Salud y trabajo, los derechos más vulnerados de las personas en contexto migratorio: impacto de la pandemia.

El derecho a la salud y el derecho de las y los trabajadores migratorios, son los derechos más vulnerados para las personas en situación de movilidad humana, su protección y garantía representaría una fórmula necesaria para salir de la crisis de salud que aún existe y neutralizaría los efectos colaterales negativos de la pandemia por Covid-19.

Ante el quebranto de los derechos humanos, es necesario buscar canales dirigidos hacia la regularización migratoria, como una medida asequible para transitar a la nueva normalidad de la pospandemia, además de que permitirá a las personas desarrollarse e integrarse a la fuerza productiva del país en el que se encuentran, propuso el Dr. Edgar Corzo Sosa, Presidente de los Titulares de las Comisiones de Derechos Humanos de la ONU, durante su participación en la 7ª Conferencia Regional de Trabajo Social y Migración de México, los Estados Unidos, Canadá y Centroamérica. Éxodos y trayectorias migrantes: entre la ruptura y la (re) construcción

El espacio de análisis coordinado por la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social (RENIESTS) y la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, se realizó el 8 de febrero de manera virtual como parte de las actividades que la Conferencia Regional tiene programadas durante este mes.

El especialista señaló que, la crisis sanitaria provocó restricciones a la libertad de movimiento y cierre de las fronteras que condicionaron los derechos humanos de las y los migrantes, como la salud, derecho que toda persona debe tener y que representa un factor de riesgo para las personas en situación de movilidad.

“Previo a la pandemia el tema de salud de las personas migrantes había sido objeto de pocos pronunciamientos de organismos interamericanos protectores de derechos humanos, sin embargo, con el brote de Covid-19 la preocupación de la salud ha sido frecuente” aseguró.

Al respecto puntualizó que, organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fueron algunos de los órganos internacionales que realizaron pronunciamientos sobre el derecho a la salud, la accesibilidad a los servicios médicos y medicamentos para evitar mayores contagios. Determinaron la importancia de garantizar la vida y la salud de todas las personas independientemente de su nacionalidad o estado migratorio bajo las jurisdicciones de los Estados sin discriminación alguna, incluyendo entre otros a las personas migrantes.

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, produjo el documento Covid-19 y los Derechos Humanos de los migrantes, que reconoció los obstáculos de acceso a servicios médicos como consecuencia de leyes, políticas, prácticas y regulaciones administrativas en las que se encuentran las personas debido a su estado migratorio irregular. Sumado a ello la cultura, el idioma, la falta de información, así como la discriminación y xenofobia, representan barreras de acceso.

En marzo de 2021, las personas inmigrantes representaron al menos el 3.7 por ciento en 14 de los países con el mayor número de casos de Covid-19. “Todas las personas deben ser tomadas en cuenta como parte integral de cualquier respuesta efectiva de salud pública y recuperación de la pandemia, por ello se sostuvo la Cobertura Sanitaria Universal de la OMS, en la que se exige que los Estados garanticen el derecho a la salud y aseguren un servicio médico apropiado” subrayó.

Del mismo modo la ONU, la OMS y la OIM sostuvieron el acceso equitativo e inclusión de las personas migrantes y desplazadas en los planes de vacunación.

El Comité de Trabajadores Migratorios de la ONU, y el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los migrantes, realizaron un pronunciamiento que hizo referencia a que en los albergues o demás estructuras diseñadas para la recepción de migrantes se tomen en cuenta los requerimientos de salud contra la propagación Covid-19, y que a los migrantes detenidos se les apliquen medidas no privativas de libertad con pleno acceso a la atención médica, refirió.

Al hablar de la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, el Dr. Corzo Sosa, expresó que la salud mental, muchas veces invisibilizada aún más en el contexto migratorio, representa un desequilibrio personal, las pérdidas intrínsecas en el proceso hacen pasar a la personas por diversos duelos lo que las coloca en riesgo psicosocial.

“El nivel de estrés crónico o múltiple, denominado síndrome de Ulises, también conocido como síndrome del migrante, es generado por el sentimiento de desesperanza, ausencia de oportunidades, la lucha por la supervivencia y el miedo ante las amenazas en su trayecto por la delincuencia organizada o ante la deportación” explicó.

Situaciones que incrementan el riesgo de problemas de salud, ya que el acceso a la salud a nivel básico representa dificultades, a servicios de salud mental se imposibilita en mayor medida.

La crisis de la pandemia ha tenido consecuencias y efectos sin precedentes en el ámbito sanitario, humano, económico y laboral. Los trabajadores migratorios que enfermaron de Covid-19, tanto documentados como no documentados, no tenían derecho a una licencia o seguro médico, advirtió el también Presidente del Comité de Trabajadores Migratorios de la ONU.

Derivado de esta situación, comentó que la Corte Interamericana de Derecho Humanos, sostuvo que las personas migrantes al asumir una relación de trabajo adquieren los derechos inherentes a un trabajador como cualquier otro a nivel nacional, independientemente de su situación regular o irregular.

"Ni el Estado, ni los particulares están obligados a ofrecer trabajo a las personas indocumentadas pero en caso de hacerlo, se convierten en titulares de los derechos laborales que corresponden a un trabajador” aseveró.

Expresó que las y los trabajadores migrantes trabajan en sectores peligrosos, difíciles y degradantes, en condiciones de trabajo donde no hay protección social, ni derechos de salud laboral, ni reconocimiento de su condición. Por lo que deben ser incluidos en los planes y políticas nacionales de prevención de Covid-19, respetando su derecho a la salud y asegurando que medicamentos y tratamientos sean proporcionados de manera no discriminatoria.

Finalmente resaltó la importancia de considerar que las medidas de protección social deben estar disponibles y accesibles para las personas trabajadoras migrantes y sus familias, además de integrar la guía para empleadores y negocios, emitida por la Organización Internacional para las Migraciones en la que se indica que las empresas deben ejercer su obligación respecto a los derechos humanos y necesidades básicas de los empleados, con el objetivo de fortalecer la protección de los trabajadores migrantes durante alguna crisis de salud.

Al término de la conferencia magistral, directivos de las diversas IES señalaron que la voluntad política de los gobiernos juega un papel determinante para evitar violaciones a los derechos humanos; y enfatizaron la importancia de la atención a estos casos desde la óptica de las instituciones y de Trabajo Social, para sensibilizar a la sociedad y hacer trabajo cercano para comprender la problemática de los flujos migratorios y la corresponsabilidad como sociedad.

Durante un conversatorio regional en el que participaron Decanas, Decanos, Directoras y Directores de las Instituciones de Educación Superior de Trabajo Social de México, Canadá, EUA y Centroamérica, coincidieron en la importancia de crear este tipo de espacios que forjan oportunidades colaborativas orgánicas y en el que las Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social a través de esfuerzos complementarios tienen el objetivo de incidir en la temática migratoria a nivel global.

En esta conferencia regional participan universidades que se encuentran en estados fronterizos y ciudades históricamente de paso y tránsito, así como países de origen y destino, lo que representa un desafío para incidir desde la academia en acompañamiento e intervención social

Las diferentes IES poco a poco han enriquecido sus planes curriculares con nuevas temáticas, entre ellas el tema migratorio, a partir de la práctica escolar comunitaria o institucional, para generar diagnósticos y proponer planes de intervención

La Mtra. Carmen Casas Ratia, Directora de la ENTS y presidenta de la RENIESTS, señaló que con este tipo de encuentros y desde la Red de Trabajo Social en Migración, se fortalecerá la investigación e identificarán la problemáticas. “Esta Red, nos permitirá crear grupos de trabajo para generar estrategias de intervención, así como una agenda de trabajo conjunta” dijo.

Afirmó que, el intercambio académico y las estancias de investigación fortalecerán el trabajo colaborativo para caminar hacia el rediseño curricular de los contenidos, que incluya el tema migratorio; así como incidir en el avance de la política pública trasnacional.

Este encuentro cuenta con la colaboración de: La Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León; la Universidad Autónoma de Sinaloa; la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila; el Instituto Universitario de México, Tapachula, Chiapas; la Universidad Autónoma de Yucatán; la University of Texas Rio Grande Valley; la University of Houston; la Facultad de Trabajo Social de Loyola University Chicago; la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Calgary Canadá, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Universidad “Dr. Andrés Bello”, El Salvador, y la Red de Trabajo Social en Migración.

Te esperamos este 15 y 16 de febrero en la Escuela Nacional de Trabajo Social, en el auditorio Dr. Manuel Sánchez Rosado de 10:00 a 14:00 horas para continuar con las mesas de trabajo de esta Conferencia Regional.