinaria por vacaciones

134. Comunicación del trabajador al empleador que habrá de gozar de licencia anual ordinaria por vacaciones en período determinado por falta de concesión de dicho descanso

135. Trabajador que rechaza las vacaciones comunicadas por el empleador por no ajustarse a la debida antelación

136. Trabajador solicita licencia por fallecimiento de concubina

137. Empleador que rechaza la licencia por fallecimiento solicitada por el trabajador

138. Trabajador reclama vacaciones no liquidadas con motivo de la finalización de cada ciclo en el contrato de trabajo de temporada

139. Trabajadora reclama descanso de dos horas al mediodía o visado de planilla con autorización del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

140. Trabajadora comunica opción de reducir la licencia por maternidad anterior al parto en 30 días, acumulando el período restante a la licencia posparto

141. Trabajadora comunica nacimiento de hijo con parto pretérmino

142. Trabajadora comunica nacimiento de hijo con parto pretérmino, solicita licencia por maternidad por contemporaneidad a la convocatoria del inicio del contrato de trabajo por temporada

143. Empleador que rechaza pretensión de la trabajadora por nacimiento de hijo con parto pretérmino, de licencia por maternidad por contemporaneidad a la convocatoria del inicio del contrato de trabajo por temporada

144. Empleador que extingue el vínculo laboral con una trabajadora incluida en el régimen especial de la ley 26844 de trabajadores del estatuto de casas particulares

145. Trabajadora rechaza la liquidación del empleador que extingue el vínculo laboral conforme el régimen especial de la ley 26844 de trabajadores del estatuto de casas particulares, por deficiencia en la registración

146. Empleador que rechaza el reclamo de la trabajadora de incremento cuantía indemnizatoria vínculo ley 26844, por registración deficiente

147. Empleador intima a trabajadora servicio doméstico ley 26844 a presentar certificado de aptitud física

148. Trabajador intima reducción de jornada actividad de call center

149. Empleador rechaza reclamo de trabajador reducción de jornada actividad de call center

150. Trabajador comunica enfermedad e imposibilidad de prestar servicios y denuncia domicilio donde se encuentra

151. Empleador notifica al trabajador fracaso de control médico ante domicilio inexistente

152. Empleador notifica al trabajador rechazo del certificado médico ante la prestadora laboral y descargo por discrepancia del domicilio denunciado. Aplica sanciones disciplinarias

153. Trabajador denuncia incapacidad laboral definitiva parcial, dentro del período de licencia por enfermedad pago, acompaña certificado médico, solicita tareas más livianas

154. Empleador responde situación del trabajador que invoca incapacidad definitiva parcial y certificado médico obrante

155. Trabajador rechaza misiva del empleador que cuestiona certificado médico sobre incapacidad y reclamo de tareas livianas

156. Empleador rechaza TCL trabajador sobre reiteración reclamo de reinserción laboral por incapacidad laboral definitiva parcial y advierte sobre incomparecencia al control médico indicado

157. Empleador extingue vínculo laboral por imposibilidad de otorgar tareas más livianas

158. Empleador intima ante la no reincorporación del trabajador una vez transcurridos treinta días posteriores a la finalización del cargo electivo y sin comunicación fehaciente de causal atendible

159. Empleador notifica extinción del vínculo por falta de trabajo

160. Trabajador rechaza notificación por extinción del vínculo por falta de trabajo

161. Empleador notifica extinción del vínculo contractual al trabajador por falta de habilitación especial por su culpa grave inexcusable

162. Empleador notifica apercibimiento a un delegado sindical

163. Trabajador que impugna apercibimiento en su condición de delegado gremial. Formula denuncia (CCT 260/75)

164. Trabajador reclama al empleador el pago del premio por puntualidad y asistencia descontado por ausencias por enfermedad. Denuncia CCT 130/75 empleados de comercio

165. Trabajador reclama al empleador comisiones devengadas por venta de mercadería atribuida a su zona de influencia

166. Trabajador delegado gremial intima al empleador cese de comportamiento antisindical con motivo de la obstrucción a los trabajadores a afiliarse al sindicato de la actividad

167. Empleador rechaza intimación delegado por obstrucción afiliación trabajadores al sindicato de la actividad

168. Empleador intima al delegado gremial a presentar comprobantes que avalen su franquicia horaria justificando las gestiones invocadas ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

169. Trabajador impugna intimación empleador. Ratifica certificación del sindicato

170. Empleador intima al trabajador a cesar en el uso indebido de las herramientas informáticas

171. Trabajador intima al empleador por divulgación de datos personales. Denuncia ley 26388 delitos informáticos

172. Empleador notifica al trabajador inicio de suspensión precautoria o cautelar

173. Trabajador que rechaza la notificación de la suspensión precautoria o cautelar

174. Empleador notifica al trabajador extinción del vínculo laboral por haber utilizado el correo electrónico y el sistema informático brindado por la empresa, para enviar mensajes difamatorios acerca de algunos compañeros de trabajo

175. Empleador notifica despido con justa causa por instalación en forma subrepticia de software no permitido en la PC que se entregara como herramienta de trabajo y con exclusivos fines laborales

176. Trabajador que rechaza la extinción del vínculo por justa causa por instalación de software no permitido

177. Empleador intima al trabajador a que presente descargo por incumplimiento a la modalidad de teletrabajo

178. Trabajador solicita voluntariamente la reversión anticipada de la modalidad de teletrabajo

179. Empleador que intima al trabajador a la devolución de los elementos entregados con motivo y en ocasión del teletrabajo

180. Trabajadora intima por cambio de tareas luego de ausencia prolongada

181. Empleador rechaza intimación trabajadora frente a reclamo por cambio de tareas


NOTIFICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

182. Comunicación del empleador al trabajador acerca de las implicancias del S.U.A.F. para la percepción de las asignaciones familiares

183. Comunicación del empleador al trabajador a efectos de que declare la obra social para su cobertura

184. Trabajador responde solicitud de corrección de padrón de obra social y cambio a la obra social de la nueva actividad

185. Trabajador que solicita unificación de aportes a la obra social por encontrarse en situación de pluriempleo

186. Trabajador que solicita unificación de aportes en la obra social de su cónyuge

187. Empleador notifica al trabajador con motivo de su reingreso una vez obtenido el beneficio previsional

188. Trabajador notifica al empleador obra social de cobertura en su situación de jubilado reingresado a la actividad

189. Empleador comunica al trabajador presentación declaración jurada grupo familiar a cargo obra social

190. Trabajador intima a obra social por baja en la cobertura de prestación de medicina corporativa por extinción de vínculo

191. Trabajador intima empleador por falta de cobro en las prestaciones por desempleo

192. Causahabientes intiman empleador por continuidad cobro prestaciones por desempleo titular fallecido trabajador rural

193. Rechazo del empleador del reclamo de los causahabientes del trabajador rural al cobro de las prestaciones de desempleo por fallecimiento del titular

194. Trabajador intima empleador por incorrecta calificación servicios en certificaciones art. 80 LCT ante la imposibilidad de obtener jubilación anticipada

195. Trabajador intima al empleador por falta de contratación seguro de vida colectivo y falta de designación de beneficiarios

196. Trabajadora intima a Anses abonar licencia extendida por nacimiento de hijo con síndrome de down

197. Intimación trabajador a la obra social por cobertura enfermedad celíaco

198. Obra social rechaza intimación afiliada por reintegro gastos enfermedad celíaco

199. Afiliada obra social rechaza notificación negativa prestadora sobre reclamo reintegro gastos enfermedad celíaco

200. Desempleado solicita a Anses modalidad de pago extendido prestación por desempleo

201. Anses rechaza solicitud de desempleado de modalidad de pago extendido prestación por desempleo

202. Empleador solicita al trabajador certificación negativa de aportes

203. Empleador intima al trabajador a la presentación de documentación que avale la tenencia de sus hijos ante reclamo de la Anses sobre la percepción de asignaciones familiares

Confección y firma de la cédula electrónica que lleva la firma del funcionario judicial, ¿carga de la parte o del tribunal?

Por Gaston E. Bielli y Andrés L. Nizzo

"... la reglamentación efectuada por el máximo Tribunal de la provincia respecto de la confección y firma de las cédulas electrónicas, se corresponde, en general, con las normas contenidas en el Código de Procedimientos relativas a esos mismos aspectos."

"... la diferencia principal entre el tradicional sistema en soporte papel y el electrónico, se asiente simplemente en la tecnología que se emplea a tales fines: en el primero se utiliza el soporte papel y la firma ológrafa, y en el otro se usa como soporte el medio informático y la rúbrica electrónica."

"En base a ello, la carga de instar la notificación electrónica de los actos que se dicten en el marco de un proceso judicial (esto es, confeccionar la cédula, firmarla electrónicamente y remitirla al organismo judicial para su confronte) reposa, en principio, sobre el letrado patrocinante o apoderado de la parte que tenga interés en la notificación, o por el síndico, tutor o curador ad litem, en su caso."

"En cambio, se advierte una clara contradicción entre lo dispuesto por la Suprema Corte provincial en el artículo 4 del Reglamento para la notificación por medios electrónicos y lo dispuesto por el artículo 137 del Código Procesal Civil y Comercial, en cuanto a las cédulas que por imperativo legal deben llevar la firma del funcionario judicial."

"En este aspecto, no se alcanzan a comprender las razones por las cuales el Supremo Tribunal ha optado por trasladar por vía reglamentaria al órgano judicial la carga de la confección de las cédulas que, según el artículo 137 del Código Procesal Civil y Comercial, deben ser firmadas por el secretario judicial. Entendemos que tal previsión pudo haber respondido a la otrora imposibilidad técnica del Sistema de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas adoptado en la justicia provincial, de “añadir” o “incorporar” la firma electrónica de un funcionario judicial al instrumento generado y remitido por el letrado a través del portal web que da soporte a aquel sistema. Recordamos en este punto que, en una primera etapa, una vez que el profesional generaba y remitía un documento digital a través del portal, no había posibilidad de que el organismo judicial pudiera incorporar a ese documento la firma electrónica de un funcionario. Ello así, en el caso de tratarse de una cédula electrónica, una vez remitida por el abogado no existía manera de que se agregara la firma del secretario del organismo a efectos de cumplir con lo dispuesto por el artículo 137 del código adjetivo."

"Pero sucede que tal limitación, a través de las sucesivas actualizaciones realizadas al Sistema de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas, ha sido superada al día de hoy; razón por la cual, ha perdido toda justificación la traslación por vía reglamentaria de una carga que legalmente pesa en cabeza de los justiciables, al órgano judicial."

"Si bien en anteriores oportunidades hemos señalado que la Suprema Corte provincial cuenta con suficientes atribuciones conferidas por el propio Código de Procedimientos para dictar las medidas reglamentarias que aseguren el mejor cumplimiento de las normas procedimentales, lo cierto es que en el caso no avizoramos motivos de peso que impongan la conveniencia de que la carga de notificar las medidas cautelares, la orden de entrega de bienes o de los autos que determinen modificaciones de derechos, que se refieren a cuestiones de indudable corte dispositivo respecto de las partes en los procesos de exclusivo tinte patrimonial, sea sustraída de sus verdaderos y legítimos interesados."

"En ese orden, entendemos de lege ferenda que, a fin de compatibilizar los principios y reglas procesales contenidos en las leyes de forma, y frente a la apuntada desaparición de las razones que justificaron en su momento la adopción de la solución contenida en el artículo 4 del Reglamento de la notificación por medios electrónicos, la Suprema Corte de Justicia debería eliminar la carga impuesta al órgano judicial, para dejar en cabeza de los verdaderos interesados el impulso de esas comunicaciones. Bastará, pues, a efectos de cumplir con el artículo 137 del Código Procesal, en los casos en que la cédula electrónica deba ser suscripta por el secretario, que éste incorpore su firma electrónica antes de remitir el instrumento digital a su destinatario."

"Sin embargo, lo concreto es que conforme el Reglamento para la notificación por medios electrónicos vigente y hasta tanto opere alguna modificación a su respecto, las cédulas electrónicas que requieran la firma del secretario (o de su reemplazante legal, en su caso), esto es, aquéllas mediante las cuales se pretenda notificar embargos, medidas precautorias, entrega de bienes o modificaciones de derechos, y las que por el objeto de la providencia o por razones de urgencia, el juez así lo ordenare, deberán ser confeccionadas de oficio por el Juzgado, a través de los funcionarios sindicados en cada órgano por los magistrados a cargo.

• La hipoteca en el Código Civil y Comercial

• Sistema para el fomento de la inversión en vivienda:

Ley 27.271 ¿La norma es para hipotecas bancarias o no bancarias?

¿Qué es un UVI? Normas aplicables a los contratos en UVI. Valor.

¿Cómo se actualiza?

• Hipotecas bancarias. Reglamentación de la Ley 27.271 por el Banco Central de la República Argentina. ¿Qué es una UVA? Valor.

¿Cómo se actualiza?

• Cuentas de ahorro en UVI y en UVA.

• El contrato de hipoteca como contrato de adhesión y de consumo.

¿Pueden llegar a ser catalogadas como abusivas ciertas cláusulas de estilo?

Posibles actitudes del demandado en el proceso ordinario en el CPCCN

Por Eduardo Sirkin

"Descontando que para establecer en un proceso judicial una relación procesal vinculante, deben estar presentes además de los presupuestos procesales los sustanciales que tienen relación con la acción y su falta, lo que habilita a la actuación ante la Justicia de quienes son titulares del derecho material para obrar en relación a la pretensión del juicio de que se trate."

"Sin pretensión, no podrá accederse a una sentencia. Para ello debe evaluarse en el proceso la antigua denominación de “legitimatio ad causam” o de legitimidad para obrar, para lo cual el juez debe encontrar identidad de la persona del actor con aquella a la que la ley se lo otorga en relación a la identidad de la persona contra quien lo pretende hacer valer, y en ambos casos se refiere respectivamente a la legitimación activa o pasiva."

"El límite de la acción está en el interés de la parte y la acción en cierto sentido, es la medida de ese interés. El juez al sentenciar, a su vez brindará su decisión conforme las normas procesales acordes."

"Como parte integrante de la legitimación procesal, “legitimatio ad processum”, debemos tener en cuenta los presupuestos y los principios procesales en su aplicación como recaudos imprescindibles para que pueda constituirse un proceso válido con partes que se encuentren habilitadas sin escollos para ser parte actora o demandada."

"Por lo tanto, aunque obvio, es preciso diferenciar ambas legitimaciones."

"Al notificarse el traslado de la demanda se opera la traba de la litis que implica poner límite a las pretensiones del actor sin consentimiento de la parte contraria, atento a que hasta ese acto procesal estaba facultado a modificar, ampliar, reducir transformar su demanda en los términos del art. 331 del CPCCN."

"La litis se integra dependiendo de la actitud del demandado, quien puede: a) En la primera presentación, recusar sin causa; b) comparecer exclusivamente; c) comparecer y oponer excepciones; d) comparecer con o sin excepciones y además contestar demanda; e) en el mismo escrito incoar reconvención f) no comparecer y a pedido de la contraria ser declarado rebelde y g) no comparecer y la actora solicitar solamente se le dé por perdido su derecho, aplicándose las normas de las notificaciones previstas a esos fines."

Sociedades por Acciones Simplificadas. La reglamentación

"Luego de haber esperado más allá del tiempo establecido en la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor (Ley Nº 27.349), la Inspección General de Justicia (“IGJ”) ha dictado el pasado 27 de julio de 2017 la Resolución General 6/17, por medio de la cual se reglamenta el funcionamiento de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) y se ha establecido el instrumento constitutivo tipo, para poder obtener la registración de la sociedad en plazos exiguos. Esta resolución entrará en vigencia a partir del 1º de Septiembre de 2017, fecha a partir de la cual se podrán iniciar los trámites relativos a las SAS."

Daños por medicamentos. Apuntes para una clasificación del daño jurídicamente resarcible producido por fármacos

“La intención primordial del presente opúsculo es, precisamente, aproximarse a una clasificación del daño iatrogénico en virtud de su entidad como elemento fundamental de la responsabilidad civil. En tal sentido, no pretendemos realizar un elenco exhaustivo de los daños producidos por medicamentos, sino revisar las situaciones más relevantes en que ellos se originan, a través de apuntes que refieran a la vez a aspectos tanto jurídicos como sanitarios, vinculados con las especialidades medicinales. Intentamos, además, complementar clasificaciones doctrinarias previas, para así encuadrar normativamente el daño indemnizable en litigios por acciones resarcitorias en el marco del sistema único de la responsabilidad civil consagrado por el Código Civil y Comercial (CCC).”

Relativización de la carga de constituir domicilio físico en el proceso judicial. El caso de la provincia de Córdoba

-Comentario al fallo “TULA, JEREMIAS OMAR C/ TRANSPORTE MERCURIO S.A. S/ ORDINARIO - DESPIDO del STJ de Córdoba-

"Al día de hoy, en plena era de la digitalización de los trámites judiciales, sigue subsistiendo la obligatoriedad de constituir domicilio procesal físico en la mayoría de los códigos procesales de la República Argentina. Sin embargo, las nuevas reglamentaciones procesales-informáticas, que conciben únicamente al domicilio “electrónico”, establecen que la gran mayoría de las notificaciones dirigidas a domicilios constituidos, deben ser remitida a “casilleros virtuales”, produciéndose de esta forma una inutilidad práctica del antiguo domicilio físico. Se impone en estos tiempos preguntarse entonces, ¿Es aún necesario constituir domicilio procesal físico, por más que así lo establezca el código procesal, cuando en los hechos nunca llegará una cédula en soporte papel a ese lugar? En ese sendero, la justicia de la provincia de Córdoba ha comenzado a delinear los alcances actuales de la carga de constituir domicilio procesal físico."

Resumen del Fallo

CSJ 928/2005 (41-C)/CS1 R.O. – “Cahais, Rubén Osvaldo c/ ANSeS s/ reajustes varios” – CSJN – 18/04/2017

JUBILACIONES Y PENSIONES. Liquidación. Movilidad jubilatoria. INTERESES. Aplicación de tasa pasiva. DISIDENCIA: Intereses. Aplicación de la tasa activa publicada por el Banco de la Nación Argentina. Cláusula del progreso. Art. 75, inc. 19 de la CN). Constitucionalismo social. Art. 14 bis de la CN

“… el Tribunal remitió las actuaciones a la ANSeS para que procediera a liquidar el haber inicial de la prestación y a reajustarla de conformidad con las pautas sentadas en el precedente "Sánchez, María del Carmen" (Fallos: 328:1602 y 2833) y ordenó que una vez gestionado el cobro de las sumas que correspondieran, se devolvieran los autos a los efectos de continuar con el trámite de la causa (confr. Caso "Wittall", Fallos: 328:3097). [P]racticada la movilidad según el primer precedente citado, corresponde expedirse sobre los agravios del actor relacionados con el reajuste de haberes solicitado a partir del año 2002, planteas que resultan procedentes de acuerdo con lo resuelto en la causa "Badaro" (Fallos: 329:3089 y 330:4866), cuyos fundamentos se dan por reproducidos, sin perjuicio de que al practicar la liquidación se descuenten las sumas que pudieran haberse percibido en virtud de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional que dispusieron incrementos en las prestaciones en el período indicado.” (Del voto de la mayoría)

“… las criticas del jubilado dirigidas a objetar la tasa pasiva de interés, encuentran adecuada respuesta en la causa "Spitale"(Fallos: 327:3721), cuyas consideraciones se dan por reproducidas. El criterio sentado en el fallo mencionado precedentemente que aplica la tasa pasiva para el cálculo de intereses establecidos en sentencias judiciales ha sido adoptado por el Congreso en el ámbito específicamente previsional al sancionar la ley 27.260, cuyo artículo 6º dispone que las acreencias, constituidas por las diferencias devengadas mes a mes entre el haber reajustado y el haber percibido, incluirán el capital con más los intereses, hasta el efectivo pago, calculados de conformidad con la Tasa Pasiva Promedio que publica el Banco Central de la República Argentina.” (Del voto de la mayoría)

“… esta Corte debe intervenir en la cuestión vinculada con la tasa de interés aplicable a los créditos previsionales para alcanzar un orden acorde a los principios reseñados. Ello pues la premisa constitucional es bien clara: es obligación de la sociedad, representada por el Estado, proteger a los ancianos, y es una obligación fundada en la justicia social.” (Del voto en Disidencia del Dr. Maqueda)

“… el deber del Estado y de la sociedad de no desentenderse de sus ciudadanos cuando ya no están en situación de producir ganancias debe quedar plenamente establecido. En consecuencia, se impone la necesidad de aplicar a los créditos previsionales como el de la presente causa, una tasa de interés más elevada que la pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina, con el objeto de reflejar la tutela especial a la que se encuentra sujeto uno de los grupos vulnerables que define nuestra Constitución Nacional (art. 75, inc. 23) y, de esta manera, cubrir de forma más adecuada los riesgos de subsistencia de la población de mayor edad o incapacitada para el trabajo.” (Del voto en Disidencia del Dr. Maqueda)

“… no puede dejarse de lado la necesidad de realizar una protección más eficiente de los jubilados en los juicios en que reclaman la vigencia de sus derechos alimentarios, frente a lo cual, en la mayoría de las oportunidades, no logran obtener una respuesta rápida, oportuna y adecuada. En dicho contexto, la aplicación de una tasa de interés inferior, como la pasiva -confirmada en "Spitale"por este Tribunal-, constituye un incentivo para que persista la conducta disvaliosa de retardar la satisfacción plena de un reclamo de contenido vital y alimentario promovido por personas que transitan por una condición -de adultos mayores- que exige una solución con las características señaladas a los efectos de cumplir con los mandatos que la Constitución Nacional impone a las autoridades de la Nación respecto de los derechos de la seguridad social (arg. acordada 14/2014, punto 3° y Fallos: 339:740).” (Del voto en Disidencia del Dr. Maqueda)

no puede caber duda acerca de la naturaleza eminentemente social del reclamo efectuado por el actor, afirmación que encuentra amplísimo justificativo en el reconocimiento de los derechos de la ancianidad establecidos por nuestra Constitución, por la jurisprudencia, la doctrina y por el derecho comparado. En efecto, este reclamo se inscribe en el movimiento histórico del constitucionalismo social, cuya primera formulación en la encíclica Rerum Novarum indica que el Estado debe intervenir en el manejo de la economía para corregir la injusticia que padecen los trabajadores. En 1919, esta posición obtuvo reconocimiento supranacional en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo al afirmarse en su Preámbulo "que la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social".” (Del voto en Disidencia del Dr. Maqueda)

Resumen del Fallo

S. 2767. XXXVIII. R.O. – “Spitale, Josefa Elida c/ ANSeS s/impugnación de resolución administrativa” – CSJN – 14/09/2004

SEGURIDAD SOCIAL. INTERESES. Aplicación de la tasa pasiva. Índole previsional de la relación jurídica. Carácter alimentario de las prestaciones adeudadas. Período de estabilidad del valor de la moneda durante el lapso que corresponde a la deuda reclamada

“… los agravios relacionados con la tasa de interés no pueden ser admitidos ya que, conforme lo ha resuelto en forma reiterada este Tribunal, la tasa pasiva promedio que elabora el Banco Central de la República Argentina es adecuadamente satisfactoria del menoscabo patrimonial sufrido por la demandante, en el marco de la índole previsional de la relación jurídica en examen, el carácter alimentario de las prestaciones adeudadas y el período de estabilidad del valor de la moneda durante el lapso que corresponde a la deuda reclamada (conf. Fallos: 325:1185 "Aguilar", causa L.1555.XXXVIII "Lombardo, Antonio c/ ANSeS s/ prestaciones varias", sentencia del 29 de abril de 2004; causa P.2153.XXXVIII, "Prawdiuk, Rosa c/ ANSeS", sentencia del 11 de mayo de 2004, entre muchos otros).”

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