Los artículos 6º de la Ley General de Control Interno y 8º de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (LCCEIFP), y artículos 1º, inciso 13) y 8) del Reglamento a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (RLCCEIFP), establecen la potestad de conocer y tramitar las denuncias que se presenten a las Auditorías Internas y que sean atinentes al ámbito de su competencia, y guardar confidencialidad respecto de la identidad de los denunciantes, así como de cualquier otro dato producto de la investigación la cual debe llevarse a cabo de acuerdo a la R-DC-102-2019 de la Contraloría General de la República.