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Tras muchos esfuerzos llevados a cabo, fundamentalmente desde la sociedad civil, el derecho humano al agua se consagró en varias resoluciones de la Asamblea y el Consejo de las Naciones Unidas en 2010, 2011 y   2013#(2). En ellas se señala que “el derecho humano al agua y al saneamiento se deriva del derecho a un nivel de vida adecuado, y está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, así como al derecho a la vida y a la dignidad humana”.

Aunque el camino que queda por recorrer es grande, las bases para un trabajo riguroso están sentadas. Todos los actores relacionados con este derecho están urgidos a trabajar,  siendo especialmente importante el papel de los estados, la sociedad civil, el mundo académico y el empresarial.  La sociedad civil ya ha comenzado a trabajar para exigir a sus gobiernos que respeten, protejan y cumplan progresivamente este derecho, puesto que es jurídicamente vinculante, y de cuyo cumplimiento los estados deberán rendir cuentas.  

De acuerdo con la Observación General Nº 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 2002, el derecho humano al agua es el derecho a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.  Las categorías o dimensiones que conforman el derecho son las siguientes:

• Disponibilidad: Abastecimiento de agua de manera suficiente y continua, para usos personales y domésticos (consumo, saneamiento, colada, preparación de alimentos e higiene). La cantidad mínima diaria considerada por la Organización Mundial de la Salud-OMS-  es de 20 litros por persona y día, pero si hay recursos hídricos suficientes, un gobierno debería asegurar en torno a 100 litros por persona y día.

• Accesibilidad física: Los servicios e instalaciones de agua y saneamiento deben estar en el interior de cada hogar, institución educativa y lugar de trabajo, o en su cercanía más inmediata. Además de la distancia adecuada entre la fuente de agua y el lugar de consumo, la accesibilidad implica también la garantía de la seguridad física. De acuerdo con la OMS, la fuente de agua debe encontrarse a menos de 1000 metros del hogar y el tiempo de desplazamiento para la recogida no debería superar los 30 minutos.

• Calidad: El agua debe ser potable, sin sustancias peligrosas que puedan constituir una amenaza para la salud humana, y cuyo olor, color, y sabor resulten aceptables.

• Accesibilidad económica (o asequibilidad): Es necesario garantizar el acceso sin comprometer la capacidad de las personas para adquirir otros bienes y servicios esenciales (alimentación, vivienda, salud, educación). El PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,  sugiere que el coste de los servicios de agua no debería superar el 3% de los ingresos del hogar.

El contenido del saneamiento no ha sido tan desarrollado como el del agua y en muchos casos ha quedado subsumido dentro de él. Sin embargo es importante destacar el trabajo de la anterior Experta independiente de Naciones Unidas para el derecho al agua, Catarina de Albuquerque, que hizo un esfuerzo importante para considerar que agua y saneamiento deben ser tratados como dos derechos humanos independientes, contemplados dentro del derecho humano a un nivel de vida adecuado y por tanto, reforzar de manera especial el saneamiento, como derecho diferenciado#(3). Además, ha definido el saneamiento como un sistema para la recogida, transporte, tratamiento y la eliminación o reutilización de excrementos humanos y la correspondiente promoción de la higiene. Los estados deben garantizar, sin discriminación, que toda persona tenga acceso, desde el punto de vista físico y económico, al saneamiento, en todas las esferas de la vida, que sea inocuo, higiénico, seguro, aceptable desde el punto de vista social y cultural, proporcione intimidad y garantice la dignidad#(4).

Junto a estas categorías, están también los principios que definen los derechos humanos, y por tanto criterios a tener en cuenta#(5):  

 Hablar de derecho al agua y al saneamiento (DHAS) implica por tanto tener en cuenta todos estos criterios. Esto quiere decir que no es suficiente con tener acceso a un punto de agua, por ejemplo. Es necesario que se dote de disponibilidad suficiente, continuada, que sea de calidad, que garantice la sostenibilidad del recurso, que sea asequible a la población y que tenga en cuenta criterios de igualdad, no discriminación, o de protección de aquellas personas más vulnerables, entre otros.  

Tal es el caso de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, agenda que marca los compromisos internacionales en desarrollo para todos los países y en el marco temporal 2015-2030. Si analizamos el documento básico, no aparecen apenas referencias a los derechos humanos. Se aprecia una resistencia grande a la explicitación del lenguaje de los derechos humanos por los elementos de exigibilidad y compromiso que comportan.  

Ya había sucedido algo similar en la Declaración de Milenio, en que  el objetivo referente al agua y al saneamiento se introdujo en la Meta 7 sobre Sostenibilidad Ambiental, perdiendo por tanto peso a nivel de derecho humano, y dejando de lado un criterio tan importante como el de asequibilidad (es decir, posibilidad de acceso en términos económicos para la población) basándose en el argumento de que no era medible, es decir, sólo debían fijarse como metas aquéllas que tuviesen indicadores pactados y medibles (Langford, Winkler, 2013).

La Nueva Agenda de Desarrollo consiste en 17 objetivos de desarrollo sostenible. El número 6  es el referente al agua:

• Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos.

• Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones vulnerables.

• Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial.

• Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de agua.

• Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.

• Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

• Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, incluidos el acopio y almacenamiento de agua, la desalinización, el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, el tratamiento de aguas residuales y las tecnologías de reciclaje y reutilización.

• Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.

La  Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha supuesto un avance con respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio en lo relativo al agua y saneamiento, puesto que existe un objetivo que recoge algunas categorías y principios de estos derechos. Además,  hay una referencia explícita al derecho humano al agua y al saneamiento en la introducción al texto. Sin embargo, no puede decirse que el enfoque de derechos humanos se haya incorporado en su totalidad a la nueva agenda del desarrollo. De hecho, bastaría con que la agenda tuviese como objetivo la plena realización de los derechos humanos. La agenda del desarrollo no tendría sentido si existiese una voluntad política clara de respetar, proteger y cumplir la normativa del Derecho nacional e internacional de los derechos humanos.

Unos años más tarde, en 2012, se comenzó la tarea de elaborar el segundo informe sobre DHAS, ampliando la muestra hasta hacerla representativa, abarcando todos los departamentos del país, e incluyendo la participación de hogares, Comités de Agua Potable y Saneamiento y  municipios. En este momento acaba de publicarse este segundo informe (http://www.ongawa.org/blog/del-dicho-al-hecho-segundo-informe-sobre-derecho-humano-al-agua-y-el-saneamiento-en-nicaragua/). 

La principal conclusión del informe es el hecho de que en Nicaragua se dan las condiciones estructurales, legales e institucio¬nales que favorecen la implementación del derecho humano al agua y al saneamiento. Sin embargo, es difícil encontrar la aplicación efectiva de todos los as¬pectos del derecho humano en las políticas públicas del ámbito rural. Las normas de accesibilidad, calidad, asequibilidad, disponibilidad están más desarrolladas a nivel urbano en los planes institucionales, lo que nos invita a trabajar para evitar la discriminación del área rural.

A nivel de resultados, los retos más importantes son:

i. Existe fecalismo al aire libre el en 80% de las comunidades analizadas.

ii. Aunque los porcentajes de instalaciones de saneamiento sean altos (78% mejorado), el uso y el estado de las mismas (28% en mal estado, y 15% sin privacidad) indican que no se dispone de un saneamiento accesible, aceptable ni de calidad, además limita el acceso a la educación de las niñas donde solo el 54% de los centros educativos tienen instalaciones separadas por sexo.

iii. El 62% de los centros educativos y el 59% de los centros de salud, no tienen ninguna instalación para lavado de manos. A nivel domiciliar más de la mitad de las familias no cuentan con instalaciones para el lavado de manos y solo en una de cada tres se observó presencia de jabón.

iv. Aunque las coberturas de agua potable puedan parecer altas porque más del 80% se abastecen de algún tipo de fuente mejorada, no es todo el año, ni todos los días, ni con la calidad ni cantidad suficiente. Más de la mitad de las familias consumen menos de 50 litros y además limita otros derechos: en los centro de salud rurales el 44% del servicio de agua potable no es continuo.

v. El 8% de las que usan fuentes mejoradas, utilizan fuentes no mejoradas en algún momento del año, con el riesgo que eso supone para la salud.

vi. En los sistemas de agua potable existentes, la estacionalidad y continuidad en el servicio afecta al menos al 25% y 40% de las familias respectivamente y la tendencia es a empeorar con los efectos del cambio climático.

vii. El 60% de CAPS no tienen las capacidades y recursos para llegar a suministrar el servicio de agua pota¬ble en el total de la comunidad a la que atienden, y para las que sí son atendidas, en un 57% de los casos suministra agua sin clorar. Por otra parte, en más de la mitad de los CAPS hay problemas de capacidad de pago de las personas usuarias.

El informe pretende generar cambios en la situación del derecho de los colectivos más vulnerables y en las capacidades de titulares de derechos y titulares de obligaciones. Se intenta contribuir a una cultura universal sobre estos derechos. 

Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha puesto de manifiesto que  no son normas sin contenido sino auténticas previsiones constitucionales que obligan al legislador (sentencia del Tribunal Constitucional de  83/1984 de 24 de julio). Esto es importante porque de alguna manera lo que se señala es que no solo deben informar, sino que al mismo tiempo dotan de contenido, y por tanto, obligan a su cumplimiento.

Algunos autores recuerdan que tanto el derecho a la salud, como a la vivienda, como al medio ambiente, tienen una importante interrelación con el agua. Quizá por ello el derecho administrativo da por supuesto el derecho  al agua y no lo regula. Sin embargo, existe una tarea pendiente de precisión de su alcance, de definición del contenido del derecho. No es lo mismo el derecho al agua como prestación vital exigible de los poderes públicos que el derecho de aprovechamiento del recurso para la realización de otras actividades que no satisfacen necesidades vitales#(11).

Lo cierto es que no tenemos suficientemente desarrollado el derecho al agua en nuestra normativa interna. Contamos con el artículo111 bis del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, en el que se recogen los principios generales que deben regir el régimen económico-financiero de la utilización del dominio público hidráulico. Indudablemente, falta una mayor concreción para determinar hasta qué punto el ciudadano no debería verse afectado en la realización del derecho al agua. No existe más salida que la interpretación de las normas constitucionales a la luz del Derecho internacional existente.

Una vía en España que no debería olvidarse es el papel del Defensor del Pueblo en relación al derecho al agua y al saneamiento. El papel de las Instituciones Nacionales del Defensor del Pueblo ha sido reconocido muy enérgicamente en la Declaración y el Programa de Acción de Viena de 1993#(12), que  resaltó la importancia del fortalecimiento de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos como una forma de asegurar el reconocimiento y protección de los derechos económicos, sociales y culturales (en adelante, DESC).  En esta declaración, 171 países acordaron un plan para fortalecer la aplicación de los derechos humanos destacando la relación entre la democracia, el desarrollo y la promoción de los derechos humanos entendidos a partir de su universalidad y la indivisibilidad e interdependencia de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.

Desde entonces, muchos autores#(13) e instituciones, como Naciones Unidas#(14), han venido trabajando para que esto sea así. Aunque se trata de un asunto con implicaciones en cualquier país, hay que enfatizar el hecho de que las políticas de ajustes  que sufrimos en muchos países de Europa están teniendo importantes consecuencias en la protección de los derechos de los derechos económicos, sociales y culturales en general, y en el derecho al agua en particular. Quizá sea éste un momento clave en el que los Defensores del Pueblo podrían contribuir a regenerar la democracia y trabajar activamente a favor de los DESC#(15). En definitiva, el derecho humano al agua y al saneamiento tiene muchos retos pendientes, retos globales, algunos de los cuáles no están ya en terceros países, sino en el nuestro, aquejado de una creciente desigualdad, también en el disfrute de estos derechos.

BARLOW, Maude. Una guía para las personas para implementar el reconocimiento del derecho al agua y al saneamiento de las Naciones Unidas. http://canadians.org/sites/default/files/publications/RTW-es-web.pdf

Bautista Justo, Juan. “El derecho humano al agua y al saneamiento frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. CEPAL, 2013.

De Luis Romero, E; Fernández Aller, M.Celia;  Guzmán Acha, C. “Derecho humano al agua y al saneamiento: derechos estrechamente vinculados al derecho a la vida”. Documentación Social, nº170. Cáritas, 2013.

Langford, M; T.Winkler, I. “Quantifying Water and Sanitation in Development Cooperation: Power or Perversity”. Working Paper Series. 2013.

Mckynsey &Company y Banco Mundial.  Charting our Water Future, 2009.

Menéndez Rexach, Angel. “El derecho al agua en la legislación española”. Conferencia de 3 de junio de 2011 en la Facultad de Derecho de A Coruña.

OMS y UNICEF,  Joint Monitoring Programme (Progress on sanitation and drinking water, 2013).

ONGAWA, Derecho al Medio Agua y al Medio Ambiente para una vida digna, 2012.