Asturiano nacido en Lena en 1963, Hugo Morán Fernández accedió a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente hace ya cinco años y participó activamente, de la mano de la vicepresidenta Teresa Ribera, en la gestación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021. Con anterioridad, fue alcalde de su pueblo natal durante doce años, y presidió el Consorcio para el Desarrollo de la Montaña Central de Asturias, la Federación Asturiana de Concejos y el Grupo de Desarrollo Rural de Asturias. Es un hombre que conoce a fondo la política local y, por ende, la problemática rural, también las dificultades a las que se enfrentan los territorios que sufren escasez hídrica. 

Morán confía en la innovación y en las decisiones basadas en el conocimiento para abordar el problema del agua en colaboración con la sociedad y todos los actores implicados. “Nos debemos apoyar en la ciencia y el mundo académico para sentar las bases sólidas del modelo más eficaz posible, que garantice una gestión sostenible, productiva, razonable, ecológicamente responsable y, por supuesto, solidaria, del bien común que es el agua, y por supuesto del derecho humano primordial que supone tener acceso a ella en cantidad, calidad y condiciones sanitarias dignas”, argumenta el secretario de Estado, quien destaca que, por primera vez, la planificación hidrológica que impulsa ahora el Ministerio incorpora de forma transversal la variable de cambio climático, los mecanismos de respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos y el compromiso de la restauración ambiental de todas las cuencas hidrográficas.

—Nos enfrentamos a una reducción de recursos hídricos en toda España. ¿Debemos modificar nuestra forma de relacionarnos con el agua? 

—En este caso creo que lo que hay que tener claro es que la curva de demanda de agua en España hace ya tiempo que sobrepasó la línea crítica y, por lo tanto, es evidente que hay que invertir esa curva; y hay que hacerlo lo antes posible. Esto ya sucedió en un momento en el que no teníamos incorporada la variable de cambio climático, con lo cual, en estos momentos, con la evidencia de los problemas que éste genera, la urgencia es mayor todavía. Para esto no sirve el mensaje que se ha venido repitiendo durante mucho tiempo de que las cuencas excedentarias envíen agua a las cuencas deficitarias. No existen cuencas excedentarias en nuestro país; igual que ha desaparecido ya ese concepto en toda Europa. Todas las cuencas en estos momentos están en una situación de necesidad de adaptarse a unos escenarios de clima muy exigentes. 

—¿Somos suficientemente conscientes de esta situación? 

—Hay dos factores que hay que tener en cuenta a la hora de valorar si somos o no somos ya conscientes de ello. Y es que, en la medida en la que en cada territorio van surgiendo cada vez con mayor recurrencia problemas de acceso al agua en cantidad y en calidad, la conciencia se va extendiendo. Creo que lo que está ocurriendo ahora es que mientras que antes esta sensación se limitaba exclusivamente al período en el que había problemas de acceso al agua, ahora, a medida que se van repitiendo estos episodios y conforme se va constatando que la situación es igual en todo el país, creo que hay una conciencia ya instalada en el conjunto de la ciudadanía de que es necesario cambiar nuestro modelo de relación con el agua 

—¿De qué dependerá la disponibilidad del agua? 

——De lo que ha dependido siempre. El agua es un recurso natural que está sujeto a ciclos de reposición no gestionables. Responde a fenómenos naturales que son cambiantes en los ciclos y` que —mientras se han mantenido en unas inercias que estadísticamente más o menos eran constantes en el tiempo— tras cierto tiempo venía un periodo de sequía que luego se recuperaba con otro de lluvias y permitía que el equilibrio se restableciera. Esta pauta natural más o menos equilibrada comienza a modificarse allá por la década de los 80, y lo que hemos visto es que los patrones de recurrencia de los fenómenos extremos, tanto de sequías como de inundaciones, comienzan a ser habituales. La disponibilidad de agua dependerá de los ciclos y factores cambiantes a los que siempre ha estado sujeta, pero lo que ocurre es que en esta nueva ‘era hídrica’ esa dependencia nos apunta a situaciones cada vez más complejas, más difíciles de gestionar.

—¿El cambio climático llevará a recortes en el conjunto de las demarcaciones? ¿Qué opciones tenemos? 

—El cambio climático ya lo está provocando. En las estadísticas de tendencias de los últimos años y que se consideran a la hora de hacer la planificación, lo que se constata es que la curva es continuamente descendente. 

¿Qué herramientas tenemos para poder hacer frente a la misma? Es evidente que las políticas clásicas ya no sirven. Seguir pensando que construir embalses o hacer trasvases va a resolver esa situación es engañarnos. No va a ser así la situación, ni a presente ni a futuro, porque ni va a haber agua para llenar esos embalses, porque ya ni somos capaces de llenar los que tenemos, ni va a haber agua para hacer trasvases, porque a estas alturas, por los ríos no circula ni siquiera agua para poder garantizar unos caudales ecológicos razonables. 

¿Cuáles son las herramientas? Yo lo digo habitualmente: en este país y en el conjunto de las cuencas hidrográficas tenemos la posibilidad de construir tres grandes embalses. Esos embalses se llaman ahorro, eficiencia y reutilización, y aportan cada uno un volumen de agua de una envergadura similar a la de cualquier embalse convencional como los que conocemos 

—Lleva años conviviendo con los procesos de planificación hidrológica. ¿Lograremos desterrar el término ‘guerra del agua’? 

—Lo primero que hay que hacer es acotar el área del conflicto. En nuestro país se gestionan al año, aproximadamente y para distintos usos, unos 30 000 hectómetros cúbicos de agua. En este periodo de planificación hidrológica, al igual que en los anteriores, allí donde se produce una y otra, y una y otra vez, una discrepancia reiterada, es en relación con una sola infraestructura: el trasvase Tajo Segura. En estos momentos, de media, a lo largo de los últimos años, el trasvase de Tajo Segura —y ésta es una cifra que se consolida—, gestiona unos 300 hectómetros cúbicos al año. Concluir, como se pretende concluir, en relación con un problema concreto, que en este país hay algo que pueda ser elevado a la categoría de guerra del agua, es sobredimensionar un conflicto que tiene su importancia, pero que está acotado en el territorio y frente al cual hay respuestas operativas de gestión. 

Con lo cual, ¡niego la mayor! En este país no hay una guerra del agua. Guerras del agua hay en otros países, con lo que mantener ese concepto y utilizarlo significa, en algunos casos, ni más ni menos que degradar los problemas que de verdad supone el agua en países que efectivamente están en guerra por el agua, porque no disponen de ella. 

—Para acabar con conflictos entre usuarios y territorios, ¿cómo debemos entender la planificación hidrológica?, ¿hay que cambiar la cultura actual en torno al bien agua? 

—Lo primero que necesitamos para que una sociedad sea consciente en ese ámbito de la planificación es que las respuestas que se dan desde la Administración sean las más adecuadas para los problemas que se pretenden solucionar: se necesita información y transparencia —la fiabilidad de los datos es fundamental— y, a partir de ahí, instrumentar los mecanismos de gobernanza del agua. ¿Cómo se resuelve esto? Con información clara y fiable trasmitida al conjunto de la ciudadanía. ¿Qué hay que pedir en ese escenario? Que todos los agentes que participan en este proceso cooperen en esa misma dirección. 

—Un informe del Consejo General de Economistas de España señala que la ‘guerra del agua’ se libra entre las regiones con peores modelos de financiación. 

—Ese informe ya aterriza y acota, ya lo ubica territorialmente en un punto concreto. No tiene que ver con esa situación. En absoluto. Las necesidades de implementar medidas para cubrir la demanda, las garantías de suministro, se extienden al conjunto del país y siempre generan dificultades a la hora de abordar esas respuestas. Tengamos en cuenta que en España existen del orden de unos 100 trasvases, en la mayoría de los casos para atender suministros de agua de boca. En todos estos casos generan algún conflicto de gestión en el territorio, como la construcción de cualquier otra infraestructura o la ubicación de cualquier otro equipamiento. 

Es verdad que el agua es un bien escaso y es indispensable para la vida y, por lo tanto, cuando falta el agua, cualquier otro problema pasa a ser secundario y el agua se convierte en el principal problema. Estamos acostumbrados a tener una capacidad de respuesta en España, país en el que esto hace tiempo que dejó de ser un problema general. En muy raras ocasiones se produce una situación de estas características pero, cuando se produce, evidentemente se convierte en el problema principal y, por lo tanto, es al primero al que tienen que atender las administraciones. Pero no tenemos que tender a elevar a categoría de conflicto lo que no es más que un proceso de gestión ordinaria. 

—Murcia está siempre en el epicentro del debate con la situación del Tajo. ¿Tiene motivos para preocuparse? 

—Como sociedad tenemos motivos para preocuparnos. Todos. Aquí nadie tiene motivos para preocuparse más que otros, pero tampoco nadie tiene motivos para despreocuparse. Vamos hacia escenarios cada vez más complejos. Y me remito a ejemplos muy recientes: el presidente de la República de Francia acaba de hacer un llamamiento a la ciudadanía en función de una crisis. En Italia están teniendo serios problemas de abastecimiento. Este verano se han visto problemas con el agua en Alemania, en Reino Unido… Todo el mundo tiende a dar prioridad al problema que sufre directamente, y lo que no podemos es cerrar los ojos a lo que sucede más allá de nuestro espacio de proximidad, con lo cual Murcia no tiene por qué preocuparse más que nadie, pero debemos tener en cuenta que nuestros escenarios de gestión son los que son y, por lo tanto, habrá que pensar que todos tenemos que ser corresponsables en el proceso de toma de decisiones. 

Si nos referimos al hecho concreto del mensaje recurrente, de que un gobierno socialista —cada vez que estamos en campaña electoral— se titula en los medios: ‘El Gobierno socialista va a acabar con el trasvase Tajo Segura’, yo siempre digo lo mismo: no nos perdamos en discursos vacíos. Vayamos a los datos. En el periodo 2014-2018 se trasvasaron —en este caso a través de la infraestructura del Tajo Segura— 829 hectómetros cúbicos. En el periodo que va de 2018 a 2022 se traspasaron 1 229 hectómetros cúbicos. La realidad es esa. Todo lo demás es intentar construir una ficción para apoyar un discurso que no tiene una base sólida. 

—¿Podríamos decir que el cambio climático, con cada vez menos agua en cabecera, acabará con este trasvase Tajo Segura? 

—Podemos decir que el cambio climático va a condicionar la realidad que hemos conocido durante décadas en todas las cuencas hidrológicas de nuestro país. 

—Agua y regadío es un binomio complicado. ¿Hay que reducir las hectáreas de regadío para garantizar la sostenibilidad del sector? Algunos regantes señalan que también son gestores del agua… 

—Los primeros que son conscientes de que vamos a un escenario cada vez más exigente de disponibilidad de agua son aquéllos que dependen del agua para desarrollar su actividad. Tan es así que ya, a lo largo de los últimos años, el sector del regadío ha incorporado como actividad principal, en términos estratégicos, la modernización de regadíos. Uno de los componentes que conlleva la modernización de regadíos es reducir los volúmenes de agua necesarios para producir lo mismo. Ese esfuerzo tiene sus resultados, pero probablemente llegará un momento en que no sea suficiente para compensar la disminución de agua disponible. Por ello, hay que tener en cuenta que nunca la planificación agraria va a poder condicionar la planificación hidrológica, sino que es y debe ser al revés: la planificación hidrológica es aquélla que debe poner los límites a la planificación agraria. 

¿Qué es lo que habrá que hacer a futuro? Estudiar y analizar cómo evoluciona la planificación hidrológica y, en función de esa evolución, adaptar la planificación agraria. Ése es el mejor seguro, la mejor garantía de que vamos a seguir teniendo una agricultura sostenible en términos ambientales, en términos sociales, pero también en términos económicos.

—Sobre la importancia de la responsabilidad colectiva en la preservación del agua… ¿Falta educación ciudadana? ¿Pagamos un precio justo por el agua o habría que incrementarlo?

—Lo primero que habría que saber, y compartir todos, es cuál es el precio justo del agua. En función de cuál sea la relación de un ciudadano, de un territorio con mayor o menor disponibilidad de agua, ese territorio, esa sociedad, estarían dispuestos a pagar un precio mayor en comparación con otros en los que no tienen ese problema de acceso. Esto nos obliga a establecer un mecanismo de equilibrio. Ya lo adivinó y lo incorporó la Unión Europea en su momento en la Directiva Marco del Agua. 

Hay un principio que es el de la recuperación de costes que establece la obligación de que se implemente en las tarifas el coste real de lo que supone dar la garantía de suministro. Esto suma la gestión del agua, la amortización de las infraestructuras del agua y, en cierta medida, también los costes ambientales del agua. 

En nuestro país hemos recibido llamadas de atención de la Comisión Europea porque se entiende que no hemos implementado razonablemente el principio de recuperación de costes. Hemos comenzado a implantar con carácter general el principio de recuperación de costes en esta legislatura. Y ya no hay marcha atrás, porque los momentos de aportación de fondos europeos para financiar infraestructuras del agua están vinculados, precisamente, a la aplicación de ese principio. Llegará un momento, que está cada vez más cerca, en que los presupuestos europeos dejarán de aportar financiación porque llegado ese punto deberíamos haber alcanzado el equilibrio, ése en el cual lo que se paga por el agua es suficiente como para mantener la seguridad del suministro del agua.

—En espacios como Doñana, Las Tablas de Daimiel o el Mar Menor, ¿se tomarán medidas más estrictas en cuestiones como el robo del agua o actividades que impliquen perjuicio sobre la calidad ambiental de estos humedales y lagunas saladas? 

—Casi me atrevería a decir que estos espacios son el termómetro que nos indica cómo estamos de salud hidrológica en nuestro país. Son espacios de alto valor, muy visibles, en los que se pueden contrastar de forma mucho más palpable los errores que se cometen en relación con el uso, o con la sobreexplotación del agua, pero no es un problema que se limite a estos territorios. En esos espacios naturales se hace muy evidente por sus propias condiciones de visibilidad, dentro y fuera de nuestro país. Y eso nos obliga, en primer término, a abordar planes de intervención específicos diseñados para corregir esa situación. Y sí, se están haciendo. 

Tanto las Tablas de Daimiel, como Doñana, como el Mar Menor o como la Albufera de Valencia cuentan con planes de actuación. Prácticamente la búsqueda de soluciones a los problemas singulares de todos estos humedales los hemos impulsado desde este ministerio. Son, de alguna manera, los escenarios piloto que nos sirven para identificar cuál debe de ser el modo de gestión del agua en el conjunto de nuestro país. 

—La contaminación agraria provocada en los recursos hídricos naturales es otro gran problema, y un reto frenarla… 

—Éste es un problema global, que afecta al conjunto de países de la Unión Europea, y nosotros no somos ajenos a ello. Quizá por ausencia de conocimiento, por falta de regulación, a lo largo de muchos años se ha venido produciendo déficit de incorporación de prácticas adecuadas en la actividad agraria y esto se ha traducido en aportaciones excesivas de nutrientes, de pesticidas, de nitratos, de elementos que contaminan y alteran la composición natural de las masas de agua… 

Pero hay soluciones. Se está haciendo en estos momentos un avance considerable de adaptación en términos de sostenibilidad ambiental de la actividad agraria a lo que debe de ser un sostenimiento adecuado de uno de los elementos indispensables también para la actividad agraria, el agua de calidad.

Se ha dado un salto cualitativo, en estos momentos con el último plan estratégico de la PAC implementado en España; alineando las normativas y las prácticas agropecuarias, cada vez más, con el conjunto de políticas protectoras del agua que la Unión Europea ha puesto en marcha. La estrategia ‘de la granja a la mesa’, por ejemplo, creo que es una acción muy importante en esa dirección. Pone de manifiesto lo que efectivamente ya estaba probado: el sector agrario ha de convertirse en una de las herramientas fundamentales para poder mejorar la calidad de las aguas, sean subterráneas, someras, manantiales o fluviales, si es que queremos seguir teniendo un sector agrario saludable y sostenible de cara al futuro. Porque depende no sólo del volumen de agua disponible, sino de su calidad y accesibilidad.  

—La declaración de Naciones Unidas considera el agua como un derecho humano. ¿Hemos pasado de una declaración de intenciones a una realidad o queda camino para garantizarlo? Se habla mucho de pobreza energética pero, ¿nos olvidamos de la pobreza hídrica?

—Si hacemos un análisis en clave global, es evidente que no se ha traducido. Hay muchas regiones del planeta en las cuales en estos momentos el Derecho al Agua no pasa de ser una mera declaración que no se traduce en algo efectivo. Hay extrema pobreza hídrica en muchas zonas del planeta: es evidente. Y es un gran problema global, que trasciende a lo económico para convertirse en una prioridad humanitaria y de justicia social. Nadie lo duda. No es tolerable que millones de personas no tengan acceso al agua potable y al saneamiento. Éste es un reto y una obligación moral pendiente de resolver a nivel internacional. España hace todo el esfuerzo que está a su alcance para contribuir a impulsar soluciones que mitiguen el sufrimiento que provoca la escasez de agua.

Pero centrando la cuestión, si descendemos al ámbito europeo, creo que en estos momentos puede considerarse que es un derecho que está razonablemente garantizado. En España, forma parte de una de las estrategias del Gobierno atender a los colectivos más vulnerables a la hora de garantizar todo tipo de derechos, y el derecho de acceso al agua es uno de ellos. 

Ésta fue una de las preocupaciones principales que ocuparon al Gobierno cuando nos enfrentamos a la pandemia de la covid-19. Uno de los elementos estratégicos de garantía de suministro de servicios básicos fue el del agua. Se establecieron normativas e instrucciones para que nadie, con independencia de cuál fuese su situación, pudiera ser privado del acceso al agua durante aquel tiempo. Eso se consiguió mediante un compromiso compartido de operadores públicos, operadores privados, del conjunto de las de las administraciones… Ahora, en la línea de consolidar el derecho al agua, ya empieza a ser un elemento que aparece recogido en la legislación de nuestro país. El Ministerio de Sanidad, en una iniciativa compartida con este ministerio, acaba de actualizar las normas del agua para adaptarlas a la correlación salud y agua y ahí, por supuesto, figura recogido con carácter legislativo el derecho al agua. 

—¿Cuál es el escenario que le gustaría contemplar? 

Un escenario en el cual todos seamos capaces de asumir qué es lo que sirve para hacer una buena gestión del agua: la herramienta más útil es la que nos aporta la ciencia, la que nos ofrece el conocimiento, la que nos facilitan los datos obtenidos tras una correcta planificación. 

Dicho aún más claro: si cada vez dejamos menos hueco a los intereses de carácter político y electoralista en relación con el agua y somos capaces de implantar criterios razonables por encima de cualquier interés ajeno a la gestión hídrica eficaz, sólidamente fundados en la voz de la ciencia, estaremos respondiendo mejor a las necesidades sociales. 

A mí me gustaría disfrutar un escenario en el cual todos fuéramos capaces de asumir, de interiorizar, de entender, que los diagnósticos del mundo científico, del mundo académico, son las bases sólidas sobre las que basamos, y aceptamos, el modelo más eficaz a aplicar para la gestión sostenible, productiva, razonable, ecológicamente responsable y, por supuesto, solidaria, del bien común que es el agua, con mayúsculas, y el Derecho Humano inalienable y global que supone el acceso a ella. También con mayúsculas.