La agenda oculta de la Dirección de Atención de Víctimas del Gobierno vasco

    Un reportaje de Raúl González Zorrilla
    Antecedentes
    Casi todas las cosas importantes tienen un comienzo más o menos evidente y un origen siempre latente y oculto. Así ocurre también con la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco (DAVGV) cuyo nacimiento oficial se sitúa, según la documentación administrativa, a comienzos del año 2002, con la finalidad manifiesta de perfeccionar y mejorar las ayudas que, hasta esa fecha, se dispensaban en la comunidad autónoma a favor de los afectados por la violencia terrorista. Pero los umbrales teóricos y causales más remotos de esta iniciativa hay que buscarlos algún tiempo atrás, a finales del pasado siglo XX, cuando el 29 de noviembre de 1998 nacía en el Hotel Orly de San Sebastián el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE).
     
    Esta asociación impulsada en sus inicios por los familiares de 400 víctimas del terrorismo habría de convertirse en apenas unos meses en una crucial valla de contención contra la feroz embestida nacionalterrorista que en aquellos momentos azotaba la comunidad vasca desde dos ámbitos fundamentales.
     
    Por un lado, desde el Pacto de Estella, firmado, entre otras organizaciones, por todos los partidos nacionalistas vascos, la proetarra Herri Batasuna y la propia banda terrorista ETA, con el objetivo de avanzar “hacia la independencia de Euskal Herria”, diseñando, para ello, una amplia estrategia, en gran parte secreta, que tenía como fin eliminar de Euskadi toda presencia del Estado español y de los partidos constitucionalistas.
     
    Pacto de Estella
    Por otra parte, la opresión del nacionalismo radical y del mundo proetarra también se hacía sentir desde el propio Gobierno vasco que, presidido por un Juan José Ibarretxe recién llegado a Ajuria Enea, se mantenía relativamente estable gracias al apoyo infame que la alianza PNV-EA recibía en el Parlamento de Vitoria de los representantes de Euskal Herritarrok-Herri Batasuna.
     
    En aquel escenario político tremendamente crispado, apenas contenido por una tregua incierta de ETA que los asesinos acabarían rompiendo a finales de 1999, el Gobierno PNV-EA, muy radicalizado por el necesario apoyo externo que debía recibir de Herri Batasuna y por la total dependencia que conservaba del Acuerdo de Estella, apenas se inmutaba ante la oposición, más molesta que eficaz, del sector de la sociedad más comprometidamente alineado con las posiciones no nacionalistas. Y es que, a finales de la pasada centuria, la mayor parte de la ciudadanía vasca, amparándose en la tregua etarra y sumisa a un Pacto de Estella políticamente avasallador, entró en un estado de satisfecho hechizo en el que el asesinato de Miguel Ángel Blanco, que apenas se había producido un año antes, y todos los crímenes que se sucedieron antes y después de que la infamia con mayúsculas pernoctara en Ermua, cayeron rápidamente en ese misterioso rincón del olvido donde siempre se amontonan los enseres que más estorban.
     
    Juan José Ibarretxe no olvidaría nunca aquella primera reunión con los representantes de las víctimas vascas del terrorismo
     
    Así las cosas, olvidando la absoluta falta de libertades que padecían no pocos de sus vecinos que se veían condenados a vivir temiendo por su seguridad ante los ataques totalitarios que sufrían desde los aledaños de ETA y situando la supremacía del mundo nacionalista por encima de la pluralidad, la cohesión y la extensión de la democracia a la mayoría de la sociedad vasca, una parte muy importante de la población apostó por seguir hacia delante a pesar de todo con tal de que, definitivamente, se consagrara un hipotético y tramposo “proceso de paz” que, bajo su interesado punto de vista, debía llegar hasta el final a cualquier precio. En este contexto, el discurso vacuo y obsceno del “todas las ideas son iguales” se sofisticó en Euskadi con afirmaciones como las que garantizaban que “en ausencia de violencia, cualquier proyecto político es posible”, tan utilizada por el lehendakari Juan José Ibarretxe, o como las que transmitían a los ciudadanos el mensaje de que “sin atentados terroristas, cualquier estrategia política es respetable”, tan empleada por el nacionalismo vasco en general.
     
    A partir de septiembre de 1998, estos razonamientos se alzaron como los grandes pilares ideológicos sobre los que giraba la política vasca de entonces, pero, sobre todo, se convirtieron en efectivos instrumentos de demolición de los argumentarios políticos basados exclusivamente en la defensa sin fisuras de los de los derechos fundamentales de las personas. De esta manera, y apoyándose siempre en la falsa equidistancia impuesta desde los ámbitos teóricos del independentismo vasco, una entidad como Herri Batasuna, que llevaba dos décadas sumisa al diseño de las estrategias de terror de ETA y que, además, durante el mismo tiempo se había encargado de delinear, dirigir y ejecutar todo un inmenso cúmulo de amenazas, coacciones y acciones violentas contra numerosos ciudadanos vascos, pasó a convertirse de la noche a la mañana, y gracias a la legitimidad otorgada por el nacionalismo vasco, en una formación política digna del máximo respeto y clave para la gobernación de la comunidad autónoma.
     
    Surgen las víctimas vascas
     
    Felizmente, un acontecimiento crucial tuvo la capacidad suficiente para poner fin a ese espejismo político-social éticamente indecente e ideológicamente intolerable que había surgido alrededor del Acuerdo de Estella. Como señalábamos antes, el sábado 28 de noviembre de 1998 se presentó públicamente en el Hotel Orly de San Sebastián el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE), que formado por más de 400 familias de víctimas del terrorismo de ETA, de los GAL y de otras organizaciones terroristas, pasaría rápidamente a liderar un gran movimiento de respuesta al frente nacionalterrorista de Lizarra bajo tres principios básicos que, al final, habrían de convertirse en los pilares fundamentales sobre los que gravitaría el funcionamiento de la asociación: “Memoria, Verdad y Justicia”.
    Txema Urkijo y Maixabel Lasa
    Ya en su manifiesto fundacional, las víctimas del terrorismo, que después de mucho tiempo habían conseguido convertir su dolor en palabra, se dirigían directamente a romper el muro de conformismo trivial en el que se había instalado buena parte de la sociedad vasca después de la firma del contubernio nacionalista y la subsiguiente tregua de ETA. Por encima de intereses ideológicos, compromisos partidistas u objetivos de uno u otro signo, la nueva agrupación marcaba de una forma patente cuáles debían ser los fundamentos prioritarios sobre los que asentar el futuro de Euskadi. “Nuestra postura es clara y nace de la repulsa ante cualquier utilización de la vida humana como moneda de cambio”, explicaban las víctimas en su declaración, y añadían: “No necesitamos salvadores de ningún color e ideología, nos repugnan el terrorismo y el contraterrorismo, cualquier violencia ilegal, ilegítima e ilícita no sujeta a control y delimitación por un Estado democrático”. Además, el Colectivo aclaraba que “las víctimas del terrorismo no son responsables de treinta años de asesinatos. Los únicos responsables son los asesinos y sus cómplices. Conseguir ventajas políticas a costa de los crímenes cometidos supondría decir a los asesinos que es rentable matar, y a las víctimas que el asesinato y la intimidación han servido para algo y que, por lo tanto, estaban justificados. Se exige a las víctimas generosidad, perdón y olvido, y nunca se ha exigido a los asesinos que reconozcan sus crímenes. Sobre el olvido no es posible edificar la paz. La reconciliación no significa tampoco perdón y olvido, sino justicia para todos. (...) No podremos soportar que los que han matado o ayudado a matar se ufanen de lo que hicieron, que se consideren acciones heroicas los crímenes y que llamen héroes a nuestros asesinos (...) Hay que conocer la verdad de lo que ha sucedido. La resolución de los temas judiciales y policiales pendientes, el descubrimiento de todos los responsables que se encuentran detrás de cada muerte, la eliminación de cualquier tipo de impunidad y la depuración de todas y cada una de las responsabilidades judiciales, han de ser elementos fundamentales para cualquier proceso de paz que se quiera poner en marcha. (...) No queremos ser también víctimas de la paz.”
     
    Bajo este esquema, el nacimiento de COVITE resultó intensamente preocupante para el nacionalismo firmante del Acuerdo de Estella y, muy especialmente, para el PNV. Por una parte, este partido se encontraba con la pertinaz crítica que las víctimas realizaba a la ligazón que unía a los nacionalistas vascos con los terroristas de ETA a través del Pacto de Lizarra y mediante el acuerdo de apoyo parlamentario externo que mantenían el PNV y EA con Euskal Herritarrok-Herri Batasuna. Por otra parte, las víctimas, que representaban la conciencia callada de la sociedad vasca, recordaban insistentemente que, a pesar de la difusa etapa de tregua terrorista de la que se disfrutaba entonces, en las calles de Euskadi habitaban los familiares de varios centenares hombres y mujeres asesinados en actos de terrorismo, que miles de personas continuaban viviendo bajo el miedo, la extorsión y la amenaza, y que ningún porvenir podría levantarse para la región sobre la levedad moral y la ideología indolente de quienes seguían dispuestos a confundir a los agresores con los agredidos.
     
    El gran acierto de esta pionera organización vasca de víctimas fue que convirtió al PNV en el principal objetivo de sus críticas no por su ideología nacionalista, sino por su impudor moral a la hora de acordar, pactar y gobernar todo tipo de cuestiones con quienes no habían condenado ni uno sólo de los atentados terroristas y con quienes, en aquel año de 1998, cuando ETA había cometido ya más de setecientos asesinatos, no se inmutaban al afirmar públicamente que la única víctima existente en Euskadi era “el euskera”.
     
    La nueva Dirección, tal y como Ibarretxe explicó discretamente a la Ejecutiva del PNV, estaba marcada con un agenda oculta: incluir entre las principales reclamaciones de las víctimas vascas del terrorismo (“Memoria”, “Verdad” y “Justicia”), nociones más cercanas al discurso nacionalista y ligadas a palabras como “reconciliación”, “perdón”, “diálogo” o “negociación”
     
    A comienzos de 1999, las víctimas entregaron a Juan José Ibarretxe, recién elegido lehendakari del Gobierno vasco, una serie de propuestas que resumían perfectamente su posición ante la colaboración intensa y “moralmente perversa” que el Gobierno vasco nacionalista mantenía con los terroristas. “Queremos dejar constancia”, dijeron las víctimas al máximo representante del Ejecutivo autónomo, “de la profunda vergüenza que nos produce el hecho de que la gobernabilidad del País Vasco haya quedado en manos de quienes jamás han denunciado la utilización de la violencia terrorista como elemento de participación política. Solamente los ciudadanos y los partidos políticos democráticos pueden marcar los ritmos de un posible proceso de paz y de regeneración moral de esta tierra. Lo contrario es un insulto a la memoria de todas las personas que han sido asesinadas por defender los principios democráticos más básicos y por preservar el marco legal e institucional con el que la mayoría de los vascos nos hemos dotado”.
     
    La nueva asociación de víctimas también advertía a Ibarretxe de que “las instituciones jurídicas y policiales tienen, hoy más que nunca, la obligación de hacer que se cumpla la ley. Ningún crimen ha de quedar impune y ningún criminal ha de permanecer sin ser puesto, cuanto antes, a disposición judicial. La paz también depende de que ningún asesino pueda resultar inmune a la acción de la justicia”. Para terminar, la presidenta del colectivo espetó al presidente del Gobierno vasco, lo siguiente: “Queremos aclarar, definitivamente, que en Euskadi no existe, ni ha existido nunca, ningún conflicto político que pueda utilizarse como argumento justificativo de cualquier actividad terrorista. Lo que sí ha existido, y existe, en la Comunidad Autónoma Vasca es un profundo déficit democrático: una minoría de ciudadanos ha pretendido, y sigue pretendiendo, imponer sus ideas por la fuerza. Después de más de veinte años de democracia, sólo el fanatismo intelectual o una perversa ideología fascista pueden justificar el empleo de actos terroristas para conseguir unos presuntos fines políticos.”
     
    Las víctimas vascas demostraron, prácticamente desde su primera aparición pública, una importante capacidad para liderar un incipiente movimiento constitucionalista vasco que, representado políticamente por el Partido Popular y por el Partido Socialista de Euskadi, encarnaba simbólicamente a muchos miles de ciudadanos que contemplaban el Acuerdo de Estella como un chantaje grotesco que ligaba la paz definitiva al cumplimiento de los deseos más radicales de los nacionalistas y que subyugaba los principios democráticos más elementales y los derechos fundamentales de las personas a las veleidades patrióticas de los más extremistas. De este modo, las víctimas fueron, sin duda, pioneras en el desarrollo de un gran movimiento civil efectivo en defensa de las libertades que meses más tarde llegaría a su máximo grado de apogeo con las grandes manifestaciones en contra de ETA y del Pacto de Lizarra impulsadas por la Plataforma Ciudadana ¡Basta Ya! y el Foro de Ermua.
     
    Maixabel Lasa y Txema Urkijo pretendieron organizar, en Irlanda, unas jornadas de reflexión, aproximación, encuentros y diálogo entre víctimas de ETA y de los GAL
     
    La reacción de las formaciones firmantes del Acuerdo de Estella a la convulsión que supuso la aparición en la escena pública vasca de los familiares de las víctimas del terrorismo reveló un océano de miserias éticas, descubrió una profunda carencia de piedad y puso de manifiesto la descomposición moral que los terroristas y sus adláteres habían transmitido al resto del nacionalismo vasco. Desde el PNV en particular, y desde los sectores más afines al Pacto de Lizarra en general, se acusó a las víctimas de encontrarse manipuladas políticamente, se las quiso encasillar como elementos subversivos pertenecientes “a la ultraderecha española” y por todos los medios se intentó disolver su fortaleza minimizando su importancia. De hecho, el mismo Ejecutivo nacionalista que alentaba la presencia en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento autónomo de un etarra como Josu Ternera, llegó a afirmar que todas estas personas, todas ellas cónyuges, hijos o hermanos de hombres y mujeres asesinados por diferentes organizaciones criminales, “se autodenominaban víctimas del terrorismo”. Así, al menos, lo expresó el hoy presidente del PNV, Iñigo Urkullu, entonces máximo responsable del partido en Vizcaya, haciendo evidente la incapacidad nacionalista para comprender que las víctimas debían ser prioritarias en la escena pública porque en ellas se agazapa el testimonio palpable del drama que se vive en el País Vasco y en el resto de España y porque, desde cualquier punto de vista, son los únicos referentes sociales posibles para poner de manifiesto toda la crueldad y el desprecio por la vida humana que se encierra detrás de cada atentado terrorista.
     
    Juan José Ibarretxe
    Juan José Ibarretxe no olvidaría nunca aquella primera reunión con los representantes de las víctimas vascas del terrorismo. Él mismo reconoció a sus más directos allegados que aquel fue un “día muy triste”, aunque, en contra de lo que pudiera pensarse, la congoja del lehendakari no se debió al hecho de que aquellas personas representaban todo el dolor provocado por varias décadas de terrorismo, sino porque aquellos hombres y mujeres se habían atrevido a denunciar la complicidad de su partido en la trama del horror. Aquella jornada, Juan José Ibarretxe entendió que aquel era un tema importante que había que enfrentar con rapidez, eficacia y firmeza. Y se puso manos a la obra.
     
    La agenda oculta
    Como era de esperar, a finales de 1999 ETA anunció que rompía su “tregua” y el 21 de enero de 2000 los criminales asesinaban en Madrid al teniente coronel Pedro Antonio Blanco García. Aquel año, los terroristas asesinaron a 23 personas y el lehendakari Juan José Ibarretxe, a pesar de que Herri Batasuna-Euskal Herritarrok fue incapaz de condenar ninguno de estos crímenes, tardó meses en romper su alianza con los proetarras. De hecho, y en un gesto que quedará para siempre en la historia de la infamia política, el mundo nacionalista vasco, todavía enfangado en el nudo gordiano del Pacto de Estella, convirtió una manifestación convocada en Vitoria para protestar por el asesinato de
    Fernando Buesa y su escolta Jorge Díaz en un acto de exaltación patriótica y de rendido fervor a su lehendakari.
     
    Las movilizaciones en las calles impulsadas por las víctimas vascas del terrorismo, con el apoyo firme de movimientos ciudadanos constitucionalistas como Basta Ya! o el Foro de Ermua, se fueron haciendo más numerosas, más efectivas y más corrosivas para el engranaje nacionalterrorista hasta el punto de que, tras el intento de asesinato por parte de ETA del escritor y político socialista José Ramón Recalde el 14 de septiembre de 2000, dos manifestaciones de ciudadanos se enfrentaron en el centro de San Sebastián: la primera de las concentraciones, encabezada por los hijos del jurista gravemente herido, denunciaba el intento de asesinato y evidenciaba la perversión de un Gobierno ultranacionalista que no dudaba en ponerse a los pies de Herri Batasuna cada vez que lo necesitaba; la segunda movilización, impulsada por los familiares de los presos etarras, apoyaba a los criminales que apenas unas horas antes habían intentado matar de un tiro en la nuca a un ciudadano vasco. El enfrentamiento entre ambos grupos, que a punto estuvo de convertirse en una gran reyerta colectiva, fue solucionado por la policía autónoma tal y como, en directo, se le transmitió desde el Gobierno de Juan José Ibarretxe: situándose entre las víctimas y los verdugos.
     
    Así las cosas, con un clima social día a día más encrespado y tras perder el apoyo de Herri Batasuna en el Parlamento vasco, Juan José Ibarretxe decidió adelantar las elecciones autonómicas y convocar éstas para el 13 de mayo de 2001. Aquella campaña electoral fue, sin lugar a dudas, las más dura y dramática de la historia del País Vasco, enfrentándose en la misma dos bloques políticos con propuestas radicalmente diferenciadas. Por un lado, la coalición nacionalista PNV-EA, con Juan José Ibarretxe nuevamente como candidato a lehendakari, que presentaba un programa claramente soberanista tendente a superar el vigente marco constitucional y favorable a la autodeterminación. Por otra parte, el Partido Popular, liderado por Jaime Mayor Oreja, en colaboración con el PSE-EE (PSOE), liderado entonces por Nicolás Redondo Terreros, que presentaron a los ciudadanos vascos un discurso común y compartido en defensa de la Constitución y del Estatuto como marcos insustituible para acabar con el problema terrorista.
     
    En aquellos comicios, PNV y EA obtuvieron el 42,7% de los votos y 33 escaños. Por su parte, el Partido Popular y el PSE-PSOE sumaron 32 escaños. Tras la ruptura de la tregua de ETA, la “izquierda abertzale”, representada por Euskal Herritarrok, perdió 7 de sus 14 escaños y Ezker Batua (EB) obtuvo tres escaños.
     
    Juan José Ibarretxe fue ungido por segunda vez como lehendakari el 12 de junio de 2001 y ya en su discurso de investidura demostró que la “triste” experiencia padecida con las víctimas del terrorismo en la legislatura anterior no se le había olvidado y que estaba decidido a actuar en consecuencia.
     
    En su intervención de aquel día ante el Parlamento, anunció su intención de “profundizar en la solidaridad activa con las víctimas del terrorismo. Se potenciará la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo. En este sentido, se consignará una dotación presupuestaria extraordinaria en los Presupuestos Generales de la Comunidad para establecer una infraestructura permanente dotada del personal adecuado, que permita una atención más cercana y directa a las familias de las víctimas del terrorismo y a las personas que sufren cualquier tipo de violencia, chantaje, extorsión o persecución. Y se impulsará además por parte del Gobierno una comisión permanente de atención, apoyo y asistencia a las víctimas del terrorismo, abierta a la participación de sectores sociales y religiosos, movimientos cívicos y representantes políticos, para que canalicen y propongan acciones conjuntas que permitan proyectar la solidaridad de la sociedad vasca y el reconocimiento ético, moral y material a las víctimas del terrorismo.”
     
    Acababa de nacer la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco.
     
    Con aquella decisión, Juan José Ibarretxe demostró ser un hábil estratega. Con un solo movimiento, satisfizo varias de las reiteradas peticiones de las víctimas vascas del terrorismo, diluyó la capacidad movilizadora de esta agrupación y, sobre todo, y lo más importante, creó una herramienta privilegiada para intervenir sutil pero directa y eficazmente en el corazón del colectivo de afectados por la violencia terrorista que, en la anterior legislatura, le habían situado a él y a su partido contra las cuerdas de la indignidad política. De este modo, la nueva entidad, a la que se dio categoría de Dirección dentro del Departamento de Interior del Ejecutuvo autónomo, tenía como objetivo perfeccionar y mejorar las ayudas que entonces se dirigían hacia las víctimas del terrorismo pero, principalmente, y tal y como Ibarretxe explicó discretamente a la Ejecutiva del PNV, estaba marcada con un agenda oculta que encerraba una doble finalidad: por un lado, incluir entre las principales reclamaciones de las víctimas vascas del terrorismo (“Memoria”, “Verdad” y “Justicia”), nociones más cercanas al discurso nacionalista teórico elaborado por organizaciones como Elkarri (hoy, Lokarri) y ligadas a palabras como “reconciliación”, “perdón”, “diálogo” o “negociación”; y, por otra parte, establecer para las víctimas un marco de referencias que, de una vez por todas, no incluyera la perenne denuncia de la relación existente entre el “nacionalismo moderado” y la banda terrorista ETA.
     
    Maixabel Lasa y Txema Urkijo
     
    Bajo este esquema de motivaciones, Juan José Ibarretxe necesitaba a alguien, víctima del terrorismo, que se ajustara a las pretensiones y al ideario de la entidad que estaba pergeñando con el fin de que asumiera la dirección de la misma. Encontró a la persona indicada en la figura de María Isabel (‘Maixabel’) Lasa Iturrioz, viuda del militante del PSE-PSOE y ex gobernador civil de Guipúzcoa Juan María Jáuregui, asesinado por la banda terrorista ETA el 29 de julio de 2000, muy vinculada al mundo socialista vasco pero con un perfil “vasquista” muy elevado, lo que la convertía en una personalidad sumamente interesante para los nacionalistas, que con ella lograban barnizar con ciertas dosis de independencia el nuevo cargo (al nombrar para el mismo a una persona cercana al PSE). El anuncio del nombramiento de Maixabel Lasa para el nuevo cargo se hizo a finales de 2001 y a comienzos de 2002 comenzó a funcionar de un modo efectivo, y bajo la mirada atenta y complacida de Juan José Ibarretxe, la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco (DAVT).
     
    Varias víctimas del terrorismo con las que se ha puesto en contacto Euskadi Información Global y que prefieren mantenerse en el anonimato recuerdan ahora que los primeros encuentros que mantuvieron con Maixabel Lasa fueron “muy decepcionantes”. “Nos dio la sensación de que tenía muy buena voluntad, pero su visión de la situación se alejaba radicalmente de lo que había sido el nudo central de nuestras reivindicaciones. Ella se centraba en el ámbito de la atención psicológica, de las indemnizaciones y de las ayudas, y nosotras le explicábamos que todo eso era importante, pero que, ni mucho menos, era lo que nos preocupaba de verdad. Nosotras queríamos que los nacionalistas dejaran de coaligarse con los terroristas una vez sí y otra vez también, queríamos incidir en la deslegitimación social de los etarras, insistíamos mucho en que el Gobierno vasco debía de implicarse más para prohibir los homenajes públicos a los terroristas y, sobre todo, deseábamos que la voz de las víctimas fuera la que marcara el discurso político, y no la de los verdugos de nuestros familiares. A Maixabel Lasa, al comienzo, le costaba mucho entender esto, incluso a veces parecía escandalizarse por lo que decíamos. Pero, a su favor, hay que decir que según fue pasando el tiempo, y según fue manteniendo contactos con más víctimas del terrorismo, su discurso, y su forma de contemplar las cosas, fue cambiando.”
     
    Lasa y Urkijo transmiten una ética indolora, acomodaticia y dúctil, que poco tiene que ver con los valores defendidos por la mayor parte de las víctimas del terrorismo
     
    Mientras esto ocurría, Juan José Ibarretxe también quiso llevar su vocación de cambio al Departamento de Justicia del Gobierno vasco, en manos de Joseba Azkarraga, un nacionalista radical de Eusko Alkartasuna que actualmente es consejero delegado de la empresa Construcciones Galdiano y que durante su estancia en el Ejecutivo convirtió las instituciones vascas en un estercolero al servicio de los proetarras. El lehendakari, con el objetivo de trasladar también a este Departamento su nuevo rostro pretendidamente empático con las víctimas, fichó al abogado Txema Urkijo, nacido, al igual que Ibarretxe (con quien también comparte sociedad gastronómica), en la localidad alavesa de Llodio, como Director de Derechos Humanos.
     
    Urkijo, cofundador de Gesto por la Paz y uno de los principales impulsores de la posterior colaboración de ésta con Elkarri, convirtió la citada organización pacifista en uno de los principales referentes de una peculiar ética “prêt-à-porter” de larga tradición y arraigo en Euskadi. Se trata de una moralidad indolora, acomodaticia y dúctil que, efectivamente, y todavía hoy, habla en favor de los derechos humanos, demanda la paz, exige el fin de los crímenes y reclama la conclusión de la extorsión y de las amenazas, pero lo hace siempre con emplastos argumentales que difuminan la autoría de los asesinatos, que evitan señalar con nombres y apellidos a los responsables de los delitos, que abogan por extender la responsabilidad de la barbarie a toda la sociedad, que obvia a los muchos cómplices políticos de la atrocidad y que, en su nivel máximo de indolencia, llora por las víctimas del horror al mismo tiempo que solloza por la existencia de los victimarios.
     
    La entrada de Urkijo en el Departamento de Joseba Azkarraga en 2002, del que saldría tres años después por incompatibilidad con el consejero, le permitió entrar en contacto también con Maixabel Lasa, ya responsable de la DAVT, para, durante cuatro años, barajar proyectos, consensuar objetivos y, sobre todo, aunar esfuerzos por avanzar en la agenda oculta que el Gobierno de Juan José Ibarretxe se había marcado para su nueva legislatura y que pasaba por alumbrar un nuevo “discurso de las víctimas”, más cercano al mundo nacionalista y, sobre todo, muy alejado del que marcaban, y continúan marcando, las principales asociaciones de afectados por la violencia terrorista que hay en España y que representan a más del 90% de las víctimas.
     
    Tanto fue así que el 1 de febrero de 2005, Maixabel Lasa y Txema Urkijo publicaron un artículo conjunto en diferentes periódicos del Grupo Vocento en el que, de una forma tremendamente elocuente, marcaban sus prioridades. En ese texto de claro carácter fundacional, titulado “Aún estamos a tiempo”, la directora de la DAVT y el entonces todavía director de Derechos Humanos denunciaban sin ambages la existencia de “un férreo manto político-mediático que protege la supuesta unidad de las víctimas del terrorismo.” “Una unidad”, añadían, “solo aparente, forjada desde el pétreo discurso del Gobierno del PP en tiempos en los que el PSOE, presa de sus complejos y sus premuras electorales, no se atrevía a insinuar la más liviana mueca de disenso respecto al dictado de Génova en esta materia.” Los autores señalaban, además, “que las disensiones entre un tipo y otro de víctimas permiten apreciar que esa realidad plural abarca también al mundo de las víctimas de ETA. No quisiéramos incidir en esta cuestión más de lo estrictamente necesario, por cuanto que puede haber quien se apunte al divide y vencerás, como si las víctimas del terrorismo fueran un enemigo o un obstáculo político, pero baste señalar que existen en España numerosas organizaciones de víctimas del terrorismo con desigual presencia en los medios de comunicación y con reivindicaciones si no contrapuestas sí sensiblemente diferenciadas.” “(…) Ahora ya conocemos cómo es la realidad. Es tiempo de trabajar con responsabilidad sin cebarnos en la denuncia de un hecho lamentable y penoso para el propio colectivo. Es imprescindible que abandonemos todos definitivamente cualquier intento de manipulación partidista, es momento de excluir su problemática de la polémica mediática, de la búsqueda de amplios consensos. Se imponen la prudencia y la sensatez políticas que permitan trabajar de forma intensa por un reconocimiento social público y digno del papel de las víctimas del terrorismo, que no olvide tampoco su dimensión política, que no partidista. (…)
     
    Tras su salida a finales de 2005 del Departamento de Justicia dirigido por Joseba Azkárraga, un auténtico talibán siempre opuesto a cualquier medida jurídica o policial que quisiera ponerse en marcha en contra de ETA, Txema Urkijo apenas tardó unos meses en regresar nuevamente al Gobierno vasco para recalar como asesor adjunto, con retribución de director, en la oficina que dirige Maixabel Lasa. Miren Azcarate, entonces portavoz del Gobierno vasco, explicaba en febrero de 2006 que el nombramiento de Urkijo tenía como objetivo "reforzar el área de trabajo de atención a las víctimas".
     
    Reconciliación, diálogo, generosidad
     
    Desde entonces y hasta ahora, el discurso en comandita de Maixabel Lasa y Txema Urkijo ha estado plagado de incesantes, y en ocasiones escandalosas, polémicas. Y es que la agenda oculta de la DAVT, que apela a necesidad de reconciliación entre las partes enfrentadas, que apoya las medidas de reinserción hacia los presos de ETA que dicen “rechazar la violencia”, que habla incansablemente de “diálogo y reconciliación”, que apuesta por la negociación del Gobierno con ETA y que no renuncia al perdón, choca frontalmente una y otra vez con el discurso mayoritariamente común de los afectados por la violencia y de sus principales asociaciones de representantes.
     
    Entre 2004 y 2009, en plena deriva soberanista del Gobierno de Juan José Ibarretxe, que sacó adelante su plan independentista con el apoyo de los proetarras, los mensajes condescendientes y equidistantes emitidos por la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco fueron reiterados y constantes. De hecho, y siguiendo sumisamente las aberrantes tesis equidistantes de aquel Ejecutivo infame, a finales de 2008 Maixabel Lasa y Txema Urkijo pretendieron organizar, en Irlanda, unas jornadas de reflexión, aproximación, encuentros y diálogo entre víctimas de ETA y de los GAL.
     
    En esta misma línea, en agosto de 2008, Txema Urkijo escandalizaba a propios y extraños con unas indignantes afirmaciones en las que señalaba que la prensa hacía más daño a las víctimas del terrorismo que la puesta en libertad del etarra hoy fugado Iñaki de Juana Chaos. “Me consta”, explicó Urkijo entonces a quien quiso escucharle, que la mayor parte de las víctimas que residen cerca de donde vivirá el ahora el exrecluso, "están más preocupadas y agobiadas por la presión mediática que por la propia presencia de De Juana”. Meses más tarde, Urkijo, que se ha reunido en varias ocasiones con presos de ETA para posibilitar, según él, que éstos abandonen la organización terrorista, también se opuso, por ejemplo, a que las víctimas del terrorismo fueran positivamente discriminadas a la hora de solicitar un puesto de trabajo en la Administración.
     
    Ya bajo el Gobierno de Patxi López, que tras su llegada al Ejecutivo mantuvo en sus puestos a las ocho personas (tres asesores, dos técnicos y tres administrativos) que forman parte de la DAVT desde la época de Juan José Ibarretxe, Lasa y Urkijo se han negado a apoyar, tal y como pedían las principales asociaciones de víctimas, que la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo incluyera una renuncia del Gobierno a negociar con ETA, y en el colmo de la estulticia se han permitido “educar”, con el más absoluto secretismo, a varias víctimas del terrorismo para que éstas puedan ofrecer su testimonio en las aulas de los centros de enseñanza de Euskadi. ¿Cuáles son las condiciones que exigen Maixabel Lasa y Txema Urkijo para ser una víctima del terrorismo “políticamente correcta”?: haber “superado” la tragedia vivida, demostrar madurez suficiente como para rememorar su drama personal, encontrarse en “un nivel prepartidario”, es decir sin mostrarse a favor o en contra de siglas concretas, y si es posible, abogar por el perdón. Hasta el momento, ninguna víctima del terrorismo ha pisado las aulas vascas.
     
    Pero lo que más ha indignado a los afectados por la violencia terrorista es la campaña que Maixabel Lasa y Txema Urkijo llevan varios meses haciendo a favor de que las víctimas del terrorismo apoyen la legalización de “Sortu”, para que éstas sepan “ser generosas”, para que no se opongan a la concesión de medidas penitenciarias de gracia a los presos de ETA que rechacen la violencia y, en fin, para avalar la estrategia que, con respecto a este tema, mantienen los socialistas vascos bajo la influencia de Jesús Eguiguren y con el consentimiento de Patxi López.
     
    Y es que la agenda oculta que desde sus comienzos promueve la DAVT es hoy más necesaria que nunca, ante una final de ETA que se ve relativamente cercano y posible y que Txema Urkijo ya ha previsto cómo puede ser: “Quienes se decantaron por continuar asesinando y utilizando la violencia para conseguir su objetivo político, a pesar incluso de que el resto de la ciudadanía vasca optaba decididamente por las vías exclusivamente políticas, deberán llegar a un acuerdo con el Gobierno de España para jubilarse. Sospecho que con la cotización que arrastran solo pueden aspirar a recibir como pensión un trato generoso desde la perspectiva del derecho penal y penitenciario. Este acuerdo estaría bien ya mismo”.
     
    Y en esta tarea se encuentran. Diez años enredando. Y sumisos.
     
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