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En ese marco, España, con una huella ecológica desbordada, su fuerte dependencia de los combustibles fósiles (los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la vulnerabilidad climática que le confiere su posición  geográfica, la aridez de una gran parte de su territorio y sus más de ocho mil kilómetros de litoral densamente ocupado (44% de la población más la masiva afluencia turística), necesita acometer estrategias de emergencia ante un cambio climático que ya está afectando a los ecosistemas que sustentan nuestras vidas.   

Insistía M. Strong, Secretario General de la Cumbre de Río (1992), que la batalla de la sostenibilidad finalmente se ganaría o perdería en las ciudades. Efectivamente, hay argumentos sobrados para tal afirmación que también son de referencia en nuestro país. Las ciudades concentran la mayor parte de la población y la actividad económica. A nivel global la población urbana representa ya el 55% del total y en la Unión Europea y España ese porcentaje aumenta hasta el 70%. A la vez, se estima que la concentración de las actividades económicas y el consumo urbano representan en torno al 70% - 80% del PIB mundial y que en ese espacio se proyectan importantes procesos de acumulación de capital (y de conflicto social) en torno a los sectores inmobiliario, de las  infraestructuras y servicios y de los procesos generales de producción, mercantilización y consumo masivos.    

En el marco de una grave crisis ecológica en la que ya estamos instalados, la artificialidad de los sistemas urbanos se traduce, especialmente en las grandes metrópolis, en una fuerte vulnerabilidad frente al suministro de recursos clave para su metabolismo (desde la energía a la alimentación) y, según sea su situación geográfica y relación con el litoral, frente a los cambios climáticos que ya han empezado a producirse. Y en el caso de España, por sus peculiaridades geográficas, dicha  vulnerabilidad es especialmente grave. 

En todo caso, hay que decir que en la fase de desbordamiento ecológico alcanzado, las ciudades, con sus capacidades de intervención,  y las ciudadanías, con sus facultades para inducir y requerir los cambios culturales, políticos y socioeconómicos necesarios, se han convertido hoy en actores claves del proceso de transformación ecosocial global que tan urgentemente se requiere.

Abordar hoy el desafío de la crisis ecológica y climática en las ciudades, exige superar cualquier enfoque parcial o tecnocrático y entender que se trata de un problema de seguridad vital de primer orden en el que la participación activa de la sociedad es fundamental y en el que la cuestión ha de abordarse desde nuevas coordenadas:

• Entender las ciudades como piezas clave de las transiciones hacia un cambio global de época. Es fundamental entender la dimensión y los tiempos del cambio y que lo que subyace en el fondo es nada menos que la amenaza global de desestabilización ecosocial inducida por los patrones de desarrollo y lógicas  socioeconómicas vigentes.

• Instituir nuevos paradigmas, tiempos y principios estratégicos con los que reformular las políticas relacionados con el binomio territorios/ciudades. Estos paradigmas debieran formularse para dar respuesta, en los tiempos debidos, a las necesidades socioeconómicas urbanas (bienestar, actividad económica, empelo, etc.) sin desbordar los límites biofísicos locales, territoriales y globales.

• Trabajar con una visión integral del universo territorial/urbano y su aplicación a la singularidad de cada caso concreto. No habrá futuro sostenible sin concreción ecoterritorial a cada caso en la que se inserten de forma compatible ecociudades, mundo rural y naturaleza y se aborde de forma integrada, entre otras, las temáticas relacionadas con la  mitigación y adaptación climáticas.

• Precisar los objetivos estratégicos. En términos generales y con relación a la mitigación habrá que trabajar con la idea de alcanzar escenarios urbanos–país de descarbonización generalizada a mediados de siglo. Y en clave de adaptación/resiliencia, más allá de atender a las directrices del PNACC, habría que aspirar a contar con la elaboración generalizada de planes/programas de actuación en el próximo quinquenio, especialmente en los territorios de mayor vulnerabilidad, para que su aplicación general pueda proyectarse, con las prioridades oportunas, antes de 2050.

• Abordar un proceso de información, diagnóstico e identificación de las prioridades y los ejes clave. Más allá de las iniciativas concretas, hay que empezar por realizar un diagnóstico, a partir de las hipótesis ecológicas/energéticas/climáticas disponibles, para establecer una primera aproximación a las prioridades del país/ciudad tanto para optimizar la relación coste/resultados en términos de descarbonización, como para evaluar el grado de vulnerabilidad territorial ante la crisis energética y climática.

A la vez, es necesario identificar los temas claves, tanto en términos de mitigación (tipo, procedencia y carga de carbono de combustibles, así como los sectores clave del consumo correspondiente (movilidad, edificación, actividades económicas y residuos)), como de adaptación/resiliencia en el ámbito territorial (huellas y biocapacidades ecológicas, vulnerabilidades y riesgos de sus sistemas clave, capacidades endógenas/dependencias externas en recursos vitales como la alimentación, etc.).

 • Elaborar escenarios y concretar las políticas, hojas de ruta y programas clave. Se trata de proyectar la información y el diagnóstico en escenarios tendenciales/deseables, así como los distintos itinerarios posibles para alcanzar los objetivos estratégicos mencionados. Estos escenarios ecológicos/energéticos/climáticos habrían de contrastarse con otras variables claves del país o ciudad (economía, empleo, bienestar, etc.). A partir de tales premisas habrá que instrumentalizar los escenarios de referencia seleccionados y plasmarlos en hojas de ruta y programas que apunten itinerarios entre la situación de partida y los objetivos estratégicos de llegada a mediados de siglo, con referencias intermedias decenales desde 2020. 

• Implementar un sistema transparente de seguimiento y evaluación.  Además de garantizar la calidad científica e independencia de los organismos evaluadores es fundamental proyectar periódicamente la información y cumplimiento de objetivos, no solo ante los socios europeos e internacionales, sino también ante el Parlamento y la opinión pública del país/ciudad.

• Concertar los procesos de participación institucional y ciudadana a lo largo de todo el proceso descrito. Conviene recordar lo ya dicho: la cuestión de la crisis ecológica y climática solo tiene viabilidad si se entiende como un desafío que hay que abordar desde el conjunto de una sociedad con intereses contradictorios y, el que ello sea así, dependerá del grado de información, sensibilización y participación de las ciudadanías en todo el proceso descrito.

Evidentemente, la aplicación de estas líneas generales tiene una concreción diferente en cada tipo de ciudad, según complejidad/dimensión, relación con el litoral, ubicación geográfica, condiciones de entorno, etc. Por eso, más allá de las iniciativas particulares y pensando en términos de país, es esencial disponer de una aproximación general que permita establecer criterios de prioridad y tipo de aproximación metodológica correspondiente. Y en esa línea, “qué tipo de ciudades y cómo operar” en cada caso concreto vendrá dado por muy diversos factores: 1) la importancia de su contribución a la mitigación del desbordamiento ecológico/climático (por ejemplo, las grandes áreas urbanas); 2) su vulnerabilidad (por ejemplo, ciertos núcleos urbanos en el litoral mediterráneo); 3) su interés como factor de experiencia diseminadora en el conjunto del país (por ejemplo, capitales de territorios o ejemplificación de casos de ciudades medianas/pequeñas); o 4) la disponibilidad de los gobiernos locales correspondientes a apostar seriamente por llevar adelante el tipo de acciones apuntadas.           

En dicho informe se abordan una serie de líneas de trabajo para mejorar la calidad de vida en las ciudades, descarbonizar su metabolismo y contribuir a adaptar la huella ecológica del país a su biocapacidad. Se sintetizan a continuación las principales líneas de acción y objetivos propuestos en el informe para medidos de siglo:   

1. Reinserción territorial, preservación del suelo y rehabilitación integral de la edificación. Las propuestas establecidas – reinserción territorial, preservación del suelo aún no ocupado (y recuperación del ecológicamente valioso), redensificación urbana y rehabilitación integral (también energética) de la edificación – contribuirían de forma  determinante a la reducción de la huella ecológica y climática.

2. Movilidad urbana. La apuesta por la “ciudad próxima” y un nuevo mix de movilidad, incluida la limitación del uso de los vehículos privados, el impulso al transporte público y la electrificación de los servicios motorizados, permitirían reducir en un 75% los niveles de consumos energéticos y emisiones climáticas correspondientes.

3. Calidad del aire. Las medidas propuestas, unidas a su extensión a las zonas industriales y a una mejora de la conciencia ciudadana sobre el tema, permitirían cumplir y mejorar las prescripciones de la OMS sobre la calidad del aire.

4. Consumo de materiales y generación de residuos urbanos. El cierre del ciclo materiales-residuos, la inclusión del “ciclo de vida” en dicho ciclo y el aumento de reciclaje y reutilización de residuos urbanos, permitiría reducir su dimensión a la de 1990, así como reducir la generación de GEI en más del 50% a mediados de siglo.

5. Ciclo urbano del agua. Un mejor control del suministro y un mayor porcentaje de reutilización del agua en la propia ciudad conseguirían una reducción del consumo del 30% en 2030 y la reducción de las emisiones de GEI del 30% en 2050.

Tras el proceso de mejora de las ciudades impulsado por la primera transición democrática (iniciada en 1978), la posterior degradación y corrupción de las políticas urbanas locales (el “boom” 1995 – 2007) y la reciente aplicación de políticas de extrema austeridad (a partir de 2010), el país afronta este nuevo ciclo con unas ciudades que en general: 1) fueron sometidas desde mediados del siglo pasado a fuertes y sucesivos procesos de expansión y desvertebración con relación a sus entornos rurales/naturales; 2) han procesado en la etapa democrática importantes (aunque desiguales) mejoras del bienestar material de sus poblaciones; y 3) siguen ignorando la gravedad de la crisis ecológica, el papel clave de las ciudades y la necesidad de acometer urgentemente fuertes iniciativas con relación a cuestiones centrales como la mitigación y la adaptación  energética/climática.

Las llamadas “Ciudades por el cambio”, que comprenden importantes urbes del país, habrían de jugar un papel avanzado en estos temas. Y, si bien están demostrando su voluntad transformadora en cuestiones de regeneración democrática y solidaridad con los sectores sociales más afectados por la crisis, salvando los compromisos adquiridos por Madrid y Barcelona en París, por ahora no parecen inclinadas a abordar a fondo las cuestiones relacionadas con la crisis ecológica/climática.

Finalmente, apuntar seis consideraciones para poner en marcha unas políticas urbanas – país acordes con la importancia de los retos descritos: 1) Información, información y más información a la ciudadanía sobre el alcance vital de la crisis ecológica y el papel central de las ciudades y territorios; 2) adecuación del marco constitucional (incorporando la necesaria reducción del déficit ecológico y climático) e implementación de una estrategia-país/región que aborde una salida a la crisis que incorpore los retos ecológicos descritos; 3) implementación de un marco institucional adecuado que potencie/articule las capacidades nacionales, autonómicas y locales para  lanzar ambiciosas estrategias y programas acordes con los retos mencionados; 4) fomento de vías de financiación adecuadas (en monto, condiciones, plazos e intereses) a los requerimientos de los correspondientes programas de cambio; 5) creación de un “grupo avanzado de ciudades y territorios” que quiera abordar de inmediato y a fondo los retos descritos y que pudiera actuar como punta de lanza y referencia para el conjunto de las ciudades del país; y 6) e imprescindible, impulso a la participación proactiva de las ciudadanías a lo largo y ancho de los procesos descritos.         

Nota:

El "Informe Ciudades" lo realizó el autor junto a J. Ozcariz. Informe Ciudades del Programa España Cambio Global 2020/50 de la Fundación Universidad Complutense de Madrid.