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El primer Parque Nacional se creó en los Estados Unidos de Norte América en 1872, con la finalidad de proteger y conservar el valle de Yellowstone. Lugar sagrado para las tribus indias de su entorno se declara protegido  y se prohíbe toda actividad colonizadora, ocupación y venta de cualquier producto natural del mismo. En la exposición de motivos del parque nacional recién creado, se explicita que se consagra para el beneficio y satisfacción del pueblo y se abre una vía muy importante destinada a proteger a  aquellos espacios naturales no alterados sustancialmente por las actividades humanas  para el disfrute de los ciudadanos. Se trata de santuarios de naturaleza donde la gestión de los diversos ecosistemas está dirigida  a la preservación, protección y conservación  de los valores naturales que encierran sus límites. 

Los primeros Parques Nacionales son declarados por sus valores estéticos, grandes paisajes y espectaculares valores geomorfológicos para fomentar el turismo. Estas ideas de conservar los paisajes sobresalientes impactaron decididamente entre los naturalistas y de manera muy especial  entre los forestales españoles.

Los parques nacionales españoles se constituyeron inicialmente sobre los montes de utilidad pública, ya que el bosque es la máxima expresión de vegetación y el que alberga sin duda la mayor diversidad biológica. En el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, primer parque declarado, se trataba de proteger por sus indiscutibles paisajes de montaña de roca caliza los bosques húmedos existentes en sus diferentes formas. En el de Ordesa que le siguió, los valles fluviales de origen glaciar y las cimas y  crestas rocosas de la Cordillera Pirenaica, se han encontrado desde siempre acompañados de una reserva forestal de incalculable valor ecológico. 

El protagonismo forestal se ha hecho presente en las primeras medidas de protección de la naturaleza, ya que el conocimiento del territorio por parte de los facultativos forestales  a través de la gestión de los montes y de las sucesivas catalogaciones de los mismos llevados a cabo desde la primera publicación del Catálogo de Montes de Utilidad Pública como medio indiscutible del protección de nuestro patrimonio forestal, despeja el camino para añadir, con  otros criterios objetivos, otros espacios naturales que merecen ser incluidos en la más alta protección  por sus valores naturales.

Por otra parte las asociaciones turísticas de principios del pasado siglo junto a los forestales fueron las más vinculadas a lo que se llamó amplia labor de cultura, que entrañaba la práctica de deportes de montaña y su vinculación a la defensa de la naturaleza. En esta tarea de reconocimiento y exaltación de la naturaleza tuvieron también un papel destacado las  sociedades excursionistas y alpinistas, de modo que este movimiento regeneracionista solicitaba  de los poderes públicos que se dotase de accesos suficientes los parques nacionales declarados para que sus asociados pudieran gozar de la atracción  del paisaje.

El director de la revista  Madrid Científico  requirió en un escrito dirigido al Cuerpo de Montes fechado en 1911, que se iniciara la protección de algunos espacios naturales, y el insigne Ingeniero de Montes don Ricardo Codorniú,  en la revista Montes de la época, responde con la propuesta de un catálogo de espacios protegibles planteando ya en todas sus dimensiones  las cuestiones que la posteridad tendría resolver.  

Habrán de trascurrir treinta y seis años para la declaración de nuevos espacios a proteger  al amparo de la citada ley. Imperando los valores de los valores paisajísticos  y de los fenómenos de la naturaleza, se declaran los parques nacionales de El Teide y de la Caldera de Taburiente, por Decretos  de 22 de enero y de 16 de octubre de 1954, respectivamente. Un año después, y por decreto de 21 de octubre de 1955 se declara el parque nacional de  Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, en representación de las manifestaciones del glaciarismo cuaternario, en el abrupto paisaje del pirineo catalán con el protagonismo principal del agua.  

La promulgación de la ley de Montes de 8 de junio de 1957, derogó la antigua Ley de Parques de 1916 y, en su exposición se indica que se pondrán los medios necesarios para que estos espacios naturales protegidos puedan cumplir  la finalidad para la que fueron creados. Se mantiene el concepto  de parque nacional y, en el articulado del Reglamento de la ley de Montes para su desarrollo se explicita que los parques  se declararán por decreto, llevando sus terrenos anejos los de utilidad pública a efecto de las expropiación  de las propiedades de particulares, y asimismo las infracciones  que se realicen en los parques serán sancionadas de acuerdo con la ley de Montes.   En el citado Reglamento se contempla la creación de una Junta en cada parque nacional con la función de regir el mismo, cuya presidencia corresponderá al Gobernador civil donde radique el parque, con diversos vocales entre los que destacan entre otros varios,  los representantes de los Ministerios de Obras Públicas e Información y Turismo y Agricultura, el ingeniero Jefe del Distrito Forestal y actuando de secretario de la Junta, un ingeniero del Distrito. Todavía no se habían abandonado los principios por lo que en un pasado se creaban los parques nacionales, tales como los paisajes sobresalientes y favorecer el turismo.   En un futuro se tendrán en cuenta otros criterios de selección para extender la máxima protección a los espacios naturales que se distingan por valores ecológicos, tales como favorecer la investigación, el estudio de fenómenos naturales o la conservación de determinados endemismos.          

En nuestro país y  en el marco de la ley de Montes de 1957 se declararon por sendos decretos los parques nacionales de Doñana, de Las Tablas de Daimiel y el de Timanfaya. En Doñana se contó desde un principio con un ambiente muy favorable entre la comunidad científica, conservadores de la naturaleza y la entusiasta colaboración de los propietarios de los terrenos para extender sobre el territorio una protección sobre sus valores naturales  a fin de  conservar su riqueza biológica. Este emblemático lugar muy ligado a grandes familias que han representado mucho en la historia de España   ya era muy conocido por autoridades científicas a mediados de la década de los 50 del siglo pasado,  organizando grandes jornadas para intentar describir y catalogar un patrimonio natural único en Europa. En el pasado había sido conocido por  selectos cazadores  ligados a las grandes familias propietarias que no alteraron sustancialmente los valores faunísticos de Doñana. La fama científica de Doñana se debió en gran parte a las inquietudes de don José Antonio Valverde, biólogo que en compañía de otros investigadores logró interesar a la comunidad  científica del mundo y  a la entonces Wildlife and Wetland Fund Nature, WWF, fundada en 1961, organización de la UICN encargada de recabar fondos de apoyo para la conservación de la Naturaleza, con la finalidad de adquirir los terrenos necesarios para instalar un establecimiento dedicado a la conservación y estudio de su riqueza ecológica.  Se organizó por el WWF una colecta internacional con la finalidad de comprar estos terrenos en  Doñana,   y  también  con la ayuda de fondos del CSIC y la buena disposición de los propietarios de los fincas se adquirieron terrenos por el WWF  con una superficie  de 6.974 Ha., que fueron  cedidos al CSIC, a fin de  establecer  la  Reserva Biológica de Doñana en 1969,  siendo declarado el  Parque Nacional de Doñana por el Decreto 2412/1969, de 16 de octubre, sobre la base de los terrenos aportados.   

En 1971 y, por iniciativa del ICONA se encarga a don Francisco Bernis Madrazo, uno de los grandes profesionales de la Ornitología, catedrático de vertebrados de la Universidad de Madrid y  a don Arturo Compte, un estudio sobre las zonas húmedas de la Mancha, en el que se describieron con meticulosidad el conjunto de lagunas que la conformaban, destacando sus valores naturales  la fauna y la vegetación palustre en los enclaves analizados con gran precisión y apuntando su  el futuro desde el punto de la protección. En ese mismo se reconoce por informes del responsable de la reserva de caza  que los trabajos de desecación de las márgenes de la red fluvial que abastece el encharcado se habían modificado notablemente de  las primitivas condiciones ecológicas del paraje. En el otoño de ese año se reúne la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y acuerda la paralización de los trabajos  de desecación que estaba llevando a cabo un Grupo Sindical de Colonización.

Ramón Coronado que dirigiría años después el Parque Nacional de Doñana, en el año 1972 completó un trabajo encargado por el ICONA, sobre las principales zonas húmedas manchegas en el que abordó una ordenación de los recursos naturales  y una distribución geográfica de las áreas de protección para las aves acuáticas, una vez evaluados los profundos cambios experimentados por los intentos de desecación de Las Tablas de Daimiel.

En el mes de julio de ese año se produjo un hecho que tuvo después una repercusión de gran alcance. En un informe que dirigí al Jefe del ICONA en Ciudad Real anotaba que “el encharcado de Las Tablas se encontraba por esa época con unos niveles bajos pero suficientes para que la barca en la que navegaba esa tarde pudiese deslizarse por el agua y sobre el atardecer sentí que los niveles de agua estaban descendiendo y la corriente se dirigía hacia un canal del Gigüela en  la zona donde está  situada la finca Casablanca”. La presa situada sobre el canal había sido abierta  y el agua se escapaba de Las Tablas. Procedí a la mañana siguiente al cierre del canal en dicho punto y  a la denuncia de los hechos pues el acuerdo de detención de los trabajos dentro de la Reserva no se había cumplido.  A la vista de la denuncia y para afrontar la situación se toman varias medidas por una comisión formada por representantes de Obras Hidráulicas y el ICONA. La Comisaria de Aguas del Guadiana  corta el canal del Gigüela en varios puntos mediante presas de tierra y de forma inmediata se notan sus efectos al subir los niveles de agua y cubrir una superficie de unas 800 Ha. En segundo lugar se obliga al Grupo a acelerar los trabajos de canalización aguas arriba de Las Tablas sobre el Gigüela  para facilitar el tránsito del agua a la Reserva y por último, se construye un malecón de tierra a lo largo del antiguo cauce del Guadiana para impedir la salida del agua.

ADENA, desde su fundación en 1966, obtuvo gran prestigio en la organización de conferencias y encuentros sobre temas graves medioambientales de largo alcance y, sus denuncias fueron muy tenidas en cuenta por los poderes públicos. En noviembre  de 1971 organizó una conferencia de prensa para oponerse al proyecto de canalización de la red fluvial que suministraba agua a Las Tablas y que ya estaba ultimando el citado Grupo Sindical de Colonización. La difusión que se dio a los resultados de esta conferencia llegó a la Presidencia del WWF, que por entonces ostentaba el Príncipe Bernardo de los Países Bajos.  El Presidente del WWF se dirigió al jefe del Estado Español que transmitió el contenido de este escrito al Ministro de Agricultura el cual contestó en el sentido de ser un “asunto ya resuelto, puesto que se ha decidido destinar la mitad de la superficie a terreno cultivable y la otra mitad  a fines de preservación y mantenimiento del ambiente natural de la región”. Esta respuesta se correspondía con las conclusiones de un Estudio de la Comisión Interministerial de Medio Ambiente, CIMA, que además estimó necesario poner en marcha una serie de medidas  con el fin de garantizar  la definitiva conservación  del biotopo de Las Tablas, sin perjuicio del  saneamiento de otras obras  próximas y alejadas de la antigua Reserva.    

La alarma que produjeron estos hechos motivó que el Gobierno ordenara la suspensión de los trabajos y que se creara una Comisión Interministerial de Medio Ambiente con la finalidad de calificar el conflicto de intereses planteado y dictar una solución satisfactoria. La Comisión Delegada del Gobierno resumió la cuestión deteniendo indefinidamente los trabajos y otorgando a estos terrenos  un régimen de protección especial con la creación de un Parque Nacional sobre los mismos. En la primavera del año 1973 la Dirección General del ICONA encargó  a su Servicio Provincial en Ciudad Real compuesto por el Jefe Provincial del ICONA, don Germán  García y los Ingenieros de Montes don Pedro Muñoz  y el que suscribe, la elaboración de un amplísimo informe sobre la situación de la Mancha Húmeda y de manera concreta sobre Las Tablas de Daimiel como paso previo al proceso de declaración de un parque nacional sobre los terrenos de la ya antigua reserva de caza.  

La sobreexplotación del acuífero manchego unido a la falta de precipitaciones de la zona originó en el parque una situación de deterioro muy preocupante que se prolongó en el tiempo hasta la redacción del Plan de Regeneración Hídrica del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel de 1986 con el objetivo de intentar solucionar el problema.

El Parque Nacional de Timanfaya se declara como tal en 1974, en el marco de la ley de Montes de 1957. Situado en la isla de Lanzarote  no hubo  oposición alguna por parte de la población local al contar con la fortuna de disponer en un momento determinado con hombres que contribuyeron con su amor a su tierra, su preparación, especial sensibilidad y sentido  estético para dejar la huella de su buen hacer en esta isla. El entonces Presidente del Cabildo, don José Ramírez piensa que Las Montañas de Fuego de Lanzarote tienen entidad suficiente para que sea declarada como Parque Nacional. Cuenta para esto con tres colaboradores entusiastas  Jesús Soto,  César Manrique y, más tarde con  José Miguel González del ICONA.  El grupo se dirige a la Dirección del ICONA, que encarga  a la Inspección de este organismo en Canarias un estudio sobre la posibilidad de creación del parque nacional. El documentado estudio que se realizó sobre la zona, con la historia de los volcanes, condiciones físicas,  bióticas, entorno socio-económico y régimen de propiedad, y después de una gran consulta pública a las autoridades provinciales y locales, además de a numerosas sociedades cívicas y ecologistas se obtuvo un apoyo masivo para la declaración de parque nacional que se produjo con el Decreto 2615/1974, de 9 de agosto, de creación del Parque Nacional de Timanfaya.  

En febrero de 1974,  me desplace al  Wildlife and Wetland Trust de Slimbridge, establecimiento creado por Peter Scott en 1946, para visitar sus instalaciones y, sobre todo para conocer el plan de uso público que desde hacía muchos años habían puesto en marcha  con bastante éxito de acuerdo con las cifras de  visitantes y de afiliados simpatizantes con este tipo de actividades. El citado centro sirvió de antecedente para la formación del Wildfowl  Wetland  Trust, la única organización benéfica del Reino Unido que desde su fundación ha tenido como objetivo la protección de las aves acuáticas y sus hábitats a nivel internacional. La visita al centro fue muy positiva al conocer  a expertos ornitólogos que llevaban programas muy precisos sobre el manejo de las aves acuáticas, cría en cautividad de determinadas especies catalogadas en peligro de extinción y su alimentación, seguimiento de aves migratorias, campañas de anillamiento y útiles empleados, tratamientos de epidemias o enfermedades  de las aves, etc.  La posibilidad de  tratar al personal científico que llevaba  a cabo estas labores me sirvió en gran medida para mantener unas relaciones personales que fueron de gran ayuda en el futuro para la implantación  en Las Tablas del Plan de Uso Público concretamente  con las instalaciones de observación  de aves, y  en momentos difíciles de una epidemia de botulismo en Las Tablas en el verano del 1982, fue de gran ayuda la facilitada por un técnico ornitólogo del WWT para el tratamiento de las acuáticas.

Se hacía necesaria una nueva ley marco de parques nacionales que recogiese los nuevos criterios  y estrategias divulgadas por instituciones conservacionistas de prestigio en las que los conceptos de conservación de la biodiversidad, desarrollo sostenible de los recursos, representatividad de los ecosistemas, promoción de la investigación y su divulgación. Respondiendo a esta necesidad se promulga la ley 15/1975, de 2 de mayo, de espacios naturales protegidos, que en su artículo 1.1 se establece su finalidad “la de contribuir  a la conservación de la naturaleza otorgando regímenes de adecuada protección especial a las áreas o espacios que lo requieran  por la singularidad e interés de sus valores naturales”.  Habrán de transcurrir catorce años para la promulgación de la ley 4/1989, de 27 de marzo,  de Conservación de los Espacios Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, más acorde con las necesidades de la sociedad y mejor recibida por el mundo conservacionista y de las personas preocupadas por los problemas relacionados con el medio ambiente.     

Tras la promulgación de la Ley 15/1975, de 2 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos y el conocimiento de las cuatro categorías de protección de los terrenos  expuestas en el artículo segundo y siguientes de la misma, el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), realizó un inventario abierto de espacios naturales de protección especial  con la finalidad de disponer de una información esquematizada acerca de las zonas más destacadas  o más vulnerables a las acciones humanas  y que mereciesen por el conocimiento de sus valores naturales ser incluidas en una determinada categoría de los espacios naturales protegidos definidos en la ley.

Este inventario, realizado en una primera fase por los servicios provinciales del ICONA, contemplaba el análisis de 633 zonas seleccionadas sobre una superficie total de más de 3666 millones de has y fue determinante para  conocer globalmente con los datos técnicos aportados, los más sobresalientes  desde los puntos de vista ecológicos, paisajísticos o estéticos, físicos, históricos o arqueológicos permitiendo disponer  de una información muy valiosa referente a los terrenos seleccionados para la posible clasificación  de algunas zonas en las figuras de protección  establecidas  más adecuadas  de acuerdo con sus características.

Éste estudio se realizó tomando como base la provincia, y en la relación de los terrenos seleccionados no se tuvo en cuenta ni la extensión de las zonas a estudiar ni tampoco el régimen de propiedad. Se analizaron las características físicas de cada una de las  zonas, con una ligera información  de los recursos faunísticos y florísticos más destacados, y se proporcionaron datos  acerca de la población humana asentada en las cercanías  de las zonas, aprovechamientos tradicionales, nivel de comunicaciones, rasgos culturales, etc., y cartografía de situación a escala 1:50.000. Un número apreciable de zonas analizadas en este inventario sirvieron de base para el desarrollo más completo de información  encaminado a la declaración  por parte de las futuras Comunidades Autónomas de espacios naturales protegidos siguiendo la normativa de la Ley 15/1975, o bien para la aplicación de la ley de caza a determinadas áreas necesitadas de protección efectiva de sus recursos faunísticos o acudiendo a legislación propia de las mismas Comunidades Autónomas. En otros casos,  impulsada la Administración  por determinados grupos de opinión se han declarado nuevos espacios naturales que en principio no estaban incluidos en el inventario abierto.

Por aquellos años los criterios de selección de los espacios naturales fueron analizados por el entonces Servicio de Parques Nacionales dirigidos por Francisco Ortuño con una óptica muy diferente a como habían sido considerados  hasta entonces. Los principios establecidos por la UICN a través de Conferencias al más alto nivel, divulgados por los colaboradores científicos de esta institución actuaron muy positivamente para buscar soluciones al estatus establecido en la política de parques. Los servicios del ICONA en Canarias, con su Jefe Provincial  José Miguel González  habían actuado decididamente junto con otros personajes de la talla de  César Manrique, como ya he comentado,  en la declaración del Parque Nacional de Timanfaya.  

José M. González e Isidoro Sánchez, ingenieros de montes y el biólogo  Antonio Machado tuvieron la fortuna de conocer personalmente a Kenton Miller y fueron pioneros en la asistencia a cursos de formación dirigidos a planificadores de parques y reservas equivalentes organizados por la citada  Universidad de Michigan. Bajo el genérico nombre de International Seminers on National Parks, estos cursos  estaban diseñados para mostrar a los expertos en parques los principales establecimientos de administración y planificación que disponía el Servicio de Parques de Estados Unidos, donde se impartían las clases teóricas sobre administración, legislación, Plan Master, concesiones en los parques, contratos, formación de personal, relaciones con las comunidades vecinas, servicios de vigilancia y un largo etc., de conocimientos que después tuvimos oportunidad de poner en marcha de vuelta a nuestra casa. El seminario era itinerante y, asimismo, se completaba con la visita a varios parques nacionales de EE.UU contactando con los responsables de los mismos y sus rangers y analizando los problemas más comunes con los que habitualmente se encontraban en los parques. Las primeras visitas de los ingenieros de montes de Canarias se iniciaron en Hawai para conocer el comportamiento de la actividad volcánica en estas islas que era muy similar a la vulcanología canaria. Después de unos días recorriendo la zona de los volcanes más sobresalientes de las islas el seminario continúo desarrollándose en otros parques del continente.

Se sucedieron las asistencias a estos seminarios tan prestigiosos donde compartías los problemas con los responsables de parques de muchos países del mundo y se discutía sobre todo tipo de temas relacionados con estas actividades.

A estos Seminarios se desplazaron posteriormente  los ingenieros de montes del ICONA   José L. Aboal,  jefe de la sección de Parques Nacionales,  Ricardo Pascual,  conservador del Parque Nacional de Ordesa,  Isidoro Sánchez, conservador del Parque Nacional del Teide y en 1978, tuve la oportunidad de asistir al seminario de ese año, que fue dirigido por Tom D. Thomas del National Park Service. Este curso se convocó  en la ciudad de Montreal y estaba programado para una duración de cuatro semanas  y con un itinerario muy estudiado por la diversidad  de parques visitados. Se visitó inicialmente  el  P.N. de La Maurice, cerca de Quebec y finalizó en los Everglades de Florida, después de estar una semana viviendo en las cabañas acondicionadas en el P.N. de Great Smoky Mountains, en los montes Apalaches, Blue Ridge Parkway, en el P.N de Las Montañas Rocosas, en el Ocmulgee National Monument  y otras espacios equivalentes en los estados de Carolina del Norte  y Tennessee.  

El Plan Rector de Uso y Gestión, conocido como PRUG, equivalente del Plan Masters americano, quedó consagrado en esta reunión como documento rector  de las actuaciones a desarrollar por parte de los gestores españoles en un futuro y cuyo contenido sería completado en reuniones posteriores.   

En los años siguientes se sucedieron las reuniones convocadas por el Jefe del Servicio de Parques Nacionales del ICONA  Francisco Ortuño en los  parques nacionales  de Covadonga, de Doñana, de Ordesa y de Las Tablas de Daimiel -en la que en este parque ya se mostraron las instalaciones acabadas que formaban parte del Plan de Uso Público-, para tratar los temas cada vez más complejos relacionados con el uso público,  necesidad de inversiones en los parques, la dotación de centros de visitantes, instalaciones de servicios, accesos adecuados, la falta de personal de vigilancia en los parques,  y  la necesidad de contar con equipos multidisciplinares capaces de dar respuesta a todas las cuestiones que se iban sucediendo ante las denuncias por supuestas faltas de atención  y analizándose las carencias que había que cumplir dada la situación.

Después de mi regreso del  seminario organizado por la Universidad de Michigan al que asistí en el verano de 1978, tenía la inquietud de cómo desarrollar el Plan de Uso Público en el Parque Nacional de  Las Tablas de Daimiel. Mi máxima preocupación era diseñar un plan de visitas que no interfiriese para nada en las evoluciones naturales de la avifauna y que los materiales empleados en las instalaciones fueran lo menos agresivos para el entorno natural.  Había que tener en cuenta que el encharcado del parque estaba rodeado de una vegetación palustre que ocultaba la vida acuática desde el exterior actuando como salvaguarda de la fauna asociada al medio, y que para las aves acuáticas resulta fundamental  la cubierta protectora de las macrofitas emergentes, tanto desde el punto de vista climático, como de defensa contra los depredadores en las fases anuales de su existencia, principalmente en la época de mancada o cambio de plumaje en la que las aves tienen disminuidas sus defensas o en las épocas de cría en la que los pollitos necesitan aguas libres donde alimentarse y que dispongan en sus cercanías de la vegetación protectora.  

Tenía la idea de sacrificar unas 20 ha. del encharcado para cumplir uno de los fines para los que fue creado el parque, que era el de mostrar a los visitantes en orden  al interés educativo, la riqueza ornitológica de la avifauna ligadas al medio acuático y de otras aves localizadas en el interior de las islas y de los pájaros del carrizal, bigotudos, carriceros buitrones etc., habituales en la barrera de carrizos y eneas que recorre las márgenes del encharcado.  Estudié la posibilidad de unos itinerarios para visitantes que recorriesen las orillas del encharcado y que no resultasen agresivos para la avifauna presente. Estos itinerarios de tierra elevados sobre una traza de piedras y barro sobre el terreno encharcado  y dotados de observatorios de madera permitirían a los visitantes observar sin molestar las evoluciones de los patos.  

Terminarían su recorrido en la Torre de Observación de Prado Ancho, desde donde se dispondría de una panorámica muy completa sobre la mayor superficie de agua del encharcado conocida como El Tablazo. Cercano al Centro de visitantes se levantó la laguna de aclimatación donde se dispuso con carácter didáctico de una colección de anátidas  representativas de todas las especies que visitan el parque en cualquier época del año, que permitiría al visitante disponer de un conocimiento de las distintas especies de anátidas. 

El objetivo más destacado sobre cualquier otro en los parques nacionales sigue siendo  la conservación de los ecosistemas singulares a los que hay que añadir las nuevas funciones a desempeñar y los servicios demandados y requeridos por la sociedad. La creación de los primeros parques nacionales respondía  a un componente aleatorio de personas dotadas de una gran sensibilidad por las bellezas naturales y gracias a las iniciativas de estas personas se fue avanzando en el tiempo creando nuevos parques nacionales representativos de ecosistemas muy alejados de la primitiva concepción de cumbres espectaculares con reservas forestales en sus valles.

En el período considerado de 1950 a 1980, se crearon dos parques nacionales  representativos de ecosistemas de la actividad volcánica. En el del Parque Nacional del Teide se protegieron  extensos parajes  con  paisajes volcánicos sobrecogedores en los que se asentaba una gran riqueza de especies faunísticas y florísticas únicas en cualquier otro lugar del mundo que estaban  adaptadas a un ambiente hostil, como consecuencia de antiguos procesos volcánicos que transformaron violentamente  la facies de la isla y, en el del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente se estableció la protección de  una enorme depresión  semicircular de paredes escarpadas que sobrepasan los 1.000. m. de altura, surcada por profundos barrancos que desde las alturas confluyen progresivamente en el cauce de Las Angustias.

Otros dos  ecosistemas representativos de zonas húmedas fueron los Parques Nacionales de Doñana y de Las Tablas de Daimiel,  que supusieron la incorporación de un tipo de naturaleza muy combatida con toda clase de esfuerzos desecadores y,  precisamente  los valores faunísticos y en especial las comunidades de aves acuáticas cuya abundancia y concentración fueron las que actuaron eficazmente e impulsaron  las acciones conservacionistas y,  el quinto Parque Nacional  de Aigúestortes i Estany de Sant Maurici caracterizado por la presencia de numerosos valles  de origen glacial, de circos y de un conjunto de más de 200 lagos o ibones, cuyo paisaje fue modelado por la actuación enérgica del glaciarismo cuaternario.

Se promulgaron  dos leyes de reclasificación de los parques nacionales de Doñana –Ley 91/1978, de 28 de diciembre,  y de Las Tablas de Daimiel- Ley 25/1980, de 3 de mayo-,  en cuya exposición de motivos en términos muy similares a ambos, se hace hincapié en el establecimiento sobre los terrenos de los parques de “un régimen especial que se orienta a proteger la integridad de la gea, fauna, flora, aguas y atmósfera y en definitiva del conjunto de los ecosistemas del parque…”, y en ambas disposiciones legales se establecen como funciones de los parques “en razón de su interés educativo, científico, cultural, recreativo, turístico, y socioeconómico”.

Llegado el año 1980 se contabilizan siete parques nacionales contando con los originales de la Montaña de Covadonga y Ordesa y a lo largo del tiempo trascurrido desde la creación del primer parque, se ha apreciado una paulatina incorporación  de nuevos planteamientos y nuevos conceptos para la protección  de espacios naturales, aún insuficiente para que  pueda pensarse en una concepción planificada  en la política de conservación. Tendrán que trascurrir todavía algunos años para poder disponer de parques nacionales establecidos sobre los espacios naturales más representativos de la biodiversidad biológica del territorio español.