Gestionar el agua como un bien común 

El informe «Invertir la tendencia: un llamamiento a la acción colectiva», que acaba de publicar la Comisión Mundial sobre la Economía del Agua deja claro que la crisis del agua, el calentamiento global y la crisis de la biodiversidad se refuerzan mutuamente. Los expertos de este estudio son tajantes al afirmar que si no se actúa para transformar la economía y la gobernanza del agua, el mundo fracasará en la acción por el clima y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

«Toda visión del cambio climático que excluya el agua es incompleta», señala Johan Rockström, director del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático y copresidente de la Comisión, quien añade que «por primera vez en la historia de la humanidad, ya no podemos contar con la fuente de toda el agua dulce, nuestras precipitaciones. Estamos cambiando todo el ciclo hidrológico mundial». Como ejemplo señala que «cada grado de calentamiento global añade alrededor de un 7% de humedad al ciclo del agua, sobrealimentándolo e intensificándolo, lo que provoca cada vez más fenómenos meteorológicos extremos. El agua es, pues, a la vez motor y víctima del cambio climático.

El agua también es clave para alcanzar todos ODS. Más de dos mil millones de personas siguen sin tener acceso a agua gestionada de forma segura. Un niño menor de cinco años muere cada 80 segundos por enfermedades causadas por el agua contaminada. «Necesitamos desarrollar una nueva economía del agua que nos ayude a reducir el despilfarro de agua, mejorar la eficiencia hídrica y ofrecer oportunidades para una mayor equidad del agua. mayor equidad en el uso del agua», comenta Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la Organización Mundial del Comercio y copresidenta de la Comisión.

En el informe –el primero de esta Comisión respaldada por la OCDE– se insiste en que el mundo sólo puede salir de este callejón sin salida actuando colectiva y urgentemente a través de acciones más audaces, integradas y en red a escala mundial, nacional, regional y local. Para ello, es crucial que el mundo reconozca y gestione el ciclo del agua como un bien común global, restaurándolo y salvaguardándolo para todos. Señalan que los enfoques actuales su gestión no reconocen que los países están interconectados y que dependen unos de otros. Algo que no solo afecta a los ríos o corrientes transfronterizas de aguas subterráneas, sino también a los flujos atmosféricos de vapor de agua procedentes de los ecosistemas terrestres.

Para diseñar una nueva economía que salvaguarde el ciclo del agua, la Comisión insiste en que se debe movilizar a todas las partes: sectores público, privado, sociedad civil y comunidad local, y utilizar la política de innovación para catalizar soluciones a problemas concretos y aumentar las inversiones en agua. «Hay que pasar de políticas de innovación sectoriales a políticas orientadas al bien común y reunir a múltiples sectores para hacer frente a nuestros mayores retos hídricos», puntualiza Mariana Mazzucato, catedrática de Economía de la Innovación y el Valor Público del University College de Londres y copresidenta de la Comisión.

Los autores también sostienen que el mundo debe dejar de infravalorar y subestimar el precio del agua. Así, consideran que en combinación con el apoyo a los pobres y vulnerables, garantizar que el agua tenga un precio adecuado permitirá que se utilice de forma más eficiente en todos los sectores y de forma más equitativa en todos los países. También considera que se debe tener en cuenta el valor no económico del agua en la toma de decisiones para asegurarnos de proteger la naturaleza, de la que depende el planeta y toda la vida.

Eliminar subvenciones a la agricultura

Además, el informe deja claro que se deben eliminar unos 700.000 millones de dólares de subvenciones a la agricultura y el agua, que alimentan el consumo excesivo de agua y otras prácticas perjudiciales para el medio ambiente. Y considera que deben acelerarse los esfuerzos para exigir la divulgación de la huella hídrica con el fin de estimular hacia prácticas sostenibles. Asimismo, anima a reducir drásticamente las fugas en los sistemas de agua (agua no contabilizada») que cuestan miles de millones al año, esforzándose en el mantenimiento.

Asimismo, propone establecer Asociaciones para el Agua Justa (JWP, por sus siglas en inglés) con el fin de permitir inversiones en el acceso al agua, la resiliencia y la sostenibilidad en los países de renta baja y media, de forma que contribuyan tanto a los objetivos nacionales de desarrollo como al bien común mundial.

Considera que todos los países deben aumentar el refuerzo de los sistemas de almacenamiento de agua dulce, el desarrollo de la economía circular del agua, (especialmente mediante el reciclaje de las aguas residuales industriales) y reducir la huella hídrica de la industria manufacturera, así como cambiar la agricultura hacia el riego de precisión y cultivos menos intensivos en agua o resistentes a las sequías.

Por último, el grupo sostiene que la gobernanza multilateral del agua, que actualmente está fragmentada y no está a la altura del reto, debe reformarse. La política comercial también debería como herramienta para un uso más sostenible del agua, por ejemplo, no exacerbando la escasez en regiones con estrés hídrico. «Resolver el desafío del agua requiere una mayor ambición, pero es una ambición que en realidad es alcanzable si trabajamos colectivamente y aceleramos las actuaciones en la década actual», afirma Tharman Shanmugaratnam, ministro Principal de Singapur y copresidente de la Comisión, quien añade: «Tenemos los conocimientos científicos, sabemos cuáles deben ser las reorientaciones políticas básicas y no hay una falta real de financiación a escala mundial. La tarea consiste en organizar estos recursos para un futuro sostenible y equitativo a escala mundial»

© Bloomberg

Paso histórico: la ONU aprueba el Tratado de los Océanos 

Después de 38 horas de negociación y de diez años de desacuerdos sobre la financiación y los derechos de pesca, a primeros de este mes se alcanzaba un histórico Tratado de la ONU sobre los océanos. El acuerdo mantiene vivo el objetivo 30x30 –proteger el 30% de los océanos del mundo para 2030– que proporciona un camino para crear áreas total o altamente protegidas en los océanos del mundo. «El barco ha llegado a la costa», anunciaba la presidenta de las negociaciones, Rena Lee, para confirmar el acuerdo en Nueva York.

Hasta ahora las aguas situadas a más de 200 millas marinas de la costa, compartidas por todos los países, han estado gestionadas bajo una serie de acuerdos y organismos internacionales sin una jurisdicción clara, sin demasiada coordinación y con unas normas inadecuadas para su protección. Frente a ello, se encuentran amenazadas por la contaminación, la minería en el fondo de los mares y la sobrepesca, a lo que hay que sumar los perniciosos efectos del cambio climático. Estas áreas representan más del 60% de los océanos, lo que equivale casi a la mitad del planeta.

«El océano es comida, energía, vida. Le ha dado mucho a la humanidad, es tiempo de devolvérselo», señalaba la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en twitter: «Celebro el acuerdo sobre la altamar, un tratado que protegerá el océano más allá de las jurisdicciones nacionales».

Un acuerdo en el que tanto expertos como organizaciones ecologistas llevaban años y años negociando bajo la Alianza del Alta Mar, que integra a más de 40 ONGs del mundo, además de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), organización que considera que este acuerdo es un enorme paso para proteger legalmente con santuarios oceánicos la vida marina y adaptar la gobernanza de la altamar al siglo XXI. «Se abre el camino para que la humanidad finalmente proteja la vida marina en nuestro único océano», señala Minna Epps, directora del programa global Marino y Polar de la UICN.

Para Pilar Marcos, responsable de Océanos en la delegación de Greenpeace en Naciones Unidas. «Por fin podemos pasar de las palabras a un cambio real en el mar. Los países deben adoptar y ratificar formalmente el tratado, lo más rápido posible para que entre en vigor, y luego poder crear los santuarios marinos que nuestro planeta necesita. El tiempo sigue corriendo para poder alcanzar el objetivo de protección 30x30. Nos queda media década y no podemos ser complacientes».

Recursos genéticos marinos

A pesar del acuerdo, los países han tenido que salvar sus fricciones en lo que consideraban el principal problema: el reparto de los recursos genéticos marinos. Los recursos genéticos marinos son material biológico procedente de plantas y animales del océano que puede tener beneficios para la sociedad, como productos farmacéuticos, procesos industriales y alimentos.

Las naciones más ricas disponen en la actualidad de los recursos y el financiamiento necesario para explorar las profundidades oceánicas, pero las más pobres quieren asegurarse de que los beneficios que encuentren se compartan de forma equitativa. Para Robert Blasiak, investigador oceánico de la Universidad de Estocolmo, el reto estriba en que nadie sabe cuánto valen los recursos oceánicos y, por tanto, cómo podrían repartirse. «Si imaginamos un televisor panorámico de alta definición, en el que sólo funcionan tres o cuatro píxeles, ése es nuestro conocimiento de las profundidades oceánicas. Hemos registrado unas 230.000 especies en el océano, pero se calcula que hay más de dos millones», explica este experto.

También han recibido especial atención los mecanismos para la realización de evaluaciones ambientales con el fin de realizar un uso sostenible de los recursos de las áreas de altamar, necesarias para actividades crecientes como la instalación de energías renovables, explotaciones mineras o instalación de cables submarinos fuera de la jurisdicción nacional de los países.

A partir de ahora todavía quedará mucho trabajo por hacer antes de que el tratado pueda aplicarse, pero todos coinciden en que se ha dado el paso histórico para la protección legal de dos tercios del océano, para garantizar la biodiversidad marina, los medios de subsistencia de las comunidades costeras y la soberanía alimentaria».