Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

De conformidad con lo dispuesto por la Excma. C.F.S.S. (Res. De Cámara N° 27 del 30-05-11), requiérase a la A.N.Se.S. el envío de documentación en formato digitalizado a través del sistema S.I.D.U. Judicial, consignándose los números de expedientes administrativos denunciados por la parte actora que tengan vinculación con estos autos.

Manifiesta.

Denuncia. Adjunta telex.

Señor Juez Federal:

En atención a lo manifestado por la demandada en relación a la ley 27.260, dejo aclarado que la propia Anses adjunta la documental que acredita que oportunamente rechacé la oferta esbozada.

Atento lo requerido por V.S., vengo a denunciar los expedientes administrativos relacionados con la presente causa adjuntando telex de cada uno de ellos.

Pido a V.S. se sirva proveerlo de conformidad, porque hacerlo así,

SERA JUSTICIA.

SE PRESENTA – SOLICITA SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO - CONTESTA DEMANDA – RECHAZA INCONSTITUCIONALIDADES - PLANTEA CASO FEDERAL

Señor Juez:

SOLICITA LA SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO – ACOMPAÑA PROPUESTA LEY 27.260.-

Que la ANSES ha efectuado una propuesta a la parte actora, en el marco de la Ley N°27.260 que creó el PROGRAMA NACIONAL DE REPARACION HISTORICA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, del Decreto N° 894/16, y de la Resolución D.E. –N N° 305/16.

En atención a ello esta parte solicita se disponga la suspensión del presente proceso.

Como se señaló, la propuesta contempla los parámetros establecidos en la normativa referida. Es decir que las remuneraciones tomadas en cuenta para efectuar la redeterminación del haber inicial, fueron actualizadas conforme los siguientes índices:

- Hasta el 31 de marzo de 1995, se aplica el Índice Nivel General de las Remuneraciones (I.N.G.R.);

- Entre el 1 de abril de 1995 hasta el 30 de junio de 2008, se actualizan conforme la evolución de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (R.I.P.T.E), calculada por la Secretaria de la Seguridad Social.

- Luego, se aplican las variaciones resultantes de las movilidades establecidas por la Ley Nº 26417.

En cuanto a la movilidad, los haberes se reajustaron durante el 1° de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2006, según las variaciones anuales del Índice de Salarios, Nivel General, elaborado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INDEC) deduciéndose las sumas que pudieron haberse abonado en cumplimiento de las disposiciones de los decretos N° 1199 del año 2004 y 764 del año 2006.

Asimismo se hace saber que, en caso de concretarse el acuerdo, las sumas acordadas serán oportunamente liquidadas y puestas al pago de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27.260 de Reparación Histórica.

OBJETO. -

Que, en cumplimiento de tal mandato y siguiendo expresas instrucciones de mi mandante, vengo por la presente en legal tiempo y forma a contestar demanda, solicitando el rechazo de todos los planteos formulados por la parte actora, en razón de las consideraciones de hecho y de derecho que seguidamente se exponen.

OPONE PRESCRIPCIÓN ART. 82 LEY 18037.-

Reiterando los términos de la resolución impugnada, se deja opuesta a todo evento la prescripción liberatoria prevista en el art. 82, 3° párrafo, de la ley 18.037 (t.o. 1976), ratificado por el art. 168 de la ley 24.241. La ley establece que prescribe a los dos años la obligación de pagar los haberes devengados con posterioridad al otorgamiento del beneficio, resultando incontestable, en caso de prosperar la acción intentada en autos, que el crédito cuyo reconocimiento se persigue queda comprendido en el concepto de haberes previsionales generados con posterioridad al otorgamiento del beneficio, operando como acto interruptivo de la prescripción prevista en el reclamo administrativo interpuesto solicitando el reajuste de su prestación.

CONTESTA DEMANDA.-

Por imperio procesal niego todos y cada uno de los hechos que no sean objeto de expreso reconocimiento en este responde. Específicamente:

1) NIEGO que la prestación que percibe el actor deba guardar relación con el salario del personal en actividad y/o con la renta presuntamente percibida por un afiliado de la misma categoría autónoma y por el cual hubiere efectuado aportes previsionales correspondientes.

2) NIEGO que la categoría laboral en que revistaba la parte actora a la fecha de su cese se compadezca con las características que se presentan en la actualidad bajo la misma o análoga denominación.

3) NIEGO que resulte procedente recalcular el haber inicial determinado en sede administrativa.

4) NIEGO que la jubilación se traduzca en una mera consecuencia de la remuneración.

5) NIEGO que en la especie se encuentre afectado el carácter de irrenunciable e integral de las prestaciones de la seguridad social.

6) NIEGO que medie menoscabo a los derechos constitucionales de la propiedad, igualdad y movilidad de las jubilaciones.

7) NIEGO la confiscatoriedad aludida por la actora.

8) NIEGO que los precedentes jurisprudenciales que invoca la parte actora sean aplicables al caso.

9) NIEGO la pretendida inconstitucionalidad de las leyes 18.037, 23.928, 24.130, 24.241, 24.463, 25.344, 26.417, y sus respectivos decretos reglamentarios.

DESCONOZCO la documental acompañada, que no emane de mi mandante, por no constarme su veracidad, como así también, niego la procedencia de la liquidación practicada por la parte actora por resultar a todas luces inconducente en ésta instancia y por no ajustarse la misma a la normativa aplicable respecto de la liquidación de su haber previsional.

DETERMINACION DEL HABER INICIAL Y MOVILIDAD.-

A. Determinación del haber inicial:

a) Que, la accionante persigue a través de la impugnación deducida obtener la modificación de su haber de pasividad sustentándose en que el monto del mismo no representa la justa cuantía a la que tiene derecho por aplicación de las normas constitucionales y legales que él mismo cita.-

Que, en el caso que nos ocupa, el beneficio previsional está regido por la Ley 24.241 en virtud de la fecha de adquisición del beneficio.

Que funda su pretensión argumentando su disconformidad con la liquidación practicada por mi representada y su evidente desproporción entre lo que percibiría de continuar en actividad.-

El actor solicita que la liquidación definitiva de la retroactividad del reajuste el pago que se devenguen, más sus intereses y costas.-

b) Al respecto cabe manifestar en particular, lo siguiente:

1) Respecto a determinación de su haber inicial:

Que, de acuerdo al sistema de la ley 24.241, el monto líquido del beneficio no necesariamente debe ser proporcional, en el sentido estricto de la palabra a lo aportado por el beneficiario al sistema en su etapa activa ya que la el legislador estableció cálculos aritméticos específicos que deben tenerse en cuenta para el cálculo de las distintas prestaciones que componen en haber del beneficio. De resolverse lo contrario se estaría violando principio anteriormente manifestado. Interpretarlo de otro modo sería desconocer en absoluto, además, el carácter “solidario” del sistema previsional argentino.

Así también debe tenerse en cuenta que no puede suponerse, por parte de los Legisladores, un propósito preconcebido de ejecutar actos contrarios a la Ley Suprema del país. Los Tribunales deben, en principio, presumir su constitucionalidad mientras no se compruebe clara y fehacientemente lo contrario.

Linares Quintana (Tratado de Interpretación constitucional, Buenos Aires, Ed. Abeledo Perrot, 1998, págs. 583 y ss.) ha señalado que la norma inferior no puede ser declarada inconstitucional en tanto y en cuanto no haya en el ánimo del juzgador una duda razonable acerca de su invalidez; ya que para que proceda la declaración de inconstitucionalidad debe aparecer claramente una discordancia sustancial con la Constitución, y aún en los casos de duda entre la validez y la invalidez, ha de estarse siempre a favor de la constitucionalidad.

La Corte Suprema de los Estados Unidos ha establecido en el caso Calder v. Bull, que el poder referido era de una naturaleza delicada y temible; y que, por consiguiente, el Tribunal Supremo debía utilizarlo solamente en un caso claro y urgente (3, Dall, 386). A más ahondar en el tema el mismo Tribunal ha establecido que: "Los Tribunales de los Estados Unidos han reiterado la doctrina de que una ley de un cuerpo legislativo coordinado no debe ser juzgada inconstitucional, si por medio de una interpretación razonable de la Constitución o de la ley, una y otra pueden ser armonizadas (Willoughby, W.W., The Constitucional Law, T. I. 26, pág. 42; Waver; Samuel, Constitutional Law, pág. 4/5)".

Dice Weaver que: "las leyes del congreso y de las legislaturas estaduales, las ordenanzas y las órdenes de los cuerpos administrativos, ejerciendo poderes legislativos, se presume que son constitucionales". Por su parte expuso el juez Brown de la Suprema Corte de North Carolina: "Una Ley no puede ser dejada de lado por implicancia...Una Constitución - también dijo - no debe recibir una interpretación técnica, como si fuera un instrumento ordinario. Debe ser interpretada para llevar a cabo los principios generales del gobierno y no para destruirlos (Great Northern Ry. Co. V. Washington, 300, U.S., 154). Por consiguiente, la inconstitucionalidad no debe ser considerada a menos que sea imperativa para la decisión del caso (Weaverm S, Constitutional Law...63, pág. 82)".

Así también, nuestra Corte Suprema en el caso The River Plate Fresh Meat Co. L. C/Provincia de Buenos Aires, ha dicho en 1904, que: "toda duda al respecto debe resolverse a favor de la parte demandada, de acuerdo con los principios generales y con la presunción de constitucionalidad de los actos de los Poderes Públicos, en cuanto no haya una demostración concluyente en contrario (Fallos, 100:323)".

2) Respecto de la liquidación de la retroactividad:

Resulta importante destacar, en primer lugar, que en el escrito de inicio la actora se ha limitado a una invocación dogmática de principios y doctrina judicial, alegando que ha sido perjudicada primordialmente por el modo de cálculo del nivel inicial de la prestación, sin demostrar como, en su caso concreto, se verifican los parámetros de confiscatoriedad invocados o la alteración del principio de proporcionalidad entre el haber previsional y el salario en actividad.

En efecto, en el escrito de inicio no se ha indicado la existencia de errores en la liquidación del beneficio sino que se objeta globalmente la ley 24.241 en función de la falta de relación entre el sueldo de actividad y el haber que percibe, pero sin especificar cuál de los ítems que componen este último le causa gravamen, cuestión que resulta relevante pues uno de esos renglones -la prestación básica, que representa el 38% del monto acordado- no tiene como finalidad adecuarse a la cuantía de los ingresos de los afiliados, mientras que las prestaciones compensatoria y adicional por permanencia pretenden reflejar el historial de aportes al sistema y no establecer una proporción con la última retribución (C.S.J.N. J. 57. XXXVI. R.O. Jalil, Ana Graciela c/ ANSeS s/ reajustes por movilidad).

Entrando al fondo de la cuestión, debe señalarse que de acuerdo al art. 5 de la ley 23.982 se determinaron las acreencias de los beneficiarios previsionales al 31 de marzo de 1.991. La ley 21864 fue sancionada y promulgada el l8 de Agosto de l978 y publicada en el Boletín Oficial con fecha 4 de Setiembre de l978, rigiendo hasta la sanción de la ley 23928 de Convertibilidad.-

Que dado la fecha de adquisición del beneficio aún la actora se encontraba en actividad, no resultando por ende la aplicación de las mismas.

Puede verse entonces con suma claridad que, resulta sin sentido alguno en derecho la pretensión del actor, pues desde la vigencia de las leyes 23.928 y 25.561 en lo pertinente, se encuentra vedada toda indexación, repotenciación y/o aplicación de índices correctores cualquiera fuere la prestación salario o jornal, devengado durante los años 1992, a 2000, lapso durante el cual no se registró ni un atisbo inflacionario, y del que incluso el IDEC llegó a publicar deflación.

3) Respecto de la inconstitucionalidad del decreto ley 833/97:

No puede soslayarse que los módulos AMPO/MOPRE nada tienen que ver con las remuneraciones del beneficiario, sin que por el contrario trátase de una unidad de valor que es igual para cualquier remuneración; así pues, un beneficiario cuya remuneración en su vida laboral activa hubiere ascendido a $10.000, recibe idéntica prestación del punto de vista cuantitativo que otro cuyo mejor salario no superare $ 300; y ahí es donde se perfecciona uno de los principios más caros del derecho previsional, cual es el de la Solidaridad, por cuanto a menor salario el componente prestaciones es mayor.

Por último y apartado aparte merece el tratamiento de la movilidad atento a que cualquier planteo deviene abstracto pues a partir del 1/4/95 se deberá tener en cuenta lo dispuesto por la Excelentísima Corte en el caso “HEITT RUPP” (Fallos: 322:2226), por lo que conforme la Ley 24,463 (B.O 30-03-95) los haberes jubilatorios tendrán la movilidad que anualmente determine la Ley de Presupuesto sancionada por el Congreso Nacional conforme cálculo de recursos respectivos y en total armonía con el sistema de reparto asistido que la misma instituye, y el principio de solidaridad en que se funda nuestro régimen previsional público, cuyas características han sido expresamente plasmadas en la norma que asimismo veda la posibilidad de fundar pretensión de movilidad del haber de retiro en una proporción determinada de la remuneración de los activos.-Es de destacar que los fallos mencionados resultan de aplicación obligatoria para el Juzgador, atento resultar VINCULANTES para casos análogos, conforme lo dispone el art. 19 de la ley 24463.-En este estado, no puedo dejar de señalar que en atención a la grave crisis que ha padecido la Nación Argentina de cuyo acaecimiento no habré de extenderme en beneficio de la brevedad, atento el carácter de público y notorio del hecho en cuestión, y en cumplimiento de la preceptiva emanada de la parte dogmática de nuestra Ley fundacional (art.14 bis), y asimismo de los tratados supranacionales de idéntica jerarquía, v.gr. Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo por su incorporación a aquella, (75 inc.22), mi comitente ha dispuesto diversos incrementos de los haberes mínimos percibidos por los beneficiarios del Régimen Público del Sistema Previsional Integrado de Jubilaciones y Pensiones, mediante los Decretos Nº 391 de fecha 10 de julio de 2003, Nº 1194 de fecha 4 de diciembre de 2003 y Nº 683 de fecha 31 de mayo de 2004, por cuyo mérito las prestaciones mínimas fueron elevadas a partir del 1º de junio/2004 en la suma de DOSCIENTOS OCHENTA ($260), y en la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA ($280) mensuales, a partir del 1º de septiembre de 2004.

Que en la indeclinable tesitura de robustecer el principio de justicia distributiva que campea en la materia de que se trata, asimismo el de solidaridad previsional, principio cardinal del sistema, mediante Decreto 1199/2004 y la convicción de impulsar medidas concretas de política pública destinadas a lograr equidad y solidaridad social, juntamente con el crecimiento de la economía nacional,. dispuso instituir un suplemento remunerativo de movilidad, fijado en el porcentual de 10 % que a abonarse juntamente con las prestaciones a cargo del Régimen Previsional Público del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, otorgadas o a otorgar por la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, por los anteriores regímenes generales nacionales y por las ex-cajas o Institutos Provinciales y Municipales de Previsión que fueron transferidos al Estado Nacional, con exclusión de aquellas cuya movilidad esté sujeta a un procedimiento distinto al del Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones, devengándose a partir del 1º de septiembre de 2004, fijándose asimismo un tope que surge de comprar la prestación en cuestión con el porcentual fijado sobre la misma, el que no puede exceder la diferencia en dicha prestación y $1000, a lo que cabe adunar que el apuntado suplemento pasa a constituir el nuevo haber mínimo a todos los efectos legales, con la limitación establecida en el artículo precedente.

Por fin el Art. 4º de dicha normativa deroga, a partir del primer día del tercer mes posterior a la vigencia del presente, el inciso 1, del artículo 9º, de la Ley Nº 24.463, quedando unificado el haber máximo de las prestaciones otorgadas o a otorgar en virtud de leyes generales anteriores a la Ley Nº 24.241, en lo dispuesto por el inciso 3 del referido artículo, hasta tanto la Ley de Presupuesto determine el importe máximo a que se refiere el artículo 17 de la Ley Nº 24.241 y sus modificaciones, de todo lo cual deviene una ostensible mejora para aquellos beneficios que otorgados bajo el régimen de la ley 18.037 ven de esta forma sensiblemente elevado el cuántum del monto máximo previsto en dicho cuerpo legal, pasando de $ l962 a $3.100.

De modo tal, que se han cristalizado de modo objetivo los precitados principios de justicia distributiva, y solidaridad previsional, sin perjuicio claro está de lo que disponga el Congreso Nacional en cumplimiento de la preceptiva emanada del art. 17 de la Ley Nº 24.241 y sus modificaciones..

ERRONEA SOLICITUD DE APLICACIÓN DEL PRECEDENTE “SÁNCHEZ”.-

Merece ser tratado en párrafo aparte el intento infundado de la actora de la aplicación del precedente “SÁNCHEZ MARIA DEL CARMEN C/ ANSES S/ REAJUSTES POR MOVILIDAD “. En efecto la actora solicita que se condene a la demandada a reliquidar sus haberes mensuales previsionales respetando lo resuelto en “Sánchez, Maria del Carmen c/ Anses s/ reajustes”.-

Que la movilidad establecida en el precedente “Sánchez, María del Carmen“ tiene un límite temporal hasta Marzo del 1995. En tal sentido “para el periodo correspondiente desde la fecha del adquisición del derecho al beneficio hasta el 30 de marzo de 1995, se aplicara el ajuste por movilidad según las variaciones registradas en el Indice de Nivel Gral. de Remuneración a que remite el art. 54 de la ley 18037”-

De la simple lectura de lo arriba expuesto, se desprende que no resiste razonamiento alguno lo intentado en forma absolutamente errónea por la actora, ya que el accionante adquirió su beneficio después del límite temporal estipulado en que la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “ Sánchez “ para el ajuste de la movilidad del haber .-

Ahora bien, de aplicar lo solicitado por el actor, se tomarían sueldos superiores a los efectivamente percibidos. Esto denota lo abstracto de los fundamentos del actor, que en tren de aplicar movilidades realiza una interpretación jurisprudencial incorrecta que lleva a abusos tales como calcular jubilaciones con sueldos SUPERIORES a los efectivamente percibidos.-

Es por ello que dentro del sistema de la ley 24241, no se prevén actualizaciones de las remuneraciones a los efectos de realizar el cálculo del derecho, ello obedece a una sola razón, en la práctica NO HUBO AUMENTOS DE LAS REMUNERACIONES desde el año 1991.-

Que para el cálculo de la prestación se han tenido en cuenta las rentas actualizadas de las categorías por las que aportó el peticionante . Ahora bien, los montos correspondientes a dichas categorías han sido consideradas en los valores actualizados de las rentas de referencia al momento de la solicitud del beneficio .Así lo dispone la reglamentación del art. 24 de la ley 24241.

En consecuencia, considerándose las rentas actualizadas, el haber inicial no corresponde ser reajustado. ( conf. Sala II , CFSS en autos Abadi Isidoro c/ Anses s/ reajuste de fecha 06/04/06).-

Todo ello, no deja otra solución que rechazar lo solicitado en el escrito de demanda con relación a la aplicación de movilidad sobre las remuneraciones a los efectos del cálculo del haber inicial ( con relación a la PC y PAP ) .-

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al pedido intentado por la actora.-

B. Índice aplicable para la determinación del haber inicial:

Para el hipotético caso que V.S. considere que el índice aplicable para la actualización de las remuneraciones utilizado por éste Organismo al momento de la determinación del haber inicial fuera incorrecto, se solicita considere la aplicación de los índices dispuestos por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 807/2016, y el fijado por la Ley Nº 27.260 de creación del PROGRAMA NACIONAL DE REPARACION HISTORICA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.

En efecto, tanto el decreto como la ley mencionada disponen para la actualización de las remuneraciones para el cálculo inicial de los haberes jubilatorios la aplicación de un índice combinado que refleja la evolución del Índice Nivel General de las Remuneraciones (INGR) y del índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

De esta manera se implementó un mecanismo de actualización para las remuneraciones históricas y para la movilidad, que contempla la evolución de los salarios de todos los sectores trabajadores.

Es decir, actualmente el Organismo previsional actualiza las remuneraciones para el cálculo del haber inicial de la siguiente forma:

i. Hasta el 31 de marzo de 1995 , se aplica el Índice Nivel General de las Remuneraciones (I.N.G.R.);

ii. Desde el 1 de abril de 1995 hasta el 30 de junio de 2008, se actualizan conforme la evolución de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (R.I.P.T.E), calculada por la Secretaria de Seguridad Social.

iii. Desde allí en adelante se aplican las variaciones resultantes de las movilidades establecidas por la Ley Nº 26417.

Cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Elliff”, no realizó un cuestionamiento específico sobre cuál era el índice más equitativo y justo para la actualización de las remuneraciones conforme la realidad socioeconómica del momento, sino que ordenó la aplicación por extensión del I.S.B.I.C., establecido por la Anses en la Resolución Nº 140/95, que actualizaba las remuneraciones hasta el año 1991.

A su vez, no es materia de controversia que es el Poder Ejecutivo quien tiene la facultad de establecer los índices para actualizar las remuneraciones (artículo 24 de la Ley 24.241).

Por tales motivos, desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Legislativo, a través del Decreto 807/16 y de la Ley 27.260, se estableció la aplicación del índice R.I.P.T.E. para actualizar las remuneraciones, en el marco del Programa de Reparación Histórica.

El índice referido resulta el más justo y equitativo, por los siguientes motivos:

1. Índice General

El índice R.I.P.T.E. es un índice general, que refleja la evolución del promedio de remuneraciones de todos los trabajadores estables del sector activo, a diferencia del ISBIC que por ser un índice sectorial, sólo refleja el de un sector en particular.

Como consecuencia de los vaivenes del sector de la construcción, y de que en particular en los últimos períodos creció ampliamente en relación a los demás sectores, el ISBIC se distanció excesivamente de los demás índices indicadores de salarios. No resulta justo ni equitativo aplicar un índice que refleja a un sector de la sociedad, cuando el Sistema Previsional Argentino abarca a todos los trabajadores. La aplicación de un índice que no refleja la realidad de todos los salarios promedios activos provoca desfases, que pueden llevar a que los haberes previsionales reajustados mediante ellos superen el salario que percibiría el beneficiario de continuar en actividad, lo cual no sólo desvirtúa el objetivo del sistema previsional, sino que importa imponer una gravísima carga para los activos, los pasivos y el sistema de seguridad social en su conjunto.

2. Índice objetivo

Es dable destacar que el índice RIPTE es el único índice no distorsionado por variaciones normativas, metodológicas, o administrativas, ya que no se elabora en base a una encuesta, sino que refleja con exactitud el incremento de las remuneraciones del total de los trabajadores afiliados al S.I.P.A.

Además, agrega la condición de estabilidad del trabajador como variable adicional complementaria. En consonancia con lo expuesto, en los autos “Tarrio, Dora c/ANSeS s/Reajustes Varios”, el Juez de primera Instancia de la Seguridad Social N° 9 entendió que debía reconocerse el derecho al reajuste del haber de la accionante, mediante la aplicación de los coeficientes que surgen de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables –RIPTE- “pues dicho índice, amén de dar cuenta de la evolución media de los salarios, provee, a mi entender, un parámetro de reajuste equilibrado y depurado”.

3. Uniformidad de criterio con el Índice elegido por la Corte Suprema

El índice RIPTE se ha mantenido en cifras similares al Índice de Salarios Nivel General del INDEC, que es el que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha elegido específicamente para reajustar los haberes por movilidad entre los años 2002 y 2006 en la causa “Badaro”.

Cabe destacar que la Corte, en la causa mencionada, realizó un análisis del índice a aplicar para la movilidad (no así en la causa “Elliff”, en la que confirmó la Sentencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que extendía la aplicación del índice dispuesto en la Resolución de Anses al período posterior al año 1991 hasta la fecha de adquisición del derecho). Es decir, en el precedente “Badaro”, luego de tener en cuenta todos los índices de actualización posibles, la Corte Suprema de Justicia de la Nación optó por el Índice General de Salarios elaborado por el Indec (ISAL). Dicho índice es muy similar al índice del RIPTE pero muy alejado al índice ISBIC.

De esta manera, aplicando el RIPTE, se lograría que tanto las remuneraciones del afiliado como los haberes del jubilado, sean actualizados con un índice similar, y se evitaría que la fecha de adquisición del derecho (anterior o posterior a “Badaro”) termine distorsionando la actualización de los haberes.

De lo contrario, quienes se jubilaron antes del 2006 reciben la actualización de su haber en parte según el ISBIC y en parte según ISAL, mientras que quienes se jubilan luego de dicha fecha, reciben una actualización por ISBIC en su totalidad, conforme precedente “Elliff”.

Adicionalmente a los tres motivos expuestos, corresponde señalar que el índice RIPTE prevé un mecanismo de actualización de las remuneraciones, para la determinación del haber inicial de los Jubilados, en un marco de previsibilidad y sustentabilidad del sistema, que garantiza una justa composición de los intereses de los beneficiarios, pero también y fundamentalmente, que es factible afrontar por el Estado Nacional sin comprometer la sostenibilidad del sistema previsional tanto para los actuales beneficiarios como para las generaciones futuras.

Los principios de proporcionalidad, sustitutividad y movilidad de nuestro derecho previsional se hallan limitados razonablemente por el de solidaridad. Y es la solidaridad lo que justifica el presente análisis del índice aplicable para la actualización de las remuneraciones, puesto que en un sistema de reparto no es posible el pago de prestaciones que superen los ingresos del propio sistema.

El RIPTE se estableció en la Ley 27.260 “DE REPARACION HISTORICA” privilegiando el Bien Común, sobre el bien individual, a través de un mecanismo de actualización que permite satisfacer las necesidades de todos los jubilados.

En concordancia con lo mencionado anteriormente la Jurisprudencia se ha expedido al respecto, a través de un fallo de fecha 20/09/2016, del Juzgado de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 6, en la causa “ZARZA DAVALOS ADELAIDA c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS”, Expte. N° 8029/2015, en el cual se dispuso que “en virtud de lo dispuesto por la ley 27.260, sobre Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados (art. 5 inc. I, pto. b), y por el decreto 807/2016, se impone al firmante aplicar el índice allí determinado, máxime cuando el Suscripto entiende que es facultad del Poder Ejecutivo la fijación del mismo (ver art. 24 inc. a) de la ley 24.241)” y en consecuencia se entendió que corresponde para la actualización de las remuneraciones “emplearse el índice combinado ordenado por la normativa antes citada, que contempla las variaciones del índice Nivel General de las Remuneraciones (INGR) hasta el 31 de marzo de 1995 luego el índice de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) hasta el 30 de junio de 2008, y desde allí las equivalentes a las movilidades establecidas en el ley 26.417 (ver Resolución 6/2016 de la S.S.S.), todo ello hasta la fecha de adquisición del derecho al beneficio”.

En virtud de las características señaladas, teniendo en cuenta el espíritu del fallo “Badaro” de la Corte Suprema, el actual Decreto PEN Nº 807/2016 y la Ley Nº 27.260 “DE CREACION DEL PROGRAMA DE REPARACION HISTORICA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS”, se solicita a V.S. que en caso de disponer la actualización de las remuneraciones, se disponga se actualicen con los parámetros previstos en la ley mencionada: 1) Hasta el 31 de marzo de 1995 , se aplique el Índice Nivel General de las Remuneraciones (I.N.G.R.); 2) Desde el 1 de abril de 1995 hasta el 30 de junio de 2008, se actualicen conforme la evolución de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (R.I.P.T.E), calculada por la Secretaria de Seguridad Social, 3) Desde allí en adelante se apliquen las variaciones resultantes de las movilidades establecidas por la Ley Nº 26417.

C. Movilidad:

A partir de la sanción de la ley 24463, se deberá tener en cuenta lo dispuesto por la Excelentísima Corte en el caso "Clementina Heit Rupp v. ANSES" (Fallos: 322:2226), que siguiendo los lineamientos de la Ley 24.463, sostiene que los haberes jubilatorios tendrán la movilidad que anualmente determine la Ley de Presupuesto sancionada por el Congreso Nacional conforme el cálculo de recursos respectivos y asimismo veda la posibilidad de fundar la pretensión de movilidad del haber de retiro en una proporción determinada de la remuneración de los activos.

Respecto de la movilidad del haber previsional de la parte actora a partir del 31/03/1995, ya se dijo anteriormente que la misma ha quedado encuadrada en los términos del art. 7º inc. 2 de la Ley 24.463, criterio que se encuentra avalado hasta el día de la fecha por nuestro Supremo Tribunal. Asimismo y sin perjuicio del sistema instituido por dicha normativa, con el propósito de adoptar medidas concretas destinadas a mejorar la situación de los pasivos, las prestaciones a cargo de ésta Administración Nacional, se fueron incrementando al beneficiario de autos, conforme los Decretos 1275/2002, 391/2003, 1194/2003, 683/2004,

1199/2004, 748/2005, 1273/2005, 764/2006, Ley de Presupuesto, y Decretos 1346/2007, y 279/2008.

Por su parte, con fecha 1º de octubre de 2008 fue sancionada por el Congreso de la Nación Argentina la ley 26.417, la cual establece la Movilidad de las Prestaciones del Régimen Previsional Público. Es así que el Congreso ha decidido otorgar operatividad a las disposiciones del art. 7 de la Ley 24.463, imperativo que ya había sido impuesto por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Badaro Adolfo Valentín c/ ANSES s/ reajustes varios", Sentencia dictada el 8 de agosto de 2006.

Por ello la cuestión sujeta a debate, esto es la actualización de los haberes previsionales reclamados deviene abstracto, atento que es la propia ley, la que se ha ocupado de traer solución clara, justa y concreta al reclamo de marras.

LA VALIDEZ CONSTITUCIONAL DE LOS TOPES.-

A. Función redistributiva y de equidad.

La fijación de topes a los haberes previsionales, se basa en el principio de solidaridad, en tanto tienden a asegurar una más justa y equitativa distribución de los ingresos, priorizando la situación de aquellos que se encuentran en desventaja, al asegurarles un haber mínimo garantizado.

Entonces, los principios de proporcionalidad, sustitutividad y movilidad se hallan limitados razonablemente por el de solidaridad.

Por otro lado, si el sistema garantiza prestaciones hasta un cierto monto (máximo haber jubilatorio), también es coherente establecer en forma correlativa, un tope en los aportes personales que realizan los trabajadores (art. 9 ley 24241). De manera que quien efectuó aportes hasta el mencionado tope, no puede pretender un haber que se desligue del esfuerzo personal realizado durante la vida activa, pues se ha beneficiado con una menor deducción, que le ha significado menores retenciones, y un mayor salario de bolsillo.

B. Defensa del precedente Villanustre. Su aplicación.

El criterio de la Corte en este fallo lo encontramos categóricamente sintetizado cuando sostiene que, sin perjuicio de remitir a un precedente en el cual se ordenó el reajuste por índices (“Seta, Sara s/Jubilación”), “… a fin de evitar desfases que desvirtúen en la práctica los objetivos del sistema previsional, corresponde destacar que las diferencias a abonarse en favor del interesado no podrán exceder en ningún caso los porcentajes establecidos por las leyes de fondo”, poniendo así un claro límite a la pretensión del actor.

En efecto, la aplicación de índices tanto para la actualización de remuneraciones como para pauta de movilidad provoca desfases, que pueden llevar a que los haberes previsionales reajustados mediante ellos superen el salario que percibiría el beneficiario de continuar en actividad, lo cual no sólo desvirtúa los objetivos de un sistema previsional, sino que importa imponer una gravísima carga para los activos, los pasivos y el sistema previsional en su conjunto.

En resumen, el criterio que surge categórico del precedente en análisis, consiste en la lisa y llana afirmación de que: Ningún haber reajustado judicialmente por aplicación de índices puede resultar superior al porcentaje correspondiente del salario que hubiese percibido el beneficiario de continuar en actividad. Ello, so pena de desvirtuar los objetivos del sistema previsional.

Como corolario de lo expuesto, la aplicación del criterio del fallo “Villanustre” se torna indispensable cuando los topes legales -que otorgan previsibilidad al sistema en cuanto a montos máximos abonables y limitan eventualmente los desfases provocados por la utilización de índices- son declarados inconstitucionales en el marco de un proceso judicial.

C. Los topes en particular y la alegada confiscatoriedad.

i. Tope intrínseco (aplicable al afiliado en actividad):

El art. 9 de la ley 24.241 viene a introducir una modificación sustancial respecto de su antecesora, a partir de la noción de tope intrínseco como un límite por encima del cual no hay derecho, despejando así la noción de tope como quita.

Es un tope al importe de las remuneraciones, en tanto estableció un máximo imponible para los aportes y contribuciones sobre la nómina salarial para los trabajadores en relación de dependencia, equivalente a una cantidad de MOPRES, que ahora se ajusta semestralmente en función de lo establecido por el art. 10 de la ley 26417 y art. 32 de la ley 24241.

Se trata de lo que hemos denominado "salario previsional". No importa cuál sea el salario real del trabajador, definido en el art. 6 de la ley 24241, a los efectos previsionales siempre se tendrá en cuenta el máximo imponible al que refiere el art. 9 de la citada ley 24241.

Una persona durante su vida laboral no aporta al Sistema por encima de este tope intrínseco.

ii. Tope extrínseco (aplicable al afiliado en pasividad):

Como consecuencia del tope intrínseco, la Ley 24463 en su art. 9 vino a establecer el tope extrínseco, que se traduce justamente en el máximo de las prestaciones previsionales.

Si bien el criterio de tope, como quita, fue antiguamente receptado por la CSJN respecto del cual introdujo la noción de confiscatoriedad para liberar su aplicación - situación pretendida por la parte actora-, a partir de la ley 24.241 no existe noción de confiscatoriedad en el tope intrínseco, toda vez que limita al monto imponible, no al monto de la prestación, resultando el tope extrínseco del art. 9 de la Ley 24463 sólo una consecuencia del primero.

A partir de la interpretación armónica de estas normas, podemos afirmar sin lugar a dudas que las leyes 24.241 y 24.463 han eliminado la noción de confiscatoriedad.

Por otra parte, tampoco resulta coherente considerar confiscatorio el tope extrínseco del art. 9 de la Ley 24.463, cuando el tope intrínseco (art. 9 de la Ley 24.241) fue consentido al momento de realizar los aportes previsionales.

A mayor abundamiento cabe señalar en cuanto a la validez constitucional del art. 24 y 26 de la ley 24241, que el sistema previsional creado por el sistema normativo cuestionado no establece una relación directa entre el haber previsional y la retribución percibida por el beneficiario en actividad.

Es menester comprender que nos hallamos frente a un sistema de reparto asistido, por lo que los topes dispuestos no hacen más que garantizar una adecuada cobertura para los sectores de más bajos recursos. Siendo que estamos en un sistema redistributivo de la renta, lo que surge de las mismas bases de creación del sistema moderno de previsión social, cuyo fundamento radica en la solidaridad.

Artículo 9 de la Ley 24463

- Art. 9 de la Ley 24.463 inc. 2:

Los haberes previsionales mensuales correspondientes a las prestaciones otorgadas en virtud de leyes anteriores a la Ley 24.241 que no tuvieren otro haber máximo menor, en la suma equivalente al ochenta y dos por ciento (82 %) del monto máximo de la remuneración sujeta a aportes y contribuciones, prevista en el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley 18.037, modificado por el artículo 158 apartado 1 de la Ley 24.241, estarán sujetos a la escala de deducción. Si al reajustar el haber, el mismo superase el máximo fijado, no cabe duda de que procede efectuarle la deducción que establece la escala prevista en el artículo 9 de la Ley 24.463 reglamentado por el art. 3 del Decreto 525/95, resultando tal disposición de inexcusable aplicación para este Organismo.

A su vez a partir del 01/03/09, si el haber supera el monto del haber máximo, corresponde la deducción del 15% sobre el excedente de dicho importe máximo, conforme la Res. 06/09 reglamentaria de la Ley 26.417.

En efecto, esta Administración, en su carácter de organismo estatal, se encuentra sujeta en su accionar al Principio de Legalidad. En virtud de él, está compelida a cumplir las leyes, máxime cuando se trata de la aplicación de Leyes de Orden Público.

La Corte Suprema de Justicia estableció que el principio de que las prestaciones previsionales se incorporan como derecho adquirido al patrimonio de los beneficiarios no reviste el carácter de absoluto, "toda vez que de mediar razones de orden público o de beneficio general, las prestaciones son pasibles de reducción sin que ello implique violar la garantía constitucional de propiedad" (Fallos 192-359; 242-44; 234-718 y 258-14 entre otros).

- Artículo 9 de la 24.463 inc. 3:

La fijación de haberes máximos de jubilaciones y pensiones ha sido convalidada por la Corte desde su establecimiento por vía legal y reglamentaria, en el precedente “Chocobar”, pues se ponderó que la previsibilidad de las erogaciones máximas constituye un valor inherente a la eficacia del sistema previsional instaurado, circunstancia que torna razonable entender incluida la movilidad dentro de los máximos que establezca el Poder Legislativo para los haberes jubilatorio, permitiendo alcanzar una distribución justa y general de los beneficios previsionales con resultados eficaces (Fallos 292.312-La Ley 1975 A,135).

De las consideraciones expuestas, se concluye que los topes establecidos en los arts. 9, 24, 25 y 26 de la ley 24241 y 9 de la ley 24463, han sido fijados por razones de solidaridad y equidad, con la finalidad de lograr una mejor distribución de los recursos con los que cuenta el sistema previsional. En consecuencia, dado el carácter eminentemente público de dichas normas, en tanto tienden a una más justa y equitativa cobertura (cuantitativa y cualitativa), y que constituye una política pública que ha sido delineada por el poder legislador en aras del bienestar general, cabe concluir que no existe violación alguna de las garantías constitucionales; motivo por el cual solicito el rechazo de la declaración de inconstitucionalidad pretendida.

CONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS ATACADAS.-

La declaración de inconstitucionalidad de una ley es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico. Por ello, quien alega la inconstitucionalidad de una norma le corresponde demostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución Nacional, causándole de ese modo un gravamen, y para ello es menester que precise y pruebe fehacientemente el perjuicio que aquélla le origina (Fallos 301:962; 302:457; 484:1149; 307:1656 y 310:211).

La demanda en responde no satisface tal recaudo exigido por el Máximo Tribunal, motivo por el cual se solicita se rechace el pedido de inconstitucionalidad de las leyes 24.241, 24.463, 23.928, 21.864, 26.198 y 26.417.

X. COSTAS. CONSTITUCIONALIDAD Art. 21 Ley 24463.-

Que vengo por la presente a solicitar que las costas sean impuestas en el orden causado (art. 21 ley 24.463).

El Alto Tribunal ha dicho que “la circunstancia de que el art. 21 de la ley 24.463 - solidaridad previsional- disponga que las costas se abonen en el orden causado, no trae aparejada una lesión a las garantías de igualdad y propiedad, pues el régimen favorece a ambas partes por igual, no advirtiéndose que la circunstancia de abonar sus trabajos a un profesional implique la confiscación de los bienes del obligado” (“Flagello, Vicente” Fallos 331:1873).

En consecuencia solicito el rechazo de las impugnaciones del actor al art. 21 de la ley 24463 por no verificarse lesión a las garantías constitucionales invocadas (cfr. “Boggero, Carlos”, Fallos 320:2792).

RETENCIÓN POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS.-

Esta Administración por expreso imperativo legal fue instituida por la Resolución General N° 4139 de fecha 29 de marzo de 1996 de la ex - Dirección General Impositiva (RG AFIP 2437/08), en agente de retención. Asimismo y siendo que los haberes de pasividad y las retroactividades -tanto capital como intereses, no así las actualizaciones por inflación que por ley se encuentran excentas-, generadas por reajuste de haberes tributan impuesto a las ganancias, este Organismo en su calidad de Agente de retención deberá dar cumplimiento con dicha normativa (Ley 11.683, ley 23.771, ley 24.769). Los fundamentos legales que dan sustento a esa afirmación, sobrevienen expresamente de lo dispuesto por el Art. 1 y por el Art. 79 inc. c) de la Ley 20.628 (t.o. según Ley 25.057 -B.O. 6 de enero de 1999-).

TASA DE INTERES.-

Que asimismo solicitó que las sumas que resulten de la diferencia entre lo abonado y el haber establecido en la sentencia, se le aplique el interés correspondiente a la caja de ahorros común y no la de la tasa pasiva promedio mensual que pública el Banco Central de la República Argentina hasta el momento de su efectivo pago

PRUEBA.-

Ofrezco la siguiente, que hace al derecho de mi mandante:

DOCUMENTAL:

a) Las actuaciones administrativas pertenecientes al titular de autos, respecto de las cuales pongo en conocimiento de V.S. que las mismas deberán ser requeridas mediante la nueva versión de BUSSJUZ.-

b) Se acompaña constancia del sistema informático de la cual surge la ley aplicada al beneficio previsional objeto de reclamo.

c) Se acompaña constancias con la propuesta efectuada por el organismo conforme ley 27260.

OPOSICION A PRUEBAS OFRECIDAS POR EL ACTOR.-

PRUEBA INFORMATIVA OFRECIDA POR EL ACTOR.-

En primer término manifiesto a V.S. que el contenido de la prueba informativa requerida a mi mandante en el capítulo respectivo de la demanda es notoriamente improcedente a tenor de las siguientes disposiciones procesales.

El art. 396 del CPCC dispone que la prueba de informes debe versar sobre "...hechos concretos...controvertidos en el proceso...". Por su parte, el art. 397 del CPCC reza "...no será admisible el pedido de informes que manifiestamente tienda a sustituir o a ampliar otro medio de prueba que específicamente corresponda por ley o por la naturaleza de los hechos controvertidos...".

Por ello dicha prueba en la forma que pretende poner en cabeza de mi mandante la confección de una liquidación meramente ilustrativa para “probar” su derecho vulnera el derecho de defensa en juicio y debido proceso de mi parte. No cumple con los requisitos para solicitar una prueba de la naturaleza jurídica que comprende.

Es además claramente inadmisible que se pretenda que mi parte practique la liquidación que ofrece con el establecimiento de pautas que no han sido objeto de pronunciamiento en la etapa procesal probatoria.

PRUEBA PERICIAL CONTABLE OFRECIDA POR EL ACTOR.-

Al respecto, me opongo a los puntos de pericia propuestos por la actora en este estadio procesal por las razones que paso a exponer:

- En primer término porque la liquidación que pretende se practique presupone la existencia de una sentencia condenatoria.

- Por otro lado, está arrogándose funciones jurisdiccionales al indicar la forma e índices aplicables, cuando esa es facultad privativa de V.S., que eventualmente ejercerá en el dictado de su sentencia.

- Finalmente, porque de conformidad con el art. 5° de la ley 23.982 le corresponderá a mi parte en la etapa procesal oportuna efectuarla.

A todo evento, cabe destacar que, de conformidad con el art. 21 de la ley 24.463, las costas que pudiere irrogar serán impuestas en el orden causado, lo que solicito se notifique al perito y/o consultor técnico que pudieren designarse.

DERECHO.-

Fundo el derecho que asiste a mi parte en las leyes 23.928, 24.241, 24.283, 24.463, 25.344, 25.565, res. 63/94 Y 140/95, 27.260, jurisprudencia y doctrina aplicables al caso.

CASO FEDERAL.-

Encontrándose cuestionada la validez de leyes federales de orden público, a todo evento, formulo reserva del Caso Federal, que autoriza el art. 14 de la ley 48.

PETITORIO.-

Por lo expuesto, a V.S. Solicito:

1. Se me tenga por presentada, parte y constituido el domicilio;

2. Se tenga presente la propuesta efectuada;

3. Se tenga por contestada la demanda en tiempo y forma;

4. Se tengan por contestados los planteos de inconstitucionalidad formulados por la actora;

5. Se tenga por opuesta la prescripción del art. 82, 3° párrafo, de la ley 18.037 (t.o. 1976), ratificado por el art. 168 de la ley 24.241;

6. Se tenga presente la reserva del Caso Federal;

7. Se tenga presente la oposición a la prueba ofrecida por el actor;

8. Se tenga presente a los fines de las costas lo dispuesto por el art. 21 de la ley 24.463;

9.- Que, se tenga presente que acompaño bono previsto por el artículo 51, inc. d) de la ley 23.187;

Proveer de conformidad

Por ser Justicia.-