Género, política de drogas y encarcelamiento

El 10 de noviembre se llevó a cabo la sesión número 14 del Seminario Uso de sustancias psicoactivas una visión política, institucional y social, la cual fue transmitida a través del canal de YouTube de la Escuela Nacional de Trabajo Social.

En esta sesión denominada Género, política de drogas y encarcelamiento, se contó con la participación de Coletta Youngers, Directora del Proyecto de WOLA sobre mujeres y encarcelamiento; Corina Giacomello, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, y la Sra. Gaby quien estuvo privada de su libertad por delito de drogas.

Coletta Youngers, señaló que WOLA es una organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en la América. Con la visión de lograr un continente en el cual las políticas públicas protejan los derechos humanos y reconozcan la dignidad humana, y en donde la justicia prevalezca sobre la violencia.

Informó que ha habido un aumento de las mujeres encarceladas por delitos de drogas, a nivel mundial el número de mujeres y niñas detenidas ha aumentado el 60% desde el año 2000, mientras que en hombres ha sido el 22%. “Anteriormente era tabú hablar de políticas de drogas en Estados Unidos, sin embargo por primera vez hubo un debate sobre la llamada guerra contra las drogas, así como el daño que hace en la región y la necesidad de hacer reformas” dijo.

En 2015 WOLA, lanzó el proyecto sobre políticas de drogas y encarcelamiento con el objetivo de cambiar las estadísticas y promover reformas a nivel regional, nacional e internacional.

Añadió que, las tendencias se muestran mayormente en Asia y América Latina, se estima que actualmente hay 95 mil mujeres encarceladas. Brasil es uno de los países con mayor número de mujeres privadas de su libertad, ocupando el tercer lugar después de Estados Unidos y China, mientras que México ocupa el décimo lugar.

En América Latina el aumento del encarcelamiento de las mujeres está impulsado en gran parte por las leyes punitivas de drogas y políticas de mano dura que afectan desproporcionalmente a las mujeres.

Dentro de las características de esta población generalmente viven en situaciones de pobreza y marginación, tienen bajos niveles de educación y enfrentan niveles de vulnerabilidad económica, son desempleadas, principales cuidadoras de las hijas e hijos, así como personas mayores de edad, muchas de ellas son madres solteras, a menudo víctimas de violencia doméstica, padecen violencia previamente, durante la detención y en el encarcelamiento, además algunas tienen problemas de salud mental y dependencia de drogas.

Con respecto a los delitos cometidos, los patrones son: delitos menores y no violentos, en general son delitos de robo y relacionados con drogas; los homicidios están vinculados a abuso y violencia contra ellas mismas, existe una alta tasa de mujeres en contacto con la ley por primera vez, y existen bajos niveles de reincidencia.

“La tarea de las mujeres dentro del negocio las expone, por lo que es muy fácil detenerlas, pero también son fácilmente remplazadas. En las cárceles viven en condiciones deplorables, al ser espacios construidos para hombres y no pensando en las mujeres” aseguró. 

El impacto desproporcionado del encarcelamiento de las mujeres impacta en sus hijas, hijos, familias y comunidades. Para las mujeres detenidas es un gran problema, el qué hacer con los hijos, al contrario de los hombres en la cárcel quienes suelen recibir apoyo.

“Los gobiernos han fallado en implementar los cambios necesarios, la gran mayoría de mujeres encarceladas no deberían estar ahí” indicó.

Ante ello consideró que hay medidas inmediatas que los gobierno pueden adoptar para reducir el hacinamiento en las cárceles. Como el sistema jurídico penal, la detención preventiva, las investigaciones y juicios deben llevarse a cabo de manera oportuna y eficiente; debe haber un acceso a una representación legal, gratuita y justa, antes y durante el juicio, se deben reformar las leyes de drogas para reducir las sentencias excesivamente punitivas.

Es necesario repensar quién está siendo encarcelado y por qué razones, para explorar otras alternativas antes de entrar en el sistema legal, como el cumplimiento de servicio comunitario, asistir a una escuela a recibir formación laboral, oportunidades que pueden brindar a las mujeres los recursos y habilidades que necesitan para llevar a cabo vidas dignas, apuntó.

“Los gobiernos deben dedicar los recursos a las comunidades, e invertir en reformas y programas que promuevan la igualdad de género y la justicia socioeconómica” advirtió.

La especialista Corina Giacomello, esbozó el contexto sobre el género y las políticas de drogas en México, mencionó que en 2006 las cárceles como Santa Martha Acatitla y Tepepan de la Ciudad de México, la mayoría de las mujeres están privadas de su libertad por delitos de drogas, con una pena mínima de 10 años, sin alternativas de encarcelamiento.

Actualmente se modificó la forma de penalizar los delitos con la introducción de delitos de narcomenudeo, que tiene impactos negativos, en el ámbito de posesión y para consumo personal; se redujeron las penas para algunos delitos. A partir de la aprobación de la LNEP en 2016, se quita el candado que impedía la aplicación de alternativas de encarcelamiento por delitos de drogas. “Aún así sigue siendo un marco punitivo con penas altas, desproporcionadas, factores agravantes” señaló.

Informó que entre 2021-2022 la población mundial de mujeres en prisión aumentó un 60% por ciento. En México en el mismo periodo creció un 90%, lo que representa poco más de 12 mil mujeres privadas de la libertad, es decir el 5.8% de la población penitenciaria total.

Por su parte Gaby, quien compartió su experiencia al estar privada de su libertad durante 7 años, resaltó que la falta de oportunidades laborales, educativas, orilla a las mujeres a cometer los delitos, e incluso algunas mujeres indígenas no saben lo que implica un delito. “Estar en la cárcel con un hijo con una discapacidad fue devastador, ya que sufrimos muchos tipos de violencia y privación de los derechos humanos, que impactaron en mi hijo como el recibir atención necesaria para la terapia que requería, alimentación, entre otras cosas” comentó.

Refirió que ante estas circunstancias es muy importante que los centros tomen en cuenta la perspectiva de género.

Finalmente resaltaron que desde la academia es necesario seguir creando conocimiento científico con compromiso ético y de justicia social, “vincularnos entre movimientos y formas de pensar, sociedad civil, así como buscar espacios de incidencia a nivel estatal” apuntó la especialista Corina Giacomello.