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La pesca, como la agricultura, se ha convertido en las últimas décadas en un sector económico deficitario. Cada vez hay menos pescadores, su futuro laboral es inestable y los titulares de prensa se llenan de complejas negociaciones políticas en torno al sector. El ciudadano medio ha llegado a asumir que la actividad pesquera es así por naturaleza y es necesario subvencionarla, pero la realidad es que durante milenios fue no solo rentable, sino de gran importancia social. Este grave problema tiene un origen: la sobreexplotación de los recursos. En los años 80, la industrialización del mar superó el ritmo de regeneración de los recursos. Los ecosistemas marinos iban quedando devastados por prácticas pesqueras destructivas. La respuesta fue una huida hacia adelante: pescar más lejos y más profundo, es decir, extender la sobreexplotación.  

El mensaje es claro y contundente. Las cifras oficiales de la FAO marcan la línea roja: un 90% de los recursos pesqueros mundiales se encuentran sobrexplotados, agotados o plenamente explotados. Estas cifras sólo son válidas para el 10% de los recursos pesqueros mundiales para los que se dispone de datos puesto que, en la inmensidad del océano, la explotación ha avanzado hasta la última frontera mientras que la ciencia aún está investigando qué hay bajo el mar. Sin salir de aguas europeas, en el Atlántico se está faenando hasta 1.500 metros de profundidad, en zonas que nunca han podido estudiarse por falta de recursos económicos para la investigación. En otras palabras, cada día perdemos especies marinas y agotamos recursos sin tan siquiera haberlos llegado a conocer. 

En paralelo y a fin de justificar algún tipo de medida de gestión, se promocionaban también con subvenciones públicas el desguace y las paradas temporales (vedas) de la flota pesquera.

¿Por qué estas actuaciones tan contradictorias? Para posponer lo inevitable, la puesta en marcha de medidas de gestión pesquera reales que recuperaran los recursos a niveles del Rendimiento Máximo Sostenible. En ese periodo y hasta hace relativamente poco tiempo, el consejo de los científicos era sistemáticamente ignorado por el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea, que decidía Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas que en ocasiones suponían el doble de las recomendaciones. La consecuencia lógica no tardó en llegar. En 2008, con la crisis de los recursos pesqueros y la subida del precio del combustible, el sector pesquero europeo entró en pérdidas. Simplemente, el rendimiento económico de la pesca no llegaba a cubrir los costes operativos del sector en la mayoría de los casos, y se demostró que la industria sobrevivía gracias a la subvenciones.

Este fue el germen del cambio de paradigma en la Política Pesquera Común (PPC) que, como en otros muchos casos, terminó dando la razón a las demandas de organizaciones como Oceana cuya visión hasta entonces había sido considerada como reaccionaria y radical. El mensaje se tornó claro: la gestión pesquera sostenible y la preservación de los ecosistemas marinos es el único camino para garantizar la viabilidad económica a largo plazo del sector pesquero europeo. Así, y gracias a los esfuerzos de las organizaciones conservacionistas, la reforma de la PPC, iniciada en 2011 y que concluyó con su entrada en vigor en 2014, abrió un nuevo escenario para el futuro de la pesca en Europa.

La nueva PPC establece como obligación que todos los recursos pesqueros de Europa se gestionen a niveles del Rendimiento Máximo Sostenible para 2015 (2020 a más tardar) y plantea la eliminación de la derrochadora práctica de los descartes y el establecimiento de planes de gestión a largo plazo con un enfoque ecosistémico, es decir, teniendo en cuenta todo el ecosistema marino y no solo una determinada especie. No sólo la nueva PPC demuestra un cambio de rumbo radical. Desde antes de su aprobación, y gracias a la presión de organizaciones conservacionistas como Oceana, los Estados miembro empezaron a eliminar las subvenciones que promovían la sobrepesca y a escuchar el consejo de los científicos a la hora de gestionar los stocks, lo que dio resultados inmediatos. En 2014 el nivel de sobreexplotación de los recursos pesqueros del Atlántico Nordeste se reducía ya a un 41%, un avance muy significativo con respecto al escenario de colapso que presentaban nuestros mares tan solo una década atrás. Aún queda un largo camino por delante. La PPC es tan solo un compromiso que sin la apropiada aplicación constituye simplemente una mera declaración de intenciones sobre papel. Además, no todas las regiones de Europa han seguido la misma tendencia. En el mar Mediterráneo, la situación es aún más catastrófica si cabe y las medidas más básicas aún no se han puesto en marcha.  

En principio esto no parece muy alarmante, si no tenemos en cuenta que los barcos de madera con motores de 100 caballos se han sustituido por potentes embarcaciones de acero de casi 3000 caballos en algunos casos y con la tecnología actual que maximiza la eficiencia pesquera. La conclusión es que estamos exprimiendo los últimos rincones en los que se refugia lo que queda de la pesca de antaño.

El mismo estudio indica que especies que antes registraban abundantes capturas en Baleares, como la musola, el mero, el galludo, el centollo o la cigarra de mar, han disminuido dramáticamente o incluso desaparecido totalmente de los desembarcos. 

El caso de Baleares es sólo un ejemplo de la situación general del Mediterráneo. Según datos de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo, organismo de la FAO, el 92% de los recursos demersales de la región se encuentran sobrexplotados. Hablamos de especies consideradas tan comunes como la gamba blanca, la gamba roja o la merluza. En el caso de la merluza ha sido incluida en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) como especie vulnerable. A pesar de la gravedad de la situación, se siguen sin tomar medidas. El nivel de gestión en la cuenca es comparable al de los años 70, es decir, pesca prácticamente libre. Oceana no cesa en su empeño de hacer sonar la alarma y pedir a los Gobiernos, tanto europeos como de la orilla sur, que tomen medidas inmediatas como planes de recuperación y cierres de áreas para frenar la sobreexplotación y salvar los recursos que a duras penas perduran en la región.

Existe otra dimensión, aún más desconocida, de la sobrepesca: la pesca ilegal. Esta denominación cubre desde las infracciones que la flota comete en el día a día (capturas de inmaduros o ‘pezqueñines’, uso de artes de pesca prohibidos, no declaración de las capturas, etc…) hasta la pesca Ilegal, No Declarada y No reglamentada (pesca IUU en sus siglas en inglés). Se calcula que esta última tiene un coste para las economías de los estados costeros de hasta 19.000 millones de euros y casi 26 millones de toneladas de pescado al año.  

El ciudadano de a pie probablemente no esté familiarizado con el término, pero seguro que conoce sus implicaciones. Para explicarlo, nos retrotraemos al año 1999, a las gélidas aguas de la Antártida. Allí se encuentra oculto en las oscuras profundidades un pez de inmenso tamaño y aspecto terrorífico cuyos filetes en primera venta se pagan a precios astronómicos en el mercado norteamericano. ¿La razón? Su carne, oleosa e insípida, soporta la sobreccoción y no sabe a pescado (algo, al parecer, muy valorado en los mercados con poca cultura pesquera). Hablamos del bacalao polar (Dissostichus eleginoides), una especie de crecimiento lento y con poca capacidad reproductiva, lo que le hace extremadamente vulnerable a la sobreexplotación pesquera y llevó a sus poblaciones a límites de colapso y a los Gobiernos de la región a imponer medidas draconianas para su captura.

En la Antártida, barcos con pabellones tan rocambolescos como Mongolia, un Estado sin mar, faenan a destajo a la caza del último bacalao. A bordo se hallan los mayores expertos navegantes y pescadores gallegos. Las voces al mando desde el teléfono por satélite hablan desde Galicia. Durante más de 15 años, estos españoles han hecho que el país sea tristemente conocido en el panorama internacional por la pesca IUU, en otras palabras, pesca pirata. Y el Gobierno, durante largos años, no solo consintió, sino que favoreció a los armadores que se lucraban incesantemente a través del expolio de especies pesqueras en peligro. Tanto, que aproximadamente la mitad de los buques que figuraban en las listas negras internacionales por pesca ilegal se sospechaban que operaban con capital español. No solo expoliaban los mares, sino que dieron mala fama y reputación internacional a todo el sector pesquero español y perjudicaron su actividad.

La ausencia de un marco legal que atajara esta práctica permitía que estas actuaciones se sucedieran con total impunidad. Aún hoy en día, en 2015, los buques supuestamente atribuidos a  capital español siguen surcando las gélidas aguas de la Antártida a la captura del bacalao polar y de tiburones de profundidad en pos de sus valiosos hígados. Aunque quizá por poco tiempo.

En el año 2010 entraba en vigor en la Unión Europea el Reglamento 1005/2008, también llamado “el Reglamento IUU”. Por primera vez se adoptaban en Europa medidas pioneras para luchar contra la pesca ilegal a nivel global. Entre ellas, un fuerte régimen de sanciones contra todos aquellos nacionales europeos que estuvieran involucrados en actividades de pesca IUU, aunque fuera de manera indirecta, como beneficiarios económicos. Esta medida ha cambiado absolutamente el panorama en España. El fuerte compromiso del nuevo equipo en el Gobierno en la lucha contra la pesca ilegal y la activación del reglamento IUU desarma completamente los modus operandi de la pesca ilegal en la última década. Elimina la protección que ofrecían los pabellones de conveniencia y las empresas interpuestas en lejanos estados con normativa fiscal laxa, dejando al descubierto a los verdaderos culpables, aquellos que se lucran de las actividades de pesca ilegal, independientemente de en qué lugar del mundo ocurran. No ha sido hasta 2015 cuando hemos conseguido empezar a ver los resultados. En marzo de este año, y según informaron varios medios de comunicación, inspectores de pesca en coordinación con la Policía Nacional intervenían en las oficinas de varias empresas pesqueras de Galicia, para analizar documentación física y electrónica de varios armadores. La investigación, sin precedentes en Europa, aún está en curso.

El pasado mes de abril, la Unión Europea anunciaba una tarjeta amarilla contra Tailandia. Esta tarjeta constituye un aviso claro: si en seis meses Tailandia no demuestra un cambio drástico en sus políticas, la UE procederá a anunciar una tarjeta roja que inmediatamente se traducirá en una prohibición total de la exportación de productos pesqueros a nuestros territorios. El impacto económico de tal medida es enorme para un estado que es uno de los mayores exportadores de productos pesqueros a Europa, en particular lomos de atún, un volumen que en 2014 equivalía a 145 907 t por un importe de más de 642,2 millones de euros.  La ola de cambio no termina aquí; el alcance del Reglamento IUU y las actuaciones observadas recientemente preparan el terreno para un combate más duro: China.

China no sólo se ha convertido en un gigante exportador de productos de la pesca a nivel mundial, sino también consumidor. Su flota ya es la mayor flota de aguas lejanas del globo, faenando en todos los océanos del mundo al margen de cualquier norma de conservación y frecuentemente en las costas de Estados en vías de desarrollo que no disponen de medios para proteger eficazmente sus recursos. Los productos de esa pesca inundan nuestros mercados a precios muy competitivos. Además del daño que producen a los ecosistemas marinos a escala mundial, en Europa suponen la principal y más acérrima competencia desleal a nuestro sector pesquero, cada vez más alineado con una gestión pesquera sostenible y consciente de que su futuro depende de unos recursos pesqueros saludables. Para el sector europeo ya no hay vuelta atrás. Tanto para los buques que pescan en aguas comunitarias como para los más de 700 buques de aguas lejanas, la sostenibilidad y transparencia es el único camino para poder competir en los mercados con la invasión de producto chino.  

La Política Pesquera Común ya anticipa el camino. Los nuevos acuerdos de pesca que la UE firme con países pesqueros han de ser sostenibles, y únicamente se explotarán los excedentes del Rendimiento Máximo Sostenible de cada país. Es decir, hoy en día podemos asegurar que cada producto que compramos procedente de alguno de estos acuerdos entre la UE y Senegal, Cabo Verde, etc… proceden de pesquerías científicamente evaluadas y no sobreexplotadas. Pero aún queda mucho camino por andar, porque los armadores europeos siguen firmando acuerdos privados con países terceros que se encuentran al margen de cualquier marco legal. Por ello, Oceana está trabajando para establecer un nuevo marco legal coherente para todas las actividades de pesca de la flota de aguas lejanas bajo el llamado Reglamento de Autorizaciones de Pesca. Queremos, ante todo, que toda la pesca sea sostenible, y que estas actividades y acuerdos sean transparentes y justos. ¿Por qué transparentes y justos? La realidad es que no todos los países en los que pescamos son democracias estables, y ninguno se encuentra exento de las corruptelas locales. Corruptelas en las que incurren posiblemente todos los armadores de cualquier nacionalidad que compiten por una licencia de pesca a un precio más competitivo. Esto no ha de tener cabida en nuestra flota.

Para una mayor competitividad del sector europeo, es indispensable que el producto que provean a los consumidores sea sostenible, pero también éticamente intachable y transparente en cuanto a su origen. Estamos en el buen camino para ello, pero aún queda mucho por avanzar, en especial en lo que al consumidor final se refiere. De nada sirve que nuestro sector se sitúe en la vanguardia de la sostenibilidad y la ética si el consumidor no lo valora, no apuesta por ello y sigue prefiriendo un producto que no ofrece garantías sanitarias, procede de recursos sobreexplotados e implica la violación sistemática de los derechos humanos para poder ser puesto a la venta a un precio que simplemente no refleja los enormes costes humanos y medioambientales que conlleva.

Los tiempos en los que una abuela rechazaba boquerón inmaduro en la pescadería han pasado, y hoy en día vuelve a ser muy fácil encontrar inmaduros a la venta en cualquier mercado de España. Sin embargo, el consumidor jamás ha tenido acceso a tanta información para hacer una elección responsable como de la que dispone hoy en día. En enero del 2015 entró en vigor una nueva normativa, el Reglamento de la Organización Común de Mercados, que establece nuevas normas para el etiquetado de los productos pesqueros destinados al ciudadano de a pie.

Hoy podemos, y es nuestro derecho, saber el origen del pescado, con qué arte de pesca ha sido capturado, si ha sido descongelado o no, etc… Saber cuál es el pescado de nuestras costas, si ha sido capturado de manera artesanal o sostenible, apostar por ello y pagar su justo precio. Frecuentemente, menos es más, y este es uno de los ejemplos. Esto es especialmente importante si tenemos en cuenta que más del 60% del pescado consumido en Europa es de importación. El consumidor no se ha percatado de la disminución de los recursos pesqueros porque los mercados siempre han estado abastecidos, siempre hay oferta. ¿Pero qué oferta? Las especies de consumo habitual en España han sido sobrexplotadas y se han sustituido paulatinamente por especies análogas procedentes de otros océanos del mundo. Es el ejemplo de la merluza. Según un estudio de Oceana, sólo 1 de cada 6 merluzas vendidas en Europa eran merluza europea (Merluccius merluccius). El resto procedían de caladeros de Namibia y Sudáfrica (Merluccius capensis) o Argentina (Merluccius hubsi).   

No podemos seguir apostando por especies foráneas como la panga, de las más importadas y consumidas en Europa, a fin de incrementar el consumo de pescado teóricamente saludable a un bajísimo coste. Resulta ridículo que alimentemos a nuestros hijos con un pez procedente de una de las áreas más contaminadas del mundo, el delta del Mekong, sin ninguna garantía sanitaria y con pocos beneficios nutricionales, cuando en España tenemos a nuestra disposición la más amplia selección de productos pesqueros a todos los rangos de precio y a una calidad superior. Menos es más, porque apostar por menor consumo más local y de más calidad beneficia a nuestra salud, a nuestros mares y a nuestro sector pesquero.

Además, nos permite realizar una elección mucho más sostenible, ya que ahora mismo podemos decidir por ejemplo si optamos por la merluza europea (de mayor calidad que la pescada en países terceros), si apostamos por aquella zona de pesca en la que el stock goza de buena salud, y si preferimos que proceda de artes de pesca más o menos sostenibles (anzuelo o “pincho” frente a arrastre de fondo). Está en nuestro poder como consumidores cambiar el panorama de nuestros recursos pesqueros y del propio sector y garantizar que hay un futuro para la pesca en Europa.

El reto al que nos enfrentamos es restaurar nuestros recursos pesqueros, gestionarlos de manera sostenible e incrementar las capturas destinadas al consumo humano. Hoy en día, las mayores pesquerías a nivel mundial no se destinan a consumo humano, sino a la elaboración de harinas y aceites de pescado para la alimentación de ganado y piensos de acuicultura. Es el caso de la anchoveta de Perú, que produce entre 9 y 11 millones de toneladas anuales. Únicamente tenemos que mirar con detenimiento el caso del salmón para darnos cuenta del absurdo círculo vicioso en el que nos hallamos inmersos. Para el engorde de un solo kilo de salmón de acuicultura en Chile o Noruega se precisan aproximadamente 6 kilos de pescado salvaje transformado en pienso. Simplificando, retiramos de los mares ingentes cantidades de biomasa de anchoveta de países en los que la población sufre por desnutrición y falta de acceso a proteína para transformarlo en salmón, muy apreciado por los mercados de países desarrollados como Europa o Estados Unidos. El coste medioambiental y energético es, cuando menos, absurdo.

Este mensaje es el que han querido respaldar y transmitir algunos de los grandes chefs mundiales, que se dieron cita el pasado mes de marzo en San Sebastián en apoyo a Oceana. Grandes nombres como Andoni Aduriz, Juan María Arzak o Pedro Subijana unieron sus voces a la nuestra para salvar los océanos del mundo. Y alimentar a nuestra población. Su apoyo es de un valor incalculable, puesto que se convierten en mensajeros de los cambios que deben hacerse en la gestión de la pesca y en el papel que deben desempeñar los consumidores. Es absolutamente necesario concienciar a los ciudadanos para que sientan como suyos los mares que los rodean, porque lo son. Involucrar y ayudar a los consumidores que deseen ser más consecuentes y apostar por la sostenibilidad y los derechos humanos. Sin esta conciencia, nunca conseguiremos el cambio tan necesario, ni recuperar la salud de nuestros océanos, ni legar a nuestros hijos lo que nuestros padres nos legaron a nosotros.