Violencia sistémica elemento clave para identificar la trata de personas, problema social que requiere de estrategias de intervención individual, colectiva y comunitaria

La trata de personas es un fenómeno social en el que se vinculan diversas violencias estructurales, que requiere ser situado contextualmente, lo que implica trabajo con la familia y comunidad, colocando a Trabajo Social en un escenario profesional urgente en esta temática, señalaron especialistas en la inauguración del Seminario permanente “Trata de personas y Riesgos Sociales” Semestre 2023-II, el 28 de febrero en el auditorio Dr. Manuel Sánchez Rosado.

En este seminario conformado por 4 sesiones de febrero a mayo y coordinado por la Cátedra Extraordinaria “Trata de personas” y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, además participan la Escuela Nacional de Trabajo Social; la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; y la Facultad de Derecho.

El Dr. Mario Luis Fuentes, Titular de la Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas” de la UNAM, señaló que tiene el objetivo de la reflexión crítica sobre la trata de personas, una violencia extrema al conjuntar diversas violencias como la social, física, sexual, psicológica, entre otras. “Nombrar una sola violencia, muchas veces oscurece el proceso de constitución de las violencias” advirtió.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, 111 mil personas han sido reportadas como desaparecidas, de las cuales 28 mil son niñas, niños y adolescentes, entre los 15 y 25 años, informó la Mtra. Carmen Casa Ratia, directora de la ENTS, al inaugurar el seminario y destacar este proyecto académico que analiza las diversas dimensiones de la problemática y el análisis de la política de Estado.

En esta sesión de apertura se reflexionó sobre los retos de la política de Estado respecto al Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas 2022-2024. 

La Dra. Gabriela Ruiz Serrano, panelista de esta primera sesión, resaltó que el programa ubica 2 ejes: 1) Fortalecer la atención, integración y reparación integral a víctimas de trata de personas desde la perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, e interseccionalidad por medio de la creación, actualización, y monitoreo de instrumentos en la materia; 2) Fomentar la generación de conocimiento respeto a trata de personas que optimice la implementación de políticas públicas y acciones en la familia.

Al respecto, refirió que el protocolo de Palermo como instrumento internacional establece que la trata de personas es la captación, transporte y traslado de personas por medio de la violencia, la seducción o la coacción para diferentes fines.

Agregó que, en México se enlistan 11 fines de trata, “usualmente se cree que la explotación sexual o laboral son los únicos fines de la trata, sin embargo hay otros fines como las adopciones ilegales, la niñez vinculada a actividades delictivas, la servidumbre doméstica forzosa” ejemplificó.

Señaló que, el programa plantea la dificultad por tipificar el delito, dado su carácter multidimensional, colocando la impunidad como un factor vinculante y transversal, la falta de coordinación entre las dependencias así como la dificultad para la asistencia y reparación; además reconoce en el país un lugar de origen, tránsito y destino de las víctimas con fines sexuales y laborales; y violencias vinculantes como la movilidad irregular, feminicidios o desapariciones.

Informó que, un estudio realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su diagnóstico sobre trata de personas, identifica similitudes importantes entre las personas declarantes como: dificultades económicas durante su niñez, no concretaron su educación media superior y en su mayoría fueron víctimas de violencia extrema antes de ser sometidas a la trata de personas.

“Las violencias estructurales como la impunidad, la violencia, la desigualdad juegan un papel trascendente y desvelan la necesidad por identificarlas en el momento del abordaje. La sindemia fue un fenómeno que dejó afectaciones a nivel social, detonando la pornografía infantil, en un incremento del 150 por ciento colocando a México en el primer lugar” mencionó.

Consideró no mirar el fenómeno de la trata como sólo la víctima, deber ser situado y contextualizado. “Las NNA se unen al crimen organizado por la facilidad para adquirir dinero, vienen de contextos violentos y los grupos criminales ofrecen seguridad y sentido de pertenencia, algo que las familias y comunidades no han logrado ofrecer” apuntó.

Ante esta situación subrayó la necesidad de colocar a los NNA como agentes protagónicos, y enfatizó la importancia de la generación de diagnósticos o información con perspectiva de género, derechos humanos, interculturalidad para identificar soluciones para su erradicación y el diseño de políticas públicas.

Las condiciones de violencia estructural, pobreza, marginalidad, violencia al interior del ámbito doméstico, violencia comunitaria son elementos clave para identificar la trata.

Añadió que, los espacios de cuidados alternativos para las personas de trata requieren de un acompañamiento profundo. De acuerdo al último informe de la CNDH en 2019, se cuentan con 875 centros de asistencia social registrados, de los cuáles el 85% son privados, lo que representa una debilidad del Estado en materia de atención a este grupo poblacional, comentó la Dra. Ruiz Serrano.

El programa también aborda la necesidad de generar planes individualizados y reconocer a la víctima para su atención, refirió y subrayó que la intervención requiere de enfoques frente a los cuales se pueda trabajar de manera individual, colectiva y comunitaria. “El programa no tiene un vértice de prevención, plantea acciones concretas a realizar con la víctima y no con los grupos en situación de vulnerabilidad. Es necesario fortalecer el tejido social y favorecer procesos de resiliencia que apunten a procesos seguros sobre cómo hacer para prevenir, acompañar y lograr una reinserción a la vida social” aseguró.

Por su parte la Mtra. María Cristina Hernández Engrandes, profesora de la FCPyS- UNAM y participante de la mesa, subrayó que la trata es un problema social complejo, “que compromete a la sociedad en su conjunto y a la academia al generar conocimiento para enfrentar los problemas sociales” indicó.

Puntualizó que la trata de personas tiene dimensiones más allá de la criminal o la delincuencia organizada, “requiere contextualizarse en problemáticas conexas, hay un cúmulo de violencias que se van originando” aseveró.

“La trata es una de las violaciones más graves a los derechos humanos, es decir, una violación sistemática permanente”. Consideró que, en el Programa Nacional no se reconoce que la trata puede tener expresiones muy distintas dependiendo del territorio en el que ocurre.

En la actualidad se tiene una debilidad institucional en los distintos niveles de gobierno lo que genera mayor vulnerabilidad; existe una discusión en torno al marco legislativo nacional en materia de la Ley General de Víctimas para una correcta tipificación de los delitos; no es un tema prioritario en la discusión pública nacional; las políticas públicas tienen resultados difíciles de evaluar; el paradigma constitucional de derechos humanos está lejos de cumplirse, apuntó.

Identificó 3 problemas del Programa Nacional: 1) no es un instrumento que coadyuve en la implementación de la Ley General en materia de Trata de Personas, es decir, debe establecer de manera clara las acciones concretas en términos de planeación en los 3 niveles de gobierno; 2) No responde a la política pública en materia de trata de personas, hay una ausencia de una perspectiva de Estado, presenta problemas de definición del problema público; 3) El diagnóstico, no hay un reconocimiento de que la trata de personas debe analizarse a través de las problemáticas conexas como la violencia, la pobreza, la desigualdad, “carece de un análisis profundo que permita determinar las causas profundas de la trata de personas” expresó.

Concluyó que, un Programa Nacional en términos técnicos debe ser un instrumento para implementar y diseñar política pública, debe surgir de una amplia discusión y análisis, reflejar las mejores alternativas para enfrentar la problemática y establecer objetivos prioritarios.

“Es un documento que carece de una visión de Estado, que no es autocritico, en la planeación se fija concluir el conjunto de acciones en dos años o menos, un periodo muy corto, además el presupuesto es reducido para abordar esta problemática” finalizó.