Demanda contra la Administración Nacional de la Seguridad Social A.N.S.e.S

OBJETO.

Que vengo a promover formal demanda contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.S.e.S.), a tenor de la legitimación pasiva conferida por el artículo 15 de la Ley 24.463, con domicilio real en la calle Paseo Colón 329, piso 7º de esta Capital Federal, impugnando judicialmente por vía de acción ordinaria un acto administrativo de alcance particular que ha dictado (Arts. 14 y 15 de la Ley 24.463) y solicitando en consecuencia:

(a) Corrección de remuneraciones históricas.

Solicito se rectifiquen las remuneraciones históricas consignadas en la resolución que otorgó el beneficio previsional, puesto que difieren de las informadas en las certificaciones de servicios, que es la fuente documental de la que deben extraerse, según se expondrá.

(b) Reajuste de haber.

El reajuste del beneficio previsional de mi mandante, recalculándolo en su determinación original de conformidad a la ley del cese por la cual adquirió irrevocablemente sus derechos y adecuándolo en su justa movilidad, sin tope ni límite alguno; con más los retroactivos correspondientes a las diferencias que se verifiquen mes por mes, entre lo que se debió haber pagado y lo efectivamente abonado, debidamente actualizados con más los intereses que fije V.S. hasta el efectivo cobro y las costas de este proceso. A tal fin, pido a V.S. se decrete la expresa inconstitucionalidad de todas las normas que se atacarán puntualmente en el curso de esta presentación, por afectar principalmente las garantías consagradas en los artículos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional.

OPORTUNIDAD DE ESTA PRESENTACION.

Me notifico personal y espontáneamente en este acto de interposición de la demanda de la resolución administrativa que se impugna ante V.S. por lo cual, a tenor de la seriedad y jerarquía de los derechos defendidos, se torna innecesario recurrir a ningún otro medio de notificación y esta presentación queda interpuesta dentro del plazo de “caducidad” del artículo 25 inciso a) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549, en concordancia con el artículo 41 inciso b) del Decreto 1759/72 que la reglamenta.

Corresponde tener presente a todo evento que toda otra notificación distinta de esta personal es necesariamente inválida por no adecuarse a la normativa citada. Enseña Brito Peret, José I y Jaime, Raúl (Comentario al Régimen del Procedimiento Previsional, Buenos Aires, Astrea, 1989, pág. 43) que:"la presentación espontánea del interesado de la que resulte estar en conocimiento del acto respectivo es el medio de notificación que, como es sabido, han utilizado los organismos nacionales de previsión, que se han ajustado de hecho a este procedimiento, por notorias razones de economía; en efecto, dichos organismos notifican sus resoluciones por un medio inválido (por pieza postal certificada con aviso de recepción) en la inteligencia de que la posterior presentación del recurrente para impugnar el acto notificado, sanea la deficiencia apuntada.". Además debe estarse a sus principios de informalismo (Art. 1 inc. c) de la LPA) y considerar a las presentaciones hechas en término “en caso de duda” (Art 25 quinto párrafo de su Decreto Reglamentario). Y enseña Hutchinson (Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Ley 19.549. Bs As, Astrea, 1987. Tomo II pag 141 y siguientes),,que " ... la notificación por carta certificada con aviso de retorno no sirve como notificación fehaciente, porque prueba la recepción pero no su contenido." Por otra parte si la Anses considerara vencido el plazo del artículo 25 inciso a) de la Ley 19.549, la procedencia de una denuncia por ilegitimidad no puede impedirse y “prácticamente se impone” (Cf. Hutchinson, op.cit. Tomo 1, pág. 482).

HECHOS.

(a) Corrección de remuneraciones históricas.

Solicito también se rectifiquen las remuneraciones históricas consignadas en la resolución que otorgó el beneficio previsional, puesto que difieren de las informadas en las certificaciones de servicios, que es la fuente documental de la que deben extraerse.

No obstante, y del estudio realizado, siendo que las remuneraciones consignadas en la certificación de servicios superan el tope de aportes fijado para la época, vengo a solicitar se decrete su inconstitucionalidad según fuera peticionado en el presente reclamo:

PERIODO CERTIFICACION ANSES

Solicito que junto con el reajuste del haber se considere la corrección de estas remuneraciones según lo aquí detallado.

(b) Reajuste de haber.

Solicito entonces, se rectifique su haber, declarándose la inconstitucionalidad de las normas que lo han atrofiado, en la especie el procedimiento de cálculo, movilidad y tope establecido por la Ley 24.241, incluso respecto de la proporción correspondiente a la ex AFJP, cuyo monto quedó incluido al SIPA por ley 26.425, debiendo atenderse a lo dispuesto por la ley 18.038 en sus lineamientos.

El haber originario fue calculado siguiéndose el procedimiento de la ley del cese, produciéndose una situación inicial lesiva y agravada por la ausencia de una adecuada movilidad y la aplicación de topes, sufriendo un deterioro constante, progresivo y confiscatorio de su haber, por lo cual inició un reclamo ante la demandada, tachando de inconstitucional e irrazonables la aplicación de sus mecanismos de cálculo inicial, movilidad y tope, que concluyó con la resolución administrativa negativa que dejó abierta la vía de la acción judicial por impugnación que hoy se desarrolla. Porque esta disminución produce una lesión actual grave, injusta, abusiva y confiscatoria a sus legítimos derechos constitucionales.

La petición administrativa incluyó entonces el reclamo por la disminución injusta del monto del beneficio originario, su injusta determinación original, y su inadecuada movilidad y tope.

Mi mandante trabajó y aportó toda su vida: no pide una gratuidad o una subsidiariedad propias de un régimen de seguro social, sino el reconocimiento de su derecho, a tenor del restablecimiento de los derechos adquiridos por la ley del cese, y de la necesaria naturaleza sustitutiva de su beneficio.

Su tercera edad se ve ensombrecida por este agravio moral que provoca la angustia, la incertidumbre, y la triste realidad de verse obligado a litigar contra un adversario cada vez más poderoso, el Estado Nacional, siendo que éste, precisamente una persona de bien para la filosofía, era el llamado a asegurar y proporcionar la paz y la seguridad que requiere esta contingencia y por el contrario aplica la potestad normativa como una vía de hecho, como una herramienta deleznable al servicio del incumplimiento de sus deberes, como fue el dictado de la Ley 24.463, transformando a estos procesos en una especie de tormento (Art. 18 de la CN), y la práctica de apelar todas las resoluciones de modo bochornoso, tratando de asegurar que el Estado no cumpla con sus obligaciones, y ello al margen de su prosperidad o insolvencia.

LA SITUACION JURIDICA.

A fin de obtener una mayor claridad expositiva, dentro de las dificultades propias de este tipo de reclamos, voy a referirme a la situación jurídica, desarrollando en el orden de los capítulos siguientes la pretensión actora, la crítica de la resolución administrativa impugnada ante V.S. y de la legislación tachada de inconstitucional.

En primer lugar, corresponde referirse a las normas constitucionales que atañen a la pretensión actora y que se encuentran conculcadas.

Luego integraré el thema decidendum refiriéndome a la justa determinación del haber previsional del actor y a su adecuada movilidad y por último a la imposición de los topes.

Además cabe referirse al Régimen Previsional Público*, analizando las causas de su pretendida crisis y las soluciones para su saneamiento y por último, a las Reformas al procedimiento judicial de la Seguridad Social, con gravísimos vicios institucionales que merecen llamar la atención del Poder Judicial de la Nación, por su flagrante inconstitucionalidad y gravedad social.

LAS NORMAS CONSTITUCIONALES.

EL CASO FEDERAL.

Las diversas normas de la Constitución Nacional que hacen a esta causa son suficientemente claras, y establecen en sus partes pertinentes:

Artículo 14 bis: “... El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: ... jubilaciones y pensiones móviles; ... la protección integral de la familia ...”

Artículo 16: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.”

Artículo 17: “La propiedad privada es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley.”

Artículo 18: “Ningún habitante de la Nación puede ser ... sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa ...”

“Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos...”

Artículo 28: “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores, artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”.

Artículo 31: “Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; ...”

Artículo 75 inciso 22: “... Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. ... La Declaración Americana De Los Derechos Y Deberes Del Hombre; la Declaración Universal De Derechos Humanos; la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; ... el Pacto Internacional De Derechos Civiles Y Políticos y su Protocolo Facultativo ... tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y debe entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos.”

Tampoco deben soslayarse los objetos del Preámbulo que atañen a esta cuestión como son el “afianzar la justicia, ... promover el bienestar general, ... asegurar los beneficios de la libertad”.

Reservo el caso federal (art.14 de la Ley 48) a tenor de las permanentes y manifiestas lesiones verificadas de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 28, 31 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y tratados citados.

Dr Jose Luis Cavalieri.net

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